lunes, 15 de octubre de 2012

Diagrama de poder trasnacional


Diagrama de poder trasnacional
Fuerzas, instituciones, empresa y monopolio

Raúl Prada Alcoreza

La historia parece repetirse desde la nacionalización de la Standard Oil (1937), después vino la nacionalización de las minas (1952), sigue la nacionalización de la Gulf Oil (1969), continúa la nacionalización de Mina Matilde (1971), de esta manera llegamos a la nacionalización de los hidrocarburos en el primer año de gestión del gobierno de Evo Morales Ayma, con el decreto “Héroes del Chaco”, el primero de mayo de 2006. La respuesta de las empresas trasnacionales parece ser la misma, incluyendo a las empresas privadas mineras de los “Barones del Estaño”. Primero la denuncia de ilegalidad de la medida de nacionalización, después la amenaza de boicot y de sanciones al país, a continuación el pedido de indemnización en relación a supuestas grandes inversiones, acompañadas por el reclamo de propiedades de la empresa trasnacional, incluyendo, claro está, los propios recursos naturales, que consideran de su propiedad; de una y otra manera, sino es en las mismas profundidades, en los yacimientos, lo es desde boca de pozo, en lo que respecta a la explotación hidrocarburífera. Este control y monopolio de los recursos naturales, si no es de manera directa, se lo hace de manera indirecta, mediante el control de los flujos de la producción. Todo esto viene también acompañado por campañas en contra del gobierno nacionalizador, interponiendo recursos legales internacionales, moviendo dispositivos jurídicos como los tribunales internacionales. La empresas trasnacionales no dejan de hacer negocios nunca, incluso siguen haciéndolo con las indemnizaciones, los acuerdos, los contratos, lo convenios posteriores a la nacionalización. Siempre buscan ganar. A veces, las indemnizaciones resultan mejor negocio que el propio manejo de la producción. 
Obviamente los contextos no son los mismos, tampoco es completamente idéntico el perfil de las empresas trasnacionales; los actores son otros, los gobiernos también, así mismo las coyunturas económicas y los panoramas internacionales no son equivalentes. Pero, lo que llama la atención es la misma lógica de argumentación, basada en la certeza de la propiedad privada de las empresas, pero sobre todo en el manejo de las inversiones. Tanto en minería como en hidrocarburos el cálculo de las inversiones adquiere su propia complejidad, todo depende del carácter de las inversiones, de su ritmo, de la tasa de retorno, de la variedad de la composición de dónde se invierte y en qué momento, en la lógica de esta maquinarias complejas del extractivismo. El manejo administrativo, el manejo contable, la cuantificación, y la relación de los informes, es todo un secreto de especialización. Los informes técnicos no son menos claros, son una masa abultada de estadísticas, también de explicaciones especializadas y diferenciales. En relación a esta maraña de cálculos, de estadísticas, de controles técnicos y de informes, las empresas trasnacionales tienen el control del saber técnico inherente al funcionamiento de estas maquinarias de explotación, producción y comercialización de los recursos minerales e hidrocarburíferas, también el control del secreto de estos cálculos, estadísticas e informes.
Los gobiernos que nacionalizan se defienden con la Constitución,  con las leyes del país, con los convenios y contratos aprobados y no cumplidos por las empresas trasnacionales. También son importantes las auditorias a las empresas trasnacionales. Se encuentran flancos vulnerables en la argumentación y defensa de las empresas trasnacionales, sobre todo en lo que respecta al no cumplimiento de las normas acordadas. La defensa de la soberanía de los estados es siempre el recurso primordial frente a la defensa de la propiedad privada empresarial. Empero las trasnacionales tienen el control de los mercados, el monopolio tecnológico y una vinculación privilegiada con el sistema financiero internacional, además de contar con la presión y apoyo de los estados centrales dónde residen. Es todo un acto heroico de los pueblos soportar tamaña  presión de estos oligopolios, que forman subsidiarias para engañar.
Sin embargo, a pesar de los actos heroicos, las empresas trasnacionales terminan obteniendo su indemnización. No hay sanciones internacionales contempladas contra estas empresas del saqueo, del despojamiento y de la desposesión. Las leyes internacionales, los organismos internacionales, protegen a estos emporios extractivistas.
Estos son los vericuetos de una lucha desigual por la recuperación de la soberanía de los estados periféricos, de los países y de los pueblos afectados, sobre los recursos naturales. A veces se sale mejor parado, otras veces no tanto. Pero lo importante es realizar la soberanía sobre los recursos naturales, que es la forma cómo los Estado-nación subalternos se constituyen como Estado-nación que disputan su independencia económica, su autonomía, la mejora de los términos de intercambio, buscando transformar las estructuras de sus condiciones iniciales de producción, que llaman desarrollo nacional.
En esta correlación de fuerzas, en esta lucha que llevó el nombre de anti-imperialista durante los periodos de rebelión, movimientos de liberación nacional, gobiernos populistas y nacionalistas del siglo XX, las empresas trasnacionales no dejan de contar con aliados en el país, incluso en los mismos gobiernos nacionalizadores. Este ya es un gran problema, sobre todo cuando sus aliados se encuentran en el gobierno.
Al principio no se evidencia claramente esta situación, pues todos están unidos por la defensa de la nacionalización. Es después, cuando hay que arreglar las cuentas con las empresas afectadas, cuando hay que definir los montos de la indemnización, cuando hay que proceder al cálculo, discutir las estadísticas, cuando intervienen los temas técnicos, sobre todo cuando hay que definir los nuevos contratos de operaciones, si esto ocurre. Estos son momentos decisivos, pues o se consolida la nacionalización o se la avería, se abren boquetes, que hacen vulnerables a la empresas estatales. Los lobby  de las empresas son funestos, sobre todo cuando no se tiene la formación técnica adecuada, la solvencia política y hasta moral. Lo mejor es manejar esto temas de manera transparente y pública, al final el mejor apoyo al gobierno está en el pueblo. Cuando se manejan estos temas de manera secreta, bajo la argumentación de que es de alta especialización, hay que tener mucho cuidado.
Vamos a evaluar las dos últimas nacionalizaciones de importancia en Bolivia, con efecto de irradiación estatal, la nacionalización de la Gulf Oil, dada en 1969, y  la nacionalización de los hidrocarburos, dada el primero de junio de 2006. Las otras nacionalizaciones, desde la nacionalización de la Standard Oil hasta la nacionalización de la mina Matilde, que es posterior a la nacionalización de la Gulf Oil, así como las nacionalizaciones por compra de acciones en las dos gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, serán tomadas en cuenta como referentes y con objeto de comparaciones.  La revisión de las nacionalizaciones, cuyo análisis histórico y estructural nos sirve para seguir la vinculación de las nacionalizaciones con los ciclos largos del capitalismo, también nos sirve para hacer un análisis genealógico de los diagramas de poder, de los mapas de fuerzas, de las relaciones y de las estructuras de poder, inmediatamente conectados con formaciones discursivas y formas de subjetividad. Este análisis es importante también para volver a plantear, poner en la mesa de discusión, la lucha de los pueblos de los países periféricos contra los monopolios y dominaciones múltiples de la burguesía internacional del sistema-mundo capitalista.

