Evaluación de la nacionalización de los hidrocarburos
En este caso el análisis se va concentrar tanto en la interpretación del decreto de nacionalización “Héroes del Chaco” como en la descripción de los alcances de la refundación de YPFB. Lo que interesa es saber si podemos realmente hablar de nacionalización, responder a la pregunta sobre el significado del proceso de nacionalización, entender el mapa de obstáculos y las causas de un estancamiento de este proceso.
El decreto 28.071 “Héroes del Chaco” da comienzo al proceso de nacionalización, supuestamente respondiendo a la Agenda de Octubre elaborada al calor del fuego en plena Guerra del Gas. Para lograr una evaluación de la nacionalización de los hidrocarburos es indispensable pues comprender el contenido y composición de este decreto. Para tal efecto recurriremos a un resumen el decreto. El mencionado decreto establece que:
Todas las empresas petroleras deben entregar la producción de hidrocarburos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de que el Estado asume la comercialización, las condiciones, volúmenes y precios de la industrialización. También se establece que sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones establecidas en la ley. Queda claro que de ahora en adelante los contratos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. Así también que los campos cuya producción es superior a 100 millones de pies cúbicos diarios, entregarían el 82% del valor para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías. Sin embargo, para los campos cuya producción es menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, se mantendrían la actual distribución del valor de la producción. El Estado tomaría el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., PETROBRÁS Bolivia, Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. YPFB convocaría un nuevo directorio y firmaría nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país. Dando comienzo de esta forma al proceso de refundación de YPFB, se procede a la reestructuración integral de YPFB, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.
El decreto “Héroes del Acre” de nacionalización de los hidrocarburos fue el punto de arranque, recibido con mucho entusiasmo por el pueblo, por las organizaciones y movimientos sociales, fue festejado en todo el país. Recordaba a la epopeya de otras nacionalizaciones, la nacionalización del petróleo hecho por el socialismo militar, promulgada por el General José David Toro en marzo de 1937; la nacionalización de las minas, empujada por las milicias obreras al mando de la poderosa la Central Obrera Boliviana (COB) y efectivizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), promulgada por Ernesto Paz Estensoro, presidente de entonces; la nacionalización de la Gulf Oíl, elaborada por el insigne intelectual Marcelo Quiroga Santa Cruz y promulgada por el gobierno nacionalista del General Alfredo Ovando Candia (1969); la nacionalización de la mina Matilde, efectuada y promulgada por el gobierno nacionalista del General Juan José Torres (1970). El ambiente de entusiasmo era tal que parecía que los espectros de todas estas nacionalizaciones se hicieran presentes en la nacionalización de los hidrocarburos del primero de mayo de 2006, nada menos que en el día del trabajador, primero de mayo. Todo esto se daba sin pensar mucho en las diferencias entre los procedimientos, procesos de nacionalización; era la primera vez que una nacionalización, la del 2006, se efectuaba sin expropiaciones; esta nueva forma de “nacionalización” se resume a un cambio de relaciones entre Estado y trasnacionales, un cambio en el reparto del excedente, otorgándole al Estado la mayor parte de los paquetes accionarios. El procedimiento era compra de acciones, modificación de los contrato, nombramiento de directores, convirtiendo a YPFB en una corporación a cargo y control de la cadena productiva y comercial de los hidrocarburos. Esta medida de nacionalización sui generis tendrá que ser sometida a la evaluación de las ventajas o desventajas del procedimiento, de acuerdo a sus resultados y el impacto logrado, en lo que respecta a la soberanía energética, soberanía de los recursos naturales e industrialización.
Haciendo la evaluación del proceso de nacionalización de los hidrocarburos Carlos Arze Vargas, investigador del CEDLA, dice que:
La llamada nacionalización de los hidrocarburos se quedó sólo en la retórica, ya que las condiciones para la producción han empeorado y el Estado no controla ni dirige la dinámica y orientación del sector de hidrocarburos[1].
¿Cuál es el principal argumento? El relativo a la disminución de la producción. En este sentido, se debe tener en cuenta que, en términos de la producción y las exportaciones, el sector de hidrocarburos muestra una reducción paulatina de su tasa de crecimiento en términos reales. Efectivamente, en el período 2006-2009, la tasa de crecimiento de las actividades hidrocarburíferas ha caído constantemente. Mientras en el año 2005 la tasa de crecimiento fue de 14.6%, las tasas de los años siguientes fueron: 4.6%, 5.2% y 2% en 2008, llegando en el año 2009 a una tasa negativa de -13.5%[2].
¿A qué se debe esta situación? Esta circunstancia se debe a que la capacidad del aparato productivo sectorial no se incrementó por la ausencia de inversiones productivas y por la menor demanda externa. La capacidad de producción de gas natural se ha mantenido prácticamente inalterable en el último quinquenio, alrededor de los 42 millones de metros cúbicos diarios. Lo más preocupante es la mayor vulnerabilidad a la que ha sido sometida la provisión de combustibles en el mercado interno. La capacidad de producción de líquidos ha disminuido; se amplía cada año la brecha entre la demanda interna y la producción local de combustibles. Este desfase ha obligado al gobierno a la importación creciente de diesel, gasolina y, recientemente, de GLP para el consumo doméstico.
La conclusión del investigador de CEDLA es que la llamada nacionalización no ha significado un cambio o transformación radical en cuanto a la capacidad del Estado para controlar y dirigir la dinámica y la orientación del sector de hidrocarburos, como correspondería a una verdadera nacionalización. Los resultados que le atribuye el gobierno a sus políticas y su gestión a través de YPFB, no son tales, pues corresponden a la dinámica internacional de las cotizaciones del petróleo, que permitió gozar por varios años de precios excepcionalmente altos y a las normas establecidas por la Ley 3058 de 2005.
Finalmente, las condiciones para la producción de hidrocarburos, tanto para la provisión interna como para la exportación, han empeorado, lo que se traduce en elevadas erogaciones fiscales para la importación de combustibles y estancamiento de la capacidad productiva[3].
La nacionalización a través del procedimiento del contrato de operaciones
En lo que viene analizaremos tres posicionamientos en torno al problema de los hidrocarburos y el balance de la nacionalización, algunos de ellos llegan a hacer una evaluación del gasolinazo, incluso plantean alternativas la medida de shock. Lo que interesa es avanzar en la compresión de la problemática a través de aproximaciones, que den lugar a coberturas que dibujen mapas de alguna manera descriptivos y a partir de ellos identificar nudos explicativos de lo que ocurre. Ciertamente, no se puede tomar los resultados como acabados y definitivos, sino como un primer dibujo problemático.
En el boletín ABDES 01/2011, titulado Hidrocarburos y el vivir bien, la Dirección Nacional ABDES hace una análisis de la situación de los hidrocarburos, particularmente en lo que respecta a la problemática de la subvención, los contratos, la relación con las trasnacionales, la necesidad de generar la producción y el abastecimiento del mercado interno. Lo primero que se aprecia en el documento es que:
En la nueva Constitución se establece que el propietario de los recursos naturales es el pueblo en su conjunto y el Estado es sólo el administrador de éstos. De esta manera se instituye que las decisiones estratégicas y fundamentales sobre el uso y goce de los recursos naturales deben ser adoptadas por el propietario, es decir, por el pueblo, y el administrador, en este caso el Estado, sólo debe cumplir las determinaciones del propietario.
Por lo tanto se le debe consultar al pueblo boliviano sobre las decisiones, las políticas, las medidas y el destino que se tome en relación a la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales. Sin embargo,
Este concepto de avanzada, lamentablemente no ha sido aún asumido ni por el Órgano Ejecutivo ni por la sociedad. Hoy en día YPFB, negocia la venta de nuestros hidrocarburos como si fueran de su propiedad y sin seguir ningún lineamiento o mandato del verdadero propietario. En todo caso, la nacionalización de los hidrocarburos es la que ha de permitir que este valiosísimo concepto constitucional pueda asumirse progresivamente y pueda permitir cambiar el destino del país.
La estimación del valor de nuestras reservas de energía fósil que hace ABDES es de unos 200 mil millones de dólares, tomando en cuenta la información hasta septiembre de 2010. Desde esta perspectiva, considerando esta valorización integral, no debemos contentarnos con recibir dos mil a unos cuatro mil millones de dólares, aunque esto aparentemente sea impactante para los marcos restringidos del tamaño actual de la economía boliviana. Debemos encarar dar saltos cualitativamente significativos, que no sólo valoricen las riquezas naturales sino que retengan el excedente en nuestros territorios, buscando generar efectos multiplicadores en la perspectiva del vivir bien.
Ahora bien, ABDES dice que no está de acuerdo con la subvención y el subsidio, dice que no podemos regalar 500 o 1,000 millones de dólares anualmente a determinados sectores nacionales que comercian con precios subvencionados de gasolina y de diesel legal o ilegalmente. Este es el punto de discusión por lo menos por dos razones; una de ellas tiene que ver con la pregunta del ¿por qué tenemos que reproducir soluciones análogas a las políticas de shock neoliberales? La otra razón tiene que ver con la veracidad y objetividad de tres cosas: el costo real de las empresas trasnacionales en Bolivia, el valor real de la subvención, el valor real de lo que se va por contrabando. En todo caso requerimos de un cálculo científico, aritméticamente responsablemente, como corresponde para poder dimensionar la magnitud real y efectiva de la subvención, así como también del beneficio de determinados intermediarios que comercian la gasolina y el diesel oíl, aprovechando los precios subvencionados y la diferencial con los precios de los combustibles en los países vecinos. Por otra parte no hay que olvidar que también se beneficia con la subvención el grueso de la población, que ante una suspensión de la subvención se va a ver profundamente afectada; el impacto demoledor va a desestructurar el consumo habitual de la población, descomponer la economía popular, sobre todo va afectar dramáticamente a los sectores más pobres y más vulnerables. ¿Qué se puede hacer ante esta eventualidad? Buscar una solución alternativa que no afecte al grueso de la población, sobre todo a los estratos más pobres. Es difícil, requiere imaginación, pero no es imposible.
En las puntualizaciones del documento de ABDES se establece diez consideraciones que hacen de estado de la cuestión y también de recomendaciones. En lo que tiene que ver con el contrato de operaciones se dice:
En los Contratos de Operación firmados seis meses después del Decreto de Nacionalización se ratifica la propiedad del pueblo boliviano de los hidrocarburos se encuentren donde se encuentren, así como de los producidos, se ratifica el derecho de comercialización del Estado, se establece reiteradamente que el Estado dirige y controla las actividades petroleras, y también se establece que las empresas operadoras, en su calidad de prestadoras de servicios, recibirán un único pago por las actividades que realizan, pago que incluye sus costos y su utilidad.
Dos cosas son importantes en esta puntualización, que se ratifica que el pueblo boliviano es el propietario de los hidrocarburos y que las empresas operadoras son prestadoras de servicios, nada más. Esta condición se debería mantener en el conjunto de los contratos, evitando que tengan el control técnico del proceso productivo. La puntualización de ABDES también toca el delicado tema de la subvención de los combustibles, habría que detenerse en su evaluación y en la propuesta que hacen.
Sobre el abastecimiento del mercado interno, como se sabe, se ha tenido serios problemas con abastecer de GLP, diesel y gasolina ¿Cuáles fueron los problemas? Por un lado, tenemos la sostenida baja de la producción nacional debido al agotamiento de algunos campos y/o la disminución de los requerimientos de gas por parte del Brasil, recordemos que con nuestra producción de gas se obtiene una determinada cantidad de petróleo asociado; debido al aumento de la demanda, tanto por razones de crecimiento normal, pero también por la distorsión del consumo generada por los precios subvencionados, como resultado se dio una ruptura entre la oferta y la demanda. Para hallar la solución se debía tomar medidas para incrementar nuestra producción de petróleo, pero adicionalmente se debía sustituir el consumo de diesel, gasolina y GLP por gas natural. En estos tres años no se hizo ni lo uno ni lo otro de manera efectiva, sólo se realizaron conexiones de gas natural y transformación de vehículos de forma limitada y parcial. Es decir, en lugar de que consumamos lo que nos sobra, que es gas natural, consumimos lo que nos falta, diesel, gasolina y GLP. Y, como nos faltan estos productos, los importamos a precio internacional y a continuación, los vendemos en el mercado interno a precio subvencionado, y como está subvencionado el precio, resultamos no sólo subvencionando el mercado interno, sino también, a través del contrabando, subvencionando con energía barata a nuestros vecinos.
