FRACASA LA “SEGUNDA INTERVENCIÓN AL MOVIMIENTO
INDÍGENA”, UN NUEVO CASO DE “TERRORISMO DE ESTADO”
La
IX Marcha Indígena refuerza el cerco a la Vicepresidencia
SENA-Fobomade *
El 29 de junio cientos de indígenas de la IX Marcha instalaron una
vigilia en puertas del edificio de la Vicepresidencia en La Paz para hacerse
escuchar y presionar al gobierno. El sábado el Ejecutivo desmovilizó con
sobornos a un reducido grupo de marchistas en un intento de debilitar a todo el
movimiento, pero el domingo los indígenas reforzaron el cerco humano y
emplazaron más de medio centenar de carpas en las calles Ayacucho y Mercado,
muy cerca de Plaza Murillo.
El gobierno no se ha reunido ni una sola vez con
los indígenas desde que la IX Marcha llegó a La Paz el 27 de junio. Es más, las
autoridades han impugnado a los principales líderes de la movilización, y
advirtieron que no negociarán con Bertha Bejarano por sus vinculaciones con el
narcotráfico, y menos con el presidente de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, relacionado con el negocio de los
juegos de azar.
“Le guste o no
le guste, el gobierno tiene que sentarse con estas autoridades”, respondió el
presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas. El presidente de la
Cidob reiteró que la solución del conflicto depende de la anulación de la Ley
222 de consulta a los pueblos del TIPNIS sobre la construcción del tramo II de
la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, pero el Ejecutivo recalcó que
es “imposible” atender ese pedido.
Ante la
inflexibilidad gubernamental, el viernes de la semana pasada los indígenas
instalaron una vigilia en puertas de la Vicepresidencia del Estado
Plurinacional, que con el pasar de los días se va convirtiendo en un cerco
humano y comienza a inquietar al Ejecutivo.
Como parte de
la estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena Originaria,
la tarde del sábado 30 de junio el ministro de Gobierno Carlos Romero se reunió
con ex autoridades del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) que es parte de
la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). En la oportunidad, Romero
firmó un “acuerdo programático” referido a temas de salud, educación y
telecomunicaciones, aunque su objetivo principal fue desmovilizar a por lo
menos 40 indígenas t’simanes y mosetenes.
El acuerdo no
fue autorizado ni consultado con las regionales que integran la columna de la
IX Marcha y menos aún con el Comité de Marcha que dirige la movilización. “El
acuerdo suscrito por el dirigente desconocido German Natte fue producto, según
sus propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido
durante la reunión con el ministro de Gobierno Carlos Romero”, aclaró la IX
Marcha en un pronunciamiento público.
En reunión de
emergencia, el Consejo Regional T’simane Mosetene–Pilón Lajas resolvió dejar
sin efecto el acuerdo suscrito con el gobierno, debido a que fue firmado sin
consultar al directorio ni a las bases que participan de la IX Marcha. El voto
resolutivo aprobado la mañana del primero de julio en instalaciones de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) deja en claro que, en una situación de
emergencia como la que viven las comunidades indígenas, la columna de la marcha
se constituye en la máxima autoridad del pueblo de Pilón Lajas.
El Consejo
Regional Tsimane Mosetene resolvió además acusar de traición a Germán Natte y
suspenderlo de sus funciones “hasta que se realice la Asamblea de Corregidores
de nuestro pueblo”, y designó como máximos representantes de las comunidades de
la TCO Pilón Lajas a Freddy Maito, vicepresidente del CRTM; Nicolás Cuata,
responsable de Salud; y a Rufino Pache, responsable de Tierra y Territorio.
El ministro
Romero aseguró que “el gobierno no fue a buscarlos a ellos (a los que firmaron
el acuerdo), ellos vinieron por propia voluntad… Ellos nos pidieron apoyo para
poder retornar a sus lugares y nos informaron que era una decisión ya tomada,
hablaron a nombre de 200 personas y no hubo ningún tipo de presión”.
Pero la IX
Marcha desmintió “categóricamente que se trate de un convenio voluntario, pues
los hechos demuestran que los indígenas del CRTM fueron presionados, sobornados
y obligados a adoptar esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus
comunidades y otras prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el
Vicepresidente del CRTM y el CPILAP en su conjunto”.
Se trató de la
“segunda intervención perpetrada por el gobierno al movimiento indígena”, “que
no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció la IX Marcha en un
comunicado público.
Crónica de la intervención gubernamental
Al promediar
las 22:00 horas del 30 de junio, funcionarios del Ministerio de Gobierno, agentes
de inteligencia y efectivos policiales intentaron secuestrar a un grupo de
marchistas que se encontraban en el monoblock de la UMSA, específicamente a
indígenas del CRTM provenientes de Pilón Lajas, aprovechando que la mayor parte
de la columna de la IX Marcha se encontraba en vigilia en puertas de la
Vicepresidencia y en la calle Ayacucho.
La responsable
de la Comisión de Logística de la IX Marcha Matilde Noza informó que tres
funcionarios del Ministerio de Gobierno con tufo alcohólico (Edgar Juan Quispe
Zacaca con CI 4887614 LP; Sabino Mendoza Quispe con CI 6081362 LP y una persona
no identificada) fueron sorprendidos in fraganti cuando pretendían evacuar a
t’simanes y mosetenes en una camioneta Toyota Tacoma blanca con placa de
control 2535 APB.
A las 23 horas
los agentes del gobierno fueron detenidos preventivamente por los encargados de
la seguridad de la IX Marcha en el interior del monoblock, mientras se
interponía una demanda en su contra por intento de secuestro. A medianocheuna
comisión de la IX Marcha se dirigió hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen (FELCC) para sentar la denuncia, pero su solicitud fue rechazada.
A las 23:30
los guardias de la IX Marcha constataron la presencia de varios vehículos
oficiales en las proximidades del monoblock de la UMSA; en el Nudo Villazón,
calle J.J. Pérez y avenida del Poeta.Fueron avistadas las vagonetas Nissan
Terrano blanca con placa PNL 099; Hummer H3 roja con placa 2230 HNY; Toyota
LandCruiser blanca con placa 1149 YBL; Suzuki Grand Vitara ploma con placa 2486
UUC; Toyota 4 Runner blanca con placa 2481 RFH; y dos vagonetas Nissan Patrol
sin placas.
A las 00:30
del 1 de julio llegaron al monoblock de la UMSA los fiscales Claudia Pastén y
Tomás Monasterios, supuestamente para conocer el caso y tomar declaraciones a
las y los marchistas. Sin embargo, ambos fiscales, en coordinación con el
ministro Romero y el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, se limitaron
a liberar a los funcionarios “secuestrados”, y a la 01:30 del domingo
entregaron las llaves de la camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB a
los funcionarios del Ministerio de Gobierno Edgar Juan Quispe Zacaca y Sabino
Mendoza Quispe para que se retiren del lugar.
A las 02:30,
luego de reunirse con el ministro Romero y el viceministro Pérez, los fiscales
retornaron al monoblock acompañados por el ya desconocidopresidente del CRTM
German Natte, “sin informara ningún dirigente de la IX Marcha Indígena que
estaba presente sobre sus intenciones de sacar y trasladar a 40 hermanos y
hermanas indígenas del CRTM a sus comunidades de origen vía área”, denunció la
IX Marcha. Ante esta situación, los dirigentes intervinieron y defendieron a
las y los hermanos indígenas del CRTM, interpelando a los fiscales Pastén y
Monasterios.
A las 03:30,
cuando los fiscales Pastén y Monasterios se retiraron de las inmediaciones del
monoblock, miembros del equipo de seguridad de la IX Marcha constataron la
presencia de tres camionetas Nissan Frontier blancas con las placas cubiertas,
parqueadas en la avenida del Ejército. Al desprender las improvisadas pegatinas
con las que el gobierno intentó cubrir los logotipos de identificación,
verificaron que se trataba de vehículos oficiales de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) con placas de control 2823 ABN; 2823 ASP y 2822 ZYX.
Los
conductores –funcionarios públicos convocados en fin de semana y a altas horas
de la madrugada– declararon que desconocían detalles del operativo y que sólo
les dijeron que “hay que cumplir una misión especial”. A la misma hora se
avistaron buses de las empresas TUR BUS y Pie Pequeño con placas 404 IRN, 946
HGG y 797 ZSD, que esperaban a los indígenas desertores en la avenida del Poeta
para trasladarlos al aeropuerto.
A pesar del
nuevo intento de intervención, secuestro y desmovilización, los líderes de la
IX Marcha aseguraron que varios indígenas del CRTM se quedaron en La Paz y se
mantienen firmes en la lucha por la plataforma de demandas. Algunos medios
reportaron que al menos 250 indígenas habrían retornado a sus comunidades, pero
la dirigencia de la IX Marcha desmintió la información y aseguró que más de
1.500 originarios permanecen en La Paz, la mayoría en el cerco a la
Vicepresidencia.
Desde el
viernes 29 de junio las puertas de entrada al edificio de la Vicepresidencia
han sido “violentamente cercadas y cerradas por algunos dirigentes de
organizaciones sociales de tierras bajas… y los funcionarios han sido agredidos
verbal y físicamente al momento de ingresar a su fuente laboral y han sido
privados de su derecho al trabajo”, se quejó el secretario del Presidente Nato
del Congreso Álvaro García Linera.
“Lamentamos esta
agresión de algunos dirigentes hacia trabajadores de la función pública y peor
aún hacia los ciudadanos paceños que debían realizar trámites y que nuevamente
se ven perjudicados para poder desplazarse libremente por las calles a
consecuencia de esta violenta ‘vigilia’”, reza un comunicado de la oficina de
García Linera.
La
Vicepresidencia informó a la opinión pública que pese a “estos ataques
agresivos que sufre y mientras se mantenga el cerco a sus oficinas, atenderá
con la normalidad que se lo permitan las circunstancias en el Palacio de
Telecomunicaciones ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Ayacucho”.
El vice y sus
colaboradores dicen estar “seguros que estas abusivas agresiones a la Asamblea
Legislativa Plurinacional y a la ciudad de La Paz no son el camino correcto
para encontrar soluciones, al contrario desprestigian a los dirigentes y aíslan
a los movilizados del apoyo ciudadano”.
Sin embargo,
se percibe que cada vez que el gobierno injuria a los marchistas y discrimina a
sus dirigentes, más sectores sociales urbanos se suman a un variopinto
movimiento ciudadano que apoya la causa indígena.
* Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada