Otra vez el TIPNIS
Las
comunidades en el desierto capitalista
Raúl Prada Alcoreza
Se viene la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, de la
Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y
por la reconducción del proceso. La novena marcha se efectúa en contraposición
a la ley 222, promulgada por el presidente, pretendiendo el gobierno instalar
una consulta extemporánea y que no cumple con la estructura conceptual y
normativa de los convenios internacionales ni de la Constitución. Naciones
Unidas ha tenido un papel ambiguo, haciendo declaraciones como que después de
todo está bien la consulta, trayendo además una delegación canadiense de
naciones unidas que dicen que la consulta puede hacerse, haciendo algunas modificaciones
en la ley 222 que mudaría los tiempos. Estas descolocadas declaraciones, sin
ninguna consideración del contexto y de la coyuntura, de la Constitución y de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados, sin
evaluar la historia de las últimas marchas indígenas y las contradicciones
inherentes al proceso, terminan apoyando la autoritaria imposición del gobierno
de un cuestionario que incorporan dos preguntas que le interesan al ejecutivo,
la pregunta sobre intangibilidad y la pregunta sobre la carretera. Incluso en el
protocolo de la consulta el gobierno fuerza un cuestionario induciendo la
decisión por la carretera. Protocolo que contó con la complicidad de la gente
del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS, por donde pasaría la
carretera.
A estas alturas del conflicto es indispensable volver a hacer una
evaluación, pues las preguntas sobre el tema son reiterativos: ¿Qué hay detrás
del conflicto? ¿Por qué insiste el gobierno? Ahora podemos introducir otras preguntas
más: ¿Qué papel juega Naciones Unidas? ¿De qué se trata todo este juego de
rescindir el contrato con OAS, manteniendo en suspenso, como una espada de
Damocles, la construcción d la carretera? Vamos a tratar de responder a estas
preguntas, recordando también lo que ya escribimos en otros textos, sobre todo
en La guerra de la madre tierra[1].
Ahora trataremos de concentrarnos no sólo en los intereses en juego y en las
relaciones de poder, así como en el carácter del gobierno y el modelo
extractivista por el que optó, sino buscando profundizar en el análisis de los
despliegues de fuerza, combinadas con poses de consulta, comprometiendo a
veedores de Naciones Unidas.
La estrategia ha cambiado, por lo menos el estilo; se ha renunciado al
ataque violento y descalificador a la dirigencia indígena, buscando más bien
dividir las fuerzas de las organizaciones indígenas, comprometiendo a
dirigentes medios y de base, incluso a regionales indígenas. Buscando presionar
a las comunidades del TIPNIS con visitas de la armada y de funcionarios que
entregan regalos, obsequios, antenas celulares, motores, con el objeto de
comprometer su decisión por la carretera. Incluso ahora el sobrevuelo del
presidente por el territorio del TIPNIS y visitas intempestivas a las
comunidades. Estas incursiones por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, estas
visitas por helicóptero a las comunidades, han causado malestar y en algunos casos el
efecto de disuasión. Sabemos que sólo
por este despliegue se anula y se deslegitima la operación de consulta
gubernamental, pues contraviene las clausulas y requisitos de la consulta, la
misma que no puede estar hecha bajo presiones y cohechos. Empero, ahora, no se
trata de ahondar en estos aspectos que deslegitiman la consulta oficial, sino
de comprender un poco mejor por qué lo hacen, por qué insisten, por qué se
arriesgan en un juego peligroso.
Un argumento vertido por un senador ha sido el que no se debe desechar
la consulta y el derecho a la consulta, por eso hay que ir adelante y ponerse
de acuerdo en su implementación. Este argumento parece inocente, tal como se lo
plantea, contrastando con el contexto, la coyuntura, la historia misma del
conflicto. Es fácil argumentar de esa manera desentendiéndose de las
contradicciones inherentes. Sobre todo desentendiéndose de la voluntad y
decisión del gobierno de construir la carretera. El argumento es un dispositivo
discursivo más para lograr un efecto, la construcción de la carretera. No hay
ninguna desinteresada pregunta por la carretera a las comunidades del TIPNIS,
se hace la pregunta con la intensión de lograr una respuesta inducida, la
aceptación de la carretera. ¿Es tan importante esta carretera para el gobierno?
Han dicho que es importante para la vinculación interdepartamental; en esta
tónica se utilizado el argumento de una geopolítica en desmedro de la
oligarquía de Santa Cruz. ¿Por qué no se hace por otro lado la carretera?
¿Realmente una carretera le quitaría a la Oligarquía cruceña el control que
tiene sobre el Beni? ¿No será mas bien otro tipo de geopolítica, una más
antigua, que se restaura; la geopolítica anti indígena de los grupos vinculados
a la economía política del extractivismo, sus mapas, sus circuitos, sus
expansivas relaciones con el mercado y el capital, ahora absorbidos por la
creciente hegemonía asiática, particularmente de China. ¿No será parte de esta
geopolítica extractivista la propia expansión de la frontera agrícola del
monocultivo de la coca, vinculada a la economía política de la cocaína? ¿Cómo
podemos saberlo? ¿Por los actores involucrados en el conflicto?
Sarela Paz nos muestra en un ensayo la relación de la carretera en
cuestión con el modelo extractivista[2].
La relación de la expansión del monocultivo de la hoja de coca con la
extracción de minerales e hidrocarburos, la concomitancia de estas formas
económicas extractivas en el marco de una economía rentista. Este es el fondo
del problema, la estructura y el desenvolvimiento mismo del modelo
extractivista. En este tema entran en concordancia las grandes empresas
trasnacionales, la burguesía boliviana, los agroindustriales, los nuevos ricos,
con los estratos campesinos vinculados al monocultivo, sobre todo al monocultivo
de la coca. Siendo los campesinos el bloque social de apoyo del gobierno, se
entiende que el tema de la expansión agrícola es parte de la agenda del
gobierno. Lo que no se entiende, a primera vista, es por qué las organizaciones
campesinas y el gobierno optaron por afectar a los territorios indígenas y no a
los latifundios de los terratenientes. ¿Por qué renunciaron a la reforma
agraria? ¿Por qué prefieren pelearse con los indígenas originarios y no con los
terratenientes? ¿Cuál es pues la estructura de poder en Bolivia? Este tema ha
sido delicado desde la aprobación de la Constitución en Oruro, donde estaba
claro el mandato de la reforma agraria. La revisión de la Constitución por
parte del Congreso Constitucional llevó a anular la reforma agraria al establecer
que la afectación no iba a ser retroactiva a las tierras saneadas. Más tarde,
la Cumbre Social de diciembre de 2011 propone la suspensión del saneamiento de
tierras por cinco años, es decir sin aplicar la exigencia de la función
económica y social. ¿Quiénes se benefician? Obviamente los terratenientes. ¿Por
qué se hace la alianza con ellos y se descarta a los indígenas?