Lo de moverse en las reglas de la oferta y la demanda me parece muy parecido a los razonamientos neoclásicos, como si no hubiera otras lecturas, como si no pudiéramos ver lo que hacen las trasnacionales en el mundo, imponiendo precios de monopolio, controlando monopólicamente el mercado, distorsionando efectivamente los precisos, induciendo precios inflacionarios. Esta recurrencia a la oferta y la demanda es inocente, obvia la crítica de la economía política en las condiciones del actual dominio del capital financiero, de la crisis estructural del capitalismo y de la crisis energética. De todas maneras, es importante retener las soluciones concretas: Para hallar solución se debía tomar medidas para incrementar nuestra producción de petróleo, pero adicionalmente se debía sustituir el consumo de diesel, gasolina y GLP por gas natural. En estos tres años no se hizo ni lo uno ni lo otro de manera efectiva, sólo se realizaron conexiones de gas natural y transformación de vehículos de forma limitada y parcial. Es decir, en lugar de que consumamos lo que nos sobra, que es gas natural, consumimos lo que nos falta, diesel, gasolina y GLP. Las preguntas son entonces: ¿Por qué no se incremento la producción? ¿Por qué no se sustituyó el consumo de dieses, gasolina y GLP por gas natural? Estas preguntas hay que responderlas honestamente, claramente y técnicamente. No encubrir la falta de respuestas con echar el problema a la subvención, a la diferencial de precios internacionales, al contrabando. Pues esta manera de eludir la problemática no va justificar nunca que se descargue al pueblo el peso de los problemas no solucionados; el pueblo ha hecho su parte, ha luchado durante seis años contra el modelo y el régimen neoliberal, ha elaborado una Agenda de Octubre como mandato a los gobernantes, la que exige la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos, ha abierto un horizonte, el del Estado plurinacional comunitario y autonómico y ha logrado iniciar el proceso de descolonización, por lo menos en su forma simbólica, llevando a la presidencia a un líder indígena. En reciprocidad, lo que corresponde ahora, es cumplir con la Agenda de Octubre y con la aplicación consecuente de la Constitución Política del Estado, es hacer que las formas de gobierno sean radialmente distintas, participativas, mediante la ejecución de la democracia participativa, que la soluciones sean creativas y transformadoras, que se ataque a la estructura de desigualdades, que se descargue el problema a las trasnacionales, que son las que más ganan y realmente están “subvencionadas” por el Estado. Por otra parte, como dijimos, se requiere evaluar los costos reales de su producción, no los costos informados por las trasnacionales, hablamos de considerar los costos promedio internacionales; mediante esta valoración objetiva podremos ver que son las empresas trasnacionales las que ganan exorbitantemente, particularmente si tenemos en cuenta el control monopólico que detentan sobre los mercados. Lo grave es que el gobierno les crea y difunda sus mismos datos. Al respecto, ya Juan Carlo Virreira, el delegado de Revisión de la Capitalización del gobierno de Carlos Meza, develó los verdaderos costos de las trasnacionales y las enormes ganancias que se llevan. El delegado fue inmediatamente obligado a renunciar por el entonces presidente de la república Carlos Meza, por presión de las trasnacionales, para luego sufrir un extraño accidente de aviación, en el cual falleció[4].
Hay otras propuestas concretas, una sobre exploración y otra sobre explotación, que son importantes anotar, para evaluar las causas de la crisis del gasolinazo. En la séptima puntualización del documento mencionado se dice:
En cuanto a la exploración es tarea nacional establecer, lo antes posible y con la mayor precisión posible el verdadero potencial hidrocarburífero de nuestro país; ya no se trata de la visión desde la óptica de las empresas privadas, de buscar hidrocarburos sólo cuando tienen mercados asegurados y cuando la ganancia les es tentadora; desde la perspectiva estatal se trata de saber cuán grande es nuestra riqueza para poder planificar y definir de forma adecuada su uso.
Este cálculo es importante, llamaremos a esto la soberanía del cálculo. Se dice que este cálculo depende de la metodología empleada, que por esta razón varía, dependiendo de las condiciones y las características metodológicas. Sin embargo, esto todavía suena a retórica semicientífica; de lo que se trata, en realidad, es de los intereses de las trasnacionales que controlan directamente o indirectamente las reservas de los recursos naturales del mundo, sobre todo de las reservas hidrocarburíferas. ¿Estaremos en condiciones de realizar este cálculo? ¿Por qué no? ¿No hemos apostado a tomar el cielo por las armas? ¿Dónde está la fuerza de este ímpetu? ¿Por qué nos hemos vuelto dóciles a los requerimientos de las trasnacionales? ¿Dónde está la imaginación y el imaginario radicales?
En lo que respecta a la explotación, la puntualización octava establece que:
En cuanto a la explotación de hidrocarburos, desde la perspectiva de una política estatal se deben definir los volúmenes de producción de los campos de acuerdo al interés nacional. Actualmente cada empresa produce más o menos lo que puede o lo que quiere sin que YPFB o el Estado tengan una clara perspectiva de cuáles son los caudales óptimos y máximos de producción que puede alcanzar cada campo; en todo caso lo fundamental en este tema es que la nueva política estatal de hidrocarburos signifique primero que el Estado tiene el control total de este tema y segundo que sus definiciones sean sólidamente fundamentadas.
Después de leer esto la pregunta que se nos viene es ¿en qué quedó la nacionalización? ¿Qué controlamos si no controlamos la definición de los volúmenes de producción? El documento deja claro que en todo caso lo fundamental en este tema es que la nueva política estatal de hidrocarburos signifique primero que el Estado tiene el control total de este tema y segundo que sus definiciones sean sólidamente fundamentadas. Si nos detenemos en las dos últimas puntualizaciones, el balance y la evaluación se vuelven calamitosos, nos muestran que el proceso de nacionalización se ha estancado en el acto inicial. No ha podido proseguir adelante con el control efectivo y técnico de toda la cadena productiva y comercial, y lo que es peor, que todavía mantenemos relaciones de subordinación con las trasnacionales. Por lo tanto es menester no solamente hacer un análisis y evaluación crítica del proceso de nacionalización, sino que se requiere urgentemente sobre todo reconducir todo el proceso de transformaciones, particularmente, en este caso, del proceso de nacionalización.
