La constitucionalidad a la deriva
Raúl Prada Alcoreza
Índice:
Las desventuras del Tribunal Constitucional
Reelección del
presidente: ¿Debate leguleyo o constitucional?
El espíritu
constituyente
Interpretación desde el espíritu
constituyente
Exorcismo político
Las desventuras del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, que
además lleva el denominativo de Plurinacional - lo que resulta desmesuradme
grande e incongruente a lo que efectivamente representa, el Estado-nación en su
crepúsculo -, ha resuelto fallar a favor de la reelección del presidente y del vicepresidente,
a pesar del cuerpo escrito en las Disposiciones transitorias de la Constitución
aprobada por el pueblo y promulgada por el presidente. El parágrafo II de estas
disposiciones dice textualmente: Los
mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta
a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. El espíritu
de este escrito no puede estar zafado del cuerpo inscrito. Otra interpretación,
sería la de otro texto, no de la Constitución promulgada. Esta simple lógica ha
sido desconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como
este tribunal ha desconocido el espíritu constituyente consecutivamente en sus
resoluciones ambiguas anteriores. Se olvidó que el espíritu constituyente es la
abolición del Estado-nación y la
construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, la defensa de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario, de los territorios
indígenas, de los derechos de los seres de la madre tierra. Al optar por una
reelección inconstitucional, en vez de hacerlo constitucionalmente, es decir,
con una reforma parcial a la Constitución, acompañada por un referéndum
constitucional, ha habilitado formalmente la reelección, empero, en la práctica
la ha convertido en una violación a la Constitución, invalidando en la práctica
la reelección misma. Este estrambótico malabarismo del TCP muestra, una vez
más, su incompetencia para resolver e interpretar problemas y temas
constitucionales. El TCP no es una garantía de defensa y cumplimiento de la
Constitución. Estamos en manos de un dispositivo más de poder del ejecutivo. El
TCP es un tribunal que condena a la Constitución al cadalso.
Los oficialistas, el llunkirio generalizado, no dejan de
mostrar su algarabía y satisfacción por el fallo. Creen haber logrado una
victoria; ¿victoria sobre quién? ¿Sobre
la derecha, que es una insignificante minoría congresal? No, la victoria es
contra el espíritu constituyente, contra la Constitución y contra el pueblo.
Una vez más, en un tema no-crucial para las transformaciones estructurales e
institucionales, que demanda la Constitución, en un tema de conservación del
poder y continuidad de la cúpula dominante, se atenta contra la Constitución.
Ya antes se hizo sobre temas cruciales como el relativo al entramado de las
competencias autonómicas, las autonomías indígenas, el pluralismo jurídico, la
condición plurinacional, los territorios indígenas. También es un
victoria, por más paradójico que
parezca, contra ellos mismos, contra su objetivo de conservarse en el poder. No
hay instinto de sobrevivencia. Lo que han hecho, la pretendida astucia criolla,
pues a eso se ha reducido la política, es como un boomerang; lleva el agua al
molino de la derecha. Se incrementa el descredito y la desconfianza popular.
Todo se reduce a la compulsa electoral; el mandato de las transformaciones se
ha evaporado. Se pierden las oportunidades de re-conducción del proceso,
precisamente para fortalecer las capacidades de transformación, la continuidad
de la irradiación popular y de la movilización; se opta por la concepción vulgar
y silvestre politiquera de administración y usufructuó del poder.
¿Cuáles son los argumentos del
TCP para justificar su fallo? Que los mandatos se contabilizan desde la
promulgación de la Constitución, desde la fundación del nuevo Estado. No vamos
a discutir aquí lo que implica la fundación de un nuevo Estado, ya lo hicimos
en otros textos
,
que no puede ser otra cosa que la abolición del Estado-nación, que no se ha
efectuado, mas bien se lo ha restaurado, y la construcción del Estado
plurinacional, del que no se han puesto
ni los cimientos ni un solo ladrillo. Tampoco vamos a repetir lo que ya se
dijo, que lo escrito en la Constitución dice otra cosa acerca desde cuándo se
computa. Sólo haremos recuerdo que este tribunal constitucional es impuesto por
la Asamblea Legislativa y el Órgano electoral, cuando precisamente el
oficialismo perdió las elecciones de magistrados frente al voto nulo, lo que
anulaba, de por sí, las elecciones de magistrados. Esta forma de instituirse
vulnera la Constitución y desconoce el voto democrático. ¿Qué se puede esperar
de un tribunal constitucional que nace de esta forma? El problema es que nos
movemos en un juego de simulaciones, en un montaje de escenarios bañados de
publicidad y propaganda exacerbados, en la descomedida manifestación de
astucias criollas y de trampas políticas. Bajo esta “lógica” de poder no
importa si es constitucional o no un fallo, lo que importa es la verdad del
poder, la imposición de fuerzas, la conservación del poder a cómo de lugar. La
discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fallo está
demás. No entra. En vano desgañitarse en el tema. Hay oídos sordos. Lo que está
en juego es otra cosa, la manifestación descarnada de los juegos de poder.
Tampoco, como se ve, se trata de una discusión “ideológica”, menos de la interpretación de la
Constitución. No interesa. Los discursos están para eso, para justificar, digan
lo que digan, lleguen incluso al extremo de la incoherencia y de la perversión de
los sentidos. La ética y la moral están suspendidas. Lo único que importa es la
materialidad descomunal del poder. Lo otro es para idealistas e inocentes. La
“realidad real” del oficialismo es el poder; esta concepción “pragmática” se reduce al enunciado
el poder produce realidades.
De lo que acabamos de describir
se deduce lo siguiente: No se trata de una discusión racional, no es tampoco
una discusión sobre la verdad del texto constitucional; se trata sólo de
correlación de fuerzas. Lo que queda del espíritu de la movilización social, de
la voluntad de cambio, lo que pueda reunirse de los fragmentos de los
movimientos sociales anti-sistémicos, que abrieron el proceso de cambio, si
quiere hacer algo, intervenir en el decurso de los acontecimientos, que marchan
a un descalabro general del proceso político, no tienen otra alternativa que
recurrir también a la fuerza, a la movilización, a re-articular el bloque
popular, para re-conducir el proceso. No tiene perspectiva el querer discutir
con los voceros oficialistas, ni con la mayoría de la Asamblea Legislativa,
menos con el TCP; no escuchan. Tiene sentido el debate en relación a la
comunicación popular, con las organizaciones sociales, pues el análisis y la
reflexión están destinados a despertar nuevamente la potencia social.
Reelección del
presidente: ¿Debate leguleyo o constitucional?
Se ha suscitado un debate sobre
la constitucionalidad de la reelección del presidente. El gobierno, el
presidente, el vicepresidente, los voceros de la Asamblea Legislativa,
interpretan que esta reelección está totalmente habilitada por la Constitución,
pues el conteo de las dos elecciones continuas permitidas constitucionalmente
se contabilizan desde el 2009, una vez aprobada y promulgada la Constitución,
con el nacimiento del Estado plurinacional. Por lo tanto la elección de 2014
sería la segunda. En cambio, la llamada oposición interpreta de otra manera;
dice que el conteo comienza el 2005, la segunda elección continua permitida es
la de 2009; de este modo no sería posible la participación en las próximas
elecciones de Evo Morales Ayma. Antes de iniciar la contrastación del debate
con lo que establece la Constitución, debemos hacer conocer nuestra sorpresa
ante semejante esfuerzo por debatir el problema de la reelección, incluso
retrotrayéndose a interpretaciones de la Constitución. La misma mayoría de la
Asamblea Legislativa preparó una ley interpretativa que habilita la reelección,
y la envió al Tribunal Constitucional para su consulta.
No se dio lugar una discusión
parecida en otros temas, más cruciales, por cierto; no se dieron estos
esfuerzos, por lo menos en su intensidad, con respecto a los problemas
cardinales de la estructura constitucional; problemas que plantea la
Constitución en la perspectiva de las transformaciones estructurales e
institucionales que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario
y autonómico. No se debatió con la misma intensidad y preocupación el
desarrollo legislativo de las leyes fundacionales. Al oficialismo y a la
oposición le interesan las elecciones, no les interesa discutir los alcances de
las transformaciones estatales. Esta anotación pone en el tapete el interés
político del oficialismo y de la oposición, su reducción de la interpretación
de la Constitución, su reducción de la política a la compulsa electoral.
El Artículo 168 de la Constitución
dice expresamente:
El periodo de
mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta
o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas
o reelectos por una sola vez de manera continua.
El parágrafo II del artículo 411, de Disposiciones
transitorias, establece que:
Los mandatos
anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los
efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
Con
esta disposición transitoria debería quedar saldada la discusión. No es un
argumento sostenible que las disposiciones transitorias son transitorias
(tautología), por eso responden a un corto tiempo. ¿A quién se le ha ocurrido
que las transiciones duran sólo unos días, una pizca de tiempo? Las
disposiciones transitorias ayudan a transitar de una etapa constitucional a
otra etapa, basada en la nueva estructura normativa de la Constitución
promulgada. Esta disposición transitoria habla y resuelve claramente el
problema de la transición. No hay discusión en esto. Además las transiciones
políticas, económicas y culturales pueden durar mucho tiempo, combinando
medianos y largos plazos. De eso tratan precisamente las teorías de la
transición.
Sin
embargo, no necesariamente puede terminar la discusión ahí. La misma
Constitución plantea la posibilidad de una reforma total o parcial de la
Constitución. En caso de una reforma
total establece que esto lo puede hacer una nueva Asamblea Constituyente,
convocada por referéndum, por dos tercios de la Asamblea Legislativa o por el
propio presidente. Para una reforma parcial de la Constitución, la misma carta
magna establece, en el artículo 411, correspondiente a la Quinta parte,
relativa a la Jerarquía normativa y reforma de la Constitución, que:
La
reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con
la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por
dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional
aprobatorio.
Entonces, si la mayoría
legislativa, el gobierno y el MAS requieren una nueva participación en elecciones
del presidente, una tercera vez, pueden acudir a una reforma parcial de la
Constitución. Para esto pueden optar por una iniciativa popular o por la
aprobación de la reforma constitucional
por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa. No hay donde perderse. La Constitución también es clara en
relación a esta posibilidad y situación requerida. ¿Entonces por qué tanto
problema? La mayoría tiene la potestad de aprobar una reforma constitucional
que habilite al presidente a una tercera elección continua. Ese podría haber
sido el sentido de la ley interpretativa de la Constitución mandada a consulta
del Tribunal Constitucional; sin embargo, la mayaría congresal se han
embrollado en los argumentos y en el manejo de los dispositivos jurídicos.
Están demás los argumentos que
buscan justificar el conteo desde el 2009, decir que se ha acortado el anterior
periodo constitucional, lanzar la tesis del alcance transitorio de las
disposiciones transitorias. También están demás los argumentos opuestos que
dicen que el presidente no puede ser reelecto, porque así lo establece la
Constitución; de todas maneras se requiere un
referéndum para habilitar una reforma constitucional, que habilite al presidente
a una tercera elección. Bastan dos tercios de los asambleístas para una reforma
parcial que habilite una tercera elección.
De todas maneras, cualquier reforma
parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.
No hay necesidad de rasgarse las
vestiduras, ni por el lado oficialista, ni por el lado de la oposición. El
problema estaría resuelto constitucionalmente. No se puede seguir perdiendo el
tiempo en una discusión tan estridente.
La discusión es otra. ¿Por qué
no se han desarrollado leyes fundacionales del Estado plurinacional? ¿Por qué
se ha restaurado el Estado-nación y toda su institucionalidad? ¿Por qué no se
han efectuado trasformaciones estructurales e institucionales que sostengan la
construcción del Estado plurinacional? ¿Por qué se ha violado la Constitución
sistemáticamente, una y otra vez? El problema se encuentra en la
inconstitucionalidad de las leyes promulgadas por el gobierno. Empero este
problema no va a ser debatido ni por el oficialismo, ni por la oposición, que
son partidarios, desde distintos ángulos, del Estado-nación. La construcción
del Estado plurinacional comunitario y autonómico no les interesa ni al
oficialismo ni a la oposición. Este es el mandato constitucional y el horizonte
abierto por la lucha de los movimientos sociales anti-sistémicos. Esta es la
esperanza y el proyecto de los protagonistas del proceso de cambio, los
movimientos sociales, las multitudes, el proletariado nómada, las naciones y
pueblos indígenas originarios, el pueblo. Este problema ha sido planteado y
discutido por esta potencia social. Problema ignorado por el oficialismo, que
cree que ya el Estado plurinacional ha sido conformado; ignorado también por la
oposición, que puede aceptar un nombre como plurinacional, en la medida que se
quede en sus dimensiones nominales y folklóricas.
Llama la atención la
desesperación por la reelección del presidente, indiferente de la preocupación
por el proceso de cambio. Hay como una apuesta de garantizar la continuidad del
proceso por medio de la reelección, como si la reelección por sí misma salvara
al proceso de sus profundas contradicciones. Esta apuesta es una evidente
manifestación de la reducción de la política a la connotación carismática de la
figura del caudillo. El “destino” del proceso, por así decirlo, se concentra en
la fatalidad del cuerpo del caudillo; no hay otro horizonte que el de los
contornos de la pasión del cuerpo del caudillo. Todo gravita en el peso
específico de esta corporalidad y su irradiación simbólica. Los que se reclaman
de “revolucionarios”, los que emulan a los jacobinos del siglo XVIII o a los
bolcheviques del siglo XX, han volcado el sentido de las “transformaciones” y
el alcance del cambio a lo que suceda con la existencia del líder. La semántica
política se ha reducido a su dramática somatización.
Estos “revolucionarios” del
siglo XXI no son más que las sombras desdichadas del cuerpo del caudillo.
Existen porque existe el caudillo, quien proyecta sus sombras, dependiendo de
los ángulos de la luz, así como de la inclinación de los planos. Todo el
programa de “transformaciones” se reduce a la reelección. Esta es la pobreza
política de esta corriente mayoritaria, que combina nacionalismo, populismo y
un socialismo crepuscular. También es el recorrido sintomático del camino al
suicidio político. En el debacle constatado de la conducción del proceso de
cambio, en la explosión alarmante de las contradicciones profundas, apostar con
todas las fuerzas a la reelección, sin evaluar la crisis del proceso, sin
reencausar sus cursos, sin proponerse una reconducción del proceso, es
sencillamente inclinarse por el suicidio político.
Como van las cosas,
desmoronamiento y descomposición del ejercicio de poder, los escenarios
posibles corresponden a las distintas versiones de la muerte del proceso. En el
caso improbable de una victoria electoral por mayoría absoluta por parte del
MAS, no se puede esperar otra cosa que el reforzamiento de las prácticas
políticas, las formas de gobierno, los manejos clientelares y prebéndales, que
han llevado a la agudización peligrosa de la crisis del proceso. Esto no es
otra cosa que continuar con la condena del proceso a repetir la reiterada
historia de las revoluciones, que han cambiado el mundo y se han hundido en sus
contradicciones. En el caso probable de una victoria electoral por debajo del
50%, peleando ampliar el margen del núcleo duro electoral del MAS, que se
estima que es del orden del 30%, la correlación de fuerzas congresales, y la
perentoria obligación de formar coaliciones para gobernar, repetiría, de otra
manera, la historia negociada de los pactos, de la llamada democracia pactada.
Esta sería la constatación estadística de la muerte del proceso. En el otro
caso probable, de una derrota electoral, aunque sea por mínimas distancias, se
ratificaría sin lugar a dudas la muerte del proceso. Por donde se lo vea, la
conducción política dominante, “pragmática” y apegada al realismo político,
habría llevado al proceso al derrotero de su propia destrucción.
La salida teórica más plausible
al decurso dramático de las contradicciones del proceso es la reconducción del
proceso mismo. Esta tesis política se basa en la certeza de que no va a haber
otro proceso; los procesos no son producto de la imaginación política, tampoco
de deseos, sino que se desatan por acumulación orgánica, organizacional, de
experiencia, de saberes, de memorias, de alternativas y subjetividades
constitutivas. Otro proceso puede darse en décadas. Por lo tanto, teóricamente
queda defender el proceso, hacerlo críticamente, transfiriendo la conducción
del proceso a sus protagonistas, los movimientos sociales anti-sistémicos, las
naciones y pueblos indígenas originarios, respondiendo a la usurpación y
suplantación de grupos de poder, subidos a la cresta de la ola de las
movilizaciones. Esto significa formar un gobierno provisional revolucionario,
encargado de la reconducción, obligando al Congreso a cumplir con la
Constitución, mediante la movilización general, acompañando la reconducción con
el ejercicio de la democracia participativa, plural, directa, comunitaria y
representativa.
Inclinarse por una estrategia
electoral, buscando una salida, formar una alternativa, sin plantearse
reconducir el proceso, es trasladar el problema político, la crisis del
proceso, al computo electoral. El MAS ha confundido el proceso politico con la
eterna compaña electoral; ha creído que
su asenso estadístico en las elecciones de 2002 se ha debido a una
estrategia electoral. Desde entonces, se ha embarcado en una recurrente y
compulsiva campaña electoral. Nada más equivocado, los resultados electorales
de 2002 y 2005, además de los sucesivos, se han debido a las vitorias políticas
y territoriales logradas por las movilizaciones desatadas desde el 2000 al
2005. Estas victorias políticas quebraron las estructuras psicológicas de
dominación, pusieron en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación, la crisis de representación, la crisis de la
clase política, de los partidos políticos, del sistema politico, de tal manera
que las masas se encontraron en condiciones de votar por alguien que sale de su
seno, ya no estaban dispuestas a votar por los doctorcitos. Sin las
movilizaciones de la guerra del agua y el sitio de cuatro ciudades durante el
2000, el MAS nunca hubiera sido la segunda fuerza del Congreso el 2002. Sin la
movilización prolongada de seis años de luchas semi-insurreccionales
(2000-2005), el MAS no se habría nunca convertido en gobierno. Las siguientes
elecciones ganadas se deben a la irradiación de esta prolongada movilización,
incluyendo las elecciones a la Constituyente, el referéndum revocatorio, la
aprobación de la Constitución, las elecciones de 2009. Transferir la lucha
política a la compulsa electoral es una ilusión, responde al fetichismo
electoral, a la “ideología” cuantitativa de la verificación electoral.
La crisis del proceso es
material, responde a la materialidad histórica, política, social e
institucional. Esta crisis no se resuelve electoralmente. Buscar conformar una
alternativa electoral al MAS, un frente de izquierda, sin pasar por la
reconducción, es caer en la misma ilusión electoral. Se eluden las respuestas
políticas a la crisis política. Se prefiere la verificación de las
convocatorias electorales. En estas condiciones, en las condiciones del
desencanto de la gente, respecto a las expectativas del proceso, es como cavar
la fosa junto a todos los sepultureros del proceso. Las masas no acudieron a
las urnas por las elecciones mismas, acudieron a la votación como ratificando
su apoyo al proceso de cambio, proceso
irreductible a la cuantificación estadística y a la verificación electoral. Las
masas acudieron a las urnas porque se movilizaron contra el sistema, contra el
Estado, contra el neo-liberalismo,
contra la clase política, contra las empresas trasnacionales. Las masas acudirían
nuevamente con entusiasmo a las elecciones si se desata nuevamente la
movilización general; esta vez por la reconducción del proceso.
Acudir a las elecciones, en
estas condiciones, como frente alternativo de izquierda, es repetir los magros
resultados electorales de la izquierda alternativa. Lo alternativo no es
electoral, es político, radica en la lucha política, en la movilización, en la
rearticulación del bloque popular que abrió el proceso, en la recuperación del
ejercicio de la democracia participativa, en la deliberación abierta de las
multitudes y los cabildos. Si no se materializa esta lucha política no hay
reconducción, si no hay reconducción, nos encaminamos a la cura artificial de
las elecciones, que no va a hacer otra cosa, que ratificar, de una u otra
manera, la muerte del proceso.
Ciertamente la reconducción del
proceso es difícil y hasta puede ser imposible. El principal bloque de defensa
del proceso, el Pacto de Unidad, se ha dividido. Las organizaciones campesinas
se encuentran cooptadas a nivel de sus dirigencias; una de las organizaciones
indígenas ha sido escindida, la CIDOB. La defensa del TIPNIS ha logrado una
gran convocatoria durante la VIII marcha indígena, obligando al gobierno a
recular y aprobar una ley en defensa del TIPNIS, la Ley 180. Parecía que esta
convocatoria en defensa de la madre tierra y de los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios podía re-articular el bloque popular, recomponer
alianzas sociales, lanzarse, de este modo, a la reconducción. Empero, esta
convocatoria no se volvió a repetir en la IX marcha indígena. Ha continuado la
resistencia en el TIPNIS, sobre todo contra la consulta espuria del gobierno;
sin embargo, la resistencia de las comunidades es solitaria, sin repercusiones
en el resto del pueblo boliviano.
La COB ha decidido conformar un
instrumento político de los trabajadores; este proyecto ya tiene su historia.
Podemos retomar esta historia política desde la formación de los partidos
marxistas como el POR, el PIR, después el Partido Comunista, incluso
transitando por la experiencia populista y nacionalista del PRIN, que fue una
división del MNR, con el legendario líder obrero Juan Lechín Oquendo a la
cabeza. Podemos continuar esta historia política con los frentes de izquierda
que llevaron a dirigentes obreros y campesinos a las candidaturas
presidenciales y vicepresidenciales; una de esas experiencias fue la de la del
Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Estas experiencias, que son como los
antecedentes del proyectado instrumento político de los trabajadores, no tuvieron
el éxito esperado en cuanto a convocatoria electoral. Ciertamente, no todas
estas experiencias se conformaron para participar en elecciones, tampoco son
experiencias parecidas. La historia del POR, del PIR y del PC no se pueden
comparar con la historia del PRIN, tampoco con los frentes de izquierda
electorales, como por ejemplo con el FRI. Sin embargo, se puede hablar de una
analogía compartida; pretendieron ser partidos de los trabajadores. Esto no
está lejos de la pretensión de conformar el instrumento político de los
trabajadores. Pero, para qué se conformaría un instrumento de esta índole.
¿Para participar en las elecciones de 2014? ¿No es esto reducir la connotación
política de la lucha de los trabajadores a un acto electoral? ¿No ocurrió algo
parecido con el proyecto de creación de un instrumento político de las
organizaciones sociales campesinas, indígenas y populares, que debió haber sido
el MAS? El MAS nunca llego a constituirse en un instrumento político de las
organizaciones sociales; quedó en proyecto. Se convirtió en un instrumento
electoral, un aparato de convocatoria electoral en todo el país.
Varios grupos marxistas se
entusiasmaron con el proyecto de conformar un instrumento político de los
trabajadores. En este entusiasmo bien intencionado falta la labor crítica y
analítica. No se contrasta la pretensión con la historia de estas formas de
organización políticas, que terminaron involucrándose en las elecciones. No sé
preguntan sobre el perfil del mismo proyecto, sobre los alcances del contenido
politico. Sólo se dejan impresionar por el nombre, instrumento político de los
trabajadores; de esta proposición proyectiva deducen que ya es una alternativa
al MAS, una alternativa de izquierda. La situación no es tan fácil de resolver
con hipótesis tan apresuradas. Los partidos políticos tradicionales de los
trabajadores, que ciertamente se constituyeron, en principio, como externos a
la clase obrera, como partidos de intelectuales, para luego introducirse en las
organizaciones sindicales obreras, se plantearon como tarea prioritaria la
formación de la “consciencia de clase”. El PRIN apostó al carisma de su líder
principal y a la participación de experimentados dirigentes sindicales; en este
caso, la formación de los trabajadores se asumía de una manera mas bien
empirista. Los frentes de izquierda electorales, que llevaron candidaturas
obreras y campesinas, se basaron en la garantía de la presencia de dirigentes
obreros y campesinos. Todas estas experiencias contienen premisas implícitas
racionalista. La fuerza de convocatoria radica en la racionalidad del proyecto
obrero, en las razones profundas de sus postulados emancipatorios, en su
crítica racional al modo de producción y explotación capitalista. Esto es
suficiente para convencer a las masas, a la multitud, al pueblo. Mucho más si
se plantea la figura de la alianza obrero y campesina; simbólicamente estarían
presentes las grandes mayorías, el proletariado y el campesinado. El problema
es que el pueblo no responde a esta convocatoria racionalista. ¿Por qué? El
campo politico no es un espacio de retórica argumentativa, de enfrentamientos
discursivos, de pretensiones de verdad; no es un espacio racionalista. El campo
abigarrado de la lucha política es un espacio de concurrencia, contrastación,
contradicción, enfrentamiento de fuerzas. Las convocatorias no se realizan
racionalmente, sino por apelación afectiva, pasional, imaginaria, subjetiva. La
fuerza de convocatoria de los nacionalismos y populismo radica precisamente en
estas dinámicas afectivas; también se explica la atracción de los líderes
carismáticos. Para que un proyecto racionalista, como la dada desde la
interpelación marxista a nombre del proletariado, de los obreros y de los
trabajadores, pueda disputar estas convocatorias afectivas, debe, dado el caso,
lograr hacer emerger el mito desde la misma interpelación racionalista, o, en
su defecto, convencer argumentativamente a las grandes mayorías de la justeza
de su proyecto político. Ahora bien, esto último implica desmitificar, develar
la “ideología” inmersa en las masas. Esto último parece haber sido el trabajo
“ideológico”, el trabajo desmitificador, de los partidos marxistas.
En la historia política del
siglo XX los partidos marxistas llegaron al poder por lucha armada, en sus
formas insurreccionales, en sus formas revolucionarias, así como de guerra
prolongada, también en sus formas de guerrilla; pero, también, como resultado de
la ocupación del ejército rojo en la guerra anti-imperialista. Son mas bien
escasas las experiencias de la llegada al poder por la vía electoral. Cuando
ocurre esto, estos partidos se encuentran involucrados en frentes de izquierda,
coaligados con otras fuerzas progresistas. Estos frentes con gran convocatoria
responden a una larga acumulación organizativa, de alianzas, de difusión y
formación de cuadros. Estos frentes de izquierda logran disputar los escenarios
democráticos formales en determinadas coyunturas, que podríamos llamar crisis
de legitimación del poder burgués. Los partidos de la burguesía, sus aliados
conservadores, ligados a los intereses del latifundio, se encuentran
deslegitimados, cuestionados e interpelados. Hay crisis de representación; la
casta política dominante ya no es creíble. La crisis económica ha calado en la
gente, ha afectado a la economía popular; esto puede venir acompañado, además
de menguados ingresos, por desocupación, carestía y subida de precios de bienes
de consumo alimentario, de vivienda, de salud y educación. Como que nace una
esperanza de la gente en el proyecto socialista. Empero, esto no es tan fácil
que ocurra. Se requiere también que los partidos que acceden más fácilmente a
la convocatoria, como los partidos nacionalistas y populistas, hayan perdido
también credibilidad o no se hayan podido conformar, no sean todavía fenómenos
sociales y políticos. En estas condiciones, como que se da una valoración colectiva del proyecto socialista. Los
partidos marxistas, el proyecto socialista, involucrados en frentes de
izquierda, se habrían vuelto en los principales defensores de la democracia.
Estas circunstancias se dan cuando se sale de una larga noche, la de las
dictaduras militares o formas totalitarias conservadoras.
A fines del siglo XX y
principios del siglo XXI aparecen
gobiernos de izquierda en Sud América, incluyendo el gobierno de izquierda
sandinista de Nicaragua, como resultado de votaciones electorales. Estos
gobiernos de izquierda, de una u otra manera, de una forma más abierta, clara y
declarada o más bien, más mezclada, se identifican como socialistas, como
portadores del proyecto del socialismo del siglo XXI, en la mayoría de los
casos, o socialismo comunitario, como en el caso de Bolivia. La referencia al
discurso marxista reaparece de una manera más matizada o, en su caso, con mayor
insistencia o pretensión; sin embargo, estos gobiernos, no se conformaron sobre
la base de una convocatoria electoral racionalista, como es el caso de los
partidos marxistas de los que hablamos, insertos en frentes de izquierda,
apelando a una argumentación lógica. Esta “nueva izquierda” ha despertado el
mito, ha logrado convocatorias afectivas, ha renovado imaginarios sociales
milenaristas, incluso religiosos, combinándolos, en una composición abigarrada,
con un renovado y transformado proyecto socialista. Se trata de una “nueva
izquierda” que ha asumido también renovadas formas populistas y nacionalistas.
Esta combinación ha resultado en una extensa y aplastante convocatoria electoral.
Disputar la convocatoria de
estos nuevos populismos compuestos desde la conformación de frentes de
izquierda alternativos, que reproduzcan el estilo racionalista de los partidos
marxistas tradicionales o el estilo de un marxismo ajustado, adaptado y
adecuado a las organizaciones sindicales, es una tarea desmedida. Intentar
repetir e imitar el proyecto del instrumento politico del MAS, desde el ámbito
de los trabajadores, es retomar el inacabamiento mismo del proyecto en una
escala menor. Decimos esto valorando la idea inicial de instrumento político de
las organizaciones sociales, instrumento al servicio de las organizaciones
sociales, como parte de la dinámica de los movimientos sociales
anti-sistémicos, emergido de las bases, sobre la plataforma de la experiencia
asambleísta, colectivamente deliberante y autogestionaria; sin embargo,
mostrando, al mismo tiempo, que este proyecto inicial quedó como posibilidad,
reducido, en la práctica a la reiteración de las mediaciones y delegaciones
representativas, desplazando las relaciones horizontales, sustituyéndolas por
relaciones verticales, mandos centralizados, reducidos a un grupo palaciego.
¿El instrumento político de los
trabajadores puede cambiar esta orientación? La COB actual tiene por lo menos
dos problemas de inicio; no es el poder dual, que fue la COB nacida de la
revolución de 1952; por otra parte, la COB no ha sindicalizado a la gran masa
del proletariado nómada, que trabaja a destajo, mayoritariamente compuesto por
mujeres. La COB se ha reducido a sectores sindicales que podríamos llamar
privilegiados, no solamente por gozar de seguro, derechos laborales, sino
incluso, en algunos casos, como el de los mineros, con buenos salarios. El
sector más combativo no es el proletariado minero sindicalizado, como lo fue en
los periodos gloriosos de la COB, sino un sector radicalizado del sindicato de
maestros. Sobre estas condiciones y con esta composición de su perfil actual,
la COB está obligada a resolver varios problemas ante la tarea de conformar un
instrumento político. Primero, para retomar la experiencia política de este
bloque organizado de trabajadores, es urgente recuperar su memoria, recuperando
el tiempo perdido, mediante un balance histórico crítico de sus trayectorias.
Segundo, dar respuesta al tema pendiente: ¿Por qué el proyecto político de
transición, bajo hegemonía proletaria, periclita en 1971 con la derrota de la
Asamblea Popular? ¿Se requiere algo más que la hegemonía proletaria, como por
ejemplo, incorporar la problemática colonial, de la colonialidad, de la
dominación simbólica y física sobre los cuerpos, abriéndose a otras luchas
contra las estructuras de poder polimorfo? Tercero, asumir otras formas de
anti-capitalismo, como el devenido desde la perspectiva indígena y de la defensa
de la madre tierra, además de los feminismos radicales de-coloniales, así como
el de las subjetividades diversas. Cuarto, sindicalizar al proletariado nómada,
organizarlo en la defensa de sus derechos, articulándolos a la luchas políticas
emancipatorias y de liberación. Quinto, comprender la experiencia de las
movilizaciones sociales anti-sistémicas desatadas, donde la COB no fue de
ninguna manera la protagonista. Sexto, replantearse el proyecto politico
emancipatorio y liberador del proletariado más allá del socialismo, asumiendo
críticamente la experiencia socialista del siglo XX.
El instrumento politico de los
trabajadores, una vez resuelto estos problemas pendientes, debe plantearse la
construcción de una convocatoria que contenga al país mismo. No parece posible
construir esta convocatoria popular a través de las viejas estrategias de
hegemonía proletaria. Más parece necesario formar consensos políticos,
voluntades colectivas, composiciones alternativas, con los otros sectores
populares. Como se puede ver, no se trata, de ninguna manera, de renunciar al
instrumento politico, sino, al contrario, de evitar reducirlo a una caricatura,
a un mero instrumento electoral, repitiendo a escala la triste historia del
MAS. O, en su caso, sin poder superar el límite de las convocatorias reducidas
de los partidos obreros. La tarea primordial de un instrumento político de los
trabajadores es luchar con las formas actuales del capitalismo, escapando del
círculo vicioso de la izquierda, que cree seguir peleando con las formas del
capitalismo del periodo de la revolución industrial y las formas imperialistas
de la primera mitad del siglo XX. El dominio del capitalismo financiero ha
trastrocado la composición orgánica del capital y el propio funcionamiento del
sistema capitalista, sus ritmos y sus ciclos. En la época del ciclo largo del
capitalismo, bajo hegemonía estadounidense - la misma que ha entrado en
declive, en la fase precisamente financiera de todo ciclo largo, en la cual
emergen bloques de competencia, buscando convertirse en el nuevo centro
hegemónico de un siguiente ciclo largo del capitalismo -, la dinámica de la
acumulación ampliada de capital ha reactivado expansiva e intensamente,
aplicando nuevas tecnologías de punta, que podríamos considerar devastadora,
las formas de la acumulación originaria de capital, por despojamiento y
desposesión, extendiendo peligrosamente el modelo extractivista a toda el orbe,
sobre todo en los territorios de las periferias, aunque también en los propios
territorios de los centros del sistema-mundo capitalista. En este contexto, no
se puede sostener que la lucha económica del proletariado es la misma que la de
la primera mitad del siglo XX. El proletariado, sobre todo su mayoritaria
composición nómada, no puede sostener el desarrollismo y el modernismo como
parte de su horizonte “ideológico” socialista. Esto los convertiría en aliados
de la burguesía crepuscular del imperio, de la descomunal estructura de poder
del sistema-mundo capitalista, que apuesta al extractivismo, para continuar su
acumulación ampliada, realizada de manera desbordante y destructiva,
comprometiendo la reproducción de la vida en el planeta.
