La Guerra por México
Cartografía de
los carteles
Fernando
Garcia Ramirez
La guerra que atraviesa México en estos años haría
inviable al país de o ser vecinos de EEUU, pero hasta eso puede ser muy
complicado, dados los antecedentes de esta tragedia que vive México y que
involucra a los gobiernos de México del PRI del PAN y al de EEUU. Fernando
García Ramírez en un publicado en enero del 2011 en Letras Libres dice sobre
los inicios de la violencia y hace revelaciones sorprendentes, glosándolos del
libro Los señores del narco de Anabel Hernández, uno de los mejor documentados
según el autor de la nota:
“[…] Durante los años
setenta y ochenta, bajo los gobiernos de Echeverría y López Portillo, no
existían los cárteles de la droga: había pequeños grupos que se dedicaban a
sembrar, transportar y cruzar a Estados Unidos mariguana y heroína. Para el
Estado representaban entonces mayor peligro los grupos guerrilleros que los
narcotraficantes, con los que se tenía un acuerdo: el gobierno regulaba la
producción y supervisaba el traslado hasta la frontera a cambio de una especie
de impuesto y del cumplimiento de ciertas reglas: no se permitía que los
traficantes anduvieran armados ni que vendieran droga en el país. Ese
“impuesto” se empleaba, en parte, para financiar el combate a los grupos
subversivos, y para lograr la buena voluntad de Los Pinos. En el sexenio de De
la Madrid empezó a cambiar todo. Según un informante de Anabel Hernández, “el
pago de impuestos por parte de los narcotraficantes comenzó a transformarse en
dinero directo para los policías y funcionarios”. Nació entonces la
organización de los hermanos Arellano Félix (que controlaba el paso de
Tijuana), se fortaleció la organización de Juan García Ábrego (suyo era el paso
de Nuevo Laredo) y comenzó a despuntar el cártel de Juárez.
Un nuevo elemento intervino entonces, que llevó el
negocio a otra escala. En Nicaragua se habían hecho del poder los sandinistas,
luego de la revolución que derrocó a Somoza. El gobierno de Reagan ideó una
fórmula (conocida luego como Irán-Contras) que consistía en la venta de armas a
Irán para, con los recursos, financiar a la contra antisandinista. Menos
conocida es, hasta ahora que Anabel Hernández reconstruye minuciosamente la
historia, la conexión México-Contras: la CIA llegó a un acuerdo con grupos de
narcotraficantes mexicanos –con la tolerancia del gobierno de De la Madrid– para
que se transportara cocaína de Colombia a México y de aquí se llevara hasta
Estados Unidos. Parte del dinero de esa operación se destinaría a financiar a
los contras.
El negocio, con el transporte de cocaína, creció
exponencialmente.
El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena es solo una muestra del poder que comenzaron a tener los grupos delictivos, tanto como para retar a Estados Unidos. Para 1989 la DEA calculó que el 60 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos venía de Colombia vía México. Se consolidó entonces el gran cártel mexicano –el del Pacífico, con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a la cabeza–, por sus conexiones con los cárteles de Cali y Medellín y por su habilidad para corromper a los políticos y a los policías encargados de combatirlos. La situación no varió con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari: aunque existen señalamientos de que Raúl, el “hermano incómodo” del presidente, cobraba “derecho de piso” a todos los grupos, se privilegió en los hechos al cártel del Golfo, tal vez por la vieja amistad de Raúl Salinas Lozano con Juan García Ábrego. Con el arribo de Ernesto Zedillo a la presidencia cambió la correlación de fuerzas. Quizá como reacción al favoritismo salinista al cártel del Golfo, se privilegió desde el poder al cártel rival, el del Pacífico. (Puede parecer que estoy hablando con ligereza, pero los tres libros, sobre todo el de Anabel Hernández, ofrecen muchos detalles de la complicidad de las policías federales con este o aquel cártel.) En 1995, para poner un ejemplo significativo, se permitió el traslado de Joaquín el Chapo Guzmán, recluido en Almoloya desde 1993, al penal de Puente Grande, en Jalisco, donde al poco tiempo de llegar se relajaron todos los controles penitenciarios propios de una prisión de alta seguridad. El Chapo convirtió su estancia en el penal en una fiesta: drogas, alcohol, mujeres. La fuga del Chapo Guzmán, ocurrida en 2001, es un hecho que los tres autores reseñados abordan minuciosamente. Al comparar los tres relatos se advierte más claramente la distancia que va del libro de Anabel Hernández –en cinco años de investigación cotejó actas, fatigó fuentes, se entrevistó con multitud de testigos– al de Reveles y al de De Mauleón, que no son propiamente trabajos de investigación a fondo sino, casi, de mera consulta hemerográfica. Así, Reveles y De Mauleón dan por buena la versión oficial de que el Chapo se fugó en un carrito de lavandería del penal. Anabel Hernández echa abajo esa versión, con múltiples pruebas y testimonios. La teoría de Anabel Hernández es que el Chapo se había ocultado en la sección de enfermería y que, al darse la alarma de que se había fugado y arribar al penal la policía para buscarlo, cambió su uniforme de preso por el de policía y salió por la puerta grande de Puente Grande, con la complicidad de los directivos y custodios del penal. Desde su fuga, el Chapo Guzmán se convirtió en el capo consentido de los gobiernos del PAN (que se han dedicado a eliminar a sus rivales, a proteger a sus líderes, a solapar el uso criminal que durante estos años se le ha dado al aeropuerto de la ciudad de México), hecho que le permitió en muy pocos años expandir su negocio y convertir su organización en una empresa multinacional del crimen, con presencia en 43 países, y a él en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes….”
El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena es solo una muestra del poder que comenzaron a tener los grupos delictivos, tanto como para retar a Estados Unidos. Para 1989 la DEA calculó que el 60 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos venía de Colombia vía México. Se consolidó entonces el gran cártel mexicano –el del Pacífico, con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a la cabeza–, por sus conexiones con los cárteles de Cali y Medellín y por su habilidad para corromper a los políticos y a los policías encargados de combatirlos. La situación no varió con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari: aunque existen señalamientos de que Raúl, el “hermano incómodo” del presidente, cobraba “derecho de piso” a todos los grupos, se privilegió en los hechos al cártel del Golfo, tal vez por la vieja amistad de Raúl Salinas Lozano con Juan García Ábrego. Con el arribo de Ernesto Zedillo a la presidencia cambió la correlación de fuerzas. Quizá como reacción al favoritismo salinista al cártel del Golfo, se privilegió desde el poder al cártel rival, el del Pacífico. (Puede parecer que estoy hablando con ligereza, pero los tres libros, sobre todo el de Anabel Hernández, ofrecen muchos detalles de la complicidad de las policías federales con este o aquel cártel.) En 1995, para poner un ejemplo significativo, se permitió el traslado de Joaquín el Chapo Guzmán, recluido en Almoloya desde 1993, al penal de Puente Grande, en Jalisco, donde al poco tiempo de llegar se relajaron todos los controles penitenciarios propios de una prisión de alta seguridad. El Chapo convirtió su estancia en el penal en una fiesta: drogas, alcohol, mujeres. La fuga del Chapo Guzmán, ocurrida en 2001, es un hecho que los tres autores reseñados abordan minuciosamente. Al comparar los tres relatos se advierte más claramente la distancia que va del libro de Anabel Hernández –en cinco años de investigación cotejó actas, fatigó fuentes, se entrevistó con multitud de testigos– al de Reveles y al de De Mauleón, que no son propiamente trabajos de investigación a fondo sino, casi, de mera consulta hemerográfica. Así, Reveles y De Mauleón dan por buena la versión oficial de que el Chapo se fugó en un carrito de lavandería del penal. Anabel Hernández echa abajo esa versión, con múltiples pruebas y testimonios. La teoría de Anabel Hernández es que el Chapo se había ocultado en la sección de enfermería y que, al darse la alarma de que se había fugado y arribar al penal la policía para buscarlo, cambió su uniforme de preso por el de policía y salió por la puerta grande de Puente Grande, con la complicidad de los directivos y custodios del penal. Desde su fuga, el Chapo Guzmán se convirtió en el capo consentido de los gobiernos del PAN (que se han dedicado a eliminar a sus rivales, a proteger a sus líderes, a solapar el uso criminal que durante estos años se le ha dado al aeropuerto de la ciudad de México), hecho que le permitió en muy pocos años expandir su negocio y convertir su organización en una empresa multinacional del crimen, con presencia en 43 países, y a él en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes….”
