La guerra de la
Madre Tierra
Raúl Prada Alcoreza
INDICE
La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el
TIPNIS
En torno al TIPNIS Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias
¿Quién ha
decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?
Las formas
de la manipulación
De contradicciones y confusiones del proceso
La instauración de una tiranía
Una tiranía anti-indígena al servicio del
gobierno de Brasil,
del IIRSA y de las trasnacionales
El círculo
vicioso del teatro político y de la supeditación
Consecuencias
vitales de la Constitución
La
recreación anacrónica del imaginario desarrollista
Anotaciones en
torno a la defensa del TIPNIS
Los síntomas de la descomposición
Las estrategias del gobierno ante el debate y la
crítica
Notas después de la marcha indígena
La violencia profusa del gobierno, de la
representación
y de las
palabras
Apuntes sobre el problema de la transición
La distancia más corta es el laberinto
Un Estado de excepción
Espesores de una coyuntura candente
La
defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS
La determinación del gobierno de construir la carretera que va de
Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la
reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han
resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase
por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los
pueblos indígenas, como está establecida en la Constitución Política del
Estado. El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está
protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área
protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido
constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas
Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de
Tiquipaya, con la
Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en
bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los
ciclos vitales integrados. En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra,
que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe
la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo
tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los
ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la
Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista
de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y
Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la
carretera que atraviese el TIPNIS.
El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde
va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien?
¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar
supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución, no lo están,
pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado “desarrollo”
parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el
sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el
Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo
extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia,
instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo,
método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en
cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en
crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del
proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el
debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso
y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal,
buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de
la descolonización.
La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque
Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la
“necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos
para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica,
que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde
del piedemonte y por la colonización”. Después de la Marcha por el Territorio y
la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el
Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré
y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto
amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este
modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos,
conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce
el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde,
el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo
Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el
TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a
1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe
nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de
ser área protegida.
La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del
Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia
por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado
observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser
una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la
consolidación de valores comunes. El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el
Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre
ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración
entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que
acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados
Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al
proyecto como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La
carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y
por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo
Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera,
comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la
situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide
hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo
uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el
parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta
maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido,
condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente
construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas,
las comunidades indígenas asentadas en el territorio en cuestión y las
organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un
tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure. A pesar de la crónica del
anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera
en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada
carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en
tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos
ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra
promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país
con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias
demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen
de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) de Brasil.
El conflicto está planteado; por un
lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el
TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen
consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al
ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja
y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta
sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja
del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto
desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional
comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones
institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se
efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que
repiten los mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas?
El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso
mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en
torno al TIPNIS.
Hipótesis
En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente
comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la
expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias
de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la
expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del
territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y
desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este
avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda
nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan
nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y
del cultivo de coca.
Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del
gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto
emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de
Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante
de PETROBAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas
brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la
participación, en un principio, de una empresa brasilera en el proyecto de San
Buena Aventura[1].
Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías
entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen
que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con
políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de
prácticas monetaristas y hasta neoliberales.
La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con
los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los
soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas
económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno;
pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría
logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que
supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la mentada “seguridad
alimentaria”, incluso ratificada por los propios agroindustriales. Estas nuevas
alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las
comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto
de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la
burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente
con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como
romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y
autonómico.
También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas
hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y
Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un
más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta
hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el
modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos
habríamos alejado definitivamente del Vivir
Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y
complementaria de la economía plural, en transición a la economía
social-comunitaria y al Vivir Bien.
Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones
requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso. ¿Cómo
hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al
respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el
Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de
legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial.
Se ha mas bien restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas,
estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de
las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser
restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la
continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que
atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al
sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones
de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial
de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al
sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista,
el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos
extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la
economía-mundo capitalista. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes
y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus
monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos,
procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus
estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada
de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del
gobierno. Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento
implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es
menester mencionar algunas más que tienen que ver con agenciamientos vinculados
a la economía política del chantaje.
Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen
que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de
influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información,
sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que
corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se
convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones
perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al
funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida
cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no
se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también
se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque
sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. Obviamente el panorama
se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico.
Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen
acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se
hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos
circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía
formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones
mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto
pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de
institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y
neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la
geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no
neja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos
que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo. Es
esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que
conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta
perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y las tendencias inherentes a
las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras
prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de la maquinaria estatal.
Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación
de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se
permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de
movimientos sociales de envergadura, como las que se dieron durante el periodo
2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva
de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas.
Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones
cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las
organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales,
comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y
controlados por las instituciones gubernamentales o estatales. Estas prácticas
se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las
organizaciones sociales y dirigencias; particularmente, en lo que respecta a
Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de
gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas
prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder; las
organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del
poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal,
menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los
mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como predominio
y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De
esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de
conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las
masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales,
que son el sostén y la defensa misma del proceso.
En torno al TIPNIS
De acuerdo a fuentes de investigación
científica sobre la biodiversidad[2]el TIPNIS es el corazón de la producción de
agua de Bolivia (el 5to país con mayores reservas de agua dulce del planeta).
La interpretación de esta situación y esta condición del TIPNIS, como
ecosistema y como articulación de ecosistemas y circuitos climáticos, se la
describe de la siguiente manera:
La peculiar configuración geográfica de la cordillera de los andes en
nuestro país; en el llamado codo de los Andes la cordillera hace una inflexión
y en lugar de ir de sur a norte va de oriente a occidente. Los contrafuertes
andinos reciben los vientos que provienen de la Amazonia (barlovento)
recogiendo la humedad de la evapotranspiración de la biomasa boscosa; estos
vientos se elevan cambiando de curso, se enfrían, forman nubes (cúmulos
cumnuloninmbus) que se precipitan en ese lugar en un circuito permanente de
lluvia que es el factor más importante de generación de biodiversidad. También
las masas de nubes pasan al otro lado de la cordillera hacia los valles secos
de Cochabamba y mesotérmicos de Santa Cruz dando lugar a bofedales, lagunas y
cursos de agua responsables de la relativa humedad de algunos de estos valles
productivos. Estas lagunas además de proveer agua (ejemplo Misicuni) también
proveen energía hidroeléctrica (ejemplo Corani). Las nubes que atraviesan la
cordillera también son responsables de la biodiversidad de los bosques de
altura (ejemplo La Siberia en al camino
antiguo Santa Cruz-Cochabamba) que forman cursos de agua para los valles de
Santa Cruz (ejemplo Comarapa).
La conclusión del análisis de los
mapas climáticos que saca la fuente mencionada es categórica:
En fin, queda claro que existe un serio riesgo climático en estas dos
regiones (cuenca del rio Mamoré) y
valles de Cochabamba, si se da un
proceso de deforestación en los bosques amazónicos del sub-andino. Dicho
proceso de deforestación es, honestamente, imposible de ser evitado si se dan
asientos de colonización en la carretera, ya que la cultura de la tala y quema
seguramente podrá ser erradicada en un número de años no menor a los requeridos
para deforestar el 80% del bosque tropical que está en la región que tratamos.
Otra conclusión que saca el
análisis científico es ilustrativa:
Por otro lado, será importante saber que la cantidad de suelo anegadizo
en la región del trazo que cruza el TIPNIS es tan grande que hasta la mejor
ingeniería va a tener serios problemas para su ejecución. Esta demás decir que
el trazo por el lado oriente es sobre suelo mas fijo y de mejor
transitabilidad.
Son elocuentes los mapas que se
presenta y el dibujo que termina interpretando gráficamente esta dramática
evaluación de la situación vulnerable del TIPNIS.
¿Qué podemos decir al respecto?
En relación a este análisis y descripción de las condiciones, pero también de
las probables consecuencias si se produce el quiebre del Territorio y Parque
Isiboro-Sécure, queda claro que la defensa del TIPNIS es no sólo
responsabilidad de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas
originarios que lo habitan, sino también de todos los bolivianos y bolivianas
conscientes del problema y la problemática, de todos los bolivianos y
bolivianas que aprobamos la Constitución Política del Estado. El TIPNIS es el corazón de la producción
de agua de Bolivia, no hay dónde perderse, si se ejecuta el proyecto
extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el
desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando,
degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del
planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de
agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a
los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a
los ciclos de reproducción de la vida. Cochabamba disminuirá progresivamente su
régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los
climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS. Se entiende
que a mentalidades desarrollistas, extractivistas, modernistas e
industrialistas, estas consecuencias les preocupo poco, si no es que nada, pues
ellos miden los costos y beneficios en términos monetarios, en términos de la
brutal y reducida contabilidad capitalista. En sus imaginarios colonizados no
entran para nada los costos ambientales, los costos ecológicos; ahora sabemos
que no les interesa para nada los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios. ¿Qué es el desarrollo para estas mentalidades? Podemos interpretar
que se trata del goce inmediato compulsivo de la ilusión dineraria; estos
tardíos burgueses internacionalizados no llegan a un diseño estratégico de
dominación; al contrario, se supeditan a potencias, a las estrategias de estas
potencias, creyendo que del rebalse de las ganancias de la acumulación ampliada
de capital, a escala mundial, les va tocar una parte. No son solamente ilusos,
sino que también expresan la consciencia desdichada de las burguesías tardías y
periféricas. El desarrollo al que apuestan es el desarrollo capitalista, que se
da en escala mundial; este desarrollo produce “subdesarrollo” y dependencia en
la periferia del sistema-mundo capitalista. Estos gobernantes al servicio de
estrategias hegemónicas y de dominación a escala mundial, esta lumpenburguesía, como la llamaba André
Gunder Frank, no son otra cosa que dispositivos y agenciamientos de los
diagramas de poder, de los mapas de fuerza, de la dominación global del capitalismo
contemporáneo.
El conflicto del TIPNIS ha puesto
en evidencia los nuevos frentes políticos, sociales, económicos y culturales,
frentes dibujados en la coyuntura crítica del proceso; por un lado, defendiendo
los derechos de la Madre Tierra, están las naciones y pueblos indígenas
originarios, sobre todo los movimientos y organizaciones propiamente indígenas,
constatados en sus formas de organización, formas de representación, mandos
rotativos, normas y procedimientos propios, instituciones ancestrales y
cosmovisiones nativas; estas naciones y pueblos están apoyados por nuevos
movimientos juveniles y urbanos, también por históricos movimientos como los
regantes[3],
los guerreros del agua y los guerreros del gas. Por otro lado, apoyando el
trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas,
organizadas en sindicatos (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB); todo el conglomerado
campesino, de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras. Todo este
conjunto, mas o menos cohesionado, también diferenciado y plural, así mismo
abigarrado, que fue parte del llamado “bloque popular”, ahora se encuentra
llevando al ascenso desbocado a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos
y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, mercancías, transgénicos,
contrabandos, tráficos, incluyendo los del narcotráfico. Lo hace en el desplazamiento
constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la
burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos
y la minería, las empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero.
Tomando en cuenta esta mapa de
fuerzas, respecto a lo que decimos y afirmamos, vamos a respaldarnos en el
análisis que hace Enrique Ormachea, Investigador
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
quien hace una ilustrativa descripción de la dinámica estructura de clases en
la coyuntura, lo que nos permite elucidar el carácter de la lucha de clases y
de la guerra descolonizadora en el momento de la crisis del proceso. Enrique
Ormachea escribe:
Una buena
parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen
ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente
con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas
yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las
tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que
usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades
económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales
y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender
temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios
cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras
los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son
mayoritariamente semiproletarios[4].
Esta descripción es importante pues nos ubica de lleno
en la relación social, en la relación de dominación de un conglomerado social
sobre otro, de una dinámica bullente de monocultivo, agrícola, comercial,
encaminada a la expansión de la frontera agrícola, de la comunicación carretera
y caminera, sobre otra dinámica, apegada al territorio, a las normas y
procedimientos propios, a las instituciones ancestrales, a la búsqueda de un
proyecto alternativo al desarrollo y a la modernidad, que actualice las
comunidades ancestrales, sus manejos territoriales y de bosques, combinándolos
con formas de organización emergentes y en la perspectiva establecida en la
Constitución, perspectiva traducida como la del vivir bien. Lo que fue el
“bloque popular”, que se coaligó y expulsó a la mega-coalición neoliberal,
terminó mostrando su composición diferencial y ha terminado de manifestar las
contradicciones inherentes rápidamente, justo en el momento de transición hacia
el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta abertura y quiebre del
“bloque popular” evidencia la existencia de proyectos distintos, dicotómicos y
contradictorios; un proyecto capitalista, desarrollista, extractivista,
dependiente, articulándose al reacomodo de las estructuras y formas de
intercambio en la geopolíticas del sistema mundo capitalistas; otro proyecto
emergente, nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el
neoliberalismo y de las entrañas de la guerra anticolonial y descolonizadora de
las naciones y pueblos indígenas originarios, que ha expresado su horizonte
civilizatorio en la Constitución, en tanto Estado plurinacional comunitario y
autonómico, en tanto economía social y comunitaria, en tanto modelo
civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.
Los dos proyectos no pueden coexistir en el proceso,
son opuestos; uno se coloca en la continuidad de la misma civilización moderna,
capitalista, desarrollista y extractivista, el otro apunta a abolir esta
civilización, abriendo la posibilidad civilizatoria alternativa haciendo
emerger configuraciones culturales inhibidas por los colonialismo y los
capitalismos, actualizándolos y combinándolos con formas autogestionarias y
solidarias contemporáneas. Este proyecto se opone abiertamente al desarrollismo
y al extractivismo, se encamina más bien a restaurar las complementariedades
dinámicas con los ecosistemas, seres, ciclos vitales interrelacionados e
integrados en las formas complejas de reproducción de la vida. No debe
sorprendernos entonces los conflictos que se dan entre el gobierno y las
naciones y pueblos indígenas originarios, pues el gobierno se ha convertido en
la expresión política e institucional del proyecto de continuidad capitalista,
desarrollista, extractivista y de monocultivos. ¿Por qué ha sucedido esto?
La contradicción era latente, solo que no tuvo las
condiciones de posibilidad para mostrarse; una cosa era luchar contra los
gobiernos neoliberales y el proyecto neoliberal en curso y otra cosa es abolir
el Estado-nación, construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico,
en la perspectiva del modelo civilizatorio del Vivir Bien, que se basa en el
respeto de los derechos de los seres, componentes y ciclos vitales de la Madre
Tierra. En lo que fue el “bloque popular” hay clases sociales que no están
dispuestas a abandonar las formas de monocultivo, menos la producción de coca,
también de cocaína, no están dispuestas a renunciar a la expansión de la
frontera agrícola a costa de los bosques y ecosistemas, no están dispuestas a
renunciar a las ganancias y, sobre todo, a las ganancias fáciles, tampoco van a
renunciar a una compulsión individual por la tenencia de la tierra, aunque esto
implique violar la Constitución.
La CSUTCB ha desarrollado un anteproyecto de Ley que
contempla la desaparición de las TCOs porque las considera latifundios, también
contempla la redistribución de la tierra de forma individual, contraviniendo a
la Constitución que establece la reversión de tierras a comunidades indígenas y
campesinas de forma colectiva. Sorprende que en las argumentaciones
justificadoras del anteproyecto se ventilen calificativos de “terratenientes”
para los indígenas que habitan las TCOs, llama la atención que se olviden de
los latifundistas y terratenientes históricos, contra los que se había tenido
una larga lucha, precisamente por la reforma agraria. ¿Qué pasa? ¿Otros son los
enemigos? Ahora son los indígenas, las naciones y pueblos indígenas, sus
organizaciones, sus formas colectivas de propiedad, sus gestiones territoriales
ancestrales. Ahora, en cambio, los campesinos son aliados los latifundistas y
terratenientes históricos, los agroindustriales, los soyeros, que emplean
transgénicos, los empresarios, pues ellos, así como los campesinos, persiguen
la continuidad del mismo modelo
capitalista, desarrollista, extractivista. Ahora las alianzas son otras
y los frentes de la lucha son otros.
El conflicto en torno al TIPNIOS es demostrativo por
poner al descubierto de una manera descarnada estas contradicciones:
Acicateados
entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del
trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus
propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta
expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado,
hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta
última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por
otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por
pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas
articuladas a la agroindustria[5].
Al respecto y de una manera
contextual, Mayari Castillo y Anahí Durand, escriben en Identidades, etnicidad y racismo en América Latina, que:
En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida
oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor
crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación
de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo
espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB
(Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento
estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América
Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una
importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por
concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los
aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe,
2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos
donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos
multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de
carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La
mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas
sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja
de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al
conflicto una importancia nacional[6].
Los investigadores nos dejan en
este dibujo panorámico y de evaluación del movimiento cocalero determinados
perfiles de la problemática; primero se habla de una economía de la coca, una
economía subterránea, que sostiene parte del funcionamiento de los circuitos
económicos. Segundo, que con el propósito de erradicación y sustitución de los
cultivos de coca, la cooperación internacional ha financiado programas de apoyo
a la diversificación de la producción agrícola, así como programas de
interdicción. Todo esto puede considerarse también como parte de las
inyecciones monetarias al campo económico boliviano, incidiendo en la formación
de su Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, la economía de la coca
forma parte de la realidad, como uno de sus niveles, en la compleja
sedimentación de sus ámbitos, mundos paralelos o colaterales. Esta economía de
la coca es tan importante que no sólo dibuja circuitos, recorridos,
articulaciones con otros niveles económicos, sino que también ha terminado
constituyendo sujetos sociales, subjetividades e imaginarios, incluso
instrumentos políticos y electorales, además
de lograr catapultar a las Federaciones Cocaleras al gobierno. Se sabe que por
lo menos dos ámbitos territoriales campesinos están articulados a la economía
de la coca, Los Yungas y El Chapare, además de otros territorios de expansión,
comprendiendo otras zonas más circunscritas y dispersas, que fueron
tradicionales en el cultivo de la hoja de coca, como el caso de Apolo e
Inquisivi; también hay que considerar la irradiación espacial de la economía de
la coca en relación a otros circuitos comerciales y flujos dinerarios, de
mercancías y migraciones. También sabemos que la economía de la coca ha estado
articulada a la historia económica de la Audiencia de Charcas y de los periodos
republicanos; el ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del
estaño y, también, aunque de un modo más indirecto y con muchas mediaciones, al
actual ciclo de la economía de los hidrocarburos. La economía de la coca ha
formado parte entonces de las estructuras económicas, de sus flujos, circuitos
y recorridos.
Por otra parte, podemos abrirnos
a la comprensión de las estrategias diferenciales, plurales, cíclicas y
rítmicas de las economías campesinas, atravesadas por complementariedades,
reciprocidades, también por transformaciones del ayni y la mink’a, como formas de relación por servicios y especies,
por un lado, y por trabajos y dinero, por otro. Comprender también que las
formas de organización son complejas, variadas, expansibles o contraíbles,
dependiendo de la forma como se relacionan las unidades domesticas con las
familias, con las estructuras familiares, comprendiendo edades, género y
generaciones. Así mismo tener en cuenta las diferentes prácticas de los vecinos
respecto a las prácticas combinadas de los pueblos y comunidades. Todo esto nos
muestra una combinación rica de estrategias y de estructuras, de composiciones
y de ritmos cíclicos, dependiendo del producto, de las interrelaciones entre
productos, dependiendo también del lugar y del momento. Las economías
campesinas son configuradas por racionalidades alternativas y colaterales a la
racionalidad moderna y eficaz del cálculo del costo y beneficio. En otras
palabras, es imposible comprender las estrategias campesinas a partir de la
reducida contabilidad económica. Se trata de otras racionalidades, que
funcionan flexiblemente, dúctilmente y en combinaciones abiertas[7]. Empero, algo que podemos compartir con cierta
certeza es que, de todas maneras, se trata de economías articuladas al mercado
y a los vaivenes del mercado, por lo tanto a los movimientos de los precios de
los productos. Ahora bien, un cultivo y producto altamente rentable es la coca,
incluso en momentos de bajos precios; esto debido a los rendimientos, sobre
todo a las cosechas que se dan al año. Lo que decimos vale mucho más cuando los
precios de la hoja de coca suben estrepitosamente, debido a factores externos
de extrema imponderabilidad, como la debida al comercio del narcotráfico, sobre
todo de la cocaína.
Bajo estas consideraciones es
posible una hipótesis en relación a la expansión estrepitosa de los cultivos de
la hoja de coca, incluyendo la invasión a los parques y territorios indígenas.
Es tan gravitante el comercio de la cocaína, tal la incidencia de sus
circuitos, de su capacidad de irradiación, de su fuerza financiera, de sus
múltiples estratégicas de tráfico, que se ha convertido en el núcleo
explicativo de la propia economía de la coca, por lo tanto no sólo de los
circuitos y de la acumulación sino de la expansión compulsiva del monocultivo.
Independientemente de cualquier
pretensión moral o de pose artificial sobre la problemática de la cocaína,
pretensión y pose falsa de las potencias, de NNUU y de la cooperación
internacional, lo que importan es comprender claramente el conflicto suscitado
en torno al TIPNIS, así como los conflictos que se han dado sucesivamente, contiendas
anteriores y en perspectiva, repetidos intermitentemente, colisiones del
gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, desde la aprobación
de la Constitución; lo que importa es comprender el conflicto a partir de las
fuerzas involucradas, de las tendencias, de los proyectos inherentes. La
economía de la coca forma parte de la economía de la cocaína y la economía de
la cocaína forma parte de las economías del sistema-mundo capitalista. Una
apuesta por la expansión del monocultivo de la coca forma parte de la expansión
compulsiva de la economía de la cocaína y obviamente de la acumulación ampliada
de capital en la economía-mundo capitalista. Apostar por esta salida, se lo
haga abiertamente, como en el caso de las decisiones prácticas que toman los
cocaleros, o veladamente, haciendo como si no se viera nada, como ocurre con el
comportamiento del gobierno respecto a esta problemática, no importa, pero
apostar por esta salida significa la continuidad del modelo capitalista,
desarrollista extractivista y dependiente, ahora atravesado por la economía política del chantaje, es decir
por la economía de la cocaína, como una de sus formas. Este proyecto
continuista se enfrenta abiertamente al otro proyecto, nacido de las entrañas
de las luchas sociales y de la guerra anticolonial y descolonizadora, expresada
plenamente en la Constitución. Este modelo es el del Vivir Bien, modelo
civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este
modelo se basa en la condición plurinacional, en la condición comunitaria, en
la condición autonómica y en la condición intercultural, por lo tanto este
modelo se basa en las cosmovisiones indígenas y en la reconstitución de los
territorios ancestrales, actualmente habitados, como reza la Constitución. Este
modelo supone un descentramiento radical del antropocentrismo, desplazándose al
reconocimiento de la condición vital de los otros seres que componen la Madre
Tierra, reconociendo su condición de sujetos y
reconociendo sus derechos. Esta concepción está plasmada en el proyecto
de Ley de la Madre Tierra. El conflicto del TIPNIS está expresando entonces la
guerra de dos proyectos opuestos, antagónicos, de modelos encontrados, uno el
capitalista y moderno, el otro alternativo al capitalismo y la modernidad. Hay
una lucha de clases y una guerra anticolonial y descolonizadora en curso, con
sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso
con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate.
Volviendo al análisis de Enrique
Ormachea, podemos dimensionar los alcances concretos del conflicto en torno al
TIPNIS. Entonces el conflicto especifico, en el territorio, en los límites del
parque y en el interior del parque, en el llamado bloque 7, que es la zona de avasallamiento
del parque por los colonizadores, es entre comunidades indígenas y
colonizadores, comunidades indígenas y cocaleros. En el documento citado se
escribe:
Si en algo hacen
hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de
la expansión cocalera y sus efectos. No les faltan razones. En el Gobierno de
Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron
siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al
aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al
título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas[8].
La legitimación del avasallamiento ya muestra el sentido del gobierno,
de sus políticas en relación a la tierra y al territorio, en relación de lo que
respecta a las áreas protegidas y territorios indígenas. El gobierno responde
en primer lugar, en el plano afectivo y de los compromisos orgánicos, a las
federaciones cocaleras, también a las organizaciones de colonizadores, llamados
ahora interculturales, que ya cuenta con más de un millón de afiliados, así
mismo responde a los compromisos sindicales con las organizaciones campesinas,
constituidas en la CSUTCB y en la confederación de mujeres campesinas, las
conocidas como “bartolinas”; en segundo lugar, ya en un plano político,
responde a la continuidad del proyecto capitalista, desarrollista,
extractivista, dependiente, otorgándole un carácter popular al proyecto; en
tercer lugar, ya en un plano estratégico o geopolítico, el gobierno está supeditado
a la irradiación de la política expansionista y hegemónica del Estado
brasilero; en cuarto lugar, ya en un plano de las complicaciones de las que no
puede zafarse, atado a las herencias de las lógicas de poder persistente,
responde a los condicionamientos de las empresas trasnacionales, tanto de los
hidrocarburos como de la minería; en quinto lugar, ya en el plan de las nuevas
alianzas, responde a los acuerdos económicos con la burguesía intermediaria
boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las mediaciones de los grandes
monopolios de las empresas de transgénicos. La presión sobre la frontera
agrícola cocalera y colonizadora se da no solo con la benevolencia del gobierno
sino en alianza estratégica con los agroindustriales y soyeros, es decir, la burguesía
intermediaria. Todos ellos forman parte de la composición social, económica,
subjetiva e imaginaria del proyecto desarrollista-extractivista.
Esta situación es vivida, intuida, comprendida y elucidada por las
organizaciones indígenas del CIDOB y CONAMAQ. Se comenta el testimonio de uno
de los dirigentes del TIPNIS que estuvo en la VIII marcha indígena:
En una
entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz
de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS,
muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima
Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos
colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros.
En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen
apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han
tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar
otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas
comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a
dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción)[10].
El testimonio de Adolfo Moye es elocuente; lo que describe es una
relación de dominación de los cocaleros y de los colonizadores sobre los
indígenas del TIPNIS. Los indígenas no solamente son discriminados y
explotados, sino vistos como menos. No se los considera iguales, ni se
establece con ellos relaciones de igualdad. Esto ocurre de manera dramática en
los lugares de intersección entre comunidades indígenas y colonos; si bien no
ocurre lo mismo cuando los dirigentes de las organizaciones indígenas y de las
organizaciones campesinas entablan relaciones de organización, de discusión,
cuando entablan acuerdos y pactan sobre temas de interés común, pues a este
nivel se entiende que no considerarse como iguales sería una muestra
insostenible de racismo. No ocurre porque a ese nivel se tiene otra concepción
de lo que es ser indígena; somos todos indígenas, aymaras, quischwas, urus,
chipayas, guaranís, moxeños, chácobos, chimánes, yuracarés. La diferencia está
en que unos somos campesinos y otros conservan la propiedad comunitaria, el
ayllu; unos estamos organizados en sindicatos y otros en las formas
organizativas propias comunitarias. Este discurso se mantuvo durante parte de
la vida del Pacto de Unidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Ahora
parece desmoronarse este discurso ante la evidencia de las grandes diferencias,
discrepancias de concepciones, de intereses y de proyectos. Los dirigentes
campesinos se acercan rápidamente a los prejuicios que tienen los campesinos y
colonos que habitan los lugares limítrofes con territorios indígenas. Sobre
todo ahora, cuando se da el conflicto del TIPNIS, los dirigentes campesinos se
apegan más a defender el discurso gubernamental estridentemente descalificador
del movimiento indígena en defensa de sus derechos, consagrados por la
Constitución. El “bloque popular” se ha roto.
Esta descripción me recuerda a lo que ocurría años atrás, cuando era
vigente, convocativo e irradiante el proletariado minero; a pesar de su
consciencia de clase, de su condición de clase compuesta por el desclasamiento
de las otras clases, de clase que debería abolir todas las clases, los mineros
mantenían relaciones de dominación, subordinando a las comunidades indígenas y
campesinas aledañas a los campamentos. ¿Por qué ocurre esto? Se notaba un aire
de superioridad; una cosa implica estar ligado al campamento minero, a la
explotación de las vetas mineras, a los ingenios, a la organización capitalista
del trabajo, y otra cosa significa estar ligado a los ayllus, a las
comunidades, donde preponderaban “modos” de producción pre-capitalistas y
no-capitalistas. La diferencia estaba dada. Los mineros compartían una ilusión
desarrollista y un imaginario modernista, en contraposición de los indígenas y
campesinos, que más bien expresaban un apego a otros imaginarios, mas bien
animistas. Una de las consecuencias de la modernidad fue esta descalificación
de otras formas de vida, de otras formas de cohesión social y de
relacionamiento, que no sean las propias de la modernidad.
Las investigaciones y los estudios sociológicos han descrito y han
teorizado sobre la transición a la modernidad; el desencanto, la
desacralización, la ruptura y quiebre de las comunidades, de las instituciones
y estructuras tradicionales, forma parte de las hipótesis iniciales de estos
estudios y estos análisis. El paso de la familia extendida y compuesta a la
familia nuclear, las migraciones rural-urbanas, la atomización y la individualización,
la homogeneización de los comportamientos y las conductas, el disciplinamiento,
forman parte de este proceso de modernización, entendida como una dinámica
cultural y civilizatoria que pone en suspenso los valores y las instituciones
tradicionales; la modernidad entendida como experiencia de la vertiginosidad,
sensibilidad estética que expresa esta experiencia como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire,
frase de Shakespeare, recogida por Marx[11]. La historia de la
representación de la modernidad es toda una arqueología, comienza con los
poetas malditos, quienes le atribuyen características estéticas y lúdicas,
haciendo hincapié sobre todo en la experiencia de la vertiginosidad y el
suspenso. El concepto es retomado por la sociología y la economía empero de una
manera más instrumental y descriptiva, perdiendo sus ribetes poéticos,
empezando a adquirir perfiles organizacionales, estructurales, institucionales
y de relaciones de mapas definidos de transvaloración y transición
modernizadora. Marx y algunas corrientes marxistas retoman el concepto dándole
un carácter dialéctico, retomando algunas ideas iniciales de la experiencia de
la transformación desbocada. Ya en la etapa de balance habría que contar con el
análisis desplegado por Marshall Berman; estudio que intitula precisamente Todo lo sólido se desvanece en el aire[12]. En las
corrientes marxistas teóricas contemporáneas un antecedente de la crítica de la
modernidad es el libro de Adorno y Horkheimer titulado Dialéctica del iluminismo[13]. Quizás sea el
análisis más penetrante de la modernidad, a la que caracterizan como
iluminismo, que también puede ser retomada como crítica; de lo que se trata
entonces es de desplegar una crítica de la crítica, un iluminismo del
iluminismo. Ponen en cuestión los mitos de la modernidad, como la idea de
progreso y el mito de la historia; también ponen en cuestión la pretensión
moderna de dominación de la naturaleza. Queda claro en los autores, que hacen la crítica de la racionalidad
instrumental, que no basta hacer una crítica de la economía política, sino que
es necesaria y urgente hacer una crítica de la modernidad, matriz histórica y
cultural, civilizatoria, en la que emerge y se recicla el capitalismo. Después
de ellos, todas las escuelas, corrientes teóricas críticas de la modernidad,
son deudoras de la apertura iniciada por la Escuela de Frankfurt. A nosotros
nos interesa retomar las críticas de la modernidad en los contextos periféricos
del sistema-mundo capitalista, pues nos interesa comprender los fenómenos
complejos, abigarrados y heterogéneos que desata la modernización en nuestras
regiones y países.
Marshall Berman escribe sobre el modernismo del subdesarrollo y toma en
cuenta el caso de San Petersburgo, dice que se trata de modernidades impulsadas
desde arriba, por el Estado, el poder; quizás también por algunas élites. Son
construcciones titánicas que se enfrentan a los pantanos, es la voluntad de la
geometría que termina imponiéndose a la adversidad, a pesar de las inundaciones
centenarias. Se trata de espacios modernos pero sin contar con una vida
moderna, espacios públicos que no llegan a tener vida pública. ¿Qué es la
modernidad en estos lugares insondables? ¿Es una ilusión? ¿Un espejismo? ¿Un
fabuloso monumento? Todo lo demás no llega a ser moderno, las instituciones, el
manejo de las instituciones, el Estado, la administración del Estado; tampoco
las subjetividades. Estamos ante transiciones problemáticas, cuando el pasado
no termina de irse, mas bien se queda persistentemente, combinándose con esas
proposiciones iluministas de futuro. Se producen composiciones intrincadas que
contienen también subjetividades recargadas, que acompañan a comportamientos
que moran mundos que cohabitan. René Zabaleta Mercado habla de formaciones
abigarradas y Bolívar Echeverría de modernidades barrocas[14]. ¿Qué es la modernidad en
la periferia del sistema-mundo capitalista? Las corrientes hindúes que estudian
la subalternidad conciben que mas bien hay que comprender modernidades
heterogéneas o la modernidad en su condición heterogénea[15].
Ciertamente no se puede hablar del ámbito social del campesinado como si
fuera homogéneo; esto desde ya está descartado. Estamos ante un campo complejo
y diferencial, cuyos ciclos y articulaciones con el mercado también son
variados. En un tiempo se pensó que la campesinización y la re-campesinización
formaban parte de procesos de resistencia a la diseminación capitalista. Se
mostraban contradicciones de las formaciones campesinas con el mercado, con el
capitalismo y con el capital a partir de la tesis de la subsunción formal del
trabajo al capital[16]. En Bolivia se realizaron
estudios de la cuestión agraria, sobre todo de las economías campesinas, a
partir de su irrupción misma, irrupción que se da desde la expansión de las
formas de pequeña propiedad agraria a partir de la reforma agraria de 1953. Se
pueden hacer distintas clasificaciones de un abundante material, que llega
hasta nuestros días, empero nos interesa, por los límites y las razones
implícitas de este ensayo, dibujar grandes campos de análisis. Se puede
apreciar que una de las áreas de preocupación, quizás las más economicista,
está relacionada con las evaluaciones de la reforma agraria y la búsqueda por
reencaminarla; otra área de preocupación es la que tiene que ver con los estudios
de caso, con un enfoque sociológico; quizás los más interesantes son los
estudios que vienen acompañados de un orientación antropológica, sobre todo por
el aporte etnográfico en el análisis de las estructuras y las instituciones
involucradas. No podemos dejar de considerar los estudios sobre la estructura
agraria y de clases desde una perspectiva marxista, mas bien análisis macros
que estudios locales o regionales. Por último, deberíamos considerar un área de
trabajos de investigación antropológicas, sociológicas y económicas, de enfoque
mas bien integral, que cuestiona las perspectivas anteriores, consideradas
estáticas, que no contemplan las dinámicas locales, diferenciales, cíclicas y
de estructuras de cambiantes, vinculadas a las estrategias de adaptación a las
circunstancias de las formas de organización campesinas. Quizás las más
aportadoras a la elucidación y a la inteligibilidad de la problemática
campesina sean estos estudios[17]. En relación a toda esta
arqueología del saber de la cuestión agraria, debemos apreciar sus mapas
conceptuales para poder atender con una mirada escrutadora a los recientes
desplazamientos de las economías campesinas.
Obviamente lo que se requiere para lograr una comprensión adecuada de lo
que ocurre son investigaciones a profundidad y en los distintos espacios de
desplazamiento de las formas de organización campesina; empero a falta de estas
investigaciones, nos vemos obligados a lanzar algunas hipótesis interpretativas
de lo ocurre en la coyuntura crítica del proceso con las economías y formas de
organización campesina, sus estrategias y sus circuitos.
Hipótesis
Por más compleja que pueda ser la formación social, económica y cultural
campesina, por más diversa y diferencial, por más barroca, combinada, compuesta
y entrecruzada en que se encuentre, moviéndose contradictoriamente en
transiciones cíclicas, definiendo a veces rutas en espiral y en algunos casos
desplazamientos lineales, toda esta complejidad está atravesada por los
circuitos del mercado, los circuitos dinerarios, incluso, en menor escala los
circuitos financieros, como los relativos al microcrédito; aunque tengamos que
aceptar, como lo hicimos en otro tiempo, la presencia alterativa de
resistencias, de otras lógicas, otras estrategias y otras racionalidades, el
mercado y el desarrollo capitalista juegan un papel gravitante, sobre todo en
determinados momentos de alta demanda de monocultivos y de la evidencia de la
atracción efectiva de subida de precios. Esta atmósfera de muchos microclimas
culturales, imaginarios y de comportamientos, recrea la ilusión de una
modernidad barroca, heterogénea, del bienestar, del acceso y del consumo. En
momentos de intervención de circuitos de alta rentabilidad y de
predisposiciones políticas que los facilitan, los conglomerados sociales
campesinos, sus tendencias económicas, tienden a volcarse plenamente a la
ilusión del desarrollismo y sobre todo al espejismo de la riqueza fácil. Los
núcleos de resistencias, alterativos, alternativos, las racionalidades y
estrategias complementarias y cíclicas, tienden a ser inhibidas, ocultadas,
desarticuladas, en beneficio de las opciones más comerciales, incluso más
perversas de los circuitos dinerarios.
Las
resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las
comunidades indígenas-originarias
En momentos de crisis, de desplazamiento social compulsivo hacia las
formas más veloces del comercio, incluso del comercio ilícito, del contrabando,
de los tráficos perversos, de la economía
política del chantaje, los núcleos de resistencias, las posibilidades
alterativas y alternativas al curso de las cosas, al dominio del capitalismo,
incluyendo sus formas salvajes, se encuentra en las comunidades indígenas, como
los ayllus, en tierras altas, y las formas comunitarias en reconstitución, en
tierras bajas. Las otras racionalidades, sobre todo complementarias, las otras estrategias,
sobe todo rotativas, cíclicas y en reciprocidad, tejiendo equilibrios y
armonizaciones territoriales, se encuentran en estas formas comunitarias, en
sus formas de organización, de cohesión, de convocatoria y de correspondencia
territorial, se encuentran en la actualización y reconstitución de sus
instituciones ancestrales. Esta disposición a la resistencia, esta
reterritorialización, se hace evidente en la coyuntura crítica del proceso,
cuando el gobierno, las organizaciones campesinas, aliados a la burguesía
intermediaria, a los agroindustriales, a los soyeros y las mediaciones que usan
los transgénicos, añadiendo a los banqueros y los compromisos con el IIRSA y el
proyecto hegemónico brasilero, se proponen ampliar estrepitosamente la frontera agrícola,
atentando contra los bosques, los territorios indígenas, los parques, las áreas
protegidas, a cualquier costo. La marcha indígena por la defensa del TIPNIS es
una clara muestra de la voluntad política de las organizaciones indígenas, del
CIDOB y del CONAMAQ, por detener el avasallamiento, la compulsión
desarrollista-extractivista apegada a la ilusión modernista de consumo y de
riqueza.
¿Quién ha decidido la
construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?
¿Se han consultado a las comunidades que
habitan el TIPNIS, como exige la Constitución? ¿Es el pueblo boliviano el que
ha aprobado la construcción de esa carretera? Si el 64% del pueblo ha aprobado
la Constitución, al aprobarla ha prohibido una acción como esta de atravesar un
Territorio Indígena y un Parque. ¿Quiénes entonces han decidido? Obviamente se
decidió en otro lugar, donde siempre se ha decidido la suerte de nuestros
países, en los grandes acuerdos de los gobiernos coaligados con intereses de las
empresas trasnacionales. La suerte de la Amazonia se decidió, primero cuando la
construcción de la carretera que atraviesa la Amazonia brasilera se dio lugar
en base a la estrategia de la dictadura militar brasilera de entonces
(1964-1985). Segundo, cuando el presidente Fernando Cardozo convocó a los
presidentes de los gobiernos de Sud América para acordar el proyecto IIRSA
(2000). Tercero, cuando el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comprometió al presidente boliviano Evo
Morales Ayma en la construcción de la carretera que conecta Villa Tunari con
San Ignacio de Moxos (2009), atravesando el TIPNIS, comprometiendo un préstamo
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y condicionando que la construcción
la efectúe una empresa brasilera OAS, saltando los procedimientos regulares de
las normas de contratación de bienes y servicios. Se puede decir que esta es la
crónica de una muerte anunciada, la del ecosistema que comprende el TIPNIS, si
es que no se detiene este proyecto que podemos calificar como un ecocidio y
etnocidio. En realidad el destino de parte de la Amazonia, la que comprende al
Territorio Indígena y Parque Isiboiro-Sécure, se está decidiendo ahora, en la
batalla por el TIPNIS, con el esfuerzo y sacrificio de los marchistas que
defienden los derechos de la Madre tierra y los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios. El gobierno ha decidido defender los intereses
de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y de todos los sectores del país que
apuestan por la ilusión desarrollista, la destrucción extractivista, y la
reiteración inaudita de la dependencia; hablamos de la burguesía intermediaria
boliviana y los estratos campesinos más apegados a las formas del capitalismo
depredador, comprendiendo la desforestación y el monocultivo.
Viendo de esta forma las cosas, la decisión no
es democrática, es despótica y acordada con las estructuras de poder del orden
de dominación mundial y regional. Todos los discursos que se han empleado para
camuflar la razones de esta decisión, todo los recursos represivos que se
emplean para disuadir a los marchistas, no hace otra cosa que develar los
grandes intereses comprometidos en tamaña acción y la supeditación del gobierno
a estos intereses. Lo que se ha dicho sobre los marchistas, sobre los
dirigentes indígenas, no es otra cosa que una muestra patética de los métodos y
procedimientos más perversos que puede utilizar el Estado-nación en contra de
las naciones y pueblos indígenas y una movilización que exige el cumplimiento
de la Constitución. Como se puede ver se ha ido muy lejos, se ha llegado
incluso a una situación de enfrentamiento entre colonizadores e indígenas. Una
y otra vez, en los distintos diálogos, sin ninguna voluntad del gobierno a
cambiar, los ministros han reiterado un solo argumento obsesivo: No hay
alternativa, sólo hay un trazo posible, el que atraviese el TIPNIS, esto ya se
ha decidido. ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué la realidad se reduce a esto? ¿A
la lógica irremediable del poder? ¿Qué la historia no cambia? ¿Qué los
poderosos son los que deciden? ¿Qué fue un sueño lo planteado por los
movimientos sociales y las naciones y pueblos indígenas originarios, un sueño
recogido por la Constitución? ¿Qué la realidad real va seguir siendo la misma a
pesar de los sacrificios, las luchas y los procesos constituyentes? ¿Qué la
llegada al gobierno de un presidente con raíces indígenas no es más que una
nueva forma de legitimación de los mismo, de las estructuras de poder
establecidas y de los ciclos irreversibles del capitalismo?
Este fatalismo no expresa otra cosa que el
punto de vista de la dominación; ni más, ni menos. No es aceptable y es incluso
insostenible el querer reducir la realidad a los efectos del poder. Cuando los
imaginarios son dominados por el poder, cuando el poder se recrea en ellos,
cuando los imaginarios reviven ilusiones, como las del desarrollismo y la
modernidad, ilusiones que ocultan la producción incesante de las desigualdades,
entonces la realidad se reducen a los límites de las representaciones sociales
sometidas, lo que se llamaba en otro tiempo ideología. En estos casos la
representación no es otra cosa que la repetición del discurso dominante y
también una re-presión de los impulsos emancipadores. El gobierno, los
discursos transmitidos, sus actos violentos y represivos, muestran el decurso
de este itinerario de la gubernamentalidad liberal, la misma que no ha
cambiado, a pesar del proceso constituyente. Esta es la elocuencia de del
monopolio de la violencia y de la legitimidad de la violencia. ¿Qué se puede
hacer frente a esta concurrencia avasalladora de la maquinaria estatal, de una
maquinaria al servicio de las dominaciones polimorfas y de las formas del
capital? El recurso de los explotados, de los pueblos, de las naciones
oprimidas, ha sido la lucha permanente, constante, perseverante. Comienza con
las resistencias, después continúa con las acciones directas emancipadoras;
todo esto está atravesado por la creación de otros imaginarios, por la
imaginación y el imaginario radical, creativos de la perspectiva de otras
realidades, más ricas y complejas, por la apertura de la realidad al campo de
sus posibilidades; también podríamos interpretar esto desde la sociología de
las ausencias, desde la sociología de las emergencias, desde la ecología de los
saberes, desde la ecología de las temporalidades, como configura Boaventura de
Sousa Santos. Las organizaciones indígenas originarias, las comunidades
indígenas que habitan el TIPNIS, no hacen otra cosa que recurrir a estas
tradiciones de luchas de los explotados, dominados, discriminados. Que este
enfrentamiento se dé ahora desafiando al proyecto extractivista de un gobierno
que se llama popular se explica por la combinación de la lógica del poder
cristalizada en la maquinaria estatal y la lógica de la acumulación de capital.
Frente a esta racionalidad instrumental y racionalidad diagramática de las
fuerzas se oponen racionalidades alternativas, las racionalidades de las
resistencias que se convierten en racionalidades emancipatorias. La lucha de
los indígenas del TIPNIS y de las organizaciones indígenas originarias es una
lucha que compromete el destino de la mayoría de los bolivianos y bolivianas,
que apostaron a lo largo de sus luchas y en el proceso constituyente por un
mundo alternativo.
No sabemos exactamente lo que va a pasar, a
pesar de que el panorama se pinta, debido a la correlación de fuerzas,
desalentador y dramático. Se presenta como que el gobierno terminará imponiendo
la voluntad de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y los estratos sociales
que apuestan por la continuidad del modelo extractivista y la ampliación de la
frontera agrícola. Sin embargo, en esta coyuntura difícil, no se puede hacer
otra cosa que apostar a lo que parece improbable, apostar a lo que parece imposible,
apostar por revertir la situación adversa, apostar por detener la marcha fatal
de los acontecimientos. En esta apuesta, en esta habilidad, en esta creatividad
e ingenio, radica la invención de la política y la invención de la historia
como utopía en permanente realización.
La lucha de los indígenas del TIPNIS, de las
organizaciones indígenas, no puede
quedar aislada, tiene que ser acompañada por todos y todas las que sienten y
presienten que es posible otro mundo alternativo, que la realidad es más rica y
completa que la reducida imagen que de ella da el poder. Esta lucha es
acompañada por otros movimientos y pueblos del mundo que enfrentan a la
dominación actualizada del capitalismo.
Las formas de la manipulación
Hay que prestar mucha atención a ciertas formas
del uso del poder que tienen que ver directamente con lo que llamamos la
manipulación[18],
es decir, a la forma cómo se quiere forzar e inducir para lograr los objetivos
establecidos. Sobre todo llama la atención el manejo de la gente, el manejo de
la opinión pública, el manejo de las instituciones y de las organizaciones, el
manejo de la información, el manejo de los conflictos. Se interviene
impúdicamente para convencer y conducir a la gente, para influir en sus
conductas; se maneja la propaganda, la publicidad, la comunicación para mostrar
una imagen de la realidad de acuerdo al espejo del poder. El poder se mira en
lo que informa y lo que expresa termina siendo la imagen del espejo, es allí
donde se legitima y ratifica el poder. Se manejan las instituciones como
dispositivos de poder; aunque toda institución es un dispositivo de poder, lo
que hace a la manipulación es el uso forzado que se hace de las instituciones,
buscando alcanzar otros fines, distintos a las finalidades normativas. En el
caso de las organizaciones, estas son cooptadas en la perspectiva de los fines
extra-organizacionales impuestos. Se maneja la información como herramienta de
propaganda, como una extensión de los alcances y el cumplimiento del gobierno.
Quizás lo más grave pasa con el manejo
de los conflictos; lo primero que se hace es ignorarlos, después se los
descalifica, si avanza el conflicto, se intenta cooptar y dividir a las
organizaciones involucradas en la demanda; por este camino se termina optando
por los medios de disuasión y represivos. También se puede pretender arreglar
con los grupos más vulnerables y dóciles del conflicto, como lo que ocurre
ahora en lo que respecta al conflicto del TIPNIS. No se quiere atender ni
dialogar seriamente, solo se transmite la decisión antelada, la crónica de la
muerta anunciada del territorio y del parque, empero se manipula montando una
escenificación en una comunidad, la de Santo Domingo, donde habitan un grupo de
familias indígenas, ahora invadida por visitantes del tramo tres de la
carretera Villa Tunaría-San Ignacio de Moxos, quienes no habitan el TIPNIS,
para aparentar multitud y hacer creer que se conversa y se consulta con las
comunidades asentadas en el TIPNIS.
A propósito de la temática de la manipulación,
José Luis Vega Carballo dice
Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo
del poder. Se presenta en cualquier
relación social o campo de la actividad humana, donde la parte dominante se
impone a otras en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y
conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque
la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias reales,
lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay
manera de que las partes afectadas puedan vislumbrarlas anticipadamente,
tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos
consumados.
La manipulación es un
ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. El poder se ejerce decía Michel
Foucault, no es una propiedad, no es una sustancia, no es una ideología;
diríamos que se trata de relación de fuerzas, una fuerza que afecta y otra
fuerza afectada, una fuerza que hace de función de poder, otra fuerza que hace
de materia de poder. La manipulación se basa en relaciones de poder que buscan
afectar conductas y comportamientos, como toda relación de poder, pero que
recurre en este caso al engaño, a la distorsión, al chantaje, a la presión, al
encubrimiento, al montaje, al teatro, pero también a sutiles mecanismos y
deslizamientos de la violencia, que tienen una particularidad cuando se trata
del Estado y de sus formas de gobierno.
Llama la atención la
reiteración desembozada de las formas de manipulación de un gobierno que se
dice indígena y popular, más aún que se concibe como gobierno de los
movimientos sociales, de acuerdo a las expresiones rimbombantes del
Vicepresidente. En los conflictos con las organizaciones indígenas,
particularmente en lo que ocurre con el conflicto del TIPNIS, ha desplegado de
manera abierta todas las artes de la política vulgar, la astucia “criolla”,
como decimos popularmente, adelantándose a las consecuencias de la construcción
de la carretera; la maniobra se muestra patentemente cuando se hace tres trazos
de la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, buscando eludir
el estudio de impacto ambiental, sobre todo en lo que respecta al Territorio
Indígena y al Parque. La anticipación no consultada también se hace evidente cuando
se acuerda con el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva la construcción de la
carretera, financiada en gran parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil
(2008-2009); en este acuerdo se establece el compromiso fuera de normas de que
la construcción de la carretera queda a cargo de la empresa constructora
brasilera OAS. Esta forma de comportamiento sinuoso y callado, toda esta
actitud velada preveía conflictos, por eso se adelantó a los hechos, encubriendo
los acuerdos y convenios antelados. Cuando estalla el conflicto del TIPNIS la
respuesta es escabrosa; primero se confronta internamente al entonces
Viceministro de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Juan
Pablo Ramos, quien no quería firmar la ficha ambiental justamente del tramo II,
que pasa por el TIPNIS; segundo se oculta la información y se miente a la
opinión pública acerca del estado de la cuestión de esta carretera; tercero se
dice que no hay trazo del segundo tramo; cuarto, cuando se desprende la marcha
indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, se
descalifica a las organizaciones indígenas acusándolas de estar en contacto con
la Embajada norteamericana, insinuando que esta marcha ha sido preparada por
agentes de la embajada, volviendo a acusar a USAID por enésima vez de estar
fomentando la marcha indígena; también se acusa a un conjunto fantasmagórico de
ONGs de estar involucradas en la conspiración. Cuando la marcha se acerca a San
Ignacio-de Moxos, altos personeros de gobierno van a azuzar a los pobladores
para que se levanten contra los indígenas de la marcha. Si bien no consiguen
esto, lo que logran es que no se les dé alojamiento, comida ni agua. Cuando la
marcha se aproxima a Yucumo, se movilizan a colonizadores, cocaleros, policías
e incluso la ABC para impedir el paso de la marcha pacífica, bloqueando a la
marcha en esta localidad comercial. Cuando la marcha consigue apoyo
internacional y del país, movilizando a múltiples grupos de jóvenes, a la
organización de regantes, a la federación de estudiantes de la ciudad de El
Alto, a mineros e incluso a organizaciones de la ciudad de El Alto, como la
conocida Coordinadora por la Dignidad de la Ciudad de El Alto, cuando es
patente su contradicción en relación a la consulta previa libre e informada,
consulta que exige la Constitución, buscan dividir a las comunidades del
TIPNIS; todo esto sin responder a la demanda de los marchista. Se opta entonces
por el teatro político, se hace el montaje de un escenario grotesco de una
reunión manipulada en la comunidad de Santo Domingo, llevando gente del tramo
III, que habita fuera del TIPNIS. El presidente va a esa comunidad y efectúa
una tertulia improvisada con los supuestos comunarios, reunión que es
transmitida por la radio emisora oficial Patria Nueva.
El comportamiento del gobierno en todo el conflicto
del TIPNIS devela descarnadamente el sentido de las políticas gubernamentales
en relación al medio ambiente, a la ecología, a los parques y territorios
indígenas, en relación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios, en relación también al modelo heredado, el extractivismo,
incluyendo a la ampliación de la frontera agrícola y la desforestación, así
mismo devela el sentido de las políticas en relación a la coca y la cocaína.
Pero, sobre todo, devela la constante recurrencia del procedimiento más
apreciado por los funcionarios en su relacionamiento con la sociedad, los
pueblos y las organizaciones, este expediente es el de la múltiple manipulación
abierta y desembozada. ¿Por qué recurre a esta maniobra? ¿Qué expresa esta
recurrencia? ¿Una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, una descomposición?