El Consejo de Ayllus y Marcas
del Qullasuyu (CONAMAQ), en su último tantachawi,
ha decidido también conformar un instrumento político, eta vez de las
organizaciones indígenas originarias. Ante la división del Pacto de Unidad, la
constatación del curso que ha tomado el gobierno, desplazándose a políticas
públicas extractivistas, bajo un discurso desarrollista, que lo llevó a
posiciones anti-indígenas, el CONAMAQ considera que es imprescindible formar un
instrumento politico de las organizaciones indígenas, que retome la defensa de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la defensa de los
derechos de los seres de la madre tierra, la defensa de la Constitución y la
defensa del proceso, proceso que no pertenece al MAS. Retomando además la
histórica y fundamental tarea de descolonización, de reconstitución territorial
y construcción civilizatoria alternativa, basada en la herencia cultural y
cosmovisión de los pueblos indígenas. El proyecto de instrumento politico de
las organizaciones sociales vuelve a aparecer en su proyección inicial, en su
irradiación descolonizadora, en su alteratividad civilizatoria a la modernidad
hegemónica y dominante. Empero, no dejan de reaparecer las analogías con el
fracasado proyecto de instrumento político del MAS, convertido en mero
instrumento electoral. Mucho más aún, en este caso, no es sostenible
proyectarse a una estrategia electoral, como parece darse, en tanto una de las
preocupaciones del consejo indígena originario, ante la proximidad de las
elecciones de 2014.
El proyecto de instrumento
político indígena originario tiene que sortear varios problemas y desafíos. En
primer lugar, no puede reducir el proyecto de instrumento político a un
proyecto electoral. De principio, esta sería la muerte del proyectado
instrumento político descolonizador. En segundo lugar, no es aconsejable restringir la convocatoria
política sólo a los indígenas. Como en el caso del instrumento politico de los
trabajadores, las convocatorias restringidas a sus propios ámbitos
territoriales y poblacionales limitan la capacidad política, terminan
repitiendo la historia de los partidos de clase o partidos indios, que no
pudieron salir de sus convocatorias vanguardistas, circunscritas a núcleos
conscientes y de convencidos del proyecto en cuestión. En la lucha política la
acumulación política cuantitativa y cualitativa es fundamental. No se logra capacidad
de transformación sin contar con convocatorias masivas, sin convencer y seducir
a la mayoría popular. Por eso, es indispensable construir una convocatoria del
instrumento político indígena originario a todo el pueblo. No se trata de una
convocatoria populista, al estilo de los partidos populistas, tampoco de formar
un frente, al estilo de los partidos marxistas, sino, que partiendo de las
tradiciones comunitarias y asambleístas, es menester generar espacios
colectivos deliberativos de formación de consensos. El instrumento político
indígena originario está más obligado, que otros proyectos de instrumentos
políticos, a desplazar las prácticas políticas habituales de la clase política.
El instrumento político indígena originario puede convertir la matriz
comunitaria en un paradigma politico alterativo a las prácticas políticas
institucionales y partidarias, retomando enfoques territoriales, alianzas
complementarias, confederaciones guerreras, en las luchas anti-coloniales,
anti-capitalistas, alter-modernas, proyectando la alternativa civilizatoria al
desarrollo capitalista.
Como se puede ver el panorama
politico de la coyuntura es altamente complicado. El llamado “proceso de
cambio”, que es el nombre que se emplea para referirnos a temporalidades y espacialidades,
a espacio-tiempos entrelazados, que marchan más o menos paralelamente, también
cruzándose, entrabándose y afectándose, que pueden ser tomados como
acontecimientos de múltiples singularidades en composiciones variadas, se
encuentra debatiéndose en el estallido de sus propias contradicciones
profundas. En lo que queda del periodo de gestión de gobierno, los dos años
hasta el 2015, es un lapso electoral. El gobierno, todos los aparatos de
Estado, controlados por el gobierno, el MAS y las organizaciones sociales
controladas por el gobierno, se hallan ya en campaña electoral, aunque nunca
hayan salido de este tipo de consumación política, sólo que en estos periodos
se entregan a esta compulsión con más asiduidad. La apuesta del MAS, como hemos
dicho a un principio, es la reelección del presidente. No vamos a repetir los
argumentos del análisis de esta estrategia electoral. Frente a esta
alternativa, lo que llamamos derecha tradicional, hablamos de los partidos
políticos y las expresiones políticas ligadas a las oligarquías regionales,
parecen sondear la posibilidad de un bloque conservador, de una alianza que
haga frente al MAS. Desde la izquierda al MAS, por así decirlo, se sondean
posibilidades de un frente de izquierda, tanto desde la perspectiva de los
trabajadores como desde la perspectiva indígena originaria. Por otra parte, el
partido que fue aliado del MAS, el MSM, intenta, a su vez, conformar un frente
alternativo al oficialismo, a partir de una visión más institucional del
proceso.
Estas disposiciones políticas
parecen mostrarnos la tendencia a una dispersión de la votación, quizás con
cierto grado de concentración en opciones polarizadas, el MAS y el frente único
de la derecha, con cierta participación estadística de los frentes o el frente de
izquierda, disputando la votación consciente. Este panorama no es nada
halagador en lo que respecta a las perspectivas del proceso de cambio. El
proceso se habría estancado, habría quedado detenido por el estallido de sus
contradicciones, transfiriendo sus problemas cualitativos al espacio artificial
de las verificaciones estadísticas electorales. Ante este panorama,
teóricamente, parece que la respuesta más plausible es la re-conducción del
proceso. Empero, esta reconducción no aparece como viable, dadas las
circunstancias, acompañadas por contradicciones agudizadas por el
debilitamiento de las mismas organizaciones sociales, sus prácticas
clientelares, prebéndales, mediante las que fueron cooptadas sus dirigencias.
El intento de una reconducción pasa necesariamente por recuperar la autogestión
y la autonomía de las organizaciones sociales. Para que pueda darse esto es
menester que las organizaciones sociales puedan asistir a un recambio de las
dirigencias, convocar a Congresos, re-articular el bloque popular, formando
consensos sociales para tal efecto. La formación de los instrumentos políticos
pendientes lleva su tiempo; no es una tarea que se efectúa y realiza de la
noche a la mañana. Ante la perentoriedad de lo que queda de la gestión de
gobierno y de la fase electoral, los dos años, se requiere de un pacto social
para la reconducción del proceso, cumplir con un programa mínimo de pasos de
reconducción, consensuado. Un programa que busque reposicionar al bloque
popular y recuperar la fuerza inmanente del proceso. Lo que se tenga que hacer
para las elecciones del 2014 depende de la reconducción del proceso, además es
una decisión que tienen que tomar las organizaciones sociales.
El espíritu
constituyente
En el Capítulo Sexto, Tribunal
Constitucional Plurinacional, del título III de la parte correspondiente al
Órgano Funcional del Estado, el artículo 196 dice:
I.El
Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la
Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto
y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.
II.
En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará
como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del
constituyente, de acuerdo con sus documentos,
actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.
La voluntad constituyente se
refiere a lo que también se nombra como espíritu constituyente. ¿Qué es el
espíritu constituyente? Ciertamente se trata de una metáfora cuando se habla
del espíritu; la metáfora se remite
no sólo a la voluntad, sino al sentido de lo escrito. También se refiere al
contenido subjetivo del texto constitucional. Ahora bien, el espíritu no se
desajusta, no se desentiende del cuerpo escrito, no entra en contraposición con
la escritura. Precisamente es el significado del significante, si recurrimos a
Ferdinand de Sausurre. Lo curioso del uso oficial de este artículo es que se
pretende remitir el espíritu constituyente al texto constitucional aprobado en
Oruro. Se puede decir que el espíritu constituyente de ese texto era
precisamente que el conteo de la secuencia permitida por la Constitución
comenzaba desde la promulgación de la nueva Constitución. El texto se cambió en
el Congreso convertido en constitucional, que revisó el texto aprobado en
Oruro; el texto dice:
Los mandatos
anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los
efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
¿Cuál es entonces el espíritu
del constituyente? ¿De cuál de los textos? Si volvemos al texto de Oruro,
entonces, la consecuencia necesaria es que se debería volver a todo el texto
aprobado en la ciudad del Pagador. La consulta al Tribunal Constitucional
tendría que ser sobre hacer válida la Constitución aprobada en Oruro e
invalidar la Constitución aprobada en el Congreso. Si no se hace esto, entonces
hay una comprobada incoherencia y manipulación al sólo quererse remitirse a un
artículo de los 411 aprobados y promulgados. Querámoslo o no el texto
constitucional aprobado por el 64% del pueblo boliviano es el que contiene el
artículo 196 citado. Entonces el sentido buscado debe ser el del escrito de la
Constitución promulgada. No hay donde perderse. ¿Este sentido es o no la
voluntad del Constituyente? No, pues la Constitución aprobada en Oruro tenía
otro contenido. El 30% de la Constitución aprobada en la ciudad del Pagador fue
cambiado. Entonces lo que dice este artículo no es lo que expresaba la voluntad
del Constituyente. Se cambio por los acuerdos políticos en el Congreso. El
sentido dado a este artículo y otros cambiados es otro, distinto al espíritu
constituyente. ¿Qué se hace en este caso para interpretar la Constitución promulgada?
