Continuidades de San Ignacio de Moxos

Flechas yurakares Alejandro Almaraz

Continuidades de San Ignacio

Hace algo más de diez años, en San Ignacio de Moxos, grupos de matones asaltaron, saquearon e incendiaron las oficinas de CIPCA (ONG de apoyo a las organizaciones indígenas), agredieron y persiguieron a los dirigentes indígenas y golpearon brutalmente al anciano sacerdote Enrique Giordá. 

Ésa era la respuesta de los grupos de poder local, conformados por terratenientes, traficantes de tierras, cuartoneros, comerciantes y clientela provincial de la administración pública, a la movilización indígena en demanda del pleno reconocimiento y respeto a los territorios indígenas mojeños: el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

Cuando las movilizaciones indígenas y populares derrotaron a los poderes tradicionales y al Estado neoliberal, abriendo el proceso de cambio e instalando a Evo Morales en el Gobierno, el matonaje anti-indígena de San Ignacio se articuló, fluida y naturalmente, a la acción violenta y sediciosa que las oligarquías de la “media luna” desplegaron ampliamente en sus dominios territoriales para detener y derrotar las inminentes transformaciones revolucionarias. Los matones ignacianos fueron parte del movimiento cívico “autonomista”, participaron de la cotidiana profesión de odio contra la “raza maldita”, bloquearon carreteras y aeropuertos para que el Presidente no pise su departamento, y, por supuesto, intensificaron la persecución y las agresiones a las organizaciones indígenas mojeñas, culpables de sus males.

Quien desde entonces se haya perdido los acontecimientos políticos del país, daría por hecho que todo aquello quedó definitivamente en el pasado. Pero se equivocaría radicalmente. El pasado domingo, los mismos grupos de poder de San Ignacio, con algunos insubstanciales agregados sindicales, han vuelto a agredir brutalmente al movimiento indígena mojeño. Esta vez, el ataque y el saqueo han sido sufridos por la radio indígena Arrairu Sache; la golpiza ha sido recibida por los comunicadores indígenas que trabajan en ella, y la persecución y agresión a los indígenas se ha justificado con el propósito, orgullosamente declarado, de “devolver a sus comunidades a los indígenas que pretendían sumarse a la IX marcha”.

La imperdonable culpa de los mojeños sigue siendo la defensa de sus territorios que, en este caso, ha impedido el loteamiento del TIM y rechaza la destrucción del TIPNIS con la carretera “quieran o no quieran”, frustrando así las expectativas mercantiles que en un amplio abanico de rubros, lícitos e ilícitos, animan a los pretendidos dueños de San Ignacio. Sin embargo, por sobre su continuidad fundamental, la agresión al movimiento indígena tiene un significativo elemento nuevo: su decisiva promoción desde el aparato político oficialista, mediante la abierta y total participación institucional de los órganos públicos locales, y la muy poco disimulada conducción de los operadores del Gobierno central.

La estrecha vinculación de estos grupos con el MAS y su Gobierno, no tendría que sorprender a estas alturas del proceso político, pues es perfectamente congruente con la creciente concertación ideológica, política y programática del Gobierno de “los movimientos sociales” con una parte importante de los tradicionales grupos de poder del oriente, y con la consecuente asimilación gubernamental de su clientela política. En efecto, hace ya un buen tiempo que Evo Morales ha pasado a gobernar para ellos, tan abierta y eficazmente como lo revela la pausa en el proceso de redistribución de la tierra, la legalización de la soya transgénica, la manutención del régimen forestal de excluyente beneficio empresarial dejado por Sánchez de Lozada, o la concreción de negocios con las obras públicas, de beneficios tan jugosos como oscuros para esos privilegiados de ayer y hoy. 

Los grupos de poder del oriente, hoy comprueban con alivio que lo que sus intereses requerían no era combatir ni derrocar al Gobierno de Morales, sino, simplemente, ocuparlo transponiendo las puertas abiertas por el vacío ético y la ambigüedad ideológica de su núcleo de poder. Algunos, como el gobernador de Beni, ni siquiera han tenido que cambiar la militancia que comparten con Goni, para recibir del MAS el gobierno departamental capturado con la precipitada y torpe manipulación de la justicia. Por lo demás, nunca como ahora pudieron medrar del poder político al cobijo redentor del “cambio” y “la sublevación de la plebe”, y, más importante aun, nunca tuvieron un operador tan abnegado, eficiente, enérgico y digno de ellos como el inefable Juan Ramón Quintana. 



Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.