La nacionalización de la Gulf Oil
Los últimos gobiernos del MNR del periodo de la revolución nacional (1952-1964) entregaron las reservas de gas e hicieron concesiones petrolíferas a la empresa trasnacional norteamericana Gulf Oil, afectando al propio desarrollo de YPFB, empresa estatal de los hidrocarburos. El gobierno del MNR firmó el Código Davenport, Código del Petróleo oneroso para los intereses del país, que afectaba la soberanía del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos. ¿Por qué hizo esto un partido que había firmado las nacionalización de la minas? Hay que tomar en cuenta que la nacionalización de las minas, tampoco la reforma agraria, se encontraba en el programa del MNR. Ambas medidas se encontraban en el programa del PIR y en el programa del POR. Se hicieron carne en los sindicatos mineros y en las organizaciones campesinas en sus largas luchas contra “súper Estado” minero de los “barones del estaño”, en las luchas y resistencias contra el latifundio y el avasallamiento a tierras comunitarias. Cuando el golpe de Estado planeado por el MNR se convirtió en una insurrección popular, los acontecimientos se desbordaron y rebasaron las perspectivas del MNR. Destruido el ejército, después de tres días de guerra civil, en abril de 1952, las milicias obreras y campesinas tenían el control de las fuerzas armadas insurreccionales. Fue la COB la que impuso la nacionalización de las minas, fue también el levantamiento campesino y la toma de tierras lo que obligó al MNR adelantar la reforma agraria, que quería hacerla de una manera burocrática. Como dice Sergio Almaráz Paz, el pueblo insurrecto vencedor encontró en la calle al MNR y se lo llevó de los cabellos al palacio de gobierno[1].            
El MNR había ganado las elecciones de 1951, empero la oligarquía “minero-feudal”, que era como se caracterizaba a la alianza de propietarios mineros y terratenientes, recurrió al golpe para evitar el asenso al poder por parte del MNR, que era un partido nacionalista, que ya había participado en el gobierno de Gualberto Villarroel. Gobierno derrocado por un cruento golpe que coaligaba al PIR, partido de izquierda, y a la rancia oligarquía “minero feudal”. El PIR justificaba el golpe con la formación de un supuesto “frente popular”, al estilo de los dados en Europa, enfrentado a un en Bolivia a supuesto fascismo, encarnado en Razón de Patria (RADEPA), que era la organización de militares nacionalistas partícipes de la guerra del Chaco. Esta apreciación des-contextuada de la realidad histórico-política-económica boliviana llevó al PIR a aliarse con la odiada oligarquía criolla. El golpe terminó con la vida y el colgamiento de Gualberto Villarroel. Este error garrafal del PIR le valió su vida política, fue su muerte política. Uno de los partidos más grandes de la izquierda boliviana, de influencia en los sindicatos de los trabajadores y en las universidades, terminó comprometido en un golpe de Estado que, al final, defendía los intereses de los “barones del estaño”, de la burguesía minera, con la que se enfrentaba el gobierno de Gualberto Villarroel. Del PIR nace el Partido Comunista (PC), fundado por Sergio Almaráz Paz, uno de los militantes de la juventud del PIR más brillantes, dirigente de la célula Lenin. La fundación del Partido Comunista contó, en principio, con jóvenes militantes; después viejos militantes del PIR pidieron su ingreso. En el comité central se compartió entre jóvenes y viejos militantes; los viejos terminando expulsando a Sergio Almaraz Paz, supuestamente pos su desviaciones nacionalistas, además por leer más a Camus que a Konstatinov[2]. Sergio Almaraz Paz ingresó al MNR.
Otro partido de izquierda marxista era el Partido Obrero Revolucionario (POR), de tendencia Troskysta, también de influencia en los sindicatos mineros, incluso más que el PIR en lo que respecta a la influencia ideológica. Esto se ve en la aprobación de la Tesis de Pulacayo, tesis elaborada desde la perspectiva de la revolución permanente y la tesis de transición. También militantes troskystas deciden ingresar al MNR, bajo la justificación de la táctica de “entrismo”, puesto que las masas estaban con el MNR, en pleno proceso de la revolución nacional en curso. Después de esto, prácticamente el joven militante e intelectual de los distritos mineros, Guillermo Lora, se quedó a cargo del POR. Siguió la línea de la independencia de clase y de crítica proletaria a lo que consideraba era una revolución burguesa. Con todo, se puede ver la inmensa agitación en las filas de la izquierda y en los sindicatos obreros ante la exigencia de las coyunturas políticas al inicio de la revolución nacional. El MNR se auto-identificó como un partido poli-clasista, más o menos un frente amplio, por eso fue un partido donde se trasladaron las tensiones de la lucha de clases, de las tendencias inherentes sobre la conducción de la revolución, la administración de las empresas nacionalizadas, la reforma agraria y la perspectiva política de la misma revolución. Más tarde, cuando las crisis del partido arreciaron, el partido se dividió, de acuerdo a sus tendencias y composición de clase. EL Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN), se conformó sobre la base de la influencia en la COB y en los sindicatos de trabajadores que tenía el líder carismático Juan Lechín Oquendo. El Partido Revolucionario Auténtico (PRA) se conformó desde el ala derecha del MNR, liderada por Walter Guevara Arce, quién había redactado la Tesis de Ayopaya en contraposición a la Tesis de Pulacayo.
Teniendo en cuenta este panorama se puede ver que el MNR, siendo un partido populista y nacionalista, también una especia de frente amplio, en la medida que se fue consolidando como gobierno y fue equilibrando las fuerzas, milicianos, policía y ejército, en la medida que fue estructurando el aparato burocrático administrativo, las tendencias más conservadoras fueron ganando terreno en la conducción del partido y el gobierno. Este proceso de derechización puede ser interpretado a partir de una hipótesis un tanto exagerada, empero que esclarece el comportamiento del partido nacionalista. Se puede decir que el MNR en la medida que logró consolidarse en el poder quiso corregir lo que en el fondo consideraba errores políticos precipitados, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, por lo menos en su forma. Sin embargo, esta hipótesis se acerca mucho a la tesis de la conspiración, esta vez desde dentro. Cosa que descartamos, pues la dinámica política es mucho más compleja que las conspiraciones.
Al respeto, hay que tener en cuenta una enseñanza histórica, en la medida que las revoluciones no se profundizan; comienza en un momento, a partir de un punto de inflexión, pues no pueden quedar como en el medio, estancadas, cuando se genera el curso regresivo, conservador, incluso autodestructivo. También hay que tener en cuenta el contexto internacional; al gobierno Estadounidense no dejan de preocuparle estas rebeliones, reformas y revoluciones nacionalistas, las asocia con las revoluciones socialistas, sobre todo en América Latina después de la revolución cubana; en principio y en parte inspirada en la revolución de 1952, después decidiendo el curso socialista, empujada por la política intransigente e intervencionista norteamericana. Sobre todo desde el gobierno de J. F. Kennedy se decide contrarrestar la influencia comunista en Latinoamérica, se crea la “Alianza para el Progreso”, un programa continental asistencialista, y se interviene de una manera más asidua y detallada en los gobiernos latinoamericanos. En el caso boliviano se tiene especial atención. Desde esta perspectiva se puede decir que  los gobiernos del MNR van hacer absorbidos a la influencia estadounidense, en plena guerra fría con el bloque socialista.
De todas maneras, los gobiernos del MNR no dejaron de experimentar tensiones y contradicciones, a pesar de la influencia estadounidense y el papel que empezó a jugar la embajada norteamericana en las decisiones políticas; creían que defendían la minería nacionalizada entregando el petróleo y el gas a los norteamericanos[3]. Este comportamiento devela el carácter del partido populista y nacionalista; no tenía una comprensión integral del significado histórico político de las nacionalizaciones, de su efecto de irradiación estatal. Creyó que bastaba cumplir con la nacionalización de las minas, nacionalización que también fue saboteada por la entrega de 23 millones de dólares a los “Barones del estaño”, descapitalizando a COMIBOL, acompañada por una administración corrupta y clientelar. Las masas insurrectas llevaron al MNR al poder, empero el MNR nunca supo por qué, creía que se lo merecía por haber ganado la elecciones de 1951. Nada más equivocado, una cosa es llegar al gobierno por elecciones y otra por una insurrección popular, los objetivos de las masas ya no eran los mismos que los del MNR, buscaban la emancipación social y la liberación nacional.
No se puede hacer una revolución a medias, esta cae, precisamente por indecisión y ambivalencia. No se puede tener una concepción parcial de las nacionalizaciones, sin entender la lucha mundial de los pueblos de los países periféricos por la independencia económica, la liberación nacional y la emancipación social. La nacionalización es un acontecimiento histórico-político de irradiación estatal. Los estados al hacerse cargo de sus recursos naturales soberanamente transforman los campos políticos y los campos burocráticos, transforman el mapa institucional. Las nacionalizaciones no sólo recuperan el excedente para el país, si es que logran recuperar todo el excedente que se genera en el país, aunque escape a su control el efecto multiplicador de la acumulación de capital que se realiza en el mundo, con las materias primas explotadas en el propio país; las nacionalizaciones llegan a generar una idea distinta de Estado. Se trata de la idea de Estado ligada al subsuelo, ligada a los recursos hidrocarburíferos y minerales, un Estado que se constituye en una relación íntima con los yacimientos. Se trata de la idea de un Estado que emerge de las vetas minerales y de los yacimientos hidrocarburíferos. Es una idea que contraviene al contractualismo liberal, que otorga incluso el subsuelo en condición de propiedad privada a las empresas, como ocurre en los Estado Unidos de Norte América. Es la nación la propietaria, como en el caso de México desde la nacionalización del petróleo en el gobierno de Lázaro Cárdenas; es el Estado el propietario, como en el caso de Bolivia, desde la nacionalización de la Stantard Oil; es el pueblo boliviano, desde la promulgación de la Constitución. En el último caso, la propiedad colectiva le da un carácter de propiedad común, propiedad del común, de todos, lo que a su vez le quita el carácter de propiedad y lo acerca al de disfrute equilibrado de los bienes comunes. Entonces se trata de un Estado que se genera no sólo desde el campo político y como campo burocrático,  sino que genera un campo de interacción con los recursos naturales, en el caso de las anteriores constituciones, o un campo de interacción con la naturaleza, en el caso de la última Constitución. Esta idea es sumamente sugerente pues la matriz de los campos político, cultural, simbólico, económico y burocrático, no es sólo el campo social, sino un campo geográfico y geológico, por así decirlo, de interacción con los recursos naturales y con la naturaleza. Este campo es mas bien inmanente, como el planómeno de Gilles Deleuze y Félix de Guattari[4]. Que este campo sea real, en el sentido de la materialidad social, depende de las transformaciones institucionales y estructurales del Estado. Empero es una idea presente y difusa en torno a las nacionalizaciones. Idea que queda arrinconada después del entusiasmo de las nacionalizaciones, cuando los burócratas se hacen cargo de las negociaciones y vuelven a convertir los recursos naturales en una mercancía.