El parágrafo II dice que la
interpretación debe darse con
preferencia, de acuerdo a la voluntad
del constituyente, contando entonces
con sus documentos, actas y
resoluciones, así como el tenor literal del texto. Esto se entiende como
que el uso de los documentos, las actas y resoluciones no debe desfasarse del
tenor literal del texto. ¿De cuál texto? Obviamente del texto promulgado, no
del aprobado en Oruro, aunque este texto haya perdido en la parte interpretada
el espíritu del constituyente, sustituido por el sentido del acuerdo político,
expresado en el artículo 196.
¿Se puede desconocer lo escrito
en el texto promulgado? No, sin un referéndum que plantee el retorno a la
Constitución aprobada en Oruro. En este caso se volvería a la voluntad del Constituyente
expresada en el texto de Oruro. Así tendría que ocurrir con los otros artículos
cambiados por el Congreso constitucional. ¿Qué clase de voluntad se encuentra
en el artículo 196 de la Constitución promulgada? La voluntad de los
congresistas. Al final se transfirió la voluntad de los constituyentes a la
voluntad de los congresistas; después, el texto aprobado en el Congreso, fue
ratificado por el referéndum constituyente. Este fue el resultado del decurso
de la construcción dramática del pacto social, querámoslo o no.
Desde todo punto de vista no es
aconsejable ni comprensible lo que hacen los voceros del gobierno y de la
mayoría de Asamblea Legislativa, embrollar la interpretación de la Constitución
promulgada. Es meterse en una encrucijada al desconocer el texto promulgado.
Por este camino, ponen en peligro la misma Constitución. Esto lo hacen con
fines electorales. No les importó interpretar a su manera, sin respetar el
espíritu constituyente, cuando aprobaron y promulgaron leyes que resultaron
inconstitucionales. Como dijimos en otro artículo
,
llama la atención que al oficialismo le importe el debate constitucional y haga
alusión al espíritu constituyente en el tema de la reelección, cuando esto no
aconteció para nada cuando se trataron las leyes que deberían ser
fundacionales.
Si a un constituyente de mayoría
le preguntaran ¿con qué Constitución se queda, con la aprobada en Oruro por la
Asamblea Constituyente o con la aprobada en La Paz por el Congreso
Constitucional? Con seguridad respondería con la aprobada en Oruro por la
Asamblea Constituyente. ¿Quiénes descartaron el espíritu constituyente? Los del
Congreso Constitucional. Esta fue la estrategia del gobierno. Nunca se preguntó
a los constituyentes qué es lo que se debería hacer antes del referéndum
constituyente. Con una falta total de consideración a la Asamblea
Constituyente, al poder constituyente, el poder constituido, el ejecutivo y el
Congreso, decidieron revisar la Constitución aprobada por los constituyentes y
efectuar los cambios que les parecieron convenientes, en el marco de acuerdos
políticos. Ahora, estos mismos que decidieron descartar el espíritu
constituyente piden volver a esta voluntad para interpretar el artículo 196 de
la Constitución promulgada. ¿Quién entiende este comportamiento?
El argumento de interpretar
desde el espíritu constituyente no está bien fundamentado, tampoco es honesto. No miden las consecuencias, sobre
todo la de poner en peligro la validez de la misma Constitución promulgada.
Tampoco les interesó el espíritu constituyente a la hora de elaborar, aprobar y
promulgar leyes, que resultaron inconstitucionales. Sólo les interesa la
reelección. El peso de la decisión política gravita en este tema. Esta
inclinación devela su compulsión electoral; se encuentran muy lejos de una
preocupación por las transformaciones estructurales e institucionales, muy
lejos de la interpretación integral de la Constitución y de su aplicación. No
se dan cuenta que no está en cuestión la posibilidad de reelección del presidente;
lo que se discute es el modo como se habilite la misma; forzando una
interpretación estrambótica o acatando la Constitución. Esta conducta no parece
ser un apoyo efectivo al presidente para su reelección, sino todo lo contrario.
Lo empujan a una situación inconstitucional, des-cualificando su postulación,
debilitándola desde la circunstancia de des-legitimación. La excesiva muestra
de llunkirio termina mermando la
fuerza de una reelección. ¿Por qué inclinarse hacer las cosas torcidas? ¿No es
mucho mejor que el pueblo termine decidiendo en un referéndum la reforma
parcial a la Constitución? ¿No es acaso este comportamiento que espera el
pueblo de un presidente que responde a la Constitución, sobre todo al sistema
de gobierno constitucional que es el de la democracia participativa? ¿Por qué
generar conflictos desgastantes?
Este problema no es generado por
la reelección del presidente, sino por la reelección del vicepresidente. El
Congreso del MAS sólo eligió a Evo Morales Ayma como candidato a la
presidencia; la candidatura a la vicepresidencia estaba pendiente. La astucia
de la mayoría de la Asamblea Legislativa es mandar una consulta al Tribunal
constitucional donde se incluye al vicepresidente. Con esto zanjan el tema del
vicepresidente saltando el Congreso del MAS.
No sabíamos cómo iba a responder
el Tribunal Constitucional. Su dilema era grave; o resuelve confesar la
subordinación al ejecutivo y validar un proyecto de ley interpretativo
estrambótico e inconstitucional, o resuelve interpretar la Constitución como
corresponde, asumiendo las condicionantes establecidas en la Constitución
promulgada. Aunque el Tribunal Constitucional nos tiene ya acostumbrados a
resoluciones ambiguas, ésta resolución pendiente no parecía fácil de zafarse.
Está en juego la existencia misma del Tribunal Constitucional, de una manera o
de otra. Si resolvía lo primero, habrá evidenciado su condición
inconstitucional al subordinarse al capricho del ejecutivo; si resolvía lo
segundo, es probable que el ejecutivo decida liquidarlo o, en todo caso,
arrinconarlo, poniéndolo como en suspenso. Ahora sabemos cómo ha resuelto, ha
optado por lo primero, por la subordinación, la sumisión, la dependencia
indisimulada al ejecutivo. Ha optado por la inconstitucionalidad.
El senador por Cochabamba Adolfo
Mendoza saca una tesis insólita semántica, dice que si bien la letra del
artículo 196 establece que l
os mandatos
anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los
efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones; el espíritu de
este escrito quiere decir que los mandatos anteriores a la vigencia de esta
Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos
periodos de función. Es decir, todo lo contrario
.
En otras palabras el senador sugiere que el espíritu del cuerpo escrito es
precisamente lo contrario de lo expresado. A esto se reduce el espíritu del
constituyente. Este malabarismo y prestidigitación es digna de un mago; no
importa lo que está escrito, lo que importa es la interpretación de acuerdo al
espíritu del constituyente, aunque se diga que tiene que estar de acuerdo al
tenor literal del texto.
Ahora bien, este malabarismo
semántico es síntoma de algo, es síntoma de la forma cómo se ejerce mayoría en
el Congreso, en las políticas públicas, en la práctica política oficialista. Se
cree que la mayoría absoluta otorga impunidad, otorga potestad como para
cambiar las reglas lógicas y lingüísticas, que se puede acudir al espíritu
constituyente cuando conviene y cuando no conviene no, que se puede hacer de
todo pues el poder produce verdades. Se puede volver al texto constitucional
aprobado en Oruro en un artículo sobre la reelección y no en los otros
artículos de la Constitución. En otras palabras, se puede hacer lo que se
quiere, de acuerdo al interés político del momento. Esta forma de hacer
política es decadente; expresa la degradación de una práctica de gobierno, de
la práctica política oficial, que desprecia además el sentido común de la
gente, no sólo desprecia a la opinión pública. Se puede demostrar lo contrario
de lo que está escrito en la Constitución promulgada. Estas demostraciones
espantosas tienen que ser escuchadas por el público, con la pretensión, además
de que sean aceptadas. Lo que llama la atención de todo esto, no es sólo que se
efectúe este malabarismo semántico, sino que después de decirlo se sientan
satisfechos, como después de haber cumplido una labor. ¿Qué clase de labor es
esta? El objetivo principal es conservar el poder; en esto no hay sorpresa, lo
hacen todos los gobiernos, de derecha o de izquierda. Lo que sorprende es que
se busque conservar el poder, cosa que es comprensible, con los argumentos más
insólitos, cosa que ya no es del todo comprensible. Hay un exceso de actuación
ante el jefe, una búsqueda estridente de llamar su atención, de decirle yo
estoy contigo en todo, en tus aciertos y en tus errores, que para mí no son errores,
sino una muestra de tu grandeza. Puedo hacer lo que sea por ti, adulterar una
interpretación, manipular el significado de lo escrito, de tal manera que diga
lo contrario. Este llunkirio que de
por sí es desagradable e indigno, es la muestra patética de que se ha perdido
todo principio de realidad, toda coherencia discursiva; se ha caído ya no en la
retórica política sino en una adulación sin límites y en una desbordante
manipulación sin ningún decoro. No es necesario caer en esta degradación para
lograr la reelección del presidente.
¿Cuál es el interés de los llunk’u que medran a la sombra del
caudillo? Mantener la proyección de su sombra que los cubre. Se constata el
interés de la clase política oficial de mantenerse, de conservarse en sus
puestos, de seguir ejerciendo en los espacios de dominio ganados. Poco importa
lo que pase con el proceso de cambio mismo; se soslayan sus contradicciones y
se opta por la propaganda, de la que parecen convencidos. Se puede llegar a
comprender que este “pragmatismo” de sentido común, este realismo político, que
cada vez más se parece al oportunismo, haya reducido el proceso de cambio a la
mera conservación del poder y la eterna campaña electoral. Lo que no se
comprende es que no avizoren, estos voceros oficiales, que lo que hacen al
final vulnera y debilita su objetivo, conservación del poder. Esta práctica no
sólo que no es legal, no es constitucional, sino que deslegitima, resta
credibilidad, descalifica la misma función de gobierno y el ejercicio de la
mayoría del Congreso. Este exceso está demás para cumplir con el objetivo,
conservación del poder, concretamente lograr la reelección.
Dejemos estos contrasentidos
ahí, en su propia desesperación. Volvamos a la reflexión sobre el espíritu
constituyente, que es lo que ciertamente se debe rescatar en la interpretación
y aplicación de la Constitución.
Interpretación
desde el espíritu constituyente
Para Henri Bergson el espíritu tiene que ver con la duración y
la memoria, con la cualidad y la subjetividad; en términos más amplios con la
intuición, que para Bergson es el método de precisión de la metafísica. En el
caso que nos toca, el espíritu constituyente, el espíritu se acerca a la voluntad; lo que quiso decir el
constituyente, el sentido que quiso darle al texto constitucional. Este
espíritu se encuentra expresado en el prólogo, en los 11 primeros artículos, en
la estructura integral de la Constitución. En el preámbulo se escribe:
Dejamos
en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto
histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar
hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz,
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los
pueblos.
Los dos primeros artículos de la
Constitución son fundacionales:
Artículo
1°.- Bolivia se constituye en un
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Artículo
2°.- Dada la existencia precolonial
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral
sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la
unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de
sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
El espíritu constituyente se
encuentra en la constitucionalización de los derechos fundamentales y los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, además de contener
implícitamente, en el postulado del vivir bien, los derechos de los seres de la
madre tierra. El espíritu constituyente responde a cuatro modelos
fundacionales; el modelo político de Estado plurinacional comunitario y
autonómico; el modelo territorial que se configura en el pluralismo autonómico,
teniendo como su característica fundamental las autonomías indígenas; el modelo
económico, que se abre al horizonte de la economía social y comunitaria,
comprendiendo las condicionantes ecológicas, prohibiendo la exportación de
materias primas, definiendo a los recursos naturales como no mercantilizables,
destinados al vivir bien; el macro modelo civilizatorio del vivir bien, que
articula los modelos anteriores y se definió, en la Conferencia de los Pueblos
contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba, como modelo alternativo al
capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. El espíritu constituyente se
encuentra en el entramado de competencias autonómicas, exclusivas, privativas,
concurrentes y compartidas. El espíritu constituyente es la perspectiva
pluralista, donde se encuentra el pluralismo jurídico, que comprende tres
jurisdicciones, la ordinaria, la indígena originaria campesina y la
agroambiental. El espíritu constituyente se expresa en la definición del
sistema de gobierno como de la democracia participativa, el ejercicio plural de
la democracia, directa, representativa y comunitaria; así mismo y como
consecuencia en la participación y control social; en la construcción colectiva
de la ley, de la decisión política de la gestión pública. El espíritu
constituyente se encuentra en la exigencia de la equidad de género y la
alternancia. También podemos decir que el espíritu constituyente se encuentra
en la transversal de interculturalidad.
Como se puede ver, este es el
espíritu constituyente explicitado en el texto constitucional, este es el
espíritu constituyente que ignoran el gobierno, la Asamblea Legislativa, los
voceros oficialistas y el Tribunal Constitucional. Sólo se refieren al espíritu
constituyente cuando quieren imponer una forma de reelección que no se
encuentra en la Constitución promulgada. Hay una forma de reelección posible,
incluso si se busca realizarla por tercera vez. Pero esto es lo que no se
quiere. ¿Qué clase de espíritu es este? Obviamente no es el espíritu
constituyente convocado; se trata del espíritu de resentimiento de la
“consciencia desdichada”
.
Los voceros oficiales sustituyen el espíritu constituyente por el espíritu de
resentimiento de la “consciencia desdichada”. El malabarismo semántico e
interpretativo de los voceros deriva en esta suplantación “espiritual”. Nada
más canallesco para exorcizar el espíritu constituyente.
Retomando nuevamente el tema
sugerente del espíritu constituyente, que el acontecimiento subjetivo del
acontecimiento político que es la Constitución; el espíritu constituyente es la
constitución de la duración, de la
memoria, de la cualidad histórica de la percepción política de las multitudes,
del proletariado nómada, de las naciones y pueblos indígenas originarios, del
pueblo boliviano. Se da como un plegamiento subjetivo e imaginario; pliegue,
despliegue y repliegue de la constitución subjetiva descolonizada, emancipada y
liberada. Es este espíritu el que tiene
que animar a la interpretación de la Constitución, en la aplicación de la Constitución, que transmite el mandato
de la abolición del Estado-nación y la
construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto es
precisamente lo que no hace el gobierno, la Asamblea Legislativa, los órganos
del Estado; han optado por restaurar, consolidar y defender el Estado-nación,
dispositivo colonial del sistema-mundo capitalista y del orden mundial de la
dominación imperial. ¿Con qué moral pueden hablarnos del espíritu
constituyente?
Exorcismo político
Se dice del exorcismo que es una
práctica religiosa o mágica, como un ritual, para expulsar al espíritu maligno
que posee el cuerpo de la persona afectada. Usamos esta metáfora para aludir la
práctica de los políticos oficialistas de exorcizar el espíritu constituyente
del cuerpo inscrito de la Constitución, así como de los cuerpos de las
multitudes y de los movimientos sociales, que forman parte integral e inmanente
del poder constituyente. Lo primero que hace el oficialismo, una vez aprobada
la Constitución en Oruro por la Asamblea Constituyente, es hacer revisar el
texto constitucional aprobado por el Congreso, convertido en constitucional. El
poder constituido suplantaba las funciones y atribuciones del poder
constituyente. Los voceros del oficialismo no dijeron nada, más bien
aplaudieron. Incluso el vicepresidente en un discurso declaro que se mantuvo el
núcleo de la Constitución, reconociendo las revisiones. El gobierno y la
Asamblea Legislativa iniciaron la elaboración de leyes sin atender a los condicionamientos
de la Constitución, que establece, de manera clara, la construcción colectiva
de la ley. Tampoco tomaron en cuenta la interpretación integral de la
Constitución, el espíritu constituyente, menos los mandatos transformadores
exigidos en la transición. Todas las leyes promulgadas por el presidente son
inconstitucionales; en vez de ser fundacionales restauraron el Estado-nación;
no fueron la base jurídico-política de la construcción del Estado plurinacional
comunitario y autonómico. Los voceros oficialistas no dijeron nada, tampoco
convocaron al espíritu constituyente. En el conflicto del TIPNIS desconocieron
flagrantemente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios, la consulta con consentimiento, previa, libre, e
informada. Los siguen haciendo con las leyes que siguieron, al desconocer los
acuerdos con el Pacto de Unidad, que elaboró el Anteproyecto de Ley de la Madre
Tierra, logrando consensuar un proyecto de ley instrumental, que contenía el
espíritu del anteproyecto. En vez de aprobar la ley consensuada y puesta en
agenda en la Asamblea Legislativa, el gobierno y la Asamblea Legislativa
prefirieron destrozar esta ley de la madre tierra y elaborar un bricolaje de
ley, donde introducen como marco el desarrollo integral, subordinando a la
madre tierra al desarrollo. Después elaboran un proyecto de Ley Marco de
Consulta que tiene las caracterizas evidentes de una ley colonial que reitera
el etnocidio. Ante estos hechos que desconocen
abiertamente el espíritu constituyente el gobierno, la mayoría de la asamblea,
los voceros oficialistas, no dijeron nada. Ahora, cuando se requiere ir a la
reelección del presidente, ante las condicionantes y limites que establece la
Constitución, desesperados proponen una interpretación estrambótica de los
artículos relativos a la reelección, a las disposiciones transitorias y a la
interpretación del Tribunal Constitucional. Su principal argumento es volver al
espíritu constituyente; llama la atención que recién recurra a esta convocatoria
en un tema menor, en comparación con los temas estratégicos que contemplan las
leyes que deberían ser fundacionales.
