Análisis: El TIPNIS y Mallku Khota, dos marchas y un
mismo destino
Las dos marchas demuestran que la población indígena se siente víctima
de un sistema de economía de orientación extractivista y consiguientemente
depredadora, advierte un análisis del especialista Ismael Guzmán
Ismael Guzmán - CIPCA
Plataformaenergetica.org (La Paz, 6 de junio de
2012).- Mientras la IX Marcha Indígena recorre aún el trayecto más amazónico
rumbo al centro del poder, La Paz, otra marcha en la región andina pero también
de esencia indígena, transita hacia la misma dirección con una demanda similar
a la de los indígenas del TIPNIS: el respeto a un territorio amenazado por
proyectos desarrollistas con impactos y consecuencias incalculables.
Las similitudes entre ambas marchas encaminadas son
sintomáticas respecto del problema estructural que subyace detrás de ambos
conflictos, pues el Estado no está logrando operacionalizar la definición
constitucional de lo plurinacional en el verdadero sentido de la pluralidad. De
modo que la solución al problema planteado por ambas marchas, va más allá de la
atención favorable a estos dos casos específicos, puesto que se trata de un
problema que atinge al conjunto de los territorios indígenas, es un problema de
exclusión y transgresión que afecta a los pueblos indígenas en general.
Una primera similitud entre la marcha del TIPNIS y
la de Mallku Khota, es que ambas están protagonizadas por población indígena
originaria proveniente de territorios indígenas (TCOs) y están movilizados
denunciando la transgresión de sus derechos colectivos explícitamente
constitucionalizados, aunque aún con limitaciones en el ejercicio pleno.
En ambos casos el conflicto involucra a espacios
territoriales económicamente estratégicos para el Estado, por los recursos
naturales no renovables que poseen. Pero el aprovechamiento de tales recursos
estratégicos tiene un impacto altamente negativo en los recursos naturales
renovables, tan vitales para la vida material y cultural de quienes
tradicionalmente habitan esos espacios.
Tal como lo demuestra Sarela Paz (ver: Plataforma
Energética Año II, La Paz, marzo de 2012, Nº 4), el TIPNIS posee un gran
potencial hidrocarburífero y debido a ello gran parte de este territorio ya fue
adjudicado a petroleras transnacionales para su exploración (donde la carretera
que pretende atravesar el TIPNIS, está relacionada también con este interés
hidrocarburífero).
Por su parte, Mallku Khota (comunidad perteneciente
a la TCO Ayllu Sullk’a Jilaticani) tiene un alto potencial mineralógico (oro,
indio, plata y otros metales de valor comercial), por lo que también es
apetecido tanto por empresas como por un conjunto de cooperativas mineras,
según señala Cristina Lipa citando un informe preliminar de la empresa South
American Silver, en Mallku Khota existe un yacimiento hasta cuatro veces más
grande que la mina de planta San Cristóbal.
Este rasgo extractivista, nos conduce a constatar
otra similitud entre ambos conflictos: el involucramiento de capitales
transnacionales en la explotación de los recursos naturales estratégicos no
renovables en estos espacios territoriales. Dichos capitales operan en estas
áreas y sus intereses generan tensiones con la población local al interior de
ambos territorios indígenas, pero además el Estado privilegia la protección de
estas inversiones aún a costa, en este caso, de la confrontación directa con el
sector indígena.
Como es característico entre los pueblos indígenas,
sus relaciones socioculturales y sobre todo sus lógicas económico productivas,
están fuertemente vinculadas a sus recursos naturales, las comunidades en el
TIPNIS dependen del bosque y de los sistemas hidrológicos existentes en su
territorio, los cuales en su criterio estarían amenazados por los impactos
ecológicos sociales y culturales de la construcción de la carretera. Asimismo,
para la población de Mallku Khota, su sistema productivo tiene una fuerte
dependencia de las microcuencas existentes en el lugar y las ven peligrar como
resultado de la actividad minera a cielo abierto. Este es otro rasgo más, que
forma parte de las similitudes que aquí identificamos entre uno y otro caso.
De otro lado, en ambos casos tampoco se aplicó la
consulta previa antes de iniciar las respectivas medidas administrativas de
parte del gobierno, si bien en el caso del TIPNIS ahora se pretende corregir
esta ausencia mediante la Ley 222, ya resulta una medida extemporánea. De modo
que la reacción de la población indígena en ambos casos, responde a la
determinación de parte del Estado por implementar megaproyectos susceptibles de
afectarles, sin haber previamente aplicado el precepto constitucional de la
consulta previa.
Un aspecto también presente en ambos lugares de
origen de estas dos marchas, es la actitud contraria y hasta confrontacional
que asume la población local descendiente de inmigrantes, es decir, población
de ascendencia foránea establecida en el lugar. Fue de amplia difusión
mediática primero el bloqueo a la IX Marcha Indígena en San Ignacio de Mojos y
luego el cerco con alambre de púa para impedir el ingreso de los marchistas a
esta localidad; igualmente en Mallku Khota, la actitud de personas venidas de
otros lugares junto a algunos comunarios, es contraria al sentimiento y postura
de la comunidad, al punto que han generado fuertes tensiones internas. En ambos
casos estos sectores de origen foráneo, actúan en función a intereses mercantilistas
porque ven en este tipo de políticas economicistas una oportunidad de
enriquecimiento propio y esto los coloca en sintonía con la acción del
gobierno, constituyéndolos en aliados naturales, tal como ocurre en ambos
casos.
En cambio la mayor parte de la población nativa ve
el hecho como una amenaza a la continuidad cultural de su sistema de comunidad,
porque este tipo de megaproyectos conlleva procesos de desarraigo,
desterritorialización y desestructuración de sus formas de vida. Se trata sin duda
de un rasgo más de la colisión de lógicas que sustenta el conflicto en ambos
casos.
En consecuencia, tanto en el caso del TIPNIS como
en el de Mallku Khota, la población indígena se siente víctima de un sistema de
economía de orientación extractivista y consiguientemente depredadora,
impulsada por el Estado a través de unas políticas públicas perniciosas para la
continuidad cultural de esta población, porque atenta contra sus propias formas
de vida.
Ante esta situación transgresora de derechos, el
gobierno más bien despliega una arremetida mediática en la que intenta fijar la
idea que el estado de exclusión y las carencias a las que está expuesta esta
población, será superado sólo si se efectivizan estos proyectos de inversión
capitalista. El sentido de este discurso suena hasta chantajista, porque se
condiciona la superación de necesidades sociales a la aplicación de dichos
proyectos, como si la historia no fuese elocuente en sentido que los grandes
emprendimientos desarrollistas fueron implementados a costa de la cultura, la
vida y el territorio de estos mismos pueblos indígenas.
Para la población de estos dos casos conflictivos,
la marcha es la mejor manera de defensa de sus territorios y sus modos de vida,
es por ello que están en camino, desplegando su resistencia pacífica,
realizando el enorme esfuerzo que implica marchar, pero lo hacen porque la
marcha constituye parte sustancial de la identidad reivindicativa de los
pueblos indígenas en el país. Además, ambas marchas no sólo defienden sus
derechos sectoriales, sino que además tienen un alcance de carácter
estructural, porque su demanda está interpelando un modelo de desarrollo que
difiere sustancialmente del discurso oficial.
** Este es un servicio de la Plataforma de Política Energética, un
espacio permanente, plural y abierto a todos, para compartir información,
generar conocimiento y promover el debate público sobre los temas fundamentales
del sector energético (www.plataformaenergetica.org)
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