El caso de la nacionalización de la Gulf Oil, es un ejemplo de este acontecimiento no sólo de soberanía nacional sino de propiedad pública ligada a los yacimientos hidrocarburíferos, a su control y recorridos en los mercados, en los ductos y en las formas de consumo. El entusiasmo inicial corrobora un sentimiento colectivo de soberanía. El boicot posterior de la Gulf Oil, usando todos los dispositivos a su alcance, intentando detener la construcción del gaseoducto a la argentina y la venta de petróleo a ese país, adjudicándose la propiedad del petróleo y del gas, así como de los yacimientos concesionados, usando su influencia en el país con políticos, medios de comunicación y personeros del gobierno oportunistas o, en su caso pragmáticos, muestra que la lucha por el control de los recursos naturales entre los pueblos y las empresas trasnacionales no culmina con la nacionalización sino que continúa después, donde entran los términos de la indemnización de por medio, el control de los flujos cuando salen del país, el control de los mercado y la decisión de los gobiernos involucrados, además de los organismos internacionales de financiamiento[5].
La nacionalización de la Gulf Oil del 17 de octubre de 1969 fue en los hechos, desde una mirada histórica, observando los ciclos largos del capitalismo, donde se contienen los ciclos de explotación de los recursos naturales, además de los periodos políticos, una medida que continua la perspectiva histórica y política de la nacionalización de la Standard Oil y la nacionalización de las minas, aunque se lo haya hecho en otro gobierno, después del interregno del gobierno militar que barre con el último gobierno d la revolución nacional (1964-1966) y del gobierno electo del general René Barrientos y Siles Salinas, que continuaron la política entreguista de los hidrocarburos de los últimos gobiernos del MNR del periodo de la revolución nacional. Esto plantea problemas teóricos; la continuidad de la lucha no está garantizada por los gobiernos sino por la estabilidad y continuidad de las medidas, en este caso de las nacionalizaciones. Acontece algo así como un meta-gobierno que atraviesa a los mismos gobiernos, aunque aparece de manera intermitente, que se efectúa como una doble irradiación estatal, en tanto soberanía y en tanto transformación estructural del mismo Estado. Se trata también de acontecimientos políticos y sociales por el carácter democrático, de ampliación de derechos democráticos, profundización de la democracia y participación popular.
Ciertamente la fase del entusiasmo y de las transformaciones no es perdurable, paradójicamente son los mismos gobiernos nacionalizadores los encargados en comenzar el amortiguamiento del impacto de la nacionalización, presionados por los dispositivos de poder de las empresas trasnacionales, los estados imperialistas, las estructuras y relaciones de poder distribuidas en el orbe y la región de dominio. La nacionalización de las minas indemnizó a los “Barones del estaño”, aunque estos eran los verdaderos deudores del país, por el saqueo, los minúsculos impuestos que pagaban al Estado, el haberse enriquecido exorbitantemente a costa del pueblo y de los recursos minerales, propiedad del Estado, y haber extranjerizado el capital acumulado. La nacionalización de la Gulf Oil terminó indemnizando a la empresa del petróleo norteamericana, pues primero el propio general Ovando Candia se comprometió hacerlo, y es cuando el ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz renuncia, pues no estaba de acuerdo con las condiciones y los montos exigidos por la empresa; más tarde es el gobierno de facto del General Banzer el que accede pagar una indemnización cada vez mayor y de acuerdo a los requerimientos de la Gulf Oil.
Este tema de la indemnización, después de la nacionalización, nos muestra el control que tienen todavía las empresas trasnacionales, incluso después de efectuada la expropiación. El obtener ganancias con la indemnización no solamente depende de los controles de la empresa trasnacionales, de los monopolios que tiene, de la capacidad de coerción y chantaje que pueda realizar, sino también de lo que llamaremos los hombres de las trasnacionales en el propio gobierno nacionalizador. Tan fuerte es la presión de la empresa trasnacional afectada que termina formándose como una tendencia a buscar resolver el problema de la indemnización lo antes posible. A pesar de las auditorias que muestran otras cifras, a pesar de los incumplimientos de la empresa, de los fraudes descubiertos, de las multas a las que se debe someter, algunos funcionarios tienden a dirimir con la empresa trasnacional, aceptando una negociación que afecta los intereses del Estado. ¿Por qué se lo hace? No tienen el mismo perfil estos funcionarios pusilánimes; por un lado están los pragmáticos, que optan por una solución rápida, por otro lado están los de un dudoso comportamiento, sobre todo por su afinidad con los intereses de la empresa trasnacional. En el medio está toda clase posiciones ambiguas. Por el otro lado, se encuentran los que quieren llevar consecuentemente la nacionalización, evitando que la empresa expropiada se salga con las suyas, buscando hacer cumplir   las normas de la nacionalización y las leyes del país, evaluando las inversiones y el comportamiento de la empresa, sacando las consecuencias de las auditorias. Los resultados dependen de cuál de los grupos tiene más peso en la toma de decisiones. Lastimosamente los grupos pragmáticos y los afines a la empresa trasnacional terminan teniendo muchas veces mayor peso que el grupo de los consecuentes. Esto conduce a la descapitalización de la empresa estatal y a llevarla a situaciones comprometedoras en los escenarios operativos, técnicos y comerciales en los que tienen que desenvolverse.
Por eso el curso de las nacionalizaciones es dramático; comienzan recuperando los recursos naturales para el Estado, la nación, el pueblo, produciendo un efecto estatal de control soberano y de administración autónoma de los recursos naturales, un efecto estatal que implica la nacionalización del mismo Estado y del gobierno, transformando sus composiciones y estructuras, vinculando su porvenir al rumbo de los recursos naturales y de los yacimientos. El Estado se vuelve un Estado minero y/o petrolero, su economía está íntimamente ligada a la explotación, producción y comercialización minera e hidrocarburífera. Gran parte de la administración recae en la administración de estos flujos y del excedente. La economía estatal, conformada por las empresas estatales, cobra gravitación en la estructura económica, dinamizan el funcionamiento de todas las formas de organización económica. El perfil de la economía se puede definir como el de un capitalismo de Estado. No es que todo el campo económico sea estatal o  publico, sino que el centro gravitatorio del campo económico es el Estado, es decir,  la economía manejada por el Estado, las empresas públicas.  
El capitalismo de Estado tiene por lo menos dos acepciones en la teoría; una en la teoría marxista de la escuela austriaca, otra en el discurso teórico latinoamericano. En la escuela austriaca el capitalismo de Estado tiene que ver con la tesis del imperialismo como última fase del capitalismo, tesis difundida por Lenin[6]. La tesis se elabora a partir de la caracterización del capitalismo en esta fase, sobre todo por el papel que juega el Estado en intima articulación con el capital financiero.  El Estado no solamente es instrumento indispensable en la acumulación de capital, sino que juega un papel dinámico en el proceso de concentración, en el control y la administración financiera de todas las formas de capital. Proyecta una geopolítica de expansión en los entornos y en el mundo. A esta vinculación estrecha entre Estado y capital financiero y a la plataforma de políticas económicas que apoyan la concentración de capital se llama capitalismo de Estado. En América Latina se ha llamado capitalismo de Estado a los procesos inherentes dados en los gobiernos nacionalistas y populistas que optaron por el camino de las nacionalizaciones y la política económica de sustitución de importaciones, promoviendo la industrialización y conformando empresas públicas.
Como se puede ver son dos concepciones distintas de capitalismo de Estado. Extendiéndonos en las consideraciones de capitalismo de Estado, Karl Polanyi tiene una comprensión más abarcadora del capitalismo de Estado, incluye en el capitalismo de Estado a los propios Estados socialistas. Para este teórico la característica principal del capitalismo de Estado es el monopolio del Estado en la Economía; lo que ocurría en la URSS y en la República Popular China no era otra cosa que la gestión de la economía capitalista por la vía Estatal. Entonces hay varias formas de capitalismo de Estado. A nosotros nos interesa la forma de capitalismo de Estado que se instituye en las periferias del sistema-mundo capitalista a partir de la política de nacionalizaciones y el proyecto de sustitución de importaciones. Sobre todo interesa comprender por qué muchos de estos proyectos no salen del modelo extractivista y terminan atrapados en una economía rentista.
Ahora vamos hacer el análisis de la nacionalización de los hidrocarburos efectuada en la primera gestión del gobierno de Evo Morales Ayma.

