La meliflua impostura del gobierno cocalero

La  meliflua impostura del gobierno cocalero

La  meliflua impostura que acompaña el uso desmedido del monopolio de la violencia, particularmente  en su forma grosera de abuso de autoridad. Utilizando argumentos que pretenden ser convincentes, cuando efectivamente desconocen la Constitución; el artículo 30 de la Constitución donde se establece claramente la condición previa de la consulta. Se desconocen las condiciones de posibilidad establecidas por el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exigen el consentimiento, vale decir el acuerdo con los pueblos indígenas, que se hace con las organizaciones matrices y representativas de los pueblos indígenas, no con los corregidores elegidos a dedo por el gobierno, emborrachados, raptados y obligados a firmar un convenio sobre la impostura de la “consulta”. Sumando a estos corregidores a la dirigencia del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS; se trata de propietarios individuales dedicados y comercialización de la hoja de coca excedentaria, además de a la producción de cocaína. Consentimiento quiere decir que la composición de la consulta se la hace con los pueblos indígenas, no son los funcionarios del gobierno quienes la hacen, a su gusto y antojo. Las preguntas se las construye conjuntamente con los pueblos indígenas, en mutuo acuerdo. El protocolo se lo hace también conjuntamente. Ambas, la consulta y el protocolo, no  pueden ser amañados, inducir a una respuesta, como la inclinación a la construcción de la carretera del “progreso”. Es más no puede haber prebendas, regalos, intervenciones y condicionamientos de ninguna clase, chantajes y coerciones. Esto anula inmediatamente la legalidad y legitimidad de una consulta, que de por sí ya es espuria.  La impostura de la “consulta” gubernamental además viola la condición de libre, pues prácticamente obliga a los pueblos indígenas, primero asumir la construcción de la carretera, “si o si”, después, una consulta amañada que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta. Tampoco es informada. No se informó en lenguas propia sobre los alcances de la carretera y el impacto ambiental. Como se puede ver, toda la conducta del gobierno es sinuosa, tramposa, combinada con violencia desatinada.

Esta imposición bizarra, doble, manipulada y violenta, no pueden aceptarlo las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, tampoco el pueblo boliviano. No vamos a aceptar la sustitución del proceso por una farsa, que más se parece al pacto militar campesino del general populista René Barrientos Ortuño.  El proceso ha costado una movilización prolongada de seis años de luchas (2000-2005), como para regalarles a impostores, teatreros políticos y demagogos; impostura, al final, al servicio de la continuidad y extensión del modelo extractivista, comandado por las empresas trasnacionales. El pueblo boliviano ha decidido impedir la imposición de semejante violencia. Exige la construcción consensuada y consentida con los pueblos indígenas, representados en sus organizaciones matrices, de una consulta verdadera. Pero, para que tal cosa pueda darse, es menester suspender completamente el proyecto carretero, sus convenios explícitos e implícitos, públicos y secretos, con el gobierno brasilero y el IIRSA. La suspensión del préstamo del BNDES, así como la suspensión te toda beligerancia del gobierno contra las naciones y pueblos indígenas originarios, así como toda la campaña incoherente y adulterada publicitaria del gobierno, queriendo manipular al pueblo boliviano, con una falta total de respeto a su comprensión.