También llama la atención que se lo haga de una manera que mas bien se
parece al exorcismo del espíritu constituyente,
siguiendo su costumbre vulneradora de la Constitución. Vamos a
detenernos nuevamente a analizar estos síntomas de una práctica política que
combina demagogia y violencia estatal, simbólica y física, violando
sistemáticamente la Constitución y desconociendo el espíritu constituyente, el
sentido transformador y descolonizador del texto.
El artículo 196 de la
Constitución, correspondiente al capítulo sexto, Tribunal Constitucional
Plurinacional, relativo al título III,
Órgano judicial y Tribunal Constitucional, dice:
En
su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará
como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del
constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el
tenor literal del texto.
Éste es el artículo que usan los
voceros oficiales para pretender demostrar que el artículo 411, correspondiente
a la quinta parte de la Constitución, Jerarquía normativa y reforma
de la Constitución, relativa a Disposiciones transitoria, en el parágrafo II, donde
el tenor literal es:
Los
mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta
a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
Quiere decir, de acuerdo a la
“voluntad del constituyente”, de acuerdo
con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto lo contrario, es decir, que:
Los
mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución NO serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos
periodos de funciones.
El tenor literal del texto no
contiene esa negación; ¿de dónde sale esta? La frase es afirmativa, no
negativa. Los documentos, actas y
resoluciones, tienen que estar de acuerdo al tenor literal del texto. El espíritu constituyente no puede
desfasarse del cuerpo de la inscripción inscrita. Si ocurriera esto muere la
vida del sentido de la inscripción. Ya no hay posibilidad de interpretación de
ninguna clase ente la muerte. Ante el cadáver del texto literal los voceros
oficiales quieren convocar el espíritu constituyente, que ya se ha alejado del
cuerpo que lo cobijaba. Lo único que acompaña ante el cuerpo inerme de lo
escrito, aprobado por el pueblo boliviano y promulgado, es la pronunciación
insólita de un discurso que le dice al cadáver tu espíritu constituyente decía
NO en Oruro, aunque tu texto inscrito dice SI. Despierta Lázaro con el espíritu
constituyente, vuelve a la vida.
Por cierto, esta es una
“interpretación” forzada, que adultera el tenor literal del texto. Como
dijimos, cuando se separa sentido de significante, espíritu de inscripción,
significación de escritura, muere la posibilidad de interpretación. Lo que hay
es una turbia y manipulada
“interpretación” de un texto muerto, que es en lo que queda el parágrafo del
artículo sobre disposiciones transitorias, debido al uso perverso que hacen de
éste los voceros oficiales, que más se parecen a unos prestidigitadores.
Como escribimos en un texto
anterior, es el gobierno popular y el Congreso constitucional los que
extirparon el espíritu constituyente en un 30% de lo aprobado en la
Constitución de Oruro, suplantando el espíritu constituyente por el
espíritu de los congresistas, que
básicamente era un acuerdo político. Lo grave de lo que hicieron, fuera de
violar las competencias del poder constituyente por un poder constituido, es
introducir los términos de nación boliviana, república, haber sacado la
posibilidad de la reforma agraria, incorporando en lo cambiado un sentido
conservador. Frente a este hecho consumado, los voceros defensores del
“espíritu constituyente” no dicen nada; callan y callaron. Ahora lanzan sus
gritos al cielo y se desgarran escandalosamente las vestiduras cuando se tiene
que discutir la forma de viabilizar la reelección. Esta conducta perturbada
asombra por sus pretensiones y sus poses. Pretende que el sentido de lo escrito
es todo lo contrario del tenor literal, hace gala de fidelidad al jefe y
convoca ritualmente al espíritu constituyente, cuando ellos fueron los que lo
exorcizaron, no sólo con la modificación congresal, sino en la violación
sistemática de la Constitución a lo largo de lo que viene de la segunda gestión
de gobierno, promulgando leyes inconstitucionales, restaurando el
Estado-nación, dispositivo colonial del orden mundial del sistema capitalista.
Esta falaz y estridente pose cae por su propio peso.
Si se quiere volver al texto
constitucional en Oruro, cosa que los constituyentes de mayoría estaríamos de
acuerdo, entonces hagamos una reforma total de la Constitución promulgada; esto
equivale a convocar a la Asamblea Constituyente, lo que implica también llevar
la Constitución de Oruro a un referéndum constitucional. Sin embargo, esto no
lo van a hacer; no están interesados en ninguna consecuencia. Sólo emiten
demagogia en relación a un artículo de la Constitución, artículo que no es de
lo más importante del texto y de la estructura constitucional. Con esta actitud
de llunkirio extremo colocan al
presidente en una situación no sólo incomoda sino peligrosa. Quieren llevarlo a
la reelección en contra de las disposiciones normativas de la Constitución,
cuando se puede ir a la reelección respetando estas disposiciones, convirtiendo
una reforma parcial a la constitución y el referéndum consecuente en parte de
una buena campaña electoral. Estas improvisaciones torcidas, malabaristas, lo
único que hacen es deslegitimar la reelección del presidente. El llunkirio ha llevado al proceso de
cambio al abismo y al presidente al peligro de su deslegitimación. A los llunk’u no les interesa meditar sobre
estos temas, sobre estas consecuencias políticas; lo que les interesa es
mantenerse en los espacios privilegiados donde se encuentran, usufructuando del
poder.
Ahora bien, la pregunta es: ¿Por
qué se hace todo este teatro? ¿Cuál es la estrategia, la táctica, el objetivo,
o lo que se llame? ¿Se quiere más elecciones consecutivas, hasta el 2025? ¿Si
fuese este el caso, por qué no se presenta una reforma parcial de la
Constitución en este sentido? ¿Por qué se ocultan las cosas, para volver más
tarde, en las subsiguientes elecciones a volver a repetir los escándalos? ¿Por
qué esta falta de honestidad y transparencia? Al parecer los llunk’u creen en la astucia, prefieren
la manipulación y el engaño como medio de táctica de sorpresa. Por medio de
estos procedimientos han convertido al ejercicio de gobierno, al ejercicio
legislativo, al ejercicio del poder, en un laberinto sin salida.
¿Cómo explicar este desatino
inescrupuloso, que lo único que hace es embrollar las cosas y complicar la
situación? ¿Hay como una costumbre de
hacer esto, de aprovecharse de las circunstancias, las mínimas ventajas comparativas,
las confusiones revueltas a propósito? Esta opción aparentemente astuta, que no
es otra cosa que una maña tramposa, se da cuando no hay una estrategia
política, no se tiene un proyecto político, pues se ha renunciado a éste, que
es la Constitución. Cuando no se tiene un programa político, como lo entiende
el marxismo, entonces se recurre a estas ambivalencias, a estos juegos
puntuales que pretenden astucia. La apuesta es por el sensacionalismo, la
bulla, la escenificación, la propaganda, la publicidad y la permanente campaña
electoral. Con estas prácticas el ejercicio de la política ha perdido
perspectiva; se trata de agotar en el momento el alcance de las acciones. ¿Qué
se construye con estas constantes improvisaciones? El panorama de la
incertidumbre; es como un juego al azar, con la diferencia de que no es la
teoría de los grandes números la que termina encontrando regularidades en la
misma secuencia de irregularidades, sino son las estructuras de poder local,
regional y mundial, las que condicionan la marcha de los hechos, empujándolos a
los objetivos históricos de estas estructuras, la acumulación ampliada de
capital, el despojamiento y desposesión de los recursos naturales, la
colonización interna de territorios y cuerpos, modulando y construyendo
subjetividades afines a la reproducción del capital y del poder. Por eso, al
orden mundial no le preocupa las fintas anti-imperialistas, mientras no sean
otra cosa que puestas en escena, tampoco le preocupan las improvisaciones de
los gobiernos, sabe que todo vuelve a su curso por el peso específico y el
campo gravitatorio de las estructuras de dominación enclavadas en el orbe.
El indicador que se obtiene de
una discusión tan estridente como la de la reelección, a la que le prestan
tantas atenciones tanto oficialistas como opositoras, así como los medios de
comunicación, es que lo que ocurre indica la pobreza política de oficialistas y
de oposición, así como la profunda debilidad informativa y comunicativa de los
medios. Como dijimos en otro artículo
,
el problema no es la reelección sino la crisis profunda del proceso de cambio,
el desajuste entre la práctica gubernamental y la Constitución. El tema de la
reelección se puede resolver constitucionalmente; lo que tiene que resolverse
políticamente es la crisis del proceso; esto no ocurre sin la participación de
los movimientos sociales anti-sistémicos. Una discusión sobre la reelección no
se aclara si no se la visualiza desde un contexto mayor, el de la crisis del
proceso. Quedarse a discutir lo que permite o no la Constitución es inútil; es
un debate de abogados. Lo que importa y es imprescindible es avizorar una
salida a la crisis del proceso, que no se resuelven con reelección o con otra
salida electoral, sino con el cumplimiento de las transformaciones
estructurales e institucionales que exige la Constitución.