La nacionalización de los hidrocarburos del 2006                                              
El decreto “Héroes del Chaco” recupera la propiedad del Estado, antes de la Constitución, y propiedad del pueblo boliviano, después de la Constitución, desde boca de pozo, pues se reconocía con la capitalización la propiedad del Estado de los hidrocarburos en el subsuelo. No se efectúa una expropiación de las empresas capitalizadas, es decir privatizadas, sino que se modifican las condiciones de contratación, se modifican los contratos de operaciones, además de comprar acciones de las empresas privadas, en algún caso de la totalidad de las acciones, en otros del 50% más uno. Antes de que las empresas trasnacionales firmen los nuevos contratos acordados, se vivió un año de bonanza, por disposición del decreto “Héroes del Chaco”, que estableció una distribución de 82% para el Estado y 18% para las empresas, en lo que corresponde al reparto del excedente. Cuando se firmaron los contratos de operaciones y se convalidaron en el Congreso, cosa que nunca había ocurrido con la capitalización, la distribución entre Estado y empresas se dio prácticamente a mitades. Un balance cuantitativo del CEDLA valoriza los alcances de la nacionalización de la siguiente manera:
El incremento importante de la renta petrolera que percibe el Estado a partir de 2005 fue resultado de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por la Ley 3058. Este nuevo impuesto sumado a las Regalías y la Participación del Tesoro General de la Nación (TGN) permite recaudar el 50% del valor de las ventas de hidrocarburos, sustituyendo un régimen tributario que hasta el año 2004 generaba recaudaciones en permanente declinación. A este porcentaje se suma con la nacionalización el porcentaje variable correspondiente a la participación de YPFB, que en promedio alcanzó al 12,5% a partir del 2008. El total de la renta que se percibe con la reforma del régimen tributario, entonces, llega como promedio al 62,5%,  y no al 82% como le gusta decir al Presidente Morales[7].
En un ensayo sobre el pragmatismo, en el apartado sobre el pragmatismo gubernamental, escribimos, en base al documento del CEDLA, sobre otra tributación añadida, como es el llamado “government take”, y su subsecuente calculo lo siguiente:
Sin embargo, el gobierno usa demagógicamente un procedimiento de cálculo, inadecuado para los fines propagandísticos perseguidos, con el propósito de hacer creer que el Estado percibe más; se trata de una fórmula de cálculo del excedente capturado por el Estado, que el gobierno ha utilizado recurrentemente para mostrar un porcentaje mayor a ese 62,5%, hablamos del denominado “government take” que habría llegado en 2010 al 73% del valor de la producción. Este porcentaje relativamente mayor incluye el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del orden del 25% sobre utilidades netas, perteneciente al régimen tributario general y no exclusivamente al sector, que se efectiviza desde el 2005, gracias a la anulación de la posibilidad de acreditar el pago de regalías con cargo al pago del IUE dispuesta por la Ley 3058, y el pago de las patentes por la áreas de trabajo[8].
Al respecto, los cálculos varían, el presidente y el vicepresidente dan una suma de porcentajes que llega al 82%, incluso Manuel Morales dice que se llegaría al 90%. El CEDLA considera que esto no es adecuado por las características de este “government take”. Tampoco se pueden sumar porcentajes que tengan distintas bases. De todas maneras no conviene entramparnos en esta discusión, lo que importa es caracterizar el estilo de nacionalización efectuada. No se hizo por expropiación, sino por modificación de la condición de los contratos de operaciones y por compra de acciones. De acuerdo a la Constitución las empresas privadas son prestadoras de servicios, esto también de acuerdo a la nacionalización; entregarían todo el producto explotado a YPFB y la entidad estatal pagaría pos sus servicios. Hasta aquí todo parece adecuado, empero debemos introducir condicionantes técnicas ineludibles, ¿quién tiene el control técnico de las operaciones?
Roberto Fernández en el capítulo sobre El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia, del libro La Mascarada del Poder, de varios autores, dice:
Que el gobierno no ha podido romper totalmente con las bases del poder petrolero extranjero en Bolivia; se controla, es cierto, las áreas de refinación y transporte, pero la operación de los campos más ricos en hidrocarburos está a cargo de las transnacionales petroleras. Lo que ha ocurrido, en sustancia, es un reacomodo empresarial petrolero al interior del bloque de poder dominante actual, con una gran influencia en la toma de decisiones sobre la política energética[9].
Más abajo, sobre el control técnico de las empresas trasnacionales establece que:
No basta lo que diga una ley, sino que es de capital importancia el control físico y material, operativamente hablando, de toda la cadena productiva de los hidrocarburos[10].
Usando los mismos datos estatales escribe que:
Según el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, durante la gestión 2010, la participación de las empresas operadoras extranjeras en la producción de gas natural sería la siguiente: Petrobras Bolivia: 63%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 7%; British Gas: 5%; Vintage Petroleum: 2%; Andina (YPFB- Repsol): 6%; y YPFB-Chaco: 13%. Salta a la vista que las operadoras extranjeras producen el 79% del gas natural, sin tomar en cuenta la participación de Repsol en la empresa mixta Andina.