Al final del reportaje sobre La guerra por
Monterrey, aparecido en la revista Semana de Colombia, pongo un mapa del
reparto del territorio mejicano por los cárteles de la droga. ¿Qué esperamos
para actuar con extremada urgencia en el tema la droga en el Perú ahora que
somos el primer productor de cocaína en el mundo, y que mucha de la droga del
país, está produciendo la horrorosa matanza en México
La guerra por Monterrey
Sábado 19 Mayo 2012
Los
carteles están desangrando a México. Y Monterrey es el epicentro de la batalla:
mientras políticos, activistas y víctimas hacen todo para ahuyentar a los
narcos, estos siguen masacrando. Crónica de SEMANA.
"Alto
ahí", gritó el municipal, desenfundando su pistola. "¡Dese la vuelta!
¡Contra la pared!", rugió y avanzó con cautela. El policía que vigilaba el
Casino Royale, en Monterrey, apuntaba con su arma al enviado especial de
SEMANA. Ocho meses atrás, el 25 de agosto de 2011, unos sicarios se habían
tomado el edificio, hoy ruinoso y ennegrecido. Llegaron gritando y disparando,
cercaron el lugar, regaron gasolina y prendieron fuego. Murieron 52 personas.
Desde entonces, un par de jóvenes agentes vigilan temerosos los restos del
casino… y Monterrey, hasta hoy, está de luto.
"A veces vienen e intentan entrar", explicó más tarde el policía. El área metropolitana de Monterrey es la tercera más grande de México y el eje industrial del país. Multinacionales como Cemex y Femsa operan allí y crean más empleos, atraen más inversión y exportan más que cualquier otra región. Pero, como sus policías, Monterrey entera hoy se siente amenazada. La guerra entre Los Zetas, el cartel del Golfo y el de Sinaloa -tres poderosas organizaciones criminales- se acerca al corazón de la ciudad. Decenas de negocios han cerrado, miles de habitantes han huido y quienes deben quedarse viven en pánico. El domingo pasado, en Cadereyta, a solo 37 kilómetros, tuvo lugar la más reciente atrocidad: los cuerpos mutilados de 49 personas fueron arrojados al borde de una carretera. Cuando la Policía llegó, encontró bolsas de plástico y, en su interior, solo el torso y parte de las extremidades de las víctimas.
SEMANA viajó a esta enorme metrópoli, cuya área urbana abarca nueve municipios y se riega sobre un caluroso y árido valle entre la Sierra Madre y el Cerro del Topo Chico, en el noreste de México. Recorrió sus distritos: los más ricos, los más deprimidos y los más comerciales, todos con algo en común: el desespero ante la creciente inseguridad. En los muros del Barrio Antiguo abundan las marcas de bala y los grafitis que ilustran la violencia. Monterrey rompió con el mito de que la guerra contra el narcotráfico era un fenómeno que no llegaba a las grandes urbes. Aquí todos hablan de una ciudad que lucha para que el 'narco' no la devore.
Monterrey está en el estado de Nuevo León y este, por su geografía, se ha convertido en una ruta de tráfico de ilegales y droga. A comienzos de la década pasada, el fin de más de 70 años de gobierno único del PRI significó el inicio de lo que los mexicanos llaman 'el desmadre'. Los carteles, antes controlados por agentes del gobierno, empezaron a disputarse las lucrativas rutas ilegales. Se concentraron en Tamaulipas, un estado que colinda con Estados Unidos y por el que pasa 70 por ciento del comercio terrestre mexicano. Pero luego, obedeciendo al llamado 'efecto cucaracha' ("atacándolas no las eliminas, sino que las llevas a otras partes"), empezaron a esparcirse en estados vecinos como Nuevo León.
En su capital, periodistas, académicos y autoridades coinciden en esta versión de la historia. Así mismo están de acuerdo con que Monterrey, otrora un oasis de riqueza y prosperidad, empezó a conocer la violencia en 2010. Los Zetas rompieron con el cartel del Golfo. "Comenzaron las vendettas y los ajustes de cuentas", dijo a SEMANA en su despacho Jorge Domene, vocero de seguridad de Nuevo León. "Y luego llegó el narcomenudeo". Tras los atentados contra las Torres Gemelas, la frontera gringa se había cerrado y la droga empezó a estancarse en México. "Cada gramo costaba dinero y hubo que venderla aquí", relató Domene. Monterrey se convirtió así en una 'plaza': un centro de paso, venta y consumo de droga.
