Las líneas de fuga de las marchas indígenas
Raúl Prada
Alcoreza
Las
nueve marchas indígenas
La
primera marcha indígena aconteció en 1990, fue denominada "Marcha por el
Territorio y la Dignidad"; esta marcha comenzó por iniciativa del pueblo
Moxeño y partió de Trinidad. Después de un gran esfuerzo que ascendió a las
alturas desde tierras bajas, atravesando la diversidad ecológica de los
territorios, la marcha llegó a La Paz para sorpresa de los paceños, quienes estupefactos
y sorprendidos recibieron calurosamente a los marchistas. Esta marcha indígena
es el punto inflexión histórico y político; con este hito se abandona una era,
la circunscrita en el horizonte de las expectativas de la modernidad, constituida
por las luchas populares nacionalistas y por las luchas obreras por el
socialismo, y se ingresa a otra era, la era de la descolonización, en el
sentido indígena, no el sentido de la interpretación de Naciones Unidas, que es
mas bien una legitimación de las conquistas coloniales y las colonizaciones
dadas desde el siglo XVI. El sentido de-colonial indígena abre un horizonte
alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo desde las
cosmovisiones indígenas.
La
segunda marcha indígena se dio lugar en 1996; esta marcha se denominó
"Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de
los Pueblos Indígenas". Se trató de una caminata indígena-campesina de
todos los pueblos miembros de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente
Boliviano (CIDOB); la marcha partió de Samaipata. Este desplazamiento indígena
logro arrancar al gobierno de turno dos reivindicaciones importantes: la promulgación
de la Ley INRA y el reconocimiento de 33 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).
La
tercera marcha indígena ocurrió el año 2000; fue denominada "Marcha por la
Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales", fue organizada por la
CPESC, el pueblo moxeño del Beni, además de la participación de otros pueblos
de la Amazonia. La marcha comenzó en Montero. El resultado de este
desplazamiento indígena fue la modificación de la Ley INRA y un Decreto que
reconocía oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas de las tierras
bajas.
La
cuarta marcha indígena aconteció en mayo de 2002; esta marcha fue denominada la
"Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos
Naturales". Esta marcha contó con el apoyo y la participación de las
organizaciones campesinas; se llegaron a aglutinar y desplazar más de cincuenta
organizaciones sociales. La marcha partió de Santa Cruz y llegó hasta La Paz. La
marcha consiguió un convenio con el gobierno y los partidos políticos con
representación parlamentaria, los que se comprometieron a la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente.
La quinta marcha indígena se
dio lugar el 2006; se efectuó con el objeto de la recuperación de los
territorios indígenas y la modificación de la Ley INRA. En esta
secuencia, la sexta
marcha indígena ocurrió el 2007 y partió de Santa Cruz de la Sierra, se planteó
el objetivo de la defensa y reconstitución del territorio y la reconducción
comunitaria de la reforma agraria.
La VII
marcha indígena acaeció el 2010, se organizó en defensa de la autonomía
indígena y el derecho a la consulta. La demanda de autonomía indígena y el
respeto a la consulta. Esta marcha debería llegar a la ciudad de La Paz desde
Trinidad, empero sólo arribó a Santa Cruz, pues una comisión del gobierno del
presidente Evo Morales se comprometió a atender sus demandas.
La VIII
marcha indígena aconteció recientemente, el 2011, se efectuó por la defensa del
Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, en contra la construcción de una
carretera que atravesaría el núcleo del parque, donde prácticamente no hay
comunidades, es zona que goza de la protección de las leyes ambientales; el
SERNAP la ha clasificado como zona vulnerable a cualquier proyecto que afecte
el ecosistema y la biodiversidad. Esta marcha arranca del gobierno la ley 180
de protección del TIPNIS, empero inmediatamente, como arrepentido de lo que ha
hecho y queriendo hacer trampa, el gobierno se encamina a borrar con el codo lo
que escribió con la mano. Busca abrogar la ley que promulgó el presidente y aprobó
la asamblea legislativa, ante la contingencia de no poder hacerlo, debido a las
resistencias y las observaciones internacionales, termina aprobando y
promulgando la ley 222, que irónica la denomina de consulta, cuando es un
mañoso cuestionario que induce a la inclinación por la carretera, a la que califica
de “desarrollo”.
En esta
perspectiva, el gobierno ha optado por una violencia velada; mientras decía que
apoyaba la consulta, en la práctica intervenía militarmente en el TIPNIS,
presionando, chantajeando, dando obsequios, obligando a firmar compromisos con
dirigentes medios o de comunidades para que no asistan a la marcha. Por lo
tanto, como se puede observar, el conflicto del TIPNIS no ha concluido.
La novena
marcha indígena estalla ante la maniobra del gobierno y su espuria consulta, se
efectúa por la defensa de la ley 180, que protege al TIPNIS, y en contra de la
ley 222, que impone un cuestionario violando la estructura normativa y
conceptual de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la
Constitución. El gobierno cree que puede hacer lo que se le antoja; sólo por
poner el nombre de consulta a la ley, considera que por arte de magia ya se
trata de consulta. La consulta, además de previa, debe ser con consentimiento;
es decir, debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas; también
debe ser libre e informada; es decir, debe constituirse un proceso de consulta,
de buena fe, donde se acuerde y se construya una ley marco, las condiciones de
la consulta, un protocolo compartido, consensuado y las preguntas acordadas
mutuamente. Como se puede ver nada de esto se cumple.
Una
comparación de la VIII y la novena marcha no se la puede hacer pues la novena
marcha no ha terminado. Sería un apresuramiento. Empero lo que se observa hasta
el momento es que el gobierno ha logrado dividir las fuerzas con todo el peso
de la intromisión del Estado, desconociendo a las organizaciones matrices y representativas
de los pueblos indígenas. Ventilando en el aire que los jerarcas del gobierno
deciden quién es representante y quien no de los pueblos indígenas, con el
mayor descaro y falta de pudor. Estos jerarcas dicen que dialogan todo el rato
con las dirigencias regionales, sin darse cuenta que develan ingenuamente su propia
intervención indebida, en una acción indecorosa de división de las organizaciones
indígenas. También se puede observar un desgaste acumulado, sobre todo por las
proximidades de la IX marcha y la VIII marcha. Por otra parte, el contexto de
la IX marcha no es equivalente a la del contexto de la VIII marcha, pues ahora
se enfrenta a la promulgación de una ley tramposa y manipulada, que supone ser
consulta, cuando es una flagrante violación a los derechos de las naciones y
pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y establecidos en el Convenio
169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
también se trata de una violación de la estructura misma de la consulta, de sus
requisitos y sus condiciones.
Empero,
hasta el momento la fuerza de la IX marcha radica en las debilidades del
gobierno y la Asamblea Legislativa. Primero, se trata de una debilidad ética,
moral y política; no pueden sostener el montaje de que se trata de una
consulta. Segundo, el gobierno y la Asamblea Legislativa no pueden justificar y
explicar, a pesar de los denodados esfuerzos y discursos trillados, el por qué
la carretera que atraviese un territorio indígena que cuenta con título
colectivo, entregado por el mismo presidente el 2009; por qué se lo hace transgrediendo
la Constitución y lo que debería ser el respeto a la condición plurinacional
comunitaria y autonómica del Estado. Tercero, el gobierno ha enfrentado múltiples
demandas y movilizaciones, a las cuales ha tratado, en principio, de
escamotear, pero, después de un tiempo, se ha visto obligado a dar solución. El
gobierno se ha apresurado a arreglar con los distintos sectores, perdiendo perceptiblemente
en todos los terrenos, quedándose enfrente con el conflicto del TIPNIS. Respecto
al cual hasta ahora el gobierno no da muestras de buena voluntad y de sano
juicio; al contrario, da muestras de querer imponer o vengarse de su derrota
ante la VIII marcha, sin atender a un sano juicio que dice que si ha resuelto dialogando
los demás conflictos, por qué no resolver este conflicto con los pueblos indígenas
también con diálogo, abrogando la espuria ley 222, además del contrato con OAS
y la suspensión del préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil.
¿Por qué insiste
en la testaruda política de imponer una carretera cuestionada, denunciada y mal
vista por la mayoría de los bolivianos? ¿Una seducción del abismo, buscando el
despeñadero? ¿Demasiados compromisos con el gobierno del Brasil, el IIRSA, el BNDES,
con la empresa constructora OAS u otra empresa a la que se puede transferir la
construcción? ¿Compromisos electorales con las bases cocaleras que requieren la
ampliación de la frontera agrícola, frontera del cultivo excedentario de la
hoja de coca? ¿Entrabado ante el espantoso crecimiento y expansión de la
economía política de la cocaína? ¿Compromiso con la empresas trasnacionales
petroleras en lo que respecta a concesiones en territorios indígenas y parques?
¿Compromisos afines a los que tiene el gobierno con los terratenientes, pues se
renunció a la reforma agraria, con los agroindustriales, los soyeros, la
burguesía boliviana y los nuevos ricos? La política, sobre todo la política práctica
y la práctica política, son excesivamente complicadas y comprometedoras, sobre
todo cuando las mismas se asientan en estructuras y relaciones de poder ya
establecidos, a los que no se ha querido desmontarlas, manteniendo toda la
estructura institucional del Estado-nación, liberal y colonial. Los gobiernos
progresistas de Sud América se debaten en la turbulencia de sus propias
contradicciones sin querer analizarlas y reflexionar sobre ellas, prefieren
justificar sus torpezas y continuismos, manteniendo la dependencia y el
extractivismo que someten colonialmente al país a los centros del dominio del
sistema-mundo capitalista.