La pelea con las oligarquías regionales de la llamada “media luna”
terminó con su derrota en Pando, después de la masacre de El Porvenir. ¿Por qué
después de esta derrota no se pasó a la
reforma agraria? ¿Tienen mucha fuerza los terratenientes? ¿Tienen poder
económico? ¿Controlan el territorio? ¿En sus manos está la producción agrícola
y agroindustrial? ¿Cuál es la textura de estas relaciones? Estas preguntas
tienen que relacionarse con la opción misma del gobierno en lo que respecta a
la estructura agrícola, agropecuaria y agroindustrial. ¿Por qué el gobierno
desconfía de las comunidades indígenas y campesinas para garantizar la seguridad
alimentaria? Las decisiones del gobierno parecen responder a un pragmatismo
llevado a extremos y a un realismo político exacerbado. Parece que el
presupuesto latente es que las comunidades indígenas y campesinas no pueden
garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto lo sensato es mantener la
producción de los grandes propietarios. Esta decisión del gobierno boliviano no
está de ninguna manera alejada de la tomada por el gobierno progresista de
Brasil; allí ocurrió lo mismo, la renuncia a la reforma agraria.
No hay que descartar de ninguna manera que ciertos estratos de medianos
y pequeños productores, por lo tanto, ciertos estratos campesinos, entren en
afinidad con la burguesía agraria debido a la características mismas de la
economía agraria vinculada a la economía capitalista. Por ejemplo, en el caso
de la soya se vinculan terratenientes, propietarios latifundistas,
arrendatarios brasileros que expande la geografía de la soya, avanzada en
Brasil, Argentina y Paraguay; también se involucran medianos y pequeños
productores bolivianos[3].
El interés de todos ellos es garantizar el desenvolvimiento de la economía de
la soya y en este sentido la expansión de la frontera de la soya; esto debido a
su carácter depredador.
Otro cultivo de importancia que agrega a pequeños, medianos y grandes
productores es el del arroz. En este caso, los llamados colonizadores, juegan un
papel importante. El apoyo del gobierno a los pequeños y medianos productores
coadyuva a fortalecer la economía del arroz, sin descartar la participación de
los grandes productores. Se puede decir que alrededor de 72 mil familias
trabajan en el cultivo de arroz, desde la producción hasta la comercialización.
En los últimos treinta años la
superficie cultivada con arroz ha venido creciendo paulatinamente. En la década
de los setenta se llegó a cultivar hasta unas 50 mil hectáreas; en tanto que en
el 2008 se supera ya las 140 mil hectáreas. Empero hay que anotar que en los
últimos años la expansión de la superficie cultivada se ha detenido; muchos
agricultores decidieron sembrar soya, caña u otros cultivos en vez de arroz[4].
Otro producto de gran importancia, sobre todo para la exportación, es la
castaña, aunque esta no es una producción agrícola propiamente hablando, sino
mas bien es de recolección. En esta economía de la castaña se ha formado una
estructura que incorpora en la base a las castañeras, que son mayoritariamente obreras
contratadas por las empresas, incluso organizadas en forma sindical. Por otra
parte están los empresarios castañeros, los intermediarios, los circuitos
comerciales, el sistema financiero y de créditos, pues este mercado es mundial.
Bolivia exporta el 85% de la castaña mundial. Como la castaña se encuentra en
los bosques, también en la economía de la castaña se encuentran comprometido
propietarios y comunidades indígenas. A diferencia de lo que ocurre con el
arroz, en este caso el control del comercio internacional lo hacen los grandes
empresarios. El gobierno ha organizado una empresa pública de la castaña (EVA),
que hasta ahora no ha dado resultados ni ha podido, por lo tanto, romper el
control empresarial privado de la castaña. Este es uno de los pocos casos de
los mencionados dónde las trabajadoras castañeras entrarían directamente en
conflicto con la empresas, pues se hallan sometidas a una super-explotación y
sin gozar de todos los derechos de los trabajadores. En los otros casos vemos
que los pequeños productores mas bien se encuentran en alianzas, aunque sean
coyunturales, con los grandes productores agrarios. En todos estos casos vemos
los avances y la expansión de los circuitos comerciales y de las formas de
producción agraria, articuladas a la economía capitalista.
Otro rubro agrario importante y con historia es el de la caña de azúcar.
En este caso tenemos empresas azucareras que abastecen principalmente al
mercado interno, aunque también exportan. Todas estas empresas son privadas,
incluyendo a la empresa azucarera de Bermejo, que fue privatizada en el periodo
neoliberal. El gobierno ha decidido establecer una empresa pública,
construyendo un gran ingenio azucarero en San Buena Aventura, empero todavía
faltan años para su funcionamiento. En el caso de la caña de azúcar tenemos por
un lado a los propietarios y accionistas, por el otro lado a los zafreros que
atienden la zafra de la caña cuando corresponde, produciéndose migraciones
estacionales de trabajadores. También debemos contar con los obreros de los
ingenios, los técnicos, los ingenieros y los funcionarios. Los zafreros se
hallan sometidos a formas de trabajo intensos sin gozar tampoco de beneficios
laborales. Aquí también encontramos contradicciones inmediatas entre estos
trabajadores temporales y los empresarios del azúcar. Tenemos una relación
concomitante entre tenencia de la tierra, plantación de caña y producción de
azúcar. Hay pues una economía del azúcar[5].
Todas estas economías, la de la soya, la del arroz, la de la castaña, la
del azúcar, formar parte de la economía capitalista agraria en Bolivia, que
parece encontrarse otra vez en expansión, en una coyuntura económica reactivada
por el crecimiento y desarrollo capitalista de la China. Tan fuerte es el
crecimiento de la China, como potencia industrial, tecnológica, militar,
incluso financiera, que ha incorporado a su espacio de irradiación, influencia
y control a América Latina, sobre todo a Sud América. La inmensa necesidad de
minerales por parte de China ha reactivado fuertemente la economía minera en
Sud América, los gobiernos sudamericanos han abierto espacios de inversión a
los capitales chinos, incluyendo los hidrocarburos. Los productos
manufacturados chinos invaden los mercados sudamericanos y no tienen
competencia por sus bajos costos. La emergente potencia industrial de Brasil ha
volcado toda su mirada al mercado Chino, aunque piense vincularse a través de
la venta de alimentos y materias primas, renunciando en parte a la competencia industrial,
insostenible con China. El proyecto de integración económica y comercial
sudamericana (IIRSA) tiene como perspectiva el mercado asiático. Como se puede
ver, estamos en una coyuntura donde el modelo extractivista se ha reactivado y
reforzado debido a la demanda china, aunque no únicamente. Este capitalismo
dependiente se encuentra nuevamente en expansión. Como se dijo, el
extractivismo minero e hidrocarburífero es plenamente congruente con la
economía agrícola de los monocultivos, basados en la expansión de la frontera
agrícola, aunque también con la economía recolectora de la castaña que ha enfocado
su “industria” a la exportación. En estas condiciones es de esperar que la
tendencia efectiva sea esta, la de la expansión del capitalismo en el agro,
entrando rápidamente en contradicción con otras formas de organización económicas,
basadas en la propiedad comunitaria.
Sin pretender completar un cuadro panorámico de los órdenes de
relaciones de los productos agrarios, ni mucho menos, sino tan sólo ofrecer un
dibujo que resalta ciertos síntomas de la cuestión agraria, vamos a bosquejar
también la composición social y económica en torno a otros bienes
significativos, como el de la quinua; también decir algo sobre la papa en la
economía campesina. En contraste, es indispensable mostrar también lo que pasa
con la ganadería, sobre todo bovina. Por último, también es menester un dibujo
rápido del papel de la economía maderera.
El cultivo de
la quinua se extiende por el Altiplano Norte, Central y Sur, por los Valles
interandinos y en los Salares existentes en el sur, que se caracterizan por
tener un clima templado. El cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos,
con influencia de la radiación solar. El cultivo de la quinua ha venido
creciendo paulatinamente, la superficie cultivada se ha extendido notoriamente
y se estima que ha llegado a más de 50.000 hectáreas en el Altiplano.
La población
comprometida con el cultivo de la quinua se estima que llega a unos 70.000
productores en el Altiplano Norte, Centro y Sur, de los cuales aproximadamente
15.000 productores están vinculados a su comercialización interna como externa.
El resto de los cultivadores son familias que producen principalmente para
autoconsumo y el intercambio familiar. De acuerdo a los datos del INE dados el
2008, la superficie cultivada habría alcanzado 51.382 has., generando aproximadamente 23.654 TM de quinua. Se estima
que el valor de la producción llegó a $us. 52.748.420, de los cuales se
exportaron de manera oficial 10.300 TM, con un valor de $us 23.308.900 de
Quinua Real. El consumo del mercado interno se estima en 4.350 TM con un valor
de $us 7.920.500[6].
Hay siete
empresas principales en la exportación de la quinua, una asociación de
productores, una cooperativa y las demás son empresas privadas. Como se puede
ver el acopio y la intermediación juegan un papel importante en el control y
monopolio del comercio de la quinua. Los productores asociados y los de la
cooperativa abren una perspectiva distinta en la economía de la quinua, a
diferencia de las empresas privadas, sobre todo por la participación de los
productores en la exportación. Sin embargo, la expansión del cultivo de la
quinua no ha escapado a la concentración de tierras y a los efectos del
monocultivo, arrastrando a otros productores y entornos al mismo fenómeno. De
todas maneras no se nota de manera inmediata una contradicción visible entre
cultivadores y acaparadores de la quinua; por lo menos las diferencias no
habrían llegado a configurar un conflicto. En el caso de la quinua se puede
hablar de la ampliación de la frontera de la quinua, convirtiendo las tierras
dedicadas a otros cultivos en exclusivas para la quinua. Esto produce una
transformación de le economía campesina y de algunas comunidades. La quinua
forma parte de circuitos comerciales importantes, participando de manera
diferencial y particular en la expansión de la economía agraria capitalista.
La papa se cultiva en aproximadamente 179.407
hectáreas distribuidas en siete departamentos, con una productividad estimada de
5,2 toneladas métricas por hectárea; de donde el 81 por ciento corresponde al
altiplano y valles, en tanto que el resto se cultiva en zonas subandinas. De
acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), se señala que en los siete departamentos productores de papa se cultivan
935.862 toneladas métricas; de esta producción 6.532 toneladas son cultivadas
en Santa Cruz. El consumo del mercado interno llega a 490.000 toneladas de
papa, de las cuales la industria demandó 26.000 toneladas. Cochabamba tiene el
mayor registro del consumo per cápita anual con 151 kilos por habitante, luego
La Paz con 66 kilos y Santa Cruz 54 kilos. La producción de papa genera un
valor anual superior a 148 millones de dólares; de este monto al eje central
corresponden 51,1 millones por un consumo de 237.000 toneladas. La población
involucrada en el cultivo de papa llega a más de 203.000 familias. Sin embargo,
el país no es autosuficiente en papa, por lo que se importa papa para cubrir la
demanda; principalmente de Perú y Argentina. La papa también es industrializada
por unas 300 empresas, que en su mayoría son informales, 46 microempresas, 8
pequeñas y 7 medianas. Todas procesan entre 210 y 260 toneladas métricas por
año. Del total de empresas que industrializan este tubérculo, el 70 por ciento
produce papas fritas en bolsa y pellets de papa, en tanto que 27 por ciento
fabrica sopas, fécula o almidón, galletas, chuño y tunta embolsados[7].
En el caso de la papa, también se articula una
cantidad significativa de pequeños productores, así como también grupos
importantes de medianos productores. No se puede hablar de un monopolio del
comercio de la papa, pues su mercado está abierto y es accesible a los pequeños
productores, aunque si se puede mencionar a los intermediarios que terminan
controlando la comercialización de la papa. De todas maneras podemos decir que
el cultivo de la papa puede identificarse de manera más propia a la economía
campesina, debido a una mayor participación de las familias de pequeños
productores. En este caso no hablamos de una economía capitalista que termina
concentrando las ganancias en unas cuantas empresas monopólicas, sobre todo por
su relación privilegiado con el comercio, sino que estamos hablando de
múltiples vínculos con el mercado, de alguna manera controlados por
intermediarios. Lo que muestra más la reproducción de la economía familiar que
la formación de grandes ganancias. No se puede sostener la tesis de la economía
mercantil simple, tesis abstracta y sin contrastación empírica, que servía más
para sostener el modelo teórico que para explicar la realidad. La producción de
la papa genera ganancias que son apropiadas primordialmente por los
intermediarios, también genera las condiciones de la reproducción campesina,
así como aporta a la alimentación de las ciudades, sosteniendo su consumo a
precios todavía accesibles.
La economía de la papa nos muestra la complejidad
del mercado, donde se insertan economías con un perfil más claramente
capitalista, así como también economías campesinas basadas en estrategias de
diversificación, distribución y complementariedades entre formas de trabajo
familiar y comunal. El sentido de estas otras economías no está tanto en la
ganancia como en la propia reproducción, en la posibilidad de la
diversificación, así como también la combinación de formas de trabajo. Anotar
esto es importante para cuando discutamos las economías en el TIPNIS[8].
En lo que respecta a la economía ganadera, nos
vamos a concentrar en el ganado bovino, dejando pendiente los otros ganados. La
población de bovinos ocupa gran parte del territorio del país, a veces en forma
mezclada con otras especies ganaderas y en combinación con la agricultura; sin
embargo, la mayor parte de la población se encuentra asentada en el trópico. El
año 2003 se estimó que el ganado bovino
llegaba 6,5 millones de cabezas. Esta cantidad de ganado se concentra
mayoritariamente en el Beni, un 73%, después en Santa Cruz, un 25%, en los
valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se distribuye un 18%, en tanto que en
la región del Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí se distribuye un 9%, quedando
un 1% para la Amazonia de Pando[9].
La concentración y el monopolio de tierras en
relación a la ganadería bovina, sobre todo en el oriente boliviano, es fuerte. Se
da una situación dual, por una parte una tendencia al minifundio que condena a
gran parte de la población rural, por otra parte, en contraposición, una
tendencia al latifundio, concentrando la tierra en pocas familias de
terratenientes. Haciendo un balance de la reforma agraria Gonzalo Colque,
director de la fundación Tierra, escribe:
Ante
la necesidad de más tierras, la Reforma Agraria de 1953 fue completada con los
programas de asentamientos emprendidos por el Instituto Nacional de
Colonización (INC), entidad que promovió movimientos migratorios de cerca de 70
mil familias desde las tierras altas hacia las zonas cálidas como San Julián,
Alto Beni o Chapare. También el Gobierno impulsó la “marcha al oriente”, cuyos
fines eran vertebrar el occidente con el aislado oriente boliviano y
desarrollar una política agropecuaria de diversificación y sustitución de
nuestra dependencia de alimentos importados.
La
historia reciente es conocida. La reforma fue abandonada por el Estado y una
ola ilegal de acaparamiento de tierras surgió en el oriente boliviano, alentada
por la permisiva dotación de hasta 50 mil hectáreas de tierra a cambio de una
simple expresión de buena voluntad del interesado para producir alimentos o
criar ganado. En 1996 fue aprobada la Ley 1715 del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) para corregir estas distorsiones, pero sin éxitos
notables, excepto el reconocimiento de territorios a favor de los pueblos
indígenas de tierras bajas.
El
MAS tiene una relación estrecha con esta historia de la revolución del MNR, en
cuanto a causa-efecto y paralelismo político. El control del “voto campesino”
que perdió el MNR pasó a manos del MAS, no sólo con base en los sindicatos
agrarios existentes sino, principalmente, sustentado por los colonizadores transformados
en productores de la hoja de coca. En sus inicios, el MAS retomó la agenda
pendiente de la política de tierras.
Planteó
la anulación del sistema latifundiario de las tierras bajas; la redistribución
y dotación de tierras estatales sólo a favor de comunidades y únicamente de
forma colectiva; y la reversión de grandes propiedades improductivas. Al igual
que el MNR, canalizó el descontento de campesinos e indígenas hacia una
propuesta de reconducción de la reforma agraria.
Entre
los años 2006-2010, el MAS tuvo el acierto de acelerar la titulación de los
territorios indígenas, pero renunciando a una mirada integral y estratégica. Se
enfrascó en una inútil batalla por demostrar que titulaba más millones de
hectáreas de tierra que gobiernos anteriores cuando lo importante no son las
hectáreas, sino el número de personas beneficiarias con tierras productivas, en
otras palabras, la democratización en el acceso a la tierra y la anulación
simultanea de minifundios y latifundios.
En
menos de cinco años el MAS abandonó su reforma agraria, al igual que el MNR,
aunque este último no lo hizo tan rápidamente. Ambos partidos, una vez que
capitalizaron el voto rural, dejaron al margen de sus preocupaciones la
política de tierras y se concentraron en beneficiarse con la cooptación
campesina para sus intereses partidarios de mantenerse en el poder.
La actual estructura agraria dual de minifundio y
latifundio tuvo su origen en las deficiencias de la Reforma Agraria de 1953 y
no fue encarada por el Gobierno actual. A esto hay que añadir nuevos elementos
de relevancia del agro boliviano: el modelo de la agroindustria de exportación,
con especial énfasis en el monocultivo de la soya; el fenómeno de los
monocultivos de tierras altas destinados a la producción de quinua de exportación;
y la economía de la hoja de coca en las zonas de colonización[10].
