martes, 18 de enero de 2011

El neo-liberalismo en Bolivia

El neoliberalismo en Bolivia
El análisis que se va a hacer del periodo neoliberal de Bolivia, que abarca dos décadas, comprendidas entre 1985 y 2005, no es histórico, sino más bien es estructural, se concentra en las medidas, normativa e institucionalidad que se implementa en términos de shock y ajuste estructural, abarcando claro está las privatizaciones y la capitalización de las empresas públicas, comprendiendo también la Ley de Hidrocarburos 3058, que redefine las relaciones de subordinación del Estado a las empresas trasnacionales.  
El famoso decreto 21060 que inicia el periodo neoliberal en Bolivia establecía en el Título IV del Régimen de Precios y Abastecimiento, concretamente en el Capítulo I De los Precios y Abastecimiento, en el artículo 72 que:
A partir de la fecha se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente.
Esto es establecer la vigencia de las llamadas leyes del mercado, la oferta y la demanda, supuestas leyes que manejarían como una mano invisible el mercado. Esta invisibilidad, este fantasma, se convierte en el sentido del mercado en la cabeza de los economistas clásicos, neoclásicos y neoliberales, obviando lo visible, lo evidente, que es la conformación proliferante de los monopolios, la tendencia intrínseca al monopolio por parte del capitalismo. Evidencia demostrada por las investigaciones de Fernand Braudel[1]. Otra medida tomada por el decreto 21060 es la suspensión de las subvenciones, como las relacionadas a las pulperías que abastecían a las familias de los trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). El decreto también establece la relocalización de los trabajadores mineros y prácticamente el cierre de centros mineros, en la perspectiva de su privatización. También pone en suspenso el contrato colectivo, gran conquista social, empujando al trabajador individual a negociar directamente con los patrones. Teniendo en cuenta todo esto, toda la composición del decreto, es importante retener el artículo 72 que institucionaliza el libre cambio.
En un documento de Análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que comprende el análisis contextual de la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada en mayo de 2005, se hace un análisis comparativo con lo que ocurría en la etapa anterior del periodo neoliberal, la del ajuste estructural; el documento comienza estableciendo que:
Las medidas de ajuste estructural aplicadas en Bolivia desde 1985 tenían tres objetivos básicos: redefinir las relaciones laborales, abrir la economía al comercio exterior y modificar el rol del Estado.  Según los técnicos del neoliberalismo estas eran medidas indispensables para terminar con la hiperinflación, superar la crisis económica e iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y bienestar. Desde la aplicación del Decreto Supremo 21060, la liberalización de la economía, las modificaciones al mundo del trabajo y  la estabilidad de los indicadores macroeconómicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron en cumplir.  Sin embargo, y pese a sus esfuerzos, hasta ese momento quedaba como tarea pendiente reducir el papel del Estado en la economía[2].
Debemos retener los objetivos básicos: redefinir las relaciones laborales, abrir la economía al comercio exterior y modificar el rol del Estado, sobre todo abrir la economía al comercio exterior; esto es a la dependencia del mercado internacional, a la dependencia de las condicionantes del mercado exterior, de la división del trabajo establecido por la economía-mundo capitalista. Se puede decir, como dijimos más arriba, que el neoliberalismo afianza nuestra dependencia, la consolida al renunciar a toda otra alternativa que tenga como enfoque una estrategia en función del mercado interno. Otra cosa que debemos retener es la forma de argumentar de los responsables de las medidas, se dice que son indispensables para superar la crisis económica. El costo social del ajuste y las políticas de privatización, llamadas de capitalización, fue alto, lo que repercutió no sólo en resistencias y protestas sino más tarde, del 2000 al 2005, en levantamientos semi-insurreccionales, que llevaron a la caída del régimen neoliberal. Otra anotación que es importante es que la liberalización de la economía, las modificaciones al mundo del trabajo y  la estabilidad de los indicadores macroeconómicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron en cumplir. Esto quiere decir que, desde una perspectiva histórica de las políticas económicas la estabilidad de los indicadores macroeconómicos fue una preocupación constante en los gobiernos, sólo que, en el caso del periodo neoliberal, se convirtieron en los parámetros absolutos de la gestión económica. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Llegamos a salir de esta concepción? ¿Dejamos de reproducir esta consciencia desdichada? En lo que respecta a la condicionante de los indicadores macroeconómicos, sobre todo en el uso que se les da para mantener el equilibrio macroeconómico, podemos decir categóricamente que no; siguen siendo los criterios esenciales que definen los alcances de las políticas económicas desplegadas. Lo que nos lleva a explicar la cautela en lo que respecta a las inversiones, sobre todo las inversiones productivas, que conllevan cierto riesgo. En lo que respecta a la dependencia del mercado internacional, tampoco; quizás ahora más que nunca nuestra dependencia se ha vuelto más condicionante, en tanto y en cuanto se persigue usar el excedente para cubrir la demanda interna y para desarrollar la industrialización, que a su vez genere más excedente que pueda destinarse a cumplir con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Se ha vuelto a convertir al mercado internacional y a la exportación en las condicionantes esenciales del desarrollo. Ahora en lo que respecta a la suspensión de las subvenciones y la liberalización de los precios internos respecto a los precios internacionales, es algo en que nos empezamos a parecer. Esto al margen de si justifique o no la subvención de los combustibles, sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones colaterales de la compra en el exterior y la venta en el mercado interno, sino lo que asombran son las analogías, que de alguna manera transmiten propiedades comunes; en todo caso de lo que se trata es de encontrar salidas distintas a las elaboradas por los neoliberales, las medidas de shock, salidas que no descarguen el problema en la economía y en los cuerpos de los más pobres, de encontrar soluciones que no repitan el formato neoliberal.
El análisis del CEDLA se orienta a hacer una evaluación de la condición de las capitalizadas, separando notoriamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por las características del rubro que le compete, los hidrocarburos. El documento de evaluación establece que lo que ocurre con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a diferencia de YPFB es que sus rubros trabajan bienes “no transables”, es decir bienes que solamente pueden ser comercializados dentro de nuestra economía. Es muy diferente el caso de los hidrocarburos, son bienes “transables” por excelencia, es decir bienes inmediatamente comerciables en el mercado internacional.  El petróleo es una mercancía que tiene mercado asegurado en cualquier parte del mundo y el gas natural se ha convertido en una de las más importantes fuentes de energía para todos los países de la región, también lo son los derivados hidrocarburíferos y aquellos productos que se pueden obtener de su industrialización.  Pero, como veremos más adelante, por los objetivos de las empresas que operan en la industria y por el principio exportador de materias primas que la división internacional del trabajo asignó a Bolivia, la exportación de gas natural y petróleo se hacen sin tomar en cuenta los procesos que pueden aumentar el valor de los hidrocarburos[3].   
El análisis del CEDLA establece que prácticamente estamos condenados por la división del trabajo internacional, la asignación de nuestro rol es ser un país exportador de materias primas, otros van a industrializar estas materias, incluso esto comprende a los países limítrofes de la región. Empero también establecen que podemos salir de esta condena no a través de la inversión de las trasnacionales, que siempre van a querer imponer sus condiciones, las mismas que van apuntar al control de las cadenas productivas, una vez que controlan los mercados, el destinos de los recursos naturales. La solución a este dilema se debe dar a través de un papel activo del Estado, el Estado tendría que hacerse cargo en la inversión de la industrialización de los recursos naturales, pero para esto es indispensable orientar las reservas y los recursos para el cumplimiento de este objetivo y no abandonarlos al mercado internacional. Sin embargo, después de una evaluación de la composición de las direcciones del destino de la explotación de petróleo y gas, sobre todo de este último, del uso que se le da en el mercado interno, CEDLA concluye que se observa la priorización de la exportación, subordinando el desarrollo del consumo de la población y, también, de la industrialización dentro del territorio boliviano[4].
En lo que respecta a la Ley de Hidrocarburos 3058 en comparación con lo que ocurría durante el ajuste estructural, se dice que:
La nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 no modifica esencialmente esta orientación. Todo el andamiaje jurídico mantiene a las empresas privadas como protagonistas en la exportación.  Por ejemplo, esta norma define, dentro del régimen económico general, fomentar la participación del sector privado (nacional o extranjero) en la exportación del gas natural y establece que YPFB participará en esta actividad como agregador y cargador; es decir, como un instrumento  operativo de las empresas privadas que producen los hidrocarburos para el mercado externo.  Aunque esta forma de participación permitirá que el Estado controle el flujo de recursos exportados, en el fondo, los beneficiarios principales de la actividad serán quienes detentan la propiedad de la infraestructura de operaciones, quienes tienen bajo su dominio las reservas del gas natural y del petróleo, quienes controlan los mercados de destino, quienes tienen la facultad para determinar los precios de exportación, o sea  las empresas petroleras transnacionales.
Esta breve evaluación del periodo liberal (1985-2005), incluyendo su etapa crítica, del 2000 al 2005, sobre todo después del 2003, que incorpora ciertas modificaciones como las relativas a la Ley de Hidrocarburos 3058, que se promulga en mayo del 2005, además de contemplar el referéndum sobre los hidrocarburos, es un periodo de dominio de las trasnacionales y de su monopolio sobre los recursos naturales del país, sobro todo los relativos a los hidrocarburos y a la minería.


[1] Braudel, Fernand (2001). El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Fondo de cultura econômica de España. También revisar Civilización material y capitalismo: de los siglos XV hasta el XVIII. Así mismo La historia y las ciencias sociales. La Larga duración.
[2] Documento de analisis de CEDLA de la Ley de Hidrocarburos 3058.
[3] CEDLA: Análisis de la Ley de Hidrocarburos 3058.
[4] CEDLA: Análisis de la Ley de Hidrocarburos