La fuerza de la ley y el padre tierra

La fuerza de la ley y el padre tierra

Raúl Prada Alcoreza

Se ha suscitado un debate con el gobierno, los funcionarios de gobierno y los aparatos ideológicos del Estado; primero, sobre la contradicción entre el desarrollo legislativo y la Constitución; segundo sobre un cuestionario que el gobierno llama consulta; y tercero, sobre una ley de la madre tierra aprobada por el gobierno, norma oficial que contradice el espíritu de la ley elaborada por el Pacto de Unidad y consensuada entre el Pacto de Unidad, la Asamblea Legislativa y el gobierno. La ley aprobada por el gobierno sólo deja algunos enunciados generales de lo que un día fue el anteproyecto y el proyecto de la ley de la madre tierra, empero les da un contenido operativo que contradice el espíritu de los derechos de los seres de la madre tierra, tal cuál fue la concepción elaborada por el Pacto de Unidad, después de un año de elaboración. Después de leer el texto de la ley aprobada por el gobierno, deberíamos llamar a la ley, no de la madre tierra, sino del padre tierra, pues reproduce el arquetipo imaginario dominante de un Estado patriarcal. ¡La madre ha muerto, viva el padre!

¿Qué es lo que se ha ido perdiendo en el desarrollo legislativo de la ley de la madre tierra?  Primero, su concepción, su cosmovisión, la de las naciones y pueblos indígenas originarios; concepción animista, inmanente y pluralista. Ya no se trata de seres, componentes y bondades de la madre tierra; que eran los tópicos fundamentales de la ley elaborada por el Pacto de Unidad, sino se vuelve a reducir esta ontología a recursos naturales, pues la principal preocupación de la ley es que “armonice” con la concepción extractivista minera e hidrocarburífera. No choque con el código minero y la ley de hidrocarburos. A esta concepción se la llama eufemísticamente de “desarrollo”, peor aún, demagógicamente, de desarrollo del pueblo boliviano. Cuando las resoluciones de Tiquipaya definen al vivir bien como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Tal parece que el desarrollo capitalista es muy caro para los funcionarios de gobierno y los ideólogos del Estado-nación, incluyendo a los aparatos ideológicos del Estado, en la que se encuentra el sistema educativo y las universidades.  El Estado-nación, liberal y colonial no puede renunciar a esta ilusión de desarrollo, que no es otra cosa que la formación discursiva que encubre la marcha destructiva del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

La ley aprobada por la Asamblea Legislativa plurinacional y por el gobierno no hace otra cosa que garantizar la “armonía” con los dispositivos normativos del extractivismo,  que no es otra cosa que atentar contra los derechos de los seres de la madre tierra, al reducir de nuevo los seres a recursos naturales, es decir, explotables en función de la acumulación originaria y ampliada del capital. La concepción que está detrás de estos enunciados es nuevamente el dominio sobre la naturaleza, dominio en la que se ha construido la modernidad y sus ilusiones de progreso y desarrollo. Estos últimos no son otra cosa que discursos apologéticos de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del sistema financiero mundial dominante en la estructura de control del capitalismo.  Los últimos elaboradores de la ley de la madre tierra no hacen otra cosa que “armonizar” lo que debería ser una crítica al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, tal como establecen las resoluciones de Tiquipaya, con los intereses de los circuitos acumulativos del capital, bajo el mando de los grandes monopolios y oligopolios, que son estas empresas trasnacionales, sobre todo extractivistas, aliadas al sistema financiero internacional, en la fase especulativa del capitalismo. Esta armonización discursiva, ideológica, no hace otra cosa que matar el espíritu de lo que un día fue el anteproyecto y después el proyecto de ley de la madre tierra, elaborada por el Pacto de Unidad, consensuado con la Asamblea Legislativa y el gobierno.

El debate ha adquirido un tono intenso y rico en los escritos de Bartolomé Clavero, quien ha seguido desde hace tiempo la experiencia del proceso constituyente boliviano, la construcción de la Constitución, su aprobación y promulgación. Está demás decir de Bartolomé Clavero que es un jurista, constitucionalista, investigador  e intelectual comprometido con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por la descolonización. Todos lo conocemos, por lo menos los que hemos tenido la alegría de conocerlo, leer sus escritos y publicaciones. Era entonces de esperar que Bartolomé Clavero entre en defensa de la Constitución, sobre todo de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en los convenios internacionales y en la Constitución. Que defienda el derecho a la consulta como garantía de los derechos indígenas, de la libre determinación, el autogobierno y el ejercicio de la autonomía indígena, en tanto normas y prácticas del proceso de descolonización. Esta actitud consecuente era de esperarse a partir de la integridad ética e intelectual de Bartolomé Clavero.

Lo que sorprende es la actitud legitimadora de una ley adulterada en su contenido por parte de intelectuales, de quienes se espera una actitud sino critica por lo menos objetiva en cuanto a lo que ocurre con el desastroso desarrollo legislativo del la Asamblea Legislativa y del gobierno,                 que lo único que hacen es desmantelar a la propia Constitución y su perspectiva plurinacional, comunitaria y autonómica, restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, subordinado al orden mundial del sistema-mundo capitalista. No deja tampoco de sorprender la forma como lo hacen, a nombre del pueblo en general y por el derecho al “desarrollo”, olvidando notoriamente que cuando hablamos de pueblo, desde la Constitución, hablamos de pluralidad, de pluralismo de naciones y pueblos, sobre todo reivindicando a las naciones y pueblos indígenas, conquistados, colonizados y sometidos desde la instauración colonial. Esta es la perspectiva descolonizadora de una transición pluralista del Estado, que requiere pluralismo normativo, institucional, administrativo y de gestiones, además del ejercicio participativo y plural de la democracia. Que requiere transformaciones estructurales e institucionales que no se las ha hecho, optando más bien por continuar con una normativa, gestión y administración liberales, que no hacen otra cosa que conculcar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, como el derecho a una consulta previa, con consentimiento, de buena fe, libre e informada. Conculcar también los derechos fundamentales del pueblo boliviano, plural, tal como lo define la Constitución. Ahora queda claro que se conculcan también los derechos de la madre tierra, lo más grave, hecho esto a su nombre.

El gobierno y la Asamblea Legislativa creen que por poner nombres cambian las cosas, por arte de magia se transforman; por ejemplo, por llamarle Estado plurinacional al Estado-nación, este Estado ha dejado de ser mono-nacional y mono-cultural, mono institucional, por lo tanto colonial. Creen que por llamar consulta a un cuestionario inductor de comportamientos, presionando a obtener la aquiescencia de las comunidades del TIPNIS por una carretera del “progreso” y “desarrollo”, ya se vuelve consulta. Creen que por llamar ley de la madre tierra a una ley escamoteada, cambiada, transformada en su contenido, ya sin el espíritu de la ley de la madre tierra, sigue siendo una ley de la madre tierra, cuando se ha convertido en un instrumento perverso del modelo extractivista. Creen que por llamar proceso de cambio a la conducta sinuosa y oportunista del gobierno ya se trata del proceso de transformación efectivo, abierto por los movimientos sociales anti-sistémicos. Esto no es otra cosa que imaginario cruel e ideología decadente.

El problema real es que con el accionar del gobierno y la Asamblea Legislativa se evapora la Constitución, que con el accionar de estas instancias del Estado-nación restaurado desaparece la perspectiva del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Con la manipulada y espuria ley de de consulta desaparece la práctica misma de la consulta. Con la carcomida ley de la madre tierra desaparecen los derechos de la madre tierra y de los seres de la madre tierra. Parece una burla grotesca, pero no lo es, es el curso dramático del poder, de la dominación, del control, que no hace otra cosa que reproducirse en la práctica y la conducta de gobernantes, funcionarios, asambleísta e intelectuales.