Como
se puede ver, estamos ante el fracaso de la reforma agraria, en lo que respecta
a su proyección a largo plazo, además de tener un panorama de reversión de la
reforma agraria ante la expansiva concentración de la tenencia de la tierra, y
en contraste la expansión de un proliferante minifundio. Esta situación ha
buscado su salida por medio de la colonización y la migración desde occidente a
tierras bajas, fenómeno que presiona por la ampliación de la frontera agrícola
y ahora entra en conflicto con tierras comunitarias de origen (TCOs). La
ganadería bovina abastece al mercado interno, aunque también ya ha ingresado a
los flujos de la exportación. Esta economía ganadera es capitalista, aunque
mantiene las formas de la cría del ganado en forma extensiva, ocupando grandes
cantidades de tierra, que podríamos decir son quitadas a la agricultura y
destinadas a la ganadería, también cantidades de tierra desforestadas, acabando
con los bosques para destinarlos a este rubro. La ganadería tal como se la
aplica en Bolivia es depredadora. La economía ganadera que articula a propietarios
ganaderos, técnicos, vaqueros, capataces y peones, se enfrenta a las
comunidades, debido a la presión que ejerce hacia la ampliación de fronteras.
En Bolivia hay 53 millones de hectáreas de
cobertura forestal, de las cuales 5.399. 278 hectáreas se encuentran
concesionadas, bajo el derecho forestal de Concesión Forestal de Tierras
Fiscales[11].
Hay como 275 empresas madereras, de las cuales el 88% corresponden al eje
central. Estas empresas funcionan en conexión con el mercado internacional; se
podría decir que son típicamente extractivista por su papel en la
desforestación y también depredadoras por atentar contra la desaparición de
especies y bosques. Las concesiones forestales y sus entornos de expansión,
pues afectan también a los espacios colindantes, utilizando la corrupción y la
prebenda comprometiendo a personas, incluso comunidades indígenas, en esta
destructiva actividad de la desforestación en aras del negocio maderero, entran
con conflicto con los territorios indígenas debido a su irradiación destructiva
y sus efectos contaminantes. En algunos casos, como en el TIPNIS y el bosque
Chiman, se instalan en los alrededores y presionan para afectar estos
territorios protegidos por leyes ambientales, por la Constitución y los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La presión del
negocio maderero también forma parte de la composición del conflicto del
TIPNIS.
Como
se puede ver en esta revisión panorámica de la economía agraria y forestal en
Bolivia, como parte del modelo extractivista,
que cuenta como columna del modelo al extractivismo minero e hidrocarburífero, esta economía
capitalista periférica, conformada por una variedad de formas, presiona para la
ampliación de la frontera agrícola, comprometiendo tanto a poblaciones, por así
decirlo, expulsadas por el minifundio, como a terratenientes, empresarios, agro
industriales, que tienen el mismo interés de extender la frontera agrícola y
maderera, así como extender las concesiones hidrocarburíferas para su exploración por empresas trasnacionales. Frente
a esta expansión, como resistiendo se encuentran formas de economía
alternativas y tradicionales, primordialmente configuradas en las comunidades
indígenas y territorializadas en los llamados territorios indígenas. Se puede
decir que en Bolivia el universo de los territorios indígenas es de más de 200,
podríamos decir, 203; de los cuales, 84 TCO son
tituladas, 31 tienen títulos pero su proceso aún no ha concluido, 13
tienen ya algo de titulación y 75 Tierras Comunitarias de Origen en proceso. Las posibilidades de una economía étnica, de
una economía comunitaria y de economías alternativas se encuentran en estas
formas comunitarias de propiedad, se encuentran en estos espesores culturales y
de biodiversidad. Estas TCOs se han convertido en los baluartes de la
resistencia a la expansión diversa del capitalismo, sobre todo a su modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente. Es a partir de estos
núcleos y del contexto en el que se mueven que debemos volver
analizar el conflicto del TIPNIS.
Economía
comunitaria y economía étnica en el TIPNIS
En adelante trataremos de dibujar las
características de las economías alternativas que se dan en el TIPNIS, sobre
todo bosquejar la economía étnica, tal como la nombra Sarela Paz, así como la
economía comunitaria y emprendimientos alternativos que buscan mantener el
equilibrio ecológico. Según Sarela Paz la economía étnica que forma la base
productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y
moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca,
recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las
cuatro actividades con sus matices. Por
ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en
la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter
agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas
agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas
parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema
productivo. La economía étnica que
caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los
ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[12]. Dicho acoplamiento es optimizado por las
familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado
por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que
concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y
actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de
las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal
para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca[13].
Lo que se viene en llamar economía étnica
viene a ser la herencia de los pueblos amazónicos en su vinculación con los
bosques y los ríos, en su relación con los animales y los peces, también en lo
que respecta a sus prácticas de recolección. Esta economía étnica ha
introducido la agricultura de subsistencia como parte de la ampliación de su
espectro alimenticio, también ha incursionado en el negocio de los lagartos y
el chocolate, además del turismo comunitario. Ya en este contexto podemos
hablar de una economía comunitaria basada en la propiedad comunitaria del
territorio, en las gestiones comunitarias del bosque y de los recursos, en la
combinación de actividades que empero tienen como eje articulador al territorio
comunitario, a las comunidades, a la afinidad de los pueblos que habitan el
TIPNIS, a la organización y estructuras comunitarias, así como a sus formas
asambleístas y comunitarias de representación, afiliadas a las grandes
organizaciones indígenas, regionales y del país.
Una descripción más detallada nos ofrece
Sarela Paz:
La economía étnica
de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las
familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la
seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una
economía de subsistencia. La gran
condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados
ni individualizados. Las bases materiales
de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e
intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad
colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas
comunidades. En el caso de la actividad
agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan
de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo
incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y
consanguíneo. En cambio el resto de las
actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques
comunales e intercomunales del territorio.
De ahí el carácter de su
propiedad colectiva. Así, el modelo
económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes
del bosque en un sentido de articulación integral. La valoración combinada de los bienes del
bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas
agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los
animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la
agricultura o los recursos acuáticos. En
ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del
mercado responde a las necesidades de las familias indígenas[14].
Se trata, como se puede ver, de una economía
no destinada al comercio, aunque en algunos casos use los circuitos
comerciales, sino enfocada en la perspectiva de la reproducción de las
comunidades, que implica también el control territorial comunitario de los
bosques, de las aguas y de los suelos. Se trata de lograr la
reterritorialización comunitaria, el control comunitario del territorio, de
lograr formar redes y tejidos sociales que encaminen la relación con el bosque,
los ríos, los suelos, los animales y las plantas de otra manera, en una
perspectiva no depredadora. Se trata de lograr una relación constructiva con el
Estado y el resto de la sociedad, en la perspectiva del horizonte abierto por
la Constitución. Hay que mirar a las comunidades del TIPNIS como un campo de
posibilidades en la perspectiva de proyectos alternativos. Deshacerse de esa
mirada despectiva y modernista de la que se ha hecho cargo el gobierno, viendo
en las comunidades del TIPNIS pobreza y falta de desarrollo, pobreza que es
también notoria en otras poblaciones y pueblos que cuentan con carretera. El
gobierno se ha entrampado en una lógica ideológica, en la defensa desesperada
de legitimar un proyecto pragmático discutible. No se da cuenta que el camino
tomado es también su caída; otro estilo de gobiernos, ya conocidos, pueden
hacerlo igual, peor o mejor, pues lo que se hace es repetir con la continuidad
del modelo extractivista. La responsabilidad del gobierno no era repetir lo
mismo, aunque con matices y hasta con diferencias, sino hacer algo radicalmente
diferente, comenzar la ruptura con el estilo y forma de Estado liberal, salir
definitivamente del modelo extractivista. El gobierno no se da cuenta que los
que resisten al modelo extractivista son precisamente los que materialmente se
sitúan en la perspectiva del horizonte abierto por las luchas sociales y por el
proceso constituyente. Claro que es difícil poder conciliar y concordar
intereses en una transición, pero la tarea es que hay que proponerse hacerlo,
sin desechar la posibilidad del consenso y los acuerdos. Es indispensable
primero salvaguardar a las comunidades, a los territorios indígenas, pues son
la base material de la posibilidad del Estado plurinacional. Sobre esta base
claro que es importante atender los intereses de los demás, incluso si se
encuentran insertos en los circuitos de la economía capitalista periférica.
Plantearse distintas líneas de transición y de transformación, acordando y
discutiendo los recorridos con todos los involucrados. Ante tanta
responsabilidad no es posible renunciar a la construcción participativa de la
transición y de las transformaciones, no se puede optar por una línea impuesta
desde el gobierno, por más pragmática que se crea que es, pues esta opción es
ya el encierro del gobierno en los esquemas fosilizados de la administración
pública separada de la sociedad. Esto no es otra cosa que escoger la condena de
repetir las lógicas de la razón de Estado, de las estructuras de poder
cristalizadas, de las relaciones de poder que atraviesan los cuerpos. Es muy
triste ver la escena dramática cuando los gobiernos populares o progresistas se
enfrentan con su pueblo enarbolando la bandera del progreso, de la razón de
Estado, de la supuesta defensa del proceso contra los fantasmas de una derecha
desaparecida o maltrecha. Es muy triste pues este es el síntoma que muestra que
otra vez el poder nos ha vencido, ha aplastado nuevamente las posibilidades de
otro decurso, de otro desplazamiento inventado por la potencia social. Es
impresionante constatar que todas las revoluciones han sido hundidas por sus
propias contradicciones, también es sorprendente constatar que los gobiernos
encargados terminan aplastando a sus propias vanguardias; este es el punto de
inflexión hacia el despeñadero. No hay que olvidar que los indígenas
originarios son la vanguardia de este proceso, aplastarlos va significar la
muerte misma del proceso.
En lo que respecta a los ecosistemas que
componen el TIPNIS es importante tener en cuenta la re-categorización
concertada entre organizaciones indígenas y el SERNAP. Sarela Paz dice que:
El 2001, como parte
de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se
inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de
gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en
tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la
biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos
fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una
zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y
3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de
desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de
saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se
ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa
y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [15]
Tres regiones de un complejo ecosistema
sostenido por la economía étnica y la economía comunitaria de moxeños, chimanes
y yuracares. ¿Podría mantenerse este equilibrio si una carretera parte el
territorio indígena y parque? Como dice Sarela Paz, se quebraría el control
territorial por parte de las comunidades indígenas y se ingresaría a otro tipo
de control, del Estado y de otras economías, fuertemente ligados a los
circuitos devastadores del capitalismo periférico. La pregunta ante la clara
intensión y voluntad de gobierno de construir la carretera es: ¿Se tiene alguna
idea de lo que implica el Estado plurinacional? Precisamente el pluralismo, la
condición plurinacional, conciben la posibilidad institucional de la
convivencia de naciones y pueblos, de culturas, de sociedades, de formas
plurales institucionales, de economías diferentes, sobre todo de proyectos
civilizatorios distintos. La voluntad política de construir la carretera es una
muestra evidente de que sólo se quiere el Estado-nación, la homogeneidad del
Estado liberal, la continuidad de la colonialidad, la continuidad de la
desarticulación de la cohesión y la institucionalidad cultural de los pueblos
indígenas.
Ciertamente no es fácil resolver los desafíos
que plantea la transición, empero es una tarea ineludible; no es fácil
establecer y construir el pluralismo institucional que sirve no sólo como base
material del Estado plurinacional, sino como conexiones entre sociedades y
pueblos, entre economías y proyectos. No es fácil detener la compulsión de las
formas de economía capitalista periféricas; sin embargo, es un mandato
constitucional salir del modelo extractivista
e ingresar a un modelo productivo y producente, en principio de economía
plural integral y complementaria, para avanzar a una economía social y comunitaria,
que incorpora condicionantes ecológicas en la perspectiva del vivir bien. Es a
esta tarea a la que se renuncia cuando se quiere imponer una carretera, que se
dice que es de integración interdepartamental.