José Luis Vega Carballo, el
autor citado sobre la definición de manipulación, dice que:
Pero aún allí, en momentos de crisis de
consenso, cuando se ponen en entredicho la legalidad y legitimidad del régimen, los dirigentes
terminan apostando a la manipulación para controlar las reacciones de los
dominados. Surgen distintas fórmulas para encubrir decisiones de emergencia,
desde los discursos efectistas hasta los despliegues de propaganda,
tácticamente destinados a compensar la carencia de argumentos capaces de
persuadir a las masas y mantenerlas leales al régimen. Cuanto más avance la
desestabilización y se aproxime la posible subversión violenta del régimen, es
mayor la frecuencia con que se aplican dosis variables de manipuleo con
represión, incluyendo las llamadas “cortinas de humo”, cuyo propósito es
distraer la atención de los subordinados para apartarla de los verdaderos
problemas que la dirigencia no puede resolver.
La recurrencia
a la manipulación parece aumentar cuando hay crisis de consenso. Desde esta
perspectiva vendría a ser algo que sustituye al consenso o cuando falta
consenso se recurre más a la manipulación. Este procedimiento de maniobra
vendría a ser un síntoma de la crisis de consenso, que también significa una
crisis de credibilidad; la pérdida de confianza también generaría el incremento
del uso de la manipulación. Esta tesis podría llevarnos a pensar en una
relación inversamente proporcional, pero no es así, pues la variedad de los
recursos, dispositivos y agenciamientos de poder más bien presentan un mapa de
combinaciones complejo, que se da de una determinada manera, dependiendo de las
coyunturas y los contextos. Incluso cuando hay consenso los gobiernos no dejan
de recurrir a tácticas de maniobra. Se trata de procedimientos altamente
extendidos, diversos, recurrentes, no sólo por gobiernos sino instituciones,
también en las relaciones de grupos, así como en las relaciones
interpersonales. Pero, en el caso que nos interesa, la manipulación política,
muestra los secretos engranajes de las formas de poder y de los entretelones
gubernamentales. Se trata de un procedimiento no democrático y mucho menos
participativo, en todo caso tampoco transparente. Se da cuando se tienen
finalidades establecidas, las mismas que no quieren ni deben discutirse, de
acuerdo a los criterios de los “diseñadores” de las finalidades; estas tienen
que ejecutarse, para su cumplimiento se usan todos los medios al alcance,
incluyendo preponderantemente los que tienen que ver con la manipulación. En
este caso las finalidades son como ordenes; se hace creer a los participantes
que se está discutiendo, que se está tomando en serio el debate, la demanda, la
reivindicación, las propuestas alternativas, aunque en realidad este dialogo
sólo sirva para legitimar lo ya decidido, el cumplimiento de finalidades
políticas.
Esta manera de
proceder nos muestra también una percepción bastante esquemática de los
gobernantes, que se resume en el creer que los otros, los interlocutores, la
opinión pública, son manejables. Esta percepción expresa una sobreestimación
extrema de las posibilidades del gobierno y una desvalorización también extrema
de los otros, de los interlocutores, del auditórium, de la opinión pública. Hay
más de una sorpresa cuando los gobernantes se enfrentan a resistencias, a
obstáculos, a conductas no manejables ni manipulables, que responden a
criterios formados sobre los temas en debate. Lo sorprendente es que en vez de
corregir este comportamiento gubernamental, generalmente los gobernantes
insisten como en una terca persistencia en estos métodos, aunque estos métodos
pueden llevar ineludiblemente a la confrontación. ¿Por qué? Hay una especie de
extensión estimativa de los microclimas institucionales gubernamentales a la
sociedad. Se espera que de la misma manera que se obedece en las instituciones,
las sociedades deban hacerlo. Hay un presupuesto de disciplina generalizada,
que obviamente no se cumple en la realidad. No se considera para nada los
propios raciocinios de la sociedad, de
los grupos, de las organizaciones, de los movimientos. Lo que cuenta es la
estrategia diseñada o supuestamente diseñada, las finalidades establecidas; lo
demás es objeto, es materia de poder, es manipulable.
De este modo
podemos decir que la manipulación dibuja una psicología especial de los
gobernantes, de la clase política; se sienten inmunes, se instala un
egocentrismo que da lugar a una sensación de que se es todo poderoso, una
distancia cualitativa los separa de los mortales. Esta percepción es alimentada
por los propios funcionarios que rodean como cortes modernas a los ejecutivos.
La ceremonialidad del poder, la adulación constante, la información
seleccionada, terminan convenciendo a los que toman decisiones de que es así,
que los que gobiernan tienen el sartén por el mango, que sus decisiones son
indiscutibles. Muchos de estos escenarios, de estos montajes políticos, son
construcciones de los subalternos inmediatos, que quieren ganar puntos. La
manipulación termina entrampando a todos, como en un círculo vicioso; no
convence, no disuade, y termina echando leña al fuego, incrementando la
intensidad del conflicto.
El autor citado
continúa con la contrastación de la manipulación, escribe:
Si para un uso racional, persuasivo y
legítimo del poder –es
decir, la dominación según Max Weber–, se requiere
comúnmente la transparencia y una conciencia relativamente lúcida acerca de los
intereses en juego, la manipulación se ubica en la esfera opuesta. Al
rechazar la transparencia, la argumentación y la persuasión –procesos que en
la democracia se
aplican para llegar al consenso–, los manipuladores, en su maquiavelismo,
apelan a las dimensiones instintivas de la mente individual y colectiva, a
impulsos inconscientes, a deseos y aspiraciones insatisfechas, a dependencias
emocionales y pasionales de la conducta individual o de masas. Se esmeran por
provocar reacciones impremeditadas que no requieran la aquiescencia ni el
raciocinio, por obviar discursos que justifiquen las pretensiones de dominio,
por evitar todo recurso metódico de justificación y convencimiento.
Descartando esa
personalización de los manipuladores
y de su supuesto maquiavelismo, pues
no se trata de caer en la individualización, como si la manipulación fuera un
atributo de ciertas personas, inclinadas a ello, y el maquiavelismo un plan antelado, una conspiración inherente. Este
maquiavelismo, que proviene de la lectura francesa de la época de Nicolás
Maquiavelo, interpretación segada por cierto, que ha reducido las tesis de
Maquiavelo a la caricatura de proposición que se expresa en la frase
popularizada de que los fines justifican
los medios, convirtiendo a Maquiavelo en un teórico de las conspiraciones,
las artimañas, las astucias y las intrigas. Lectura que no comprende la
estructura, el contenido y el núcleo de la teoría de Nicolás Maquiavelo que
tiene que ver con la figura del príncipe como articulador de la voluntad
nacional. Dejemos entonces de lado esta apreciación del autor para
concentrarnos en sus definiciones sobre la manipulación. Se concibe un aire
irracional en el ejercicio de la manipulación; ¿esto es sostenible? Depende
cómo concibamos la razón y la racionalidad; si aparece como un discurso
iluminista, que exige argumentación y justificación, reducimos la razón a su
forma lógica e instrumental; en cambio sí ampliamos el uso de la razón a la
elaboración de juicios, entendidos como la adecuación de los medios a los
fines, nos abrimos a múltiples formas de la razón y de la racionalidad. La
manipulación no está exenta de una forma de racionalidad ligada a la astucia;
no se trata en este caso de pretensiones de verdad y de validez. No estamos en
el terreno de la acción comunicativa ni de sus racionalidades desplegadas,
estamos mas bien en los espacios de las formas de violencia, en los mapas de la
dominación, aunque esta violencia y esta dominación tenga que hacerse
discursiva. En todo caso estamos ante pretensiones de logro, de ejecución,
pretensiones de dominación. El uso de los discursos en la manipulación no
pretenden convencer de la verdad expuesta, al contrario son usados para
engañar. Entonces las formas de la manipulación tienen que ver con las formas
de la dominación; por eso no es un mecanismo democrático, puesto que la
democracia en sentido pleno suspende los mecanismos de la dominación. El uso
recurrente de la manipulación caracteriza el perfil de los estados y gobiernos
que la ejercen. No se trata de estados democráticos en pleno sentido de la
palabra, que deberían ser más participativos que representativos, sino de
maquinarias, instrumentos, estrategias
gubernamentales al servicio de la dominación. No se trata entonces de un
proyecto emancipatorio sino de un proyecto de poder. Esto es importante a la
hora de caracterizar al Estado-nación boliviano y al gobierno popular.
Ciertamente lo que debería ser un proyecto emancipatorio, pues arranca de las
luchas sociales, de los movimientos sociales, de la guerra anticolonial y
descolonizadora, termina siendo otro proyecto de dominación. ¿De quienes es
esta dominación? No es una pregunta fácil en una transición que debería ser de
transformación y resulta mas bien de restauración.
Al respecto, en
relación a esta pregunta, que tiene que ver con la estructura de poder, pero
también con la estructura de clases, asentadas ambas en la matriz y estructuras
coloniales, vamos desplegar una hipótesis de interpretación.
Después de la
movilización prolongada (2000-2005) nos encontramos ante dos gestiones de
gobierno popular y un proceso constituyente, ambos contradictorios, que
expresan de manera dramática las contradicciones inherentes de los proyectos
políticos congénitos que nacen como producto de la movilización; uno de ellos
es el proyecto político que expresa la transición descolonizadora hacia el
Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva de conformar
una economía social y comunitaria que apunta al modelo alternativo a la
modernidad, al capitalismo y al desarrollo; el otro modelo está encaminado
claramente a la continuidad expansiva e intensiva del estándar capitalista
dependiente periférico basado en el extractivismo compulsivo; modelo que se sostiene
en la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. Ambos modelos son
opuestos, contradictorios y antagónicos. El primer modelo alternativo ha
quedado transcrito en la Constitución política del Estado, el segundo modelo
vigente es el que efectivamente se realiza desde el Estado y desde el gobierno.
El primer modelo ha quedado como un ideal y el segundo modelo es el realmente
implantado. El primer modelo es defendido por las naciones y pueblos indígenas
originarios, por sus organizaciones matriciales, de tierras altas y de tierras
bajas; el segundo modelo es el asumido por el gobierno, por el MAS, por las
organizaciones campesinas, colonizadoras y cocaleras, en alianza ahora con la
burguesía intermediaria boliviana, banqueros, empresarios, agroindustriales,
soyeros, terratenientes, apoyados en este trámite por las empresas
trasnacionales mineras, hidrocarburíferas, las empresas constructoras, el
gobierno brasilero, en el contexto de reacomodo de la estructura de la
geopolítica del sistema mundo capitalista.
Tomando en
cuenta este panorama, ¿qué sucede en la transición? Concurre la reorganización
de la composición de la burguesía intermediaria boliviana; campesinos ricos,
colonizadores ricos, cocaleros ricos ingresan a formar parte de esta nueva composición
de la burguesía, conjuntamente con los comerciantes; algunos de ellos se
introducen en su condición de dirigentes o ex dirigentes, al formar parte de la
nueva clase política. Las formas de esta recomposición burguesa no son
distintos al de las otras y anteriores composiciones de la burguesía,
procedimientos de despojamiento, de apropiación, incluso de trafico de tierras
y circuitos de influencias. Obviamente no son todos los campesinos, todos los
colonizadores ni todos los cocaleros los que ingresan a formar parte de esta
nueva burguesía, como en la genealogía de las burguesías, se forman estructuras
piramidales, la gran masa social queda en la base piramidal y son determinados
grupos pujantes y agresivos los que terminan ocupando el sitio de la cúspide.
Empero, como se comparte la ilusión desarrollista y el imaginero modernista,
creyendo que el logro de la riqueza está al alcance de todos, el conjunto
social cree que puede acceder y se embarga en un proyecto que obviamente va a
recrear las desigualdades.
En este mapa social,
¿qué papel juegan los obreros? Si nos guiamos por el último el XXXI Congreso de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, vamos a ver que el
proletariado minero retoma la Tesis de Pulacayo, la tesis de transición al
socialismo, bajo la caracterización de un país de capitalismo atrasado y
dependiente. Vuelven a plantear la alianza obrero campesina, bajo la dirección
del proletariado en la perspectiva de la revolución socialista. ¿Dónde entra este planteamiento en el
antagonismo que plantean los dos modelos mencionados anteriormente? ¿La
propuesta minera se acerca más a la modernidad, al desarrollismo, al
extractivismo o la propuesta obrera se acerca al modelo alternativo a la
modernidad, al capitalismo y al desarrollo? Este es un problema que tiene que
resolver el proletariado minero, que tienen que resolver los obreros, en el
contexto de las luchas y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos,
que confrontan al capitalismo no solo en lo que respecta a la explotación de la
fuerza de trabajo sino por en lo que respecta a la explotación y dominación de
la naturaleza. Ya no es el contexto ni la coyuntura histórica del momento de
aprobación de la Tesis de Pulacayo, este momento, el actual, es de una lucha
contra el capitalismo en defensa de la Madre Tierra, que es el nombre que se
usa para referirse a los componentes y ciclos vitales integrados de la vida, en
toda su biodiversidad, comprendiendo su ecología y ecosistemas.
La hipótesis interpretativa
se resume a que hay una nueva composición de la burguesía de la que forman
parte los campesinos ricos, los colonizadores ricos y los cocaleros ricos. Esta
nueva composición en articulación con los estratos heredados de lo que fue la
burguesía intermediaria, ejerce el dominio sobre las naciones y pueblos
indígenas originarios y el proletariado, que tiene cada vez más características
nómadas. Esta nueva burguesía todavía no tiene un discurso propio o adoptado,
como en el caso de la burguesía liberal o el caso del proyecto de burguesía
nacional, en uno caso el discurso era liberal y en el otro caso el discurso era
nacionalista. El discurso Constitucional, por el Estado plurinacional,
comunitario y autonómico no les sirve, menos el discurso del vivir bien, pues
entra rápidamente en contradicción con sus propias acciones. Por eso se han
convertido en escenas cada vez más grotescas los montajes políticos del
gobierno; el discurso no coincide con la práctica. Esta nueva burguesía se ve
impelida a elaborar otro discurso acorde a su transición restauradora. Por el
momento no hay tal cosa, lo que hay es una recurrencia desesperada a las formas
polimorfas de la violencia, desconociendo los derechos fundamentales, los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la
madre tierra.
Teniendo en
cuenta esta lectura de la transición podemos entender mejor el requerimiento
recurrente a las formas de la manipulación como parte de las formas de
violencia, como parte de las formas de dominación. De las tácticas y
estrategias, de las herramientas e instrumentos políticos, de las formas
discursivas, es uno de los mejores procedimientos que tienen a su alcance para
implementar el proyecto de continuidad capitalista y extractivista. El problema
es que los pueblos no son manejables ni manipulables, son resistencias que hay
que vencer, el esquematismo ingenuo de los gobernantes que recurren a la
manipulación no comprende la compleja realidad social, política, económica y
cultura. Tiene enfrente un gran obstáculo para la realización de su proyecto,
la Constitución, el horizonte abierto pluralista, los saberes y la politización
de los pueblos.
De contradicciones y confusiones del proceso
En rigor hay profundas contradicciones en el
proceso de transformaciones, lo que se nombraría antes, desde la perspectiva de
las grandes narratividades, como proceso “revolucionario”; aunque la concepción
de transformaciones y la de “revolucionario” tiene connotaciones distintas. El
siglo XX se abre a proyectos ultimatistas, por lo tanto es concebible en ese
terreno un imaginario revolucionario; en cambio el siglo XXI comienza a
complejizar y relativizar esos proyectos políticos y sociales, concibe
paradójicamente un más allá de la modernidad, que deberíamos entenderlo, usando
la jerga, como más “revolucionario”, pues atraviesa los límites mismos de la
civilización moderna, empero concibe esta trascendencia desde un pluralismo,
también desde la complejidad, a su vez pensando transformaciones pluralistas.
Bueno, en todo caso, distinguiendo estas diferencias imaginarias y discursivas,
podemos comprender que tanto los procesos “revolucionarios” como los procesos
de transformación anidan grandes contradicciones, que no se pueden eludir con
discursos ni con ideologías, si todavía podemos hablar así como de una
consciencia falsa o, mejor dicho, desde un discurso de legitimación del poder.
El proceso mismo conlleva una carga fuerte de
herencias que no solo obstaculizan el cambio sino que definen otras
proyecciones. Uno de los temas que es urgente abordar es el que tiene que ver
con la diferencia entre dominación y emancipación. El problema es que grupos
importantes de “revolucionarios”, también de los sectores que los acompañan,
creen que la liberación tiene que ver con la dominación. Lo mismo sucede en los
procesos de transformación; estratos, sectores importantes, que acompañan el
proceso de cambio, creen que de lo que se trata es de sustituir una dominación
por otra. Se perdió de la comprensión que las luchas sociales anticapitalistas
tienen que ver fundamentalmente con proyectos emancipatorios, por lo tanto de
liberación de las dominaciones y de las formas de explotación. Que la
emancipación involucra, en primer lugar a los explotados y discriminados, pero
también abarca a todos, que de lo que se trata es de liberarse de las formas de
dominación y de las formas de explotación, poner en suspenso los engranajes de
la dominación, ofrecer emancipaciones a todos los involucrados, irradiar el
proceso de liberalización múltiple. Asistimos pues a una contradicción profunda
en este sentido. Llamaremos a esta una confusión en los imaginarios, discursos
y prácticas de estratos y sectores que mas bien manifiestan sus recónditas
dominaciones cristalizadas, que ahora las quieren hacer funcionar dominando a
otros, explotando a otros, que generalmente son otra vez los más débiles y
vulnerables.
Vinculada a esta confusión sobre la
interpretación del proyecto inherente al proceso, se encuentra otra. Algunos o
muchos de los dirigentes involucrados con estos estratos y sectores que
acompañan al proceso creen que de los que se trata ahora es hacerse ricos. Esta
es la reducción más pedestre del proyecto; es la imagen del amo, del patrón, la
que da curso a esta ilusión. Ser libre es ser rico, sustituir al amo en su
papel. Este logro ciertamente es más reductivo, pues no todos pueden acceder a
la riqueza, aunque esta se la obtenga por procedimientos rápidos y fáciles.
Solo acceden unos cuantos, empero se forma una atmósfera que ilusiona a todos y
todos caen ávidamente en la ilusión de la disponibilidad monetaria. Por este
camino se reproducen redes, circuitos, compromisos, lealtades, muy parecidas a
las que había antes y atravesaban informalmente las gestiones de gobierno y las
gestiones económicas. Se puede comprender entonces que un proceso que comienza
con mucha expectativa, entusiasmo, esperanza, ungido de plena legitimidad,
termina entrampándose por las rutas prácticas que ocasionan estas herencias y
estas confusiones.
El
conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia estas contradicciones y
confusiones. Es probable que el gobierno haya creído que aprobar una
Constitución, que define al Estado como plurinacional comunitario y autonómico,
era nada más y nada menos que un discurso de legitimación del gobierno, no era
otra cosa que un texto constitucional, que no iba a tener más consecuencias
sino en la propaganda y en la publicidad, sobre todo internacional. Que no iba
a comprometer al gobierno en transformaciones institucionales, en
transformaciones estructurales, en la perspectiva de la fundación de otra forma
de Estado, con otra composición y otra estructura, que, en espera que no pase
nada, ni nada se comprometa, ni se esté obligado a nada, podía mantener el
mismo Estado dándole un barniz discursivo plurinacional e intercultural. Pero,
si es así, el gobierno se equivoca, pues una Constitución es un mandato, sobre
todo cuando ésta es resultado de las luchas sociales, de los movimientos
antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y pueblos
indígenas originarios. Se equivoca, pues en la medida que no realiza los actos
fundacionales, no elabora las leyes fundacionales, no hace las transformaciones
institucionales, como crear el pluralismo institucional, administrativo,
normativo y de gestiones, entra en flagrantes contradicciones que ponen en
evidencia su vocación no sólo reformista sino restauradora.
Esto
mismo ocurre con el discurso del vivir bien y la madre tierra; el gobierno ha
creído que hablar del vivir bien era como un discurso moral que había que
plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tenía mayores
consecuencia en las lógicas y estructuras de la planificación, cuando ésta ya
debería ser integral y participativa. Por eso continuó siendo un plan
economicista y desarrollista, aunque amarrado a objetivos democráticos y
solidarios. Tampoco se inmutó ante la siguiente contradicción, que la
continuidad del extractivismo minero e hidrocarburífera entraba en
contradicción con la defensa de la madre tierra, discurso principalmente
internacional, sobre todo cuando se da la presencia de Bolivia en las Cumbres
de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático. Se creyó que era un planteamiento
político para enrostrarle la cara a los representantes del capitalismo en estos
foros, pero no se creyó que también era indispensable ser consecuente en el
país. El extremo se llevó a cabo en Tiquipaya, con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra, pues en esta Conferencia se
llegaron a unas resoluciones que iban lejos, como definir el vivir bien como un
modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como el
prohibir la exploración y explotación en los bosques, como la defensa de la
biodiversidad y los ecosistemas, en conjunto la defensa de la vida, es decir,
de la madre tierra; además de llamar a formar una internacional de los pueblos
en defensa de la madre tierra en contra del capitalismo. Estas resoluciones
fueron firmadas por los países del ALBA y obviamente por Bolivia, y no les
perturbó para nada a los gobiernos firmantes el hecho de que estas resoluciones
ya eran vinculantes. Posiblemente ni se dieron cuenta o dejaron pasar las
circunstancias de manera desapercibida. Incluso se dio un hecho anecdótico a
propósito; el embajador de Uruguay leyó la carta del escritor Eduardo Galeano
donde se disculpaba por su inasistencia al evento; en la carta se decía que no
estaba de acuerdo con la inflamación de las palabras, haciendo una clara
alusión crítica a los escenarios y teatros políticos, a los sobrevuelos
discursivos. Empero, cuando se escuchaba la lectura de la carta, el
comportamiento oficial y de los organizadores del evento era como si no
entendieran lo que se leía.
Las contradicciones
llegaron a dos extremos críticos, uno es la crisis del gasolinazo, donde se
develó el contenido práctico de la política económica, basada en el supuesto
del equilibrio macroeconómico y completamente monetarista. La medida de shock
no hacía otra cosa que repetir los métodos de los gobiernos liberales,
transfiriendo al pueblo los costos de estas políticas de equilibrio y
monetaristas. También se develó que las políticas hidrocarburíferas, sobre todo
el control técnico, seguía en manos de las empresas trasnacionales, sobre todo
de REPSOL y de PETROBRAS, empresas que exigían la descongelación de precios en
el mercado interno, para convertir atractiva la inversión en exploración,
explotación, construcción de plantas separadoras, refinerías e incluso industrialización.
El argumento del gobierno fue que se subvencionaba los carburantes, que éstos
iba en gran parte al contrabando, que los que ganaban eran los países vecinos y
los contrabandistas, además de los ricos que consumían gasolina barata. El gobierno
uso cifras discutibles, como que se llegó a subvencionar en un monto de 380
millones de dólares, después se dijo que el último año llegó la subvención a
una cifra entre 600 y 700 millones de dólares, y que el año en curso se iba a
llegar a subvencionar por un monto de 1000 millones de dólares. Estos
argumentos son sorprendentes, en la lógica y en los montos; la información que
se tiene es que no se trata de erogación del Tesoro General de la Nación sino
de papeles fiscales, por otra parte que el monto de la subvención no es 380
millones de dólares sino 175 millones de dólares. ¿A qué conduce todo esto? A
que no hay transparencia y honestidad. ¿Hay crisis económica, financiera?
¿Déficit? ¿Ha subido la deuda interna? Esto es muy difícil de responder, sólo podría
hacerlo el gobierno si se tomara la molestia de ser transparente y honesto con
el pueblo.
El otro
acontecimiento crítico de la coyuntura es el conflicto del TIPNIS, donde se
evidencia que al gobierno no le interesa para nada las leyes que protegen las
áreas protegidas, los parques, los territorios indígenas; tampoco se inmuta
para nada si entra en contradicción con la Constitución que consagra los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la libre
determinación, el autogobierno, la gestión territorial, las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, así como la
consulta previa libre e informada. No le afecta para nada que la Constitución
establece claramente la ruta plurinacional de las autonomías indígenas y mucho
menos le afecta que vulnere los convenios internacionales,
constitucionalizados, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefiere optar por la descalificación
grotesca de los dirigentes indígenas, por la represión y la movilización sañuda
de colonizadores y policías para bloquear la marcha, optando también por
caricaturescos montajes y manipulaciones como la reunión del presidente en la
Comunidad de Santo Domingo en el Sécure, sin tomar en cuenta la marcha y a los
dirigentes orgánicos. Ahora insiste en montar una deslegitimada consulta
extemporánea que incluya también a los avasalladores del parque, lo que
contraviene completamente las condiciones de la consulta a los pueblos
indígenas. Se ha llegado a anécdotas tan escabrosas como decir que no hay
bloqueo sino vigilia cuando las cámaras ponían en evidencia el bloqueo
beligerante de colonizadores y policías, que incluso se atrevieron a no dejar
pasar vitualla, alimentos, medicinas y víveres para los marchistas, en una
actitud descomunalmente inhumana violando los derechos fundamentales.
¿Qué nos
muestran estas manifestaciones bochornosas del gobierno, colonizadores y
policías? No sólo que se ha entrado ya a una etapa de represión en la gestión
de gobierno, sino que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el
órgano ejecutivo, así como el órgano electoral se han convertido en
dispositivos de poder, en agenciamientos de la dominación, una dominación de
una nueva recomposición de la burguesía, donde a la anterior burguesía
intermediaria se suman los nuevos ricos, los campesinos ricos, los cocaleros
ricos, los colonizadores ricos, los comerciantes enriquecidos recientemente,
los contrabandistas y demás traficantes. El gobierno es pues gobierno de esta
burguesía y el Estado es la dictadura de esta burguesía.
La instauración de una tiranía
Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de
Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales
La represión e intervención sufrida por los
marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado
el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La
desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía
internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas
trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a
desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la
marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre
tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla,
montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más
grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando
por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba
destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones
indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los
marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de
deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y
de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y
reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía,
que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una
tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el
proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios
mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos
sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y
asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda
gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga
los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la
Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta
confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen
que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto
restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista
al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo
capitalista, y sobre todo al servicio de la geopolítica de la burguesía
internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de
dominación mundial, contando con las potencias emergentes.
Aunque las contradicciones comenzaron antes, no
solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de
2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales
convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se
hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas
contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la
continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo
capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción
con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al
desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva
descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y
autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por
las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida
que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se
ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era
el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación
definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino
extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es
otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia
colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y
pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al
optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los
territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las
naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero
muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se
comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la
Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes
inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional,
a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.
El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos
todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la
supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó
desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación
de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los
transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la
Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es
un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las
comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa
libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía
indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial,
instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y
violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la
defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del
discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y
conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la
continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la
supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos
de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de
realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante,
por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la
maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y
significativa que llamaremos teatro político.
De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya
convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la
reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional
comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio
plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el
modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa
del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los
derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La
defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación
compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la
destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y
de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las
comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos
del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural
biodiversa de la vida.
Un gobierno que escoge estos caminos no puede
sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del
despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los
principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha
indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución
concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo
segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista,
dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una
tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido
elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido
suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno
puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y
viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso
es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda
legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.
El círculo vicioso del teatro político y de la
supeditación
Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se
deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha
transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente
San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman
decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del
alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman
decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre
todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha.
Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se
transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad
de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de
gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su
Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la
orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías
que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de
relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no
sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes
materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los
policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo
a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa
explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho
de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún
momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales,
fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque
Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de
las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los
convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento
donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos
civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso
de autoridad.
El argumento que uso el gobierno constantemente
para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento
entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más
espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de
Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se
alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron
que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua.
Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de
Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la
marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están
comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo.
Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de
relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas
maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en
contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por
sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se
encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que
ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y
bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la
acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el
campamento de la marcha.
¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir
las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los
microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables,
terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la
realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guion que no
pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama,
los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis
persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y
materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a
la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la
publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva
y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la
opinión pública es maleable.
Obviamente esta hipótesis no puede ser la única
interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse
a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis
tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta
hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las
lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas
establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el
realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide
definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente
periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos
constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo
territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y
comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo
civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como
se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el
proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía
a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros
lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que
tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de
Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero
involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta
geopolítica regional.
Por lo tanto, se opta por el teatro político
para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las
organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la
restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un
realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas
a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación
del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia
como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro
político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el
gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el
pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones
seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la
descolonización.
Consecuencias vitales de la Constitución
Prohibida la esclavización, prohibida la
mercantilización de los seres humanos y de las relaciones humanas, de los seres
y de los ciclos vitales de la madre tierra; todos los seres no son objetos, son
sujetos, los ciclos vitales son sujetos. Por lo tanto prohibido reducir a los
seres a objetos. El sistema-mundo capitalista, la economía-mundo capitalista,
el modo de producción capitalista han reducido a los seres a objetos, los han
convertido en objetos. Este es un crimen de lesa humanidad, así como también es
un crimen contra la madre tierra. Es
indispensable someter a juicio al capitalismo, a los promotores del capitalismo,
a los portavoces, a los ejecutores, a los que se hacen dueños de los seres
humanos y de los seres de la madre tierra, a los gobernantes y funcionarios que
promueven la continuidad de este sistema, de esta economía de este modo
capitalista. Todos ellos son los agentes de este sistema, economía y modo
capitalista, todos ellos son responsables de haber reducido la pluralidad de la
vida, la diversidad proliferante de la vida, la creatividad y la reproducción
de la vida a objeto, por lo tanto “materia” mercantilizable e incluso
esclavizable, todos ellos han conspirado contra la vida, la creatividad de la
vida, la reproducción de la vida, han atentado contra la vida y siguen
haciéndolo. En nombre de todos estos sujetos, de todos estos seres, de todos
los ciclos integrales de la vida, denunciamos a estos portavoces, a estos
promotores, a estos ejecutores, a estos agentes del capitalismo, a estos que se
hacen dueños de los seres y de los ciclos vitales, al reducirlos a objetos y
apropiarse de ellos mercantilizándolos. En nombre de estos sujetos exigimos su
inmediato juicio de responsabilidades, exigimos también la abolición inmediata
des sistema-mundo capitalista, de la economía-mundo capitalista, del modo de
producción capitalista.
La recreación anacrónica del imaginario desarrollista
Nacionalistas, izquierda nacional, izquierda
colonial y lumpen-burguesía comparten el imaginario desarrollista, todos son
modernistas, creen en la evolución, al estilo de Herbert Spencer, en la linealidad de la historia y en la
fatalidad del capitalismo. Consideran que la tarea es el desarrollo, que un
país es soberano si se desarrolla, olvidando que el “desarrollo” del que habla
está articulado a la acumulación ampliada de capital que dibuja una geopolítica
en el sistema-mundo entre centros de acumulación y periferias de transferencia
de recursos naturales, que el “desarrollo” del que hablaban produce
“subdesarrollo”, que el mapa del mundo es un tejido de centros y una malla de
periferias, un mapa de espacios de “desarrollo” y un mapa de espacios de
“subdesarrollo”, ambos complementarios, produciéndose mutuamente. Olvidan que
ese “desarrollo” del que hablan produce dependencia, fortalece las cadenas de
la dependencia. Olvidan también que los gobiernos nacionalistas de América
Latina intentaron salir en el siglo pasado de la dependencia orientando la
estrategia económica y las políticas económicas hacia la sustitución de las
importaciones. Soñaban con la industrialización así como los liberales del
siglo XIX soñaban con los ferrocarriles. Los gobiernos nacionalistas estuvieron
acompañados por apoyo popular, tomaron medidas que beneficiaron a cierta
redistribución de la riqueza, también optaron por las medidas de
nacionalización para recuperar el control de los recursos naturales,
principalmente mineros e hidrocarburíferos, por parte del Estado. Todo esto
ocasionó modificaciones en los términos de intercambio en la economía-mundial
capitalista, pero no afecto a la estructura de dominación, de explotación y de
control por parte de los grandes consorcios, oligopolios y monopolios
trasnacionales. En algunos casos las revoluciones nacionalistas promovieron
actos heroicos como los que se dieron durante el gobierno del General Lázaro
Cárdenas (1934-1940) en México, quién nacionalizó a las empresas petroleras que
residían en México y tuvo que enfrentar el boicot de estas empresas y su
influencia a nivel mundial. También se
dieron acontecimientos transformadores durante los primeros años de la
Revolución Nacional de 1952-1964 en Bolivia; incluso antes, en 1937 en Bolivia
se incursionó en la experiencia de la nacionalización del petróleo, con el
gobierno del General David Toro, una vez culminada la conflagración bélica del
Chaco; más tarde en 1969 se produjo una segunda nacionalización del petróleo
bajo el gobierno del General Alfredo Ovando Candía y con la firma del ministro
Marcelo Quiroga Santa Cruz. La tercera nacionalización de los hidrocarburos se
produjo el 1 de mayo de 2006 durante la primera gestión del gobierno de Evo
Morales Ayma. En Argentina, el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) ahondó la
política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria
liviana. Perón también financió a la agricultura, especialmente en lo que
respecta a la siembra de trigo. Frente a la carencia de recursos monetarios provenientes de la exportación,
ocasionada por el estancamiento del sector primario, con las que se importaban
los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de
industrialización, se eligió la ruta de la nacionalización del comercio
exterior. En esta perspectiva, en 1948, el gobierno peronista adquirió los
ferrocarriles a los capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, creando la
empresa pública de Ferrocarriles Argentinos. En esta tónica, en el diseño del Plan Quinquenal se buscó
fortalecer las nuevas industrias creadas, comenzando con la industria pesada de
la siderurgia y la generación de energía eléctrica en San Nicolás y Jujuy.
También en
Brasil también se vivió la experiencia populista y nacionalista, incursionando
en proyectos modernizadores y de desarrollo. Este panorama político es
irradiante en América Latina, también en las geografías periféricas el
sistema-mundo de entonces, que algunos casos incluso terminaban expresándose en
tono antiimperialista. En Brasil, entre 1937 y 1945, durante el Estado Novo, Getúlio Vargas dio un
impulso fundamental a la reestructuración del Estado y profesionalización del
servicio público, creando el Departamento Administrativo del Servicio Público
(DASP) y el IBGE. Suprimió
los impuestos en las fronteras interestaduales y creó el impuesto a la renta.
Se orientó cada vez hacia la intervención estatal en la economía y se concentró
en impulsar la industrialización. Fueron creados el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), posteriormente llamada PETROBRÁS , y en 1951 la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la Fábrica
Nacional de Motores (FNM). Promulgó,
en 1941, el Código Penal y el Código Procesal; en 1943, Getúlio Vargas logró la Consolidación de las
Leyes del Trabajo (CLT), garantizando la estabilidad del empleo después de diez
años de servicio, descanso semanal, la reglamentación del trabajo de menores,
de la mujer, del trabajo nocturno y fijando la jornada laboral en ocho horas de
servicio.
Como se
puede ver vivimos periodos de efervescencia nacionalista y populista en América
Latina encaminados a la independencia económica y a la consolidación de la
soberanía por la ruta de la nacionalización, las medidas sociales y las medidas
del trabajo, persiguiendo también la modernización de la administración estatal
y de las leyes. El nacionalismo es un movimiento democrático por la ampliación
de la participación popular, es un movimiento independentista por la lucha
contra la dependencia económica, busca la modernización del Estado y apunta al
desarrollo nacional, impulsado desde el Estado.
Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS
Paradigma pluralista
Considero que el paradigma
o la matriz de paradigmas, que podemos llamar pensamiento pluralista,
comprendiendo también a las teorías de la complejidad, es el más inquietante
para abordar las luchas, la coyuntura contemporánea y la crisis del
capitalismo, considerando la crisis ecológica; es lo que más se acerca al
pensamiento pluralista, animista e inmanente de las cosmovisiones indígenas.
Hay que dejar en claro, que tratándose de las cosmovisiones indígenas, del
pensamiento pluralista, de las teorías de la complejidad, es mucho más grave la
evaluación que se hace de la agresión y el avasallamiento depredador a la Madre
Tierra en el TIPNIS.
Primeras
notas en torno a la Marcha Indígena de defensa del TIPNIS
Todos somos
indígenas
Todos somos indígenas del TIPNIS, lo somos porque nos
solidarizamos y comprendemos el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra de
las comunidades yuracares, chimanes y moxeños asentados en el territorio
indígena y parque del Isiboro Sécuré. Somos indígenas porque su lucha es la
nuestra, contra el avasallamiento capitalista y la dominación de la modernidad
sobre la naturaleza. Somos porque sentimos como los árboles de los bosques, los
seres y los ciclos vitales del nicho ecológico, la estupefacción contra la
agresión del comercio, del negocio, que no mide consecuencias, en la
desforestación y en la destrucción de los ecosistemas. Todos somos indígenas
del TIPNIS porque la Madre Tierra nos convoca a defender sus derechos, el
derecho de los seres y de los ciclos vitales.
Apoyo a la marcha indígena
Debemos generar toda clase de defensa del TIPNIS, múltiples defensas, plurales movimientos, en todas partes, de toda clase, diversa, como expresando metafóricamente a la propia biodiversidad. Vamos a tenernos que enfrentar a todos los que optan por el negocio descarado, quienes prefieren destrozar los bosques, optando por el gozo escandaloso de su sucia ganancia.
Disyuntiva
El presidente
tiene que escoger entre la defensa de la vida, de los bosques, de los seres y
de los ciclos vitales de los sistemas de vida, o el derrotero del narcotráfico,
el comercio corrosivo, el extractivismo dependiente, de las carreteras de la
subalternidad a las potencias emergentes y al imperio. Si decide por la
carretera que conduce a todo esto se sobreentiende el destino apocalíptico que
escogió a nombre del desarrollo. Frente a esta pulsión de muerte no queda otra
cosa que la defensa movilizada por la vida, que la exigencia urgente de
desplegar todas las fuerzas en esta lucha. La defensa del TIPNIS es la defensa
de los derechos de la Madre Tierra y de la Constitución.
¿Quién tiene
la soberbia?
¿Quién tiene la soberbia? ¿Los indígenas que marchan sacrificándose para defender la madre tierra o los gobernantes que han decidido destrozar un territorio indígena y parque protegido por las leyes y la Constitución cuesten lo que cueste? ¿Qué clase de imaginario es este que cree que se puede manipular indefinidamente con el discurso del poder malversando la significación evidente de los hechos? ¿Imaginario jacobino? ¿Imaginario extractivista? ¿O simplemente el deleite desenfrenado del cinismo funcionario al servicio de la descomunal avaricia de las tras-nacionales, que llaman eufemísticamente desarrollo?
Casualidades escabrosas
¡Qué casualidad! Cuando hay marcha indígena
en defensa de sus territorios, de los derechos de las naciones y pueblos, de la
madre tierra, consagrados en la Constitución, se acusa de que detrás está la
CIA, como en la anterior marcha del CIDOB, que detrás está la embajada. Esta
manipulación contra-informativa se parece a las descaradas formas represivas de
las dictaduras, los fascismos, los gobiernos neo-liberales, y también, eso es
lo que llama la atención, a los juicios escandalosos del estalinismo. A esto se
le llama paranoia del poder.
El imaginario jacobino
Los “gringos” están en el imaginario de Evo y Álvaro, sobre
todo cuando se trata de observar la crítica al proceso, a la conducción del
proceso, sobre todo cuando se trata de la defensa de la Madre Tierra y de los
derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución,
sobre todo cuando se viola la Constitución sistemáticamente y no se sabe cómo
justificar esta violencia, sobre todo cuando se trata de reconducir un proceso
que marcha estrepitosamente al abismo. Ahora parece que los “gringos” están
también en el imaginario de los funcionarios y de los “lluncus”. El
imperialismo norteamericano, la dominación a secas Estadounidense en este ciclo del capitalismo, que ha entrado
en crisis, son reales. La lucha contra el imperialismo sigue adelante, pero se
la hace consecuentemente y directamente. Yo no creo en quienes se desgarran las
vestiduras contra el imperialismo, pero se mueren por restablecer relaciones.
No creo en quienes hablan contra el imperialismo y les venden petróleo a los
yanquis. Y menos en quienes usan este fantasma cuando conviene, cuando tienen
que encubrir sus desviaciones alarmantes al nacionalismo, a la supeditación a
las trasnacionales y a la potencia emergente de Brasil. Menos en quienes
cierran los ojos contra la expansión abrumadora del narcotráfico. Estos no son
antiimperialistas, son unos farsantes y represivos nuevos colonizadores de los
pueblos indígenas.
La situación de
descomposición del gobierno ha llegado lejos, la derechización de Evo es
alarmante, sobre todo la de Álvaro. Estan al servicio y supeditados a las
empresas trasnacionales hidrocarburíferas, a la burguesía brasilera, que se ha
convertido en una de las potencias emergentes en plena crisis del
capitalismo. El narcotráfico se expandido abrumadoramente, el gobierno cierra
los ojos y otros grupos de poder, vinculados al contrabando, disputan la
influencia en la toma de las decisiones. La batalla del TIPNIS es crucial.
Las nuevas alianzas
Las nuevas alianzas son mas bien con la burguesía intermedia
agro-industrial, agropecuaria y soyera. Las alianzas se dan en Pando, Beni y
Santa Cruz. Lo de la separación "ideológica" y "material"
del Beni respecto de Santa Cruz fue una ocurrencia circunstancial y muy poco
sostenida en un momento de los primeros tiempos de la gestión del primer
gobierno. Ahora el contexto es otro. Se han introducido artículos que permiten
transgénicos en la Ley de la Revolución Productiva, que favorece a los soyeros;
el peso de la burguesía agro-industrial y agropecuaria en la alimentación de
los bolivianos ha subido notoriamente en las dos gestiones de gobierno popular.
La alianza económica con esa burguesía ha crecido estratégicamente después
de la derrota política de las oligarquías regionales en Pando, una vez que
ocurrieron los sucesos sangrientos en el Porvenir. Esa es la paradoja del
"proceso de cambio". Son las paradojas de los procesos
“revolucionarios”, que terminan convirtiendo la “revolución” en una restauración.
Resolver este problema depende de la capacidad abierta de asumir las
contradicciones y resolverlas por la continuidad de la "revolución",
la profundización del proceso, mediante la revolución cultural. No enceguecerse
buscando la justificación "ideológica" de las contradicciones, que
para lo único que sirve es para encubrir el derrotero al fracaso y la caída. En
todo caso, una supuesta estrategia de separación, de geopolítica interna, que
no se la ve por ningún lado, no justifica el alto costo de destrozar el
Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure, alto costo ecológico, también alto
costo ético, pues no se explica, de ninguna manera, el doble discurso de hablar
de la defensa de los derechos de la Madre Tierra e inmediatamente
agredirla desde la desenvoltura más cínica del modelo
extractivista.
Contradicciones
Se puede hablar desde donde se quiera sobre las contradicciones, desde el
pensamiento dialéctico hegeliano, quizás antes, desde la filosofía crítica de
Kant; también desde las corrientes teóricas o políticas de los marxismos,
incluyendo las tesis sobre las contradicciones de Mao; también se puede hacerlo
desde otras perspectivas teóricas, incluso trasladándonos a la concepción
dualista, inherente a las cosmovisiones indígenas, que más bien hablan de
complementariedades, empero, desde ningún punto de vista se puede justificar la
escandalosa dicotomía entre el horizonte abierto por la Constitución y el
pragmatismo “jacobino” desembarazado, que no es otra cosa que la regresión
calamitosa al Estado-nación, liberal y colonial. Menos justificar desde esta
incongruencia el depredar uno de los territorios, parques, nichos ecológicos,
más importantes e inconmensurablemente valiosos de la Madre Tierra, además,
hacerlo, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados
por la Constitución. A esto se llama sencillamente el más desembozado retorno a
la vulgata del desarrollismo periférico, que no es otra cosa que estractivismo
dependiente.
El mandato del pueblo, que ha aprobado la Constitución es
construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, no restaurar lo
mismo. No se explican esas flagrantes contradicciones llamándolas
eufemísticamente tensiones creativas.
El montaje
Cuando
se sustituyen los hechos por la escenificación mediática es cuando no se
aceptan las evidencias, los sucesos, no se acepta las flagrantes
contradicciones, cuando el poder es usado para forzar los acontecimientos. Esta
manipulación muestra la desesperación en la que se debate el gobierno: es preferible
el cuento de la conspiración que aceptar la interpelación de los pueblos y
comunidades. Cuando ocurre esta violencia representativa es que se anuncia el
inicio de una etapa represiva. Obviamente se está lejos del ejercicio plural de
la democracia participativa y de la consulta, pues se ha optado por el
descarnado uso de la fuerza. Las lógicas y los engranajes del poder llevan a
esta situación dramática. Los compromisos con grandes intereses empujan a los
gobernantes a este atropello; se trata de maquinarias montadas con antelación,
los gobernantes terminan atrapados convirtiéndose en dispositivos del decurso
descarnado del poder. No importa la objetividad, menos una elucidación sobre la
verdad, lo que importa es la justificación de las acciones desmedidas e
incomprensibles, insostenibles desde el horizonte abierto por la
Constitución.
LOS SÍNTOMAS
DE LA DESCOMPOSICIÓN
Las estrategias del gobierno
ante el debate y la crítica
¿Cómo
explicar esa manera torpe de eludir la crítica y el debate? Después que el
Manifiesto por la reconducción hiciera pública los temas candentes de la
coyuntura política, la respuesta fue la de una inmediata descalificación y
acusación. Un texto, cuya autoría es del Vicepresidente, publicado por la
Vicepresidencia, difundido masivamente, acompañando la distribución del
periódico Cambio, expresa la
violencia descomunal del Estado.
Comenzando por un título estrambótico que dice que trata de El “Oenegismo”, enfermedad infantil del
derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración
neoliberal), nos muestra de inicio el sentido de la violencia discursiva,
explicita en el documento. Vaya uno a preguntarse qué tiene que ver un texto como
este con un libro publicado por Lenin en plena discusión con la izquierda
comunista europea. El libro de Lenin titula La
enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo; este libro entra en
polémica con la izquierda de los partidos comunistas, izquierda radicalizada en
el seno del movimiento obrero europeo.
Lenin explica la importancia internacional de la revolución rusa, las
condiciones históricas que posibilitaron la revolución bolchevique, hace una
descripción histórica de las etapas del ascenso del bolchevismo, hace un
balance de las luchas de los bolcheviques y de los enemigos identificados,
luchas que permitieron el fortalecimiento del partido; después pasa a
caracterizar a la “izquierda” alemana, a sus jefes, al partido, a la clase obrera
y a la masa. Se hace preguntas del momento como si deben actuar los
revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, si deben participar en los
parlamentos burgueses. También se hace una caracterización del comunismo de
“izquierda” en Inglaterra.
En el anexo se analizan cuestiones como la escisión de los comunistas en
Alemania, la relación de los comunistas e independientes en Alemania, así mismo
se analiza el papel de Turati y su gente en Italia, para terminar apreciando
que esta “izquierda” saca conclusiones falsas de premisas justas. A Lenin jamás
se le hubiera ocurrido descalificar a esta “izquierda” como “derecha”. Se
trataba de un debate con las tendencias radicalizadas del comunismo. No vamos a
evaluar aquí ese debate de la segunda década del siglo XX, sólo vamos a decir
que Lenin se dio la tarea de debatir con estas tendencias radicales en momentos
de peligro para la revolución y observando las escisiones de la izquierda y del
comunismo en Europa, en momentos que seguramente creía que se requería sobre
todo unidad en el movimiento obrero internacional.
La Unión Soviética ha caído estrepitosamente a fines del siglo XX,
¿quién tenía razón en la discusión? Eso lo dejaremos pendiente. Lo que llama la
atención es la pretensión de ser un libro leninista un texto que cae en la
diatriba y no retoma la crítica, un texto que atribuye el valor de categoría
explicativa a un término como “Oenegismo”, un texto que si bien habla de una
enfermedad infantil, moteja esta enfermedad de derechismo, sin comillas.
Alguien que ha leído El 18 de
Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, sabe que un proceso político es
eso, un proceso atravesado por tendencias; hay tendencias que persiguen ir
adelante, otras que pretenden mantener un paso lento, otras que buscan el
equilibrio de fuerzas, y otras son restauradoras. Todas estas tendencias están
asociadas a la lucha de las clases.
Se entiende que haya tendencias que conciban un proyecto más radical;
que se pueda hacerlo o no, que estén dadas las condiciones, es parte del
análisis; también se entiende que haya tendencias que persigan volver atrás, si
se pueda hablar así, restaurar el orden; como también se entiende que en este
intervalo haya otras tendencias más mesuradas. Pretender que no hay nada a la
izquierda de un gobierno “popular” es como pretender que ese es el límite
último, más allá no hay nada. Sólo así se explicaría que todas las críticas al
gobierno son sólo discursos de derecha. Este esquema absolutista no es
sostenible desde la perspectiva de El 18
de Brumario de Luis Bonaparte.
¿De dónde se saca que las críticas al gobierno solo pueden ser
enunciados por la derecha? Obviamente esta apreciación no viene de un análisis
objetivo, sino de un sentimiento, de una sobrevaloración absoluta del gobierno
y de su conducción. Viene de un imaginario defensivo. A este comportamiento se
ha llamado paranoico, por parte de teóricos como Gilles Deleuze y Félix
Guattari, tiene que ver con la paranoia del despotismo. De alguna manera los
conductores del Estado, los gobernantes, terminan siendo paranoicos. Estos
autores definían un juego de contraposición en los personajes del poder, entre
el mago prestidigitador y el jurista, entre el guerrero y la norma; en este
juego o a través del mismo, comprendiendo las contraposiciones, se definen los
escenarios de la genealogía del Estado como una máquina codificadora y de
captura.
¿Lenin era guerrero o jurista? Buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Del
momento, de la coyuntura? ¿Cuándo criticaba a la “izquierda” europea, qué era?
¿Qué es el Vicepresidente cuando blande su garrote azul, el libro que descubre
el “Oenegismo” como enfermedad infantil del derechismo? No es ciertamente un
investigador, un científico social, un analista. ¿Será leninista, explicando a
las tendencias radicales sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia
del proceso? No parece.
El perfil es mas bien de un furioso acusador y de un desesperado
propagandista de los logros del gobierno. Es muy difícil tomar en serio la
pretensión leninista del libro, independientemente de la evaluación de Lenin y
del bolchevismo que se haga. Entonces estamos ante un libro que juzga, en el
sentido de juicio, de penalización, de castigo. Estamos ante un tribunal
supremo que aplica la ley; ¿Cuál ley? La ley que resulta del monopolio de la
violencia, la ley que resulta de la verdad del Estado. Todo lo que atenta
contra esta verdad es una mentira; toda crítica es una conspiración y está
asociada al derechismo y a la restauración neoliberal. No hay cabida para la
duda, no hay contradicciones en el proceso, solo hay “tensiones creativas” en
la fase jacobina, una vez que se ha superado el empate catastrófico y hay una
hegemonía indiscutible del bloque popular.
La demostración de estos grandes logros se lo puede expresar
estadísticamente, la ciencia cuantitativa del Estado. Así se resuelve
imaginariamente el problema, se hace desaparecer la problemática. Todo avanza
según lo calculado. Esta representación tranquilizadora del proceso, esta
apología del gobierno, ha sustituido la realidad por la diatriba, el panfleto y
la propaganda.
Los síntomas
de la descomposición
La acusación a los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena por la
defensa de la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure
forma parte de una costumbre; esto ocurre cada vez que hay una marcha de las
naciones y pueblos indígenas en defensa de la Constitución de sus derechos
consagrados en el texto constitucional. Esta vez, así como las otras veces, se
acusa de estar en contactos con la Embajada estadounidense.
¿Quieren hacernos creer que la marcha por la defensa del TIPNIS ha sido
preparada por agentes de la Embajada? ¿Qué hay un acuerdo entre estados Unidos
y los indígenas para desestabilizar el gobierno? ¿Es decir, que no hay ninguna
razón para protestar, luchar por los derechos de la Madre Tierra y de las
naciones y pueblos indígenas, que no hay que defender un territorio indígena,
saneado y sacramentado, que cuenta con título de propiedad colectiva? ¿Qué todo
es una conspiración norteamericana? ¿Podemos creer semejante argumentación, que
blande como prueba lo que dicen que son “extractos” de llamadas y no
“pinchazos”, queriendo calmar la ansiedad de sus consciencias culpables?
¿Quiénes creen esta violencia contra la lógica y el sentido común? Obviamente
la población estrepitosa de los “lluncus”.
Esta desvergonzada y descarada acusación es un síntoma de algo grave;
cuando se recurren a estos métodos morbosos y perversos de desinformación y
manipulación vulgar de los hechos es porque algo se esconde, algo grande y
grave se esconde. ¿Qué es? ¿Defensa de intereses empresariales? ¿Madereros,
agroindustriales, soyeros, cocaleros, ilícitos? ¿Defensa de los acuerdos con el
gobierno brasilero para implantar el IIRSA y los corredores transoceánicos,
corredores que vehiculizan la depredación, el extractivismo, el comercio
trasnacional y también del comercio delincuencial? ¿En qué están metidos los
señores acusadores, que hasta su comportamiento, en unos casos nervioso, en
otros cínico, los denuncia? No lo van a decir. Pero lo que se juega, lo que
está en juego es grande, pues no se explica de otra manera este desmesurado
abuso de poder, de manipulación comunicacional, y de violencia gubernamental.
