A propósito de los caminos por donde
nos vamos y por dónde nos quedamos luchando, continuando el recorrido de los
que se van. Estos artículos son sintomáticos, pues se trata
de caminos que se oponen a la carretera extractivista y traficante del TIPNIS.
Artículos De Antonio Peredo Leigue
Caminante, no hay camino
No hay forma de explicarlo. Las organizaciones
sociales, desde los rumbosos médicos, pasando por los nada pobres
transportistas, hasta los fabriles afiliados a la COB, están en huelga. El
Vicepresidente ha dicho que se trata de la vitalidad de un proceso de cambio y
que, el gobierno tiene la suficiente solvencia para manejar la situación sin
muchos sobresaltos. Ahí está el quid de la cuestión.
En el rostro de nuestras ciudadanas y nuestros
ciudadanos, se perciben los sobresaltos que causa esta inestable situación. Es
probable que muchos esperemos que haya un momento en el que se rectifiquen
posiciones y vislumbremos, una vez más, el camino a seguir en este proceso de
cambio. Pero hay que advertir que son muchos y muchas quienes descreen de tal
rectificación. ¿Por qué? Unos por la rutina; se acostumbraron a vivir, aunque
sea en la miseria, pero sin sobresaltos. Otras, porque apoyaron un proceso de
cambio que soñaron como una avenida donde no había ningún obstáculo, ningún
rompemuelles, ningún hueco ni siquiera desportilladura. Los hay, finalmente,
quienes vemos la realidad: el camino está por hacerse porque, según decía el poeta,
se hace camino al andar.
Claro que no se trata de andar en cualquier
dirección, porque así podemos llegar a cualquier parte, menos a la meta que nos
propusimos. No es simple hacer camino al andar, pues al menos debe seguirse
determinada orientación. El proceso de cambio tiene una dirección: vivir bien
como norma para todos los bolivianos y las bolivianas. Los que viven aquí,
originarios o recién llegados. Los que habitan el campo y los que se alojan en
la ciudad. Los pobres y los que nada tienen. Por supuesto, quienes están más
necesitados precisan una atención inmediata y mayor. Todo esto en función de
las posibilidades de nuestro país. Que esas posibilidades han mejorado, es muy
cierto, como lo es que hay un visible mejoramiento en el vivir de la gente.
¡Falta! Claro que hace falta mucho más y no es
precisamente lo que está haciendo nuestro gobierno. La carretera por el TIPNIS,
¿acaso no es un enfrentamiento grosero? Hay mucha gente dispuesta a apoyar la
construcción de esa vía. Pero las disposiciones de la consulta previa fueron
hechas para proteger la vida, los usos y costumbres de las minorías. Por eso no
es una consulta general, sino una particular a los pueblos que viven allí.
Seguramente, si se hubiese hecho a tiempo, antes de iniciar los trabajos, esta
tempestad de reclamos no se hubiese producido.
No es posible que haya tal desentendimiento con la
Central Obrera Boliviana. Seguir dando vueltas al tema salarial, puede
llevarnos a medio año sin una solución. No es correcto. No lo es, mucho más si
revisamos los balances presentados hace poco más de un mes, por los bancos y
nos chocamos con sus sustanciosas ganancias, a las que debe agregarse el
aumento de sus patrimonios. Se ha reducido la miseria, pero distamos mucho de
haber logrado una redistribución regular de la riqueza. Ésta sigue estando en
manos de los grandes empresarios.
Pedir 8.300 bolivianos como salario básico, es
irracional. Lo saben los dirigentes de la COB. Pero tampoco es apropiado un
simple resarcimiento de la inflación ocurrida el año pasado, según el conteo
del INE. ¿Para qué mostramos ingresos que son, cada año, mayores? El pueblo
quiere ver esos ingresos en sus manos. Gastamos en inversión; muy bien. Pero
esa inversión debe sentirse en el bolsillo de las personas. Se ha ampliado la
clase media; de acuerdo. Pero debemos dar un paso más hoy día. Nos estamos
enfrentando a nuestra propia gente, a las organizaciones sociales que son la
base sobre la que descansa nuestro gobierno.