El negocio estimuló la corrupción policial y les permitió a los carteles armar ejércitos. "Esa es la tragedia", dijo a SEMANA María Ángela Gutiérrez, socióloga de la Universidad de Monterrey. "La llegada del narco coincidió con un México en crisis: pobre, sin empleo y con un tejido social descompuesto". Los más afectados son los jóvenes. Desde 2009, el gobierno de Nuevo León ha metido a la cárcel a 4.000 personas y más de 3.000 han muerto, de las cuales la mayoría son menores de 30 años. Los 'jefes de plaza' los usan como jíbaros, informantes, extorsionistas, secuestradores o sicarios. Y son la carne de cañón que, cuando la banda contraria quiere vengarse, termina colgada de los puentes.
A primera vista, Monterrey da la impresión de ser víctima de una exageración. A diferencia de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo -capturadas por la mafia-, aquí hay policía, el comercio fluye y la vida diurna es agitada. Sin embargo, el poder de las mafias se descubre en los detalles. El centro antiguo solía ser una 'zona rosa' con restaurantes y discotecas. Hoy, está vacío hasta los viernes en la noche. "Era difícil caminar por la cantidad de gente", dijo a SEMANA José Carranco, que trabajaba en la zona. Ahora no solo las vías están solas, sino también los locales, cuyos dueños se rehusaron a pagar extorsiones y prefirieron huir antes de correr con la suerte de Pablo Martínez, jefe de seguridad del Café Iguana. "Cuando lo mataron, sentí que esta ciudad había cambiado", dijo Carranco, que trabajó con él. Un sábado de 2011, unos sicarios se bajaron de un carro, le dispararon y escaparon. Luego, cuando los enfermeros atendían el cuerpo, regresaron para llevarse el cadáver y desaparecerlo.
Los traumas de este ataque se sumaron a los que dejó el incendio del Casino Royale. Samara Pérez se encontraba allá con su hijo de 18 años. "Me había invitado", dijo entre lágrimas a SEMANA. "De repente, vi a unos hombres que empezaron a gritar e insultar y de repente la sala estaba llena de humo". Samara se encerró en un cuarto que la protegió de las llamaradas. Más tarde, se enteró de que su hijo había muerto. Así, de golpe en golpe, Monterrey se ha ido hundiendo en la angustia. "Hasta nos han dado clases de cómo reaccionar ante hechos violentos", le dijo a SEMANA Martha Rivera, una maestra que hace un año, durante una balacera a pocos metros de su primaria, se tiró al suelo con sus alumnos y empezó a cantar con ellos. Por su acto heroico, Shakira le dio un premio en Cartagena durante la Cumbre de las Américas. "A mis niños les ahorré una experiencia traumática, pero son excepciones".
Desde que la guerra contra el 'narco' comenzó oficialmente en 2006, más de 50.000 personas han muerto y más de 18.000 han desaparecido. Y mientras la lucha armada le cuesta al Estado millones de dólares, víctimas y victimarios están en el olvido. Las primeras carecen de apoyo psicológico y financiero. Y los últimos -en muchos casos pobres o migrantes forzados a trabajar para los carteles-, si no son ejecutados brutalmente, permanecen excluidos de la sociedad: escondidos en sus barrios, hacinados en cárceles y muy lejos de una reconciliación. "En México no hay quién se encargue de las víctimas", dijo a SEMANA Consuelo Morales, directora del movimiento Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey. Entre sus registros, Morales tiene casos de crueldad inédita y de abusos de la autoridad por parte del Ejército, la Marina y la Policía. Para la drogadicción, que en esta ciudad se ha convertido en un camino al crimen, no hay políticas de salud pública, sino que permanece como un problema de seguridad. "A nadie le preocupa atajar la raíz del problema: que es el abandono de la niñez".