Estamos no solamente ante la crisis del proceso, ante la constatación de
que se ha cruzado la línea, colocándose el gobierno al otro lado de la vereda,
no solamente que ya se enfrenta al pueblo, que el gobierno se ha puesto en una
disposición peligrosa oponiéndose al proceso y restaurando el Estado-nación,
liberal y colonial, sino que estamos ante una diseminación y descomposición
avanzada, en la medida que constatamos que las mafias, redes delincuenciales,
metidas con el contrabando de tierras, el contrabando a secas y otros
recorridos ilícitos, han terminado conformándose en grupos de presión, en
grupos de poder, que empujan a la toma de decisiones.
La situación del proceso es mucho más grave si se constatan este
deterioro del ámbito de relaciones, de estructuras y de instituciones
comprometidas. Esta es la razón y estas son las condiciones que convierten a la
batalla por el TIPNIS en una batalla crucial. Si se pierde esta batalla, la van
a ganar las trasnacionales, las empresas madereras, el gobierno de Brasil, OAS,
las mafias delincuenciales. Por eso es necesaria una movilización generalizada
de todos los movimientos, organizaciones, sectores sociales, que son el
contenido del proceso, pues lucharon por él y aprobaron la Constitución. Ahora
están obligados a defender el proceso, a defender la Constitución, a defender
la Madre Tierra y a construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Situación legal y constitucional del TIPNIS
El TIPNIS es Parque, es Territorio indígena, ha sido
saneado, cuenta con título de propiedad colectivo. La Constitución exige la
Consulta; esto forma parte de los conjunto de derechos de las naciones y
pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. No hay por donde justificar
la violación de la Constitución y de los derechos indígenas, no hay por donde
justificar la destrucción del parque, del territorio y del ecosistema del
TIPNIS. Lo que hace el gobierno es inaudito. La única explicación que hay es
que están metidos con el IIRSA y con el proyecto extractivista y de
supeditación a la potencia emergente de Brasil. No se explica de otra manera
que estén contra el proceso y contra los objetivos de la Constitución.
La perspectiva catastrófica del gobierno
¿O sea que a
las causas ya gravitantes de desforestación hay que aumentarle otra más grave
que es la carretera a través de un parque, área protegida y territorio
indígena, saneado y sacramentado, protegido por la Constitución, las leyes y
por los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la
Constitución? ¿En qué andamos? No me parece coherente esta compulsión
destructiva y modernista tardía. Me parece la expresión desorbitada de un
desarrollismo y extractivismo culpable, que a ultranza se somete a los
intereses de las trasnacionales y del proyecto geopolítico de la burguesía
internacionalizada brasilera.
Dramatismo del momento
Lo trágico es que se restaura el Estado-nación, liberal y
colonial, no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico,
como manda la Constitución. Lo trágico es violar la Constitución con la
promulgación de leyes inconstitucionales; lo grave es haber dictado un
gasolinazo respondiendo al pedido de las empresas trasnacionales; lo grave es
atentar contra un territorio indígena, un parque y un área protegida por leyes
y la Constitución. Lo trágico es violar los derechos de las naciones y pueblos
indígenas, consagrados en la Constitución. Por último, lo trágico es
encontrarse con estas realidades, incluso constatar la supeditación de nuestro
gobierno al IIRSA, al proyecto hegemónico de la potencia emergente de Brasil y
encontrarse con justificaciones paranoicas como las tesis de la conspiración,
que no tienen nada de imaginación, toparse además con personas, que se hacen a
las serias, que repiten aburridamente esas tesis, insostenibles.
La tarea
La intención colectiva es defender la Constitución, violada
por el gobierno, defender la Madre Tierra, defensa acordada en las resoluciones
de Tiquipaya. Estas defensas deberían ser de todo boliviano y boliviana
conscientes de las tareas de transformación que competen como mandato de la
Constitución. No la restauración del Estado nación, liberal y colonial, como lo
hace el gobierno. Estas tareas se expresan concretamente en la transición de salir del modelo
extractivista y encaminar el proyecto a un modelo alternativo al capitalismo, a
la modernidad y el desarrollo, que es el vivir bien, como establece la Ley de
la Madre Tierra.
Política
y violencia
Hay reflexiones sobre la violencia, como las de
Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida,
que retoma esas reflexiones. En Comuna
también se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una
reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del
Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena,
pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia
del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota,
volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y
amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del
TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio
indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS,
cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”. Esta experiencia, la experiencia del
conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de
esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia
desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas
estructuras del poder y del Estado.
¿Por qué se recurre a la
desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de
violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al
chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita,
buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión,
incluso su anulación? Un senador de
Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS,
quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este
discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo
de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte
civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las
acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca
demostraron los acusadores.
¿Por qué este senador lo hace?
¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de
Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX),
que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó
del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, donde se transmitió este pedido.
Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al
TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y
senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento
de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los
marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la
ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es
esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no
es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino
una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.
¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en
conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos
y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades
del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones
matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la
violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos
coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros,
quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a
Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el
Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la
gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer
movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias
indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan
satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es
esta compulsión por las formas de la violencia como recurso desesperado a revertir la situación y tratar
de volver a imponer su voluntad por la fuerza.
Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta:
¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra?
¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda?
¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no
solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su
interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que
debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las
naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al
contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en
su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos.
¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos?
Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la
integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder
que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder
impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus
dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e
ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación.
Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán
respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la
exigencia de prácticas democráticas.
En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la
democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo
que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas
en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas
originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo
que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada
por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa
de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos
fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al
descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las
descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y
desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante
la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y
diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como
dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se
puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la
historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la
despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una
manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en
beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que
recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se
reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión
falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha,
contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño
y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la
Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como
héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro
que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra
las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la
violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta
sobre todo el desboque de la violencia.
Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria,
la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no
festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las
organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad
no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones
estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera
irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad
del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría
intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el
significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica.
Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo
para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de
confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres
de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia
descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas.
Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria
de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas
originarios.
En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se
suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se
reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas
por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden;
todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad
la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes
municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para
esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo.
En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las
naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los
defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le
ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar
absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario
es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo
suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando
a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura
muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más
elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se
imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer
desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.
La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del
sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:
Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure –
TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica,
reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y
Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del
Estado Plurinacional de Bolivia.
El artículo dos dice que:
Teniendo
el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la
categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se
constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los
sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos
naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.
En este contexto de la ley hay que entender la
declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el
reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino
se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a
los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas
extractivistas, a las empresas madereras, a
todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque
y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política
del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho
a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección
de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y
administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10
establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen
derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y
conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El
numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural,
intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el
vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que
una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los
sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados
mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del
presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y
administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso
del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las
naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de
abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera
es la realización material de medidas legislativas y administrativas.
Después de la victoria de la marcha indígena, después
de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el
propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una
movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo
económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley. La descalificación de los dirigentes continúa
con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que
enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la
protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades
indígenas del TIPNIS.
La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como
lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal;
después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la
defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ,
la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la
responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de
convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del
tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa,
comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política,
la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar
la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables
y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los
territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social
en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los
relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo
del vivir bien.
Notas
después de la marcha indígena
Paul
Valéry: La idea de la dictadura.
No se casi nada de la
política práctica, en donde supongo que se encuentra todo aquello de lo que
huyo. Nada ha de ser tan impuro, es decir, tan entremezclado de cosas cuya
confusión no me gusta, como la bestialidad y la metafísica, la fuerza y el
derecho, la fe y los intereses, lo positivo y lo teatral, los instintos y las
ideas.
La entrañable fuerza indígena
Lo profundamente, lo entrañablemente
anticapitalista es el anticolonialismo anticapitalista indígena. El proyecto
indígena es un proyecto civilizatorio alternativo; en este horizonte radica la
gran diferencia, la integralidad emancipatoria, el llamado de lo profundamente
humano, también de lo profundamente tierra. La vida.
La
reconducción del proceso
Las organizaciones indígenas son
la defensa profunda del proceso y de la Constitución, es el gobierno el que
está contra el proceso. Si el gobierno quiere estar con el proceso tiene que
formar parte de la reconducción que se ha iniciado con la victoria del TIPNIS
por parte de las naciones y pueblos indígenas. El Pacto de Unidad tuvo sentido
en el proceso constituyente, cuando fue parte orgánica del desarrollo del texto
constitucional. Ahora se trata de reconducir el proceso y construir el Estado
plurinacional comunitario y autonómico, desmantelar, acabar con el
Estado-nación, liberal y colonial, que restaura el gobierno. Los indígenas no
pueden formar parte de una farsa, de un apoyo al nacionalismo y a los
nacionalistas en el gobierno, no pueden formar parte de una alianza de clases
que apuesta a ampliar las fronteras agrícolas, agrediendo a la madre tierra.
Los indígenas no pueden apoyar una alianza que apoya a la re-composición de la
burguesía y el sometimiento a la burguesía internacionalizada brasilera. Los
indígenas tienen que formar un nuevo pacto con el pueblo boliviano que los ha
apoyado para reconducir el proceso.
Reducciones esquemáticas
Hay quienes
confundían el país con un aeropuerto; eso decía Sergio Almaraz Paz del General
René Barrientos Ortuño. Hay otros que confunden el país con la escenificación
teatral del desenlace del terror de la revolución francesa. También hay quienes
confunden el país con una contienda sindical. Pero también hay quienes
confunden la política con la eterna maniobra de la manipulación y el montaje.
Creen que se pueden suplantar a las organizaciones matrices con la cooptación
de dirigentes corruptos.
Más allá de la izquierda y la derecha
Más allá
de la izquierda y la derecha, que son términos modernistas y esquemáticos.
Inútiles para interpretar las luchas emancipatorias contemporáneas. Incluso, en
su época se olvidaron que más radical que la izquierda jacobina, eran los
montañeses, que ocupaban la galería del Congreso francés. Esta era la plebe,
los san-culottes.
No se
puede eludir la realidad
La problemática del TIPNIS es una
realidad, así como la problemática de dominación de las trasnacionales
hidrocarburíferas y mineras, además de la construcción. El IIRSA es una
realidad del proyecto hegemónico de la burguesía brasilera. La constitución es
una realidad jurídico-política, también los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios son una realidad política y social. Negar eso con el
imaginario paranoico y acusador jacobino no es más que defender el modelo
capitalista dependiente y extractivista.
La hipótesis trasnochada del
egoísmo
Decir que el egoísmo es como un instinto inherente en
el ser humano es como la hipótesis de que el hombre es el lobo del hombre, la
hipótesis de la bestialidad. Eso forma parte del imaginario de la ideología
modernista. No es una hipótesis verificada. Eso es reducir la condición humana
a la condición egoísta a la que la ha restringido el sistema-mundo capitalista.
Esta es una subjetividad meramente capitalista. Eso es reducir la plenitud y la
complejidad humana a una de las más pobres condiciones de la subjetividad. Como
dicen los mexicanos, me extraña que siendo araña te subas por la escalera. ¿No
son acaso religiosos los que postulan esta hipótesis? ¿No deberías buscar más
bien la condición humana solidaria? Yo no soy católico ni cristiano, pero
respeto a todas las religiones y espiritualidades pues han abierto la
comprensión del ser humano más allá de la cotidianeidad.
La famosa orden y la forma infantil de eludir
responsabilidades
Se supone que la orden
se la tomó en reunión de gabinete, estaban todos presentes. Todos fueron
cómplices de la orden, desde arriba hasta todos los ministros y ministras,
salvo honradas excepciones, como las del Canciller que estaba en contra y la
exministra Cecilia Chacón, que renunció ante semejante violación a los derechos
fundamentales. Es más se tenía redactado el requerimiento a la fiscalía de
intervención para que la firme la ministra de
justicia. Con lo que estuvo de acuerdo. Todo esto ocurrió bajo la excusa
apresurada y compulsivamente difundida del "secuestro". A pesar de
que el mismo Canciller se opuso a la interpretación del "secuestro",
pues su interpretación es que fue obligado a caminar delante. Este tema de
¿quién dio la orden? se parece a la discusión bizantina de ¿cuántos ángeles dan
vuelta alrededor de la punta del alfiler? Lo gracioso es que se toman en serio
esta pregunta sobre ¿quién dio la orden cuando todos saben de quienes fueron y
quién avaló esa decisión conjunta? La fiscalía se volvió bizantina.
El contrataque
del gobierno sin ley y sin palabra
A prepararse, la lucha continua. Se viene la
contraofensiva. Quieren revertir la derrota política a como dé lugar.
Nuevamente el TIPNIS es objeto de ataques, las comunidades indígenas son
amedrantadas, se les cobra por cruzar la “frontera”; hay un escenario de
amedrentamiento constante, una guerra sucia contra los indígenas del TIPNIS. Se
prepara una movilización cocalera, de ahí se piensa llegar a resoluciones en
contra del TIPNIS en el encuentro de Sucre, donde salga el mandato de abrogar
la ley que protege al territorio indígena y parque.
La supuesta pose “sociológica”
Hay personas
que recurren a la burla o a una supuesta pose “sociológica” en lo que respecta
a su discrepancia de las participaciones y apoyo a los marchistas de parte de
jóvenes activistas urbanos. No creo que sea curiosidad sociológica sino toma de
posición. La batalla del TIPNIS enfrenta el modelo colonial del capitalismo
dependiente extractivista, que es la opción efectiva del gobierno, con el
modelo del vivir bien, establecido en las resoluciones de Tiquipaya, contenido en la Constitución,
modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Las
organizaciones indígenas y los marchistas defienden la Constitución, su
territorio y la Madre Tierra, en tanto que el gobierno defiende los intereses
de OAS, la tras-nacional brasileña constructora, el IIRSA, el proyecto
hegemónico del Brasil, la compulsión desforestadora de los cocaleros
excedentarios, que avasallaron el parque, que les interesa lo mismo que a los
terratenientes del oriente, a la burguesía intermediaria boliviana, a los
agro-industriales de Santa Cruz y soyeros, la ampliación de la frontera
agrícola en detrimento de la Madre Tierra. Estas son las nuevas alianzas del
gobierno. ¿A qué vino Lula, reuniendo a la CAINCO con los dirigentes
campesinos, encuentro financiado por OAS? Esta es la nueva burguesía. Los que
se hacen la burla de los apoyos urbanos de jóvenes activistas no hacen otra
cosa que optar por defender ese modelo extractivista y este gobierno
nacionalista que ya está contra el proceso, contra la Constitución, contra el
Vivir Bien, contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios
y el Estado plurinacional comunitario y autonómico. No es una opción
sociológica la que se ventila, es una opción política. El sentido y la
diferencia política del momento no responde a un esquematismo imaginario y
anacrónico, entre una derecha derrotada ya en Pando y una izquierda que ya no
es el gobierno, sino entre fuerzas reales y pugnas reales en el momento. Esa
posición "objetiva" o de curiosidad es francamente legitimadora de la
desviación nacionalista en contra la alternativa plurinacional comunitaria y
autonómica. Es una posición colonial, responde a la recolonización por otros
medios, por medio de un discurso populista desgastado y un doble discurso en
relación a la Madre Tierra.
Siempre se
toman posiciones en la lucha de clases y en la guerra anticolonial
Hay que respetar las opciones metodológicas,
son perspectivas e instrumentos del punto de partida de la investigación. El
me-todo es el camino. Empero hay distintas corrientes metodológicas. Respeto el
método weberiano, sobre todo si da resultados en la investigación. Empero no lo
comparto, creo como Michel Foucault, desde la perspectiva histórico-política no
hay neutralidad, se toman posiciones. El mismo conocimiento forma parte de un
campo de luchas. La verdad no es lo que dice Tarsky, la hipótesis que tiene
correspondencia con la realidad, sino el producto del poder. No se trata de
negar la ciencia, sino comprender que ya estamos en otro horizonte
epistemológico científico, de las teorías de la complejidad. En relación a lo
otro, puede ser que pase, que se sume gente que no cree en los postulados de la
lucha por la Madre Tierra y la Constitución. Eso pasó antes, puede volver a
pasar. Lo importante es participar con las fuerzas que defienden la
Constitución, la Madre Tierra, el Vivir Bien, como alternativa al capitalismo,
a la modernidad y al desarrollo.
Pulsión de muerte
¿Hay una atracción del abismo? ¿Algo así como
una pulsión de muerte? ¿Qué es lo que empuja a insistir en lo mismo que llevó
al conflicto del TIPNIS? Después de la derrota política, el gobierno insiste en
las causas del problema. ¿Por qué? ¿Grandes compromisos con la empresa
constructora OAS, con los cocaleros excedentarios, con los cocaineros? ¿Quién
puede creer en esos montajes de San Ignacio de Moxos, localidad que se
encuentra fuera del TIPNIS, donde una congregación de supuestos indígenas pide
que la carretera pase por el territorio indígena? ¿Quién puede ser tan ingenuo
o tan “llunku”? Es como un círculo, sólo los propios funcionarios y los grupos
de choque, que hasta los hay escribiendo, que se ocupan de insultar y
descalificar. La imagen del espejo. Después de aprobar una ley que declara al
TIPNIS intangible, no pueden retroceder. Esto es retorcerse en el coleteo de
muerte. ¿Por qué no tienen vocación de reflexionar, de evaluar sobre lo que ha
pasado? ¿Por qué son incapaces de rectificar, de aprender de los errores y
corregirlos? Parece un mal de la política práctica; la clase política está tan
ensimismada en idolatrarse, en mirarse en el espejo, que se ha desconectado de
la realidad efectiva y prefiere vivir compulsivamente su propio imaginario
desdichado. No pueden entender una cosa tan simple: la carretera no puede pasar
por el TIPNIS pues está protegido por la Constitución y las leyes, entre ellas
la Ley de los derechos de la Madre Tierra. Hacerlo es violentar la Constitución
y las resoluciones de Tiquipaya. No, no pueden entender porque están
abismalmente alejados de la Constitución y enredados en el modelo colonial
heredado: el capitalismo dependiente del extractivismo. Sin embargo, hay algo
que tienen que saber estos políticos, si vuelven a cometer el mismo error, el
pueblo boliviano volverá a salir a defender la Madre Tierra y los derechos de
las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deberían
instruirse un poco antes de lazar ese castigo de verdugos de que ahora que es
intangible el TIPNIS y nadie lo toca, ni los indígenas que habitan la zona. No
consultaron otras experiencias sobre normativa de intangibilidad ambiental,
como las de Ecuador. Lo intangible se refiere a que no pueden afectar el
territorio fuerzas externas extractivistas y desforestadoras, no atenta esta
declaración contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados
en la Constitución. Por lo tanto podemos hablar de la tangibilidad de la
intangibilidad y de la intangibilidad de la tangibilidad, que no es lo
mismo.
Después de la derrota política se mueven todos
los hilos para buscar revertir el desenlace. Una muestra de falta de sinceridad
y seriedad, se promulga una ley para inmediatamente buscar su abrogación. Se
insiste en el suicidio político, se vuelve a retomar las prácticas del teatro
político montando escenarios, confundiendo la ficción con la realidad, el
imaginario con los acontecimientos. Se cree que la política es astucia sin
respetar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, sin
respetar la ley de intangibilidad del TIPNIS, sin entender lo que quiere decir
intangibilidad en la normativa ambiental. Se cree que se puede seguir manejando
a la opinión pública con campañas publicitarias y desinformación. Este es el
camino laberintico e irremediable al abismo. Enamorados inconscientemente de
esta oscuridad caminan atraído por la gravitación de la destrucción.
Sobre la intangibilidad en la normativa ambiental
No se tiene la menor idea de lo que significa la norma de intangibilidad
ambiental. No se consulta los antecedentes en otros países, ni se hace
comparaciones. Lo intangible en la norma ambiental no va contra los derechos de
las naciones indígenas originarias, al contrario las complementa. Lo que no se
puede hacer es violar la constitución con esa clase de declaraciones tan
desfachatadas, las del senador de Cochabamba. Se debe respetar la Constitución,
los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la
constitución, los derechos de la Madre Tierra. Se debe defender el proceso y no
intereses desforestadores de la colonización y el monocultivo desbastador, no
los intereses egoístas de cultivos excedentarios destinados a la cocaína, no
los intereses de empresas constructoras trasnacionales. Esa actitud es
atentatoria del proceso plurinacional, comunitario y autonómico.
Represión y represalias gubernamentales
No se pueden hacer las políticas públicas de
tal manera que siempre hay mala intención en su elaboración, sobre todo cuando
se trata de políticas encaminadas a cumplir con la Constitución y la Ley,
particularmente aquellas encaminadas a cumplir con la ley corta promulgada en
defensa del TIPNIS, avasallando a los dirigentes orgánicos del TIPNIS,
ignorándolos. Se sabe que al final de cuentas el poder es solitario, que hay
una desoladora soledad del poder, de los que están encumbrados y aislados en el
poder, empero, esta solitaria actitud no puede desolarnos a todos, a todo el
pueblo que ha defendido el TIPNIS, a todas las organizaciones y naciones y
pueblos indígenas originarios. No se pueden hacer las cosas por capricho y por
voluntad propia y de ministros que lo único que saben hacer es manipular y
maniobrar, pues esta actitud lo único que hace es ahondar la propia crisis
política y avivar nuevamente el conflicto, que esta vez va a ser gigantesco e
indetenible.
Los derechos en la Constitución
La Constitución reconoce la condición de
pre-existencia a la Colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios, el
derecho al autogobierno y a la libre-determinación; la Constitución también
establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, donde
se encuentran definidos varios derechos, entre ellos, el derecho a la consulta,
previa libre e informada. La Constitución también establece la condición
autonómica del Estado, definiendo la autonomía indígena como una de las forma
de conformación del Estado plurinacional comunitario. El TIPNIS cuenta con
título colectivo de propiedad, además que cuenta con una ley que lo declara
intangible, que significa en la norma ambiental complementación y reforzamiento
de los derechos indígenas, no “in-tocable” en el sentido de que nadie toca,
como han querido entender de manera apresurada y beligerante personeros del
gobierno. No se puede ocupar militarmente el Territorio Indígena, esto no sólo
implica violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios,
los derechos de la Madre Tierra, la ley corta en defensa del TIPNIS, sino
también recuerda las ocupaciones militares de los campamentos mineros en épocas
de las dictaduras.
Corrosión y corrupción, las armas de las empresas
trasnacionales
La manipulación
del OAS, de los comprometidos con esta construcción ilegal y llena de vicios,
no tiene límites. No se dan por vencidos, a pesar de la victoria indígena en el
conflicto del TIPNIS y la Ley de protección de Territorios Indígena. Esta gente
cree que en Bolivia se tiene que imponer la ley de la fuerza del capitalismo,
del extractivismo, de los intereses empresariales a través de la las redes de
la corrosión y la corrupción. No saben, no entienden, que enfrentan a un pueblo
capaz de actos heroicos.
La violencia desmesurada del Estado
La violencia desmesurada del Estado en la etapa
represiva jacobina y las profundas contradicciones de un gobierno que opta por
el modelo extractivista del capitalismo dependiente, desechando la
Constitución, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, el modelo del
Vivir Bien alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, ha
llevado a esa represión sañuda y llena de odio contra las naciones y pueblos
indígenas que protegen su territorio contra el avasallamiento. Empero, la
victoria indígena con la Llegada a La Paz y el recibimiento de un millón de
personas y de columnas inmensas, conformadas desde la cumbre hasta la Plaza San
Francisco, victoria cristalizada en la promulgación de la Ley corta que protege
al TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera, reivindica el sacrificio
de los marchistas. Ahora hay que esclarece los hechos, develar a todos los
comprometidos con la orden dada para intervenir la marcha y la represión. Es
todo el gabinete.
Nuevamente la defensa del TIPNIS
Otra vez la defensa del TIPNIS. El gobierno no
entiende, cree que puede promulgar una ley y volver atrás. Cree que todo se
resume a la astucia criolla o la manipulación, a la movilización de gente afín
con el objeto de volver a insistir en la violación a la Constitución, a la
Madre Tierra, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Volver a
insistir en la violación del buen entendimiento y la lógica. El gobierno cree
que puede hacer lo que le da la gana sólo por el hecho que tiene en sus manos
el poder, los recursos para comprar gente y movilizar a los adherentes, quienes
nunca han entendido ni el proceso ni la Constitución, menos lo que significa
construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Estos adherentes
creen que lo que se tiene que hacer es repetir consabidamente y aburridamente
los trasnochados discursos desarrollistas. No tienen consciencia de que esos
discursos no van con la condición plurinacional, la condición comunitaria y la
condición intercultural del Estado, no van con la Constitución, no van con el
modelo alternativo del Vivir Bien. Por eso no se avergüenzan ni se inmutan de
contradecirse de manera tan brutal.
La habilidad manipuladora de la clase política
Para eso son buenos, para eso hay recursos,
para pagar a la gente, para pagar a comunarios, para ponerlos contra sus
propios intereses y territorio, aprovechándose de la pobreza y las necesidades
de la gente. Son buenos para montar escenarios pues creen que se puede seguir
haciendo política con astucia, engañando a la gente, haciendo teatro. Esta es
una concepción ciertamente pobre de la realidad. Para los políticos de turno la
realidad se resume a la maniobra, es un producto del poder, de la potencia del
poder, de su capacidad de deformar los hechos. Están equivocados, ese montaje
no dura mucho tiempo, solo es un recurso provisorio de la instrumentalidad del
Estado, de los alcances gubernamentales; la realidad efectiva es histórica, es
el presente eterno, es la voluntad de cambiar, es resistencia al poder, es el
campo de posibilidades abierto y los horizontes dibujados por las luchas
sociales y la guerra anticolonial indígena. El recurso a la maniobra de los
gobernantes no dura o dura lo que un castillo de naipes puede resistir a una
brisa.
La curva de la indiferencia
No es el siglo XX cambalache sino el siglo XXI
curvo y laberíntico. Los gobiernos de derecha y de izquierda cada vez se
parecen más. Repiten los mismos hábitos, también tienen el mismo habitus, las
mismas prácticas, parecen responder a los mismos intereses. Se coaligan con las
empresas trasnacionales, terminan defendiendo el mismo modelo extractivista del
capitalismo dependiente, reprimen de igual forma a los pueblos indígenas, que
son el contenido y el sujeto del proceso constituyente. En muchos casos, no
necesariamente en todos, los gobiernos progresistas se atreven a tomar medidas
que los mismos gobiernos neoliberales no se atrevieron. ¿A qué se debe esto?
¿Al gozar de mayor popularidad y credibilidad sienten que es una carta blanca
la confianza que les brinda el pueblo? Lo cierto es que podemos hablar de una
clase política, que ya es un estrato social y obviamente reproduce el mismo
estilo y defiende la reproducción de su misma clase. No importa que unos
funcionarios hayan sido convocados de las clases populares y otros de las
clases medias, cuando están en función de gobierno responde a las lógicas del
poder y a la racionalidad instrumental de la maquinaria estatal.
De la desfachatez política y los crudos intereses
¿Qué se puede llamar esa maniobra tan
complicada de aprobar una ley y luego hacer todo para abrogarla? ¿Qué se puede
decir de un gobierno que se compromete con resolver el conflicto del TIPNIS por
la vía saludable de reconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios y después, a los pocos días, maniobrar para que se anule sus
compromisos? ¿Hay algún ápice de seriedad en todo esto? ¿Qué es eso de moverse
en una constante incertidumbre? Los acuerdos no son acuerdos, los compromisos
no son compromisos, la ley no es la ley; se hace todo al capricho de los
gobernantes. Quienes además parecen estar amarrados a los intereses y puestas
en juego de empresas trasnacionales. ¿Qué se pude pensar cuando la empresa
constructora OAS recurre al chantaje, a la prebenda, a la corrupción, moviendo
sus recursos para imponer su voluntad? Los negocios son los negocios y para
estos empresarios están por encima de los derechos de los pueblos y de las
soberanías. Estas empresas están sobre los gobiernos, el Estado es
sencillamente el aparato que garantizan el gran juego financiero y del mercado,
garantizan las grandes ganancias que se consiguen alterando todas las reglas y
las normas.
Lo que se puede decir es que el gobierno no
sólo está atravesado por profundas contradicciones insoslayables sino se
encuentra comprometido con intereses y estructuras de poder más grandes que los
propios alcances y controles del país. El juego va más lejos que el propio
prestigio del gobierno, la propia imagen de los gobernantes, los mismos
conflictos internos. Con esto se constata que la soberanía se la ha perdido. Se
encuentra supeditada a la irradiación de hegemonías regionales. Claro que
también estos intereses regionales se apoyan también en intereses particulares
de clases sociales y sectores del país. ¿Quiénes están interesados en que una
carretera cruce un parque y territorio indígena protegido por la constitución y
las leyes, además defendido por la ley corta promulgada en defensa del TIPNIS?
Fuera de la empresa trasnacional OAS, el Banco Nacional de Desarrollo del
Brasil, el propio gobierno brasilero y ciertamente, en esta ruta, el gobierno
boliviano, son los cocaleros los interesados en esta carretera. La propaganda
del gobierno habla de instituciones cochabambinas, las mismas que no se han
puesto de acuerdo por observaciones y la posición encontrada de la Universidad
Autónoma de San Simón y otras organizaciones. También se habló de instituciones
benianas, ¿cuáles? Así mismo, y esto es lo más grave, se presentan a comunarios
indígenas del TIPNIS, saltando a las propias organizaciones matrices indígenas
de tierras bajas y del TIPNIS. Se hace todo un montaje con la llegada de
delegaciones indígenas del TIPNIS y su presentación en la Asamblea Legislativa
pidiendo la carretera. La desesperación y la maniobra no tienen límites,
tampoco el decoro ni el cuidado de guardar las apariencias. No importa el
compromiso del presidente, la promulgación de la Ley corta; lo que importa es
imponer la voluntad de dominación vinculada a los caros compromisos, aunque se
haga contra toda compostura, la ley, la Constitución y los derechos.
La gravitación del mercado asiático y de la
compulsión por ampliar la frontera agrícola es condicionante de estas actitudes
inescrupulosas del gobierno. Con la llegada de un grupo indígena pagado por el
gobierno se cree que se guardan las apariencias, que se tiene la excusa para
volver atrás, volver a foja cero, retomar la construcción de la carretera. Se
tiene con esto un desprecio grande de la opinión pública y de las
organizaciones sociales, se muestra una imagen supeditada del pueblo, al que se
lo considera dócil. Se muestra una patética amnesia que olvida rápidamente los
últimos hechos relativos a la marcha indígena y a los recibimientos
conmovedores de los pobladores de la ruta de la marcha desde Quiquibey, sobre
todo se olvida la recepción de un millón de personas de la ciudad de La Paz que
se volcaron a recibir y apoyar a los marchistas. No interesa nada de esto, se
tiene para todo otras versiones, aunque las mismas no puedan sostenerse
empíricamente. La amnesia unida al desconocimiento tácito de los hechos son los
tristes recursos que se tiene para justificar el retorno a la violación de los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la
Madre Tierra, la violencia sobre la misma ley promulgada. Sencillamente no se
acepta lo ocurrido, no se acepta la derrota, no se acepta la voluntad popular;
lo que se tiene por postulado son los compromisos y un discurso supuestamente
desarrollista.
¿Cuánta sinceridad hay en todo esto? Por más
criticable que pueda ser la ilusión desarrollista, ventilada en los discursos
gubernamentales, no parece ser el sentido de decisiones tan arriesgadas; el sentido
parece más pedestre. Hay compromisos, hay intereses en juego, hay economía
política del chantaje, hay sobre-ganancias y participaciones. Hay una empresa
constructora trasnacional, observada por donde estuvo, tanto en Brasil como en
Sud América, acostumbrada a ejercer su dominio comprando consciencias y
corrompiendo; empresa que se ha convertido en el factor desequilibrante y
perturbador en el conflicto.
Del cumplimiento constitucional
El
cumplimiento de la constitución es para todos, nadie escapa a sus mandatos,
sobre todo cuando se trata del cumplimiento y la garantía de los derechos
fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. La violación
desmesurada que se cometió en la represión a una marcha pacífica, que estaba
además acampando y en espera, comprende delitos flagrantes. Los que se niegan a
cumplir con la Constitución no solo cometen actos inconstitucionales, sino que
también están encubriendo delitos cometidos. Son también cómplices de la
violación de derechos.
La
violencia profusa del gobierno, de la representación y de las palabras
La
doble moral, el doble discurso del gobierno y la violencia descomunal de los
cocaleros
Se
trata de la ideología de yo hago lo que
me da la gana
El gobierno y la Asamblea Legislativa
Plurinacional han promulgado una ley que declara intangible al TIPNIS; el
gobierno se ha puesto a trabajar con los dirigentes indígenas la reglamentación
de la ley. Se llegó a un acuerdo; respecto a este acuerdo ahora dice que tiene
observaciones. Un senador de La Paz dice que los indígenas que no marcharon
pueden plantear la inconstitucionalidad de la ley. ¿Habrá leído este senador la
Constitución? ¿Sabrá que la Constitución protege el parque y el territorio
indígena, que exige consulta previa libre e informada? ¿Comprenderá que el
modelo alternativo al capitalismo a la modernidad y al desarrollo, que es el
vivir bien, protege a la Madre Tierra del extractivismo, de la desforestación y
el monocultivo, para no hablar de la producción de cocaína? Se puede decir
cualquier cosa sin inmutarse de ya no de contradicciones sino de aterradores
sin sentidos. Eso es posible en la medida que los que representan al pueblo,
los representantes, no tienen la menor idea del proceso constituyente, menos de
lo que significa el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hay en todo
esto, en todas estas bochornosas declaraciones, exacerbadas confusiones. Hay
que decirlo de manera directa, las luchas sociales, sobre todo las correspondientes
al ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, no se efectuaron para que los
cocaleros se hagan ricos, tengan más tierra a costa de los indígenas, a costa
de los territorios indígenas, en contra de sus naciones y pueblos, en contra de
sus derechos. Eso no es emancipación, la emancipación abarca y compromete a
todos, libera a todos de las múltiples cadenas de dominación, libera a
proletarios, a pueblos, a naciones, a mujeres, a sujetos y subjetividades. No
se ha peleado para tener nuevos amos, nuevos amos desalmados, que lo único que
les interesa es la ganancia, lícita e ilícita, que lo único que buscan es
ampliar la frontera agrícola, destrozar los territorios ricos en diversidad,
oprimir a los indígenas como en las peores épocas de las formas violentas del
colonialismo. Todas estas violencias y dominaciones contra las que se peleó
obviamente no están legitimadas ni legalizadas en la constitución sino en la
cabeza delirante de senadores, de ministros y gobernantes, también en la cabeza
delirante de algunos dirigentes cocaleros. A estos caballeros, machos y
dominadores, nuevos amos y nuevos ricos, hay que decirles que los movimientos
sociales no pelearon por esto, por una nueva burguesía desvergonzada, tan
explotadora y violenta como la otra, la antigua, ahora aliada. Para ambas
burguesías los indígenas son un obstáculo, sus territorios son un obstáculo,
sus derechos, consagrados en la constitución es un obstáculo. La misma
Constitución es un obstáculo. Por eso arremeten contra la Constitución, las
leyes, los derechos, los territorios indígenas, las naciones y pueblos
originarios.
Hacer un recuento de lo que ocurre sorprende
por la asombrosa sintomatología que arroja. Mientras se promulgaba la ley, se
discutía la reglamentación y se llegaba a un acuerdo ocurría paralelamente otra
cosa, otro flujo de hechos que atetan notoriamente contra la ley corta
promulgada, contra la reglamentación y los acuerdos. Para hacer este recuento
vamos a recurrir a la fuente de Sarela Paz, antropóloga e investigadora que
comenta estos alarmantes sucesos:
Mientras sucedía lo
que parecía ser la finalización del conflicto del TIPNIS brigadas de cocaleros
ingresaron al núcleo del TIPNIS con motosierras para abrir una senda. Partieron
hace tres semanas, a razón
de tres comisiones, lo hicieron desde la comunidad Tres de Mayo del Ichoa,
comunidad mojeña. Han entrado con motosierras, se cuenta que entre 50 y 60
personas han ingresado conformando las tres distintas comisiones mencionadas.
Lastimosamente se encontraban acompañadas por familias yuracarés que pertenecen
a San Antonio del Moleto, Fátima de Moleto y Mercedes del Lojojouta. Han
abierto la senda entre el Ichoa y el Sécure. Acaban de salir al Sécure, aguas
más abajo de la comunidad de Areruta. En otras palabras, ya han abierto la senda que no
había y que ha penetrado el núcleo del TIPNIS, han atravesado el parque y el
territorio indígena, sin consentimiento de ninguna clase; seguramente ahora nos van a decir que
esa senda ya estaba. De hecho el alcalde de Villa Tunari dijo, cuándo se aprobó
la ley corta, que ellos en persona abrirán el camino. Al gobierno no le
preocupa la noticia; es más, es cómplice de esta acción beligerante y
violatoria de derechos, leyes y Constitución. Aplica la intangibilidad para los
indígenas, empero no para los colonos. Esta es la razón por la que el senador
Julio Salazar dijo que estamos perdiendo el tiempo haciendo el reglamento. El mismo senador tiene
tierras dentro del TIPNIS y sabía lo que estaban haciendo los cocaleros.
Seguramente el presidente y sus ministros estaban informados de lo que sucedía.
Estos hechos alarmantes los conocen los dirigentes del Sécure. Los dirigentes
del TIPNIS se encuentran
desconcertados, aunque sabían que todo esto iba a suceder. La pregunta es: ¿Quién ha puesto dinero
para dicha movilización de los colonos, brigadas de 60 personas, armadas con
motosierras y gasolina? Ante semejante vejamen, los indígenas quieren
hacer un encuentro territorial en la comunidad de Santo Domingo. En estos
momentos una comisión del gobierno se encuentra en la zona central del Ichoa,
¿qué es lo que hace? ¿Coordina acciones para seguir avasallando, para seguir
violando la constitución, la ley, los acuerdos, el reglamento?[19]
Como se
ve, no se respeta nada, ni acuerdos ni leyes. No importa, lo que importa es
imponer por la fuerza la voluntad de los que sienten propietarios del gobierno,
del Estado, ahora de los territorios indígenas, que avasallan como en los
peores tiempos de la expansión colonial de los latifundistas. Estos hechos
alarmantes muestran claramente cuál es el sentido de las políticas
gubernamentales, cuál es la dirección de sus medidas, cuál es su vocación.
Sabíamos que el gobierno había optado por el modelo extractivista del
capitalismo dependiente, por la supeditación a las empresas trasnacionales, al
IIRSA y al proyecto hegemónico de la burguesía brasilera, sabíamos que su
alianza es con la burguesía agroindustrial y los terratenientes, en contra de los indígenas; ahora sabemos que
además no tiene ley ni palabra, no le importa lo que acuerda. Se ha vuelto a la
ley del más fuerte, a la razón de la violencia. Sobre estas bases, no sólo se
impone el Estado de excepción, la tiranía, sino la violencia descomunal de los
intereses más pedestres, el de las ganancias ilícitas y la economía política de
la cocaína.
No
sabemos ahora en qué va a terminar el conflicto del TIPNIS, pues el gobierno ha
decidido comportarse bravuconamente. Lo que sí sabe el pueblo que ha aperturado
este proceso, el proceso constituyente, el proceso que debería ser descolonizador,
lo que sí saben los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas
originarios, las juntas de vecinos, las organizaciones de jóvenes
autogestionarios, los sindicatos, los mineros, la COB, que apoyaron la defensa
del TIPNIS, que volveremos a salir a las calles y a los caminos, que volveremos
a movilizarnos no solo por la defensa del TIPNIS sino por la defensa del
proceso contra un gobierno que ha usurpado a los movimientos sociales y al
pueblo sus consecutivas victorias políticas, ha usurpado el proceso para ir por
otro lado, en contra de la Constitución, en contra de la construcción del
Estado plurinacional comunitario y autonómico, en contra del vivir bien, en
contra de la Madre Tierra y a favor de las empresas trasnacionales y de la nueva
burguesía recompuesta, conformada por los nuevos ricos y la vieja burguesía
agroindustrial, comercial y financiera. La contradicción entre un gobierno
extractivista y desforestador y el pueblo, el poder constituyente, que son los
movientes sociales y naciones y pueblos indígenas originarios, la contradicción
entre un gobierno cipayo, al servicio de la burguesía brasilera
internacionalizada ha llegado a un punto culminante de la contradicción y la
crisis del proceso. Los movimientos sociales, naciones y pueblo estamos
obligados a recurrir a las profundas fuerzas de la dignidad, de la
emancipación, de la rebelión, para detener la descomunal violencia estatal, la
despavorida violencia de los nuevos ricos y de la burguesía recompuesta que
tiene en la mira la ampliación de la frontera agrícola, que es lo único que
sabe hacer, pues no es productiva, transfiere los costos de producción, de los
monocultivos, a la naturaleza. Este capitalismo extractivista es la
continuación por los medios de la desforestación salvaje del capitalismo
dependiente de todas las élites criollas que han gobernado el país, que ahora
han transferido esta compulsión destructiva a nuevos ricos, que tienen en la
mira no el desarrollo sino la ganancia fácil. Por eso, en defensa de la
Constitución, del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del vivir
bien, de la descolonización, en defensa de la cohesión social y comunitaria,
debemos salir, movilizarnos, en contra de este proyecto del capitalismo
salvaje.
Debemos
comprender las causas profundas de estas contradicciones, debemos entender que
los procesos, llamémosle revolucionarios o transformadores, conllevan
contradicciones inherentes, pues son herederas de la institucionalidad de la
vieja maquinaria estatal, son herederas de las estructuras de poder cimentadas,
no desmanteladas, son herederas de ilusiones de riqueza y de desarrollo,
profusamente difundidas por la modernidad y el capitalismo. No iba a ser fácil
dar lugar, liberar las potencialidades y capacidades del pueblo movilizado, de
las naciones y pueblos indígenas originarios, se los sectores populares
urbanos, del proletariado nómada, pues también las contradicciones yacen en el
seno del pueblo, las contradicciones forman parte de nosotros, un nosotros que
tiene un pasado de dominación, de violencia cristalizada en los huesos, y por
lo tanto podía repetir esa violencia con otros, podía querer reproducir al amo,
ser semejante al amo, que nos había dominado e inscrito su imagen en nuestro
inconsciente. Por eso es importante que resolvamos las contradicciones en el
seno del pueblo, en la interioridad convulsa de nosotros mismos, es
indispensable que luchemos con la parte retrograda, la parte conservadora, la
parte egoísta de nosotros mismos, y liberemos la parte innovadora, emancipadora,
libertaria, creativa, rebelde de nosotros mismos. Una transición
descolonizadora sólo se puede construir si liberamos esta parte, la que
corresponde a la imaginación radical y al imaginario radical.
Este
proceso no le pertenece al MAS, no le pertenece a Evo, menos a Álvaro, mucho
menos a sus ministros y senadores “llunkus”, tampoco a los dirigentes corruptos
y cooptados, que no llaman a reunión con sus bases para tomar decisiones. Este
proceso le pertenece, en primer lugar, a los muertos que ofrendaron sus vidas,
a los heridos, a los familiares de los heridos y las víctimas; en segundo
lugar, le pertenece a los movimientos sociales y naciones y pueblos indígenas
originarios; en tercer lugar, le pertenece a toda la gente que ha confiado y ha
votado consecutivamente por un proceso de cambio, por una Constitución
descolonizadora, por un nuevo Estado. Esta propiedad colectiva e histórica del
proceso debe ser recuperada de manos de los que usurpan las luchas en beneficio
propio.
Apuntes sobre problemas
de la transición
El principio
existencial del proceso
El proceso existe, ha sido
abierto por las luchas sociales, lo que no existe es un gobierno que está con
el proceso. Se trata de un gobierno equivalente a todos los gobiernos, a las
formas gubernamentales del Estado liberal.
Los
horizontes de la Constitución
La Constitución realiza y expresa
la larga lucha descolonizadora iniciada con los levantamientos indígenas del
siglo XVIII. La izquierda colonial nunca ha entendido que la lucha anticapitalista
consecuente debe ser también y primordialmente una lucha anticolonial y
descolonizadora. La Constitución abre el cause a una transición pos-capitalista
más compleja y más rica que la transición de la dictadura del proletariado, que
se quedó en los límites de la modernidad, la cuna y matriz del capitalismo. El
proyecto socialista no pudo nunca salir de los horizontes del capitalismo. La
revolución india va más allá, hacia un modelo civilizatorio alternativo a la
modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La izquierda colonial no se ha
enterado que ha caído la Unión Soviética debido a las profundas contradicciones
de la construcción del socialismo real, y que la China ha convertido la
construcción socialista en un socialismo de mercado; es decir, en la emergencia
de la nueva potencia capitalista, sobre la base del capitalismo salvaje. Lo que
los izquierdistas coloniales sobrevivientes tienen como referente es sólo un
imaginario, se invisten de las glorias de revoluciones pasadas, sin haber hecho
una. Cuándo aparece una, distinta, compleja, en los nuevos escenarios del
capitalismo, en las condiciones de sus nuevas crisis estructurales, prefieren
no comprenderla pues no se parece a sus esquemas, tampoco ya entiende las
transformaciones de los ciclos del capitalismo. Prefieren revivir sus fantasmas
y echar piedras contra un proceso real que intenta otro camino alternativo al
capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, que forma parte de las ilusiones
de los capitalismos periféricos.
Sobre la
revolución cultural
La revolución cultural está
inhibida por dos contrariedades; por una parte no se ha dado lugar a la
participación, como exige la Constitución, tampoco a la movilización, como lo
requiere la revolución cultural; por otra parte los maestros siguen siendo
modernistas y desarrollistas, como recién salidos de la guerra del Chaco. No
entienden, como la izquierda colonial, que el anticapitalismo consecuente es
también anticolonialismo. No han ingresado a las luchas reales del presente
contra el capitalismo, contra la modernidad, que es su matriz cultural, y
contra el desarrollo, que es la ilusión de las élites periféricas, así mismo
también de la izquierda colonial. Siguen luchando contra fantasmas, atrapados
en su imaginario supuestamente revolucionario, investidos de la gloria de las
revoluciones pasadas sin haber hecho una revolución en su país; fantasma de la
revolución, que no es otra cosa que una anacronismo no resuelto después de la
caída de la Unión Soviética y la conversión de China en la nueva potencia
capitalista emergente durante la clausura del ciclo del capitalismo vigente. La
revolución cultural debe ser descolonizadora, constitutiva de sujetos
emancipados de las relaciones de dominación heredadas.
El fiscal
encubridor
El comportamiento del fiscal es francamente
encubridor. Esa es una conducta que devela la supeditación completa de la
administración de justicia al ejecutivo. No solamente estamos repitiendo los
males de una administración de justica corrupta, de la que deberíamos salir,
sino la complicidad de los fiscales con la injusticia. Los indígenas
reprimidos, mujeres, niños y ancianos, contra quienes se ejerció violencia y
conculcación de sus derechos constitucionales, no tendrán justicia. Van a tener
que volver a vivir las perversiones de la justicia criolla. Nadie que tiene uso
de razón y esta mínimamente informado puede admitir la hipótesis insólita de
que ni el presidente ni el vicepresidente tuvieron nada que ver con la orden de
represión a la marcha. La orden fue dada en gabinete y estaban todos presentes
y tuvieron conocimiento pleno de lo que se daba como orden, además de que ya
tenían preparado el documento que pedía intervención a la policía y fue firmado
por la ministra de justicia. Después de esta muestra indecorosa de encubrimiento
del fiscal, éste debería renunciar.
Perfiles jacobinos
El que tiene contradicciones profundas no
resueltas, paradojas y hasta aporías irresolubles es el jacobino, que parece no
entender la Constitución, el proceso, el carácter descolonizador del proceso y
de la Constitución. No entiende qué significa territorio indígena, que
significa área protegida. No entiende que el territorio y el parque están
protegidos por la Constitución y las leyes. No entiende qué es consulta previa
libre e informada, que ésta se la hace antes y no después. Que la consulta pasa
por normas y procedimientos propios de los pueblos y comunidades, que la
consulta cuenta con la obligada participación de las instituciones orgánicas
indígenas y no con gente manipulada por el gobierno. No entiende que ha sido
derrotado, que su soberbia ha sido derrotada, que su proyecto extractivista y
desforestador ha sido derrotado. No entiende que hay una ley que protege el
territorio y lo declara intangible, tampoco entiende que es intangible, cree
que es absolutamente, inmaculadamente, intocable. Esta interpretación abstracta
esta de acorde con toda la metafísica del
fracaso que encarna. Menos se puede esperar que entienda que el Estado
plurinacional comunitario y autonómico no es la restauración del Estado-nación,
liberal y colonial; no entiende que la construcción del Estado plurinacional es
la muerte del Estado-nación.
Ahora resulta que ENTEL se ha vuelto
encuestadora, en vez de cumplir con sus funciones y dar buen servicio. Ahora
resulta que ENTEL hace investigación de campo. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde
está la compostura? ¿Dónde está la seriedad? Se las ha perdido. Se cree que
basta con la fuerza del Estado para escamotear los hechos, se cree que es
suficiente la violencia para producir la realidad. Estos comentarios rayan en
lo escandaloso del sin-sentido, no solo de la contradicción. ¿Qué hay detrás
para llegar a esta desfachatez? ¿Qué tan grandes son los intereses para
explicar estos exabruptos? ¿Qué fuertes son los compromisos como para dejar
todo habito de racionalidad? Solo queda despejada la descarnada manipulación
política. El objetivo es volver atrás, tirar por la borda la ley corta, el
compromiso del presidente, el reglamento, la voluntad del pueblo que se ha
levantado y apoyado la marcha, ha recibido multitudinariamente a los
marchistas. No, esto no vale nada para el jacobino, lo que vale es la fuerza
del Estado, ya no de la ley, pues se trata de un gobierno que no tiene ley ni
palabra.
El imaginario del duelo
El vicepresidente ha convertido la política en un duelo
personal, ha personalizado la política al extremo que ha confundido la realidad
con su imaginario, donde los fantasmas del pasado, como el de Robespierre,
fantasmas de las memorias de revoluciones pasadas, habitan el presente,
agobiando a los vivos con sus propios delirios. Este es un síntoma de
alucinación de grandeza, de creerse predestinado, y por lo tanto de cumplir con
un guion, el del drama de la incomprensión. El problema es que esta confusión
entre realidad e imaginación nos lleva a todos al derrotero del abismo donde
los fantasmas sepultan a los vivos y asesinan las revoluciones reales del
presente.
El vicepresidente quiere imponer su imaginario y convertirla en realidad por decreto; ignora la marcha indígena que ha defendido el TIPNIS, el apoyo multitudinario de la ciudadanía a la marcha, la ley promulgada, el reglamento de la ley. No contento con la invención de una marcha organizada por el gobierno, una marcha manipulada y presionada por los cocaleros, manda, como nunca, en ninguna marcha, una comisión de la Asamblea Legislativa para escuchar las demandas de los marchistas. ¿Acaso ignoran estos pedidos, son los mismos del núcleo desarrollista del gobierno, la carretera de la depredación? Este teatro descolorido y sin ingenio, quiere revertir la derrota sufrida; los indígenas vencieron a los delirios de grandeza del vicepresidente, a sus compromisos con el gobierno brasilero y las empresas trasnacionales petroleras y de la construcción, vencieron al espejismo del desarrollismo, que encubre el proyecto efectivo: modelo colonial extractivista. El imaginario jacobino otra vez se estrellara con la realidad, la voluntad del pueblo en defensa de la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y la madre tierra.
La guerra de la madre tierra en el TIPNIS fue una guerra civilizatoria, el vivir bien contra del modelo extractivista que nos condena a la dependencia, también es una guerra contra la economía política de la cocaína, que destruye a las comunidades, los lazos sociales; economía que apuesta a la riqueza fácil, que dura un instante, renunciando a un proyecto colectivo de armonía social, comunitaria y con los ciclos vitales de la madre tierra. El vicepresidente encubre con su imaginario los reiterativos intereses que aplastaron al pueblo y lo condenaron a la miseria, intereses capitalistas, intereses de grupos de poder, intereses del diagrama de la corrupción e intereses de la economía política de la cocaína. Lastimosamente la cruda realidad es este circulo vicioso de lo mismo, no imaginaria. Se termina defendiéndolos intereses más pedestres y egoístas.
Apuntes
para una breve historia de las injerencias del ejecutivo
En lo que respecta a la elección de los
magistrados, la primera injerencia comenzó cuando los eligieron directamente,
según listas manejadas de antemano, al mejor estilo del jacobino, sin
consultar, sin participación de las circunscripciones y el pueblo, en gran
debate abierto, bajo conocimiento de la gente, como establece la Constitución.
El estilo jacobino es ese, la orden vertical a la que se debe obedecer sin
discutir, la supeditación de la dinámica al Poder Constituido y de éste al
ejecutivo, después la supeditación del ejecutivo y el Congreso a las decisiones
solitarias de la clarividencia del émulo de Robespierre. Por eso la convocatoria
a la Asamblea Constituyente desde el Congreso, a pesar de que ya fue convocada
por la insurrección de los movimientos sociales, una convocatoria que limita
los alcances del Poder Constituyente y busca subordinarla al Poder Constituido;
después la ampliación de la temporalidad de la constituyente desde el Congreso,
cuando la Asamblea Constituyente, como Poder Constituyente, tenía todas las
atribuciones para hacerlo. Una vez que se aprueba la Constitución en Oruro, la
hace revisar por el Congreso, el Poder Constituido, violando las atribuciones
ilimitadas de la constituyente. La revisión es una acuerdo con los
representantes de las oligarquías; las 144 revisiones son reduccionistas,
limitativas y atentatorias del espíritu constituyente, como lo de la conculcación
de la reforma agraria. Es el entorno pragmático el que ha estado detrás del
gasolinazo y ha tratado defender férreamente esta medida de shock contra el
pueblo. También es este entorno el que está totalmente comprometido con las
empresas trasnacionales brasileras, petroleras y de la construcción. Un buen
ejemplo de lo que decimos ocurre cuando sale el entonces Ministro de
Hidrocarburos Andrés Soliz Rada por pedido de Marco Aurélio Garcia, asesor del
entonces presidente Lula. El entonces ministro se negaba a que se firme un
convenio atentatorio al Estado, a los intereses del país y que favorecía a
PETROBAS; muy obedientes los gobernantes intervienen, sale el ministro del
gabinete y se firma el convenio atentatorio.
Así mismo se trata del núcleo duro de
nacionalistas, desarrollistas, que en el fondo no son más que extractivista,
que ha conspirado contra el TIPNIS, a pesar de estar protegido por la
Constitución y las leyes; núcleo duro que ha atentado contra los derechos de
las naciones y pueblos indígenas originarios, para favorecer a OAS y los
compromisos con el gobierno brasilero. Ahora, este mismo núcleo duro, es el que quiere revertir la victoria
indígena en la defensa del TIPNIS, buscando anular la ley corta mediante toda
una tramoya y manipulación escabrosa, que utiliza a los avasalladores del
TIPNIS, colonizadores, cocaleros y comunarios convertidos en cocaleros y en
propietarios campesinos, afiliados a las Federaciones Cocaleras, en una marcha
inducida por el gobierno precisamente para anular la ley corta que defiende al
TIPNIS y aprobar la carretera de la depredación. ¿Cuál es la magnitud de los
intereses y compromisos que se juegan en esto, de tal forma que deciden los
gobernantes abandonar toda apariencia, todo decoro, toda compostura y portarse
como vulgares cipayos al servicio de intereses extranjeros? Pero también, hay
que anotar que también entran en juego intereses perversos de ciertos sectores
de colonizadores y campesinos, los comprometidos con la coca excedentaria,
destinada a la economía política de la cocaína.
No es entonces ninguna sorpresa la historia de
las injerencias. El objetivo alucinante es el control total de todo el poder,
la totalización del poder en manos de una persona, el clarividente. Sin
embargo, esto no es posible; la paradoja se da: cuanto más se controla menos
fuerza se tiene, cuanto más se tiene la apariencia del poder aplastante menos
legitimidad se logra. Bastó una marcha indígena, digna y
valiente, de defensa del TIPNIS para derrotar al gobierno, que se ha apartado
del proceso, y recibir el apoyo multitudinario de las ciudades y de los pueblos
por dónde pasó la marcha. No pudo la represión sañuda y calculada, preparada de
antemano, movilizando funcionarios, recursos del Estado, policías y militares
contra el acto heroico de los marchistas. Tampoco podrá una marcha oficialista,
montada, inventada desde los escritorios, presionada por los cocaleros,
organizada otra vez con los recursos del Estado revertir la victoria
indígena.
Los
partidarios de la carretera de la desforestación
Los que quieren la carretera de
la deforestación, que atraviese el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, son OAS,
el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el IIRSA, los nacionalistas y
extractivistas del gobierno, los terratenientes que quieren ampliar la frontera
agrícola. ¿Se puede hablar a nombre del pueblo cochabambino? ¿Quiénes son el
pueblo cochabambino? La Universidad Autónoma de San Simón y otras instituciones
están en contra de la construcción de la carretera que atraviese el territorio
indígena. Los que quieren una carretera depredadora, extractivista y cocainera
son los adherentes oficialistas y los "lunkus" que no entienden el
proceso ni la Constitución.
Los
objetivos de la Cumbre oficialista
¿Por qué se hace la Cumbre social?
¿Para qué? ¿Para abrir más todavía las compuertas a las empresas
trasnacionales? Hacer más concesiones de exploración y explotación? ¿Qué tiene
el borrador de la Cumbre Social preparado por el gobierno? ¿Qué compromisos ya
se han cerrado secretamente con las empresas trasnacionales? ¿Van a usar la
Cumbre para legitimar el proyecto extractivista, capitalista y dependiente?
Estas preguntas son las que bordeaban la víspera de la famosa Cumbre Social,
que no era otra cosa que un encuentro oficialista y de la burguesía
recompuesta, donde los ministros ni siquiera dirigieron las mesas, que era ya
el colmo, sino que prácticamente fueron las organizaciones sociales las que
pedían audiencia a los señores y señoras ministros. Esto constata la
subordinación de las organizaciones campesinas al mando de los ministros. ¿Ya no se confía en las organizaciones
sociales? ¿Por qué no se las deja deliberar?
Cumbre
borrascosa
Deberían
dedicarse a cumplir con la Constitución en vez de llevarnos al despeñadero. La
famosa Cumbre Social, que no tiene nada de plurinacional, porque no están las
naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones matrices, tiene una agenda que
es más de los mismo, ratificar lo que se ha hecho, discutir banalidades, no
deliberar, no permitir la crítica, embarcándose cada vez en el modelo colonial
extractivista. No hay apertura al gran debate de fondo: Modelo extractivista o
modelo alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.
Metáforas literarias
Cumbres Borrascosas, en castellano, el título en inglés es
Wuthering Heights. Se
entiende que es la única novela de Emily
Brontë. Fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Su hermana Charlotte editó
una segunda edición póstuma. Esta novela se considera un clásico de la literatura inglesa; sin embargo, el recibimiento inicial
de Cumbres Borrascosas fue como un desaire. La textura de la
novela llama la atención, podemos hablar de un estructura innovadora, se trata
de descubrimientos cada vez más micros, un acontecimiento guarda otros; a esta
textura de la novela se suele comparar, por parte de la crítica, con algo
parecido al descubrimiento de un conjunto de muñecas
de Matryoshka. Una muñeca rusa, la más grande contiene a todas. Al principio, la
crítica quedó desconcertada, sin embargo, algunos críticos contemporáneos a la
autora pensaron que éste era un trabajo anterior, menos maduro, de Charlotte
Brontë, comparándolo con el que había publicado antes Jane Eyre ese mismo año, bajo el seudónimo de
Currer Bell. Empero las críticas posteriores revisaron esta visión; la novela
es ulterior.
Cumbres borrascosas es el
nombre de la finca donde suceden los hechos de la narración, hechos complicados
y pasionales, hechos de amor, de amistad, pero también de ingratitud. Llama la
atención el juego del título, que, a la vez de ser el nombre de la finca, alude
a un lugar tomentoso. Que así se pueden tomar las historias que concurren.
A la
vez podemos usar el título como metáfora, como juego de sentidos y
significados; calificar a una “Cumbre social” como encrespada o turbulenta. En
todo esto no hay teoría, hay literatura, que muchas veces sirve mejor para
expresar los significados de los acontecimientos. La literatura tiene
potencialidades estéticas que el análisis no los tiene.
A
propósito de las 15 novelas fundamentales
No sé qué dirá mi amigo Oscar Vega, que creo es
un gran lector de novela y un crítico literario. Empero creo que lo que debe
preponderar en una selección, que nunca van a dejar de tener su dosis de
arbitrariedad y prejuicios, es la calidad literaria, la potencia y despliegue
creativo, la imaginación que transgrede la realidad y descubre en ella otras
posibilidades y alternativas. Creo que calificar a las novelas de machistas o
de otra cosa corresponde a una ofuscación administrativa, no se trata de una apreciación
de orden literario y estético. En todo caso, hay que tener en cuenta que la
escritura literaria se encuentra más allá de los esquematismos cotidianos, pues
se mueve en la plasticidad de las metáforas y la transformación lúdica de las
subjetividades. Es otro tiempo y realidad el de la literatura.
Es cierto que hay que luchar contra el Estado
patriarcal y las relaciones patriarcales de dominación, que están en la base de
las relaciones de poder de la genealogía de los estados y las sociedades,
también son como el arquetipo de las internalizaciones del poder y la
dominación en las subjetividades. Empero cómo se efectúa esta lucha en una
selección de novelas. ¿No hay que empezar la lucha contra el patriarcalismo en
el propio Estado, en el propio gobierno, en la propia administración, donde se
hallan cristalizadas y normadas estas relaciones de poder y dominación? No era
indispensable, para ser consecuente, defender la madre tierra en el TIPNIS,
defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, violados
por la represión sañuda del gobierno. Descolonización y des-patriarcalización
se complementan, deben darse políticas, acciones, conductas efectivas en
relación a estas luchas. Pero, no parece consecuente, con esta orientación y
perspectiva, proponer la ampliación y continuidad del servicio militar; el
cuartel es, conjuntamente con la escuela, la iglesia, el Estado, una de las
instituciones colonizadoras por excelencia, la colonialidad se reproduce
precisamente a través de los agenciamientos y dispositivos de estas
instituciones, que logran internalizar en los sujetos los imaginarios
coloniales, patriarcales, de subordinación y supeditación. Estas instituciones
anacrónicas pervivientes son el substrato colonial de las relaciones capitalistas
vigentes y hegemónicas.
Parece que es indispensable
re-discutir colectivamente la selección de las novelas fundamentales, sin
olvidar que la selección de las 15 novelas fundamentales recorre el tiempo y
trata de obtener muestras representativas por épocas, como dice el Juan Carlos
Orihuela, poeta, miembro de la comisión de selección y director de la carrera
de literatura. Creo que la comisión ha hecho no más una buena selección con
criterio histórico. En lo que respecta a gustos, a mi por ejemplo, me parece la
mejor novela Felipe Delgado de Jaime
Saenz, que revive la vida de la ciudad de La Paz de la década de los cuarenta,
también me parece que el mejor novelista contemporáneo es Jesús Urzagasti; su
novela ejemplar me parece que es El país
del Silencio. En estos con-textos literarios, hablar de prohibir es
colocarse en el papel de tribunal inquisidor, no creo que corresponda en
literatura, tanto en la lectura como en la escritura, lo de prohibir. Eso lo
hacían las dictaduras militares y otras formas de dictaduras patriarcales.
En lo que respecta a mi
posicionamiento, disposición en el campo político, también en los tejidos de la
escritura, sigo en la misma orilla de la descolonización y del Estado
plurinacional comunitario, la orilla de la Constitución. Los que no están en
esta orilla son los del gobierno que están contra la Constitución, restauran el
Estado-nación, se oponen como buenos nacionalistas, a la construcción de lo
plurinacional y las transformaciones pluralistas del Estado, se oponen a los
derechos de la madre tierra y agreden los territorios indígenas. Ahora bien, la
literatura y la estética no forman un “sistema” con la vida cotidiana, sería un
contrasentido y una reducción espantosa. La literatura y la estética son
producto de la imaginación radical y del imaginario radical, atraviesan los
límites de lo cotidiano y descubren otras realidades alternativas. Esas
posiciones de reducir la literatura y la estética a lo cotidiano no solamente
son conservadoras sino reaccionarias y represoras de las facultades creativas
humanas. Sigo luchando por lo que siempre he luchado, por lo que he compartido
con los que han luchado y han abierto este proceso, por las emancipaciones
múltiples, la descolonización y un mundo alternativo. Es el gobierno el que se
ha apartado de la Constitución, de los movimientos sociales, del proceso mismo,
es el gobierno el que se ha convertido en un contra-proceso, restaurando el
Estado-nación, liberal y colonial. Esto se venía; las contradicciones
inherentes al proceso, como en todo proceso, en toda revolución, de lo que se
trata es de resolver las contradicciones en el sentido de la emancipación.
Los resultados de la
Cumbre Social
No hay resultados, no hay avances, es una
morosa continuidad de lo mismo, sobre todo reiterar programas ya fracasados del
gobierno como el de la vivienda. Un discurso descolorido gubernamental que se
viene a repetir pobremente en una supuesta Cumbre Social. Lo que se ve
claramente es que no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de transformación,
no se quiere cumplir con la Constitución, no se quiere fundar el Estado
plurinacional comunitario y autonómico. En otras palabras, se trata de una
Cumbre que ha buscado desesperadamente justificar las dos gestiones de gobierno
que brillan por su falta de vocación descolonizadora y revolucionaria. Brilla
sobre todo por su rutinaria gestión liberal de una administración recurrente y
atrapada en la vieja norma. En esa Cumbre no se discutió nada, no se debatió
nada. Los ministros hicieron lo que hacen en sus ministerios dar órdenes.
Otro resultado de la Cumbre Social es la
demostración de la atónita obsesión por la expansión de la frontera agrícola,
que corresponde a la ampliación de la economía política de la cocaína. La
“cumbre" se ha convertido en un dispositivo político para legitimar estos
desplazamientos. Los grandes logros de un gobierno que no tiene otro horizonte
que el modelo colonial extractivista.
Los
preparativos del gasolinazo
¿Un nuevo gasolinazo? ¿Por qué
insistir después del levantamiento popular contra esta medida de shock? ¿Acaso
el pueblo tiene que pagar la deuda interna y la deuda externa acumuladas? No
hay transparencia en la información sobre la situación real de los
combustibles. No se dice por ejemplo que no hay erogación efectiva en la
supuesta subvención, no se dice que se cubre con papeles fiscales. ¿Qué hay de toda esta tramoya donde están
metidos hasta senadores? ¿Quién gana con el gasolinazo? Es aconsejable leer el
documento del CEDLA a propósito del tema, donde se identifica a los
beneficiarios efectivos de un gasolinazo.
A
propósito de la de-colonialidad
Es una pena que no se haya leído el libro de
Negri y Hardt y se discuta; Commonwealth, este es el tercer libro de la trilogía, después de Imperio y Multitud[20].
Es también una pena defender solamente un proyecto académico de
de-colonialidad, donde sobresalen profesores dedicados de las universidades del
norte; sin embargo, se descuida un apoyo efectivo y un conocimiento adecuado de
las luchas indígenas de Abya Yala. En esto estoy con Silvia Rivera Cusicanqui
quien ya hizo una crítica al respecto, por los mismos problemas, apropiación
epistemológica de las investigaciones en el mundo andino, sin mencionar las
fuentes. En todo caso lo que escribieron estos investigadores norteños ya está
desactualizado, las luchas indígenas han abierto horizontes nuevos y
gigantescos con su propuesta de Estado plurinacional comunitario y autonómico,
con el modelo del vivir bien, alternativo al capitalismo, a la modernidad y al
desarrollo. Es esto lo que debemos discutir, no los celos de intelectuales
sobre si los citaron o no en un texto bastante bueno y de aporte teórico a la
problemática, estemos o no estemos de acuerdo. Este texto se escribió después
de la visita que hicieron los autores mencionados a Bolivia y aprendieron de
sus debates y su proceso. No creo que el libro se resuma a hablar de la
colonialidad del poder sin citar a nuestro gran investigador de la colonialidad
Anibal Quijano, no, no creo que esa fuese la intención. Lo que llama la atención
es que se pierda el tiempo discutiendo problemas sentimentales, de celos
intelectuales, y no los problemas reales que vive hoy la lucha indígena.
A propósito de la
experiencia política[21]
La política es un fenómeno de la modernidad,
de la expansión de la modernidad y de la formación de los estados modernos. Lo
que hay es una lucha descolonizadora de las naciones y
pueblos indígenas en el contexto de la crisis de la modernidad. El
peor mal que podemos hacer en el proceso de la reconstitución es
pretender responder a problemas modernos desde la fundamentación de
civilizaciones ancestrales. No habríamos comprendido ni la modernidad
ni a las civilizaciones ancestrales, que ahora son alternativas a la
modernidad.
La política no se reduce a las relaciones de
poder, a las estructuras de poder, a los diagramas de poder, que toda sociedad
obviamente conforma y configura. El estudio de las formas de organización y de
las formas de poder corresponde a la genealogía del poder. Ciertamente podemos
ilustrarnos sobre las formas de estructurar el poder y de organización en las
sociedades ancestrales y en las sociedades antiguas, así mismo podemos plantear
proyectos de reconstitución que implican planteamientos civilizatorios. El suma kausay corresponde a un modelo civilizatorio.
Estos, los del diagrama de poder y los de paradigmas civilizatorios de las
sociedades antiguas, no son fenómenos políticos en el sentido moderno. Quizás
implique profundas armonías comunitarias y con la madre tierra, armonías que
las hemos perdido en la vertiginosidad de la modernidad. Empero estas armonías
no hablan del fenómeno político, que tiene que ver con las luchas sociales
desatadas en los contextos históricos del Estado moderno. A no ser que volvamos
a los clásicos griegos, quienes concebían precisamente modelos de equilibrio de
formas de gobierno. La concepción moderna de la política rompe con las teorías
clásicas, no parte del equilibrio, sino de la dinámica demoledora de las
relaciones de fuerza, consensos y legitimidad. Nosotros, que postulamos un
proyecto civilizatorio alternativo estamos obligados a luchar, es decir, a
hacer política, reconociendo las condiciones de dominación que nos somete la
modernidad. Pretender extender este fenómeno desequilibrante de la modernidad a
las sociedades ancestrales y antiguas es una proyección peligrosa y
colonizadora. Con lo que obviamente no estoy de acuerdo.
Lo que no hay que perder de vista es que desde
la Conquista y la expansión colonial, que no es otra cosa que expansión del
capitalismo, hemos ingresado a la modernidad, la modernidad es esa “cultura”
pretendidamente universal que acompaña a la colonización y la formación del
sistema-mundo capitalista. La lucha contra el colonialismo es inmediatamente
una lucha anticapitalista, y la lucha anticapitalista y anticolonialista es
también una lucha contra la modernidad. Esta lucha debe desplegarse con pleno
conocimiento de la experiencia de la modernidad, incluyendo las modernidades
heterogéneas, que es el nombre que usan los de la corriente de la subalternidad
hindú. La política en sentido moderno es indudablemente un fenómeno de esta
vertiginosidad avasalladora de la modernidad donde todo lo sólido se desvanece en el aíre. La política está ligada a
la democracia, en sentido moderno, que se basa en el pre-juicio de la igualdad,
en la palabra y en la conformación de humanos libres, la democracia forma parte
de las luchas sociales y también de las luchas indígenas por la ampliación de
los derechos, de por lo menos cuatro generaciones, desde las individuales hasta
los derechos de la madre tierra, pasando por los derechos colectivos y
sociales. Pretender buscar una modernidad en las sociedades ancestrales y
antiguas es un desatino y un contrasentido. No hay política, en el sentido
moderno, en las sociedades antiguas y ancestrales, aunque haya formas de manejo
del poder. Si no comprendemos la envergadura del desafío político contemporáneo
de todas las luchas e inventamos un mito, estamos perdidos y derrotados de
antemano. Creo que el camino para la reconstitución y reterritorialización pasa
necesariamente por la radicalidad de la lucha política. No en inventarse
fundamentaciones ancestrales y antiguas de la política que no existen. Lo que
existen son fundamentaciones, arquetipos y paradigmas civilizatorios de las
sociedades antiguas y ancestrales, que se han convertido en las nuevas
finalidades emancipadoras anticapitalistas y antimodernas.
Una y otra cosa, tanto la reconstitución como
la actualidad. Las problemáticas indígenas son históricas, no es la misma en el
siglo XVIII, tampoco durante la Guerra Federal (1898-1899), durante los
levantamientos posteriores, antes y después de la Reforma Agraria (1953),
después de la interpelación katarista (1974-1984) y ahora, después de los seis
años de luchas semi-insurreccionales de 2000 al 2005, sobre todo después del
proceso constituyente. Es indispensable ser sensible a la temporalidad y a las
trasformaciones de las problemáticas, sino caemos en un cuadro estático que no
sirve para la lucha política, sino para el auto-convencimiento y la
auto-congoja. De lo que se trata es de lograr la descolonización. Eso se hace
mediante una lucha política en el presente, en los contextos del presente, ante
la crisis del capitalismo y la modernidad del presente. Ahora bien, esta
politización debe criticar los contenidos universales de la modernidad y
retomar de manera actualizada los contenidos civilizatorios de las sociedades
antiguas y ancestrales. Al hacerlo lo hace políticamente, es decir,
desencadenando las luchas requeridas, pero también lo hace desembarazándose de
la herencia moderna. Esta deconstrucción se lo hace conociendo profundamente la
experiencia y las historias de la modernidad, no negándola, como si no
existiesen, como sino no nos hubieran atravesado desde el siglo XVI.
Digo eso del conocimiento de la modernidad
acordándome del profesor peruano de filosofía David Sobrevilla, experto en
Emmanuel Kant y Cesar Vallejo. El profesor me dijo que para separarse de la
filosofía europea era indispensable conocerla y dominarla, precisamente para
lograr lo que se quiere, un nuevo horizonte filosófico a partir del aporte
mitológico, imaginario, simbólico, de nuestras sociedades ancestrales. Creo que
tiene razón. Ese señor me dio una lección. Claro que queremos zafarnos de la
modernidad, superarla, abrir un horizonte más allá de la modernidad, a partir
del aporte primordial de los proyectos civilizatorios ancestrales y antiguos,
particularmente andinos. La comprensión de modernidades heterogéneas ya es un
desplazamiento de esa modernidad pretendidamente universal y dominante. Empero
lo que a nosotros nos interesa es una descolonización radical. Para eso es
necesario comprender profundamente nuestros proyectos civilizatorios, nuestros
horizontes históricos y culturales, pero también conocer plenamente esa modernidad que deconstruimos. Nuestra lucha
política tiene un alcance mucho mayor que el proyecto marxista, que a lo llegó
es a pensar una transición moderna en términos de la dictadura del
proletariado. Nosotros pensamos transiciones plurales que abolen la modernidad
e inventan un nuevo horizonte civilizatorio.
Marie Danielle Demélas escribe un libro sobre La invención política; se refiere a la
forma cómo se asume la política durante el siglo XIX en Bolivia, Ecuador y
Perú, de estructuras sociales similares. Cuando se hable de invención política
se expresa ese sentido. En todo caso, la política siempre es una invención, no
una realidad natural. Creo que es indispensable entender estos temas y no
confundir la política con una ontología, como si hubiera una esencia política.
No la hay, salvo en los imaginarios dogmáticos. Creo que no se pueden
desatender estos grandes problemas que tienen que ver con la historia efectiva
y las luchas sociales, luchas anticolonial, luchas contra las formas de
dominación. Lo demás es reproducir, como hacen los izquierdistas, imaginarios
cristianos inoculados desde el siglo XVI. Creer en esencialismo, en
fundamentalismo. En una providencia, aunque sea desacralizada. Descolonizarse
es desapegarse de estos imaginarios cristianos. La crítica de la modernidad
también pasa necesariamente por este develamiento oculto de códigos cristianos
en las teorías modernas. Es también moderno pretender un fundamento. No lo hay.
Lo que hay es la necesidad profunda colectiva de descolonizarse, esto implica
retomar las utopías no realizadas de los proyectos civilizatorios. Empero esto
se hace bajo el manto de respuestas concretas a problemas determinados del
presente. Eludir esta tarea política es entregar la iniciativa a los
nacionalistas, jacobinos, izquierdistas de todo tipo. La política es
precisamente el campo dónde las acciones tienen efecto prácticos, no es un
ejercicio mental. La derecha no cuenta,
pues a ella no le interesan estos temas; lo que le interesa es conservar sus
dominios y privilegios económicos. Para ella ya se ha llegado al fin de la
historia; supone que ya no habrá más cambios. El Estado liberar es la
realización suprema de la construcción política.
La inclusión de la naturaleza, que prefiero
llamar el vivir bien, que significa ser parte de los ciclos vitales de la madre
tierra, no es política. Eso sería reducir forzadamente una comprensión y una
acción mucho más rica que la política a las dimensiones estrechas de esta
práctica. Esto no es otra cosa que reduccionismo, querer hacer entrar a
categorías modernas las comprensiones, configuraciones y epistemologías
alternativas no modernas. ¿Por qué esa obsesión de querer pensar lo
alterativamente distinto en términos reiterativos de la modernidad? Este
reduccionismo es la continuidad del colonialismo por los medios de la
equivalencia discursiva. De este modo ni se hace política ni se trasciende al
horizonte del vivir bien. Se hace ideología para autosatisfacción sin afectar
un ápice a los poderes dominantes. Esto también es convertir en un folklore la
interpelación cultural que debería caminar por el terreno de la acción, es
decir, la política, y la construcción de lo alternativo, que puede combinar
reconstitución y novedad. En este sentido la política, como lucha, es
invención, pues crea, desde el imaginario radical y desde la imaginación
radical.
¿Qué es la política? Es una pregunta. Puede ser
ontológica si uno lo toma sí, empero ni en los escritos de Maquiavelo, ni en
los escritos de Hannah Arendt se incursiona por este lado, al contrario se
desmitifica la ontología y se devela el sentido dinámico, activo y de la praxis
de la política. Nosotros deberíamos reflexionar profundamente sobre la
invención de la política en el contexto y la coyuntura de los levantamientos
indígenas del siglo XVIII. Allí se abre un horizonte comunitario y de las
subjetividades colectivas, además de las luchas anticoloniales, que muestran la
desmesura de la política en nuestras tierras. No busques la política en el mito
anterior a la modernidad, no la encontraras; sólo las investigaciones
arqueológicas podrán decirnos algún día lo que fuimos antes. La historia y la
antropología sólo han llegado a contarnos algo, perfiles, de cien años antes de
la conquista, lo que corresponde al inkanato. Debemos ser serios con la lectura
del pasado, sino terminamos, esta vez, inventándonos, en sentido peyorativo, un
pasado muy parecido al presente y a los prejuicios de la modernidad.
Estamos obligados a usar el lenguaje del
colonizador, el lenguaje moderno, ese es el campo de batalla. Este es
claramente el campo de batalla, la modernidad, el capitalismo y el desarrollo.
Por eso avizoramos el vivir bien como modelo civilizatorio alternativo, por eso
recurrimos a la memoria de otro lenguaje, otros nombres, otras miradas y
vivencias, que vienen de otros tiempos, otras sociedades, otro horizonte
histórico-cultura. Estamos obligados a hacer política, porque estamos obligados
a vencer, a destruir la modernidad y el capitalismo. No podemos realizar
batallas imaginarias en espacios inexistentes, también imaginarios. Esto lo
puede soportar el dominador colonizador, esto lo puede aceptar el capitalismo,
mientras no hagamos la guerra en los terrenos reales que afectan la dominación
del imperio y sus cipayos. De eso se trata de hacer política en tanto lucha
descolonizadora radical, debemos lograr la reconstitución, empero hacerlo en el
ahora y aquí. Esto es lo que distingue a los guerreros de los demagogos, que
terminan usando un supuesto discurso descolonizador en servicio de lo mismo, la
restauración del Estado-nación criollo. Esto es ir a la lucha abiertamente,
comprendiendo también que debemos darle cuerpo al vivir bien. No cabe duda, la
descolonización es de matriz indígena,
se enriquece conceptualmente de los arquetipos de las cosmovisiones
indígenas; esta descolonización es también para el mundo, en plena crisis ecológica.
Ese es el lugar dónde se introduce el ayllu
como alternativa organizacional, donde se incorpora la complementariedad como
alternativa de cohesión social y convivencia, es el lugar donde introducimos la
pacha, la armonía con la madre tierra
y los ciclos vitales, formando parte del conjunto de seres, sin ser centro sino
precisamente parte de los ciclos cósmicos. Ahora bien, para lograr hacerlo, un
cambio civilizatorio, debemos ganar esta guerra anticolonial y descolonizadora,
no negarnos a hacer política en pleno sentido de la palabra.
Hay que
tener cuidado de cometer cuatro errores
en apreciaciones un tanto apresuradas:
1.
No
se puede eludir la modernidad, menos la critica a la modernidad, que es una
manifestación clara de la crisis. Ignorar estas críticas es quedarse desarmado.
Ninguna cultura vive aislada, toda cultura interpreta a otra cultura, por eso
está viva. Pretender ignorar la discusión y crítica de la modernidad es un
fundamentalismo que no tiene consecuencias políticas y termina en folclore para
beneplácito de las burguesías dominantes.
2.
Claro
que es primordial retomar las cosmovisiones indígenas, empero de una manera
dinámica, pues se trata de sistemas simbólicos dinámicos. Pero esta
reconstitución debe pasar por una revisión crítica, pues desde el siglo XVI
hubo sincretismo con el cristianismo. Hoy, muchas de las prácticas y ceremonias
que consideramos autóctonas, son en realidad sincretismos con el cristianismo,
algo así como anacronismo subsistentes desde el siglo XVI colonial que fue el
más destructivo culturalmente.
3.
Es
un error considerar que los levantamientos indígenas del siglo XVIII no tienen
que ver con la modernidad. No se puede desconocer que todo ese periodo se llama
modernidad barroca, la otra modernidad, anterior a la modernidad de la
revolución industrial. Durante esta época, un renacimiento indígena es
propuesto precisamente por las noblezas indígenas, mediante escritos en latín,
que tienen que ver con una visión de mundo. Por otra parte el levantamiento
indígena, que podemos comprender como parte de los acontecimientos del
nacimiento de la política, en sentido moderno, esta afectado por búsquedas de
legitimidad, milenarismos cristianos, de los que se van zafano poco a poco
hasta llegar a los momentos más radicales de la movilización. No se puede decir
de ninguna manera que no había una experiencia moderna, la colonia es
precisamente esa experiencia de la modernidad barroca.
4.
Respecto
a Franz Fanon no puede haber lugar a dudas. El gran discurso descolonizador
mundial del intelectual martinico pasa ya por las experiencias del marxismo y
la independencia nacional. Lo más lúcido de Franz Fanon es precisamente la
comprensión de las luchas anticapitalistas en esa modernidad desbastadora para
las periferias del sistema mundo-capitalista.
Estos errores pueden llevarnos a un
aislamiento total, por lo tanto a la anulación de la posibilidad real de lucha.
Es indispensable seguir esta discusión, que es indispensable desde las
perspectivas y potencialidades políticas, sobre todo porque tenemos que mostrar
los contrastes de una cruda experiencia, el colonialismo y la colonialidad. Es
un tema que no es fácil de descifrar hasta sus últimas consecuencias,
pues ha afectado profundamente las estructuras, las instituciones,
las costumbres, la constitución de los sujetos. Se hace problemático pues la
colonia funda la modernidad. Quizás en esta interpretación se da un gran
acierto de Enrique Dussel cuando dice que el primer hombre moderno es Hernán
Cortés por conquistador. La modernidad desde entonces tiene su historia y sus
etapas. Lo importante de toda esta historia es la resistencia que se genera en
las naciones y pueblos indígenas, los levantamientos que abren otra
posibilidad y otra alternativa a la modernidad, que los hindúes reconocen
como modernidades heterogéneas, ya que nadie puede eludir este acontecimiento
con todas sus contradicciones. Lo interesante del debate es que llevamos a
extremos nuestras reflexiones para poder alumbrar la problemática,
que ciertamente tiene como composición dos tendencias que
no necesariamente son contrapuestas; una, la reconstitución, que
nunca va a ser la misma, después de la experiencia de la colonialidad y
la modernidad; la otra, atravesar la modernidad en términos de
la transmodernidad, de tal manera que nos lleve a un más allá de la
modernidad, a una alternativa.
No
creo definitivamente que el siglo XVI sea lo mismo, como una continuidad, del
siglo XIV, cuando todavía no habían llegado los españoles. Considero que con la
conquista se produce un gran trauma y con la instalación de la administración
colonial se producen trastrocadoras transformaciones en todos los ordenes,
administrativos, cartográficos, ordenamiento territorial, tributaciones e
impuestos, mita colonial, encomiendas, haciendas, mediaciones, servidumbre.
Además del trastrocamiento que produce la introducción de variedades de
semillas, plantas y animales, incluso vestimenta, desaparición de lenguas.
Fuera de la castellanización se produce también la aymarización y la
quichuización con el objetivo de facilitar la evangelización. Definitivamente
no se puede hablar de una continuidad sino de una ruptura.
Ahora
bien, por qué se define esta época como la de una modernidad barroca; porque
definitivamente lo que ocurre en los Andes como en Mesoamérica esta integrado a
lo que ocurre en el mundo, no solo en cuanto al comercio, sino también en
cuanto a la circulación de todo, lenguas, costumbres, informaciones, incluso
humanas. Lo barroco precisamente tiene que ver con el aporte indígena, con la
transformación indígena de los propios insumos coloniales, la transformación de
la arquitectura de las iglesias en el labrado de la piedra, la transformación
de las mismas ferias y mercados. Y lo que es más importante, la resistencia y
pervivencia de las comunidades. Se producen entonces interpretaciones desde las
culturas mismas, por lo tanto transformaciones, así como también se producen
los mestizajes, pero también las articulaciones interculturales y lo que llama
Serge Gruzinski pensamiento mestizo, no refiriéndose al pensamiento de los
mestizos, sino a las interpretaciones con visión de mundo que hacían las
noblezas indígenas. Es pues la experiencia de una colosal transformación, que
contiene indudablemente la persistencia indígena. Este trastrocamiento forma
parte de ese horizonte de otra modernidad, anterior a la ilustración y a la
revolución industrial. En este contexto se forman los nuevos sujetos, se
constituyen nuevas subjetividades indígenas. La lucha, el reclamo, por los
derechos se dan en ese contexto, que es mundial, colonial y moderno, en sentido
barroco. Podemos entonces concebir que el nacimiento de la política, en sentido
moderno, en los Andes, se da con los levantamientos indígenas del siglo XVIII,
levantamientos que se oponen a la modernización iluminista de los borbones,
pues rompían con el pacto colonial y con las autonomías indígenas coloniales.
Esto es lo interesante, este acontecimiento inaugural de la política, en
sentido de la lucha por los derechos colectivos. El planteamiento de la
reconstitución, que se da en la última etapa de los levantamientos, no deja de
ser un planteamiento plenamente político, pues se lo hace desde una perspectiva
descolonizadora, perspectiva que no podía darse antes del siglo XVI. Esta es un
lucha política pan-andina, como lo va a ser la insurrección de los esclavos en
Haití contra la dominación francesa. Es este sentido político que se ha
recuperado a lo lardo de la historia de los levantamientos indígenas, en
distintos contextos. Es este sentido el que se ha recuperado durante las
movilizaciones sociales del 2000 al 2005, y es este sentido el que se ha
plasmado en la Constitución como transversal y perspectiva descolonizadora.
De
ninguna manera se trata de aceptar ninguna interpretación de crítica de la
modernidad que subsuma las perspectivas indígenas de la descolonización; se
trata de otra cosa, de comprender e interpretar la crisis de la modernidad
desde la perspectiva indígena. Empero se trata de una perspectiva indígena
histórica, en el presente, cuya memoria anticolonial ha experimentado los
periodos coloniales y los periodos de la modernidad, cuya memoria se ha
construido en la lucha contra las formas de colonialidad, las formas de la
modernidad y las formas del capitalismo. Por lo tanto, no se puede confundir
esta perspectiva combativa con el recuerdo de un pasado sin transformaciones.
Esto es un mito, sin desmerecer la fuerza del mito en la rearticulación y
convocatoria de las fuerzas.
Ahora
bien, lo que si es diametralmente diferente, es la perspectiva integral de
pertenecer a la madre tierra, a los ciclos vitales de la vida, a formar parte
de las dinámicas y ciclos cósmicos. Esta sabiduría no se puede reducir a
ninguna modernidad o critica de la modernidad. Empero esta cosmovisión no es
política, va más allá de la política. Me atrevería a llamar, para usar un
nombre conocido, que se trata de la ética del suma kausay.
Creo
que en esta apreciación radica nuestra diferencia, tú incluyes el suma kausay a
una fundamentación política indígena; en tanto que yo concibo el vivir bien
como una alternativa civilizatoria al capitalismo, a la modernidad y al
desarrollo, que es como un ética ancestral y también, en términos de ciclo, la
nueva ética, que incorpora a los seres y a los ciclos vitales, trascendiendo el
antropocentrismo.
Es
indispensable seguir esta discusión, que es indispensable desde las
perspectivas y potencialidades políticas, sobre todo porque tenemos que mostrar
los contrastes de una cruda experiencia, el colonialismo y la colonialidad. Es
un tema que no es fácil de descifrar hasta sus últimas consecuencias,
pues ha afectado profundamente las estructuras, las instituciones,
las costumbres, la constitución de los sujetos. Se hace problemático pues la
colonia funda la modernidad. Quizás en esta interpretación se da un gran
acierto de Enrique Dussel cuando dice que el primer hombre moderno es Hernán
Cortés por conquistador. La modernidad desde entonces tiene su historia y sus
etapas. Lo importante de toda esta historia es la resistencia que se genera en
las naciones y pueblos indígenas, los levantamientos que abren otra
posibilidad y otra alternativa a la modernidad, que los hindúes reconocen
como modernidades heterogéneas, ya que nadie puede eludir este acontecimiento
con todas sus contradicciones. Lo interesante del debate es que llevamos a
extremos nuestras reflexiones para poder alumbrar la problemática,
que ciertamente tiene como composición dos tendencias que no necesariamente son
contrapuestas; una, la reconstitución, que nunca va a ser la misma, después de
la experiencia de la colonialidad y la modernidad; la otra, atravesar la
modernidad en términos de la transmodernidad, de tal manera que
nos lleve a un más allá de la modernidad, a una alternativa.
La marcha cocalera
La
marcha gubernamental, la marcha desesperada por invertir la derrota sufrida, la
marcha extractivista bajo la lógica de la economía política de la cocaína, la
marcha que defiende los intereses de las empresas brasileras. La marcha
anti-indígena y contra la madre tierra.
El Estado-nación contra el Estado plurinacional
comunitario, las Fuerzas Armadas contra los indígenas, como en los tiempos de
las dictaduras. El Estado mestizo y su brazo armado en contra del proceso de
cambio, en contra de los derechos de la madre tierra y en contra de los
derechos de las naciones y pueblos indígenas, establecidos en la Constitución.
Ninguna manipulación oficial puede sustituir la realidad; una marcha cocalera,
acompañada por algunos indígenas raptados por helicópteros del ejército, no
pueden sustituir a una marcha fidedigna, como la que se dio por la defensa del
TIPNIS. Lo único que se demuestra es la desesperación de los gobernantes por
cumplir con la empresa corrupta trasnacional OAS y con los cocalero que quieren
ampliar la frontera agrícola y plantar coca. Lo único que se muestra con estas
actitudes solapadas es el descaro con el que se usan los recursos del Estado
para revertir lo que decidió la voluntad popular con el apoyo multitudinario a
la marcha en las ciudades. Estos son los síntomas de la decadencia: corrupción,
descaro, manipulación brutal. ¿Con qué moral se puede hablar después de cambio,
si se lo ha abandonado completamente? Los únicos que defienden la Constitución
y la posibilidad de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico
son los indígenas, quienes van a pelear por la reconducción del proceso.
Se trata de una marcha
oficialista que agrede la Constitución y la Madre Tierra al querer ampliar la
frontera agrícola para el monocultivo de la coca. Es una marcha anti-indígena
porque viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la
Constitución. Es lamentable escuchar de boca de dirigentes colonizadores hablar
de desarrollismo como lo hacían los liberales, hablando generalidades y
refiriéndose a educación y servicios de una manera tan propagandista y pobre,
desconociendo la Interculturalidad y las perceptivas pluralistas del vivir
bien. No es más que violencia verbal que quiere legitimar la ampliación de la
frontera agrícola en beneplácito también de los terratenientes,
agroindustriales y soyeros. Es una marcha que está contra el proceso
constituyente.
Interpretaciones constitucionales
De acuerdo a la Constitución los recursos
naturales no renovables son de propiedad del pueblo boliviano y los recursos
naturales no-renovables en territorios indígenas son de beneficio exclusivo de
las naciones y pueblos indígenas originarios. El Estado se convierte en
administrador de la propiedad del pueblo boliviano, por eso miso debe consultar
al pueblo qué hace con los recursos naturales. Por otra parte, hablamos del
Estado-plurinacional no del Estado-nación. Por el momento no hay tal Estado
plurinacional, seguimos en el Estado nación, no se han dado las
transformaciones institucionales, el pluralismo institucional, el pluralismo
administrativo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestión para efectuar
la construcción del Estado plurinacional. Esta tarea está pendiente. Los
gobernantes creen que es el Estado plurinacional sólo es una mención simbólica,
mientras todo el resto, la arquitectura estatal y normativa sigue siendo
liberal. Por otra parte la Ley Marco de Autonomía no es una ley autonómica, por
lo tanto no responde a la Constitución, ha retornado al centralismo secante. No
respeta los territorios indígenas, no reconoce la condición de territorios
indígenas a las autonomías indígenas; no asume las consecuencias del entramado
de las competencias autonómicas, privativas, exclusivas, compartidas y
concurrente; tampoco asume un nuevo sistema financiero que contemple
precisamente la autonomía. Los gobernantes siguen hablando de plurinacional y
de autonomía, también de autonomía indígena de una manera que parece mecánica,
sin asumir las transformaciones materiales, las condiciones de posibilidad, que
requieren estos cambios trascendentales. Restauran el mismo Estado-nación, la
misma institucionalidad, la misma administración liberal y nacionalista, que
desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los
derechos de las autonomías. Tampoco asume el sistema de democracia
participativa que establece la Constitución, el ejercicio plural de la
democracia, directa, representativa y comunitaria. Sigue manteniendo la
dominación de la democracia delegada, manteniendo el ejercicio dominante de una
burocracia ineficiente. Hay que decirles a los gobernantes: las
transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas
no son discursos, deben ser efectivas. Esta demagogia, esta apariencia, muestra
la patética contradicción de los gobernantes que confunden la realidad con el
discurso.
Economía política de la cocaína
La expansión e irradiación de la
economía política de la cocaína no solamente es un hecho sino que disputa
cuotas de decisión y de poder, no sólo ha penetrado a las instituciones sino
que orienta ciertas políticas de ampliación de la frontera agrícola, en
beneficio de la plantación de coca. Ya forma parte de concomitancias perversas,
narcotráfico, tráfico de tierras, contrabando, enriquecimiento ilícito. Lo
peligroso es que ya se bordea la posibilidad del tráfico de armas a gran
escala. Eso es el caso de México. No hay muestras en el gobierno de ninguna
preocupación por lo que ocurre, se dan mas bien manifestaciones de un cierto
oscuro beneplácito, como si esta inyección dineraria coyuntural pudiera
salvarnos de la crisis económica, latente o vecina. No se dan cuenta que a
mediano plazo la economía política de la cocaína destroza la cohesión social,
corroe las entrañas intimas de la sociedad y convierte a sus supuestos
benefactores en monstruos de una modernidad ilegal y transforman a la sociedad
en rehén de una violencia descomunal y sin rostro. Desde nuestras fronteras
hasta todos nuestros interiores, estamos ya penetrados, comprometidos; el
silencio nos hace cómplices. Si no se hace nada pronto, mañana será tarde. No
se trata de optar por la represión, lo que es un absurdo y un contrasentido; este
error lo cometió el gobierno mexicano. Se trata de efectuar una movilización
social plenamente convencida de su lucha. También se trata de discutir sin
tapujos la legalización, pues parece que no hay otro camino para acabar con el
negocio exuberante de las mafias.
Declaraciones patéticas
Parece que el viceministro no conoce la
Constitución, tampoco lo que significan, de acuerdo a las leyes, los parques y
los territorios indígenas, menos conoce los compromisos del gobierno y sus
políticas respecto a la defensa de la coca tradicional de acuerdo a normas y
procedimientos propios y en territorios tradicionales, las políticas de lucha
contra el narcotráfico y la coca excedentaria. Sus declaraciones son una
muestra de la más espantosa improvisación, tan sólo por defender los intereses
de los avasalladores del TIPNIS, quienes han plantado coca y producen cocaína.
Eso no es defender el proceso sino llevarlo a la tumba. No se entiende tampoco
que lo peor que podemos hacer en defensa de la hoja de coca tradicional es
ampliar los cultivos excedentarios de la coca y peor que esto es plantar en los
parques y territorios indígenas. Estos supuestos defensores del proceso son en
verdad sus sepultureros.
El diputado de la brigada
parlamentaria de Cochabamba no tiene la menor idea de la Constitución, menos
del espíritu constituyente, tampoco del sentido del proceso; por eso su
discurso se parece tanto al de los políticos liberales, neoliberales y también
nacionalistas. Se trata de un discurso desarrollista ya desgastado; hablar de
esa forma, de beneficio para los indígenas con la construcción de carretera, es
desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios,
consagrados en la Constitución, también desconocer la perspectiva del vivir
bien, como alternativa a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo.
Desconoce las resoluciones de Tiquipaya, de la Conferencia mundial de los
pueblos y de los movimientos sociales en defensa de la madre tierra. Es difícil
creer que se defienden estos anacrónicos postulados de principios del siglo XX,
es más probable que se recurra a este discurso sin entenderlo del todo, sólo
para defender los intereses mezquinos de los cocaleros excedentarios, que
quieren plantar coca a como de lugar en el Territorio y Parque Isiboro-Sécure.
Tampoco hay decoro en la manifiesta defensa de los intereses de las empresas
brasileras. Al respecto hay que denunciar la intervención del gobierno
brasilero y de su embajador en asuntos internos, presionando para que se
apruebe la carretera. Esta denuncia hay que hacerla internacionalmente y ante
el propio pueblo brasilero. Ninguna de estas maniobras, ni la del Congreso ni
la del gobierno brasilero podrán modificar la victoria conseguida por la marcha
indígena en defensa del TIPNIS.
Defensa
de la coca tradicional
Debemos defender la coca
tradicional, destinada al acullicu y
otras ceremonias, pues la expansión desmesurada de los cultivos que se siembran
sin la cultura de las terrazas, sin el trabajo colectivo, sin la presencia de
la comunidad, sin la complementariedad, el ayni
y la minka; cultivo excedentario que
se hace más bien de una manera privada, incluso asalariada, que está destinada
indudablemente al narcotráfico, va a destrozar nuestras tradiciones y ordenes
de relaciones en torno a los recorridos de la coca, desde los rituales hasta
los del acullicu y los de la medicina
tradicional.
Ausencia de las transformaciones pluralistas de la
justicia
Hubo una gran oportunidad de descolonizar la
administración de justicia, esta fue con la ley de deslinde jurisdiccional,
empero se retrocedió flagrantemente, promulgando una ley colonial, que
restringe al máximo la jurisdicción indígena originaria campesina, no dejándole
nada para administrar justicia, y supeditándola a la jurisdicción ordinaria.
Hubo otra oportunidad de hacer bien las cosas y elegir democráticamente a los
magistrados. La Constitución establece la participación y el debate abierto en
todas las circunscripciones y en todo el país, empero no se ha dado lugar a
esta participación y se ha preferido imponer candidatos. Los resultados
electorales dieron la victoria a los nulos, también se sumaron los blancos,
como un claro rechazo a la forma vertical y manipuladora como se abordaron
elecciones que podían ser trascendentales. La victoria de los nulos de por sí
anulan las elecciones, sin embargo, el gobierno no se da por enterado y sigue
adelante con la posesión de los magistrados dejando claro que no le interesa
para nada la legitimidad sino el control del poder. Esto desgasta aún más la
gestión del gobierno y la conducción de un proceso que debería ser fundacional
y resulta mas bien restaurador de los mismo, de las mismas prácticas,
restaurador del Estado-nación, alejándose estrepitosamente de la construcción
del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Los nuevos tribunales tienen que estudiar la
Constitución, tienen que comprender el sentido subversivo del proceso de
cambio, proceso del que se distanció abismalmente el gobierno, tienen que enmendar la violencia colonial de
la ley de deslinde jurisdiccional en contra de la jurisdicción indígena
originaria campesina, tienen que conculcar las leyes inconstitucionales que ha
promulgado al gobierno, tienen que juzgar al gobierno por no cumplir con la
Constitución, por mantener el Estado-nación y no construir el Estado
plurinacional comunitario y autonómico. También deben evaluar su condición
ilegal e ilegitima al imponerse contra la mayoría del voto popular que optó por
anular las elecciones de magistrados. ¿Lo harán?
Sobre la
violencia
No debería haber violencia nunca
contra los niños, los adolescentes, tampoco contra las mujeres, así mismo
contra los indígenas, también en contra de las diversidades heterogéneas. No se
trata sólo de un año de suspensión de las violencias. Se trata de cumplir con
la Constitución y no violar los derechos constitucionalizados, derechos
fundamentales, civiles, políticos, sociales, colectivos, de las naciones y pueblos
indígenas originarios, los derechos de la madre tierra. Eso es consecuencia y
coherencia, no se trata de demagogias.
Laberintos
del programa estrella del presidente
Era el programa estrella del presidente, empero
todo se ha esfumado como humo, mejor dicho se ha derrumbado la ilusión como un
castillo de naipes, todo esto debido a la descomunal corrupción, empresas
fantasmas que se llevaron el dinero, funcionarios comprometidos, viceministros
cómplices, sin embargo, después premiados con otros puestos. Esto pasó en todo
el país. Mucho dinero desaparecido, ¿en manos de quiénes? No hay viviendas, la
gente humilde y sin casa se quedó sin viviendas, el presidente sin el programa,
empero nadie pone el cascabel al gato. Supuestamente en un gobierno que lucha contra
la corrupción se ha dejado pasar esto, se ha perdonado. ¿Por qué?
La distancia más corta
es el laberinto
Notas en torno a los
preparativos de la IX marcha indígena y la movilización general popular
En defensa de la
Constitución, de la madre tierra, de los derechos indígenas y por la
reconducción del proceso
Apuntes para un
manifiesto colectivo en defensa del TIPNIS
Este es un llamado
desde lo más profundo de nuestra indignación ante la desenmascarada
demostración de despotismo ilustrado de parte del presidente del Congreso,
quien ha decidido conformar una comisión de alto nivel para abrogar la ley
corta y aprobar otra ley sobre el TIPNIS, violando nuevamente la Constitución,
los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los derechos de
la madre tierra, los derechos del pueblo boliviano que se ha manifestado
contundentemente y masivamente con el apoyo a la VIII marcha indígena. Este
despropósito ya ha llegado lejos con a aprobación de la ley de consulta
extemporánea y extractivista. A este despropósito se han sumado el Congreso
servil y pusilánime, también obviamente el ejecutivo con el presidente a la
cabeza, además de todos los órganos de poder del Estado al servicio de la
restauración y el modelo extractivista. El argumento de fuerza del presidente
del Congreso es la presencia de los marchistas del CONISUR en el Coliseo
Cerrado. Después de haber montado desde el gobierno una marcha oficialista de
cocaleros, incluyendo a los indígenas yuracares que se convirtieron en
propietarios privados, renunciando a la propiedad comunitaria, a la TCO del
TIPNIS, afiliándose en consecuencia a las federaciones cocaleras. Los del
CONISUR nada tienen que decidir sobre el Territorio y Parque Isiboro-Sécure,
pues no forman parte de esta TCO; no pueden decidir sobre tierras de otros.
Empero cuentan no solo con el apoyo del gobierno, sino también que son ficha
del juego empedernido y peligroso del gobierno de imponer su voluntad,
defendiendo los intereses de la empresas trasnacional de la construcción OAS,
defendiendo los acuerdos con el Banco de Desarrollo de Brasil, defendiendo los
convenios con el gobierno brasilero, en los que entra el IIRSA, además de
defender los intereses pedestres de los avasalladores del territorio indígena y
el parque, los cocaleros del polígono siete, que no es otra cosa que defender
la ampliación de la frontera agrícola en beneficio del monocultivo de la hoja
de coca, ya en condiciones excedentarias y vinculada a la economía política de
la cocaína.
El presidente del
Congreso quiere salirse con su capricho; nunca aceptó la derrota infringida por
la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. Estuvo completamente en contra
de la aprobación de la ley corta y su reglamentación. Ahora quiere
reivindicarse utilizando la marcha del CONISUR. Estos juegos de poder nos ponen
otra vez al borde del abismo, ante una eminente confrontación. Obliga al pueblo
boliviano que apoyó la marcha, a las organizaciones sociales que apoyaron la
marcha en defensa del TIPNIS, y obviamente obliga a las organizaciones
indígenas originarias, a movilizarse en defensa de la ley corta, de la
Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios,
consagrados en la carta magna, defensa de los derechos de la madre tierra y los
derechos del pueblo boliviano a decidir sobre el futuro de la vida y la
biodiversidad.
Hay momentos de
exigencia y de disponibilidad de fuerzas, hay momentos de convocatoria general;
este es uno de esos momentos. Debemos salvar el TIPNIS de su destrucción, de su
depredación, de su avasallamiento; debemos apoyar a las naciones y pueblos
indígenas en su lucha descolonizadora contra el modelo extractivista colonial
del capitalismo dependiente, contra el modelo depredador de la ampliación de la
frontera agrícola para el mercado lícito e ilícito, contra el modelo de la
corrupción que ya ha formado su telaraña de corrosión en el país. Estos intereses
mezquinos no pueden doblegar la voluntad del pueblo boliviano. No podemos
convertirnos en objeto de despojamiento de las lógicas de acumulación de
capital. No podemos dejar que un gobierno al servicio de las empresas
trasnacionales nos arranque la libertad conquistada, la Constitución lograda,
los derechos ampliados y de cuatro generaciones de derechos, la perspectiva de
construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva de
un modelo económico alternativo al extractivismo y a la dependencia, orientado
a la soberanía alimentaria y en la perspectiva del vivir bien.
En momentos como
estos, de desafío, pero también de violencia estatal, así mismo de
convocatoria, se decide la suerte de lo que va venir, del futuro inmediato y
del futuro a mediano y largo plazo. Debemos defender nuestros derechos
conquistados y los derechos de las generaciones futuras. Estamos obligados a
luchar, a movilizarnos, a reconducir un proceso, que ha tomado el curso
turbulento de profundas contradicciones, y el decurso del peligro hacia
desbarrancamiento, pues el gobierno ha optado por el camino de violar la
Constitución, olvidar su mandato, restaurar el Estado-nación-liberal y
colonial, administrar los intereses de la burguesía intermediaria y de los
nuevos ricos, así como los intereses de las empresas trasnacionales en el país.
Ha optado por este camino regresivo, colocándose contra el proceso, contra el
pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios.
Consideraciones
sobre la coca tradicional y la coca excedentaria
Habría que hacerse preguntas y consideraciones
al respecto de la intervención en los Yungas:
1.
¿Por
qué no se hace lo mismo en el Chapare y en los parques avasallados por los
cocaleros? Por ejemplo en el polígono 7, la zona de avasallamiento del TIPNIS,
donde además se produce y sale cocaína.
2.
Hay
que distinguir la coca tradicional de la coca excedentaria, la geografía
tradicional de la geografía excedentaria de cultivo de coca. La defensa de la
hoja de coca tradicional entra en contradicción con la existencia de hoja de
coca excedentaria, destinada a la economía política de la cocaína. No se puede
defender la hoja de coca tradicional, el acullico, el uso en medicina
tradicional, en ritos y ceremonias, si es que hay existencia de hoja de coca excedentaria.
3.
Puede
haber hoja de coca excedentaria en los Yungas, depende de las cantidades
establecidas; pasados un límite, ya se considera excedentaria.
4.
¿Por qué el gobierno no es transparente en
este tema? ¿Por qué oculta información o se hace al desentendido respecto a la
geografía excedentaria y las zonas de avasallamientos de los parques? ¿Por qué
se hace al desentendido respecto a la expansión desbordante en todo el
territorio del país, desde las fronteras hasta los interiores, de la economía
política de la cocaína?
Una cumbre intrascendente
No se toma en cuenta el modelo económico
establecido en la Constitución, la economía social comunitaria, partiendo de la
economía plural, avanzando a la industrialización de los recursos naturales,
hacia la soberanía alimentaria e incorporando un modelo ecológico, en la
perspectiva del vivir bien. Lo único que se hace es seguir legitimando, sin
discusión alguna, el modelo extractivista a la que nos ha sometido la Colonia y
el sistema-mundo capitalista, condenándonos a la dependencia. No hay tal
debate, no hay ninguna discusión sobre el modelo económico; se usa a las
organizaciones sociales afines para imponer el imaginario extractivista de los
ministros y ministras. Es un montaje teatral a dos o tres tiempos. Los
ministros dirigen las mesas y hacen que las organizaciones como que pidan
audiencia. Eso no es una cumbre, es la muestra más clara de la supeditación de las
organizaciones sociales afines a borradores ya preparados por el ejecutivo.
También es una muestra clara de la violación de la Constitución, no hay sistema
político de la democracia participativa; se ha conculcado el modelo económico
de la Constitución; se defiende los intereses de las grandes empresas
trasnacionales que manejan mundialmente el negocio del extractivismo.
Una cumbre intrascendente, que no
toma en serio la crisis del proceso, no discute el modelo económico,
establecido por la constitución, la economía social y comunitaria, y prefiere
seguir en el modelo colonial extractivista, impuesto por la geopolítica del
sistema-mundo capitalista. Una cumbre que lo único que hace es seguir
machacando sobre los mismos errores y desaciertos que nos están llevando al
abismo.
Se quiere revertir la derrota del
gasolinazo. Para eso sirvió una cumbre intrascendente; no para discutir los
problemas fundamentales, menos el modelo económico de la Constitución, sino
para mantenerse en el modelo extractivista y en el modelo de las políticas de
shock contra el pueblo. Ahora resulta que vamos a pagar los costos de la deuda
interna y de la deuda externa. Dicen que de la subvención; tema en el que jamás
fueron transparentes. Se trata de boletas fiscales y no de erogación real.
Una cumbre que termina planteando
demandas corporativas y evita el debate de los grandes problemas del proceso y
de la transición. No discute el modelo económico establecido por la
Constitución. Modelo que concibe transformaciones pluralistas en distintos
planos: Abolición del modelo extractivista del capitalismo dependiente,
industrialización de los recursos naturales, consolidación expansiva del
mercado interno, integración
complementaria de la economía plural hacia la economía social y comunitaria,
desplegando el eje transversal de la soberanía alimentaria. Instrumentalizado
por medio de la planificación integral y participativa, con enfoque
territorial, además de la elaboración del presupuesto participativo. Todo esto
dentro del horizonte de la conformación de un modelo ecológico. Este proceso de
transformaciones pluralistas es comprendido como la realización de las bases materiales hacia el vivir bien como
alternativa civilizatoria al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.
Es un Consejo Económico que no
tiene para nada en cuenta el modelo económico alternativo de la Constitución,
la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos
naturales, la soberanía alimentaria, el condicionamiento ecológico, todo esto
orientados al vivir bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la
modernidad y el desarrollo. Es un Consejo donde los empresarios privados
impondrán su perspectiva del capitalismo dependiente, compartida con el
gobierno, y las organizaciones sociales están para legitimar esta traición a la
Constitución.
Estas son las consecuencias de la
continuidad del modelo extractivista colonial, impuesto por el sistema-mundo
capitalista, aceptado por las élites criollas liberales, por los mestizos
nacionalistas y ahora por el gobierno. El modelo extractivista nos condena a la
dependencia, deja que la geopolítica de la economía-mundo capitalista nos
despoje de nuestros recursos naturales, mientras el centro del sistema mundo
efectúa su acumulación ampliada de capital. La constitución es clara, prohíbe
la exportación de materias primas, exige su industrialización, comprende los
recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, involucrándose
con un modelo ecológico que sostiene el camino al vivir bien.
En lo que respecta al modelo civilizatorio
alternativo, obviamente no es un retorno al pasado. ¿Acaso se puede? Son una
actualización de utopías no realizadas como las relativas al
comunitarismo.
El sentido
contradictorio del proceso
No se puede soslayar la
complejidad del proceso, no se puede
dejar de comprender el sentido contradictorio del proceso. Al contrario,
de lo que se trata es de entender sus contradicciones, empero resolverlas en
sentido de la profundización del proceso, no como lo hace el gobierno,
apartándose del proceso y la constitución, comportándose como un
contra-proceso. Es indispensable intervenir, como movimientos sociales, que son
los que han abierto el proceso, y re-conducirlo. Sino, el proceso se hunde como
otros procesos y otras revoluciones. Esta es la responsabilidad histórica del
momento.
Todos los procesos se despliegan
de acuerdo a sus particularidades históricas, o las asumes o sigues viviendo
tus propios imaginarios. Todos los procesos, las revoluciones, son
contradictorias. Lo que se observa que todas han abierto nuevos horizontes, el
mundo nunca va a volver a ser lo que fue, empero todas las revoluciones se han
hundido en sus contradicciones, no han podido soportar, ni resolver sus
contradicciones en el sentido de la profundización de los procesos. Ahora tenemos la responsabilidad de
reconducir el proceso, de resolver las contradicciones en el sentido de la
transformación estructural y el despliegue de las emancipaciones.
Estructura y núcleo de la Constitución
Sólo el 30% de la Constitución aprobada en
Oruro ha sido revisada por el congreso. La constitución se basa en el eje
histórico de la descolonización, que es la lucha más profunda en las periferias
del capitalismo, la cuestión indígena, algo que la izquierda colonial nunca ha
entendido, pues ha compartido con las
burguesías intermediarias las ilusiones desarrollistas y modernistas. La
propuesta de la constitución propone una transición más profunda que la transición
de la dictadura del proletariado, que nunca ha salido de sus límites de la
modernidad, que es la matriz cultural del propio capitalismo, por lo tanto
nunca salió de los propios límites del capitalismo. La constitución propone
transiciones pluralistas que van más allá de la modernidad, del capitalismo y
de las ilusiones desarrollistas. Fue un producto de las luchas insurreccionales
del 2000 al 2005, movimientos sociales autogestionarios, autoconvocados,
movimientos indígenas descolonizadores. Acontecimientos en los que la izquierda
colonial no estuvo involucrada ni entendió, pues sigue reviviendo los fantasmas
de revoluciones ya derrumbadas y muertas por sus propias contradicciones. La
izquierda colonial no se dio cuenta ni reflexiona sobre la caída de la Unión
soviética y su conversión en un capitalismo de mafias. Tampoco reflexiona sobre
la conversión de la revolución socialista china en un socialismo de mercado,
que no es otra cosa que el capitalismo salvaje que los ha encumbrado como
potencia emergente capitalista en el ciclo del capitalismo vigente. La
revolución descolonizadora indígena es el acontecimiento más importante del
siglo XXI, es una revolución real, no fantasmagórica, que abre los horizontes a
un modelo civilizatorio anti-moderno, anticapitalista y en contra de las
ilusiones del desarrollo.
La Constitución es el producto de
seis años de luchas insurreccionales. Forma parte de la historia del nuevo
constitucionalismo latinoamericano, que comienza con la constitución colombiana
del 91, anticipada, en cierta medida, con la Constitución de Brasil, sigue con
la constitución de Venezuela, las dos últimas constituciones ecuatorianas y la
constitución boliviana. Estas constituciones son un gran aporte a la historia
del constitucionalismo. Las constituciones ecuatoriana y boliviana son
consideradas además por el constitucionalista Raúl Zaffaroni como el
constitucionalismo andino, que aporta con la concepción del Estado
plurinacional y el vivir bien. Se trata de un constitucionalismo participativo,
donde los doctorcitos no escriben la Constitución, sino son productos
colectivos. Esta es la gran diferencia con el constitucionalismo europeo y
norteamericano.
Las justificaciones de los “lluncus”
Es una pena que no se haya entendido nada, ni el proceso, ni la
Constitución, ni las contradicciones del proceso. No se puede avanzar sin
crítica; el “llunquerio” es parte de la caída al abismo. Los que lucharon por
la apertura del proceso, los movimientos sociales, siguen en lo mismo, en la
potencia del proceso, defendiendo el proceso y la Constitución, en contra de un
gobierno que está contra el proceso y
contra la Constitución. Cuando estuve primero de director de normas y después
como viceministro no estuve para mantener este Estado-nación, liberal y
colonial, que es lo que ha restaurado el gobierno, sino para desmantelarlo,
para construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como establece la Constitución. Dejamos el Anteproyecto de ley de gestión pública
plurinacional comunitaria e intercultural, que hasta ahora no lo discuten
en el gabinete, por que no quieren
cambios. También dejamos El plan
plurinacional del vivir bien (Plan de Desarrollo Económico y Social), que
lo aprobaron, pero cuando se dieron cuenta que iba por el vivir bien y no por
el modelo extractivista colonial, que han escogido, me pidieron mi
renuncia. La responsabilidad de los que
dicen y creen defender el proceso es reconducirlos y no apoyar la ruta al
naufragio. No el “llunquerio” que aplaude acríticamente precisamente la muerte
del proceso, sin darse cuenta.
Parece repetirse el insólito recorrido de las
revoluciones, unos luchan y otros gobiernan, unos mueren y otros suplantan.
Todo esto ocurre una vez que el magma de la explosión y el desborde de la
interpelación social se enfría; el proceso deriva en causes más calmados y
conservadores. Los oportunistas encuentran su oportunidad de incrustarse en
esta etapa, conservar sus puestos en las instituciones. En un momento se
consideran los genuinos representantes de un proceso en el que no participaron,
se muestran oficiosamente como los defensores del proceso, sobre todo
manifestando su servilismo y su falta de crítica de manera elocuente y
estridente. En lenguaje popular boliviano, se los ha identificado como
“lluncus”. Esta masa sumisa y servil termina formando microclimas de
desinformación y desconexión con la realidad, microclimas de indignantes
prácticas de alabanza a los jefes. Sumados a la conducción desorientada y
regresiva, además de restauradora, aparecen estos funcionarios serviciales, que
acompañan al desbarrancamiento del proceso, en una dramática ruta del
naufragio, aplaudida por estos sepultureros.
No es sorprendente lo que esta
pasando, toda revolución ha pasado y pasa por la dramática experiencia de sus
contradicciones; el tema es cómo resolvemos estas contradicciones,
profundizando el proceso. Obviamente no se lo hace aplaudiendo los errores, el
descarrilamiento, la expansión de la corrupción y la espiral de violencia y
represión, no se lo hace aplaudiendo servilmente hechos tan problemáticos como
la expansión de la economía política de la cocaína. Papeles como el de los
apologistas y justificadores son conocidos en la historia política. Evitar la
crítica y el análisis, evitar la deliberación, evitar que los verdaderos
protagonistas del proceso, que son los movimientos sociales, lo reconduzcan.
Servir sumisamente a los jefes. Eso no nos sirve, pero eres libre para seguir
haciéndolo. Eso es parte de la decadencia y descomposición del proceso
La violencia depredadora e inconstitucionalidad de la
carretera que atravesaría el TIPNIS
Lo inconstitucional es pretender
que una carretera depredadora pase por el TIPNIS. ¿El presidente del senado ha
leído la Constitución? ¿La ha comprendido? ¿Entiende lo que significa
territorio indígena? Lo inconstitucional es violar los derechos de las naciones
y pueblos indígenas consagrados en la Constitución. Es un delito contra el
país, el pueblo y el Estado, defender los intereses de una trasnacional
brasilera de la construcción y los intereses comprometidos con el gobierno
brasilero. Es un delito aprobar una ley corta de defensa del TIPNIS y luego
querer anularla, utilizando una marcha de cocaleros. Estamos ante un gobierno
que no tiene palabra y ni ley, y no tiene la mínima turbación de lanzar un discurso insostenibles sobre las
alternativas de anular la ley corta; contra toda lógica. Tampoco tienen sentido
de sobre-vivencia, se olvidaron rápidamente de la marcha indígena, del apoyo a
la marcha, de la salida de un millón de paceños en defensa del TIPNIS. ¿Quieren
una movilización más grande? Esta vez imparable.
El vicepresidente convoca a los
asambleístas para tratar el requerimiento del gobierno, la anulación de la ley
corta que defiende al TIPNIS y sus reglamentos. Requerimiento del gobierno, de
OAS y del gobierno brasilero transferido a los del CONISUR, que no son otra
cosa que cocaleros. Es otra tramoya, que pretende ser impuesta por medio de la
Asamblea Legislativa, contra todo decoro y compostura. Tendrán como respuesta
la movilización general del pueblo en defensa de la ley corta, del TIPNIS, en
defensa de la Constitución y por la reconducción del proceso.
No se puede y no se debe abrogar la ley corta
que defiende al TIPNIS. Esto no solamente muestra la falta de palabra y de ley
de un gobierno al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo
dependiente y de los intereses mezquinos de la empresa trasnacional OAS y de la
ampliación depredadora de la frontera agrícola para plantar coca excedentaria,
poniendo en peligro a la coca tradicional. Esto obliga a una defensa movilizada
de la ley de todo el pueblo que ha defendido a la madre tierra en el conflicto
del TIPNIS, sino una denuncia ante los
organismos internacionales por esta flagrante violación de los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios, de la ley de los derechos de la madre
tierra, de las leyes conquistadas; sobre todo por el despliegue desmesurado de
la violencia estatal, simbólica y abierta. No se puede ni se debe atentar
contra la ley corta pues se comete una violación constitucional y es un
antecedente perverso en relación a la normativa y a la institucionalidad, una
muestra patética del desprecio del gobierno por los derechos y las leyes. No se
puede ni se debe, por que esto es una afrenta a la democracia, al ejercicio de
la democracia; es una muestra palpable del método prosaico de la maniobra y de
la manipulación exacerbada. No se puede
ni se debe, pues esta es la mejor manera de acabar con el proceso,
imponiendo una tiranía política desvergonzada y maniobrera.
El montaje de la marcha cocalera
Los llevaron con engaños, sin participación de
las organizaciones matrices, sin respetar sus formas de participación y
decisión, manipulando, llevando gente de San Ignacio de Moxos, que no pertenece
al TIPNIS. Los pocos engañados que pertenecen al TIPNIS, retornan a sus
organizaciones donde van a informar de esta desagradable manipulación y
manoseo.
El gobierno no entiende que no puede sustituir
la realidad con el discurso a través del monopolio de la violencia del Estado y
el teatro político. No entiende que no puede revertir su derrota política. Una
marcha indígena en defensa del TIPNIS, organizada por sus organizaciones
matriciales y apoyada por la ciudadanía y un millón de paceños que salieron a
las calles a recibirlos como héroes, derrotó a la violencia estatal, al
desconocimiento del gobierno de la Constitución, de los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra. El
montaje de una marcha de cocaleros afiliados a las federaciones del chapare,
incluyendo a gente de comunidades yuracares, que ya no pertenecen a las
comunidades, sino a los sindicatos cocaleros, se desarma, la manipulación
inaudita se derrumba, el plan del jacobino cae como castillo de naipes. No se
puede ni intentar anular la ley corta en defensa del TIPNIS conquistada, eso
sería borrar con el codo lo escrito con la mano, demostrando además que se
trata de un gobierno que no tiene ley ni palabra, un antecedente calamitoso a
lo que podría ser su propia caída. Pues el pueblo boliviano y las naciones
indígenas originarias, en el caso que intenten anular la ley se levantaran en
movilización general para defender la ley y reconducir un proceso que se
desbarranca.
Los
cocaleros, entre la coerción y el montaje del gobierno
Como si fueran sus esclavos o sus siervos, en
todo caso menores de edad, ante los supuestos civilizadores cocaleros,
sindicalizados y embarcados en los circuitos dinerarios, en la
institucionalidad de la propiedad privada, en la política sindical y en la economía
política de la cocaína. La marcha del CONISUR contó, desde un principio, con la
desesperada actuación del gobierno por revertir la derrota del TIPNIS. Frente
al gobierno y sus acólitos se encuentran movilizadas las organizaciones
matriciales del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, además de las
organizaciones matrices indígenas, CIDOB y CONAMAQ, apoyados por el pueblo
boliviano, sobre todo de las ciudades, particularmente de la ciudad de La Paz.
El gobierno apostó a su consagrada manipulación y montaje de teatros políticos,
se inventó una marcha oficial, nacida en el escritorio de inescrupulosos
funcionarios. Sin haber aprendido nada de su calamitosa actuación en la
represión a la marcha indígena. La opinión publica y el pueblo boliviano
comprendió desde un principio de qué se trataba, de una maniobra descolorida y
sin imaginación. La marcha oficialista del CONISUR nació muerta por el
descrédito y los descarados objetivos depredadores del territorio indígena para
plantar coca, en articulación con la economía política de la cocaína, además de
apoyar sumisamente a la corrupta empresa de la construcción brasilera OAS.
Con todos los medios al alcance del gobierno,
que cada vez son más tristes y pobres, descalificados por sus pretensiones e
intensiones insanas, con la marcha inventada, no podrá el oficialismo al
servicio del IIRSA abrogar la ley corta que defiende al TIPNIS. No podrá
revertir su derrota política, la segunda después del levantamiento popular
contra el gasolinazo. Una tercera afrenta al pueblo, a la Constitución, a las
naciones y pueblos indígenas, que son el contenido el proceso, provocaran una
movilización general sin precedentes en defensa del proceso, de la
Constitución, de los derechos fundamentales contra un gobierno que está contra
el proceso y la Constitución. Es posible que el gobierno no pueda sostenerse
ante la tercera avalancha popular.
El
gobierno ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda,
enfrentando al pueblo
Ante el gasolinazo hay un
levantamiento popular, que hace retroceder en la medida. Este fue el momento
donde los hechos nos dicen que los retrocesos paulatinos del gobierno han
cruzado la línea, ahora se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al
pueblo. El compromiso con OAS es no solamente corrupto sino depredador e
inconstitucional. La Constitución defiende el territorio indígena y los
parques, los derechos de las naciones indígenas y originarias; la Constitución
establece la consulta libre previa e informada. Después de la aprobación de la
Constitución, no se acaba con el Estado-nación, sino se lo restaura,
manteniendo sus normas liberales y su institucionalidad colonial. No se
construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que requiere de
transformaciones institucionales, en el sentido del pluralismo institucional,
jurídico, normativo y de gestiones. No se encamina esta transición por el
camino decidido por la Constitución de la democracia participativa, con el
ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. La
construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión
pública. Se hace lo mismo que antes, doctorcitos y funcionarios suplantando a
los movimientos sociales. Defender esta tendencia del contra-proceso es
colocarse precisamente del lado de la restauración nacionalista y colonial. No
se puede defender esta inconducta política con argumentos tan banales y
paranoicos derivados de una tesis degastada y empobrecida de la conspiración,
ahora reciclada de segunda mano.
El
recorrido de la muerte en las gestiones de gobierno
Después de este recorrido de
muertes en la imposición del modelo político jacobino, que dejó a un lado la
Constitución, desechándola, debe haber varias renuncias. Debe renunciar el
jacobino que nos está llevando a la tumba y a la muerte del proceso. Deben
renunciar los ministros “lluncus”, cómplices del desabarranco. Deben renunciar
las autoridades comprometidas con represión y hechos de corrupción. No va más.
Movimientos sociales vuelvan a levantarse y salvar el proceso, reconduciéndolo.
Siempre se pasa la
responsabilidad a otros. No se asume valientemente las consecuencias de los
actos. Ahora resulta que son los del pueblo de Yapacani los culpables. ¿No es
este un justificativo pobre e infantil? ¿Por qué se generó el conflicto? ¿Por
qué se decidió reprimir? ¿Por qué no se dan soluciones resolviendo los
problemas desde sus causas y raíces? Esta auto-justificación se ha vuelto
dramática y excesivamente costosa. ¿No es hora de comportarnos maduros?
La
maniobra del jacobino
Ya no hay límites para la burda manipulación,
no hay ningún aprecio por guardar ninguna apariencia. Sólo se tiene en mente la
desmedida tramoya contra la ley corta que protege al TIPNIS y su
reglamentación. Se cree poder revertir la derrota sufrida por el gobierno con
la utilización descomedida del monopolio de la violencia y del uso descarado de
los órganos de poder. Se induce una marcha cocalera para mostrar un pedido
inconstitucional contra la madre tierra y los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios, por lo tanto contra la Constitución. Se manda
una avanzadilla de asambleístas dice que para escuchar lo que ya ellos saben,
la construcción de una carretera depredadora, en beneficio de la plantación de
coca y la empresa corrupta de la construcción OAS. Estas maniobras suponen una falta de respeto
a la opinión pública y al pueblo, se los considera sin uso de razón,
manipulables, manejables. También es un síntoma de una soledad extrema que raya
en la incomprensión, esto también supone que el único que comprende las cosas
es el jacobino. El único que tiene la clarividencia. Este comportamiento
trágico-cómico es la manifestación patética del síndrome del poder que tiene
que ver con la paranoia, la desconexión con la realidad efectiva y la absorción
completa del imaginario de la conspiración.
No podrán anular la ley conquistada por las
naciones y pueblos indígenas y el pueblo que apoyó la marcha y la defensa de la
madre tierra. No podrán imponerse los crudos intereses que defienden, el de la
economía política del chantaje y el de las empresas trasnacionales, el de la
burguesía recompuesta, sumando a los nuevos ricos, a las conquistas indígenas y
populares. Saldremos todos los que apoyamos al TIPNIS a defender la ley corta y
su reglamento, la defensa de la constitución y por la re-conducción del
proceso.
Respecto al desafío del
revocatorio del presidente
No se trata de eso, de aceptar el revocatorio, como aceptando un duelo
imaginario, así como lo hace el jacobino, que cree que la política es un duelo
personal con sus fantasmas. Se trata de reconducir el proceso, de cumplir con
la Constitución, de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico,
de acabar con el Estado-nación subalterno, liberal y colonial, de acabar con el
modelo extractivista colonial y del capitalismo dependiente. De eso se trata
señor presidente, no de seguir haciendo teatro político mientras nos
desbarrancamos y rifamos la gran oportunidad histórica de las naciones y
pueblos indígenas para descolonizarse, la gran oportunidad histórica del pueblo
para emanciparse de las dominaciones múltiples.
¿Quién gobierna?
Es ciertamente un cuadro patético. ¿Quién
gobierna? ¿El presidente? ¿Grupos palaciegos? ¿Redes y circuitos de operadores
que se mueven en bambalinas? ¿Verdaderas estructuras de poder, asociadas a
monopolios y empresas trasnacionales? ¿Súper-estados opacos, empero
determinantes, mientras los personajes visibles aparentan ejercer el gobierno?
Estas preguntas nos llevan a una mayúscula: ¿Qué es el poder? Respuestas
posibles: mapas, cartografías, agenciamientos, dispositivos, preformados y
establecidos, cuyas lógicas conducen el accionar de los gobernantes, aunque no
se den cuenta. ¿Es así? Puede no ser tan categórico, pues al final hay cierta
placentera complicidad de los gobernantes, de los políticos y los funcionarios.
Hay un gusto perverso por los deleites que da el poder, por sus escenarios
cortesanos y de servil alabanza, también hay un aprendizaje, al principio
quizás con cierta curiosidad, de las malas artes de la economía política del chantaje, los circuitos de influencia, la
corrosión de las normas y las prácticas perversas de la corrupción. Una vez que
se entra a estas atmósferas es muy difícil salir. Hay prácticamente una
condena. Después viene la ruptura moral, el doble comportamiento, la doble
cara, el doble discurso; la falencia en los discursos y en los lenguajes. ¿Por
qué el poder es tan destructivo?
Momento de emergencia, momento de disponibilidad de
fuerzas
Hay momentos en que un país y un pueblo se
juegan su destino; estos son momentos cruciales. Momentos como nudos o
encrucijadas donde se resuelven desenlaces posibles. Para afrontar estas
situaciones René Zabaleta Mercado exige que sea un momento de disponibilidad de
fuerzas, momento intenso de movilización. Tal parece que nos jugamos en la
guerra civilizatoria en torno al TIPNIS uno de esos momentos. El gobierno
insiste en seguir por la ruta por la que han venido siguiendo todos los
gobiernos anteriores, por continuar los ruta del modelo extractivista
depredador, alimentando el circulo vicioso de la dependencia; en tanto que las
organizaciones indígenas se plantean parar este saqueo y esta desposesión de
los recursos naturales, destrozando la madre tierra, los equilibrios
ecológicos, las biodiversidades, a altísimos costos irreversibles. Armados por
la Constitución convocan a ir por la ruta del vivir bien, modelo civilizatorio
alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. Lograron con una
marcha indígena en defensa del TIPNIS parar este descabellado emprendimiento
depredador, arrancando al gobierno y a la Asamblea Legislativa una ley corta en
defensa del TIPNIS, además de acordar la reglamentación de la ley.
Empero el gobierno no acepta su derrota ni la
conquista de la ley, vuelve a insistir, cada vez por procedimientos más
desmedidos y descarados continuar con la misma ruta de la inercia y de la
muerte, el saqueo, el despojamiento, la depredación, la violación de derechos,
lo que beneficia, como siempre, a los intereses mezquinos de empresas
trasnacionales, además de los intereses privados de ampliación de la frontera
agrícola en beneficio del monocultivo. La reciente insistencia del gobierno
tiene que ver con la convocatoria a la reunión de la Asamblea Legislativa a
tratar el tema de la anulación de la ley corta, en tanto pedido de la
contra-marcha cocalera, impulsada por el ejecutivo.
Es la misma Asamblea que aprobó la ley corta,
que unos días después, quiere aprobar su abrogación. Esta desfachatez muestra
patentemente la desesperación por abrir el TIPNIS y partirlo con una carretera
depredadora. ¿A qué se debe tanta desesperación de los gobernantes? ¿Presión de
las federaciones cocaleras del Chapare? ¿Compromisos con el gobierno brasilero,
la empresa OAS, el IIRSA? Esta pregunta también nos plantea otras: ¿Hasta dónde
se ha extendido y profundizado la corrupción, la economía política del chantaje, los circuitos de la cocaína, su
inserción en la economía y en las instituciones? Una economía no solamente
ligada el enriquecimiento ilícito sino a la formación de oscuros grupos de
poder. Esta pregunta es importante, pues sorprende no solo la falta de decoro y
compostura de gobernantes y legisladores, sino por la renuncia evidente a la
imagen de defensores de la madre tierra, de los derechos indígenas; también la
renuncia efectiva y práctica a la Constitución y al mismo proceso de
transformaciones y de descolonización. ¿Por qué se lo hace? ¿Son tan
abrumadores los intereses y los compromisos que se puede renunciar a la virtud
y a la ética? Nada puede valer nunca más que la defensa de la madre tierra y de
la vida, nada puede valer más que la emancipación y la descolonización, tampoco
nada puede valer más que la construcción alternativa del Estado plurinacional
comunitario y autonómico, del modelo civilizatorio del vivir bien. Lo que pasa
es que se ha decidido mirar y valorizar desde la perspectiva de los intereses
pedestres del beneficio propio.
La elección de mujeres en las presidencias del
congreso
Esta noticia es importante en la perspectiva de
la despatriarcalización y de la emancipación de la dominación masculina. Empero
para marchar en esta perspectiva tienen que comportarse como mujeres plenas,
emancipadas, la alteridad absoluta. La apertura y creación de otro horizonte de
la política y de lo político, ya no basado en la política construida por la
fraternidad guerrera masculina, la que entiende la política como identificación
del enemigo, en la dicotomía amigo/enemigo, compartida por izquierdas y
derechas. Se trata de una política que va más allá del amigo-enemigo. El aporte
de la emancipación femenina conduce a la descolonización plena y la
construcción de la cohesión social y la armonía con la vida sobre la matriz
liberada de potencialidades, capacidades, sensibilidades de amor por las formas
de vida.
Según Jacques Derrida, en Políticas de la amistad, se trata de la
alteridad absoluta. Teoriza la figura de ámbito de relaciones y constitución
subjetiva emancipadas de las formas de dominación y referencia masculina, la fraternidad,
el patriarcado, los círculos de la dicotomía amigo-enemigo. No se trata sólo de
la sororidad, que sería la amistad simétrica a la de los hombres, sino el poner
en suspenso las mismas identidades construidas culturalmente en la historia.
Refiriéndose a la democracia por venir dice:
Esta disimetría y esta alteridad infinita no tendrían ninguna relación
con lo que Aristóteles habría llamado desigualdad o superioridad. Serían
incluso incompatibles con la jerarquía socio-política como tal. Se trataría, pues, de pensar una alteridad sin diferencia
jerárquica en la raíz de la democracia. Aparecería más tarde que, más allá
de una cierta determinación del derecho y del cálculo (de la medida, de la
“métrica”), pero no del derecho o de la justicia en general, esta democracia
liberaría una cierta interpretación de la igualdad sustrayéndola al esquema
falogocéntrico de la fraternidad.
Interpretando, de lo que escribe
Derrida, quien desarrolla una crítica deconstructiva de la política,
configurada, conformada y consolidada a partir de las formas de la fraternidad,
excluyendo la figura femenina. Cuando la mujer logra su inclusión en el voto y
la participación en la selección, la estructura masculina de la política no ha
cambiado. Lo que ha pasado es que la mujer se ha incorporado a las políticas
diseñadas desde la perspectiva masculina y para los hermanos, que hacen
política. El tema es inquietante, sugerente y aperturante: ¿Cómo sería una
política más allá de la fraternidad masculina? Obviamente también más allá de
la sororidad, que es la respuesta de resistencia, empero amistad simétrica a la
de los hombres. Una política que abole la diferencia construida a partir de las
identidades basadas en el amigo-enemigo. ¿Qué sería la política más allá de la
relación dicotómica amigo-enemigo?
Estos temas de la crítica
radical, que incluso va más allá del feminismo radical, los aprendí de las
feministas de-coloniales, que plantean el tema de la modulación de los cuerpos
por el poder y la perspectiva de las subjetividades diversas. Lo que dice
Derrida es sobre la crítica de la política, organizada a partir de una
estructura masculina; aunque sea varón, no le quita merito. Creo que
precisamente las feministas de-coloniales, van en esa perspectiva. Borrar las
distinciones históricas y culturales construidas por las formas del
patriarcalismo. Mujer, varón, lesbiana, homosexual.
Sobre el
Congreso de la COB
La COB debe tener una tesis
actual y real de lucha contra el capitalismo contemporáneo, no contra el
imaginario capitalista de principios del siglo XX, cuando la Tesis de Pulacayo.
Eso significa no solamente una crítica a la economía política sino una critica
a la modernidad y al desarrollo. Debe apoyar la demolición del Estado-nación,
liberal y colonial y la construcción del Estado plurinacional comunitario y
autonómico. La lucha contra el capitalismo contemporáneo es también del
proletariado nómada, de las multitudes, de los movimientos sociales
anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Notas
a propósito del discurso del presidente
No se trata de compararse con los gobiernos
neoliberales. Eso no está en discusión. Claro que hay una diferencia con estos
gobiernos. El gobierno de Evo Morales es mejor que esos gobiernos; ni duda
cabe, incluso en temas económicos y monetarios, lo ha hecho mejor que los
neoliberales en los logros del equilibrio macroeconómico. Lo que está en
discusión es otra cosa, es la comparación de las gestiones de gobierno con la
Constitución, con lo que debería ser, con las tareas que tiene que cumplir. En
esto no solamente está completamente rezagado sino que ha tomado otro camino,
el de la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. El problema es que
el gobierno no es un gobierno de transición transformadora hacia el Estado
plurinacional comunitario y autonómico, sino un gobierno de restauración
nacionalista, que además ha decidido, por los caminos del pragmatismo y el
realismo político, administrar los intereses de una burguesía recompuesta, que
apuesta a la ampliación de la frontera agrícola y al modelo extractivista del capitalismo dependiente.
¿Qué es lo que lleva a un rumbo calamitoso de
la derrota política? En primer lugar un mal gobierno, un gobierno que no cumple
con la Constitución, con la construcción del Estado Plurinacional comunitario y
autonómico, un gobierno que pisotea los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios y los derechos de la madre tierra, un gobierno que ha
decidido ser un engranaje de las relaciones y estructuras de poder regional y
mundial, sirviendo a los intereses de las empresas trasnacionales y de
proyectos de integración bajo la egida de la hegemonía de la burguesía
brasilera (IIRSA). Un gobierno que se ha
convertido en el administrador de los intereses de la burguesía recompuesta, la
antigua burguesía, banqueros, empresarios privados, agroindustriales,
terratenientes, soyeros, y nuevos ricos, cocaleros ricos, comerciantes,
contrabandistas y grupos de manejo de la economía política de la cocaína - eso
por lo menos es lo que se ha visto en la llamada Cumbre Social de Cochabamba -.
Un gobierno que prefiere tolerar la escalada expansiva y destructiva de la
corrupción en todos los niveles anuncia su propia clausura.
La victoria de la marcha de defensa del TIPNIS,
la conquista de la ley corta y su reglamento, mas bien dan esperanza de una
reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales, las naciones y
pueblos indígenas originarios, el proletariado nómada, lo popular urbano, el
pueblo boliviano. Deberíamos agradecer que el pueblo boliviano es vital y saca
fuerzas para movilizarse en momentos de emergencia y de peligro del
proceso.
El presidente se ha concentrado en temas
económicos; le preocupa la inversión en
el tema exploración y explotación de hidrocarburos, la poca cantidad de pozos
exploratorios acumulados, el avance lento de las conexiones de gas
domiciliario, la cifra de los autos convertidos a gas natural vehicular (GNV),
el racionamiento de energía eléctrica por falta de inversión, problemas en el
mantenimiento de carreteras, ejecución del programa de viviendas sociales y el
crecimiento de los abonados de Entel, durante sus primeros seis años de
gestión. Se entiende que se preocupe de estos temas de gestión, empero no son
los más importantes y primordiales, incluso en la perspectiva económica. Lo
fundamental es discutir y preocuparse por el modelo económico definido por la
Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los
recursos naturales - la Constitución prohíbe vender materias primas -, la
integración articulada de las formas de organización económica hacia el vivir
bien, el modelo ecológico y la soberanía alimentaria. Esto no se ha discutido.
No se preocupa que su gobierno haya elegido el modelo extractivista colonial
del capitalismo dependiente, que este sea el modelo efectivo escogido por el
gobierno, delegando a la nada el modelo ideal de la Constitución. Esto debería
preocuparle al presidente pues por ese camino nos hacemos más dependientes y
continuamos por el círculo vicioso del modelo destructivo del extractivismo.
Lo que debe quedar claro para todos es el
contenido y la orientación del proyecto histórico político del proceso. La
estructura del proyecto se encuentra en la Constitución. Ese es el proyecto y
no otro que puede estar en la cabeza de los gobernantes. Se trata de un
proyecto descolonizador, que apunta a las emancipaciones múltiples de las
naciones y pueblos indígenas originarios, del proletariado, de los estratos
populares-urbanos, del pueblo boliviano. Es un proyecto que apunta a la
transición civilizatoria hacia el vivir bien, como modelo alternativo al
capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. En este sentido hay que entender
la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Este estado se
construye sobre la base de transformaciones estructurales e institucionales
profundas, el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el
pluralismo normativo, el pluralismo de gestiones. Toda esta construcción se
despliega en el ejercicio práctico del sistema de gobierno de la democracia
participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y
comunitaria. Entonces estamos hablando de transformaciones pluralistas,
comunitarias, interculturales y participativas del Estado.
La Constitución ha establecido un modelo
económico de transición. Parte de la integración complementaria de las formas
de organización económica existentes, apunta a la conformación de la economía
social y comunitaria, pasa por la industrialización de los recursos naturales,
la expansión y consolidación del mercado interno, la intervención del Estado en
la economía y en las cadenas productivas, orientando todo el proceso hacia la
soberanía alimentaria, dentro de un marco ecológico y sustentable. Por lo tanto
lo que tiene que quedar claro es que el
modelo descarta y clausura el modelo extractivista colonial del capitalismo
dependiente. Este es el punto. En la medida que el gobierno se mantenga en el
modelo extractivista se porta de una manera inconstitucional, extendiendo y
continuando en el modelo extractivista. No se puede sostener, sin expresar las
profundas contradicciones, que estamos en el modelo constitucional cuándo
efectivamente profundizamos el circulo vicioso de la dependencia por la
expansión del modelo extractivista.
La Constitución define claramente la estructura
del pluralismo autonómico y de la descentralización administrativa y política.
Establece claramente el camino de la condición plurinacional por la ruta de las
autonomías indígenas. El entramado de las competencias extiende atribuciones y
facultades autonómicas en combinación con las atribuciones y facultades del
nivel central, dando lugar a una rica composición de entrelazamientos de los
gobiernos y asambleas en lo que respecta a la potestad gubernativa y a la
potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías
indígenas. En la medida que se sacan leyes inconstitucionales que reavivan el
centralismo, restringen las potestades autonómicas y se limitan al máximo las
autonomías indígenas, no se sigue el proyecto de la Constitución sino se
mantiene la vieja forma estatal centralista, burocrática, bajo el monopolio de
competencias del nivel central.
No se pueden confundir las tareas recurrentes
de un gobierno como las relativas a las políticas monetarias y fiscales,
reservas, incluso la realización de bonos, que corresponden a una economía
rentista, aunque el impacto coyuntural es de redistribución de la riqueza, con
las tareas fundamentales, trascendentales de un gobierno que tiene que aplicar
la constitución. En el informe aparecen tareas recurrentes y su balance
positivo, empero no se dice nada sobre cuánto hemos avanzado en la
transformación estructural e institucional del Estado plurinacional, no se dice
nada de cuánto hemos avanzado en el modelo de la economía social y comunitaria.
Se ocultan interpretaciones de los hechos que muestran más bien la continuidad
en el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación. No se trata de
hacer propaganda de gestiones envueltas en tareas recurrentes, que son
obligación de los gobiernos y no algo que destacar y agradecer. Para eso esta
mínimamente un gobierno, para cumplir por lo menos con tareas recurrentes, empero
lo que tiene que quedar claro que este gobierno tiene un mandato, un mandato
constitucional, que es el de construir el Estado plurinacional comunitario y
autonómico. Hasta ahora no lo ha hecho.
Caudillismo
al estilo Chirveches
La patética comprensión del vicepresidente del
proceso, reducido a la imagen del caudillo es una muestra clara de su posición
política conservadora, al estilo de los imaginarios criollos de la época de La
candidatura de rojas, de Armando Chirveches. Esta muy lejos de una posición leninista, que
le gusta poner en mesa, empero sólo como para mostrar estampitas. No es ninguna
revolución lo que le interesa, menos esforzarse entender este proceso
descolonizador, que es producto de los movimientos sociales antisistémicos, de
las naciones y pueblos indígenas movilizados, proceso que sale de las entrañas
de las luchas sociales después de seis años de levantamientos
semi-insurreccionales. Ellos son los héroes, los portadores del proceso, del
contenido del proceso y de su horizonte, que se encuentra expresado en la
Constitución. El protagonista del proceso no en un movimiento electoral montado
en la cresta de la ola, menos un caudillo que no entiende el planteamiento
indígena descolonizador, atrapado en un reducido entrono halagador y
pusilánime, que aleja al presidente de la realidad y de las tareas que le
competen, en el cumplimiento y aplicación de la Constitución.
La
subordinación del gobierno y la lógica de acumulación y despojamiento de las
trasnacionales
Son comprobados los beneficios de las empresas
trasnacionales en una diseñada nivelación de preciso y suspensión de las
subvenciones, sobre todo debido a sus bajos costos de producción. Esta es una
muestra clara de que las que gobiernan son las empresas trasnacionales de los
hidrocarburos. A pesar de todo lo que ha podido argumentar el “jacobino” y
también el gabinete económico, para justificar la medida de nivelación de
precios, conocida popularmente como el “gasolinazo”, en su lamentable panfleto
azul, anti-paráfrasis a un mal entendido libro de Lenin, la realidad es que las
empresas trasnacionales hidrocarburíferas tienen un bajo costo de producción y,
en sobrecompensación, súper-ganancias. Sin embargo, esto no les basta, no es
suficiente para la compulsión desenfrenada de más ganancia y a las ansias
desbocadas de despojamiento de los recursos naturales que tienen estas
empresas; requieren más, para eso cuentan con gobiernos subordinados a las
estructuras de poder establecidas mundialmente y regionalmente. El gobierno
popular, a pesar de su discurso nacionalizador, ha terminado subordinándose a
las lógicas de la acumulación de capital de estas empresas trasnacionales; esto
aconteció desde los contratos de operaciones, cuando comienza la
desnacionalización en el mismo proceso de nacionalización, al entregar el
control técnico a la vorágine trasnacional. Paradoja que muestra la profunda
contradicción de un gobierno que ha tirado por la borda la Agenda de Octubre y
la Constitución política del Estado. Los bolivianos no debemos dejar que nos
pongan el dedo en la boca, no podemos dejar que vuelvan a intentar una medida
de nivelación de precios, que lo que hace es ampliar los grandes márgenes de
ganancia de las empresas trasnacionales, además de cubrir la lamentable
administración económica, que ha sumado la deuda interna y la deuda externa,
incrementando la deuda pública y la deuda inacabada externa. Si el gobierno ha
decidido no continuar con el proceso de nacionalización, contento con la
recepción de la mitad del reparto del excedente hidrocarburífero, somos los
bolivianos, los propietarios de los recursos naturales, los que debemos
continuar el proceso de nacionalización, incluso contra un gobierno
entreguista.
Un
presidente sin ley ni palabra
El presidente no tiene ni palabra ni ley. La ley corta fue una
conquista de las naciones y pueblos indígenas originarios y del pueblo
boliviano que apoyo la marcha, es una conquista en defensa de la constitución y
de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la
CONSTITUCIÓN. Es una conquista en defensa de los derechos de la madre tierra.
Pretender desentenderse de la ley promulgada por el presidente y aprobada por
la Asamblea Legislativa es la muestra más patética de la inmensa
irresponsabilidad y desprecio del pueblo, la Constitución y las leyes en que se
mueve el gobierno. La marcha del CONISUR es un montaje espantoso del gobierno,
la participación oficial y con recursos del Estado es evidente, mostrando mas
desesperación que inteligencia, buscando revertir la derrota sufrida en el
conflicto del TIPNIS, buscando indecorosamente servir a los intereses mezquinos
de la empresa corrupta OAS, con la que el gobierno no solamente tiene
compromisos sino relaciones de corrosión y corrupción, buscando también
defender los intereses de cocaleros, avasalladores del territorio y parque
Isiboro-Sécure, para plantar coca y expandir la economía política de la cocaína
en la que están metidos. El pueblo, conocedor de estos hechos y estos
comportamientos lamentables, que expresan asombrosamente las descarnadas
sumisiones a las empresas trasnacionales, al Banco de desarrollo de Brasil y al
gobierno brasilero, ha sido sabio e indiferente ante este bochornoso teatro
político de la marcha oficial del CONISUR.
Al respecto de estos
comportamientos sinuosos debemos decir que son los síntomas claros de la
decadencia absoluta, comportamientos contradictorios y deslucidos que muestran
nuevamente la tremenda improvisación en la que se mueve el gobierno, la perdida
de toda orientación política, sustituida por el servicio a las estructuras y
relaciones de poder, a los intereses establecidos, vigentes y dominantes, del
orden mundial y del orden regional; sustituida también por la repetida
emergencia del diagrama de la corrupción, que hace las veces de un gobierno
paralelo perverso, relaciones perversas y opacas que inciden efectivamente en
la toma de las decisiones y en la modulación de las conductas políticas. Esto
es lo que llama la atención, la rápida llegada a este punto, ya no sólo de
desgaste sino de hundimiento.
Parece repetirse como
condicionante histórica la trama de la revolución nacional de 1952; ésta ya
había muerto en 1956, por la entrega de COMIBOL
a la administración de ingenieros norteamericanos, por el plan triangular,
plan económico monetarista, por la profusión desvergonzada de las
contradicciones y también por la escandalosa expansión de la corrupción,
convertida en costumbre. ¿No había recursos para resistir esta tendencia a la
corrosión de los cuerpos y las instituciones? ¿Por qué se prefirió tan
estrepitosamente el gusto y el deleite por los encantos ilusorios del poder?
¿Por qué se prefirió la riqueza fácil? ¿Por qué se prefirió sustituir el
interés general del proceso por los intereses particulares, por el beneficio
propio? ¿Es que no estaban preparados los gobernantes? Fueron imágenes
colectivas que no correspondían a la realidad, que no correspondían a la
constitución subjetiva esperada. Parece la elocuencia de la condición
incompleta humana; hombres inmaduros que
cuando llegan al poder lo toman como si fuera un juguete nuevo; engañados ellos
mismos con sus imágenes falsas creyeron que podían controlar los grandes
desafíos y las alternativas, controlar las condicionantes y las estructuras de
poder. Se metieron a juegos muy grandes, donde los que controlan las reglas del
juego son monstruos consagrados en el dominio del poder y de monopolios
múltiples; por lo tanto hombres de gobierno convirtiéndose, sin darse cuenta,
en engranajes de relaciones y estructuras de poder, de dominación y fuerzas al
servicio de la acumulación ampliada de capital, permitiendo el despojamiento de
los recursos naturales en su propio país.
Ahora se encuentran sorprendidos,
pero persisten tercamente en la mantención de una imagen ya derrumbada, que
pertenece a un inmediato pasado de entusiasmos. Ya no pueden sostener esas
imágenes construidas por el imaginario colectivo, la brisa de los hechos ha
barrido a los fantasmas, descubriendo los personajes de carne y hueso,
vulnerables, débiles e inclinados al placer del poder y a la paranoia que éste
produce como síndrome inocultable.
¿Qué se puede hacer ante este
calamitoso derrumbe? No queda otra cosa que pedir lo imposible, al estilo de la
rebelión del 68, ser realistas y pedir lo imposible, la reconducción del
proceso, sabiendo que lo imposible, en el campo de posibilidades, es una
probabilidad improbable, y también sabiendo que cuando la voluntad colectiva
desborda y es creativa, de los recovecos de la realidad emerge el desenlace de
una innovación y una ruptura. Eso fueron las revoluciones, eso puede volver a
ocurrir en Bolivia, si volvemos a salir y movilizarnos como lo hicimos del 2000
al 2005. Hay una Constitución aprobada por el pueblo, donde el mandato es
claro, abolir el Estado–nación y construir el Estado plurinacional comunitario
y autonómico, efectuando transformaciones profundas estructurales e
institucionales.
Como
asumiendo penamente el guion de la comedia se retoma el chamuscado discurso del
desarrollo, al estilo de los discurso gubernamentales que inauguraban
escuelitas para lograr aplausos de poblaciones entumecidas y cansadas de la ceremonialidad del poder.
¿Lo que falta en el TIPNIS son escuelas, hospitales, los signos del progreso?
Este se parece tanto a discursos disímiles pero que comparten el mismo
prejuicio o la misma insólita burla; los discursos del cuerpo de paz, los
discursos de las dictaduras militares, los discursos de los programas
asistenciales, los discursos descoloridos de funcionarios desubicados en
comunidades campesinas. No metemos en este bollo los discursos del nacionalismo
revolucionario de los primeros años de la revolución, pues por lo menos este
discurso, que apoyaba la reforma educativa de entonces, que lanza la
escolarización por todos lados, formaba parte del proyecto de formación de la
consciencia nacional y la construcción del Estado-nación, bajo los códigos de
la mestización. Discurso que no comparto, pero que en aquél entonces formó
parte de un proyecto constitutivo, que si bien terminó fracasando, por lo menos
formó parte de un intento descomunal insurreccional nacional-popular y obrero.
Ahora, lo que llama la atención, es que se retoma un discurso desgastado, poco
creíble, después de que estos temas han sido superados por las concepciones de
la Constitución y el vivir bien, que se abren a alternativas del desarrollo, de
la modernidad y el capitalismo. Este retorno a un discurso asistencial es
también síntoma de la decadencia. No se tiene a mano nada para justificar la
descarnada sumisión a la empresa constructora OAS y al gobierno brasilero, que
se recurre a un trasnochado discurso que tiene muy poco de argumentación.
También podemos hablar de la muerte de la retórica, pues tampoco se tiene ganas
de convencer, sino se trata de un ritual de protocolo.
Las
pretensiones del vicepresidente
El vicepresidente ha perdido no solamente toda
coherencia sino todo decoro y compostura. Pretende dar lecciones de consenso y
diálogo en un contexto y una coyuntura saturada de montajes, teatros políticos,
manipulaciones y marchas oficiales inventadas. Pretende que se debe dialogar
entre las organizaciones indígenas; por un lado las organizaciones indígenas
matriciales, que lograron la conquista de una ley corta que protege al TIPNIS,
apoyados por el pueblo boliviano, cuyos derechos se hallan consagrados en la
Constitución; por otro lado, de parte del gobierno, los dirigentes del CONISUR,
dirigentes cocaleros, propietarios privados, dedicados al monocultivo de la
hoja de coca y metidos en la economía política de la cocaína. Pretende que se
puede, por capricho jacobino, abrogar una ley y su reglamento. Lo que no tiene
en cuenta es que su imaginario arrebatado no puede sustituir a la realidad, que
el discurso desfachatado no puede sustituir a la realidad. La realidad efectiva es que la marcha
indígena en defensa del TIPNIS y el pueblo boliviano impusieron una ley corta
en defensa de la madre tierra y de la constitución. Abrogar la ley corta no
solo va a poner de manifiesto la múltiple violación de la Constitución y de las
leyes, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas
originarios, sino que va a ser un repugnante antecedente ante las
organizaciones internacionales; estaríamos ante un gobierno desacreditado que
no cumple con la Constitución, tampoco la ley y menos con los convenios
internacionales. Abrogar la ley va a provocar una movilización general del
pueblo boliviano en defensa de la ley corta, del reglamento y la Constitución.
Es posible que la tercera provocación del gobierno, la tercera asonada popular
y la tercera derrota del gobierno, comprendiendo el levantamiento popular
contra el gasolinazo y la marcha en defensa del TIPNIS, llegando a una tercera
autoconvocatoria popular, no pueda aguantar y resistir el gobierno. La abrogación
de la ley corta sería la caída del gobierno.
Es como la política del avestruz, ocultar la
cabeza para no ver la realidad. No ven sus propios grandísimos errores, no ven
que se encuentran en franca confrontación con el pueblo que apoyó el proceso.
No ven que el entusiasmo de la gente a la marcha en defensa del TIPNIS se debe
a que la gente cree en el proceso y en la constitución, pero no en un gobierno
que se ha apartado del proceso y la Constitución. Acostumbrados a manipular,
incluso con los medios de comunicación que tienen al alcance, que ya son
muchos, incluyendo a los comprados, que aparecen como neutrales, creen que
pueden producir realidades con montajes, marcha inventada, descalificaciones,
maniobras políticas. No se puede, la realidad no es producto de una imaginación
y menos de las manipulaciones oficiales. Esta conducta terca, de
desacreditación de medios, de organizaciones indígenas, sin preocuparse por
ningún análisis de coyuntura, expresa la seducción que tienen por el decurso al
naufragio. Empero, en todos esos escenarios dramáticos y a la vez de comedia,
los pregoneros del peor conservadurismo son los “lluncus”, sumisos y serviles,
son los acompañantes de la derrota. No comprenden que ayudan con su actitud
cómplice a la construcción del fracaso. Estos personajes no comprendieron nunca
el sentido del proceso y el sentido de la constitución. Son los sepultureros
del proceso.
La
defensa del TIPNIS es defensa del proceso
Hay que estar muy despistado como para no
situar lo que se dice ni tener conciencia de su sentido. La consulta previa
libre e informada, que se encuentra claramente establecida en la Constitución y
que forma parte de los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios, debe ser aplicada y acatada por el gobierno antes del inicio de
cualquier proyecto que afecte sus territorios y sus derechos. Esta consulta no
fue hecha por el gobierno el 2008 cuando el ejecutivo llegó a un acuerdo con el
entonces presidente Lula da Silva para la construcción de la carretera que
atravesaría el TIPNIS, adjudicando el proyecto a la empresa OAS, como parte del
acuerdo y del préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, préstamo comprometido
y que se hizo ejecutable años después. Es cuándo se debería hacer la consulta,
no se la hizo. Tuvo que estallar el conflicto del TIPNIS para que se develen
todos los temas oscuros que forman el tejido enmarañado de intereses entre el
gobierno boliviano, el gobierno brasilero, el Bando de desarrollo de Brasil y
la empresa OAS. Una vez que la marcha indígena en defensa del TIPNIS, contando
con el apoyo del pueblo boliviano, logra arrancarle al gobierno y a la Asamblea
Legislativa la ley corta en defensa del TIPNIS y la reglamentación correspondiente,
los personeros del gobierno, los senadores despistados, los dirigentes
cocaleros del CONISUR, incluyendo a grupos de yuracares que son también
cocaleros, piden la consulta previa, sin entender que quiere decir previa,
creyendo que todos, como ellos, tampoco van a entender. Ya no hay condiciones
para una consulta previa cuando hay dos tramos avanzados, el uno y el tres,
presionando para la continuidad del tramo intermedio que pasaría por el
territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. En todo caso sería una consulta
extemporánea.
Sobre quién debe consultar a quién
¿Qué las organizaciones matrices de los
indígenas de tierras bajas, el CIDOB y la central del TIPNIS no consultaron a
los del CONISUR? ¿Tenían que hacerlo? ¿Tenían que consultar a productores de la
hoja de coca, cuya afiliación es con las federaciones cocaleras? ¿Tenían que
consultar a los yuracares cocaleros que ahora marcharon con el CONISUR? ¿Donde
estaban estos yuracares cuando se tomaron las decisiones de manera orgánica? La
verdad es que ya no tiene límites el cuento oficial, no compagina, no logra
armar un guion, cae el discurso por su propio peso. El gobierno no se da por
vencido, no tiene el menor menoscabo de pretender borrar con el codo lo escrito
con la mano, abolir, por cualquier medio, la ley corta en defensa del TIPNIS;
conquista de la marcha indígena y del pueblo boliviano que apoyó la defensa de
la madre tierra.
Autoconvocatoria a la movilización general
Frente a todas estas manipulaciones burdas del
gobierno, de senadores, de dirigentes del CONISUR es indispensable que el
pueblo boliviano y las organizaciones indígenas se preparen para una
movilización general en defensa de la ley corta y en defensa de a Constitución,
al hacerlo también lo harán en defensa del proceso, ante un gobierno que se ha
puesto contra el proceso, contra una Asamblea Legislativa que conspira contra
la Constitución y cava la tumba del proceso. La lucha por la defensa del TIPNIS
se ha convertido en un punto clave en el curso del proceso, un punto
estratégico, un punto de inflexión, como una encrucijada, donde hay que escoger
por dónde vamos: ¿por el derrotero optado por el gobierno que conduce a la
muerte del proceso o por la reconducción del proceso por parte de los
movimientos sociales y el pueblo boliviano? Por eso es indispensable parar de
golpe las maniobras de funcionarios y asambleístas. Es indispensable sentirse
convocados por los muertos y heridos del proceso, por los que lucharon por
transformaciones estructurales, que no se ven por ningún lado. Hay batallas
como estas, dónde no se puede retroceder; si se lo hace se está cediendo a la
inercia y al desemboque de la derrota. Si un día los sectores populares, el
proletariado nómada, las naciones y pueblos indígenas se levantaron contra el gobierno
neoliberal y expulsaron el proyecto neoliberal, ahora tienen que volverse a
levantar en defensa del proceso contra los restauradores del Estado-nación,
liberal y colonial, el estado anterior de cosas, restauradores la burguesía
intermediaria, a la que se sumaron los nuevos ricos. La lucha por el TIPNIS se
ha convertido en la lucha por el proceso, la Constitución, el Estado
plurinacional comunitario y autonómico, en contra de los usurpadores
nacionalistas, demagogos, funcionarios, mafias incrustadas.
El
recurrente procedimiento del engaño
¿Por qué se miente? ¿Por qué se dice que la
carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, donde prácticamente no hay
comunidades, salvo dos identificadas, va a beneficiar a las comunidades
indígenas del territorio indígena y parque? Un grueso de las comunidades se
encuentran al este, cerca y bordeando el río Sécure, empero el diseño no prevé
que pase por ahí. ¿Por qué tantos contrasentidos y equívocos geográficos? Sin
embargo, los gobernantes y los dirigentes del CONISUR no se inmutan de
semejantes contradicciones. Se muestran tan lozanos como si no pasará nada,
¿acaso no son conscientes de las barbaridades que expresan? ¿O no les importa
nada? Lo que parece interesarles es el cumplimiento de tan desmedido diseño
carretero destructor y depredador de la región más rica en biodiversidad del
país. Sólo interesa la plantación de coca y la defensa de los intereses
comprometidos con OAS. Se ha llegado al colmo de que tres senadores del MAS,
uno colonizador, el otro por el
departamento de Santa Cruz y el tercero por el departamento de Cochabamba,
digan que no importa el medio ambiente, tampoco interesa la Constitución, pues
la ley, la nueva ley que se aprobaría y promulgaría en contra del TIPNIS, una
vez anulada la ley corta en defensa del territorio indígena y parque, está
encima de la Constitución. Se dice esto sin el mayor desparpajo. Se observa que
les parece apropiado decir semejantes sandeces pues de lo que se rata es de
imponer por la fuerza, a empellones, usando la mayoría de la Asamblea
Legislativa, la abrogación de la ley corta.
La mentira se ha vuelto un procedimiento
político cotidiano. No interesa la verdad, este valor hay que dejarlo a los
filósofos y e los éticos. Lo que importa es la eficiencia de la práctica
política, que casi siempre se reduce a la imposición, a la coerción velada, al
forzamiento de las cosas, hasta en los pequeños detalles. Lo que interesa es lo
que consideran astucia, aunque siempre resulta que sólo se trata de la
habilidad mediocre de la manipulación de alcances cortos. Se trata de la
satisfacción machista de gobernantes, asambleístas y funcionarios, para quienes
el burlar a los otros les parece un logro apreciable entre amigos y cómplices.
Estas son las dimensiones elementales del pragmatismo local, del realismo
político cuya realidad se reduce a los intereses más pedestres. No se entiende
cómo este procedimiento del engaño es presentado a los propios como astucia
política, incluso como “estrategia”, aunque esta nos sea otra cosa que el plan
de objetivos de poco alcance, adecuación de medios sinuosos a fines pedestres,
compartidos por lenguajes de cofradías de complicidades, que cada vez más se
parecen al panegírico de los bribones.
Es pues un descaro decir que no hay otra
alternativa para la carretera interdepartamental, entre Cochabamba y el Beni,
que también va unir a los ganaderos de Rondonia de Brasil con el Pacífico, para
que exporten su ganado al Asia. Es como si el territorio del país se hubiera
reducido al territorio del TIPNIS, no hay más, no hay más espacio, no hay más
salida. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da lugar a la concentración perdida y
afiebrada en un solo lugar, cómo si de este recorte de espacio dependiese todo,
en este caso el desarrollo del país? Esta obsesión por el oscuro objeto del
deseo, donde éste objeto deseado se convierte en el todo, explica el
escandaloso delirio de los gobernantes por el TIPNIS. El gran negocio, los
negociados, los beneficios para el transporte internacional, la expansión de la
frontera agrícola en beneficio de la ampliación del monocultivo de la coca, que
en esa región está plenamente articulada a la economía política de la cocaína,
explica pues esta obsesión, también el sentido oculto de las contradicciones y
de las insensateces que se transmiten.
Perfiles del CONISUR
Los del CONISUR no son
comunarios, por lo tanto ya no son indígenas, en el sentido estructural del
término, no pertenecen a relaciones comunitarias. Renunciaron a la TCO, no son
propietarios comunarios sino propietarios privados y cocaleros. No forman parte
de la TCO. En el tema del TIPNIS no tiene derecho a decidir sobre la carretera.
Esto debe quedar claro para los que apoyamos la defensa del TIPNIS, pues
seguramente nos veremos obligados a salir a las calles a defender la ley corta.
El CONISUR dice que representa a
37 comunidades del TIPNIS, lo que no concuerda con la realidad. No forman parte
de la TCO del TIPNIS, renunciaron a la propiedad comunitaria al decidir ser
propietarios privados cocaleros. La mayoría de ellos, los llamados
corregidores, ni si quiera se encuentran el territorio del TIPNIS. Se trata de
una sorda manipulación y tergiversación de los hechos, sólo par proseguir con
la destrucción y depredación del bosque, territorio indígena y parque Isiboro-Sécure,
en beneficio de una tras-nacional constructora y de la economía política de la
cocaína.
¿Acaso hay que recodarles a los asambleístas,
senadores y diputados, que tiene que cumplir con la Constitución? A esto están
obligados. ¿Qué es eso de que si las organizaciones indígenas no acuerdan nos
verán forzados a tomar medidas? ¿Qué clase de amenaza es esta? Un lado de las
organizaciones está compuesta de manera orgánica, representan a las
organizaciones matriciales indígenas, el CIDOB y la Central del TIPNIS; la
otra, el CONISUR, ha sido desconocida el 2001 por las propias organizaciones
del TIPNIS, pues no tiene características comunitarias ni indígenas al formar
parte mas bien de organizaciones cocaleras y estar afiliada a las federaciones
cocaleras. ¿De qué hablan los asambleístas? ¿De que clase de acuerdo? ¿No les
parece impudoroso obligar a las organizaciones indígenas orgánicas y
matriciales a retroceder respecto de la ley corta y su reglamento? ¿No ven
acaso que esta es una violencia contra la Constitución, las leyes, los derechos
de las naciones y pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra? Les
importa muy poco si es una violación múltiple este pedido y esta actitud. Lo
que les interesa es servir sumisamente a los mandatos del ejecutivo, que
responde también a los acuerdos con OAS y el gobierno brasilero, además de
responder a las presiones de cocaleros en zonas excedentarias, dedicados ya de
lleno a la economía política de la cocaína. Esta actitud de los asambleístas no
puede ser aceptada por los que votaron por esta representación. Si no pueden
cumplir los asambleístas con la Constitución, su obligación es renunciar.
El
desprecio “jacobino”
Habría que ver qué pasa en la cabeza del
“jacobino”, émulo de Robespierre, como le gusta llamarse, para saber cómo se
puede llegar a tener tanto desprecio por la gente, por el juicio de la gente,
no solamente la opinión pública, sino la opinión formada de las organizaciones
indígenas originarias, la opinión del pueblo boliviano que apoyó a la VIII
marcha y logró arrancar la ley corta en defensa del TIPNIS. No importan otras
opiniones, lo que importa es la propia, que es considerada la única valedera.
¿Hay un objetivo claro en todo esto?
Hubo un tiempo en que nos hizo creer que era
así, toda la actividad política era volcada a la emancipación indígena y
descolonizadora. Ahora no parece ser este el objetivo; todo lo contrario. ¿En
qué se basan estas consideraciones? ¿Esta fe en uno mismo? ¿Hay clarividencia
como una especie de don? ¿Quién le hizo creer esto? ¿Desde el colegio, los
estudiantes, los profesores? Pues ocurren estas cosas. Se forman mitos, sobre
todo entre los amigos. La gente le gusta moverse en imaginarios y en
clasificaciones fáciles en estas atmósferas imaginarias de los espacios íntimos
y biográficos. Después, muy posiblemente también sigan concurriendo este juego
de representaciones en la universidad, aunque con más dificultad y competencia.
Sin embargo, los lugares que no escapan a la construcción veleidosa de los
mitos son los de la actividad política. Es dónde los aprendices de militante
forman sus propios códigos, sus propias representaciones, la mayor de las veces
emulando a fantasmas desaparecidos o, en su caso, dándose nombres de guerra. El
nombre de Qhananchiri es uno de estos
motes; que quiere decir algo así como el clarividente, de una manera mística,
el hombre luz. Estos nombres no sólo tienen por objeto dar un nombre de guerra,
ocultar la identidad ante la represión, sino caracterizar, también
caricaturizar, al que lo lleva. Ciertamente Qhananchiri
es un nombre pretensioso, empero en esos espacios íntimos y de clandestinidad
funciona como reconocimiento en las atmósferas estrechas de la complicidad.
Nadie ve como peligro o afrenta un mote así. Al contrario forma parte del secreto
y de la fraternidad combatiente. El
problema es cuando salimos de estos ámbitos y estas temporalidades de la
clandestinidad, sobre todo cuando se llega al gobierno. Si seguimos creyendo
que los significados establecidos en los ámbitos estrechos de la complicidad se
mantienen en los gigantescos ámbitos de la cotidianidad mundana de los
laberintos sociales y en los serviles ámbitos del espacio público, estamos
perdidos. El problema aparece cuando creemos ese cuento de la clarividencia y
que es extensible a los espacios sociales de la vida política, pues cuando el
poder, con todo su deleite y entrega, te toma, se incrusta en ti, te vuelve un
dispositivo del poder, el creerse iluminado se vuelve altamente peligroso,
tanto para propios y extraños; sobre todo se vuelve peligrosísimo en la
conducción del gobierno y en la orientación del proceso.
La sabiduría no se logra mediante estas
representaciones, ni es un producto de estas máscaras; la sabiduría, esta
comprensión de la relatividad de las cosas se da como producto de la humildad,
después de madurar lo suficiente como para comprender que lo único sabio es
aprender siempre de la experiencia y de los demás, que siempre tienen algo que
enseñarnos. Lo que vemos en la conducta de los gobernantes es todo lo contrario,
una pretensión desmesurada de que todo lo saben, de que son propietarios de la
verdad, valga a saber cuál es esta, de que el pueblo tiene que confiar, pues
ellos saben como llegar a los fines trazados, aunque estos fines ya hayan
cambiado. Llamemos a esta pretensión inmadurez, expresión de la más desarmada e
intrépida inmadurez. Todos somos, de alguna manera, inmaduros, pero, el
problema es que no todos lo saben y cuando los que no saben que lo son asientan
sobre el colmo de la inmadurez decisiones de alta responsabilidad, cuando
asientan sobre la demoledora inmadurez las decisiones y acciones de gobierno,
lo que pretenden que son políticas de Estado, estamos perdidos, pues lo que se
avizora en el horizonte es el abismo, la caída en el abismo.
Sólo puede explicarse el desprecio “jacobino” a
partir de este ocultamiento, de este encubrimiento de la inmadurez y la
vulnerabilidad en poses, poses de clarividente, poses de racionalidad fría,
poses de revolucionario, aunque el contenido de lo que podría ser una
revolución o el revolucionario se lo haya perdido totalmente, pareciéndonos más
bien de manera alarmante al perfil de todo funcionario cínico, de todo
burócrata altanero, de todo político que se cree predestinado. Estas analogías
nos muestran que nada ha cambiado, que las historias individuales y personales
de los políticos se repite como siguiendo un guion inaudito, que se parece al
círculo vicioso de la mediocridad.
De ninguna manera podemos aceptar el argumento
de que los del CONISUR, que son también indígenas deben decidir sobre el
destino del TIPNIS; es discutible de que sigan siendo indígenas aunque ya sean
propietarios privados y estén afiliados a las federaciones cocaleras. El
sentido de lo indígena dado en la Constitución tiene que ver con comunidades
ancestrales o de reconstitución en los hábitats actualmente ocupados. Empero,
aunque no entremos en esta discusión de qué es ser indígena, no solo
antropológicamente, sino desde el enunciado de las declaraciones
internacionales, los convenios y los derechos de los pueblos indígenas, que
asocian esta condición al territorio, culturalmente concebido, al espesor
cultural, al sentido comunitario de su posesión; sentido que es el mismo que
retoma la Constitución. Sin entrar en esta discusión, el hecho de que los del
CONISUR no pertenecen a la TCO del TIPNIS no les da derecho a decidir sobre el
destino del Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Este es el punto. El otro punto
es que hay una Constitución donde se consagraron los derechos de las naciones y
pueblos indígenas, además de una ley corta que defiende el TIPNIS, aprobada por
la misma Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente. ¿Cómo se puede
borrar con el codo lo escrito por la mano? ¿No hay la menor vergüenza por
hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de los intereses que defienden que ya no sienten ni
pudor por este gesto tan desalineado, gesto sin ética y valor?
El tercer punto es que no pueden imponer con su
marcha oficial, que es el resultado grotesco de una suma de montajes
descoloridos y de poco ingenio, una decisión que expresa la descomunal
violencia de los gobernantes en contra de los derechos consagrados en la
Constitución. Esta decisión, sin mayor desparpajo, es anular la ley corta y
hacer otra ley que incluya la versión de los cocaleros del CONISUR. Esta escena
desenmascara no solo el discurso y la política del gobierno, que hace un tiempo
ya se ha derrumbado, sino el nudo descarnado del poder. Esta decisión es la
respuesta desesperada del gobierno por revertir sus dos derrotas ante el
pueblo, la del gasolinazo y la del TIPNIS; también responde a la desesperación
sumisa de cumplir con sus compromisos con la empresa trasnacional OAS, el Banco
de Desarrollo de Brasil y el gobierno brasilero, además de administrar
consecuentemente los intereses de la burguesía agraria y los de los nuevos
ricos, asociados a la expansión de la frontera excedentaria de la hoja de coca
y a la economía política de la cocaína.
La
violación sistemática de la Constitución
La consulta previa libre e informada se hace
antes de iniciar los proyectos que afectan a los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios, a los territorios indígenas y a la madre tierra.
No después, para legitimar lo que se ha hecho, montando escenarios, inventando
marchas, manipulando gente, haciendo creer que se cuenta con los “verdaderos”
indígenas cuando las verdaderas organizaciones indígenas son excluidas.
Formando una comisión en el congreso para elaborar una ley inconstitucional
contando con la complicidad de los dirigentes del CONISUR, que son cocaleros y
propietarios privados. Lo que se debe exigir es el respeto a la Constitución, a
la ley corta en defensa del TIPNIS, a los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios y a los derechos de la madre tierra. Si no hacen esto los
asambleístas están no solo violando la Constitución sino violando los derechos
fundamentales y las cuatro generaciones de derechos, consagrados en la
Constitución; también incumpliendo con los deberes como representantes y
asambleístas. Si esta es la práctica deben renunciar.
El presidente del Congreso cree que por que
tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa puede hacer lo que le venga en
gana, cree que de eso se trata, que ese es el crudo ejercicio del poder,
imponer la mayoría violando la Constitución y los derechos de los pueblos. Está
completamente equivocado, esa es la manera con la que se pierde precisamente el
poder. Está completamente equivocado en el cálculo político. Fueron la mayoría
como resultado en las últimas elecciones, ahora son la minoría después de
enfrentar al pueblo con la medida neoliberal del gasolinazo y con la medida
extractivista y depredadora de su proyecto carretero en el TIPNIS. Este cambio
de situación lo demostró el pueblo paceño, cuando un millón de ciudadanos
salieron a recibir a la VIII marcha y les bridó su apoyo. Los resultados de las
elecciones de magistrados registran estadísticamente este cambio de la
correlación de fuerzas, cuando el voto nulo abrumó a los votos validos,
anulando la legalidad y legitimidad de esas elecciones. No son mayoría, no
tienen argumentos para anular la ley corta, no tienen la legalidad ni la
legitimidad para abrogar la ley e inventarse una nueva ley. Ante este nuevo
avasallamiento la obligación del pueblo boliviano es movilizarse y defender la
ley corta y el reglamento que defienden el TIPNIS.
¿Qué
es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?
El numera 15 del capítulo cuarto de la sección
II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, establece que las naciones y pueblos
indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante
procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta
previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto
a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que
habitan.
Queda
claro lo que establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene
que ver con cada vez que se prevean
medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles. Así
también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria,
realizada por el Estado, de buena fe y concertada. No hay donde perderse.
Sin embargo, hay senadores, como un senador de Cochabamba, que sigue haciéndose
al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a
su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectura acróbata, dice
que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la
Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está
establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En
una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará,
con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se
deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”. Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.
¿Qué quiere decir el senador cuando dice que una consulta nunca es
extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una
abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo
a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no
responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace
después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las
condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión
es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se
lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el
préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa
constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las
normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la
Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se
comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a
la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena y
parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la
justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y
encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida
Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una
vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de
la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios,
es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los
senadores que no cumplen con la Constitución.
La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena
en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el
Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango
inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de
la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos
indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como
obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren
desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los
directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el
conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del
capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas
extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la
inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta
que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional
comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la
Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las
naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al
extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron
cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar
empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los
recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el
centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos
en las periferias.
La
consulta gubernamental depredadora e inconsulta
A veces la actividad de los políticos se parece
a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que
aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los
sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no
controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como
un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del
gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en
hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de
Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las
normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto
ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron
que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo
ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y
pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo,
también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces
viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan
Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera.
El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían
argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del
viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era
funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento
se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio
involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el
vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro
renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y
contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en
los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la VIII marcha indígena no
podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de
las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y
descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores.
Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo,
cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de
colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización
de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización
sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión
violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido,
acción preparada anteladamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba
aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención.
Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que
más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos
en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los
detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban
con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las
flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión.
También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas
invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que
había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra
Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo
expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias
fatales.
Después de la sañuda represión contra la marcha
indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la
defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas
jóvenes, ambientalistas, ecologistas, anti-sistémicos, feministas, el apoyo
logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la
población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que
tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se
personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus
héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre
hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste
recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que
los había estigmatizado y reprimido. Después vino la toma de la plaza de armas
por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la
Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el
aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se
volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco
policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la
seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de
evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de
proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el
territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el
presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la
plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a
los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar
el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente,
sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis
más plausible en este escenario caótico.
El vicepresidente no llama a Congreso de
emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de
semana. Amenaza con que no iba a haber dos tercios para tratar esta ley. Sin
embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La
promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene
después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera
arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes
campesinos y cívicos en una reunión en una población del Beni a pedir la
abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El
vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que
habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar
y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente
desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca
de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la
ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se
trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como
acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.
Empero, después de estos hechos que parecían
cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado
también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que
pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por
que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás,
sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca
maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las
ciudades por donde se dio lugar la caminata, fue una marcha acompañada por la
indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha
indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la
población y el descrédito de la marcha cocalera, el gobierno siguió con su
montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que
vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona
de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a
las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de
coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía
sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y
marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los
marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea
legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto
también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del
montaje gubernamental.
Se levantaron voces de todo lado en contra del
intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se
inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la
atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que
deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa
libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la
construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las
organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo?
¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no
ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley
de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la
carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente
justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que
deberíamos haber hecho lo que ahora se hace, consensuar, empero habla del
consenso con los del CONISUR. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo estas
argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?
Ahora se ha elaborado una ley de consulta que
pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del
TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se
anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad
acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen
las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de
la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la
consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a
un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia
de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas.
Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de
la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y
depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una
consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos
con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las
federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera
agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Es triste el papel de los asambleísta,
senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar
nunca, no representan nunca a sus representantes, formando parte de una
maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada
puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de
los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable,
improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación
por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes
intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso
cómplice.
La
algarabía de los comediantes
Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a
la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto por los
legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser
presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos
del delito, cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se
trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS,
se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento
del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores,
tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto
del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las
organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que
representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque
Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del
parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que
hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire
de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las
naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las
organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo
boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos
legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No
resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos
fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.
Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es
un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera
que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el
proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del
gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el
ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de
las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial
defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la
desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el
conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió
restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, ¿en este proyecto es tan
urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS? Ya perdieron la
credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron
la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización
discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y
política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron
problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la
industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del
Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no
dedicar mas bien su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso
dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan
variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un
capricho político al que te lleva ciegamente la confrontación? ¿O son factores
que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones
paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a
la economía política del chantaje?
Ya les
dijo un asesor del CIDOB, Plácido Semo, ¿si están tan interesados en hacer una
consulta extemporánea, por que no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de
honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se
transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque?
Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros
avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras
y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y
territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso
insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el
cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora,
atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la
madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al
enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y
pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar
tanto por cubrir los intereses de un sector de la sociedad, el de los cocaleros
excedentarios?
Lo otros factores que salieron a flote tienen
que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno
brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para
fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del
desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se
transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la
propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir
adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace
esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes
que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin
recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia
gravitante del diagrama de poder de la corrupción.
En la historia fatídica de las relaciones entre
empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones
corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las
utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero,
adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de
influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se
dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo
sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente
lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor del tema de la carretera que atraviesa el
TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el
2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace
cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la súbita llegada del
expresidente de Brasil Lula da Silva a Santa Cruz para una reunión financiada
por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el
expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las
organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las
apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas
constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha
exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de
garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran
sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones
con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en
las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es
fundamental en el análisis de coyuntura.
Ciertamente todo proceso conlleva en sus
entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado
también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la
rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración
de redes y estructuras ligadas a la economía
política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha
extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y
deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía
entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales
(2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las
insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos
un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no
corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de
los movimientos sociales. Empero este discurso no sustituye a la potencia
social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las
luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlos cumplido, menos
cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e
horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de
esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las
relaciones y estructuras paralelas.
Es en este contexto que debemos descifrar esa
forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que
debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo,
consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar
una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS,
pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es
también en este escenario que debemos entender la algarabía de los
legisladores.
La versión de la presidenta del Senado
¿La ley de consulta extemporánea y extractivista no viola la
Constitución? ¿Ha entendido la Constitución la presidenta del senado? ¿Sabe lo
que significa el artículo dos que reconoce el auto-gobierno y la libre
determinación, la consolidación de sus territorios a los pueblos indígenas? ¿Se
ha detenido a pensar sobre los derechos indígenas consagrados en la
constitución? ¿Tiene idea lo que es el vivir bien, como modelo alternativo al
capitalismo a la modernidad y al desarrollo? ¿Entiende que la constitución
protege a los territorios indígenas y parques? ¿Se ha puesto a pensar lo que
exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Sobre
todo se observa que no entiende lo que quiere decir consulta previa libre e
informada. Se ve que no. No les interesa entender. El poder ha tomado a toda
esta gente, ha tomado sus cabezas, que ahora sirve sólo para justificar lo que
hace el gobierno, comprometido con un proyecto extractivista colonial del capitalismo
dependiente.
Las
versiones triunfalistas de los senadores
No es una consulta es una
imposición, es un dispositivo para imponer la construcción de la carretera. Ese
es el interés, no los derechos de las naciones y pueblos indígenas. La
desfachatez de un senador de Cochabamba llega a extremos. ¡Veinte kilómetros
nada más! En esta desfachatez se muestra todo el desprecio a los pueblos
indígenas, a sus territorios y a sus derechos. En toda esta aseveración
desmedida e incomprensible, pues es totalmente falsa, se nota la apreciación
que tienen de la madre tierra. Lo único que les interesa es ampliar la frontera
agrícola y plantar coca excedentaria. Tampoco les interesa saber si el gobierno
ha comprometido la soberanía del país con su compromiso con el gobierno
brasilero y la empresa corrupta OAS. Esto no entra en sus cabezas. Además creen
que se ha luchado durante seis años (2000-2006) para que los cocaleros sean
ricos. Esa es la imagen que tienen del proceso.
Para eso son buenos, para aprobar
leyes inconstitucionales, en contra de las naciones y pueblos indígenas, en
contra de los territorios indígenas y parques, en contra de la madre tierra.
Son buenos para restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Son buenos para
ampliar la frontera agrícola en beneficio del mercado lícito e ilícito. Son
buenos para ser los mejores servidores de los intereses de las empresas
trasnacionales, de hidrocarburos, de la minería y de la construcción.
A todas luces, se trata de una
consulta extemporánea, que contraviene la Constitución y los convenios
internacionales, además de in-consulta y extractivistas; la consulta misma
pretende ser controlada por el mismo gobierno. La desesperación gubernamental
ha llegado lejos; ha desconocido la ley 180, aprobada por la Asamblea y
promulgada por el mismo presidente. No hay rubor en abrogarla un poco después
con una ley de consulta, sin anular los contratos con OAS y dar vuelta atrás en
los dos tramos comenzados de la carretera. Toda una historia de contradicciones
y de abusos en torno al TIPNIS muestran el lado oscuro del conflicto, los
compromisos del gobierno con la ampliación de la frontera agrícola para el
monocultivo excedentario de la hoja de coca, los compromisos del gobierno con
la burguesía agrícola y los nuevos ricos en la expansión de la frontera
agrícola y sobre todo los compromisos del gobierno con la empresa corrupta de
OAS.
Los
sustentos de la maniobra
Este hecho, la de que el CONISUR representa a
los cocaleros, tanto colonizadores e indígenas del polígono siete, es una
demostración clara sobre cuáles son bases sobre las que se ha montado la
maniobra del gobierno en lo que respecta a la marcha del CONISUR. Creyendo
poder desinformar a la opinión pública haciendo creer que los del CONISUR son
parte de la TCO del TIPNIS, cuando no lo son, forman parte del polígono siete,
de la zona de avasallamientos, que cuenta con títulos individuales y sus
propietarios están afiliados a las federaciones cocaleras. La política del
gobierno se basa en una trama de engaños, que pretenden ser astucias, y no
llegan a ser sino conductas sinuosas. Gente ajena al TIPNIS pretende decidir el
destino de los que habitan la TCO del territorio indígena y parque. Ahora
cínicamente, la asamblea legislativa ha elaborado una ley de consulta
extemporánea, con el objeto de anular la ley 80, conquista de la VIII marcha y
del pueblo boliviano que apoyó la defensa del TIPNIS. Ley de consulta que ya ha
sido aprobada por la Asamblea Legislativa.
Personeros del gobierno dicen que sean los
habitantes del TIPNIS los que decidan en una consulta si pasa o no pasa la
carretera, sobre si se aplica o no la intangibilidad. Cuando se tiene aprobada
la ley 180, cuando se ha acordado el reglamento que aclara el sentido de la
intangibilidad. Basados en una marcha de los cocaleros del CONISUR y gente de
la COR de San Ignacio de Moxos, que no pertenecen al TIPNIS. Todo esto muestra
la inclinación a la improvisación, pero también a forzar las cosas. Hacer las
cosas a empellones. No consultaron a las organizaciones matrices indígenas en
la elaboración de la ley de consulta, consultaron a los caciques del CONISUR.
Estos exabruptos no afectan para nada, no les incomoda, a personajes
indolentes, que les da lo mismo decir una cosa u otra, contradecir ahora lo que
dijeron ayer. No importa. Lo que importa es hacer las cosas de acuerdo a las
órdenes, refugiarse en los microclimas de complicidad, donde todo vale. Se
protegen entre ellos, se auto-convencen de sus propias insostenibles
argumentaciones. Están con la mayoría parlamentaria y eso es lo que cuenta,
están con la fuerza y eso es lo que vale.
¿Cuál es el problema de fondo en este tema de
la consulta y por qué no se puede aceptar un argumento que parece convincente
de que al final decidan las comunidades del TIPNIS? Primero, están anulando la
ley 180, que defiende al TIPNIS e impide que la carretera atraviese el
territorio y parque; segundo, que es una consulta extemporánea, sin que el
gobierno haya anulado el contrato con OAS y desconocido los avances de los
tramos I y III de la carretera, que es lo que debería hacer en una demostración
de mínima honestidad con lo que dice hacer; tercero, un gobierno que no tiene
ni palabra ni ley, que no cumple, que no tiene ética y moral, no puede sostener
nada de su proyecto de ley de consulta, esta llevando nuevamente a un conflicto
de magnitud, sin importarle las consecuencias, sin haber aprendido ninguna de
las lecciones del inmediato pasado; cuarto, ya no se puede ocultar el
compromiso con OAS, el peligroso avance de los cocaleros excedentarios en
territorios indígenas y parques, los compromisos no solamente con la
trasnacional de la construcción sino con las trasnacionales del petróleo,
tampoco se puede esconder el impacto ambiental, reconocido en un estudio que el
propio gobierno ha mandado a hacer y ahora olvida. Como si no fuera poco, fueron los propios senadores
quienes se encargaron de decir que se trataba de construir la carretera, en
plena algarabía de comediantes cuando se presentaba el proyecto de ley de
consulta. No hay donde perderse. No se puede aceptar esta impudorosa maniobra.
Se debe poner coto al manoseo y manipuleo del gobierno, se deben tomar las
cosas en serio y reconducir un proceso que marcha al abismo.
Versión
del presidente
Dice que la ley de consulta
extemporánea y extractivista cumple con la Constitución. ¿Cómo puede llegar
aseverar semejante cosa? ¿No sabe acaso que la Constitución, los convenios
internacionales y las leyes contravienen plenamente la inconstitucional ley de
consulta que acaban de aprobar? Estos dispositivos legales, su espíritu, su
filosofía, defienden los territorios indígenas, la madre tierra, el vivir bien,
la consulta previa libre e informada, anterior a cualquier inicio de proyecto
que atente contra sus derechos, apuntan a un modelo civilizatorio alternativo
al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Si el presidente no conoce la
constitución estamos perdidos. El que no cumple con la Constitución es el
presidente, no construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como
la Constitución manda; restaura el Estado-nación, liberal y colonial. No
orienta la economía al modelo alternativo propuesto por la Constitución, sino
opta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente,
siguiendo la ruta de los conquistadores, colonialistas, las castas dominantes
de la república. No orienta una transformación integral en el sentido de la
transición civilizatoria del vivir bien, prefiere repetir los vicios de la
modernidad capitalista en las sociedades periféricas del sistema-mundo. Lo que
se ha hecho es solamente una suplantación y una hipóstasis; se ha suplantado a
los movimientos sociales por un mecanismo electoral y una compulsión
electorera, se ha sustituido la Constitución por la desvergonzada práctica de
sumisión a las empresas trasnacionales y dejándose llevar, como en todas las
épocas anteriores, por el diagrama de poder de la corrupción. Ahora se anula
sin ningún pudor la ley 180 en defensa del TIPNIS y se la sustituye por una ley
de consulta extemporánea, sin anular los contratos con OAS y los tramos
avanzados de la carretera. Se ha atravesado los límites mismos del cinismo, se
tiene el descaro de creer que se hace creer a la gente las insostenibles
justificaciones de tamaña violencia estatal.
No puede ser que tengamos un
presidente que no tenga ley ni palabra, que no cumpla con las naciones y
pueblos indígenas, con la VIII marcha indígena, después de haberles pedido
perdón por la represión, en cuya orden estuvo involucrado junto con el autor
intelectual del terror jacobino criollo-mestizo. No puede ser que tengamos un
presidente que en los foros internacionales, durante el proceso constituyente,
hasta la contra-cumbre de Tiquipaya haya hablado de la defensa de los derechos
de la madre tierra; era sólo un discurso para impresionar en los foros, para
ganar fama y nada más. No tiene vocación de defensor de la madre tierra, tiene
vocación extractivista y desforestadora, impulso tanático (de muerte) correspondiente a toda élite gobernante
republicana del Estado-nación subalterno. No podemos tener un presidente que
impulsa la anulación de la ley corta en defensa del TIPNIS, inmediatamente
después de haberla promulgado. No hay ética ni moral en esta acción. Menos
podemos tener un presidente que dice que se trata de una ley de consulta que
cumple con la Constitución, cuando todo el mundo sabe que se trata de una
consulta extemporánea, con todos los contratos suscritos con OAS, con los
tramos I y III avanzados, sin que estos se hayan anulado. Es una nueva
violación a la Constitución, a los convenios internacionales, a los derechos
indígenas y a los derechos de la madre tierra.
Un Estado de excepción
Estado de excepción
El Estado de
excepción es el que suspende los derechos, incluso los fundamentales.
Ciertamente la medida de excepción la toman los gobiernos en momentos de
emergencia y de crisis, sobre todo cuando ésta se encuentra en sus momentos más
candentes. El justificativo casi siempre es la seguridad del Estado contra la
subversión. Empero también se interpreta la excepción como el origen
instituyente del Estado; el Estado nace en la excepción misma, se construye
sobre la base de esta suspensión de los derechos, sean adquiridos o naturales.
El Estado emerge ante una sociedad que se supone disgregada y en conflicto. El
Estado se propone como el unificador y como la unificación misma, como si fuese
la síntesis misma de la sociedad, aunque esta síntesis expropie y anule la
libertad social. Hay pues una violencia inicial en la matriz del Estado y
también en la ley, además de que cuentan, el Estado y la ley, con la
posibilidad de recurrir a la fuerza para hacer cumplir la ley y hacer respetar
la existencia del Estado.
La excepción es la
que confirma la regla; la regla es precisamente el cumplimiento duradero de
esta excepción. El monopolio de la violencia, el monopolio de la verdad, el
monopolio de la representación, confirman esta perdurabilidad de la excepción
misma, llevada a la práctica en todos los terrenos de la estatalización. El
Estado existe en un permanente enfrentamiento con la sociedad, a la que
considera como la cuna de los múltiples desbordes, de las plurales
transgresiones. La existencia de la sociedad es un peligro constante para el
Estado. Lo paradójico es que el Estado requiere de la sociedad para existir, se
alimenta de las energías sociales, aunque las absorbe y las desvía en beneficio
propio, debilitando las iniciativas sociales. Por su parte, la sociedad se
defiende, se expande, se potencia, arrancándole al Estado la ampliación de sus
derechos y obteniendo conquistas sociales, políticas, económicas, culturales.
La sociedad existe cuestionando la propia excepción, raíz del Estado mismo.
Los conflictos manifiestan
esta lucha profunda, esta contradicción desgarradora, esta pugna por los
derechos, por parte de la sociedad, y esta búsqueda insaciable por consolidar
el poder, por parte del Estado; lucha por la emancipación, por un lado, lucha
por la legitimación, por otro lado. Este combate puede tener periodos de paz,
empero se trata de la guerra en la filigrana de la paz. La tensión latente
emerge con fuerza en momentos de crisis; la crisis empuja el volcán latente a
emerger. Las crisis se dan cuando se rompe el inestable equilibrio, cuando los
ciclos culminan su recorrido, cuando se rompen pactos, cuando se rompen
acuerdos, cuando se suspenden los derechos vulnerándolos.
El Estado tiene
también sus ciclos, mas bien su genealogía; no es el mismo Estado en distintos
periodos, en diferentes épocas; incluso ha sido destruido por revoluciones.
Empero parece resurgir de sus propias cenizas. Estas revoluciones no
sustituyeron al Estado por otra cosa, por una asociación libre de productores,
por la comunidad, que pone en cuestión la apropiación privada de lo común,
también la apropiación pública de lo común. Ante un Estado que defiende la
propiedad privada, el Estado que defiende lo público no es la alternativa, pues
es la otra cara de la medalla. Lo alterativo, lo distinto, la diferencia
histórica y política radica en la comunidad, en la defensa de lo común por
parte de las asociaciones sociales.
Lo común está en
todas partes, es parte de las bondades de la madre tierra, de las fuerzas
integrantes del caosmosis; esta en
los ciclos vitales del agua, del aire, de los suelos, de los bosques, de la
multifacética vida. La expansión de lo privado atenta contra lo común, la
expansión de lo público atenta contra lo común. Se oponen a lo común pues se
mueve en la espontanea participación de la complementariedad de los ciclos,
donde no es posible una valorización económica, tampoco una valorización
política.
El enfrentamiento
del Estado-nación con las comunidades indígenas radica en esta profunda
confrontación, en esta contradicción entre lo común y la apropiación
privada-pública. El Estado-nación no concibe que los bosques no sean destruidos
en aras del desarrollo, no concibe que las comunidades cohabiten armónicamente
con los seres y ciclos vitales de los nichos ecológicos. Para el Estado-nación,
la naturaleza es el campo de objetos que se tiene dominar en beneficio del
desarrollo. Los únicos derechos que acepta de agrado son los derechos de la
propiedad privada y los derechos públicos, no acepta los derechos comunitarios,
aunque se los impongan las luchas sociales. Pueden quedar como enunciados, pero
no para cumplirlos.
La confrontación en
los territorios indígenas expresa estas profundas contradicciones. Los derechos
de las naciones y pueblos indígenas han sido constitucionalizados por causa de
luchas sociales anticoloniales y descolonizadoras. Empero el Estado-nación no
puede cumplirlos, pues estos derechos cuestionan, por así decirlo, su esencia,
pública y privada. Esta es la razón que la Constitución estableció la
transformación pluralista del Estado, es decir la demolición del Estado-nación
en todos sus niveles y planos, para construir una transición civilizatoria
configurada políticamente en el Estado plurinacional comunitario y autonómico.
El Estado-nación no puede aceptar esta transición, no puede aceptar su propia
demolición. Para impedirlo tiene varios recursos, uno de ellos es la violencia,
otro es la restauración, pero también puede optar por la simulación. Hacer
creer que se inviste de Estado plurinacional, puede cambiar nombres, pero
mantener sus mismas instituciones. Puede hablar a nombre del Estado
plurinacional, pero sin hacer nada efectivamente por encaminarse al pluralismo
institucional. Puede permitir la ficción en el discurso, pero no puede permitir
traspasar los límites discursivos, no puede realizar el Estado plurinacional.
Solo las multitudes podrían hacerlo, solo las naciones y pueblos indígenas
podrían hacerlo, solo el proletariado nómada podría hacerlo. El Estado
plurinacional comunitario y autonómico será producto de una movilización
general perdurable.
Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE
– TIPNIS.
La ley parte de un artículo que no puede sostenerse, dice que el objeto
de la ley es convocar a la Consulta Previa Libre e Informada; textualmente se
expresa así:
La presente ley tiene por
objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos
indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y
establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos.
¿Cómo pueden sostener que se trata de una consulta previa sin haber
anulado el contrato con OAS? ¿Cómo se puede tener cara para escribir esto y
aprobarlo cuando todo el mundo sabe que el convenio y el contrato se acordaron
el 2008, que el tramo I y el tramo III ya comenzaron a efectuarse, que el tramo
II forma parte continua de estos tramos, que hicieron tres tramos para eludir
precisamente la obligación de la Consulta Previa Libre e informada a los
pueblos indígenas que habitan la TCO del TIPNIS? ¿Cómo se puede seguir
afirmando esto cuando se sabe que fue aprobado el préstamo del Banco de
Desarrollo del Brasil para el financiamiento de la carretera? Todo contrasta y
falsea el discurso gubernamental y de los legisladores. No puede sostenerse el
primer artículo del proyecto de ley. Menos aun cuando se tiene una ley corta y
su reglamento que defienden el TIPNIS. Estas incongruencias matan de inicio no
sólo la lógica del proyecto, sino también su legitimidad y por lo tanto su
legalidad.
El artículo 2 es sencillamente descriptivo, hace un recuento de la
normativa antecedente. Empero es solamente eso, describe la norma anterior sin
tomar consciencia de que entra en flagrante contradicción con toda esta
normativa. Hablamos de que el derecho de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados está
establecido en numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352
de la Constitución Política del Estado, en la Ley Nº 1257 de 11 de julio de
1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y en la
Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas). Obviamente no menciona como antecedente
la Ley corta, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. El
numeral 15 del capítulo 4, de la sección II, del Título II sobre los Derechos
fundamentales establecidos en la Constitución, dice claramente cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Esto
ya ocurrió hace cuatro años y los diseñadores del proyecto, los legisladores de
mayoría, no se inmuta, continúan como si la realidad fuera cambiable a gusto de
sus delirios y compulsiones. Toda la filosofía, la estructura, la composición y
el sentido del texto del Convenio 169 de la OIT entra en total desaprobación de
su proyecto de ley de consulta extemporánea. Mucho más si hablamos de la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Pero, los legisladores no se avergüenzan de citar estos convenios, como si no
se dieran cuenta, de las abismales contradicciones entre estos convenios y su
proyecto de consulta posterior. Sin embargo, no hay que asombrarse de estos
comportamientos, pues ya estamos en la etapa no sólo de la paranoia del poder
de gobernantes y legisladores, sino de la total enajenación. Ya confundieron la
realidad con sus propios discursos y viciosas justificaciones.
En relación de lo que acabamos de decir hay que hacer notar que el
espíritu de estas normas citadas, que hacen de antecedente a la ley de
consulta, están enfocadas a defender los derechos de los pueblos indígenas, el
derecho al autogobierno, el derecho al territorio, a la autonomía, al ejercicio
de sus gestiones de acuerdo a normas y procedimientos propio y respetando sus instituciones. También
obviamente estas normas defiende el derecho a la consulta libre previa e
informada de parte de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la relación entre los
anteriores derechos y el derecho a la consulta? Ciertamente no pueden ser
contradictorios, no es pensable una consulta que atente contra los derechos
mencionados, por ejemplo una consulta que afecte a sus territorios, su
autonomía, su autogobierno, sus instituciones, sus formas de gestión. Estos es
impensable. Pero precisamente este impensable ha sido establecido en la ley de
consulta del gobierno, se quiere una consulta, que además de ser extemporánea,
atente contra sus territorios y derechos, en nombre nada menos que de la
ilusión del desarrollo. Esta atroz contradicción ha sido aprobada por el
Congreso y seguramente pretende ser promulgada por el presidente.
El Artículo 3 que trata del ámbito de la Consulta Previa Libre e
Informada, define el alcance de la ley e identifica a Mojeño-Trinitarias,
Chimanes y Yuracarés que habitan el territorio indígena y parque
Isiboro-Sécure, a quienes se va aplicar la consulta. Llama la atención que son
precisamente estos pueblos con los que no se ha acordado el proyecto de ley; el
proyecto se acordó con los del CONISUR, cocaleros e indígenas, de por lo menos
las comunidades incorporadas y absorbidas en el avasallamiento cocalero, zona
que ahora es definida como del polígono 7. Estos indígenas también son
cocaleros y propietarios privados afilados a las federaciones cocaleras. Se
acuerda el proyecto de ley con los que no habitan la TCO del TIPNIS. ¿Cómo se
entiende esto? Es ya un mapa de contrasentidos, sinsentidos y contradicciones.
¿Cómo se puede sostener un proyecto de ley así? No se puede sostener
lógicamente sino sólo en el imaginario paranoico de legisladores y gobernantes,
sólo se puede sostener por la violencia desmesurada del Estado.
Uno de los artículos más importantes es el cuarto, el relativo a la
finalidad del proyecto. Vamos a detenernos en éste para analizar su escritura y
normativa. El artículo en cuestión se expresa así:
Lograr un acuerdo entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos
Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre los siguientes asuntos:
Definir si el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o
no para viabilizar el desarrollo de las
actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así
como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
Establecer las medidas de
salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo
inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;
Volvemos otra vez al descaro de
la exposición cuando dice lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos
indígenas, precisamente los pueblos que no han participado y no han sido
consultados en la elaboración de la ley; sus organizaciones matriciales han
sido excluidas, estigmatizadas y reprimidas. Cómo se puede llegar a esta ironía
macabra. En la historia se han dado esta clase de escenas donde la victima
tenía que soportar no solo escarnio sino la propaganda de que hay acuerdo de la
victima. ¡Sado-masoquismo! En los campos de concentración se ponía música
clásica mientras se llevaba a los condenados a la cámara de gas. Los campos de
concentración japonesa en la guerra de ocupación de la China continental se
nombraban como “Paraísos”. Podemos seguir, no es la primera vez que este humor
negro sale como parte del talento oscuro de los dominadores y verdugos. Pero
continuemos, el núcleo del tema de la ley es la intangibilidad. La ley 180, la
ley corta en defensa del TIPNIS, declara al territorio y parque como territorio
intangible. El vicepresidente se apresuró a interpretar el sentido de lo
intangible de una manera metafísica como intocable, como si fuera un territorio
inmaculado. ¿De dónde sacó esto? No hay ningún antecedente al respecto en la
normativa sobre lo intangible. ¿Qué clase de interpretación es esta? Habla más
del intérprete que de la propia correcta interpretación, habla más de la psicología del intérprete que
del objeto de la interpretación. ¿Algo intocable? Lo único intocable son los
fantasmas, en este caso los fantasmas del vicepresidente. No existe ese
territorio metafísico; todos los eco-sistemas son tocables, los componentes de
los nichos ecológicos se tocan, los habitantes del territorio indígena se
tocan. En la jurisprudencia lo intangible es para proteger a los pueblos
indígenas de agentes depredadores y extractivistas. De eso se trata. Después de
esta interpretación que puede entrar al anecdotario de la intrepidez
descabellada, vienen las jocosas demostraciones de personeros del gobierno y
también de legisladores de que el TIPNIS no había sido virgen. ¿Qué quieren
decir con esto? ¡Descubrimiento de la pólvora! La Amazonia estaba habitada por
cientos de pueblos, los que consideraron virgen a la amazonia fueron los censos
de la republica de 1900 y 1950, haciendo desaparecer por arte de magia a los
pueblos amazónicos. Esto forma parte del imaginario criollo y mestizo de los
siglos XVIII, XIX y parte del XX, que no considera persona al indígena, tampoco
pueblo, menos habitantes en condiciones de reproducción social. Otra forma de
hacerlos desaparecer era llamarlos salvajes, cosa que volvió a hacer el
dirigente máximo de la CSUTCB. El objetivo de este jocoso esfuerzo de los
funcionarios era descalificar a los proyectos comunitarios del TIPNIS.
Recurrieron a la técnica de la desinformación para estigmatizar los proyectos
de turismo ecológico. El argumento usado es que era para millonarios. ¿Qué
clase de personas son las que elucubran semejantes argumentos? Lo que se nota en
todo esto es que el gobierno y los legisladores se encuentran entrampados en
una guerra a muerte contra las naciones y pueblos indígenas originarios, contra
sus derechos consagrados en la Constitución, contra los derechos de la madre
tierra y contra la Constitución. No saben que hacer para encubrir este velado
proyecto, que probablemente de una manera no-consiente llevan adelante al optar
por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La intención
es clara cuando se dice:
Definir si el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o
no para viabilizar el desarrollo de las
actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así
como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
Es posible que crean que todo lo que han hecho es un acto de astucia,
sobre todo los diseñadores intelectuales del proyecto. Primero haber
introducido en la ley corta la palabra intangible; segundo poner en apuros a
las organizaciones indígenas con este término, a pesar de que se acordó un
reglamento aclaratorio; tercero montar una marcha cocalera como si fuese de los
indígenas de la TCO del TIPNIS, cuando era del polígono siete, que no forma
parte de la TCO; cuarto hacer un proyecto de ley donde dicen que se resuelve el
conflicto, cuando lo único que hacen es atizar nuevamente el fuego. En el mismo
texto se introduce la pregunta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos. Es esto lo que se quiere; este es el oscuro objeto del deseo, tanto por
cocaleros, por el gobierno, por OAS y el gobierno brasilero. Este es el
objetivo. ¿Es astuta esta estrategia? Podemos decir que es sinuosa; para ser
astuta debe controlar todas las variables, pero no lo hace, le falta contexto.
Más se parece a una treta forzada cuyas consecuencias son incontrolables.
La ironía brutal continúa en el segundo párrafo:
Establecer las medidas de
salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo
inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;
Habla de salvaguarda, de protección, de prohibición, de desalojo
inmediato, cuando es el mismo gobierno el que se ha comprometido con una
carretera depredadora, con una empresa de la construcción corrupta, con los
cocaleros que avasallan, depredan y plantan coca. ¿Cómo se puede sostener esto
sin ruborizarse? Se ha llegado al colmo del cinismo. Se trata de una inversión
imaginaria de la relación verdugo-victima. Es como decir, traduciendo el
delirio imaginario, “yo, depredador, digo que la construcción de la carretera,
es lo mejor para salvaguardar y proteger el territorio y parque”. Lo increíble
que esta inversión imaginaria auto-convenza a los diseñadores del proyecto, a
los gobernantes y legisladores. Es la algarabía de los comediantes.
El Artículo 5 trata de los sujetos del derecho a ser consultados, vuelve
a mencionar los pueblos que habitan el TIPNIS. Lo irónico es que precisamente
se trata de los sujetos a los que se les ha quitado todo derecho a decidir,
primero aprobando el contrato con mucha antelación, comenzando la construcción
de la carretera en dos tramos, reprimiendo su marcha, desconociendo la ley
conquistada, ahora imponiéndoles una consulta inconsulta que busca viabilizar a
como de lugar la carretera depredadora en beneficio de las empresas
trasnacionales y los cocaleros.
El artículo 6, trata de las obligaciones de los Órganos del Estado
Plurinacional de Bolivia, encarga al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio
de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con
las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, de llevar adelante el
proceso de Consulta Previa Libre e Informada. Llama la atención que se excluya
a las organizaciones matrices indígenas de esta responsabilidad. ¿Por qué
desconocer la representación indígena? ¿Qué dirían si los bolivianos
desconocemos a las representaciones y gobierno elegidos el 2009? Esta es pues
una muestra de violencia y de discriminación absoluta. Lo que sigue tiene que
ver con el financiamiento y la información. Brindar información detallada de
manera oportuna. ¿Lo es? ¿Lo será? ¿Por qué no la brindaron antes? Todos los
acuerdos opacos y velados con el gobierno brasilero y OAS, todo el tema de las
sobrevaloraciones renovadas, todo el problema de la expansión inaudita de la
economía política de la cocaína, sigue oculta. No parece que pueda haber
transparencia en las condiciones del deterioro del gobierno a este nivel. En el
numeral 4 se dice que el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces, en
consulta, coordinación y cooperación para combatir los prejuicios, eliminar la
discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones
entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la
sociedad. ¿Por qué no adoptaron estas medidas contra sí mismo cuando acordaron
el proyecto, cuando reprimieron sistemáticamente la VIII marcha? Tampoco lo
hacen ahora cuando imponen una ley de consulta inconsulta y depredadora, que es
más continuación de la violencia desatada contra las naciones y pueblos
indígenas originarios y la madre tierra. No se puede esperar que lo hagan en el
futuro inmediato.
El artículo 7 trata de la observación, acompañamiento e informe; el
artículo 8 trata del plazo; el artículo 9 trata de las etapas del proceso; el
artículo 10 trata del carácter de los acuerdos de la Consulta y el artículo 11 trata de la ejecución de los
acuerdos. Se encarga al Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), de la observación y
acompañamiento de la Consulta Previa, libre e informada, debiéndosele informar
sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una
anticipación de 30 días. También se invita a los organismos internacionales a
ser veedores. El plazo estipulado es de 120 días a partir de la promulgación de
la ley.
Las etapas del proceso comprenden la preparación de la consulta, la
instalación y desarrollo de la consulta y los resultados de la consulta. Se
dice que los acuerdos logrados en el proceso son de cumplimiento obligatorio
para el Estado y para los pueblos indígenas. Se dice que los acuerdos logrados,
en materia legislativa o administrativa, serán ejecutados, inmediatamente
después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el
Órgano Ejecutivo.
En las etapas del proceso, en el apartado de instalación y desarrollo de
la consulta, se vuelve a insistir en el tema de la intangibilidad del modo
siguiente:
Consideración y definición
sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, es
zona intangible o no, y sobre la construcción de la carretera Villa Tunari –
San Ignacio de Moxos.
Con este tema de la intangibilidad, con la forma de tratar la
intangibilidad, descartando los acuerdos e interpretaciones del reglamento de
la ley 180, se elude un marco primordial, la Constitución. En la carta magna
esta el artículo dos de la Constitución que declara el autogobierno, la libre
determinación de las naciones y pueblos indígenas, también el reconocimiento de
sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Con esta
ley se continúa con la violación sistemática de este artículo de la
constitución. Se hace todo lo contrario a la consolidación de sus territorios,
se los destruye. La Constitución consagra los derechos de las naciones y
pueblos indígenas, pisoteados ahora por un gobierno restaurador y extractivista.
La Constitución ratifica los convenios internacionales como ley, la
Constitución exige la consulta libre previa e informada, cosa que no garantiza
esta ley que impone una consulta extemporánea, cuando ya el burro salió de la
tranca.
En conclusión, nos encontramos ante un nuevo dispositivo normativo
inconstitucional, de la misma manera y forma como las leyes aprobadas por la
Asamblea Legislativa y promulgadas por el presidente lo son. El gobierno, su
Asamblea Legislativa, los órganos de poder que controla, forman parte de la
logística de una estrategia condicionada y determinada por relaciones y
estructuras de poder, que escapan al control del Estado por las propias
limitaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Está en curso la
expansión del modelo extractivista, esta en curso la ampliación de la frontera
agrícola, en contra de los territorios indígenas, parques y la madre tierra,
esta en curso la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, en contra
del mandato constitucional de construir un Estado plurinacional comunitario y
autonómico. Esta es la decisión tomada; la ley de consulta inconsulta y
depredadora, además de extemporánea, es un dispositivo más en este engranaje
entreguista y extractivista.
Consideraciones sobre la Consulta
y consentimiento libre e informado
En un artículo sobre
la Consulta y consentimiento previo libre e informado, Bartolomé Clavero
describe las condiciones, características y determinaciones de la consulta en
cuestión, dice que:
La consulta previa es un derecho
de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con
estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos
indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la
integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y
costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus
propias prioridades de desarrollo, entre otros. Asimismo la consulta previa
significa una obligación del Estado desde el momento que el Convenio OIT-169 se
ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico nacional con rango
constitucional. Es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas.
Es entonces un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya
omisión o realización inadecuada conlleva invalidez de la norma o el acto
administrativo.
La consulta previa es un
proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los
pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus
bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta
independiente de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho
como ciudadanos (participación en consultas para estudios de impacto ambiental,
etc.). Introduce una nueva etapa en el proceso de formación de la ley u acto
administrativo y exige cambios en las normas que regulan el funcionamiento de
los diferentes poderes del Estado.
La consulta se tiene que hacer
siempre en relación con el derecho de participación. Otro principio fundamental
del Convenio n. 169. Consulta y Participación son principios fundamentales del
Convenio que deben contemplarse siempre conjuntamente. Para garantizar un
proceso de consulta acorde con el derecho internacional tenemos que realizar
dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; Igualdad
de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de la
información; Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de
consulta; Oportunidad; Participación; Transparencia; territorialidad; autonomía
y representatividad a través de las instituciones propias; localidad y
accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y
obligatoriedad de la consulta; jerarquía; el principio de responsabilidad por
la mala fe; y la libertad[22].
Como se puede ver,
la consulta y el consentimiento previo libre e informado comprenden toda una
predisposición normativa, todo un condicionamiento de valores y de principios,
que exigen a su vez responsabilidades por parte del Estado. No sólo se trata de
que sea de cumplimiento obligatorio a los estados que han suscrito el Convenio
169 de la OIT, sino que tienen que también asumir las formas, los contenidos y
as metodologías prescritas. No se trata de improvisar cualquier consulta,
alguna que se le puede ocurrir al gobierno, sino que debe ser riguroso en
cumplir con las condiciones y características establecidas. Los principios no
están para adornar la exposición de la consulta, sino que los principios hacen
a la consulta. Si no se siguen estos principios, no hay consulta. Entonces la
consulta y consentimiento previo libre e informado es una estructura y
composición normativa que no puede disociarse al antojo, debe efectuarse
preservando la integridad de lo que hace a la norma y al cumplimiento de la
norma. Este es el tema de fondo. Se hace una consulta cuando se cumplen todos
estos requisitos. No se trata de poner un nombre, por ejemplo consulta, a una
ley, para que esta sea por arte de magia una consulta previa libre e informada.
Se trata de mantener el concepto, la estructura del concepto, en la exposición
y en la aplicación. No se ve nada de esto en el texto de la Ley de consulta del
gobierno. Se nota una evidente improvisación y desconexión con el sentido y el
concepto de la consulta y consentimiento libre previo e informado. Una evidente
desconexión con el Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo no cumple con ninguno de
los principios establecidos en el Convenio.
Otro aspecto
importantísimo es lo que respecta al significado mismo de lo que quiere decir
consulta previa libre e informada. Bartolomé Clavero también nos deja una clara
interpretación del conjunto significativo de la consulta; dice:
Para entender correctamente el
CLPI (Consentimiento Libre Previo e Informado) tenemos que asumir el
significado de cada uno de los elementos que la conforman: Consentimiento significa
la manifestación de un acuerdo claro y convincente, de acuerdo con las
estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos Indígenas en cuestión, lo
que incluye los procesos tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben
contar con la participación plena de los líderes autorizados, los
representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que
hayan determinado los mismos Pueblos Indígenas. Libre significa la ausencia de coacción
y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos monetarios (a menos que
formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de "dividir para
conquistar". Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o
de represalias implícitas si la decisión final es un "no". Previo significa
que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el
pleno debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de
que se inicie el proyecto. No deberá existir ninguna presión para tomar la
decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto
podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el
acuerdo se haya perfeccionado. Informado significa la disponibilidad de
toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y
puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los
guías espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los
poseedores de conocimientos tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para
poder considerar la información imparcial y equilibrada acerca de los riesgos y
beneficios potenciales.
Para efectuar una
Consulta previa libre e informada se debe mantener y ser consecuentes con los
significados inherentes al concepto. Lo que quieren decir consentimiento,
previo, libre, informado, debe mantenerse en la ley, en su interpretación y
aplicación. En este tema es precisamente donde se aparta abismalmente la ley de
consulta del gobierno; no hay un acuerdo claro y convincente, no hay ausencia
de coacción y de presiones exteriores, no se cumple con el requisito de que ningún
plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por
completo y el acuerdo se haya perfeccionado, no hay la
disponibilidad de toda la información relevante incluyendo la opinión de los
guías espirituales. En otras palabras, en la ley de consulta del gobierno se
han perdido todos los significados del consentimiento, de libre, de previo e de
informado. Se han introducido criterios al antojo de los diseñadores de esta
ley, adecuadas a las exigencias del gobierno. Esta es otra de las razones por
las que no se puede hablar de ley de consulta; no lo es. Es una ley que impone
dos preguntas, una sobre la intangibilidad y otra sobre la carretera. No es una
consulta libre previa e informada, como ejercicio del derecho de los pueblos
indígenas, tal como establece el Convenio 169; es un cuestionario del gobierno,
que hace el gobierno a los pueblos indígenas, sin cumplir con las condiciones
iniciales de una consulta. Es un cuestionario de preguntas que le preocupan al
gobierno, no a los pueblos indígenas. No todo cuestionario es una consulta. Es
esta una de las confusiones que debe aclararse.
Existe una
jurisprudencia sobre el consentimiento libre previo e informado, uno de esos
antecedentes tiene que ver con el abordaje que hace al respecto la OIT.
Bartolomé Clavero hace la referencia a esta jurisprudencia; escribe:
Dentro de la OIT podemos
destacar las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones en los casos de Bolivia (año 2000, 2004 Y 2005) y
Paraguay 2008. Extrapolando las argumentaciones más importantes sobre el
derecho de consulta podemos decir que la consulta previa debe darse respecto de
cualquier tipo de actividad, que pudiera realizarse en territorio indígena. La
consulta es obligatoria cuando el Estado prevé realizar actividades en tierras
o territorios indígenas incluso no titulados. La consulta debe darse antes de
cualquier acto administrativo, previo a la autorización de cualquier actividad
de exploración y explotación. La consulta previa debe ser hecha necesariamente
por el Estado. La consulta constituye un proceso y no un acto informativo, con
un tipo de procedimiento y con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos
afectados. La consulta genera el establecimiento de un diálogo genuino entre
ambas partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto
mutuo y la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.
La relevancia que la OIT
otorga al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas ha generado la
realización de una Observación General sobre el Convenio No. 169 de la OIT, la
cual introduce referencias importantes al derecho de consulta previa. La
Comisión que realizó la Observación General no puede sino subrayar la
importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales
a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y
eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de
desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades
de desarrollo. En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos
desafíos fundamentales: Garantizar que se realicen consultas apropiadas antes
de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de
afectar directamente a pueblos indígenas y tribales; e incluir disposiciones en
la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que
se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y exploración de
recursos naturales. La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos
de consulta tienen que permitir la plena expresión - con suficiente antelación
y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas - de las
opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los
resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven
a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen
estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico,
de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución
de conflictos.
Se puede ver también
que hay toda una historia en la construcción de sentido del consentimiento
previo libre e informado, hay todo un trabajo sistemático en la elaboración de
estos procedimientos y su propia interpretación. Por lo tanto hay un saber
sobre la consulta y el consentimiento, un saber construido y acumulado a partir
de dos prácticas. Una, la relativa a las trayectorias de las luchas de los
pueblos indígenas, que se han concentrado sobre la demanda de reivindicaciones
que tienen que ver con la recuperación de sus territorios, la búsqueda de la
autonomía, el autogobierno y la libre determinación, el derechos a sus
culturas, sus prácticas y sus instituciones, y un poco más tarde por el
reconocimiento de la interculturalidad y la condición plurinacional. Otra, por
el trabajo de investigación, de observación de los conflictos en torno a las
problemáticas indígenas, incorporación de demandas, traducción de estas
demandas en propuestas de normas y leyes. Este segundo eje ha sido recogido por
oficinas y unidades especializadas de Naciones Unidas en temas indígenas. Es de
estos organismos de donde sale el Convenio 169 y después la Declaración de
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, después de largas
series de borradores, incluso normas más específicas, conferencias, talleres y
reuniones. Se puede decir que hablamos de instrumentos normativos
internacionales de larga experiencia y memorias. Cuando los estados firmas
estos convenios internacionales y los incorporan a sus constituciones y
normativas, implícitamente asumen los contenidos, significaciones e
interpretaciones de estas normas internacionales.
Este es el tema, no
se puede eludir ni total ni parcialmente la integralidad de estos convenios; si
se lo hace se están contraviniendo compromisos con la comunidad internacional.
Hay por lo tanto temas y tópicos en los que los estados no pueden hacer lo que
quieran, de una manera independiente de sus responsabilidades asumidas. Los
derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas son dos de estos
tópicos. Esta es otra razón por la que el gobierno no puede elaborar cualquier
ley de consulta que no contenga la integralidad de las condicionantes y
determinantes de lo acordado en los convenios internacionales. La ley de
consulta del gobierno al desvincularse de todos estos significados, interpretaciones,
procedimientos, que forman parte de un proceso de consulta, contraviene los
convenios internacionales que ha afirmado. No estamos entonces ante una ley de
consulta internacionalmente reconocida.
En las conclusiones
Bartolomé Clavero resalta la obligatoriedad de los estados del cumplimiento de
estos convenios internacionales sobre pueblos indígenas. El no cumplirlos sitúa
la actuación de estos estados en territorios indígenas en la ilegalidad. Por lo
tanto los estados que contravienen los convenios internacionales convierten a
sus actuaciones en territorios indígenas en ilegales. La ley de consulta del
gobierno, que contraviene los convenios internacionales ha convertido la
actuación del gobierno en el TIPNIS en ilegal.
Los derechos de consulta y
CLPI se encuentran plenamente fundamentados en el derecho internacional de los
derechos humanos y se integran en diferentes marcos normativos y
jurisdiccionales que establecen obligaciones directas para los Estados.
Especialmente para todos aquellos que han ratificado el Convenio No. 169 de la
OIT y/o que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Los Estados tienen a su alcance herramientas suficientes para
concretar las formas en las que debe reconocerse y aplicarse estos derechos
gracias al desarrollo que se ha producido en diferentes mecanismos
internacionales de protección de los derechos humanos. La aplicación de estos
derechos significa una obligación irrenunciable para los Estados en cuanto que
actúan como garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas y para la
protección de sus derechos humanos. La no aplicación de estos derechos por
cualquier instancia jurídica o administrativa de un Estado establece
responsabilidades claras de ese Estado por la violación de derechos humanos de
los pueblos indígenas y sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se
realice dentro de territorios indígenas.
Una consulta inconsulta, sin
consentimiento, ni previa, tampoco libre e informada
La pegunta que
tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay
detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa,
tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta
condición impuesta de la ley de consulta extemporánea esta claro para todo buen
entendedor, empero los publicistas y propagandistas del gobierno hacen
denodados esfuerzos por demostrar lo contrario. Al final sus pueriles
argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea
esta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los
acuerdos y el convenio con el gobierno de Brasil se plasmaron el 2008,
incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo
de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y
servicios de la empresa constructora OAS. Menos se puede pedirles a esto
apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales
sobre pueblos indígenas, por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se
efectuó libremente, con plena participación de los pueblos indígenas, y por qué
no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la
información, en las lenguas propias y contando con la intervención de las
organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas. Esto no se
puede pedir a gente que esta obcecada en hacer propaganda de una consulta
inconsulta, extemporánea, y para el colmo extractivista por los compromisos con
la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la coca
excedentaria, además de los compromisos de una carretera que forma parte del
IIRSA, es decir del proyecto de integración económica y comercial para Sud
América de la burguesía internacionalizada brasilera, que ciertamente va a
provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de
Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política,
articulado ecosistemas diversos colindantes.
Renunciemos a
discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en
la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? Del sinuoso comportamiento del
gobierno en torno al conflicto del TIPNIS. Se llega a un acuerdo cuatro años
antes sobre la carretera, cuando estalla el conflicto, se busca descalificar
por todos los medios a la VIII marcha indígena, con toda clase de improperios y
acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas, después se reprime la
macha pacifica con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar
los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por
un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, la COB y
la Universidad Mayor de San Andrés, el gobierno se ve obligado a recular, y el
presidente se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, que aprueba la
Asamblea Legislativa y promulga el propio presidente. Una vez hecho esto salen
voces que hacen una interpretación metafísica del concepto de intangibilidad, como
si expresase la condición inmaculada e intocable por los propios indígenas y
los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda
jurisprudencia de la intangibilidad. El presidente y el gobierno, además de
otras entidades del Estado inician una contra-campaña contra la propia ley
corta promulgada, azuzando a las
organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear
la abrogación de la ley. Después organiza el gobierno una marcha oficialista de
los cocaleros del CONISUR, afiliados a las federaciones cocalera, propietarios
privados y cultivadores de coca, incluyendo a los indígenas yuracares
absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de
una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el gobierno lleva a
cabo su plan, el insistir en la legalización de la carretera depredadora por
medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley
corta, que ya resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción
descarnada del gobierno, sino por inventarse una modalidad de consulta
inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios
internacionales. Diríamos, se trata de
un cuestionario del gobierno que introduce dos preguntas que le interesan,
sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TINIS.
Respuestas a la pregunta
Hipótesis de interpretación
Iremos en la
interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.
Las contradicciones
profundas del proceso contraponen las gestiones del gobierno (2006-2012) al
ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras
en relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de
Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, empro nunca se lo concluye,
es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico
otra vez las empresa trasnacionales del
petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente
imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la
Asamblea constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además
de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como
aritmética de las decisiones de la Asamblea. Empero, de todas maneras, se
cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión
se contrapone a la primera gestión de gobierno; si en la primera se intenta
cumplir con el mandato popular, en la segunda el gobierno se enfrenta al pueblo
con la medida de shock del gasolinazo y se enfrenta a las naciones y pueblos
indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas
en relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.
Una vez aprobada y
promulgada la Constitución el gobierno la convierte en un texto de propaganda y
de vitrina, pero no para su aplicación; en vez de realizar las transformaciones
estructurales e institucionales requiere la construcción del Estado plurinacional
comunitario y autonómico, opta por la restauración del Estado-nación, liberal y
colonial. De este modo, en vez de encaminarse a la transición hacia el vivir
bien como proyecto alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo,
como establecen las resoluciones de Tiquipaya, se encarrila en el modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Una vez derrotada la derecha tradicional en
Pando, después de los acontecimientos del Porvenir, el gobierno incursiona en
nuevas alianzas que conducen a la recomposición de la burguesía, añadiéndole la
participación de los nuevos ricos. Se convierte con estas nuevas alianzas en un
gobierno que administra los intereses de la burguesía, los nuevos ricos, los
banqueros, los terratenientes, los soyeros y los del monocultivo de la hoja de
coca excedentaria, además de supeditarse a los intereses de las empresas
trasnacionales.
En este contexto, el
conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del gobierno en
relación a la madre tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera
agrícola, por la desforestación y la depredación, transfiriendo los costos del
extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los
intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos
con el gobierno brasilero y OAS, por los intereses de la burguesía agraria,
agro-industrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma
agraria y atacando a los territorios indígenas.
La decadencia ideológica
Del debate de las ideas al
monopolio de la propaganda
La decadencia ideológica
Se extrañan las
discusiones ideológicas del siglo pasado, cuando se participaba de escenarios
de resistencia a las dictaduras militares, donde se buscaba explicar las
razones no solamente de la resistencia, pues esto estaba inmediatamente
comprendido y aceptado, sino se trataba de las razones históricas y políticas
que vinculaban la lucha a un proyecto político y social. Estas discusiones
entre grupos de formación marxista, de distinta tendencia, recurrían a la comparación de las grandes
revoluciones socialistas, además de recoger la experiencia boliviana en la
lucha de clases y contra el capitalismo, sobre todo la experiencia del
proletariado minero. Un lugar necesario de debate era la Tesis de Pulacayo y su
proyección en las Tesis de la COB. El gran dilema en el debate era escoger
entre la tesis de transición de la revolución permanente y la tesis por etapas,
defendidas por las corrientes de los partidos comunistas, tanto el PC pro
soviético y el PC pro chino. Otros temas de debate, aunque con menor
intensidad, eran los relativos a la caracterización del país, así como la
caracterización de las dictaduras. En relación a la caracterización del país,
se contaba con la tesis sostenida por el POR de que se trata de un país
capitalista atrasado y dependiente, de desarrollo combinado; en tanto que otros
caracterizaban al país como todavía de herencia semi-feudal articulada a
enclaves capitalistas. La tendencia general era aceptar que se trataba de un
país capitalista, la diferencia estribaba en de qué manera lo era; unas
posiciones consideraban que se trataba de una semi-colonia, en el sentido de la
teoría del imperialismo, otras posiciones, quizás con más lectura del marxismo
contemporáneo, distinguían la teoría de la formación económico social de la
teoría del modo de producción, y buscaban una caracterización a partir de la
articulación específica de los modos de producción. La caracterización de las
dictaduras militares era un poco más dispersa; algunos aseveraban sin discusión
el carácter fascista de las dictaduras; los más sofisticados usaban la tesis
del bonapartismo y diferenciaban dictaduras militares nacionalista y
populistas, muy pocas, de las dictaduras militares francamente reaccionarias y
al servicio del imperialismo.
Durante el periodo
de resistencias a las dictaduras militares (1964-1982) estos debates
transcurrieron con más o menos intensidad, dependiendo de la coyuntura y los
involucrados en la discusión, también de las tareas pendientes y presentes. En
el segundo quinquenio de la década de los setenta se incorpora de manera
irradiante e interpeladora la visión katarista, su tesis de colonialismo
interno, planteando que en Bolivia no se había resuelto la problemática
colonial. El tema indígena entra al debate político en el contexto y la
atmósfera política de entonces. A la izquierda tradicional le era difícil
aceptar la tesis del colonialismo interno pues consideraba que no tomaba en
cuenta la lucha de clases, convirtiendo el conflicto en una lucha de razas. El
estado de arte de estos debates nos muestra una tendencia a ampliar las
perspectivas y las consideraciones abriéndose a la complejidad del asunto
político, social y económico de las formaciones sociales abigarradas, así como
de sus luchas sociales. Debemos incorporar también en el debate una perspectiva
de la izquierda-nacional introducida por el Grupo Octubre, quienes en el lapso de
tiempo de los gobiernos del General Ovando y del General Torres (1970-1971)
plantean el tema de la cuestión nacional como primordial en la lucha contra el
imperialismo; por lo tanto de lo que se trata es de distinguir en esta lucha a
los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas de los gobiernos
pro-imperialistas, en ese sentido, sacan la conclusión de que, en el proceso de
la lucha de clases bajo el dominio imperialista, era indispensable dar apoyo
crítico a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas. Esta tesis apunta a
un frente anti-imperialistas contra el enemigo principal, el imperialismo y sus
cipayos. El debate de la izquierda-nacional era con lo que llamaba izquierda
internacional, que no hacía estas distinciones y, de acuerdo a la interpretación
dada, cometía errores políticos.
El panorama del
debate se trasforma durante el segundo quinquenio de la década de los ochenta y
durante la década de los noventa. La crisis de la izquierda, provocada ya por
la derrota de la Asamblea Popular (1971) y después con la caída del gobierno de
la UDP (1984), abre un gran vacío ideológico, aprovechado por el proyecto
neo-liberal, que se introduce casi sin resistencias, salvo quizás la marcha por
la vida de los trabajadores mineros, que tratan desesperadamente defender los
centros mineros contra el cierre y la relocalización. En este contexto de
implantación del proyecto neoliberal, el debate se reinicia con la crítica al
neoliberalismo y su proyecto privatizador; sin embargo este no es el único
debate, también se efectúa una evaluación crítica de la izquierda tradicional,
no sólo en cuanto a sus errores teóricos y políticos, sino sobre todo por no
haber considerado la problemática indígena y el tema colonial, por no haber
comprendido que la lucha fundamental sigue siendo anticolonial y
descolonizadora, pues la lucha contra el capitalismo es una lucha contra su
matriz colonial. Este debate es importante por su directa vinculación con lo
que va a ocurrir durante el ciclo de luchas y movimientos sociales anti-sistémicos
del 2000 al 2005.
Podemos decir que el
debate adquiere una tonalidad apropiada y alcance histórico no solamente porque
tiene en cuenta la discusión acumulada, el análisis y la reflexión desplegada
por lo menos durante un siglo, sino porque adquiere un carácter político
inmediato debido a la crisis múltiple del Estado y la asonada de los
movimientos sociales emergentes. También se introducen tópicos a la discusión
importantes que tienen que ver con la crisis de la izquierda debido a la caída
de los estados socialistas de la Europa oriental y de la Unión Soviética. Estos
tópicos críticos tienen que ver con el partido, los intelectuales, la
vanguardia, el Estado y el socialismo. Sobre el partido se tiene una posición
crítica, se dice que ya no corresponde a las luchas contemporáneas contra el
capitalismo; en consecuencia la figura del intelectual y de la vanguardia
también son cuestionados sino desechados como recursos indispensables en los
nuevos movimientos sociales. Además se interpreta que la caída paradójica de
los supuestos destructores del Estado en la formación calamitosa de un Estado
totalitario, con dominio absoluto de la burocracia del partido, no solo se debe
a una deformación estalinista sino que sus antecedentes ya se encontraban en el
partido, también en el papel sustitutivo de la vanguardia y en la función
orientadora de los intelectuales. Ante estas experiencias dramáticas de la
revolución y de la construcción socialista en un solo país, es indispensable
replantearse la forma de organización de las luchas sociales. En este sentido
se rescatan las figuras colectivas de la crítica de la economía política; por
ejemplo, el concepto de intelecto general, así como del trabajo cooperativo
frente a la apropiación privada en el capitalismo. Se trabajan los conceptos de
masa y de comunidad, incorporando también nuevos conceptos de la crítica
contemporánea al capitalismo de las nuevas corrientes contestatarias, marxistas
y no marxistas. Entre los conceptos
nuevos se adquiere la perspectiva de la multitud para comprender las
transformaciones en el proletariado, que adquiere una condición nómada. Se
trabaja con la idea de la gramática de la multitud, para comprender los otros
lenguajes de la multitud movilizada, los lenguajes corporales, los lenguajes de
la imagen, para comprender el mismo movimiento, la misma movilización, como un
tejido. Pero, sobre todo el eje del debate de los últimos años de década de los
noventa y los primeros años del siglo XXI se desenvuelve en la comprensión de
la genealogía del colonialismo, de la transformación de sus formas. Se tiene la
certeza que el sujeto indígena sustituye al sujeto proletario en las luchas
descolonizadoras y anticapitalistas.
Como se puede ver,
el debate adquiere una intensidad sobre todo por la premura de la crisis
política y las victorias de los movimientos sociales, que empujaban
indudablemente a una salida revolucionaria, si todavía podemos hablar así.
Empero este debate se corta abruptamente y de una manera inesperada con la
llegada al gobierno, después de las elecciones nacionales del 2005. La pregunta
es: ¿Si se llegó a esta intensidad del debate hasta el 2005 por qué se clausura
el debate desde el 2006? Esta es la cuestión. Lo que se observa después es el
vuelco de los esfuerzos por gobernar, por resolver problemas administrativos, y
cuando se desata el ataque de las oligarquías regionales, en pleno proceso
constituyente, el esfuerzo se vuelca en defender al gobierno y al proceso. No
hay debate interno al bloque que abrió el horizonte del Estado plurinacional.
No lo hay en la Asamblea Constituyente, salvo unos cuantos amagues de
reflexión, de análisis y discusión, dados sobre todo por la preocupación de las
organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La Asamblea Constituyente tiene
que enfrentar movilizaciones de todo tipo, básicamente de resistencia a los
planteamientos fuertes del documento base para la constituyente elaborado por
el Pacto de Unidad, además de enfrentar el ataque directo de los partidos de
derecha al proceso constituyente. El ejecutivo daba instrucciones inadecuadas,
sin comprender lo que sucedía en la Asamblea Constituyente, poniéndola en
peligro más de una vez. El conflicto de los 2/3, de la aritmética de las
decisiones, y el conflicto de la “capitalía”, el traslado de la sede de gobierno
y de los poderes de La Paz a Sucre, ponen al borde del abismo a la
constituyente. En estas circunstancias no se dieron condiciones para el debate;
lo que se hizo es defender el mandato dado por los movimientos sociales, tener
como referente el texto del Pacto de Unidad, y pugnar con las minorías en cada
una de las comisiones. Es el documento del Pacto de Unidad el que salva a la
Asamblea Constituyente, de esta manera se logra escribir el texto
constitucional.
Esta claro que nunca
se debe dejar de debatir, de reflexionar, de analizar, de desplegar la crítica,
incluso en momentos difíciles por las que paso la Asamblea Constituyente; sin
embargo, eso es lo que ocurrió, se impusieron las tareas urgentes de defensa
del proceso y del gobierno. Empero, una vez aprobada la Constitución, no se
podía ya tener ninguna escusa para no hacerlo. Era más que urgente discutir la
construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; sin embargo no
se lo hizo, salvo en contados casos, en la elaboración del anteproyecto de ley
de gestión pública, en la elaboración del Plan Plurinacional del Vivir Bien
(Plan de Desarrollo Económico y Social) y en la elaboración del proyecto de Ley
de la Madre Tierra.
En la primera
gestión de gobierno la crítica y el debate fue suspendido con el argumento de
que debemos defendernos ante la derecha, dejar estos debates a la
constituyente; después, en la constituyente, el debate fue imposible. Más
tarde, cuando se promulgó la Constitución, se prefirió optar por la difusión de
la Constitución sin ningún aprendizaje y discusión colectivos; cuando se tenía
que elaborar leyes, se buscaron artículos pertinentes para las leyes, de una
manera des-contextuada, abandonando la interpretación del espíritu
constituyente, optando por el alma leguleya de los abogados, que no entendían
ni el proceso ni la Constitución. Durante la segunda gestión de gobierno, ya
había corrido mucha agua bajo el puente, el peso del pragmatismo político
condujo a un derrotero inesperado; el gobierno eligió pragmáticamente mantener
el Estado-nación, como lo venía haciendo durante la primera gestión, por lo
tanto eligió el camino de la restauración. También el gobierno escogió la
continuación de la ruta por el modelo extractivista colonial del capitalismo
dependiente, siguiendo la huella de las castas criollas gobernantes. Cómo ambas
decisiones contrastaban elocuentemente con el mandato Constitucional, se optó
por un uso propagandístico de la Constitución sin asumir jamás sus contenidos,
ni tampoco mucho menos explicar las contradicciones evidentes del gobierno.
Como por decreto se dijo que ya somos un Estado plurinacional después de la
promulgación de la Constitución. ¿Por arte de magia? En otras palabras, se
renunció a la demolición del Estado-nación, se renunció a las transformaciones
estructurales e institucionales para construir el Estado plurinacional
comunitario y autonómico, se desecharon el pluralismo institucional, el
pluralismo normativo, el pluralismo administrativo y el pluralismo de gestión,
como transformaciones necesarias en la transición al Estado plurinacional. Se
cayó en la retórica estéril de la propaganda, también del teatro político y los
montajes, el doble discurso. Esto no podía sostenerse por mucho tiempo, cayó el
montaje como castillo de naipes. Después de las resoluciones de Tiquipaya se
hizo evidente que el gobierno no cumplía con las resoluciones, que ya eran
vinculantes para el Estado boliviano. Después de estas comprobaciones el
discurso boliviano en los foros internacionales ya no es creíble. Esta
diferencia se la puede comprobar en el contraste de la convocatoria boliviana
en las dos últimas cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático. En
Copenhague el presidente boliviano habla ante cien mil activistas y declara la
guerra al capitalismo en defensa de la madre tierra; en Cancún la delegación
boliviana se queda sola, sin apoyo incluso de los países del Alba. El descrédito se ahonda con la medida de
nivelación de precios, con la introducción de dos artículos que tácitamente
aprueban los transgénicos en la ley de la revolución productiva, con el sinuoso
y represivo comportamiento del gobierno en el conflicto del TIPNIS.
El proceso está en
crisis y en peligro, pero ante esta crisis y el peligro cierran los ojos los
gobernantes, el MAS, los funcionarios, los dirigentes campesinos. Llama la
atención que incluso cierran ostensiblemente los ojos a quienes se consideraron
como intelectuales críticos, que fueron en su momento críticos. ¿Por qué
dejaron de serlo? ¿Sólo por el hecho de que se encuentran ocupando la función
pública? ¿Por el hecho de ser funcionario se pierde la condición de crítico? De
todas maneras es ineludible la responsabilidad que se tiene con el proceso. El
proceso es producto de las luchas sociales, de las naciones y pueblos indígenas
originarios; el proceso pertenece a la gente que ha luchado en la guerra del
agua, en el bloqueo indígena campesino de la CSUTCB en septiembre del 2000, en
la guerra del gas del 2001 y en los acontecimientos de mayo y junio del 2005,
en los múltiples movimientos sociales que atravesaron la sociedad, incluyendo a
los jubilados y prestatarios, pertenece a la gente que ha votado
consecutivamente a favor apostando por el proceso. El proceso no le pertenece
al MAS, no le pertenece al presidente, ni al vicepresidente, no les pertenece
mucho menos a los funcionarios. Esta responsabilidad por el proceso exige la
crítica y el debate colectivos. Incluso siendo funcionario la persona que se
considera comprometida con el proceso tiene que optar, o ser cómplice del derrumbamiento,
aplaudiendo como “lluncu” las barrabasadas del gobierno, o ser crítico y poner
en mesa los problemas, por lo menos para su discusión. Pero esto no se hace, se
ha preferido recurrir al guion prestablecido, al esquema simplón de que si no estás
conmigo estas con la derecha, eres mi enemigo.
Llama a atención que esta pose se parece mucho a la lanzada por el
presidente estadounidense Busch después del ataque a las torres gemelas.
Un esquema simplón
No dejan de
sorprender la expuesta y ostensible debilidad de las argumentaciones del
gobierno en todo el debate en torno al TIPNIS. También no deja de dejar una
sensación de pena cuando se observan los exacerbados esfuerzos desesperados de
los funcionarios por querer defender a su gobierno, mostrando más celo que
lógica. Da tanta pena y tristeza como la huella de desolación que dejó la
marcha del CONISUR. Toda la estrategia comunicacional del gobierno, su cuadro
de respuestas al conflicto, se basan en un esquema simple e inocente. Hay
derecha e izquierda, nosotros los del gobierno somos, desde luego, la
izquierda; los que nos critican son de derecha. Sobre todo los que nos critican
en el tema de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, debido a que
los que critican la construcción de la carretera están contra el desarrollo. El
desarrollo es también un derecho de los indígenas. Los temas ambientalistas han
sido manejados por ONGs, detrás de esta estrategia ambientalista está la sombra
de la embajada estadounidense y la efectiva intervención de USAID. Esta
incumbencia se ha comprobado con el apoyo a la VIII marcha indígena de parte de
la derecha, la gobernación de Santa Cruz, los ganaderos asentados en las
proximidades del camino y recorrido de la marcha, incluso han apoyado a la
marcha empresarios privados. Ahora que hay una ley de consulta para que decidan
las comunidades del TIPNIS, nuevamente se ponen en contra; todo esto por atacar
al gobierno que cumple con la Constitución y los convenios internacionales. Las
organizaciones indígenas están con la derecha, han firmado un convenio con la
gobernación de Santa Cruz. “Dime con quien andas y te diré quien eres”. Este es
el refrán de sentido común que se utiliza para descalificar a los dirigentes
del CIDOB, creyendo que tiene alguna proyección desde la vida cotidiana a la
vida política, como si esta certeza popular sobre las relaciones personales
pudiera proyectarse a los escenarios políticos. A este juego pueril de argucia
hogareña se ha reducido la discusión.
Este esquema simplón
ha sido usado una y otra vez por la propaganda del gobierno y por los
funcionarios celosos que hacen gala de repetir lo mismo. El esquema utilizado
es extremadamente estrecho y pobre. Una de sus más grandes debilidades radica
en que no toma para nada en cuenta el tiempo político ni la perspectiva
histórica. Están lejos de hacerse preguntas si tiene sentido seguir usando el
esquema parlamentarista francés de izquierda y derecha, cuando la misma
escenografía del congreso francés comprende además a la montaña, los más
radicales, y los del llano, los oportunistas. Incluso si se usa el esquema
reductivo, no se puede suponer que la izquierda y la derecha son entidades
invariables, abstractas y a-históricas, como si no tuvieran nada que ver las
posiciones que se toman respecto a determinados problemas, como si la política
no estuviera al interior de procesos que
se desplazan y transforman en el
periodo y las coyunturas. Derecha e izquierda son referencias a
posicionamientos en las distintas coyunturas de un proceso histórico. La
derecha tradicional, por así decirlo, fue derrotada en el Pando, después del
conflicto del Porvenir. Su derrota política y militar se corrobora en las
elecciones del 2009, cuando no sacan ni siquiera un tercio de los representantes
de la Asamblea Legislativa. Después de esta derrota, en el lapso de la segunda
gestión de gobierno, la conducción política escoge un derrotero de
enfrentamiento con el pueblo y con las naciones y pueblos indígenas
originarios. Lanza una medida de shock monetarista de nivelación de precios en
relación a los carburantes y hace evidente en el conflicto del TIPNIS su
acuerdo con el gobierno brasilero, con la empresa constructora OAS, saltando
las normas de contratación de bienes y servicios, violando la Constitución, sin
efectuar la consulta y consentimiento previo libre e informado, cuando lo debía
hacer. Estos enfrentamientos, el levantamiento popular contra la medida llamada
popularmente gasolinazo, el apoyo del pueblo boliviano a la defensa del TIPNIS,
sobre todo el recibimiento de un millón de paceños a los marchistas, muestran
empíricamente la situación y la posición del gobierno. Ha cruzado la línea, se
encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo y a las naciones y
pueblos indígenas. ¿Cómo se describe esta posición? ¿De izquierda? ¿De derecha?
Según los funcionarios defensores, sigue siendo de izquierda. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Es imposible sostener que
la supeditación a las empresas trasnacionales del petróleo, el compromiso con
la empresa corrupta OAS, el ataque al territorio indígena y parque
Isiboro-Sécure, la violencia contra la VIII marcha indígena, la restauración
del Estado-nación, la opción por el modelo extractivista sean posiciones de
izquierda.
Como todos conoces
el conflicto del TIPNIS, la VIII marcha que llegó a la ciudad de La Paz, el
apoyo multitudinario que recibió, obligaron al gobierno a aceptar el pedido de
la CIDOB de una ley en defensa del TIPNIS. La ley corta en defensa del
territorio indígena y parque Isiboro-Sécuré es una conquista de la marcha
indígena y pueblo boliviano, las organizaciones sociales, juntas de vecinos y
la COB que apoyaron la VIII marcha. Empero al poco tiempo, sin ningún rubor, el
gobierno prepara su contraofensiva, atizando el fuego en la región del Chapare
y en San Ignacio de Moxos para que las organizaciones cocaleras y las
organizaciones cívicas de San Ignacio de Moxos pidan la abrogación de la ley
corta. Lo que ha escrito con la mano lo quiere borrar con el codo. Prepara la marcha
del CONISUR, organización del polígono siete, de la zona de avasallamiento del
TIPNIS, que no pertenece a la TCO del TIPNIS, ocupada por productores de la
hoja de coca y nueve comunidades yuracares, cuyas familias decidieron renunciar
a la TCO, convertirse en propietarios privados y productores de coca. Los
sindicatos del CONISUR están afiliadas a las federaciones cocaleras del
Chapare. En otras palabras, la marcha del CONISUR no tiene ninguna legitimidad
para decidir sobre el TIPNIS, sobre si pasa o no la carretera por el núcleo del
TIPNIS, si hay que hacer una consulta extemporáneo o no, pues el territorio de
la TCO del TIPNIS no les pertenece. Sin embargo el gobierno sigue su estrategia
de montaje y manipulación, incluso a pesar que la marcha del CONISUR resulta
desacreditada desde un principio y sin apoyo de la población, que optó por la
indiferencia absoluta.
Sobre este montaje
el gobierno intenta en principio abrogar la ley corta, a pedido de los del
CONISUR. Lo que resultó que no ser tan fácil, al enfrentar las críticas de
organizaciones sociales, de la opinión pública, además de las organizaciones
indígenas y los organismos internacionales. En su embrollo encuentra un camino
laberíntico para continuar con el atropello a los derechos de las naciones y
pueblos indígenas. Se inventa una consulta extemporánea a la que le pone el
nombre de consulta previa, creyendo que todos pueden creer que se trata de la
consulta previa libre e informada sólo con ponerle el nombre. Este cuestionario
del gobierno, que introduce dos preguntas que le preocupan, sobre la
intangibilidad del territorio y sobre la carretera, no cumple con las
condiciones, los requisitos, las características, la estructura y el concepto
de lo que es una consulta y consentimiento previo libre e informado
establecidos claramente el los convenios internacionales, Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos
indígenas, tampoco cumple con lo establecido en la Constitución en los que
respecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así
como en lo que se refiere a la consulta previa. Obviamente además de ser
extemporánea, pues el contrato de la carretera y el diseño, además de la
adjudicación a la empresa constructora OAS se la efectuó el 2008.
Ante estos hechos
evidentes los funcionarios defensores de los procedimientos escandalosos del
gobierno no se inmutan, prosiguen con la repetición ritual del mismo discurso,
del mismo esquema simplón, ahora
haciendo esfuerzos denodados contra toda lógica de demostrar que el
cuestionario del gobierno es una consulta previa y cumple con la Constitución y
los convenios internacionales. ¿Cómo pueden hacer esto? Desconociendo el
contenido de los convenios internacionales, desconociendo el contenido de la
Constitución, citando partes intrascendentes, sin análisis, sin interpretación
del conjunto de los textos, del sentido de los mismos y de su espíritu
normativo. Esta no es solamente una manipulación bastante bochornosa sino la
expresión más calamitosa de la decadencia, del descrédito y de la
deshonestidad. No es necesario caer tan bajo para defender al gobierno; se lo
puede hacer recurriendo a otros argumentos, de carácter más bien pragmático.
Estos argumentos
pragmáticos tienen que ver con la recurrencia al discutido e interpelado
imaginario del desarrollo. Cuando se escucha hablar a los funcionarios de lo
que se trata es del desarrollo, de los beneficios del desarrollo para las
comunidades indígenas del TIPNIS, que viven en condiciones miserables, llama la
atención que lo hagan funcionarios de los que se creía que habían cuestionado
estas ilusiones de las castas y elites criollas republicanas, que se creía que
habían entendido y participado en la idea del modelo alternativo del vivir
bien, de lo que significa la construcción del Estado plurinacional comunitario
y autonómico, construcción que exige transformaciones estructurales e
institucionales que hasta ahora no se han dado. Empero es esto lo que se ve,
una renuncia a la crítica, una renuncia práctica a la Constitución, a la
construcción del Estado plurinacional y al modelo civilizatorio alternativo del
vivir bien. Prefieren defender la ruta del barco al naufragio, aplaudir este
derrotero a la muerte del proceso, ciegamente, que optar por la necesaria
reconducción del proceso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por obediencia? ¿Por mantenerse
en sus puestos?
Lo que esta en juego es el proceso
El tema de fondo de
este debate es que se trata del destino del proceso. ¿Vamos a dejar que se
hunda el proceso por el choque insoslayable de las profundas contradicciones
que contiene? Ciertamente todo proceso, toda revolución contiene
contradicciones; de lo que se trata es de resolver estas contradicciones en el
sentido de la profundización del proceso, no en el sentido de la regresión y de
la restauración, con el triste argumento de que se trata de tensiones
creativas. Todo el que se cree revolucionario debería saber que las
contradicciones son parte de los procesos, que además llegan momentos de
encrucijada del proceso mismo, donde hay que decidir por donde se va. Por la
profundización del proceso o por la administración dilatada de la crisis del
Estado-nación, que conlleva a mantener el modelo extractivista colonial del
capitalismo dependiente. No debería sorprenderlos que lleguen estas
encrucijadas, estos puntos de alta tensión y por lo tanto de debate. Sin
embargo, con la amnesia que corresponde a un marcado oportunismo, olvidan las
lecciones históricas y pretenden hacer creer a la gente que la lucha es contra
una derecha que ha muerto, como si la derecha fuera una esencia metafísica,
abstracta, fuera de la historia, un mal, la expresión del mal. Así piensan los
moralistas más recalcitrantes de las religiones monoteístas. En realidad pelean
contra los fantasmas de una derecha ya muerta; lo que no pueden ver los
funcionarios es que la derecha efectiva es una posición conservadora y
reaccionaria frente a determinados problemas fundamentales, que en derecha
puede convertirse el gobierno precisamente por que opta por posiciones conservadoras
y reaccionarias frente a estos problemas fundamentales. Ante la responsabilidad
de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, ha preferido
restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Ante el modelo alternativo al
capitalismo, la modernidad y el desarrollo, como dicen las resoluciones de
Tiquipaya, ha preferido continuar y extender la amplitud del modelo
extractivista. Ante la defensa de los derechos de la madre tierra –hay una ley
corta de los derechos de la madre tierra aprobado por la Asamblea Legislativa y
promulgado por el gobierno, hay un proyecto de ley de la madre tierra que
espera ser atendida por los legisladores -, ha optado por ampliar la frontera
agrícola, por la depredación y la destrucción ecológica, recurriendo a ingenuos
argumentos del imaginario desarrollista. Estas opciones del gobierno lo
convierten en la derecha real, practica, efectiva, frente a la re-emergencia de
los movimientos sociales y la lucha de las naciones y pueblos indígenas
originarios.
En este
posicionamiento del gobierno hay un nuevo reacomodo de alianzas. Los aliados
del gobierno son precisamente la burguesía recompuesta, los nuevos ricos, los
banqueros, los agroindustriales y los terratenientes. Todos ellos coinciden con
la ruta tomada por el gobierno, modelo extractivista, ampliación de la frontera
agrícola, restauración del Estado-nación, suspensión del saneamiento de tierras
por cinco años, suspensión de la reversión de tierras por no cumplir con la
función económico social y por desmontes ilegales. Estos últimos acuerdos se
los tomaron en la Cumbre Social, donde asistieron los empresarios privados. Es
esto lo que cuenta en el análisis, el comportamiento de las clases sociales, no
los fantasmas de una derecha muerta. Aunque queden resabios de la derecha
tradicional en la Asamblea Legislativa y en la gobernación de Santa Cruz,
aunque estos resabios intenten aprovecharse de las marchas, esto no cambia el
estado de la correlación de fuerzas. Estos resabios de la derecha tradicional
está desubicada, quiere seguir peleando a la antigua, como lo hacía, contra el
gobierno de la primera gestión, cuando, ahora, en el contexto de las nuevas
alianzas, su clase social, la clase a la que representa es ya aliada del
gobierno. Otros desubicados son estos funcionarios defensores del gobierno que
creen que el tiempo político no pasa, que el proceso se ha detenido en la
coyuntura del conflicto con la derecha tradicional; no observan los hechos, los
acontecimientos, de las recientes etapas del proceso. No atienden a las
contradicciones. Prefieren quedarse en la apología y propaganda del gobierno a
pesar de los grandes contrastes entre su discurso y la realidad.
Espesores de una coyuntura candente
Expediciones públicas y ocupación militar del TIPNIS
Una coyuntura candente
La coyuntura reciente, caracterizada por la
nueva situación del conflicto del TIPNIS, viene dibujada por la aprobación de
la ley de consulta extemporánea por parte de la Asamblea Legislativa y su
promulgación por parte del presidente. En este nuevo escenario, que es como el
exordio de la pretendida aplicación del
cuestionario gubernamental - por que eso es, un cuestionario que introduce dos
preguntas, una sobre la condición de intangibilidad y otra sobre la carretera
que atravesaría el territorio indígena y parque en cuestión -, el gobierno,
haciendo gala de una manifiesta inseguridad, que no puede esconder, ha mandado
a la armada al TIPNIS. La armada ha ingresado al territorio indígena surcando
los ríos Sécure y el Isiboro con barcos cargados de vituallas, con el objeto de
distribuirlos entre los comunarios de la TCO del TIPNIS, comprometiendo su voto
a favor de la carretera. Esta acción de chantaje es una flagrante violación de
una de las clausulas de la consulta con consentimiento, previa, libre e
informada, clausula que establece que no puede haber coerción. Este
despropósito se suma a la ya descalificada consulta extemporánea por no cumplir
con la estructura conceptual de una consulta previa, libre e informada. En esa
dirección de intervención, presión y chantaje ya se han instalado campamentos
militares, mostrando claramente la decisión del gobierno de ocupar militarmente
el territorio indígena antes de la aplicación del cuestionario. En esta alevosa
acción en la que estarían comprometidos, además del ejecutivo, la asamblea
legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral, violando descaradamente
la Constitución, en cumpliendo de las ordenes del gobierno. Estamos entonces
ante una ocupación militar y ante la virtualidad de una “consulta”
militarizada.
Esta acción desmedida de coerción y
demostración de fuerza es una declaración de guerra del Estado-nación, que
debería haber muerto, contra el Estado plurinacional comunitario y autonómico,
que no ha podido nacer. Una declaración de guerra a las naciones y pueblos
indígenas originarios, como en los tiempos violentos del colonialismo y de la
expansión de la frontera controlada de la república criolla. El Estado-nación
no acepta los territorios indígenas, tampoco las autonomías indígenas, así como
la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas
originarios, como establece la Constitución. El Estado-nación no puede
coexistir con la Constitución y menos cumplirla, pues esta Constitución
corresponde al Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta contradicción profunda no se puede
resolver sino violando la Constitución, colocándola como fantasía discursiva, y
por último, en los momentos mas fuertes de la contradicción y confrontación
contra los pueblos indígenas y los movimientos sociales que defienden la
Constitución, desconocerla, no sólo prácticamente, como se lo ha hecho hasta
ahora sistemáticamente, sino incluso explícitamente, declararla inviable. Este
momento descarnado, de desnudamiento de todos los disfraces puede llegar.
Indudablemente hemos llegado a uno de los
momentos más contradictorios del proceso, uno de los de mayor confrontación,
entre gobierno y naciones y pueblos indígenas, entre gobierno y pueblo
boliviano, entre el proyecto político de la Constitución y el proyecto
extractivista del gobierno. Este momento de confrontación de fuerzas viene
definido por la IX marcha indígena. Lo que pueda pasar con esta marcha mostrara
los alcances de la intensidad de la lucha. Ya se evidenció la intensidad del
conflicto en la VIII marcha indígena, sobre todo en el momento de la descomunal
violencia desatada por el gobierno contra la marcha indígena, en las
circunstancias mismas de la intervención policial y de otras fuerzas de apoyo,
incluyendo a extranjeros. En el nuevo escenario, el definido por la preparación
de la IX marcha, las organizaciones indígenas se juegan quizás la carta más
importante para reconducir el proceso; el gobierno también se juega su carta
para consolidar su proyecto extractivista. Esta es una de las razones por las
que acude el gobierno a una ocupación militar del TIPNIS.
Ensamblando esta estrategia de ocupación
militar, el Estado-nación, utilizando la complicidad ilegítima del órgano
judicial, ha desatado toda una persecución a los dirigentes indígenas,
participes de la VIII marcha, con acusaciones falsas, mientras hasta ahora no
ha hecho nada para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de los
hechos violentos acaecidos en el puente San Lorenzo en contra de la marcha indígena,
acción represiva repudiable, realizada como acción punitiva por parte de la
policía. Mucho menos se le puede pedir a este órgano judicial cómplice, alejado
de sus funciones y convertido en un aparato de represión más, que identifique a
los responsables de dar la orden de la represión de la marcha, aplicándoles las
leyes por haber violado los derechos fundamentales, como corresponde en estos
casos.
En este contexto las organizaciones indígenas
han convocado a reuniones y encuentros de emergencia. La primera resolución de
la CPEM-B denuncia esta violencia legal descargada contra las organizaciones
indígenas. La segunda resolución de la CPEM-B denuncia el agraviante
desconocimiento a las organizaciones matrices indígenas por parte del gobierno;
por otra parte repudia y desconoce a dirigentes comprometidos con estas
maniobras gubernamentales, desconoce
al Subgobernador de la Provincia Mojos, al
alcalde del municipio de San lgnacio, a la presidenta del
Concejo Municipal de San lgnacio y a los asambleístas Indígenas departamentales. Esta resolución también denuncia la
inconstitucionalidad ley 222 promulgada por el presidente, la llamada ley de
consulta, expresión normativa de la violación de los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios. También denuncia que el Gobierno amparado en la ley 222 viene desplegando una campaña
deshonesta promoviendo la división orgánica en nuestros territorios a través
del chantaje, prebenda y compra de conciencia de los comunarios, mediante el
ingreso de comisiones encabezadas por las autoridades antes mencionadas, sin el
consentimiento de las autoridades naturales del territorio.
En resumen se puede observar que a esta invasión civil le ha seguido la
ocupación militar, ambas expediciones concurren con el objeto de efectuar
coerción y presionar a las comunidades, buscando obligar una votación a favor
de la carretera depredadora. Estas acciones gubernamentales son una
consecuencia de toda la política sinuosa que ha seguido el gobierno en torno al
conflicto del TIPNIS.
Tomando en consideración estos sucesos, la CPEM-B rechaza y condena la
franca violación de los derechos de propiedad comunitaria del TlPNlS, los
derechos de la TCO; así mismo, las comunidades reunidas, rechazan la
desenfrenada actitud de saltar por encima de las estructuras orgánicas de los
pueblos indígenas. Esta actitud
violatoria de derechos y de representaciones es calificada como maniobra flagrante ejecutada por personeros del gobierno en
coordinación con las autoridades departamentales y locales, municipio y
sub-gobernación. Esos funcionarios públicos han ingresado
al territorio indígena con la excusa
expresa de un supuesto plan de apoyo al desarrollo. Se denuncia entonces que lo
que persiguen estas expediciones punitivas y de propaganda es presionar a las
autoridades de las comunidades mediante prebendas y apoyos, buscando su apoyo a
la construcción de la carretera; estas presiones están encaminadas a preparar
la inducción de los resultados de la supuesta "consulta previa".
Estas resoluciones se aprobaron el 25 de
febrero de 2012 en una Reunión Orgánica de Emergencia de la Central de Pueblos
Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), en presencia de la CIDOB y la Confederación
Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Esta reunión de emergencia, la
visita de los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y de la CIDOB a las comunidades de la TCO del TIPNIS, para
recabar información, difundir y explicar el contenido y los alcances de la ley
corta de defensa del TIPNIS, forman parte de la resistencia de las comunidades
indígenas al avasallamiento legal y práctico por parte del gobierno y la
armada. También forma parte de la voluntad y determinación de realizar la IX
marcha indígena en defensa de la madre tierra, los territorios indígenas y la
Constitución. La CIDOB y el CONAMAQ han rechazado la ley 222 y han ratificado
la defensa de la ley 180, la ley corta, además de sumarse a la IX marcha. La
COB ha sacado una resolución en el sentido de apoyar la IX marcha indígena.
Puede verse en todo esto una realineamiento y acumulación de fuerzas. La
convocatoria está abierta al pueblo boliviano que ha apoyado la VIII marcha y
la defensa del TIPNIS.
Después de la conquista lograda por la VIII
marcha, al haber arrancado la ley 180 al gobierno, ley en defensa de TIPNIS,
además de haber aclarado en un reglamento acordado con el gobierno el
significado de la intangibilidad, las organizaciones indígenas, las
organizaciones sociales que apoyaron la defensa del TIPNIS, la COB y el pueblo
boliviano enfrentan la nueva coyuntura, signada por la ley de consulta
extemporánea y por los preparativos de la IX marcha indígena. En esta coyuntura
los alcances de la lucha y de la convocatoria son mayores; ya no se
circunscribe la movilización sólo a la defensa del TIPNIS sino que ahora se
asume la responsabilidad de la reconducción del proceso, además de contener la
convocatoria a todo el pueblo para la defensa de la constitución y del proceso
contra un gobierno que se ha convertido en un contra-proceso. Esto implica
también tomar en cuenta las reivindicaciones de los sectores populares urbanos.
La agenda de la IX marcha es más amplia que la VIII marcha. El nivel de
confrontación es mayor, las perspectivas de la lucha han alcanzado gran
intensidad, convirtiendo a los desenlaces posibles en decisivos para el
proceso.
Se entiende que en este enfrentamiento el
gobierno también se juega su proyecto extractivista; por eso la movida de todos
los recursos al alcance, legales, civiles, militares, políticos y
comunicacionales. El pueblo boliviano, que ha peleado por el proceso durante
seis años de luchas semi-insurreccionales, que ha votado consecutivamente en
las elecciones, apostando por el proceso y la Constitución, tiene una gran
responsabilidad histórica en esta coyuntura, quizás decisiva para el proceso.
Sólo una movilización general, una decisión multitudinaria, una voluntad
colectiva, en defensa del proceso, por la reconducción del proceso, en defensa
de la madre tierra y la Constitución, puede cambiar el curso de los
acontecimientos. Eventos empujados por el gobierno a la restauración del
Estado-nación y hacia la ampliación y extensión del modelo extractivista
colonial del capitalismo dependiente; vía que conduce al desastre y a la muerte
del proceso. Sólo una movilización general puede revertir la tendencia política
dominante de claudicación, y lograr un punto de inflexión, recuperando los
objetivos caros de la descolonización y la transformación estructural e
institucional, puede lograr la profundización y la radicalización del proceso.
Hay en la historia momentos decisivos,
momentos de exigencia, de convocatoria desde las profundidades mismas de la
memoria colectiva de las luchas, para decidir precisamente el decurso de la
historia, para construir historia desde el anhelo mismo emancipatorio,
escapando de los condicionamientos impuestos por las estructuras del poder y
del Estado. Este es uno de esos momentos. Que se acuda a esta convocatoria
depende de la conmoción profunda de nuestro ser, que podamos comprender la
peligrosidad del momento y por lo tanto de la necesidad de la intervención de
los movimientos sociales anti-sistémicos, las masas, las multitudes, las
naciones y pueblos indígenas, el proletariado, los sectores populares, el
pueblo boliviano. Se trata de entender que el gobierno se ha dejado atrapar por
relaciones y estructuras de poder dominantes en el mundo, en la región y en el
país, que se ha convertido en un engranaje de estas relaciones de poder, que ya
no tiene voluntad propia, que su determinación responde a lógicas de poder
establecidas y efectivas, que no han sido desmontadas. Que esta situación no
puede ser una sorpresa, pues forma parte de las contradicciones del proceso, de
todo proceso, de los desafíos políticos de las dramáticas y desgarradoras
transiciones. Por eso mismo los movimientos sociales deben estar preparados
para asumir los desafíos y responder a los mismos con la potencia social, con
los saberes colectivos, la voluntad general, las capacidades y facultades
multitudinarias, como inmanencia del ser social, enfrentando al poder
instituido.
Ahora bien, no siempre las masas y las
multitudes han podido responder a estos desafíos; en las experiencias
colectivas de las revoluciones que no lo han hecho, cuando los pueblos no han
sabido responder a estos retos, las revoluciones en cuestión se han hundido en
le fragor de sus contradicciones, sin que los explotados, que se
insurreccionaron abriendo el proceso, puedan en el momento decisivo responder.
En estos casos, las multitudes se encuentran aisladas por el propio Estado, por
los gobernantes y por sus propios dirigentes cooptados y conformistas; por lo
tanto, en consecuencia, se encuentran desplazadas de la decisión y de la
incidencia, sin poder quebrantar el curso de los acontecimientos, que se
desembocan como caballos enloquecidos a la muerte.
Estas consideraciones develan que es
indispensable la difusión, el compartir, la discusión, la reflexión y el
análisis colectivos de estos problemas. La construcción de saberes colectivos
críticos, subversivos e insurreccionales es un acontecimiento experimentado por
vivencias compuestas, combinadas e integradas, intensas y liberadoras. Esta
elucidación colectiva forma parte de la cohesión de las organizaciones
involucradas, de las organizaciones y coordinaciones que se formen en el curso
de las luchas. Forma parte del potenciamiento mismo de la movilización
constitutiva e instituyente del nuevo mapa de fuerzas donde se sostendrán las
nuevas relaciones y estructuras pluralistas. Esta, la participación y asamblea
colectivas y comunitarias, es entonces la tarea inmediata de preparación de la
IX marcha.
El mapa de fuerzas
En esta breve exploración de los
acontecimientos coyunturales queda un tema pendiente que discutir, el de otras
fuerzas distribuidas en el contexto del acoplamiento del momento. Ya no
hablamos aquí de las fuerzas propias, sino de las fuerzas ajenas, no de las
fuerzas indígenas y populares, sino de las fuerzas que han sido caracterizadas
como opuestas al proceso constituyente; una de estas fuerzas corresponde a la
derecha tradicional. En la VIII marcha se ha visto su interés de apoyar,
ciertamente con sus propios objetivos, intereses distintos, en contra del
gobierno. Esta derecha busca la oportunidad para reponerse de la derrota
contundente sufrida en Pando después de los acontecimientos sangrientos del
Porvenir, derrota rarificada en el claro descalabro electoral de las elecciones
de 2009, sin poder lograr ni siguiera un tercio de la representación del
Congreso. Esta derecha tradicional ha quedado hecha añicos. Es de esperar que
esta derecha también se encuentre ansiosa de volver a apoyar la novena marcha,
quizás intentando una mayor incidencia. Eso trató de hacerlo en la VIII marcha, empero las organizaciones
indígenas no le permitieron de ninguna manera participar. Lo que hizo esta
derecha es apoyar en vituallas y alimentación, aunque no fue la parte ni la
proporción preponderante de la logística de la marcha. El apoyo
proporcionalmente importante de la marcha fueron las redes de apoyo de las
propias organizaciones indígenas, las ONGs de izquierda, también las
organizaciones humanitarias, así como las instituciones de la cooperación
internacional y de derechos humanos, además de los múltiples grupos de
activistas ecologistas, ambientalistas, feministas, antisistémicos, y sus redes
de comunicación; este apoyo fue preponderante en el armado de la logística de la
marcha.
El gobierno, de manera infantil, ha tratado
de desinformar al respecto, acusando a los dirigentes de tener compromisos con
la derecha o de hacer la jugada a la derecha. Como si no fuera real el
conflicto del TIPNIS, como si no se tratara de una TCO protegida por la
Constitución, de un parque protegido por las leyes, como si no se hubieran
constitucionalizado los derechos indígenas; es decir, como si no hubiera ningún
problema. Este es el nudo del cuestión, este es el referente de realidad, no la
delirante imagen que tiene el gobierno de lo que ocurre; imagen paranoica,
sostenida en la tesis débil de la conspiración. Esta propaganda lamentable le
cerró los ojos al gobierno, retraído en su propio laberinto, de tal forma que
no pudo ver el mapa de los hechos; tampoco lo hace ahora, no solamente debido a
su propia contradicción inherente, que a estas alturas ya no se les puede pedir
que comprendan, sino por la propia magnitud del problema. En estas condiciones,
obviamente no puede descifrar las razones del apoyo de la ciudadanía al TIPNIS.
En estas circunstancias de retraimiento paranoico, no se les puede pedir a los del gobierno que
reconozcan públicamente sus compromisos con la burguesía recompuesta y los nuevos
ricos, menos sus compromisos con las empresas trasnacionales, la empresa
constructora OAS y el gobierno brasilero. Los hechos muestran que, a estas
alturas de la regresión de la dirección del proceso, se trata de un gobierno
que administra los intereses de la burguesía recompuesta, de los terratenientes,
de los banqueros, de los nuevos ricos y de las empresas trasnacionales. En este
sentido la dilucidación de lo que es derecha ha cambiado; hay una nueva
derecha, una burguesía recompuesta, nuevos ricos, además del propio gobierno
que ha optado por el Estado-nación y el modelo extractivista. Esta nueva
derecha es el termidor de la revolución plebeya e indígena, quiere detener el
proceso en su momento incierto, donde ha llegado vadeando sus contradicciones,
quiere acabar con el proceso ahí, en el sitio indefinido y ambiguo del
discurso, en la mera aprobación de la Constitución, buscando que ésta no pueda
aplicarse. Esta es la derecha efectiva, peligrosa, con incidencia política, no
la derecha tradicional, que ciertamente nunca va a dejar de conspirar, pero que
en el momento no tiene fuerza como para reincidir.
El análisis de coyuntura, el análisis de
contexto, el análisis de las fuerzas involucradas, nunca va a poder ser
reducido a la trivialidad del esquema inocente de un dualismo simplón, de que sólo
hay una derecha, por un lado, y una izquierda, por otro lado. En el contexto,
en la cartografía espacial y temporal, hay más fuerzas, un mapa de fuerzas, hay
una variedad de posiciones, que deben ser analizadas y evaluadas en el decurso
mismo de las coyunturas y el proceso. Concretamente, fuera de la derecha
tradicional, correspondiente a las oligarquías regionales, derecha que ahora se
ha reducido a débiles representaciones políticas, tanto en el congreso como en
una gobernación, ha aparecido en el mapa de fuerzas la distribución del
posicionamiento de una nueva derecha, de una nueva fuerza conservadora
efectiva. Esta nueva derecha puede ser interpretada, en realidad, como una
nueva alianza de fuerzas conservadoras, en la perspectiva del proyecto extractivista.
Esta alianza está compuesta básicamente por la relación comprometida del
gobierno con los estratos de la burguesía; clase económicamente dominante que
ha sido la que más se ha beneficiado frugalmente en las dos gestiones de
gobierno popular. Componen esta burguesía renovada los agroindustriales, los
terratenientes, los comerciantes, los banqueros, los nuevos ricos, los grandes
contrabandistas y los grupos de los tráficos lícitos e ilícitos. A este
conglomerado o bloque conservador se lo puede llamar nueva derecha; esta
caracterización se debe a las posiciones
claramente evidentes contra la Constitución, contra las transformaciones
estructurales e institucionales y contra los caros objetivos del proceso. Esta
nueva derecha quiere limitar, delimitar y detener el proceso en el lugar
incierto donde ha llegado; servirse de las imágenes mismas del proceso,
investirse de ellas, suplantando a los movimientos sociales, para satisfacer
holgadamente con el cumplimiento de los intereses mezquinos de los grupos
dominantes. Lastimosamente en este
cuento han caído los dirigentes campesinos, cooptados por el gobierno,
perdiendo toda independencia de clase y de organización. De esta manera, hoy
por hoy, los campesinos se han convertido en la base social de legitimación
reducida de la conducción clientelar del gobierno.
Entre este bloque de poder, bloque de
sustento del proyecto extractivista, y el bloque indígena, nucleado básicamente
en las dos grandes organizaciones de tierras bajas y de tierras altas, la CIDOB
y el CONAMAQ, se encuentran una multiplicidad de fuerzas dispersas, que no
necesariamente actúan de manera conjunta y coordinada, aunque lo hicieron en el
apoyo a la defensa del TIPNIS. La COB es la principal organización de los
trabajadores y de los sindicatos obreros urbanos y de los centros mineros. La
COB tiene un pliego petitorio, que comprende varios puntos, fuera de las
reivindicaciones económicas; uno de ellos es el reclamo por su incidencia y
participación en el modelo productivo; otro es el que tiene que ver con los
derechos de los trabajadores y la abrogación de lo que queda del decreto
neoliberal 21060; y un tercero, de importancia, es la construcción de un
instrumento político de los trabajadores. En los escenarios abiertos por las
luchas sociales y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, la COB no
ha podido recuperar su protagonismo que tuvo en a historia política desde la
revolución de 1952 hasta la marcha por la vida en defensa de sus puestos de
trabajo, los centros mineros (1986). Sin embargo, podría recuperar protagonismo
político si atina a una alianza duradera con las organizaciones indígenas y el
pueblo boliviano en la defensa de la Constitución y del proceso.
Desde el primer año de gobierno (2006),
como a finales del mismo, se manifiestan
contradicciones complicadas entre los trabajadores mineros, entre los obreros
de las minas, dependientes de COMIBOL, y los cooperativistas mineros. Un
enfrentamiento en Huanuni deja más de una docena de muertos. Los
cooperativistas mineros, que suman como uno ciento cincuenta mil, son un
estrato de presión fuerte, en el espacio social de los trabajadores. Quieren
más concesiones mineras del Estado, entrando en contradicción con los obreros
de las minas, que responden a la empresa estatal minera. Este sector, una vez
enterado del contenido del proyecto del código minero se movilizó a La Paz
exigiendo modificaciones sustanciales, en la perspectiva de la preservación de
sus intereses. A lo largo de los años de la primera gestión de gobierno aparecieron
otros grupos gremiales, reivindicativos de intereses particulares, como los
involucrados en la compra venta de ropa usada, llamados los “ropavejeros”. En
esta tónica marginal también aparecieron otros grupos asociados, como los
compradores de autos usados, muchos de éstos internados al país por
contrabando, otros por robo. Este grupo concretamente pide nacionalización de
los autos chutos. A este pedido primero accedió el congreso y luego el
gobierno, aprobando y promulgando una ley conocida como la de los autos
“chutos”. En otra tónica, también subsisten, desde época neoliberal, grupos de
asociados como los jubilados, los beneficiarios de la renta de adultos mayores,
los desocupados, quienes piden fuentes de trabajo; también piden todos ellos
garantía institucional para sus jubilaciones, ampliación de la renta, puestos
laborales. Cambiando nuevamente de tónica, aparecen los nuevos sujetos de
derechos, respondiendo a la ampliación de derechos de la Constitución, como los
conocidos como discapacitados o de capacidades especiales. Este grupo exige un
bono apropiado y el cumplimiento de a Constitución. En otro nivel, se dan
también otras asociaciones, aunque sean más bien coyunturales, como la de
ciertas comunidades campesinas que exigen la propiedad de minas en sus
territorios, minas que muchas veces fueron tomadas por los propios comunarios.
En contraste, también se asociaron los obreros mineros de empresas privadas,
quienes exigen al gobierno garantías para el funcionamiento de sus centros
trabajo y el respeto a la propiedad empresarial. Como se puede ver, estamos
ante una lista que se puede ir ampliando, debido al estallido de conflictos
locales y específicos, pero, que en todo caso, expresa un mapa disperso de
fuerzas heterogéneas, que también se hallan puntualmente en conflicto con el
gobierno. Esta gama de reivindicaciones tiene que ser interpretada a la luz
misma de las contradicciones del proceso, no tanto así a partir de las propias
reivindicaciones particulares, pues no serían comprensibles políticamente.
Empero vale la pena ampliar el mapa de
fuerzas incorporando a organizaciones cívicas de carácter regional y municipal,
también a ciertas poblaciones limítrofes que disputan el control fronterizo de
recursos naturales. En esta ampliación del mapa de fuerzas hay que incorporar a
un comité cívico regional que se hizo famoso por el tipo de enfrentamiento que
tuvo con el gobierno, el Comité Cívico de Potosí, que planteó reivindicaciones
regionales de carácter departamental en el occidente boliviano. Este comité
cívico se encuentra vinculado a sectores populares y no así a sectores de las
oligarquías regionales, como era el caso de los comités cívicos de la llamada
“media luna”. Otra forma de asociación y de organización social, que también
hizo noticia, es la composición combinada entre sindicatos campesinos y juntas
de vecinos en la provincia de Caranvi; se conformó una especie de coordinación
de defensa de la provincia. Esta coordinadora hizo conocer su reclamo en torno a una planta de cítricos,
entrando en conflicto con la organización de colonizadores de Alto Beni.
Compartiendo problemáticas análogas, aunque no equivalentes, en la frontera
limítrofe departamental entre Oruro y Potosí también aparecieron conflictos
entre poblaciones y comunidades colindantes. Primero, la disputa estalló por la
ubicación del lugar de instalación de la planta de cemento, también por la
propiedad del cerro Porco, cerro que contiene los yacimientos apropiados, en
tanto materia prima, para el funcionamiento de la planta; después, otro
conflicto limítrofe se generó por el conflicto concurrente en torno a los
terrenos aptos para el cultivo de la quinua. Así también debemos ampliar estos
conflictos limítrofes a la región del Chaco, donde las poblaciones colindantes
entre Tarija y Chuquisaca se disputan la participación de los yacimientos del
campo Margarita; esto sobre todo por las regalías en cuestión y la distribución
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Todos estos conflictos deben
interpretarse a la luz de la condición autonómica de la Constitución.
En el dibujo del mapa de fuerzas también
tenemos que añadir a las juntas de vecinos metidas en conflictos municipales de
sus ciudades. Por ejemplo, el caso de la ciudad de El Alto es sintomático;
habiendo sido la ciudad heroica en la guerra del gas (2003), ciudad clave por
su colindancia con la sede de gobierno, se siente ahora una ciudad
menospreciada por el gobierno debido al incumplimiento de mandatos y
compromisos. La mayoría de El Alto considera que el gobierno no ha cumplido con
la Agenda de Octubre, que comprende además de la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización
de los mismos, evitando su exportación en condición de materias primas, además
del compromiso de instalación de gas domiciliario para consumo doméstico. Los
alteños consideran que ninguna de estas obligaciones ha cumplido el gobierno.
Es más, la juntas de vecinos ven con alarma el comportamiento del gobierno
respecto a los candidatos avalados por el MAS, saltando a las propias
selecciones barriales. Se montó una escandalosa maniobra para sacar a la
dirigente carismática Fany, castigada por ser crítica; incluso se llegó al
extremo de atentar contra su vida. Sacándola de en medio, primero se impuso a
un dirigente cuestionado por las bases, después a un candidato cuestionado por
la ciudad, candidato que sale elegido apenas, con una notoria disminución de
votos para el MAS, disputando esta posibilidad con una candidata joven de un
partido de minoría, caracterizado como de centro-derecha. Ahora el alcalde
elegido es cuestionado por
movilizaciones populares, que piden su revocatoria de mandato. La ciudad de El
Alto ha vuelto ha manifestarse pidiendo seguridad ciudadana ante la ola de
atracos y asesinatos de los llamados “cogoteros”. En otras ciudades también
aparecen conflictos locales, incluso menores, por ejemplo, conflictos provocados por reclamos de los vecinos en
relación a la desatención municipal al derrumbamiento de sus casas en la época
de lluvias, protestando contra la abandono de los gobiernos, tanto del gobierno
central como del gobierno autónomo municipal correspondiente. En la ciudad de
Santa Cruz también se han producido innumerables protestas, aunque de carácter
más grupal y barrial, más en el sentido de pronunciamientos que de
movilización, sobre todo en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Dicen que
la policía, el gobierno municipal, tampoco el gobierno central, las asambleas
legislativas, la central y la autónoma, no acuden a resolver la problemática
situación de vulnerabilidad de los ciudadanos debido a la expansión de la
delincuencia, atracos y asesinatos. En este marco de reclamos, también se hacen
conocer denuncias en relación al incumplimiento de obras y acusaciones de
corrupción.
Todo este conjunto de problemas son reales,
no son inventos de la conspiración de la derecha, como acostumbra decir el
gobierno, como acostumbra a desentenderse de los problemas. Este conjunto de
problemas civiles y sociales deben ser interpretados no sólo desde la
perspectiva puntual y descriptiva de los discursos y de los hechos, sino que
debe también ser analizados a partir de lo que podemos llamar y comprender, en
su integralidad, como crisis del proceso.
Espesores histórico-políticos y
económicos
Volvamos al tema del TIPNIS y también en
consecuencia de la IX marcha indígena. Ciertamente podemos ver que el conflicto
del TIPNIS además de ser un atentado contra un área protegida, protegida por
leyes ambientales, un atentado contra los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios, constitucionalizados, por ser territorio indígena,
también se ha convertido en un conflicto de magnitud. Esto debido a que el
conflicto muestra las contradicciones más profundas del proceso, desgarradores
contradicciones que ponen en cuestión la misma política implementada por el
gobierno, que no se parece en nada a los caminos propuestos por la
Constitución. Todo lo contrario, se parece a lo hecho por los gobiernos
anteriores, sobre todo en lo que respecta al modelo económico. No se trata de
aseverar de que se trata de un nuevo gobierno neoliberal; el problema no se
reduce a la continuidad del proyecto neoliberal. La lucha de los movimientos
sociales del 2000 al 2005 fue precisamente contra este modelo y las políticas privatizadoras.
El gobierno popular que se conforma después de las elecciones del 2005 inicia
un proceso de nacionalización y convoca a través del congreso a la Asamblea
Constituyente. No se puede decir que se trata de un gobierno neoliberal cuando
se abre un camino de fortalecimiento del Estado, de intervención del Estado en
la economía, de apoyo a las empresas publicas, de formación de empresas
públicas, aunque estas empresas públicas no hayan dado los resultados
esperados. El problema no se reduce a la identificación de cuánto del proyecto
neoliberal ha quedado, como es el caso de la presencia del decreto 21060, que
inicia en 1985 la implementación del modelo de libre mercado y de
competitividad, de privatización y de suspensión de los derechos sociales y de
los trabajadores. Tampoco de identificar la permanencia de la gravitación de
las empresas trasnacionales en las áreas estratégicas de los hidrocarburos y la
minería. La comprensión de la problemática de la dependencia exige la
visualización de condicionantes más profundas. El modelo apuesto al
neoliberalismo, el modelo nacionalista estatal, el modelo basado en las
nacionalizaciones y el control de los recursos naturales, si bien es de alguna
manera antagónico al proyecto neoliberal, no deja de ser también un modelo
liberal, pero sobre todo, no deja de ser también una modulación del circulo
vicioso de la dependencia. Esto se debe a la relación que tienen ambos modelos
contrapuestos con el paradigma del extractivismo. En la medida que repiten esta
relación con la extracción y explotación de los recursos naturales, exportando
materias primas al mercado externo, lo hagan de una forma o de otra, reproducen
las relaciones de subalternidad con el centro del sistema-mundo capitalista,
reproduciendo también la dependencia. En este sentido se dice, que el gobierno
popular hace lo mismo que los gobiernos que le antecedieron, sean
nacionalistas, liberales o neoliberales, reproduce el modelo extractivista
colonial del capitalismo dependiente.
Este es el problema de fondo; ¿cómo escapar
a la condena colonial del extractivismo? ¿Cómo escapar al círculo vicioso de la
dependencia? Mientras no se resuelva este problema, las diferencias entre el
modelo neoliberal y el modelo nacionalista estatal son importantes en lo que
respecta al control estatal y al impacto en los ingresos de una economía
rentista, pero estas diferencias no son lo suficientemente distintas en
relación al modelo extractivista. A la luz de esta vigencia colonial, de la
geopolítica del sistema-mundo capitalista, ambos modelos incluso pueden
intersectarse, mezclarse, con la consecuencia irremediable de continuar la
condena de la estructura de sometimiento, expiación de la articulación
extractivista con el mercado externo, que lleva irremediablemente a la subalternidad
de la dependencia. El proyecto de Estado-nación del nacionalismo revolucionario
no ha construido la base de la industrialización, se ha limitado a recuperar
para el Estado los recursos mineralógicos, los yacimientos y centros mineros,
entregando en cambio los recursos hidrocarburíferos a una empresa trasnacional
norteamericana, la Gulf Oil. Los nacionalismos militares han seguido la misma
ruta con mayor o menor intensidad; el general David Toro[23]
nacionaliza la Standard Oil en 1937 y funda Yacimientos petrolíferos Fiscales
Bolivianos; el general Ovando Candia[24]
nacionaliza la Gulf Oil en 1969 y el general Juan José Torres[25]
nacionaliza la mina Matilde en 1971. Aunque podríamos anotar una pequeña
diferencia en lo que respecta a ciertas medidas de la gestión de Ovando Candia,
pues en su gobierno se apuesta a un proyecto largamente anhelado, la
metalurgia, la fundición de estaño[26], si
bien este proyecto por sí solo no basta para armar una base industrial de las
materias primas minerales, menos para convertirse en la plataforma de la
revolución industrial en Bolivia. En todo caso, en general, los nacionalismos
no pudieron salir del modelo extractivista. Ciertamente, como se ve,
distinguimos estos gobiernos militares nacionalistas de otros gobiernos
militares francamente entreguistas; no hablamos de gobiernos militares
supeditados a la geopolítica de la dominación estadounidense, embarcados,
como otros gobiernos latinoamericanos,
en la lucha contra el comunismo, respondiendo al marco condicionante de la guerra fría, guerra inventada por las
potencias vencedoras de la segunda guerra mundial. Este es el caso de gobiernos
militares como los del general René Barrientos Ortuño[27] y
después del general Hugo Banzer Suarez[28]. Estos
gobiernos militares pro-imperialistas asumieron una política entreguista y
tempranamente de desnacionalización, adjudicando las reservas fiscales de
COMIBOL a la minería mediana, como ocurrió durante el gobierno de Barrientos, y
aprobando el Código del Petróleo, que abre las compuertas de los recursos y las
reservas hidrocarburíferas a las empresas trasnacionales, como ocurrió durante
el gobierno de Banzer.
Este es el problema de fondo, las
condicionantes estructurales del extractivismo, que genera el círculo vicioso
de la dependencia. No es fácil escapar a esta condena estructural de larga
duración; no han podido hacerlo los gobiernos nacionalistas. Este anclaje
gravitante en el extractivismo no sólo acontece en el país, es una
característica común en las periferias del sistema-mundo, acontece en Sud
América; incluso en un caso tan promisorio como la emergencia industrial de
Brasil, el problema del extractivismo parece irradiarse tanto en las formas de
su antigua condición como en la nueva, el neo-extractivismo. Ha emergido una
potencia regional en el contexto del reacomodo de las estructuras dominantes
del sistema-mundo capitalista, básicamente por el desplazamiento de la
metalurgia y la industria pesada desde el centro del sistema-mundo hacia
ciertos lugares pujantes de la periferia, en un proceso caracterizado como de
desindustrialización del centro del sistema-mundo. Empero a pesar de esta
revolución industrial, acompañada por la revolución cibernética, Brasil sigue
reproduciendo las condiciones de la dependencia y de lo que llama Francisco de
Oliveira el neo-atraso brasilero. La situación
de este anclaje gravitante en el extractivismo es mil veces peor para
Bolivia, donde no se ha podido crear una plataforma metalúrgica y la
industrialización de los hidrocarburos. Tanto para Brasil como para Bolivia los
problemas relativos a la dependencia se hacen cada vez más acuciantes en una
coyuntura caracterizada por el agotamiento de la energía fósil y definida por
la crisis ecológica. El extractivismo, el neo-estractivismo, la
industrialización, la biotecnología de los transgénicos, han puesto en peligro
la vida en el planeta. ¿Qué hacer ante la creciente demanda de las poblaciones?
¿Cuál la salida para afrontar el atraso, el neo-atraso, sobre todo las
condicionantes, las determinantes y las consecuencias de la dependencia? No se
puede renunciar a la industrialización, pero tampoco se puede aceptarla a un
costo ecológico alto; aunque se tiene una certeza, se tiene que lograr
acoplarse a la revolución cibernética, pero sin destruir los saberes colectivos
y las tecnologías tradicionales. En el marco de estos dilemas, sin embargo, hay
dos postulados claros, romper con el modelo extractivista colonial del
capitalismo dependiente y encaminarse a la soberanía alimentaria.
Ahora bien, estos postulados qué significan
con respecto a la relación con el mercado interno y el mercado externo, qué
significan con relación a la industrialización y qué significan con relación a
la frontera agrícola y el equilibrio ecológico. Por lo menos desde una
perspectiva teórica se ha dicho que de lo que se trata es de fortalecer,
expandirá y dinamizar el mercado interno, cohesionando a la sociedad en
relación a sus circuitos endógenos; desconectarse del mercado externo,
independizarse de sus condicionamientos e imposiciones; optar por una
industrialización de tecnologías limpia, que favorezca las demandas del mercado
interno, no las exigencias del mercado externo; no ampliar la frontera
agrícola, pasar de una agricultura extensiva y depredadora a una agricultura
intensiva y ecológica; restablecer las armonías con los ecosistemas y los
nichos ecológicos.
Obviamente esta transición desde un modelo
extractivista hacia un modelo no-extractivista no es nada fácil, sobre todo
cuando por lo menos las tres cuartas partes del ingreso y el 85% del valor de
las exportaciones dependen de la explotación extractiva. Empero, ante este mapa
condicionante que amarra la economía al modelo extractivista, nunca hay que
olvidar que no se trata de mantener esta dependencia, de reproducir una
economía rentista, y mucho menos se trata de dejar que las empresas
trasnacionales se lleven las materias primas aprovechando este punto de partida
de la acumulación de capital, este control de las condiciones iniciales de la
producción, para beneficiarse de los efectos multiplicadores de la cadena
productiva, de la generación acumulativa de ganancias. Las empresas
trasnacionales son la estructura logística de la acumulación ampliada de
capital que controla el centro del sistema-mundo. La decisión de dejar el
modelo extractivista es ineludible, es de vida o muerte. Tiene que ver con la
salida del círculo vicioso de la dependencia y de un desarrollo que genera
subdesarrollo.
En
una investigación del CEDLA sobre la economía boliviana, concentrada en el
análisis de coyuntura y en las características de la estructura económica del
momento, se llega a una conclusión alarmante. Se dice que la
política económica, aplicada en los últimos años, en las dos gestiones del
gobierno de Evo Morales, acentuó los
grandes problemas estructurales del país, con un Estado más rentista y una
economía cada vez más dependiente de las materias primas y del capital
transnacional[29].
En el cuaderno de coyuntura numero tres, dedicado a una evaluación del
gasolinazo, se sostiene que:
La
actual política económica se orientó a profundizar el patrón primario
exportador, que tiene como consecuencia el debilitamiento y el abandono del
sector interno de la economía, pues sigue siendo una economía dominada por el
capital monopólico que aprovecha los recursos naturales nativos y la
explotación de la fuerza de trabajo local, pero que realiza y acumula la
plusvalía fuera de nuestras fronteras[30].
De acuerdo al estudio, la actual economía boliviana se caracteriza por un insuficiente y
limitado crecimiento económico, una mayor y creciente dependencia de las
materias primas, un peligroso aumento de las importaciones, una crisis en los
sectores productivos de la industria y el riesgo de una crisis energética que
se expresa en insuficiente producción de electricidad y de petróleo. Este
cuadro es acompañado, además, por una precaria situación de las finanzas
públicas, creciente endeudamiento interno, aumento de la inflación y del costo
de vida para los más pobres y un deterioro en la calidad de vida de los
trabajadores y asalariados[31].
En el análisis se identifica siete
grandes problemas del país. El primer problema tiene que ver con el limitado
crecimiento económico; el segundo problema tiene que ver con la creciente
dependencia de las materias primas; el tercer problema, como consecuencia del
anterior, tiene que ver con la valorización de los precios de las materias
primas reduciéndose, en cambio, la valorización de las exportaciones
no-tradicionales; el cuarto problema tiene que ver con un peligroso incremento
de las importaciones; el quinto problema tiene que ver con la precaria
situación de las finanzas públicas, debido al aumento del crecimiento del gasto
y disminución del crecimiento del ingreso; el sexto problema tiene que ver con
la inflación, sobre todo de los alimentos; y el séptimo problema tiene que ver
con la crisis energética, es decir, con la insuficiente producción de líquidos,
con el estancamiento de la producción de gas y la reducción de las reservas[32].
Puede preverse entonces el estallido una
crisis económica a mediano plazo. Podemos interpretar esta situación como
relativa a las crisis de los ciclos medios de la economía, en este caso
vinculados a los ciclos de las materias primas. En el marco de este modelo no
hay una salida, sino un círculo vicioso.
En este contexto es donde debemos situar el
conflicto del TIPNIS. La carretera que atravesaría el territorio indígena y
parque Isiboro-Sécure es parte de este proyecto extractivista, mas bien su
consecuencia desesperada. ¿Por qué una carretera que atraviese una región rica
en biodiversidad, que es territorio y parque? Porque se trata de ampliar la
frontera agrícola, no se la va ampliar por el lado de dominio de los
colonizadores y hacendados, por el lado de Santa Cruz, tampoco por las áreas de
ocupación de los colonizadores, por el lado del norte de La Paz. Estas regiones
están ocupadas; la ampliación de la frontera agrícola es susceptible de hacerla
a través de los territorios de contención de esta frontera, que son
precisamente los territorios indígenas y parques. ¿Por qué la ampliación de la
frontera agrícola es complementaria de la economía extractivista? La forma de
explotación extractiva de las materias primas, de la minería y los
hidrocarburos, destructiva, depredadora y contaminante, tiene como complemento
a una agricultura expansiva, depredadora, también destructiva, con tendencia a
usar transgénicos y dedicarse al monocultivo rentable. Asociada a esta
agricultura se encuentra la ganadería también expansiva y depredadora, que
requiere grandes cantidades de espacio para el ganado. En este mapa depredador
debemos incluir a las empresas madereras desforestadoras y destructivas de
bosques. Como se puede ver, se trata de una misma lógica; en la explotación
extractiva de materias primas y en la agricultura-ganadería-desforestación, se
desenvuelve la lógica del dominio y destrucción de la naturaleza, la lógica de
la transferencia de los costos a la naturaleza, costos que nunca son cubiertos
ni contabilizados por la economía capitalista.
La carretera Villa Tunari a San Ignacio de
Moxos es una salida a la presión sobre la frontera agrícola del monocultivo de
la coca, de las empresas madereras, y quizás de los hacendados y
terratenientes, dedicados también al monocultivo rentable. La carretera, al
formar parte de una red de comunicación y de transporte, red que amplia el
mercado y los tráficos, que conecta
mercados y moviliza recursos como mercancías, vincularía en este caso espacios
económicos de Brasil con los puertos del Pacífico, y por esta vía marítima con
el gran mercado del Asia. Los ganaderos de Rondonía están sumamente interesados
con llevar carne de res al mercado de Asia. En este mapa de intereses se puede
ver la razón necesaria y suficiente de la compulsión por la carretera; aquí, en
esta distribución de intereses, se encuentra la causa de la construcción de la
carretera, se encuentra la razón del por qué la carretera en cuestión forma
parte del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Esta es
también la razón por la que, la carretera, al formar parte del modelo
extractivista, impulsa al gobierno a mover todos sus recursos para imponerla,
incluso la ocupación militar.
“Geopolítica” extravagante
Uno de los argumentos más extraños que ha
usado el gobierno para justificar la construcción de la carreta es una supuesta
estrategia geopolítica. Si dice que se busca aislar a la oligarquía cruceña del
control del espacio amazónico, concretamente de los departamentos del Beni y
Pando, vinculándola más bien con el Chapare y Cochabamba. Al escuchar y leer
estos argumentos se nota que la geopolítica se ha reducido a una caricatura,
tomada en serio sin embargo por el propio vicepresidente. Este argumento
incluso ha sido tomado gravemente por una antropóloga, que ha hecho manifiesta
sus inclinaciones tardías por la geopolítica. No solamente estamos ante
aprendices de brujo sino ante el mayor desprecio a la opinión, es decir al
raciocinio de la gente, y a la opinión pública. ¿Puede hablarse de esta manera
cuando la oligarquía cruceña, los estratos agroindustriales de la burguesía,
son los aliados del gobierno y sus políticas extractivistas? Esta es otra
coyuntura, ya no es la de la etapa de enfrentamiento con las oligarquías
regionales; esta etapa acabó en el Porvenir y con el Estado de sitio en Pando.
Ahora el gobierno le ha regalado a la oligarquía regional en la cumbre social
la suspensión por cinco años del saneamiento de tierras, la suspensión por
cinco años de la exigencia de la función económica y social, la suspensión por
cinco años de sanciones por delitos de desforestación ilegal.
La geopolítica no se reduce a una carretera.
En todo caso, ¿por qué una “geopolítica” se juega el todo por el todo en una
carrera que atravesaría el núcleo del territorio indígena y parque
Isiboro-Sécure, donde no hay casi comunidades asentadas? ¿No puede pasar esa
carretera “estratégica” por otro lado, por los bordes del parque? ¿Y qué hay de
las carreteras que conectan el departamento de La Paz con el departamento del
Beni, carreteras desatendidas, accidentadas, vulnerables y la mayor parte de
tierra? ¿Por qué no se atiende estas conexiones entre los Yungas y los llanos
del Beni? A estas preguntas obviamente no responde el gobierno y sus agoreros.
El investigador Tristan Platt escribió un
artículo sugerente donde muestra que esta obsesión por la carretera que
conectaría Cochabamba con Moxos data de los tiempos de la Colonia. El diseñador
y soñador de la misma era un militar español apellidado Flores, mandado a combatir
la rebelión indígena encabezada por Tupac Katari, oficial español que llevó
presa a Bartolina Sisa. Tristan Platt encuentra sintomático que se empleen los
mismos argumentos que en la época de la colonia para construir la carretera,
incluso el argumento geopolítico.
Conclusiones
1.
El
proceso se ha acercado a una coyuntura decisiva para el decurso mismo del
proceso. En esta coyuntura se juega la reconducción del proceso a sus causes
iniciales o el definitivo desbarrancamiento del proceso, hundido en sus propias
profundas contradicciones insoslayables.
2.
El mapa
de fuerzas de la coyuntura es amplia y diferencial, es también dinámico; su
dinamismo tiene que ver, además de con las reivindicaciones particulares, con
la crisis misma del proceso, crisis que hace estallar junto a las
contradicciones principales, las contradicciones secundarias. La IX marcha
indígena tiene la tarea imprescindible de integrar un programa de movilización
que comprenda la reconducción del proceso e incorpore las reivindicaciones de
todos los sectores populares afectados.
3.
La
coyuntura, por más puntual que sea, no puede interpretarse sino a través de una
mirada histórica, contiene espesores histórico-políticos y económicos que deben
apreciarse para leer el tejido de tendencias y el campo de posibilidades
abierto.
4.
En los
marcos del teatro político y de los montajes escénicos del gobierno, éste ha
caído en la caricatura de la diatriba, interpreta como geopolítica un pedestre
proyecto sostenido por los intereses más mezquinos y depredadores, la carretera
de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari. Podemos llamar a esta parodia política
“geopolítica” de la extravagancia.
[1] Ahora se
ha adjudicado una empresa china el proyecto, en medio de denuncias de
corrupción.
[2] Unidad
de investigación sobre biodiversidad de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
[3]
Los reales regantes,
desplazados por la maniobra montada del MAS cuando se eligió a sus supuestos
nuevos representantes, que no son otra cosa que loteadores. Esta suplantación
aviesa fue avalada por el Vicepresidente. Los verdaderos regantes, los
históricos regantes ligados a la Guerra del Agua, quedaron marginados. Hablamos
entonces delos históricos regantes, los luchadores y defensores de las formas
comunitarias de administración y gestión del agua.
[4] Bolpress; 3 de septiembre 2011.
[5] Bolpress.
[6]
Mayari Castillo y Anahí Durand: Movimiento
cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano. Edición de Fernando García, FLACSO 2008,
Quito.
[7]
Revisar el libro de Alison
Spedding Kawsachun Coca.Economía
campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 204. La Paz.
[8] Bolpress.
[9] Bolpress.
[10] Bolpress.
[11]
La frase aparece en la obra de
Shakespeare La Tempestad, Marx, la retoma para caracterizar metafóricamente a
la modernidad.
[12]
Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire.
Siglo XXI 1994; México.
[13]
Adorno y Horkheimer: Dialéctica del iluminismo; Trota,
Madrid.
[14]
Ver de Zavaleta Mercado Lo nacional-popular en Bolivia; Amigos
del Libro; La Paz. También de Bolívar Echeverría Crítica de la modernidad capitalista; Vicepresidencia del Estado
Plurinacional 2011; La Paz.
[15]
Revisar de Partha Chatterjee La nación entiempo heterogéneo. Siglo XXI-CLACSO
2008; Buenos Aires.
[16]
Roger Bartra ha realizado
estudios antropológicos sobre la identidad mexicana; en tanto que Armando
Bartra ha realizado estudios sobre las problemáticas que envuelven al mundo
campesino e indígena, en parte rescatando sus luchas por la reforma agraria, en
parte recuperando la condición de comunidad, pero también mostrando las formas
de subsunción formal del trabajo al capital en la que están involucrados sus
circuitos.
[17] Revisar de Alison Spedding Kawsachun coca. Economía campesina cocalera
en los Yungas y el Chapare. PIEB 2004; La paz.
[18]
José Luis VEGA
CARBALLO dice que: Se entiende por manipulación un ejercicio velado,
sinuoso y abusivo del poder. Revisar Manipulación, del citado autor; Comunidades.
[19]
Fuente: Sarela Paz. Se puede
revisar su artículo ENTRE LA INDIGNACIÓN Y EL
DESCONCIERTO: Avasallamiento en el TIPNIS pos Ley de Protección del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Ley 180).
[20]
Comentario de Juan
Domingo Sánchez Estop en Rebelión: Commonwealth es el tercer título de la trilogía dedicada
por Antonio Negri y Michael Hardt a la mundialización capitalista. El primer
volumen, Imperio, examinaba los aspectos constitucionales de la nueva
figura de la soberanía representada por el Imperio como forma política del
capitalismo mundializado, el segundo volumen, Multitud, se centraba en la
descripción del sujeto antagónico interno al Imperio, este tercer volumen
pretende perfilar las modalidades materiales de una nueva constitución que
supere el capitalismo y el Imperio a partir de un “comunismo de los comunes”
que se asocia al viejo término de “Commonwealth”.
[21] Estos apuntes sobre la experiencia
política forman parte de un debate con Victor Hugo Quintanilla, debate que será
publicado íntegramente por medio impreso y medios digitales.
[22]
Bartolomé Clavero: Consulta y consentimiento previo libre e informado a
la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
[23]
El gobierno del general David Toro presidió una junta
cívico-militar, la junta estaba apoyada por los sectores jóvenes del ejército,
partidarios de cambios en el país. Una vez en la presidencia Toro realizó
cambios sociales significativos, inició reformas sociales; bajo su mandato, se
comenzó a elaborar una nueva Constitución, estructurada a partir de los principios del Constitucionalismo social. Se creó el Ministerio de Trabajo y el de Previsión Social; se
estableció la jornada de ocho horas, instituyendo la obligatoriedad de
sindicalizarse. Se fundó el Banco Minero para apoyar mediante créditos al
principal sector productivo, principalmente a los mineros pequeños. Se creó
también el Ministerio de Minas y Petróleo. La medida más importante de su
gobierno indudablemente fue la reversión de todos los bienes y concesiones que
sobre los recursos naturales se habían hecho a la empresa petrolífera
estadounidense Standard Oil. Esta reversión se produjo por la Resolución
Suprema que dictó el 13 de
marzo de 1937, y
fundó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que se sería el nuevo organismo para la exploración y explotación de los hidrocarburos
dentro de todo el territorio nacional. Así se inicia la explotación petrolífera
a cargo del Estado.
[24]
En el
segundo gobierno del general Alfredo Ovando Candia las medidas políticas más
importantes fueron la nacionalización del petróleo, así como, en consecuencia,
la expropiación a la Gulf Oil Co. Esta Nacionalización
convirtió a Bolivia en propietaria de sus propios recursos naturales. Otra
medida de trascendencia fue la instalación de la primera fundidora de estaño en
el país.
[25]
El general Juan José Torres asumió
el poder empujado por un levantamiento popular, con participación de
trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un
sector de los militares leales. Este hecho aconteció el 7 de
octubre de 1970; la huelga general indefinida declarada
por la COB tiene por objeto detener el golpe
de estado en contra el gobierno del general Alfredo Ovando Candía.
Durante su breve gobierno se realizó la nacionalización de la Mina Matilde; también se decretó la nacionalización de las
Colas y Desmontes, la expulsión de los Cuerpos
de Paz de los Estados
Unidos, se dispuso un aumento presupuestario significativo a las universidades bolivianas, la creación de la Corporación de
Desarrollo y el Banco
del Estado, fuera de subir el salarial de los mineros.
[26]
Jorge Lema Patiño: Con la instalación de la
Fundición de Estaño de Vinto por la
empresa Klockner de Alemania, se da
inicio a la moderna metalurgia en el país, incorporando el horno Fuming y la
electrólisis del estaño en base al cresol sulfónico. Esta Fundición fue
construida (1970 al 1975) por etapas hasta alcanzar la capacidad actual de
aprox. 48,000 toneladas anuales de concentrados de Alta Ley (45 – 55%Sn. Modernización de la Fundición de Estaño de Vinto.
Documento presentado al Congreso Nacional de Metalurgia y Ciencia de
Materiales. Julio 2006; Oruro – Bolivia.
[27]
El general René Barrientos Ortuño fue elegido en 1964
vicepresidente de la República acompañando a Víctor Paz Estenssoro a la presidencia. En condición de
vicepresidente conspiró un golpe de Estado,
diseñado por la CIA, para acabar con lo último que quedaba de la revolución
nacional de 1952. Después del golpe de
Estado de noviembre de 1964, estuvo en su primera presidencia por aproximadamente siete
meses. Su segunda presidencia duró aproximadamente lo mismo, compartiendo con
el general Alfredo Ovando Candia el binomio miliar. Su tercera presidencia,
esta vez elegido en las urnas, duró un poco menos de tres años, desde 6 de agosto de 1966 hasta
el 27 de abril de 1969. Murió
en lo que parece ser un accidente de helicóptero, en el que viajaba seguido, en
constante campaña; empero hay voces que dicen que fue un atentado. Fue un
presidente populachero, que hablaba quechua, se granjeó el apoyo de los campesinos del valle. En cambio se
enfrentó desde su primera presidencia a los obreros y mineros, persiguiéndolos
y disminuyendo sus salarios. Durante la guerrilla del Che intervino las minas y
masacró a los mineros, acusándolos de apoyar a la guerrilla. Este hecho de
sangre es conocido como la masacre de San Juan, por haberse perpetrado
precisamente en la noche de San Juan, cuando los mineros de Siglo XX festejaban
con fogatas en una de las noches más frías del año.
[28]
El general Hugo Banzer Suarez asumió
el cargo de presidente en 1971,
mediante un golpe cruento contra el gobierno progresista del general Juan José
Torres, gobierno en el que se instaló la Asamblea Popular. Este general de
derecha, al servicio de la dominación estadounidense en la región y en el país, instauró una férrea dictadura, inicialmente
apoyado en principio y en alianza con dos partidos políticamente enfrentados,
el MNR, de
concepción nacionalista, y la FSB, de inspiración fascista. Hugo Banzer
ya estuvo antes involucrado en las esferas de gobierno, durante el gobierno
militar del general René Barrientos ocupó
el cargo de ministro de
Educación. Después de un breve tiempo en el gobierno, entre sus primeras medidas,
ilegalizó a los partidos
políticos, incluyendo sus aliados. Fue una dictadura en pleno sentido de la
palabra. La dictador militar que presidió duró el lapso de siete años; en su
recorrido dejó una huella de muerte, de asesinatos, encarcelados y exilados,
ocasionando incontables denuncias de violaciones a los derechos humanos. Su
gobierno participó en el Plan Cóndor;
operativo de represión secreto y encubierto anti-comunista y anti-izquierdista,
ensamblado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia,
durante la década de los años 70. Una década que se puede nombrar como la de la
guerra sucia. Durante este periodo Bolivia suministró,
principalmente a Chile y
a Argentina, información
sobre el movimiento de los que las dictaduras militares consideraba
subversivos, quienes se encontraban dentro del territorio del país; lo mismo
hacían los otros gobiernos militares. La dictadura militar fue prácticamente
derrotada en 1978 por
una larga huelga de
hambre de mujeres esposas de mineros; esta huelga de hambre se extendió
por todas partes, en las ciudades capitales, apoyada por las múltiples
organizaciones sociales del país y la COB. Después de la caída de las
dictaduras militares y la convocatoria a elecciones, el Congreso Nacional de Bolivia intentó
enjuiciar a Banzer por crímenes de lesa humanidad y otros delitos políticos
ocurridos durante su dictadura; sin embargo, el juicio de responsabilidades no
llegó a producirse por la complicidad de los partidos de derecha, entre los que
se encontraba el MNR. El principal impulsor del juicio de responsabilidades fue
Marcelo Quiroga Santa Cruz. El
insigne líder socialista murió asesinado durante el golpe de Estado perpetrado
por el general Luis García
Meza en 1980. Este
general, quien fue juzgado y condenado a prisión, declaró que quienes
asesinaron a Quiroga Santa Cruz eran paramilitares que
recibieron órdenes de Banzer.
[29]
CEDLA: Análisis de la política económica, fiscal y petrolera. Gasolinazo: Subvención popular al Estado y a
las petroleras. Análisis económico.
Cuadernos de Coyuntura 3. Plataforma energética. La Paz, septiembre de 2011.
[30] Ibídem.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
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