La última puntualización de ABDES es problemática, como adelantamos, pues supone taxativamente que no debería haber subvención ni subsidio. Revisando lo que ocurre en el mundo, incluyendo a los países del norte, los que encabezaron en su momento la expansión del proyecto neoliberal y la globalización, vemos que subvencionan y subsidian, por ejemplo en lo que respecta a la producción agropecuaria, compitiendo en el mundo con ventajas comparativas, precisamente por este subsidio estatal. ¿Se puede ser más papistas que el papa? ¿Más neoliberales que los neoliberales? ¿Se puede generalizar esta hipótesis y hacerla efectiva, la de que no debería haber subvención ni subsidio? Creo que lo que se manifiesta en esta puntualización es que no se ha hecho el análisis crítico integral de la participación de las trasnacionales en el mundo y de las formas efectivas de realización de los mercados, estructurados mas bien por los monopolios y no por la oferta y la demanda, no por el dejar hacer y el dejar pasar.
¿Propuestas alternativas?
¿Hay propuestas alternativas al gasolinazo? Antes de afirmar que las hay, es indispensable conocer y cotejar las propuestas que se han hecho considerando alternativas al decreto en cuestión, es decir a la suspensión de la subvención a los combustibles.
En una entrevista de el diario La nación de Argentina, el economista Juan Carlos Zuleta aseguró que el costo de producción de un barril de petróleo en Bolivia no alcanza ni siquiera a los 5 dólares, por lo que se infiere que las compañías extranjeras estarían obteniendo utilidades, y no pérdidas, cuando el Estado les paga sobre la base de la cotización del barril de petróleo a 27 dólares[5]. Según la información gubernamental, las petroleras que operan en Bolivia reciben del Estado boliviano algo más de 10 dólares por barril de petróleo. Este monto sería suficiente, según las cifras de Zuleta, para que las compañías puedan cubrir sus costos de producción y lograr importantes utilidades. Ante la pregunta de qué debería hacer el gobierno boliviano, el entrevistado por La nación dice: En el corto plazo, exigir el cumplimiento de los contratos de operación que contemplan en ciertos casos la obligatoriedad de las petroleras transnacionales de realizar inversiones en exploración en yacimientos que contienen petróleo. Nada más ni nada menos que el cumplimiento de los contratos que firmaron. ¿Por qué no hizo esto el gobierno? Peor aún, ¿Por qué las empresas no cumplen con sus contratos? ¿No deberían ser sancionadas por este incumplimiento? ¿Qué poder tienen las trasnacionales para transgredir los contratos? Este es el meollo del problema y no la subvención que fue realizada durante toda la primera gestión del gobierno. Parece que no nos hemos librado de las redes de las trasnacionales, ¿necesitamos una segunda nacionalización? Lo que queda claro es que se requiere profundizar el proceso de nacionalización, sobre todo en lo que respecta al control técnico de toda la cadena productiva y comercial. Aunque no se tenga el monopolio de los mercados es indispensable valorizar la composición y el contenido cualitativo de lo que se vende, sobre todo del gas, que contiene componentes húmedos como el gas licuado de petróleo (GLP), gasolinas naturales y otros componentes usados en petroquímica. Desde este punto de vista es indispensable cobrar a PETROBAS lo que corresponde, cobrar alrededor de 720 millones de dólares más por la obtención de estos componentes[6]. El entrevistado observa que es indispensable el cambio de matriz energética:
En el mediano y largo plazo, el gobierno deberá encarar con decisión el cambio de la matriz energética para primero reducir y luego eliminar el uso del diesel en el parque automotor. Recientemente el gobierno ha descubierto que los kits de conversión vehicular de motores a gasolina a gas natural no funcionan en el caso de motores diesel. Esto le llevó a concluir que la solución ya no pasa por introducir kits de conversión, sino por cambiar los motores de los vehículos. Esta solución podrá ser relativamente barata, pero dudo mucho que sea adecuada y sostenible en el tiempo. Considero que el gobierno no debería descartar la posibilidad de importar vehículos de transporte público a gas natural nuevos, a tiempo de acordar con los fabricantes un proceso gradual de transferencia tecnológica para que en el curso de los próximos 10 años Bolivia pueda primero ensamblar y luego producirlos. Y se debería añadir un plan completo de exploración de hidrocarburos, estableciendo reglas claras e incentivos para las empresas transnacionales interesadas.
Lo importante del planteamiento es el cambio del modelo energético; ¿cómo hacerlo? ¿Gradualmente? Sin embargo, hay premura dada la situación en la que se encuentra la relación compleja entre la demanda del mercado interno y la demanda del mercado externo, sobre todo regional. Quizás se tenga que hacer los mayores esfuerzos para lograrlo al más corto plazo, pues se trata de depender de lo que producimos y evitar comprar en el exterior lo que no producimos. Por otra parte es indispensable encarar agresivamente un programa ambicioso de plantas de separación y de instalaciones de industrialización de los hidrocarburos. Programa que debería estar incluido en el marco de una planificación integral y participativa de la economía plural, articulada y complementaria, encaminada hacia la economía social y comunitaria. El otro consejo también es importante tomarlo en cuenta dada la dificultosa experiencia en los kits de conversión vehicular de motores a gasolina a gas natural, primero porque esta conversión ha resultado lenta y limitada, segundo porque no funciona en el caso de los motores diesel. De lo que se trata es de cambiar los mismos motores; esta solución pasa por importar, después por ensamblar en la perspectiva de producir vehículos que funcionen a gas natural.