En esta última batalla, Monterrey se defiende como puede. La Policía destruyó los templos de la Santa Muerte que los capos habían erigido a las afueras de la ciudad. En 2011, el gobierno fundó una 'fuerza civil' especializada. También ha invitado a políticos como Sergio Fajardo para aprender de las experiencias de Medellín. El caso más exitoso es el del rico distrito de San Pedro, cuyo alcalde, Mauricio Fernández Garza, ha logrado resultados contrarios al resto de la ciudad. Este controversial funcionario, frentero, multimillonario y extravagante, llenó titulares poco después de llegar al cargo, pues declaró que tenía un "grupo rudo" que le hacía tareas de inteligencia. Lo acusaron de fundar grupos paramilitares, pero pronto pudo demostrarles incluso a sus críticos más acérrimos que se trataba de una unidad estandarizada de inteligencia. En un despacho lujosamente decorado, Fernández Garza le dijo a SEMANA: "Aquí hemos hecho lo que en el resto del país nadie ha hecho: atajar el problema con profesionales de Policía y con políticas sociales serias". Y añadió: "Claro está que eso solo se puede hacer con lana (dinero), pero hay que tener la voluntad".
"A veces vienen e intentan entrar", explicó más tarde el policía. El área metropolitana de Monterrey es la tercera más grande de México y el eje industrial del país. Multinacionales como Cemex y Femsa operan allí y crean más empleos, atraen más inversión y exportan más que cualquier otra región. Pero, como sus policías, Monterrey entera hoy se siente amenazada. La guerra entre Los Zetas, el cartel del Golfo y el de Sinaloa -tres poderosas organizaciones criminales- se acerca al corazón de la ciudad. Decenas de negocios han cerrado, miles de habitantes han huido y quienes deben quedarse viven en pánico. El domingo pasado, en Cadereyta, a solo 37 kilómetros, tuvo lugar la más reciente atrocidad: los cuerpos mutilados de 49 personas fueron arrojados al borde de una carretera. Cuando la Policía llegó, encontró bolsas de plástico y, en su interior, solo el torso y parte de las extremidades de las víctimas.
SEMANA viajó a esta enorme metrópoli, cuya área urbana abarca nueve municipios y se riega sobre un caluroso y árido valle entre la Sierra Madre y el Cerro del Topo Chico, en el noreste de México. Recorrió sus distritos: los más ricos, los más deprimidos y los más comerciales, todos con algo en común: el desespero ante la creciente inseguridad. En los muros del Barrio Antiguo abundan las marcas de bala y los grafitis que ilustran la violencia. Monterrey rompió con el mito de que la guerra contra el narcotráfico era un fenómeno que no llegaba a las grandes urbes. Aquí todos hablan de una ciudad que lucha para que el 'narco' no la devore.
Monterrey está en el estado de Nuevo León y este, por su geografía, se ha convertido en una ruta de tráfico de ilegales y droga. A comienzos de la década pasada, el fin de más de 70 años de gobierno único del PRI significó el inicio de lo que los mexicanos llaman 'el desmadre'. Los carteles, antes controlados por agentes del gobierno, empezaron a disputarse las lucrativas rutas ilegales. Se concentraron en Tamaulipas, un estado que colinda con Estados Unidos y por el que pasa 70 por ciento del comercio terrestre mexicano. Pero luego, obedeciendo al llamado 'efecto cucaracha' ("atacándolas no las eliminas, sino que las llevas a otras partes"), empezaron a esparcirse en estados vecinos como Nuevo León.
En su capital, periodistas, académicos y autoridades coinciden en esta versión de la historia. Así mismo están de acuerdo con que Monterrey, otrora un oasis de riqueza y prosperidad, empezó a conocer la violencia en 2010. Los Zetas rompieron con el cartel del Golfo. "Comenzaron las vendettas y los ajustes de cuentas", dijo a SEMANA en su despacho Jorge Domene, vocero de seguridad de Nuevo León. "Y luego llegó el narcomenudeo". Tras los atentados contra las Torres Gemelas, la frontera gringa se había cerrado y la droga empezó a estancarse en México. "Cada gramo costaba dinero y hubo que venderla aquí", relató Domene. Monterrey se convirtió así en una 'plaza': un centro de paso, venta y consumo de droga.
El negocio estimuló la corrupción policial y les permitió a los carteles armar ejércitos. "Esa es la tragedia", dijo a SEMANA María Ángela Gutiérrez, socióloga de la Universidad de Monterrey. "La llegada del narco coincidió con un México en crisis: pobre, sin empleo y con un tejido social descompuesto". Los más afectados son los jóvenes. Desde 2009, el gobierno de Nuevo León ha metido a la cárcel a 4.000 personas y más de 3.000 han muerto, de las cuales la mayoría son menores de 30 años. Los 'jefes de plaza' los usan como jíbaros, informantes, extorsionistas, secuestradores o sicarios. Y son la carne de cañón que, cuando la banda contraria quiere vengarse, termina colgada de los puentes.