Según el mismo Ministerio, en la producción de petróleo, condensado y gasolina natural, las empresas petroleras tienen la siguiente participación: Petrobras Bolivia: 58%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 18%; British Gas: 3%; Vintage Petroleum: 1%; Andina (YPFB-Repsol): 6%; y Chaco: 12%. Nuevamente se ratifica que las empresas extranjeras producen el 82% de los líquidos señalados, sin tomar en cuenta, otra vez, la participación de Repsol en Andina[11].
Haciendo más precisiones y recurriendo al estudio del CDEDLA, se describe la situación:

§ En el año 2009, las reservas probadas de gas y petróleo con alto valor comercial se encuentran en cuatro mega campos que representan el 85% del total;
§ Esas reservas están bajo control de cinco empresas: Petrobras (brasileña), Repsol (española), Total E&P (francesa), British Petroleum (BP) y British Gas (BG) (británicas);
§  Los campos convencionales representaban el 15 % restante;
§  YPFB Chaco y YPFB Andina (YPFB-Repsol) controlan únicamente el 11% de las reservas probadas de gas y petróleo[12].

Por el mismo estudio sabemos que las reservas en los megacampos son en los hechos controladas por las empresas trasnacionales, de acuerdo con su participación en la sociedad constituida:

1.       San Alberto (Petrobras);
§  San Antonio [Petrobras: 35 %; Andina: 50% (YPFB: 25% y Repsol: 25%); y Total E&P Bolivie: 15 %);
§  Margarita (Repsol: 37%, BG: 37,5%, Pan American y British Petroleum: 25%);
§  Itaú (Petrobras: 30%, Total E&P Bolivie: 41%, YPFB-Chaco: 4% y BG: 25%)[13].

Las conclusiones del investigador no se dejan esperar:
Conclusiones: en los megacampos donde existen reservas probadas, las empresas transnacionales operan casi el 80% de la producción de gas y petróleo. Existe una vinculación orgánica entre las petroleras y el Estado con una evidente participación minoritaria de YPFB en el proceso de explotación; YPFB no es la empresa que produce más de la mitad del gas natural en Bolivia[14].

Las preguntas son concretas: ¿Por qué siguen operando las empresas trasnacionales después de la nacionalización? ¿Por qué no ocurre como antes, después de la nacionalización de la Standard Oil y de la nacionalización de la Gulf Oil, cuando la empresa estatal YPFB era la que operaba y tenía el control de las reservas? Han pasado seis años desde la nacionalización y YPFB sigue arrinconada como una administradora, salvo algunos pozos y las refinerías. Las datos son alarmantes el 79% de la producción de gas está en manos de las empresas trasnacionales, el 82% de la producción de petróleo, condensado y gasolina está en manos de estas empresas, el 85% de las reservas probadas de gas y petróleo con valor comercial se encuentra en megacampos controladas por las empresas trasnacionales. La nacionalización implica el control efectivo de reservas, de explotación y producción, si esto no ocurre, ¿cómo garantizar la soberanía sobre los recursos naturales? ¿Acaso es suficiente la norma jurídica? ¿Es suficiente el cálculo de la renta hidrocarburífera? ¿Cómo garantizar esa suma del 18% inicial de la renta petrolera, más el 32% del impuesto directo a los hidrocarburos, más el 12% del impuesto a las utilidades, y más el porcentaje del goverment take, que corresponde a los megacampos,  que es incierto? De acuerdo a cálculos del gobierno la suma llega al 82%, incluso a un 90%. Si no hay control técnico, si una intervención directa de YPFB en todas las operaciones, no se puede garantizar nada. Lo más objetivo es hacer como hace el CEDLA, establecer la suma hasta el 62% de la renta hidrocarburífera. Empero, ni así se garantiza nada mientras YPFB no sea la operadora y no tenga el control técnico de la producción.
No vamos a discutir si se reciben más ingresos que antes de la nacionalización, obviamente que si, empero hay que anotar, como hace Roberto Fernández, que:
1         Los actuales recursos dinerarios (Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) que reciben actualmente las municipalidades, gobernaciones y universidades no son resultado de la nacionalización del MAS, sino de la Ley de Hidrocarburos 3058, aprobada el año 2005, antes de la llegada del MAS al gobierno. La lucha por el incremento en la participación del Estado boliviano en la renta petrolera estuvo en los planteamientos de los movimientos sociales desde el año 2001, y fueron ellos los que impusieron el aumento de la participación estatal.

Dicho de otro modo: si con la Ley 1689 de Sánchez de Lozada se obtenía un 18% de la renta petrolera por regalías hidrocarburíferas, fue la lucha del pueblo boliviano la que impuso a los políticos de aquel tiempo que se aumentase ese porcentaje al 32% adicional —el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH— que se calculaba para todos los efectos como una regalía. La suma de regalías (18%) e IDH (32%), por tanto, hacía un total del 50%. Este incremento, sustancial para las arcas del Estado, se realizó en contra de la voluntad del aquel entonces presidente Carlos Mesa, de muchos parlamentarios y, en particular, del propio Álvaro García Linera, que, con mucha vehemencia y desde las pantallas de televisión, defendía la propuesta de simplemente aumentar el impuesto a las utilidades petroleras.
2         Con el Decreto de Nacionalización número 28701 del 1 de mayo de 2006 (esta vez sí del Gobierno del MAS y mérito, en gran medida, del entonces ministro de hidrocarburos Andrés Solís Rada), se estableció que al referido 50% determinado en la Ley 3058 se le añada una otra participación adicional transitoria del 32% aplicable a los megacampos de hidrocarburos, con el fin de crear un fondo de arranque para que la empresa estatal boliviana refundada (YPFB) pueda comenzar a funcionar por sí misma.

Es cierto, como afirma el Vicepresidente García, que con esta medida la renta petrolera que recibía el Estado llegaba al 82% y algo más (si se le añadía el pago del impuesto a las utilidades), pero se trataba de una medida de aplicación transitoria que solo estuvo en vigencia entre mayo de 2006 a mayo de 2007, durante solo un año.

En mayo de 2007, cuando se protocolizaron los nuevos contratos firmados entre el Gobierno del MAS y las compañías petroleras, la participación del Estado boliviano del 82% volvió a ser la establecida en la Ley 3058, es decir, una participación del 50% (18 % regalías + 32% IDH). ¿Por qué, entonces, el Gobierno insiste en seguir hablando del 82% cuando esto ya no es aplicable a los campos grandes operados por las petroleras extranjeras?, ¿por qué no se le dice claramente al pueblo boliviano que el artículo transitorio ya no está vigente desde mayo del 2007?        
2.       Los nuevos Contratos de Operación (eufemismo que disfraza lo que esos contratos son en realidad: Contratos de Producción Compartida) contemplan una participación para Estado de regalías e IDH, más un coeficiente beta (B) para YPFB —desconocido por el país—, más las patentes y los impuestos upstream que incluyen el Impuesto a las Utilidades. No se pueden incluir en los impuestos upstream — el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), menos el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), porque estos son impuestos que se transfieren al consumidor en el precio final de venta del producto (son impuestos que, a fin de cuentas, los paga el ciudadano).

Por otra parte, y como no se conoce exactamente cuánto significa el mencionado coeficiente beta (B), no es posible calcular con precisión, en el caso de los campos grandes, los megacampos, cuál es el nivel del goverment take —dato del que también se pavonea García, señalando que es uno de los más altos del mundo—. Por esto resulta legítimo desconfiar de las afirmaciones gubernamentales en las que se dice que el referido goverment take llega al 82%, o incluso al 90% en los Contratos de Operación[15].
Sin embargo, no se trata de recibir más por concepto de renta hidrocarburífera, sino de realizar una nacionalización efectiva, que contraiga una real re-fundación de YPFB. Se trata de construir una plataforma estatal de exploración, explotación, producción y comercialización, que sea la base de la industrialización de los hidrocarburos. Tampoco se trata de cálculos aritméticos inciertos sobre la renta hidrocarburífera, sino de manejar efectivamente, bajo control técnico, los montos y cantidades reales de los flujos hidrocarburíferos. No se trata de una competencia por la propaganda y el convencimiento, sino de contar con el monopolio real y efectivo estatal sobre los hidrocarburos.
La medida intentada del “gasolinazo” es una clara muestra que lo anterior no ocurre, no hay control técnico de la producción, YPFB no opera, no hay monopolio estatal de los hidrocarburos, salvo jurídicamente y nominalmente. La baja producción de los carburantes para abastecer el mercado interno, es también otra muestra de que YPFB no produce, sino que depende de los flujos de producción de las empresas trasnacionales. Esta realidad no se la cambia con compulsivas publicidades.

Diagrama de poder trasnacional
El diagrama de poder trasnacional forma parte de los diagramas de poder del capital, del capitalismo, de la acumulación de capital, la originaria y la ampliada. Cuando hablamos de capital nos referimos a la lógica de la acumulación (Karl Marx), cuando hablamos de capitalismo hablamos de la sociedad misma moldeada y racionalizada en sus prácticas, relaciones y conductas (Max Weber). Particularmente nos interesa el diagrama de poder de las empresas trasnacionales extractivistas, básicamente de la minería y de los hidrocarburos. ¿Cuál es la materia o el objeto de poder de estas empresas trasnacionales?  Son los recursos naturales, las materias primas, las reservas, los yacimientos. Una vez que se dan lugar las concesiones territoriales por parte de los estados consideran que estos territorios, concretamente las reservas y los yacimientos, son suyos, son de las empresas trasnacionales concesionarias. Forman parte de las cadenas económicas que controlan estos monopolios, desde la explotación, la producción, la comercialización, si es que no se incorporan las materias primas a procesos de transformación, es decir de industrialización, de donde salen productos manufacturados e industrializados, que ingresan a otros niveles de comercialización y de mercados. Los países que hicieron las concesiones territoriales a las empresas trasnacionales compran estos productos manufacturados e industrializados, pagando precios que contienen una sumatoria de valores agregados. En tanto que las materias primas se pagaron como tales, como materias primas, sin valor agregado, ya sea bajo el concepto de renta o de venta. Esta es una primera diferencia cualitativa; los países que concesionan territorios a las empresas trasnacionales no controlan la cadena económica, no controlan el proceso de acumulación de capital. El monopolio de los mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio financiero, no está en sus manos. Por más que logren mejorar las condiciones de la renta o de la venta extractiva, se encuentran en desventaja, no podrán beneficiarse de los procesos de transformación de la materia, tampoco de la acumulación consecuente. Por más que se declaren los estados o los pueblos propietarios de sus recursos naturales, no poseen ni son propietarios de estos procesos de transformación y acumulación. Las materias que entregaron, por renta o venta, ya no les pertenece. No intervienen en la magia de la ganancia; pueden acceder a la renta, que no es lo mismo.
Los mecanismos que afectan a la materia de poder son variados; por una parte jurídicos, por otra parte políticos, así como institucionales, también económicos y financieros, sobre todo técnicos. Las empresas trasnacionales acceden a las concesiones por medio de leyes, así como por contratos, de una manera más operativa. Son los estados los que asumen estos compromisos, a través de los gobiernos que firman las leyes, las normas, las reglas y regulaciones, así como los contratos. Son instituciones las que al final se hacen cargo de los contratos, también de los servicios, la empresa estatal, el ministerio del rubro, la institucionalidad internacional, también nacional, el sistema financiero internacional. De manera concreta y efectiva es la ciencia y tecnología de la empresa trasnacional la que detecta los yacimientos, la que los explota, la que termina poseyéndolos de manera efectiva. También pude hacerse cargo de su transporte, así como es la que tiene los contactos comerciales de venta, si es que no se hace cargo de esto el Estado.
El extractivismo es una relación de poder con la naturaleza. La empresa descarga su tecnología en la naturaleza, extrae, deja los yacimientos vacíos y pasivos en el medio ambiente. Esta ruta, incluyendo el transporte, la distribución, la comercialización y la industrialización, es una relación de poder sobre la materia, un dominio sobre la naturaleza. En este ámbito de relaciones de poder no solamente entran los territorios concesionados, sino también los poblados y las poblaciones adyacentes a los campamentos. Son también afectados; un entorno es contaminado, contrayendo efectos multiplicadores en los ecosistemas. Hay un entorno a los campamentos que sufre las relaciones de poder de la empresa. Pero, en la medida que la economía extractivista forma parte primordial de la economía del país que hace la concesión, toda la población también sufre los efectos de estas relaciones de poder. Las instituciones son atravesadas por las influencias de la empresa trasnacional, ni que decir, del campo burocrático y los hombres de gobierno; también son afectados por esta irradiación. Los medios de comunicación y los funcionarios son los lugares más vulnerables de las incursiones de la empresa trasnacional.
Entonces el impacto de la empresa trasnacional afecta en distintos planos y niveles. No lo hace de la misma manera, tiene distintos modos y procedimientos. En relación a los recursos naturales es la tecnología que emplea la que puede hacer más eficiente su explotación, incluso más devastadora. En relación al medio ambiente, depende del cumplimiento de las leyes, aunque también del alcance de la contaminación y depredación. En relación a los pueblos colindantes, depende de la capacidad de resistencia de estos pueblos, también del compromiso o la vulnerabilidad de sus dirigentes. En relación a la población del país, depende del nivel de politización de la gente y de sus organizaciones, así como depende del nivel de consciencia que se tiene sobre la problemática del extractivismo y de los recursos naturales. En relación al gobierno y las instituciones del Estado, depende del carácter y el perfil de gobierno, también depende de la fortaleza de las instituciones estatales y los alcances de la soberanía declarada, desde la nominal, la jurídica, hasta el control efectivo sobre el patrimonio y los recursos naturales.
El espectro de una empresa trasnacional es como el mapa de una metástasis, incursiona en todo el cuerpo social. También es como el mapa de una enfermedad viral, se expande y contamina. Corroe instituciones y compromete a gobiernos. Para las empresas trasnacionales lo que importa no es sólo preservar las reservas, las concesiones, la explotación, sino garantizar la extraterritorialidad de los territorios que controla, que forman parte de su inventario en la bolsa internacional. Para las empresas trasnacionales el país donde se asientan forma parte de un mapa más grande, el de las zonas de influencia, bajo su control, articuladas al gran mercado de las materias primas y a los procesos de industrialización. La perspectiva es otra, muy distinta a las perspectivas locales.  Lo que invierte no solo tiene que ver con los costos de producción, incluso de riesgo, cuando hay que efectuar la exploración, sino con otros gastos, compensaciones por contaminación y depredación, gastos publicitarios y de influencia en medios de comunicación, compromiso de técnicos y funcionarios estatales, incluso altos funcionarios de gobierno. Todos estos gastos están contemplados, forman parte de costos de la fabulosa maquinaria de valorización dineraria, de generación de ganancias y super-ganancias, de la generación de la acumulación de capital. El circuito de influencias, la corrosión y la corrupción forma parte de estos procedimientos, como uno más, dentro de un conjunto diferencial de incursiones y actividades encaminadas a salvaguardar los intereses de la empresa trasnacional.
La lógica en la que operan no sólo es de costo y beneficio, tampoco sólo de competencia,  sino mas bien de monopolio, de control integral; se trata de lógicas organizacionales y de sistemas de precios, donde el precio de las materias primas es uno de los componentes. No sólo se trata de que el precio de las materias primas se mantengan bajas, sino incluso se pueden disparar en tiempos de alta demanda; de lo que se trata es de contar con un cuadro dinámico del sistema de precios,  de tal manera que las ganancias o super-ganancias se mantengan, que las tasas de ganancias se realicen, incluso que la tendencia a la tasa decreciente de ganancia se corrijan. No decaigan los efectos de la acumulación de capital. De esta situación de control global e integral del sistema capitalista, de esta condición de dependencia de la geografía que transfiere los recursos naturales, no escapan los países periféricos, que entregan sus recursos naturales, tan sólo por el hecho de que sube la renta hidrocarburífera o minera. Aunque mejoren sus ingresos, el cuadro general de la acumulación de capital se mantiene bajo el control de las empresas trasnacionales.
Por eso no basta con la nacionalización para salir de la dependencia, tampoco es suficiente que una empresa estatal se haga cargo de la explotación y producción, aunque mejoren las condiciones y los ingresos. Tan sólo cuando comienza el proceso de industrialización se puede decir que mejoran las condiciones del intercambio desigual. Sin embargo, con este paso tampoco se sale del todo de la dependencia; hay niveles. El abastecimiento del mercado interno es una fase, la producción de carburantes o, en su caso de metales fundidos, es parte de estos primeros pasos, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Sin embargo, mientras no se articulen industria pesada e industria liviana en una plataforma industrial y productiva es difícil hablar de salir de los límites de la dependencia. Pero, aquí no acaba la cosa; el problema es la competencia en el mercado internacional. Las empresas estatales o semi-estatales se vuelven también empresas trasnacionales, como en el caso de China o en el caso de Brasil. Están obligadas a competir y al monopolio. La lucha en el mercado internacional es sanguinaria.
Una de las claves para medir la salida de la dependencia tiene que ver con la estructura económica, tiene que ver con la gravitación en esta estructura de la economía extractivista. No basta que haya industrias y se haya ampliado el peso de la agricultura, todo depende de la composición. Una economía puede seguir siendo extractivista a pesar de la presencia industrial y de la ampliación agrícola. Los desafíos tienen que ver no sólo con la industrialización y la soberanía alimentaria, la integración del mercado interno, la autonomía económica, sino con el acceso y la invención tecnológica, con la investigación y las ciencias, con la irradiación en los mercados y la influencia en el orden mundial. La emergencia de las llamadas potencias industriales afronta estos desafíos; es la República Popular de China la que mejor se adecúa y responde a estos desafíos, empero la problemática inherente no se resuelve.
No solo que no se resuelve sino que se problematiza aún más. La crisis actual del capitalismo, crisis estructural, no sólo se manifiesta en la crisis financiera, así como en las llamadas crisis de sobreproducción, sino que adquiere connotaciones alarmantes en la crisis ecológica. El crecimiento y el desarrollo capitalista sólo pueden darse a costa de la naturaleza, de la depredación, contaminación y destrucción de la naturaleza. Aquí se encuentran los límites civilizatorios y físicos de esta forma de crecimiento y desarrollo. Seguir avanzando por la vía de la destrucción del planeta no tiene sentido, ni siquiera para el propio capitalismo. Recorrer esta vertiente compulsiva de los beneficios, de las ganancias, de la competencia, lleva a problematizar los alcances de la crisis, aunque se obtenga grandes ganancias para unos, los menos, las familias más ricas del mundo, ocasionando austeridades, desigualdades y pobrezas en las grandes mayorías.
Parece que llegamos a un punto donde la lógica de la competencia no aguanta ni puede sostener el crecimiento infinito y el desarrollo ascendente. Esto conduce a la destrucción ecológica, y quizás antes a la guerra. ¿Aguantará el mundo una tercera guerra mundial? ¿No es más bien momento de detener la marcha vertiginosa del tren, como decía Walter Benjamin? ¿No es mejor, antes del desastre, pasar de la economía de la competencia a la economía de la solidaridad y de las complementariedades? ¿Qué impide hacerlo? ¿El interés de un exiguo numero de multimillonarios? Al final todas las estructuras de poder están dispuestas a su servicio;  el orden mundial, las fabulosas maquinarias de guerra, las instituciones internacionales, el sistema financiero internacional, los estados y los gobiernos, incluso las leyes y la administración de las leyes. ¿Tiene sentido todo esto? ¿No forma parte de las irracionalidades del capitalismo? ¿Por el beneficio de unos cuantos vamos a destruir el planeta y obligar a la austeridad y al hambre a la inmensa mayoría de la humanidad?  Al final de cuentas los científicos, los técnicos, los funcionarios locales e internacionales, son gente a sueldo, al servicio de esta minúscula minoría, son los guardianes del orden al servicio de un grupo de multimillonarios, que lo único que hacen es seguir acumulando como una abeja madre estéril. Toda esta gente está atrapada en un imaginario kafkiano, un imaginario que ha inventado fabulosas maquinarias al servicio de la nada. Aparatosas burocracias, complejos industriales y tecnológicos, fabulosas maquinarias productivas, que sostienen la edificación de un progreso que no tiene límites, que quizás sus límites se encuentren en el vacío. Cuando, por el contrario, la ciencia y tecnología pudieran más bien servir para liberar la creatividad, las capacidades y potencialidades humanas, en la perspectiva subjetiva del logro de la felicidad y en la perspectiva objetiva de armonizaciones con la naturaleza, los seres componentes y sus ciclos vitales. ¿Seguiremos por este derrotero irracional o cambiaremos de curso?
Quizás ha llegado el momento de convocar a una cumbre de la humanidad, que ponga en mesa y discuta estos problemas, una cumbre que tenga como tarea detener esta marcha a la destrucción, que busque conformar un mundo sin fronteras y una organización de asociaciones de productores, de cultivadores, de culturas y lenguas, de identidades colectivas, de organizaciones sociales y movimientos, de científicos y sabios, de identidades diversas. A esta cumbre tendrían que asistir todo lo representativo de la humanidad, científicos, sabios, literatos, artistas, religiones, organizaciones e instituciones, incluso políticos y esta casta de multimillonarios, aunque en la proporción que les corresponde demográficamente. No una cumbre de burócratas y funcionarios, como las que ya hay, sino una cumbre de las producciones, creaciones, preocupaciones, actividades y activismos que hacen a la humanidad, de sujetos y subjetividades involucrados en las múltiples creatividades y capacidades humanas, creencias, lenguas y culturas. Son pues estas grandes mayorías y también minorías las que tienen que decidir sobre el porvenir de la humanidad, las que tienen que defender la vida, tanto de la especie humana como de los otros seres de la naturaleza, también amenazados con la destrucción y desaparición.

Fuerzas, instituciones, empresa y monopolio
En lo que respecta al monopolio,  hay que distinguir lo que ocurre con las empresas privadas capitalistas, que al formar parte de la acumulación de capital, la tendencia al monopolio, inherente a la competencia y al mercado, las empuja a una concentración, centralización y control orgánicos e intensos de sus entornos y redes. Concentración que deriva en una íntima articulación con el capital financiero, así como con las instituciones internacionales y los estados potencias. El monopolio estatal derivado de la nacionalización, incluyendo el monopolio de las empresas estatales, es distinto, en un monopolio de defensa ante el monopolio y control de las empresas trasnacionales. De acuerdo a Fernad Braudel el capitalismo se caracteriza por esta tendencia al monopolio, por explicarse a partir de la conformación de monopolios, no por el mercado, pues los monopolios se oponen al mercado.
Las corrientes neoliberales del siglo XX, que se conforman teóricamente entre la entre-guerra, y tienen vigencia política en Alemania Federal y después en Europa, antes de la aplicación con ayuda de los “Chicago boys” en Chile, en plena dictadura del general Pinochet, creen que se puede escapar a la tendencia al monopolio con la intervención del Estado no en la economía, sino en la sociedad, con la intervención del Estado en las condiciones jurídicas. Creen que se puede escapar al monopolio convirtiendo a todos, a cada individuo, en empresarios. Las corrientes neoliberales tienen una idea muy abstracta de la competencia y creen resolver los grandes problemas por medio de la asignación de recursos. Los principales adversarios de las corrientes neoliberales son el Estado empresa, el Estado interventor de la economía, también los monopolios. Sin embargo, lo que llama la atención, sin entrar todavía al debate teórico, es que la aplicación del proyecto neoliberal ha sido altamente funcional precisamente a la concentración, centralización y control de los monopolios. En la practica el neoliberalismo ha servido para enfrentar, desde su teoría,  lo que llaman las formas totalitarias del Estado, expresadas en el Estado socialista y el Estado nacional-socialista (nazi), la economía política keynesiana y sus aplicaciones, el Estado benefactor. En la práctica no ha servido para evitar el decurso ascendente de la tendencia al monopolio, de la formación de monopolios, de su crecimiento desmesurado y atroz. En la práctica esta su pelea la ha perdido[16].
Desde la perspectiva de Michel Foucault las corrientes neoliberales corresponden al nacimiento de la biopolítica, que tiene varias fuentes y vertientes, incluso contradictorias. Se trata del desplazamiento epistemológico de la economía política, de las teorías clásicas y neoclásicas hacia una economía que se ocupa de los marcos en los que se desenvuelve la economía, en sus condiciones de posibilidad, en los marcos sociales, jurídicos e institucionales, que se ocupa de las conductas, que busca incidir en las poblaciones, en sus comportamientos, a partir de una teoría que se basa en la competencia y en el sentido empresarial. Puede que las intenciones de los gestores de las teorías neoliberales hayan sido otras,  sobre todo los de la corriente alemana y austriaca, empero la aplicación de las políticas neoliberales han sido devastadoras en las sociedades y países donde experimentaron estas medidas, sobre todo en América Latina y el Caribe. La entrega de los recursos naturales a estas empresas, a través de concesiones y contratos, la privatización de las empresas públicas, la liberación de los mercados, con el consecuente el estallido de los precios, la privatización del ahorro de los trabajadores, la privatización de la salud y la educación, han ocasionado alarmantes costos sociales y terminando de apoyar el proceso a la tendencia monopólica de las grandes empresas capitalistas. La tendencia a la concentración de la riqueza, la generación de grandes super-ganancias, acompañadas por empobrecimientos generalizados, pauperismo y austeridades. Los estados perdieron soberanía y se convirtieron en administradores de los intereses de estas grandes empresas trasnacionales.
Parece que la tendencia al monopolio, a la concentración, centralización y control, no se detiene con las políticas privatizadoras neoliberales, sino, al contrario, se incentiva enormemente esta tendencia. El neoliberalismo ha terminado siendo un buen instrumento para apoyar el monopolio privado y la especulación financiera. Su cuerpo enunciativo abstracto no le salva de su responsabilidad en la crisis que asola el mundo, sobre todo en las formas sociales de la crisis, haciendo pagar a los ciudadanos el despilfarro de los millonarios y las especulaciones y burbujas del sistema financiero internacional. En los hechos, los dos adversarios del neoliberalismo, el Estado interventor en la economía y el monopolio, lo han vencido. Los estados, en plena recurrencia de su pragmatismo, han optado por políticas eclécticas, keynesianas y neoliberales, no han dejado de intervenir en economía, de uno u otro modo. Lo más elocuente es lo que pasa con el monopolio; esta tendencia se ha acentuado y se sigue acentuando. El problema de las corrientes neoliberales es que al desarrollar teorías abstractas y esquematizadas, al apartarse de los estudios históricos, se han apartado de la observación de las dinámicas efectivas sociales, económicas y políticas. Han generado imágenes esqueléticas del individuo, han llevado al extremo la defensa de las libertades individuales, obviando las libertades sociales y colectivas. En su lucha contra las formas interventoras de los estados, al renunciar a la comprensión de las fuerzas sociales y colectivas, ha descartado las únicas fuerzas que pueden transformar a los estados. Cayendo, por el contrario, en manos de estados potencia como herramientas teóricas y administrativas útiles a los fines oprobiosos y monopólicos. La contrastación de las teorías neoliberales con la historia efectiva nos lleva a su aplazamiento.
¿Dónde radica la fuerza de esta tendencia al monopolio? Ya lo decía Braudel, en el mismo capitalismo, en las mismas relaciones y estructuras capitalistas. El capital mismo, la valorización del valor, no sería posible sin el monopolio de los medios de producción. El capital ya es una concentración en sí, supera un límite, el ahorro, es inversión. Esta inversión capitalista no sería posible sin un mínimo de monopolio financiero. El capital supone una concentración de fuerzas, es decir, poder. No puede disociarse la producción y el comercio del poder; los estados han jugado un papel fundamental en la génesis del capital. Obviar estos datos históricos es desentenderse de la historia efectiva del capitalismo e inventarse una ficción forzada al margen de la historia, que la competencia es el secreto del desarrollo y del progreso. Esto es elevar a única categoría explicativa uno de los impulsos, de los múltiples que tiene el ser humano. Esto convierte a las teorías neoliberales no sólo en esquemáticas sino también en cándidas. 
La lucha contra los monopolios no puede efectuarse desde los individuos, desde el átomo individual, sino desde los derechos sociales y colectivos, ahora desde los derechos de la naturaleza, a partir de la Constitución boliviana y ecuatoriana. La lucha contra los monopolios no puede efectuarse desde la defensa de la propiedad privada, sino es menester la incorporación de la defensa de los derechos sociales, colectivos y del común, de todos, además de incluir los derechos de la naturaleza. Tampoco puede efectuarse la lucha contra el monopolio desde el supuesto de la empresa, pues el monopolio es una empresa.  La empresa capitalista es precisamente esto, la tendencia al monopolio. Otra cosa sería hablar de otra forma de emprendimiento, de otra forma de asociación, cuya orientación sea la satisfacción de necesidades, la felicidad, el vivir bien. Eso ya no sería una empresa capitalista.
En lo que respecta a nuestro tema, el monopolio estatal de los recursos naturales, efectuado a través de la nacionalización, hemos dicho que se trata de un monopolio de defensa. Este monopolio es de recuperación de patrimonios, de territorialidades, de recursos, que son como la condición inicial de la producción capitalista, las materias primas. Desde el punto de vista de la empresa trasnacional, el hecho de que invierta en su explotación la convierte en propietaria de estos recursos naturales. Que tenga que pagar una renta, lo hace por obligación. Desde su perspectiva estos recursos naturales no valen nada si están bajo tierra, sólo valen cuando se los explota. Este punto de vista muestra el desprecio de estas empresas por la naturaleza y de los pobladores que viven sobre estos recursos. Es un punto de vista mezquino; la contabilidad capitalista no cuantifica los costos transferidos a la naturaleza, que en verdad son inconmensurables. En realidad, el crecimiento capitalista implica el empobrecimiento de la naturaleza, su deterioro y depredación.
Ahora bien, el problema es que estas empresas trasnacionales al formar parte de la vida económica de los países, se convierten en un gran factor de poder. Inciden en las instituciones, buscan utilizarlas en beneficio propio, las convierten en engranajes de su poder, en administradoras de sus intereses. Inciden en la conducta de la gente, en dirigentes y gobernantes. Corroen las relaciones de su entorno, forman clientelas y circuitos de influencia, recurren a la corrupción, generan entornos problemáticos en los poblados adyacentes a sus entornos. Tienen tanto poder que terminan minimizando los alcances de la misma nacionalización, tienen aliados por todas partes, particularmente llegan a tenerlos en el mismo gobierno nacionalizador.              
    
 
             



[1] Ver de Serío Almaraz Paz Réquiem para una república; en Obras Completas. Plural; La Paz.
[2] Carta de expulsión de Sergió Almaraz Paz del PC.
[3] Ver de Sergio Almaraz paz Réquiem para una república, particularmente el capítulo El tiempo de las cosas pequeñas. Ob. Cit.
[4] Ver de Gilles Deleuze y Félix de Guattari Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-textos 2000; Valencia.
[5] Revisar el libro de Hugo Rodas Morales: Marcelo Quiroga Santa Cruz. El socialismo vivido. Tres tomos. Plural 2010; La Paz. En el libro se encuentra una pormenorizada descripción y análisis de la nacionalización de la Gulf Oil, de sus avatares y de las pugnas con la empresa trasnacional. Los desacuerdos de Marcelo Quiroga Santa Cruz con las características de la indemnización a las que se compromete el gobierno del general Alfredo Ovando Candia. Sobre todo revisar, al respecto, el segundo tomo. 
[6] De los más conocidos teóricos de la escuela austriaca es Hilferding 
[7] Carlos Arze: Bolivia: ¿el “proceso de cambio” nos conduce a vivir bien? CEDLA 2012; La Paz.
[8] Raúl Prada Alcoreza: Tribulaciones de la conciencia desdichada. Sobre el pragmatismo. Bolpress 2012; La Paz. Blog. Horizontes nómadas.

[9] Roberto Fernández: La Mascarada del Poder. El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia.
[10] Ibídem.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
[15] Ibídem.
[16] En el Nacimiento de la biopolítica Michel Foucault efectúa un análisis arqueológico y una genealogía de estas corrientes neoliberales. Sobresale la agudeza con que evalúa la historia de estas corrientes y sus formaciones discursivas, en el contexto de los debates teóricos y los desplazamientos epistemológicos habidos, también en el contexto histórico-político. Fondo de Cultura Económica 2007; México.