Sin embargo, el problema más complicado a mediano y largo plazo parece ser el de la exploración; ¿cómo aumentar las reservas? Sabemos que la relación delimitadora en estos cálculos es la que se da en la composición de la reservas probadas, probables y posibles, que los cálculos van a depender no sólo de las metodologías empleadas sino de lo que se resuelva de lo que son probadas, probables y posibles, siendo lo más importante para al mercado internacional y para el sistema financiero la magnitud de las reservas probadas. Pero, este cálculo tiene que hacerse no en función de los intereses de las trasnacionales ni depender de cuando estén las reservas vinculadas a mercados seguros. El Estado boliviano requiere tener certeza del alcance de las riquezas naturales que se encuentran en sus territorios, sobre todo, en este caso particular, de la magnitud de los recursos hidrocarburíferos. Para lograr estos objetivos son indispensables las exploraciones, las mismas que suponen grandes riesgos y por lo tanto requieren grandes inversiones. ¿Cómo se hace esto? ¿Dependemos nuevamente del capital de las trasnacionales? Nunca debemos olvidar que estas empresas siempre van a imponer sus condiciones para la realización de sus inversiones. ¿Cómo hacer que estas inversiones no atenten contra la soberanía económica, la soberanía energética y la soberanía sobre los recursos naturales? Los parámetros están establecidos en la Constitución Política del Estado. YPFB puede establecer contratos de servicio con empresas privadas para cumplir con las tareas de exploración y explotación, manteniendo siempre intacta la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales y la administración del Estado, además del control de toda la cadena productiva y comercial por parte de YPFB[7]. Pero, ¿Qué pasarían si las empresas trasnacionales no quieren hacerlo, exigen otras condiciones atentatorias y violatorias de la Constitución o, definitivamente, boicoteen por distintos medios? El camino que queda es la inversión estatal o buscar otro tipo de alianzas o de sociedades.
Ahora tocaremos la propuesta de la Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA), que propone sustituir los hidrocarburos líquidos por gas natural en la matriz energética de Bolivia, eliminar la “subvención” de GLP y gasolina a PETROBRAS; con esto Bolivia percibirá aproximadamente unos 720 millones de dólares cada año hasta el 2019, suficientes para detener el gasolinazo e implementar programas de desarrollo. Propone también nacionalizar verdaderamente el sector de hidrocarburos para que YPFB se haga cargo de la producción de carburantes baratos, pues el costo de producción de 1 barril de petróleo en Bolivia es de un dólar y no 27 ni 59 dólares por barril, tal como se ha afirmado oficialmente. En lo que respecta a la sustitución de la matriz energética se dice que:
Para la sustitución de la matriz energética es necesario asegurar las reservas del Sararenda (Camiri) únicamente para el pueblo boliviano y construir un gasoducto para transportar alrededor de 20 millones de metros cúbicos de gas natural por día (al Brasil se exporta 32 y a la Argentina-Chile se pretende exportar 27). Con este energético, el ama de casa en vez de gastar Bs. 22.5 erogará sólo Bs. 8 sin reducir el número de comidas que prepara diariamente y paralelamente el Estado eliminará la subvención al GLP. Por el otro, al reemplazar 1 litro de gasolina por un metro cúbico de gas, el transporte recorrerá el mismo número de kilómetros con un costo de Bs. 1.66 en lugar de Bs 3.74 y por supuesto mucho menos a los Bs. 6.45 que buscaba cobrar el gobierno con el “gasolinazo”. En este sentido, la utilización masiva del gas natural permitirá la industrialización del litio de Uyuni y los recursos mineralógicos de Oruro y Potosí, y el desarrollo de la industria en El Alto, además incentivará actividades generadoras de empleo a partir de la masificación del turismo, ampliación de los cultivos de quinua y de la ganadería de los camélidos[8].
Como se puede ver hay coincidencias en la propuesta de cambio de matriz energética, también hay coincidencias con la estimación de los costos reales de explotación y producción de hidrocarburos. Por otra parte se propone eliminar paulatinamente la subvención al GLP. Así mismo se concibe la utilización masiva del gas natural con el objeto de industrialización del litio y los recursos mineralógicos, además de tener en cuenta la instalación de una planta industrial en El Alto. Se hace también una propuesta concreta, específica, de carácter estratégico, haciendo uso de la propiedad del pueblo boliviano y el monopolio soberano sobre los recursos hidrocarburíferos: asegurar las reservas del Sararenda (Camiri) únicamente para el pueblo boliviano y construir un gasoducto para transportar alrededor de 20 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Lo que hay que tomar en cuenta es la utilización masiva del gas con el objetivo de la industrialización y el control concreto, geográfico, geológico, técnico del campo Sararenda, destinado para el consumo productivo y doméstico del mercado interno. Esto es importantísimo, pues recordemos lo que dijo el pueblo cuando se opuso movilizadamente a la exportación de gas por Chile: ¿por qué exportar para que ganen otros, contando con los efectos multiplicadores y los precios internacionales, y no más bien quedarnos con el gas para consumo productivo interno en la perspectiva de la industrialización? La pregunta que nos hacemos entonces ahora, después de la cruda experiencia de la crisis del gasolinazo, es: ¿Por qué el gobierno no ha salido de una mirada exportadora y extractivista?
Otra alternativa al gasolinazo es sugerentemente la anulación de la “subvención” a PETROBRAS. Se dice que desde 1999, PETROBRAS exporta gas boliviano a los centros industriales de Brasil con componentes húmedos (Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas naturales y otros componentes utilizados en la petroquímica) por los cuales paga como energéticos y no como GLP y gasolina que tienen mayores precios. Si el gobierno le cobraría a la transnacional los precios que buscó imponer a los bolivianos, de Bs. 6.47 por litro de gasolina y de Bs. 67.5 por una garrafa de 10 kilos de GLP, que se van con el torrente de gas, el país cobraría 720 millones de dólares anuales adicionales por estos licuables. Es decir, dos veces lo que se proyectó gastar con la subvención durante esta gestión. La transnacional PETROBRAS se lleva del país junto al gas gasolina natural cuyo costo es de Bs. 0.98 por litro y lo expende en el Brasil en un promedio de Bs. 10.9 por litro porque lo separa. En el caso del GLP, recibe una garrafa del mismo por Bs. 9.56, mientras el ama de casa boliviana paga Bs 22.5 y en tierra carioca su costo fácilmente llega a los Bs. 80.