Hemos dejado que, la exigencia de los médicos, se convierta
en una reivindicación de la COB. ¿Cómo puede ocurrir esto? Los médicos no
pertenecen al movimiento popular. Los trabajadores en salud, los
universitarios, se comprometen en defensa de los médicos; no es entendible. Si
estos profesionales logran su objetivo, no compartirán absolutamente nada con
quienes los están apoyando: universitarios, trabajadores en salud, COB. La
trama se hace más densa, más intrincada. Alguien ha perdido la orientación y no
es precisamente ésta o aquella organización social ni tampoco los profesionales
que saben cuáles son sus intereses y cómo lograrlos.
Debemos hacer el esfuerzo. Que la gente que está
desorientada, aquélla que tiene susceptibilidades, la que ha sufrido
desencantos y quienes, por último, dejaron de creer en el proceso de cambio,
comiencen a tener la visión de lo que puede ser este proceso. No se trata
solamente se saber manejar la situación. Hay mucho más que eso, está la gente a
la que nos debemos.
La marcha de las esperanzas
La abrogación del decreto que elevó de golpe el
precio de los carburantes, no calmó la protesta del pueblo; los precios de
varios productos de la canasta familiar subieron y no volvieron a bajar. El
decreto que aumentó 10% los salarios, en vez de calmar los ánimos, los exacerbó
aún más de lo que estaban. El gobierno del presidente Evo Morales tuvo que
enfrentar una huelga de la COB, la primera desde que inició su mandato. Durante
diez días, las calles de La Paz y otras ciudades, se llenaron de trabajadores
que expresaban no sólo su protesta sino se rechazo a una actitud que no
esperaban de este gobierno.
De una manera dificultosa, a marchas forzadas, se
llegó a un arreglo que no satisfizo expectativas, pero que el pueblo comprendió
que era racional. Casi de inmediato, los jubilados iniciaron una marcha en la
que, por la edad de los marchistas, podía causar víctimas. Dos ministros
debieron llegar hasta el lugar donde estaban éstos y dar un punto y medio más
al porcentaje de aumento fijado para las rentas.
Simultáneamente, la COB realizaba su reunión
ampliada en Tarija para decidir la fecha de su próximo Congreso aunque, sobre
todo por las circunstancias, acordó resoluciones que vuelven a tensar las
relaciones entre trabajadores y gobierno.
A grandes rasgos, esta es la situación que estamos
viviendo, situación compleja y, al parecer, difícil de solucionar. La perspectiva
es que, continuamente, se produzcan reclamos de diferentes sectores por
cualquier motivo, no solamente salarial. Volveríamos a una etapa, tantas veces
repetida, de un gobierno convertido en apagafuegos, cuya mayor preocupación sea
buscar la medida más prudente para impedir que se agrave el conflicto social.
Al mismo tiempo, buscaría equilibrios para evitar que entremos en una espiral
inflacionaria. Pero, iniciada la dinámica de los reclamos, es casi imposible
eludir la inflación incontrolada. Con toda seguridad, el gobierno ya se ha dado
cuenta de este peligro.
Analizar las causas que provocaron esa situación
puede ser un método para encontrar el camino correcto que impida otra
frustración del pueblo boliviano, como ocurrió ya en oportunidades anteriores.
Los cuatro años iniciales del gobierno de Evo
Morales, se caracterizaron por un apoyo masivo, pese a las graves provocaciones
de una oposición enceguecida por su pérdida de convocatoria. Fue una ceguera
total pues no imaginaron que fuera tan brusca su separación de los mecanismos
de poder a los que estaba acostumbrada.
En ese periodo se implementó una política económica que rompió con el mito de país miserable con el que nos conocía todo el mundo. Las cinco consultas públicas que se realizaron en ese periodo, incluyendo la reelección de Evo, fueron triunfales. Pero se mantenía una expectativa relacionada con la redistribución de la riqueza. Es decir, seguíamos siendo un país con una enorme diferencia entre el minoritario sector más rico y el masivo sector más pobre. Esa expectativa se transformó en molestia y luego en protesta que fue creciendo.
En ese periodo se implementó una política económica que rompió con el mito de país miserable con el que nos conocía todo el mundo. Las cinco consultas públicas que se realizaron en ese periodo, incluyendo la reelección de Evo, fueron triunfales. Pero se mantenía una expectativa relacionada con la redistribución de la riqueza. Es decir, seguíamos siendo un país con una enorme diferencia entre el minoritario sector más rico y el masivo sector más pobre. Esa expectativa se transformó en molestia y luego en protesta que fue creciendo.
Para entonces, ya debieron tomarse medidas. Sobre
todo si se produjeron hechos, aunque aislados, que ya mostraban el nivel del
desencanto incubado en las organizaciones sociales. Caranavi y Potosí no podían
analizarse como hechos separados; respondían a la misma causa. Lo más grave es
que, el gobierno, reaccionó del mismo modo: buscar el desgaste de la
movilización. En vista de que no ocurrió así, usó la represión y luego se sentó
a dialogar, con muy pocas posibilidades de éxito.
Si entonces, con habilidad concertadora, el
gobierno lograba entendimientos, el grave error del aumento brusco en los
precios del combustible, hubiese tenido menor repercusión. Pero, las cosas
ocurrieron así y los efectos son los que estamos viviendo. Pero, vayamos al
siguiente evento.
La carga económica que significa la subvención de
los combustibles, es un hecho reconocido por todos. Pero, al mismo tiempo, el
promedio de los ingresos familiares, por más que se hubiese aumentado en un
20%, no habría permitido hacer frente a una elevación tan alta en todos los
precios.
A nivel internacional, el alza de precios de los
alimentos era ya evidente y no parecía posible que se mantuviesen bajos en el país.
En esas condiciones, lo correcto era tomar decisiones que favoreciesen a la
población de bajos recursos. Un aumento tan alto en los combustibles, con la
evidencia de que iba a repercutir en la economía de los pobres y más pobres, fue
una decisión desafortunada.
Pero esa fue la situación con la que iniciamos este
2011. Ya en ese momento, era preciso reunirse con las organizaciones sociales,
precisamente con aquellas que protestaron con mayor vehemencia. Decidir el
porcentaje de aumento salarial, sin esa consulta, sumó otro error a la cadena
de desaciertos en que se ha caído en los últimos meses. Además de estar muy por
debajo de los reclamos populares, ese incremento iba a llegar sólo a algunos
sectores: Fuerzas Armadas y Policía, magisterio y trabajadores en salud. No se
decía nada sobre el resto de la población.
Finalmente se llegó a la negociación, en medio de
petardos y bloqueos que tuvieron paralizada a la sede del gobierno. Hubo un
acuerdo con sabor a poco, según la gente que se movilizó en esas tensas
jornadas. Era, una vez más, momento de reflexionar y reconducir la relación de
los gobernantes con el pueblo. Al contrario, hubo un anuncio urticante: los
días de huelga se descontarían de los salarios.
La reacción de la Central Obrera Boliviana, reunida
en Tarija, ha sido de total enfrentamiento. La imagen simbólica fue la de Pedro
Montes rompiendo el decreto de descuento con un ‘carajo’ de desprecio. Esa es
la situación. ¿Podrá sostenerse otra confrontación?, ¿es lo que aconsejan los
ministros?
Estoy convencido que no es ese el camino. Hay que
dar una explicación amplia, clara y franca. Si no está con el movimiento
popular, el gobierno quedará encuevado. Si las organizaciones sociales no
sienten que están comprometidas con un proceso de cambio, no avanzaremos. No sé
si es la última oportunidad que tiene el presidente Evo Morales, pero sé que es
una oportunidad que no puede despreciarse. Este gobierno, que es un gobierno
del pueblo, no puede actuar con el criterio de que la autoridad debe ser
respetada y su mandato no puede discutirse. Las enseñanzas de la realidad dicen
todo lo contrario: es el pueblo que debe ser respetado y su demanda debe ser
escuchada. Las marchas de este primer trimestre de 2011 han sido, hasta ahora,
marchas de la esperanza frustrada. Es ineludible y urgente lograr que renazca
la esperanza.
No destruir el TIPNIS
El que más, el que menos seguramente está
aplaudiendo, aunque sea en la intimidad, la movilización en defensa del Parque
Nacional Isiboro Sécure. ¿Por qué?, pues ocurre que, en estos tiempos, todos
nos hemos convertido en expertos ecólogos y ambientalistas. Sabemos cuáles son
la extensión, población, características y atributos de vida que tiene ese
territorio por cuya apropiación hay un diferendo casi centenario entre Beni y
Cochabamba. El diferendo ha quedado traspapelado hoy, cuando se discute la
conveniencia o perjuicio de construir una carretera que lo atraviese. En ese
empeño vale todo: hay quienes se movilizaron para hacer una carretera hacia el
norte de La Paz atravesando el Parque Madidi, “porque es necesaria para el
progreso de nuestra región” y hoy son defensores de la integridad del TIPNIS.
Hace muchos años, siendo director de un semanario
ya desaparecido, participé de una polémica nacional sobre la protección del
medio ambiente. Por entonces, la deuda externa de Bolivia significaba tres
veces el conjunto de las exportaciones anuales del país. Los bancos acreedores,
mirando en perspectiva la política que entonces se implementaba aquí, pusieron
a la venta los bonos de la deuda boliviana, a un valor mínimo: 11 centavos por
cada dólar.
Una ONG ambientalista, norteamericana para más
datos, compró bonos por un equivalente de 600 millones de nuestra deuda y los
ofreció al gobierno de entonces a cambio de un compromiso firmado y ratificado,
mediante el que se obligaba él y los sucesivos gobernantes, a mantener intocada
una determinada extensión del territorio nacional. Pomposamente, uno de los
superministros que había nombrado aquel presidente, viajó a Estados Unidos y
firmó el compromiso, recibiendo los bonos respectivos. A continuación, afirmó
que, en esas condiciones, él estaba dispuesto a vender todo el territorio
nacional. Insisto en que la palabra que usó fue “vender”. No voy a repetir lo
que entonces dije al respecto, que no fueron aplausos, por supuesto.
Ese tipo de defensa del medio ambiente se ajusta a
las concepciones y los principios de quienes hoy se rasgan las vestiduras por
el TIPNIS mientras siguen ampliando sus negocios que rivalizan en la
depredación del medio ambiente. Personalmente, no creo en esos personajes que
estarían en contra de un ferrocarril bioceánico, por decir algo distinto, si es
otra forma de atacar al gobierno del presidente Evo Morales.
Pero creo en los pobladores del Parque Isiboro
Sécure. Creo en su derecho a reclamar por la seguridad del territorio que
habitan. Tienen derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado
promulgada en febrero de 2009. Les asiste la protección de tratados
internacionales, de los que Bolivia es uno de los primeros firmantes, con plena
ratificación del Congreso.
Considero que ese parque y los otros que son la
reserva ambiental que debe resguardar Bolivia con leyes y otras normas, no
pueden ser tratados como áreas que se dividen en núcleo y zonas adyacentes; son
unidades y, cualquiera sea la parte afectada, se degrada el conjunto del
parque. Estoy conciente que allí viven pueblos absolutamente minoritarios cuya
identidad, cultura, idioma y características étnicas, proclamamos respetar en
nuestra Constitución.
Es cierto que la vertebración del país es necesaria
como la forma básica de unidad nacional. Pero no podemos hacerlo a costa de
algunos pueblos que sufrieron la brutalidad de los patrones de antes y que ahora
no se sienten engañados.
“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se
desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro
altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes y comprendimos desde
entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como
seres y culturas”.
Con esas hermosas palabras se inicia nuestra
Constitución Política del Estado. Hagamos honor a esa solemne proclama.
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