Como puede verse el conflicto del TIPNIS ha
ventilado las contradicciones inherentes al proceso y los limites de un
gobierno populista, amarrado a una concepción nacionalista del Estado y
atrapado en la gravitación del modelo extractivista. Por eso también el TIPNIS
se ha convertido en un símbolo de las resistencias y de las luchas por la
reconducción del proceso. Esta es la razón del por qué la defensa del TIPNIS
convoca a los sectores populares de las ciudades, a las organizaciones de los
trabajadores, a los jóvenes que haces sus primeras armas en la experiencia
política. En el fondo hay una conexión entre la defensa de la madre tierra y la
perspectiva de otra forma, contenido y expresión de ciudad. Hay que pelear
también por las ciudades del vivir bien, por transformar las ciudades que se
han convertido en infiernos para niños, jóvenes, familias y ciudadanos. Las
ciudades actuales son ciudades de violencia; múltiples violencias cotidianas
deambulan y conforman una atmósfera asfixiante. No son ciudades donde los niños
puedan deleitarse y crecer placenteramente, donde se pueden formar libremente,
liberando sus talentos y potencialidades. No son ciudades donde los jóvenes
puedan encontrar los espacios de creación, salvo si rescatan reductos donde se
esconden para escapar e inventar otro micro-mundo, aunque sea por un tiempo
perentorio. No son espacios donde las familias y las redes sociales puedan
realizarse con desenvoltura. Al contrario, son ciudades donde hay que luchar
para sobrevivir. Por eso, el imaginario del TIPNIS en los urbanos que salieron
a defender y recibir a los marchistas indígenas de la VIII marcha es como una
esperanza verde, la esperanza en que otros hábitats son posibles.
Lo que ha faltado en la Constitución es la
incorporación de esta otra perspectiva urbana, una urbe ecológica, una urbe
como espacio de emancipaciones y liberaciones, una urbe como consenso
arquitectónico y estético. Lo que también falta en el proyecto de la ley de la
madre tierra es esta otra configuración de la ciudad del vivir bien. Esta es
una tarea pendiente para los urbanos.
Al contrario de lo que dice el gobierno en
sus mensajes desarrollistas, hay que aprender de las comunidades indígenas esta
su economía étnica y economía comunitaria, esta otra forma de compartir y
relacionarse con la naturaleza. No hay nada que enseñarles, menos llevar las
escuelas disciplinarias y modernistas, menos llevarles la burocracia de los
hospitales y clínicas. Que no es lo mismo que renunciar a la educación y a la
salud; al contrario se trata de encara una educación y formación intercultural,
así como se trata de encaras un salud integral, eficiente, abarcadora, adecuada
a los perfiles epidemiológicos locales y sus geografías humanas. El desafío de
la Constitución es la enseñanza en lengua madre, la formación intercultural, la
constitución de sujetos y subjetividades interculturales, no individuos
disciplinados y domesticados. El desafío es dado por la Constitución es lograr
una salud integral, universal, que abarque a todos y resuelva las causas y condicionantes
de las enfermedades. Es muy triste escuchar no sólo a autoridades de gobierno,
a funcionarios, sino también a algunos indígenas que se prestan a las maniobras
del gobierno, que lo que se quiere es llevar escuelas y las instalaciones
clínicas y hospitalarias, como si se tratase de un proyecto civilizatorio, al
estilo colonial. La tarea es distinta, el desafío es grande, cómo construir un
alternativo proyecto educativo y de formación intercultural, que recupere las
lenguas, en toda su complejidad, y los
espesores culturales, simbólicos e imaginarios inherentes. Un proyecto
educativo y formativo que libere de la formación individualista, disciplinaria
y de domesticación, que libere las potencialidades y capacidades creativas de
la gente, de los cuerpos, de las comunidades y sociedades. La tarea es resolver
las problemáticas de los procesos de generación de las enfermedades a partir de
una movilización integral de los recursos, de los saberes, de los conocimientos
y tecnologías de salud.
La batalla por el TIPNIS es clave para el
proceso y para el futuro de todos. El dilema está planteado. Se trata de
repetir la triste historia de avasallamientos, despojamientos, desposesiones,
depredaciones, desforestaciones, en aras de un progreso que sólo beneficia a
unos cuantos, quienes controlan el monopolio financiero, el monopolio de los
mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio de las armas, o, por el
contrario, se trata de salir del modelo extractivista, que nos condena a la
dependencia y al subdesarrollo, de crear múltiples líneas de fuga, configurando
otros espacios de realización, de valorización de la vida y de creatividad. La
batalla por el TIPNIS es un momento decisivo, todo depende de la capacidad de
auto-convocatoria del pueblo, de los ciudadanos, de las organizaciones
sociales, de la gente común. No pueden decidir el destino del país quienes
ahora detentan la representación, el gobierno y el monopolio de la violencia.
La decisión la tienen que tomar la mayoría de los bolivianos auto-convocados.
En esta perspectiva, la defensa del TIPNIS,
Sarela Paz anota:
Ciertamente, los
elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política
estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo
comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su
conservación. No obstante, aunque son
modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el
esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las
comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el
territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado
con la construcción de la carretera.
Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de
biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en
riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del
TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores
árboles están ahí”. La carretera
atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que
no tiene asentamientos indígenas ya que
éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría
desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el
presente gracias a su difícil accesibilidad.
El territorio comprendido entre los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa,
además de otros ríos menores que hacen de afluentes, territorio que avanza
hasta las serranías de Mosetenes y Sejeruma , yendo de este a oeste, ha sido
defendido en la historia reciente desde la primera marcha indígena. Los
principales pueblos que partieron de Trinidad son precisamente de esta área
geográfica, además de los del bosque Chiman y las otras regiones aledañas. Tal
parece que este ecosistema de mayor precipitación pluvial del país se ha
convertido no sólo en el corazón de la producción del agua, en un núcleo
ecológico que articula otros ecosistemas colindantes, sino también en un centro
gravitacional de resistencias al modelo extractivista y al avance de la
frontera agrícola. Hay algo en el TIPNIS que convoca, fuera de la defensa de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, ese algo tiene
que ver con los ciclos vitales que dinamizan la vida de este territorio, es
también una defensa de los bosques, de los suelos, de las plantas, de los
animales, del agua. Es la defensa de la vida ante la vorágine del capitalismo.
Algo que no pueden comprender ni el gobierno perdido en el modelo
extractivista, ni los funcionarios desarrollistas, menos los empresarios
agroindustriales, madereros, ganaderos, tampoco la empresa constructora de la
carretera, menos las empresas trasnacionales del petróleo. No se puede esperar
que comprendan los colonizadores dedicados al monocultivo de la hoja de coca. A
todo ellos les interesa la ganancia. Hay un abismo entonces entre la
valorización abstracta del dinero y la valoración concreta y cualitativa de la
vida.
Por otra parte no hay que olvidar el contexto de las luchas, el
contexto continental de las resistencias y las luchas contemporáneas contra el
extractivismo. En todo el continente,
particularmente en el sud, se han desatado luchas y movimientos sociales contra
el extractivismo minero e hidrocarburífero, en defensa de la vida, de la tierra
y del agua. No podemos desconectar lo que ocurre en el TIPNIS, alrededor del
TIPNIS, en Bolivia en relación a la defensa del TIPNIS, de lo que pasa en otras
partes, en la lucha sostenida contra las distintas formas del extractivismo. Es
una lucha continental, particularmente interesa, en este caso la defensa de la
Amazonia en contra de la deforestación, depredación y degradación ocasionados
por la implementación de las formas del modelo extractivista. En las serranías
del Perú se han desatado radicales luchas en contra de la mega-minería y sus
devastadoras consecuencias para los pueblos y comunidades, contaminando tierra
y agua. Las marchas de defensa del agua y de la vida se han multiplicado. Se
han expulsado a empresas mineras, la lucha es frontal contra el capitalismo
extractivista. En tanto los gobiernos, incluso los progresistas, se han puesto
de lado de las empresas mineras e hidrocarburíferas, enfrentando a sus pueblos.
Este es el contexto de las luchas contemporáneas contra el
capitalismo, muy lejos de los discursos rimbombantes de algunos gobernantes
progresistas, discursos que pretenden aparecer como anti-imperialistas, pero
que no son otra cosa que dispositivos discursivos que legitiman la incursión de
las empresas trasnacionales del Imperio capitalista. Teniendo en cuenta esta
confrontación real, se puede ver quienes están de un lado y quienes del otro
lado. Los gobiernos, incluso los gobiernos progresistas, están efectivamente
del lado de las empresas trasnacionales extractivistas, por lo tanto del lado
del Imperio, en tanto que los pueblos y comunidades que resisten y luchan contra
el extractivismo están de lado de la vida, de la defensa de la vida, de la
defensa del agua, de los bosques, de los suelos, de las plantas, de los
animales. Defensa que tiene que ver por la lucha por una perspectiva civilizatoria
alternativa.
[1] Raúl Prada Alcoreza: La guerra
de la madre tierra. En Victoria
indígena en el TIPNIS. Autodeterminación 2012. La Paz. También en Bolpress
2011-2012.
[2] Sarela Paz: La marcha indígena del TIPNIS en Bolivia y su
relación con los modelos extractivos de América del Sur. Bolpress 2012. La Paz.
[3] En un artículo de Mamerto Pérez, titulado La soya en Bolivia. El “grano de oro” que no brilla, el
autor atribuía las siguientes características a la producción de soya:
contribuye con el 6% en la formación del Producto Interno Bruto (p i b)
nacional; aporta con la cuarta parte del valor de las exportaciones
bolivianas; genera 45 mil empleos directos, con tendencia a aumentar en función
del área cultivada; representa más de un tercio de la
superficie sembrada en Bolivia moviliza el transporte interno en forma significativa, desencadenando otros efectos multiplicadores
en la economía; las inversiones en el sector alcanzan los 700 millones de
dólares. Kreidler et al (2004:132), con datos procesados
hasta el 2003. El autor anota a propósito: “Aunque se debe aclarar que en 2007
este sitial cambió en contra, especialmente en los aspectos macroeconómicos,
como consecuencia de la gran alza de los precios internacionales de las
materias primas y commodities (incluyendo obviamente la soya) que se presentó
entre 2004 y 2008. Es que al haber subido desproporcionadamente los precios de
los hidrocarburos, esta situación no sólo se reflejó en un sustancial
incremento del valor de las exportaciones bolivianas, sino en su estructura,
pues han sido los valores de las exportaciones de gas natural las que se
incrementaron en mayor proporción. De ahí que los 607 millones de dólares de
exportación del complejo soyero en 2007, apenas representaron el 13% del total
nacional, por lo que su aporte al PIB nacional, con seguridad, también se
redujo”.
[4] Ver Arroz en Bolivia. Unidad de Acción Política. CIPCA.
[5]Hasta el 2005 las exportaciones de azúcar fueron de 48,9 millones de
kilogramos brutos, hablamos de 15,2 millones de dólares. El consumo interno del
azúcar llegó a 6,6 millones de quintales por año. Ver Economía de 12 de enero de 2006. El Nuevo Día. Santa Cruz.
[6] Datos tomados de acuerdo
a un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
titulado Perfil producto Quinua.
[7] Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena
Productiva de la Papa en Bolivia. IBCE.
[8] Ver Opinión. El país: Bolivia cultiva 179.407 hectáreas de papa en
7 departamentos. Cochabamba, 17 de abril de 2012. Fuente INE. Difusión del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE).
[9] http://www.bolivia.com/geografiadebolivia/cap16.htm.
Capítulo XVI: Recursos ganaderos,
avícolas y piscícolas.
[10] Gozalo Colque: Tierra, la herencia irresuelta de
la Reforma Agraria de 1953. La razón; Lunes, 9 de abril de 2012.
[11]http://www.bolivianland.net/UserFiles/File/Dest2Comun/1TodoSobreArbolMaderaBolWebEsp.pdf.
Información sobre el negocio de la
madera en Bolivia.
[12] En el TIPNIS
existen tres grandes ecosistemas. El
primero que es el Subandino o serranía con bosque, el segundo que es el Pie de
Monte o selva alta y el tercero que es el ecosistema de Bosques y Sabanas
Inundables. En los tres ecosistemas
existen especies endémicas de un alto valor para la reproducción de la
biodiversidad en flora y fauna. Ver: Evaluación Ambiental Estratégica, La
Paz, SERNAP, 2011.
[13] Sarela Paz: La marcha indígena del TIPNIS en Bolivia y su relación con los modelos
extractivos de América del Sur. Bolpress 2012.