Esto sí que está grave. ¡Subvencionamos a PETROBAS! Esta situación nos lleva inmediatamente a la figura no sólo de las trasnacionales, de su monopolio y control directo o indirecto de los recursos naturales, con su consecuente manipulación económica, sino a la acumulación por desposesión, de la que hablamos más arriba. No nos olvidemos que PRETROBAS es en realidad una empresa privada, el Estado brasilero sólo controla el 30% de las acciones. Entonces estamos ante una figura peligrosa de subordinación a los intereses de lo que aparece, en la geopolítica de Sudamérica, como la imagen de un subimperialismo brasilero. ¿En qué se ha caído? En la supeditación no sólo a la acumulación ampliada y por desposesión de la economía-mundo capitalista, sino a la de la dominación económica de una potencia emergente regional. Por lo tanto el proyecto de desarrollo está supeditado al desarrollo del dominio económico brasilero, de la burguesía brasilera, aliada al capital financiero y a las grandes corporaciones trasnacionales que dominan el mundo.
La tercera alternativa al gasolinazo por parte de UNADERENA es contar con reales costos, esto es verdaderos costos de producción de un barril de petróleo. El gobierno, salvando de su responsabilidad a las empresas petroleras por el artero “gasolinazo”, asegura que en el país la producción de un barril de petróleo oscila entre los 58 y 60 dólares, un precio casi diez veces superior a la media internacional de 5.6 dólares, 58 veces el costo de producción conseguido en Bolivia, hecho ampliamente demostrado a finales del 2003 por el Delegado de la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, quien posteriormente fue renunciado por Carlos Mesa por presión de las transnacionales.
¿Cuáles son los costos reales de las empresas trasnacionales? Este es uno de los secretos mal guardados; en todo caso no son superiores a los costos promedio internacionales. En el caso del petróleo se dice que no supera a los 5 a 6 dólares el barril. ¿Qué pasa con el gas? La situación no puede ser tan diferente como acontece con el petróleo. Cuando hizo su estudio Juan Carlos Virreira demostró que por cada dólar que invierten las trasnacionales se llevan 7 u 8 dólares. Estamos en la economía de los hidrocarburos, negocio altamente lucrativo. ¿De dónde sale el cuento de que las empresas trasnacionales son víctimas? Esta es la manipulación comunicativa y publicista de las trasnacionales, sobre todo en los países de la periferia del capitalismo. ¿Por qué los gobiernos se prestan a estas maniobras? ¿Cuál es la relación entre los gobiernos y las trasnacionales en la periferia del capitalismo? ¿Qué clase de redes de poder se forman? Este es un tema de los más estudiados, empero no resueltos, que terminan reapareciendo recurrentemente en distintos contextos, escenarios y coyunturas.
Como se puede ver, las propuestas alternativas no se han dejado esperar; si bien es cierto que hay que cotejarlas, no dejan de ser importantes a la hora de contrastar percepciones y datos, esto es indispensable para interpretar adecuadamente la crisis del gasolinazo y lo que ha destapado la crisis misma, además de tratar de evaluar los alcances de la crisis.
Pasando a otra propuesta que hay que cotejar, tenemos otra más, la del candidato por el MAS a una de las circunscripciones de Tarija. En una ayuda memoria de Jorge Blacud que titula Temas para la reconducción de la agenda hidrocarburífera, se escribe lo siguiente:
La incompleta nacionalización de los hidrocarburos ha tenido como resultado una disminución de la producción nacional de petróleo; como consecuencia se importa combustibles extranjeros a precios internacionales, ahondando la dependencia económica, creando desequilibrios macroeconómicos y debilitando la soberanía del Estado Plurinacional. En este sentido, se propone reenfocar la discusión sobre la actual crisis petrolera hacia el imperativo de incrementar la producción nacional[9].
En este caso se considera que el proceso de nacionalización no ha concluido, ha quedado como al principio, atrapado en el complot y boicot de las trasnacionales, como veremos adelante. Por otra parte queda en evidencia nuevamente nuestra dependencia, que desde nuestro punto de vista no solamente es económica. Hay que volver a analizar estos temas desde el punto de vista de la geopolítica del sistema-mundo y de la economía-mundo capitalista. El otro punto importante es la tarea de incrementar la producción del país y ciertamente hacerlo desde otro enfoque, menos cuantitativista y más cualitativo, sin dejar de medir ni conmensurar. Los puntos que pone en discusión Jorge Blacud son ocho:
1. YPFB cuenta con insuficiente capacidad de explorar y producir combustibles.
2. YPFB no tiene el control sobre sus dos empresas subsidiarias.
3. YPFB no tiene el poder de obligar a PETROBRAS y REPSOL que produzcan más.
4. Existe la condición de un cartel petrolero, es decir un monopolio del negocio del gas.
5. La cuantificación de las reservas de gas ha sido distorsionada.
6. La lógica racional de la explotación de los reservorios por parte de las empresas extranjeras consiste en la maximización de utilidades.
7. Debilidades de la actual Ley de Hidrocarburos-Nueva Ley de Hidrocarburos.
8. La idea de mini gasolinazos puede ser más devastador para los pobres.
Tratando punto por punto estos pormenores, tendremos una idea de la somera evaluación. En relación al primer punto se dice que:
YPFB cuenta con insuficiente capacidad de explorar y producir combustibles para satisfacer la demanda interna, sea por incapacidad técnica o corrupción solapada. Cuando se habla de corrupción solapada se plantea la posibilidad de un complot, sabotaje, o conspiración para que YPFB no funcione. No es posible que en casi seis años del nuevo YPFB no tengamos una estructura capaz de explorar y perforar para producir petróleo crudo. Es inaudito que los emprendimientos serios para separar los licuables del gas no se hayan concluido y tienden a fracasar por uno u otro motivo.
Cuando se habla de la posibilidad del complot, sabotaje o conspiración para que YPFB no funcione, se apunta directamente al poder de las trasnacionales, a la estructura de poder de estas empresas basada en determinados monopolios; el monopolio del capital, el monopolio de los mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio comunicacional y la posibilidad de la coerción internacional. Se hace evidente que estos monopolios han funcionado en relación a la flamante empresa refundada de los hidrocarburos YPFB. En otras palabras, las empresas firmaron los contratos pero hicieron lo imposible por no cumplirlos, recurriendo al boicot silencioso y minucioso, casi imperceptible, sobre todo en temas que no les convenía; claro está en todo lo que implica inversión.