A primera vista, Monterrey da la impresión de ser víctima de una exageración. A diferencia de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo -capturadas por la mafia-, aquí hay policía, el comercio fluye y la vida diurna es agitada. Sin embargo, el poder de las mafias se descubre en los detalles. El centro antiguo solía ser una 'zona rosa' con restaurantes y discotecas. Hoy, está vacío hasta los viernes en la noche. "Era difícil caminar por la cantidad de gente", dijo a SEMANA José Carranco, que trabajaba en la zona. Ahora no solo las vías están solas, sino también los locales, cuyos dueños se rehusaron a pagar extorsiones y prefirieron huir antes de correr con la suerte de Pablo Martínez, jefe de seguridad del Café Iguana. "Cuando lo mataron, sentí que esta ciudad había cambiado", dijo Carranco, que trabajó con él. Un sábado de 2011, unos sicarios se bajaron de un carro, le dispararon y escaparon. Luego, cuando los enfermeros atendían el cuerpo, regresaron para llevarse el cadáver y desaparecerlo.
Los traumas de este ataque se sumaron a los que dejó el incendio del Casino Royale. Samara Pérez se encontraba allá con su hijo de 18 años. "Me había invitado", dijo entre lágrimas a SEMANA. "De repente, vi a unos hombres que empezaron a gritar e insultar y de repente la sala estaba llena de humo". Samara se encerró en un cuarto que la protegió de las llamaradas. Más tarde, se enteró de que su hijo había muerto. Así, de golpe en golpe, Monterrey se ha ido hundiendo en la angustia. "Hasta nos han dado clases de cómo reaccionar ante hechos violentos", le dijo a SEMANA Martha Rivera, una maestra que hace un año, durante una balacera a pocos metros de su primaria, se tiró al suelo con sus alumnos y empezó a cantar con ellos. Por su acto heroico, Shakira le dio un premio en Cartagena durante la Cumbre de las Américas. "A mis niños les ahorré una experiencia traumática, pero son excepciones".
Desde que la guerra contra el 'narco' comenzó oficialmente en 2006, más de 50.000 personas han muerto y más de 18.000 han desaparecido. Y mientras la lucha armada le cuesta al Estado millones de dólares, víctimas y victimarios están en el olvido. Las primeras carecen de apoyo psicológico y financiero. Y los últimos -en muchos casos pobres o migrantes forzados a trabajar para los carteles-, si no son ejecutados brutalmente, permanecen excluidos de la sociedad: escondidos en sus barrios, hacinados en cárceles y muy lejos de una reconciliación. "En México no hay quién se encargue de las víctimas", dijo a SEMANA Consuelo Morales, directora del movimiento Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey. Entre sus registros, Morales tiene casos de crueldad inédita y de abusos de la autoridad por parte del Ejército, la Marina y la Policía. Para la drogadicción, que en esta ciudad se ha convertido en un camino al crimen, no hay políticas de salud pública, sino que permanece como un problema de seguridad. "A nadie le preocupa atajar la raíz del problema: que es el abandono de la niñez".
En esta última batalla, Monterrey se defiende como puede. La Policía destruyó los templos de la Santa Muerte que los capos habían erigido a las afueras de la ciudad. En 2011, el gobierno fundó una 'fuerza civil' especializada. También ha invitado a políticos como Sergio Fajardo para aprender de las experiencias de Medellín. El caso más exitoso es el del rico distrito de San Pedro, cuyo alcalde, Mauricio Fernández Garza, ha logrado resultados contrarios al resto de la ciudad. Este controversial funcionario, frentero, multimillonario y extravagante, llenó titulares poco después de llegar al cargo, pues declaró que tenía un "grupo rudo" que le hacía tareas de inteligencia. Lo acusaron de fundar grupos paramilitares, pero pronto pudo demostrarles incluso a sus críticos más acérrimos que se trataba de una unidad estandarizada de inteligencia. En un despacho lujosamente decorado, Fernández Garza le dijo a SEMANA: "Aquí hemos hecho lo que en el resto del país nadie ha hecho: atajar el problema con profesionales de Policía y con políticas sociales serias". Y añadió: "Claro está que eso solo se puede hacer con lana (dinero), pero hay que tener la voluntad".
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada