Un Estado tramposo

Un Estado tramposo

Raúl Prada Alcoreza

Se ha hablado de estados aparentes o de formaciones aparentes del Estado, desde la teoría marxista del Estado, como refiriéndose a la falta de totalización, pero también a una dosis exagerada del imaginario; es decir, a una no correspondencia entre estructura económica y superestructura jurídica, política, ideológica y cultural. También desde otra perspectiva, esta vez de la intelectualidad conservadora del Imperio, se ha hablado de estados fallidos, como de un fracaso irremediable, refiriéndose a estados no solamente no logrados sino que no pueden gobernarse, que no puede construir un mínimo de orden jurídico y político. En un caso el supuesto de apariencia es complicado sostenerlo; ¿desde qué perspectiva se puede decir que no habría logrado su totalización? Tendría que haber un referente, este es el Estado moderno; pero, ¿cuál Estado moderno? El que se considere más acabado, más desarrollado, más armado desde el punto de vista de su institucionalidad, normativa y soporte económico. Empero este referente es coyuntural y tiene que ver con la auto-referencia de un Estado dominante. Por otra parte, hablar de un desfase entre estructura y superestructura,  es abordar el tema desde la perspectiva del determinismo económico, haciendo que un Estado logrado, totalizado, sea el resultado de un pleno desarrollo capitalista. Cuando se habla de estados aparentes se hace hincapié en una especie de desborde de la voluntad, una voluntad institucional que busca imponer la modernidad desde el Estado, como una construcción estatal; se dibujan estados que tienen que administrar una articulación abigarrada de modos de producción. También se refieren a Estados que son más que una ilusión jurídica, estados que no habrían pasado por reformas institucionales y democráticas. La idea del Estado-nación sería en este caso el referente. Pero, tomando en cuenta esta hipótesis, habría estados más reales que otros y más aparentes que otros. La realidad entonces estaría definida por el ejemplo del Estado moderno, del Estado-nación.

Estas tesis suponen que el Estado moderno, el Estado-nación, es como un fin y un centro, a partir del cual se puede valorizar lo que avanza a esta conformación; así como  el modo de producción capitalista se vuelve un fin y un centro en la historia económica, a partir del cual se comprende y se ilumina sobre los otros modos de producción. Empero, en este caso, no se dice que los otros modos de producción son aparentes sino que son pre-capitalistas o no-capitalistas. ¿Por qué entonces se habla de algunas formas de Estado como aparentes, a pesar de ser reales, aunque diferentes? En todo caso estas tesis forman parte de toda una discusión sobre la relación entre estructura y superestructura, incluso cuando se introduce la hipótesis de la autonomía relativa del Estado.

Las otras tesis, sobre los estados fallidos, se basan en una perspectiva intervencionista; se trata de estados que no sólo no se pueden gobernar, que son un rotundo fracaso, sino incluso estados peligrosos, que requieren de una intervención humanitaria. Estas tesis pueden ilustrarse teóricamente a partir de las concepciones de dos ideólogos conservadores, uno es Samuel Phillips Huntington y el otro es Francis Fukuyama; el libro polémico y difundido del primero es Choque de civilizaciones, el libro más conocido y discutido del segundo es El fin de la historia y el último hombre. Estos autores no hablan de estados fallidos, pues el término de estados fallidos es más periodístico y tiene el objeto de comentario como de la difusión, así como de la clasificación descalificadora; con el argumento de hacer más detalla la enunciación, el centro de estudio Fund for Peace ha propuesto algunos parámetros descriptivos: pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos, incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. Un Estado fallido se identifica por un fracaso social, político y económico, distinguiéndose por tener un gobierno débil e ineficaz, que no tiene control sobre extensas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Noam Chomsky ha criticado estas concepciones en su libro Estados Fracasados: El Abuso de Poder y la Agresión a la Democracia. El intelectual crítico norteamericano invierte la proposición y define a los Estados Unidos como un imperialismo que pone en peligro la democracia en el mundo.

Hasta ahí estas dos discusiones sobre las caracterizaciones del Estado, unas marxistas, las otras conservadoras. No vamos a continuar con estos temas ni estas discusiones, tan sólo poner en suspenso los supuestos en los que se basan, uno dialéctico, el otro claramente descalificador e intervencionista. Lo que interesaba es ilustrar sobre debates en torno a los problemas de los estados en la contemporaneidad. Introduciremos un juego metafórico, sin pretensiones de definición teórica ni mucho menos, sino tan sólo con pretensiones figurativas para caracterizar los usos del Estado para afrontar problemas contingentes por parte de un gobierno progresista. Llamaremos tramposo a este uso del Estado, pues no podemos llamar tramposo al gobierno, pues la trampa excede al gobierno, se involucran el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral, además de los aparatos de emergencia del Estado, la policía y las fuerzas armadas. Por lo tanto es el Estado el que se involucra en procedimientos tramposos para afrontar problemas sociales.

Toda la política sinuosa que se ha seguido en torno al conflicto del TIPNIS por parte del gobierno y los otros órganos de poder llama la atención. El quitar al TIPNIS más de 250 mil hectáreas, entregándoselas a los avasalladores del territorio indígena y parque, fue una medida elocuente en lo que respecta a develar el sentido de las políticas de gobierno respecto a los territorios indígenas y áreas protegidas. El firmar el contrato y el convenio con el gobierno brasilero el 2008 para la construcción de la carretera, comprometiéndose el préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico del Brasil, seleccionando a la empresa constructora OAS sin cumplir con las normas de contratación de bienes y servicios, fue otra muestra patética las relaciones secretas en las que está medido el gobierno, además de ser una evidencia de los procedimientos velados y opacos que se emplean. El uso de un discurso de defensa de la madre tierra en los foros internacionales en contraste con una política pragmática y extractivista es otra muestra de las profundas contradicciones en las que se debate el gobierno. La forma de enfrentar a la resistencia indígena a la afectación de sus derechos, al incumplimiento de la Constitución y de los convenios internacionales, es otro comportamiento escandaloso que devela una falta de escrúpulos buscando denigrar y descalificas a los dirigentes indígenas, convertidos en enemigos. El hacer leyes y abrogarlas después, de acuerdo a las circunstancias, es una demostración de la falta de seriedad. Sobre todo llama la atención el comportamiento en relación a la VIII marcha indígena que termina llegando a la sede de gobierno, apoyada por un millón de paceños que salen a recibir a los marchistas como héroes, consiguiendo arrancar la ley 180 de protección del TIPNIS. Días después el gobierno prepara el contra ataque con el objeto de abrogar la ley, arma una contra marcha con los cocaleros del CONISUR, marcha que no logra los efectos buscados, pues no recibe ninguna clase de apoyo popular. La gente interpreta rápidamente esta marcha como una maniobra. En estas circunstancias el gobierno y la Asamblea Legislativa no se atreven a abrogar la ley y buscan desesperadamente otra salida. Aprueban una ley de consulta, la ley 222, que supuestamente tiene por objeto subsanar un error, el no haber hecho la consulta a los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, moxeños, chimanes y yuracares. Sin embargo, esta ley de consulta es totalmente forzada, no cumple con ninguno de los requisitos y condiciones de la consulta establecidas en los convenios internacionales y en la Constitución. No cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas, de sus representantes, de sus organizaciones matrices. No es previa, pues el contrato con OAS, el diseño de la carretera, la división en tres tramos, el avance en el tramo 1 y 3, el compromiso de préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico del Brasil, ya se efectuaron desde el 2008. No es libre, pues se impone sin haber discutido y acordado con los pueblos indígenas. No es informada, pues no se ha informado sobre los alcances del proyecto debidamente y en las lenguas de los pueblos.  En el desarrollo de esta ley se involucra al CONISUR, organización afiliada a las federaciones cocaleras, que representa a los sindicatos de la zona de avasallamiento del polígono siete y quizás a la única comunidad yuracaré y moxeña que queda en la zona, Santísima Trinidad. No se toma en cuenta para nada a la representación legítima de las más de sesenta comunidades del TIPNIS, la subcentral del TIPNIS, menos a la organización matriz de los pueblos indígenas de tierras bajas, la CIDOB. Esta conducta torpe y forzada, sigue adelante; se arma un protocolo espantoso, que induce a la opción por la carretera. Para respaldar estos procedimientos, se prácticamente ocupa militarmente el TIPNIS, se efectúan incursiones, se hacen obsequios, presionando a las comunidades para que se comprometan con la construcción de la carretera. También se dividen a las comunidades, formando organizaciones paralelas o separando a algunas dirigencias. El propio presidente se convierte en el jefe de campaña de esta escandalosa coerción.

En adelante analizaremos la tramposa ley 222 y su protocolo, acompañada por discursos encubridores y la visita de una delegación canadiense, que se hace pasar como representación oficial de Naciones Unidas, cuando es sólo del PNUD, representación que avala, con algunas reticencias, una violación flagrante a los convenios internacionales y a la Constitución. Pero antes de hacer esto, estableceremos los criterios primordiales de la consulta a los pueblos indígenas, instituidos en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución.

La consulta a los pueblos indígenas

La consulta no solamente es un derecho de los pueblos indígenas sino una garantía de estos derechos[1]. Derechos que tienen que ver con el derecho a su territorio, a su cultura, a su lengua, a sus instituciones, a sus normas y procedimientos propios, a sus formas de organización y representación, a sus formas de gestión, a la libre determinación, autogobierno y autonomía. Para que la consulta sea una consulta, tal como está establecida en los convenios internacionales, debe la misma a ser consultada; se debe preguntar a los pueblos afectados sobre la consulta misma. Debe contar con su consentimiento. No pueda ser una consulta inventada por el gobierno u otros órganos del Estado, menos por las empresas, no puede ser impuesta, tal como lo ha sido la ley 222. La ley misma debía haber sido discutida con los pueblos indígenas, sus representantes legítimos,  sus organizaciones matrices. Esto no ocurrió, salvo la complicidad del CONISUR, que no tiene que ver nada con la TCO del TIPNIS, donde se debe hacer la consulta, y algunas dirigencias locales. La consulta debe ser previa, empero si el gobierno y el Estado reconocen su error por no haber consultado, pueden hacerla, siempre acordando con las representaciones y organizaciones indígenas. Si los pueblos indígenas no quieren la consulta, si dicen que es extemporánea, entonces no se puede hacer la consulta.

Los pueblos indígenas son autónomos, eso lo establecen los convenios internacionales y la Constitución. Existen antes de la colonia, eso les reconoce la Constitución. Por lo tanto son dueños de sus tierras y el Estado tiene que consultarles y pedirles permiso para poder hacer planes y programas que puedan afectarlos. Por otra parte, la Constitución define la condición plurinacional del Estado, esto implica la convivencia de naciones, pueblos y culturas, esto exige respeto a su libre determinación. La misma Constitución define la condición comunitaria y la condición autonómica del Estado, constitucionalizando las autonomías indígenas. La forma comunitaria y la forma de autonomía son formas de Estado, por lo tanto condicionan a las políticas públicas. La autonomía misma es una garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

El gobierno, la Asamblea Legislativa y el órgano electoral, al elaborar y aprobar la ley 222 y hacerla operable con el protocolo, violan no solamente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas sino también estas condicionantes constitucionales, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición de autonomía del Estado. Violan los derechos y violan las garantías de esos derechos. El Tribunal Constitucional al abalar estos procedimientos violatorios se hace cómplice de los atentados a la Constitución, a los derechos y a las garantías de los derechos.

Cuando se establece la condición de libre para efectuar la consulta se está planteando precisamente eso, que se respete la libertad de los pueblos indígenas, que no se les imponga procedimientos impropios a una consulta, un documento ya hecho por abogados y legisladores, como parte de la presión a hacer la carretera, que es la voluntad del gobierno. Cuando se dice que la consulta debe ser informada, se habla de todo un proceso, de una información adecuada y transparente, efectuada en las lenguas indígenas, que se informe sobre el impacto ambiental y las consecuencias del proyecto. Nada de esto ha ocurrido, no se ha informado, se ha desinformado, se ha hecho propaganda, se manipula constantemente a través de los medios del gobierno, lo que ya invalida la consulta misma.

Los vicios de la ley 222 y el protocolo

Los principales vicios de la ley 222 tienen que ver con las contradicciones flagrantes con la Constitución, los convenios internacionales y la ley 180, en defensa del TIPNIS. Los otros vicios tienen que ver con las contradicciones con la estructura conceptual y normativa de la consulta. Otro grupo de vicios tiene que ver con las contradicciones en su propia redacción. Por último, los vicios más calamitosos tienen que ver con la redacción del protocolo. No se puede hacer una ley que contravenga la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica del Estado en transición. No se respeta el artículo dos de la Constitución, se viola el carácter de libre determinación, autogobierno y de autonomía de los pueblos indígenas. No se puede hacer una ley que contradiga la ley 180, en defensa del TIPNIS. Y obviamente no se puede hacer una ley que no responda a las clausulas y condicionantes de los convenios internacionales. ¿Por qué se hace todo esto?

Para responder esta pregunta contamos con dos hipótesis de interpretación. La primera hipótesis tiene que ver con la incomprensión de la Constitución y de los convenios internacionales. Incomprensión que tiene que ver con resistencias a la interpretación del texto constitucional, a la discusión y deliberación del texto, y también a la distancia de los funcionarios respecto al proceso constituyente. La segunda hipótesis tiene que ver con el interés demostrado de defender un proyecto pragmático, realista, que es la continuación del modelo extractivista, y renunciar al proyecto constitucional del vivir bien, de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, tiene que ver con la renuncia a la economía social comunitaria y al modelo ecológico, inscritos en la Constitución.

Ciertamente estas renuncias y estas incomprensiones no se hacen explícitas, pues esto no se puede hacerlo; políticamente sería una confesión. Las renuncias al proyecto de cambio tienen que ser ocultadas, escondidas, camufladas. Las incomprensiones obviamente no son reconocidas, pues esto sería como comprender la propia incomprensión. Entonces la comunicación se hace confusa y saturada. Se efectúa una campaña de desinformación y haciendo creer que se está en lo mismo, en el proceso de cambio, cuando todas las acciones lo contradicen. El gobierno ya forma parte del contra-proceso, desacatando la Constitución y los mandatos constitucionales, enfrentando al pueblo boliviano y a las naciones y pueblos indígenas originarios. Todas las acciones optan por la trampa, hacer trampa; los responsables de estas acciones creen que esto es una astucia política, cuando lo único que hacen es mostrar su propia decadencia ética y moral.

Es un perfil muy peculiar de estos astutos políticos; tienen una representación de la realidad de película. Se trata de un juego de apariencias, lo que vale son las apariencias, lo que aparenta que es, no lo que es en realidad. Por lo tanto se opta por campañas publicitarias y obviamente están muy lejos de la investigación de los hechos, de los acontecimientos, de los problemas. Esto para ellos es pérdida de tiempo y especulación. De lo que se trata es de modelar la opinión pública de acuerdo a los mensajes propagandísticos y publicitarios. Por eso mismo, es preferible el engaño que la transparencia. No se podía esperar de ellos una preocupación por cumplir con las condiciones, los requisitos, la estructura conceptual y normativa de la consulta. Es lo que menos les preocupa; de lo que se trata es de hacer creer que se trata de una consulta. No importa cómo se la haga, tiene que servir este mecanismo para imponer una voluntad antelada, la construcción de la carretera. Por eso se plantea en la ley 222 el dilema de intangibilidad o carretera, cuando ya el SERNAP y las organizaciones indígenas acordaron áreas identificadas como vulnerables, de aprovechamiento económico y de reproducción comunitaria, cuando en la reglamentación de la ley 180 el gobierno, la Asamblea legislativa y las organizaciones indígenas acordaron el significado de intangibilidad. Por eso también el protocolo es un documento indecoroso y descarado de inducción a optar por la carretera, inventándose procedimientos anómalos de encuesta, inventándose representaciones indebidas para abordar estos procedimientos en las localidades dónde se aplicaría el cuestionario. Todo esto se hace sin resquemor, sin rubor alguno, con pleno descaro. ¿Por qué se opta por el mecanismo de la trampa y no por una construcción consentida y consensuada con los pueblos indígenas?

El proceso de la consulta es complicado, llevaría por lo menos dos años en prepararla y ejecutarla. Se requiere participación, reunir la información, difundirla en lenguas propias de los pueblos indígenas; se requiere esperar el desenvolvimiento de las deliberaciones y de las asambleas. Para esto es menester la participación de las representaciones genuinas de los pueblos indígenas, representaciones que el gobierno considera como enemigos. Para esto es necesario informar sobre los impactos ambientales y sobre la organización, cohesión y cultura indígenas. Se requiere buena fe, que es lo que más le falta al gobierno. No se quiere la consulta, pues no se aprecia la decisión libre de los pueblos indígenas; se suplanta su opinión por la presuposición gubernamental, se supone que las comunidades quieren desarrollo, quieren escuelas, quieren hospitales; por lo tanto quieren la carretera. Acostumbrados a la violencia estatal, no hacen otra cosa que continuar con la misma violencia, con el monopolio de la violencia, que creen que es el monopolio de la verdad.            

El problema es que todos están comprometidos con esta estrategia, si se la puede llamar así. No sólo el ejecutivo, también la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, el órgano electoral, incluso el Tribunal Constitucional. No hay dónde acudir para defender los derechos constitucionalizados. El Defensor del Pueblo es una instancia, empero es débil para hacer cumplir y garantizar los derechos. Los organismos internacionales ayudan, empero sólo terminan observando y acompañando las marchas. Sólo queda confiar en la propia fuerza, en la propia potencia social, en las marchas y movilizaciones populares. La solución del problema vuelve a remitirse a la correlación de fuerzas, correlación puede desatar otras acciones, jurídicas, de denuncia y hasta de exigencia. Otra vez está en manos del pueblo corregir los decursos históricos.

Como se puede ver, se trata de una coyuntura política complicada, de un panorama polarizado, incluso paradójico. Por un lado hay un control casi absoluto del Estado, todos los órganos de poder, todas las instituciones oficiales, incluso la amplia mayoría de las gobernaciones, están en manos de lo que llamaremos provisionalmente los grupos de poder. A propósito no nombramos al MAS, pues es difícil creer que el MAS gobierna. La impresión es diferente, incluso en las dirigencias del MAS. El más no dejó de ser un instrumento electoral, de convocatorias electorales y espacio de negociaciones y acuerdos con las organizaciones sociales. Empero nunca se discutió en los congresos del MAS la dirección de las políticas públicas. Todo quedó en manos del ejecutivo. Muchas direcciones del MAS tienen  la percepción de que los que se encuentran en el ejecutivo son invitados y no miembros del MAS. Este tema es digno de análisis, pero no se puede hacerlo en este momento y en este ensayo, quedará pendiente. Por lo tanto, volviendo al análisis, vemos que los grupos de poder controlan todo, pero este control no se encuentra respaldado por la legitimidad. Al contrario se ha venido perdiendo la legitimidad en la medida que se ha hecho evidente la dirección política inconstitucional y la opción por el modelo extractivista. La crisis del gasolinazo y la crisis del TIPNIS terminaron quitándole la legitimidad que le quedaba al gobierno. Después de las elecciones de los magistrados se constata que el MAS, en términos electorales, es ya una minoría, al ser vencidos en la votación por el voto nulo. La paradoja entonces es esta, el costo del control del Estado a como dé lugar resultó en un vacío de legitimidad, que puede también constatar un vaciamiento político.

Otra paradoja es la que tiene que ver con las actuales alianzas políticas que sostienen al gobierno. La alianza con las naciones y pueblos indígenas originarios ha desaparecido, se ha roto el Pacto por la Unidad; por un lado están las organizaciones campesinas, denominadas popularmente como las trillizas, apoyando al gobierno; por otro lado están las organizaciones indígenas, el CONAMAQ              y el CIDOB, buscando la reconducción del proceso, encaminadas en la defensa del TIPNIS, de la madre tierra y de la Constitución. La nueva alianza del gobierno es con la burguesía boliviana, con los agroindustriales, los banqueros, los empresarios, los terratenientes y los nuevos ricos, comerciantes, intermediarios, contrabandistas y campesinos ricos, vinculados a los monocultivos. Esta alianza convierte al gobierno en administrador de los intereses de la burguesía y de las empresas trasnacionales. Además esta alianza enfrenta al gobierno con el pueblo.

La paradoja más contrastante es la que tiene que ver con la continuación expansiva del modelo extractivista y la economía rentista, renunciando a la transición al vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, renunciando a la construcción de una economía social y comunitaria, renunciando sobre todo a la transición y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, al sistema de gobierno de la democracia participativa, del ejercicio plural de  la democracia, directa, representativa y comunitaria. Esta paradoja muestra los alcances del realismo y el pragmatismo del gobierno; no se cree en el cambio sino solo en la necesidad de mantenerse en el poder. Hay pues un acomodo a las estructuras y relaciones de poder regionales e internacionales. Por eso, las políticas se retienen sólo en la emisión de bonos, completamente adecuados a la economía rentista; empero se renuncia a las inversiones estructurales y logísticas en salud, en educación, en la calidad de vida. Se prefiere optar en la provisionalidad de la coyuntura y renunciar a políticas estructurales de mediano y largo plazo. Peor aún, se renuncia taxativamente a la industrialización de las materias primas y se prefiere extender la exportación de recursos naturales; se renuncia a la soberanía alimentaria, prefiriendo apoyar el comercio de monocultivos destinados al mercado externo; se renuncia a fortalecer, expandir y consolidar el mercadeo interno. También se renuncia a la inversión productiva, prefiriendo el gasto, el incremento de la deuda interna y externa, además del ahorro sin sentido de las reservas internacionales, cuyo objeto es un efecto sumatorio como resultado del equilibrio macroeconómico, tan buscado por las políticas monetaristas.

Entonces se entiende que lo que tenemos no es tanto un Estado aparente, figura de la discusión marxista, no es tanto un Estado fallido, discusión conservadora e imperialista, sino la figura de un Estado usado no sólo en el sentido de la separación entre Estado y lucha de clases, entre estado y sociedad, entre Estado y comunidades, sino en el sentido de la manipulación masiva, de la disuasión represiva, en el sentido de los engaños múltiples, de las astucias políticas proliferantes, en el sentido de la efectuación de la política como trampa.

Obviamente el caso boliviano no es el único caso, todo esto forma parte de la crisis múltiple del Estado, de la forma Estado, de los Estado-nación. El caso boliviano tiene sus propias peculiaridades, sus intensidades y sus dramatismos, que tienen que ver con su propia historia política, sobre todo la reciente. Hay quienes todavía se ilusionan con concluir la construcción del Estado-nación, pues consideran que su construcción ha quedado inconclusa, inacabada, que el fracaso económico tiene que ver con este inacabamiento del Estado-nación, que el fracaso de las nacionalizaciones tiene que ver con esta inconclusión y falta de totalización. Esto parece más un justificativo para seguir insistiendo en una perspectiva política en crisis, sin considerar el carácter subalterno de los Estado-nación periféricos. Es también un justificativo de algún ideólogo del gobierno que explica el diferimiento del Estado-nación, por lo tanto su dilatación y la postergación de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, debido a la tarea pendiente de concluir con la construcción del Estado-nación. Esta justificación sirve en sentido pragmático para proseguir con la línea del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La crisis actual del capitalismo, la crisis política del orden mundial, la crisis ecológica que es la medida del costo del capitalismo transferido a la naturaleza, muestran la insostenibilidad de esta perspectiva política nacionalista. Es menester e indispensable una transición más allá del Estado-nación.  Esta perspectiva ha sido pensada por los movimientos sociales anti-sistémicos y las naciones y pueblos indígenas, esta es la transición política del Estado plurinacional comunitario y autonómico.                

                 

  

         

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[1] Estas fueron las expresiones de Bartolomé Clavero en la exposición que hizo en Trinidad en el Seminario sobre Avances y retrocesos del Estado plurinacional, organizado por el CEJIS. El seminario se llevó a cabo los días 20 y 21 de abril de 2012.