En relación al segundo punto, podemos constatar que se trata tanto del control efectivo como de perspectivas diferentes. Las trasnacionales tienen su mirada en el mercado internacional en tanto YPFB tiene la responsabilidad de cubrir el mercado interno y de conectarse con otras empresas estatales en las tareas de industrialización de los hidrocarburos. La ayuda memoria establece que:
YPFB no tiene el control sobre sus dos empresas subsidiarias, Chaco y Andina, por lo que las decisiones en estas empresas responden estrictamente a las leyes del mercado, es decir operan basadas en precios internacionales y no en verdaderos costos nacionales. La empresa estatal plantea una visón diferente en relación a lo que sería una privada, no significa que tenga perdida ni ineficiencia, sino que su estructura de costos y utilidades se basan en el mercado interno. Con tal motivo es necesario tener el control total 100% para que se tenga una verdadera empresa estatal y empiece a producir petróleo crudo satisfaciendo la demanda interna.
La pregunta que vine directamente es ¿porqué Chaco y Andina imponen su punto de vista? ¿Acaso no son subsidiarias? ¿De qué modo ejercen su poder e invierten la relación jerárquica con la casa matriz? ¿Por qué conservaron su poder de presión incluso después de su nacionalización, efectuada por medio de la compra de la mayoría accionaria y el nombramiento de sus directorios? ¿Qué es entonces ejercer la dirección integral de toda la corporación de YPFB? Para lograr esto se requiere de una ingeniería transversal que articule todo los aparatos y equipo técnicos, para lograr esto se requiere de una reingeniería completa en toda la corporación. Esto también significa compartir las concepciones, las estrategias, las voluntades y las políticas no sólo de la corporación sino de la propia Constitución Política del Estado. ¿Qué estamos nacionalizando? ¿Se trata de nacionalizaciones simbólicas, nominales, fuera de ser incompletas? Este es el núcleo del problema. ¿Ha habido nacionalización?
Fuera de las subsidiarias Chaco y Andina, hablamos de PETROBAS y REPSOL. ¿Qué pasa con estas empresas? No podemos obligarlas a cumplir con los contratos. ¿Por qué? Sobre todo por la gravitación del mercado internacional, pero además se trata de empresas que responden a sus propias lógicas, a sus lógicas organizacionales, a las lógicas de sus propias redes, pero también a las lógicas comerciales establecidas; hablamos de una especie de geopolítica comercial regional. Los destinos de los flujos comerciales ya están articulados a centros de gravitación que tienen sus propias formas de transformación y crecimiento económico. Nuevamente constatamos nuestra condena a ser país exportador de materia prima y en tanto tal nuestros recursos se encuentran ya enajenados, atrapados en la perversa división del trabajo mundial. ¿Qué hacer contra estas condicionantes impuestas? Una cosa debe quedar claro que no se puede realizar transformaciones económicas si no están vinculadas a políticas emancipadoras. La programación económica, la planificación económica, de una empresa nacionalizada no puede estar desconectada de la proyección política transformadora, que quiere hacer saltar en pedazo las dependencias. No se trata sólo de un circunscrito trabajo técnico sino también se trata de un trabajo creativo, producente, liberador, por lo tanto político. Esto no quiere decir que se desmerezca el trabajo técnico, al contrario, se trata de darle una dimensión resolutiva del tamaño de los desafíos que debe enfrentar.
A propósito valdría la pena contar una anécdota para ilustrar lo que se dice. Hace un tiempo, creo que fue por el año 1973, estando en Paris, fuimos a escuchar al escritor Ernesto Sabato. Nos encontrábamos varios estudiantes, perdidos en un enorme salón habitado por extendidas mesas. En ese espacio Sabato nos preguntó en qué se diferenciaba un cosmonauta de la URSS y un astronauta norteamericano. Nadie supo contestarle, pues ambos se parecían. Creo que hay una clave en esa pregunta que puede resumirse en la siguiente reflexión, este parecido es lo que hizo caer a la Unión Soviética. No se trata de imitar la técnica del otro, de lo que se trataba era de resolver técnicamente los problemas de la transición socialista, cosa que no se hizo. Se terminó con la mímesis de un capitalismo sin burguesía, sin embargo, con una inmensa burocracia.
YPFB no tiene el poder de obligar a PETROBRAS y Repsol que produzcan más. Para estas empresas no es atractivo el precio de 27.1 $us. barril crudo de petróleo, cuando el precio internacional está alrededor $us.90 x barril. La demanda de crudo interna es tan pequeña con respecto a sus otros negocios internacionales o la exportación de gas, que no se preocupan en satisfacer el mercado interno a no ser que se equiparen las condiciones de producción a precios internacionales. Esta es la perspectiva de las empresas petroleras privadas, que no responden a un verdadero interés nacional. Otro aspecto que se debe actualizar es el análisis comparativo del sector en el cual algunos expertos han establecido que los costos de producción de gas y petróleo estarían muy por debajo al promedio mundial y que las probabilidades de éxito en exploración muy por encima al promedio mundial. No se debe olvidar que la mayoría de los pozos actuales en producción fueron descubiertos por el viejo YPFB con una estructura de costos que sería ridícula para las petroleras internacionales operando en Bolivia.
Ciertamente el problema de la exploración es grande, es más difícil comprometer la inversión en este terreno por los riesgos que entran en juego. Sin embargo, a estas alturas del partido hay experiencia acumulada, tecnología avanzada, manejo y conocimiento de los mapas geológicos del mundo. Los riesgos son distintos en comparación con los del siglo pasado, han aminorado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los probables éxitos de la exploración en Bolivia se encuentran por encima del promedio mundial. Sin embargo, estas cosas no se toman en cuenta a la hora de establecer reglas claras con las empresas trasnacionales. O, si en el caso de que se las tomaran en cuenta, las empresas privadas se darían las mañas para imponer sus condiciones.
La siguiente puntualización es más concreta y apunta a una explicación de las estructuras de poder en el rubro de los hidrocarburos, de cómo funcionan los monopolios y cómo terminan influyendo regionalmente, como terminan condicionando un dominio territorial.
Existe la condición de un cartel petrolero, es decir un monopolio del negocio del gas, donde los que conforman este cartel principalmente son PETROBRAS y REPSOL. El juego consiste en tener control y evitar que aparezca competencia, siendo ellos mismos los que producen en Bolivia y compran al otro lado de la frontera. En la conformación de este cartel se han levantado obstáculos a la entrada de otras empresas internacionales para exploración y producción de hidrocarburos en Bolivia.
PETROBRAS Y REPSOL controlaron la mayor parte de las reservas, de la producción y de la comercialización durante el periodo neoliberal, ahora, después del decreto “Héroes del Acre” y de la firma de los contratos de operaciones, si bien no controlan directamente lo hacen por mediación y funcionamiento de toda la organización, aparatos y equipos técnico que manejan, lo hacen a través del monopolio del capital, el monopolio tecnológico y el monopolio de los mercados. Desde la perspectiva del sistema financiero y del mercado internacional no sería insólito esperar que las reservas bolivianas aparezcan como parte del control territorial de estas empresas. Tampoco es descabellado suponer que el monopolio de estas empresas termine condicionando la presencia de otras empresas en lo que respecta a la exploración y explotación. Sin embargo, queda claro que la presencia condicionante y monopólica de las empresas trasnacionales impide el desarrollo de YPFB.
Algo inquietante en la coyuntura, teniendo en cuenta la perspectiva de la refundación de YPFB, el proyecto de industrialización y la necesidad de contar con excedente para sostener el cambio de modelo económico, es la certificación de las reservas. Lo que los medios de comunicación empresariales han explotado es precisamente la sorpresiva disminución de las reservas hidrocarburíferas, sobre todo las relativas al gas. Se dice que la disminución pasó de 54 TCF probados, probables y posibles a 9 TCF probados, lo que no es del todo contrastante sino mas bien parecido si consideramos la diferencia entre reservas probadas, probables y posibles. Sin embargo, en este caso, no puede explicarse esto por la disminución debida a la producción y la transferencia de flujos a los mercados regionales, tampoco sólo al descuido en lo que respecta a mantener la exploración, sino a problemas metodológicos de cálculo, vinculado a los intereses de las trasnacionales y sus juegos especulativos y financieros.
La cuantificación de las reservas de gas ha sido distorsionada por la prensa y las petroleras. Claramente en este punto hubo una estafa por parte de REPSOL con complicidad de la anterior certificadora, inflando la cantidad de reservas probadas con el fin de inscribirlos como activos de la empresa en las bolsas internacionales de valores. El gas no se esfumó sino que cambiaron las cantidades dentro de las clasificaciones de posibles, probables y probadas.
Un problema técnico mayúsculo que tiene que ver con la forma de explotación de los reservorios es el que tiene que ver con el manejo de las plataformas, pues esto puede redundar negativamente y destructivamente en las posibilidades de explotación a mediano y largo plazo. Este es un tema de suma importancia debido a que tiene que ver con la insaciable rentabilidad de las empresas y su capacidad destructiva de los yacimientos. Es aquí, en estos temas, en estos lugares, donde se deben establecer reglas claras en defensa de de una explotación coherente y en el marco de la soberanía y los intereses del Estado.
La lógica racional de la explotación de los reservorios por parte de las empresas extranjeras consiste en la maximización de utilidades. Esto se traduce en un manejo de plataformas en el cual se extrae el gas más rico, dejando en el subsuelo grandes cantidades de gas cuyo costo de extracción es más elevado. En consecuencia la recuperación porcentual del reservorio en el tiempo es baja. Se debe establecer una plataforma que toma en cuenta todos los elementos geológicos del reservorio, impuestos, leyes, etc. con el objetivo de maximizar los ingresos del Estado a través del tiempo, incluyendo el costo de oportunidad diferenciado por mercado para la determinación del precio del gas que vayamos a exportar.
Quedan dos puntos; uno de ellos tiene que ver con las debilidades de las leyes de hidrocarburos, la antigua y la nueva. Estas debilidades están relacionadas con que la leyes no logran establecer la normativa adecuada para un total control del comercio hidrocarburíferos.
Debilidades de la actual Ley de Hidrocarburos-Nueva Ley de Hidrocarburos. La ley 3058 fue negociada cuando el MAS no era gobierno por lo que se tuvo que hacer varias concesiones, que ocasionan a no tener el control total del negocio hidrocarburífero. Esta debilidad estructural debe ser analizada.
El último punto llama la atención ante la eventualidad de minigasolinazos. El documento es explícito al respecto:
La idea de mini gasolinazos puede ser más devastador para los pobres que el decreto 748, ya que esto implicaría varios efectos multiplicadores inflacionarios que serían repetidos exponencialmente y aprovechados por la especulación.
Además sugiere una alternativa:
Una alternativa podría ser establecer un impuesto en otro sector de la economía, que afectaría en menor medida a la canasta familiar, pero cuya recaudación iría a compensar en alguna medida la subvención de combustibles.
[1] Carlos Arze Vargas, Economista y responsable de la Unidad de Políticas Públicas Del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
[3] Ibídem.
[4] En un comunicado de UNADERENA se escribe lo siguiente: El gobierno Morales para salvar de responsabilidad a las empresas petroleras por el artero “gasolinazo” asegura que en el país la producción de un barril de petróleo oscila entre los 58 y 60 dólares, un precio casi diez veces superior a la media internacional de 5.6 dólares, 58 veces el costo de producción conseguido en Bolivia, hecho ampliamente demostrado a finales del 2003 por el Delegado de la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira (+), quien posteriormente fue renunciado por Carlos Mesa por presión de las transnacionales.
[6] UNADERENA escribe que desde 1999, Petrobras exporta gas boliviano a los centros industriales de Brasil con componentes húmedos (Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas naturales y otros componentes utilizados en la petroquímica) por los cuales paga como energéticos y no como GLP y gasolina que tienen mayores precios. Si el gobierno de Evo Morales le cobraría a la transnacional los precios que buscó imponer a los bolivianos, de Bs 6.47 por litro de gasolina y de Bs 67.5 por una garrafa de 10 kilos de GLP, que se van con el torrente de gas, el país cobraría 720 millones de dólares anuales adicionales por estos licuables. Es decir, dos veces lo que se proyectó gastar con la subvención durante esta gestión.
[7] Constitución Política del Estado: Artículo 362. I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado.
[8] La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA): UNADERENA plantea tres alternativas al “gasolinazo”.
