Contradicciones y
transformaciones en el proceso
Raúl Prada Alcoreza
Índice:
El proceso constituyente 2
Historia de la Asamblea Constituyente 6
La Crisis del Estado-nación 6
De la
resistencia a la ofensiva indígena y popular 8
La Asamblea Constituyente 10
Interpretación genealógica de la Constitución 12
La crisis del proceso 24
Apuntes sobre el Estado plurinacional
comunitario autonómico
y pluralismo jurídico 31
Notas sobre el pluralismo jurídico 44
Gestión pública e interculturalidad 50
Gestión intercultural 54
El proceso constituyente
Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el
proceso constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas
son fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente
boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la
década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de
la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno
Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Comenzó
con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del gas?
¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de 2006?
Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino debido a
que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras. Empero la
interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento histórico y
político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis del Estado.
¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay consciencia colectiva
de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una
alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha ocurrido en la
Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales
de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado evaluando la concomitancia de
los acontecimientos; empero la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el
proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que conviene tener en
cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos, estos momentos de crisis del
Estado, para comprender desde una perspectiva más amplia el proceso
constituyente, a través de esta visualización.
¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la
república? ¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación?
Hay que construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas
con-figurantes del proceso y de la guerra de la independencia. El panorama
histórico de la época no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los
proyectos republicanos en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa
de del rey cautivo.
Lo que se formó entonces en el contexto de los
quince años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia
son las condiciones histórico políticas barrocas de un de una forma de Estado
que era imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la
materialidad práctica e institucional de la administración colonial, por lo
menos en su escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló
de “republiquetas”, casi definidas por el dominio de las oligarquías regionales
y locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es
que preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y regionales
frente a los intereses de una burguesía continental o subcontinental, que en
ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso se descartaron los
grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y Simón Bolívar. Se
puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre todas las parte al
momento de la conformación de las administraciones políticas independientes.
Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los famosos
doctorcitos de Charcas, militares, sobre todo los del ejército independentista,
no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se encontraban bajo
tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En el caso de las
repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente descartados, lo que no
ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena formó parte de la
estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre dos formas
administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente a
la administración colonial. En esta
independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les
quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia
fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían
prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos,
indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que
defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en
contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que
nace en estas condiciones es un Estado Pactante;
en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las
fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano,
aunque conservando todos los modales coloniales. A propósito, se puede decir
que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero entre
las fuerzas victoriosas, aunque el caso británico nos muestre también un pacto
entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de parte
de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del Estado-nación se
asienta en una victoria, algo que no terminó de ser concluyente en América
Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con la revolución y la
independencia de Haití, donde la revuelta de los esclavos comandados por François
Dominique Toussaint-Louverture pone fin a la dominación francesa y a la esclavitud en 1795.
En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy
bien esta complicada red de alianzas en El
complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María
Luisa Soux;
se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república
durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis
estatal en Entre la alianza y la
confrontación de Pilar Mendieta.
Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso
mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de
estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente
contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante
desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos.
Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan,
empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre
el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca.
Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la
gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas
administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero
también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las
parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una
realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso
material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las
repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado
latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un
espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la
ciudadanía.
Hablar de Estado en estas condiciones es no
solamente hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de
la articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a
relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional,
pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el
entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este
minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera
detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta
perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición
moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está
fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus
perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una
utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales,
empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a
los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura,
recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos
decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se
parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.
En un país perdido en
los inmensos territorios de la periferia concurren intentos repetidos y
minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por ocupar un
edificio en construcción, algo así como una torre de Babel, empero esta vez no
se trata de la proliferación de las lenguas sino de la abundancia de las formas
políticas. En cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más tarde cuando
la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se hace un
observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio podrán
ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El observador no
puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la diversidad y
variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses. Hay en todo
esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de contingencia y de
inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y habitarlo
permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros lugares, donde
mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas dispersas y
barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos intempestivos
de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a sospechar; es
posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un proyecto, que en su
materialidad práctica siempre va a ser una construcción inacabada, que además
debe adecuarse constantemente a los rediseños y la escasez de material de construcción
o a los cambios de insumos.
Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda
a ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos
interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido
presente en las cabezas de las elites, lo estuvo en Simón Bolívar, lo está
ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno
indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal,
volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas
de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites
neoliberales.
En conclusión podemos decir que en la historia
política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y reconstrucción
constante, forma parte del imaginario liberal y también del imaginario
nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos, de las
edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin embargo, en
esta historia, en la genealogía política del Estado, hay que considerar los
recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se puede hablar
así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies, las ocupaciones temporales de distintos
visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar
mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que
al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama
Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa
edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos
recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación
provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa
instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política, a este complejo mapa institucional, que es el
Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de
poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios
fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del
análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración,
ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en
todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas
no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coerción.
Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni
institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y
compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma
edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este
Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio
de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas,
ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo
desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y
las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y
estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta
perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del
Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de
la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo,
desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus
formas deformadas de aplicación.
Historia de la
Asamblea Constituyente
¿Dónde comienza esta historia? No puede por
cierto restringirse esta historia a la descripción temporal de las
constituyentes, convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y
XX, diez y ocho en total,
pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis
estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado,
por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas constitucionales,
como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes,
convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el
proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas
constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones
jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las
formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su
desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como
dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las
formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva
también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no
se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como
acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las
multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso
constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior constitución
y estructura de leyes sino a un viejo mapa institucional y el ejercicio del
poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos.
En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se
encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los
desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos
a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las
luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y
afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha
descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia
estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva
abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la
pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado
plurinacional comunitario y autonómico.
La Crisis del
Estado-nación
Ya habíamos dicho que la construcción del
Estado moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que
expresa la crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto
señorial, crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía
colonial, crisis de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey
preso por las fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y
regionales. Todo esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata,
pero también del monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis
dada en el cierre de un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la
hegemonía del capitalismo genovés, repetido con el cierre del ciclo del
capitalismo bajo la hegemonía del capitalismo holandés, en plena apertura a un
nuevo ciclo del capitalismo, el relativo a la hegemonía del capitalismo británico,
que introduce dos cambios estructurales profundos en la composición del
sistema-mundo capitalista: uno es el que tiene que ver con la articulación e
integración del Estado con el Capital, el segundo es el correspondiente a la
revolución industrial. La respuesta política a este contexto histórico crítico,
que manifiesta los alcances y la complejidad de la conformación universal de la
modernidad, van a ser, en el continente nombrado como América, las guerras de
la independencia, por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando
repúblicas, es decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas
se constituye la República de Bolívar, que después va a ser llamada República
de Bolivia.
Hay que anotar que cuando se habla de crisis
del Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones
temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del Estado-nación,
otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento mismo del
Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países del
continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento del
Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad.
Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción
incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente.
Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta
disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del
centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los
Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y
el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva
institucionalidad y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la
periferia habrían aplicado también la violencia, empero a pesar de los
aplastamientos de los pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el
problema, dejando pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y
la articulación de la formación económica y social, optando por la renovación
incierta de pactos y acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que
repetidamente han sido traicionados. Este es el caso de la República de
Bolivia.
Que la crisis sea de inacabamiento no quiere decir
que se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación.
Esto parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la
mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo
teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras.
La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las
multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios,
proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y
autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la
estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a
las naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y
potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad
y al capitalismo.
De la resistencia a la
ofensiva indígena y popular
Se puede decir que fueron cinco los procesos de
modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo
colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma
constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales
(1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales
neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y
profundización fuel el correspondiente a la revolución nacional, todo esto
sobre todo por las características de la propia revolución con clara
participación obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que
introduce, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto
universal y la reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a
partir de la simbiosis del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América
Latina, siendo el caso más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso
de construcción del Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio
de constituir un Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas
mismas de la revolución, el proletariado tenía una versión propia de la
construcción del Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede
hablar así, tenían otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el
proletariado se trataba de una transición al socialismo, para las clases medias
y quizás también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática
y burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias
indefiniciones y ambigüedades, sus propios retrocesos y traiciones; los
gobiernos nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la
hegemonía norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del
sistema de libre empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo
norteamericano. Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución
nacional cae por los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos
alcances de la economía política del
chantaje, es decir, de la corrupción, la corrosión de las formas
administrativas por las prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento
de los circuitos de influencia y de presión, así como de ocupación esporádica
del complejo edificio de la construcción del Estado moderno.
El último proceso de modernización fue el
proceso neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el
Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la
globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama
en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y
desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía
popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado,
los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un
contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La
resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal, sin
embargo es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto
insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración
históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga,
este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto
proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945
hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los
trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y
la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos
movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos
anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco
van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marchas indígenas
de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un
periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos
indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación,
reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este
planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política,
la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de
las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora
ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser
retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como
convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005
se caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo
de luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por
la proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los
movimientos, sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el
desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones
decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra
del gas. Estas movilizaciones en defensa
del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales,
particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales
irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos
ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba
en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El
Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló
en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del
gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí,
confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones
fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron responsabilidades
a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción ecológica y soberana
de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial e irradiante del
ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de septiembre de
2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la tierra sino
también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese entonces se
planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza.
Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de
movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión
indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan
dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas,
de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las
cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de
movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas,
correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la
defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido,
uno de los colores de la narrativa del awayo.
Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada clase
sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de las
movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de movilizaciones
son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de todo el
proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del proceso
constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su núcleo
instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar apropiadamente
la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.
La Asamblea
Constituyente
La Asamblea Constituyente tiene dos
convocatorias; una práctica y efectiva dada por las propias movilizaciones, un
cabildo en Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las
movilizaciones de mayo y junio de 2005; otra formal dada por el Congreso. Estas
dos convocatorias nos muestran el intervalo de la contradicción en la que se va
mover la propia Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional,
contradicción que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente
y el poder constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto
sino también todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo
sucedido después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe
sucede algo inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la
redacción aprobada por los constituyentes, violando de esta forma los alcances
ilimitados del poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por
parte de un poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el
Congreso. Esto se hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el
objetivo era claro, limitar los alcances de la Constitución.
La Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006 en la
ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por un desfile apoteósico de
las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también por un desfile
militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario donde se va a
desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con
255 asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La
correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El
Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el
resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se
puede ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía
resolver el problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del
Congreso, introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación
por dos tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa
dentro de la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática
de la aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las
decisiones. Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso
de aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto,
también se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por
dos tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es
tedioso y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto
que detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena
detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera
ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea
Constituyente.
Recurriendo a la comparación, tomemos en cuenta la solución
por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador respecto del problema de
la aprobación, en este caso se aprueba por mayoría simple. En Bolivia,
teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría absoluta, sin embargo,
como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los dos tercios. La primera
comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la
Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un
acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos
tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría
absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la
mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la
comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio.
Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición
por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo
en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente
podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de
aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en
algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de
la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo
parecido al de la comisión de reglamento.
Sobre qué nos ilustra esta experiencia; primero que el
conflicto se explica en gran parte por la contradicción inherente entre el
poder constituyente y el poder constituido; segundo que es muy grave no tomar
en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes, quienes evalúan
las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea, esta desconexión
entre la experiencia de los constituyentes de la bancada mayoritaria de la
Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves, debido a órdenes y
orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia dirección de la Asamblea;
se pierde mucho tiempo en problemas como el de la aprobación dejando pendientes
las tareas primordiales como era de concentrarse en la estructura del texto
constitucional y en la redacción de la Constitución.
Otro conflicto también pone en peligro la continuación de la
Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido como el conflicto de
la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación de Chuquisaca por el
retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad de La Paz a Sucre,
reivindicación asumida políticamente por el Comité Interinstitucional de
Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de la llamada “media
luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es sumamente grave dada
las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea Constituyente se
encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla cuando se inicia el
trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional, una vez
cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto impide que
se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo, de un
año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea Constituyente para
terminar con la redacción de la Constitución. Una vez cumplido el tiempo
otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está obligada a contar con
una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al alcance dos alternativas,
una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus propias atribuciones, amplié su propio
tiempo de funcionamiento, la otra, que el Congreso, quien había convocado
formalmente a la Asamblea Constituyente, sea el que amplíe el plazo. Lo segundo
significaba supeditarse nuevamente al poder constituido. Lastimosamente se
decide por la segunda alternativa obedeciendo a las decisiones del ejecutivo.
Estas supeditaciones constantes del poder constituyente al poder constituido van a tener
consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente sino
también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre la
redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con la
aplicación de la Constitución.
Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir que a pesar de las
grandes dificultades y contradicciones que tiene que afrontar la Asamblea
Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene que sufrir el texto
constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra redactar y aprobar una
Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato de las movilizaciones y
de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea Constituyente se
mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la fundación de un nuevo
Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo Estado, la condición plurinacional,
la condición comunitaria y la condición autonómica. Los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son
constitucionalizados. Se plasman los valores y principios de las naciones y
pueblos indígenas originarios, orientadores de la interpretación de la
Constitución como el vivir bien, suma
qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad,
además de los principios universales democráticos. En lo que respecta a la Organización
Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía social y
comunitaria en el contexto de la articulación e integración complementaria de
la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque ecológico y
territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este espíritu
constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas sociales, es
la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene que
interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las
contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución
como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende
no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y
esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia
constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir
para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al
espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.
La Constitución es aprobada el
2008 en Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, es decir
con el 64% de su conformación. La redacción de la Constitución es revisada por
el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que afectan a 122 artículos. En
términos cuantitativos la Constricción aprobada en Oruro es modificada en un
30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la aprobación del pueblo
boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional y el 25 de enero de 2009 el pueblo boliviano aprueba la Constitución
Política del Estado con el 61,43% de los
votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue
promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en
la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.
Interpretación
genealógica de la Constitución
Se pueden hacer varias interpretaciones de la
Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que
dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una
interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito.
Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales
y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso
constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales
y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una
interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que
han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la
significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes
comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las
multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor
histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la
interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la
propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las
normatividades colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido
de la dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de
la Asamblea Constituyente.
El
primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el
nuevo horizonte histórico político, establece que:
Bolivia se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Este artículo, como dijimos, tiene que ser
leído desde varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un
acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo
sostenido en la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento
articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las
características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización
social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida
por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La
definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización
constitucional del Estado; la caracterización nueva viene, fuera de la
definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y
con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea
Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban
descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su
condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En
este sentido se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e
intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado
plurinacional comunitario y autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación.
Constitucionalmente este Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar
y construir el Estado plurinacional comunitario autonómico mediante
transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales
y culturales, abriendo el espacio a formas de relacionamiento integrales y
participativas entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y
la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumento de las
sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares,
del pueblo. Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política
del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al
Estado plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las
descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da
una clave fuerte para la transición:
Bolivia se funda en la pluralidad y
el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país.
Esto es, el pluralismo, pensar la transición
desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas
de la pluralidad; aplicar la constitución respondiendo al pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el
reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio
en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar
y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver
al monoculturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las mismas
formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación
subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo
dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la
geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del
sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de
la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse
plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al
pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades
culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad
de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos
simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y
enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe
quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento
constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que
exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las
lenguas, promocionando su reconstitución plena.
El segundo artículo de la Constitución ratifica
las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva
fuerte de la descolonización. El artículo dice que:
Dada la existencia precolonial de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral
sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la
unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de
sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
El
artículo 2 de la Constitución convierte el carácter plurinacional del Estado en
un camino de descolonización; se constitucionaliza la condición ancestral de
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por lo tanto el
derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación,
el derecho a la autonomía y al autogobierno.
Aquí radica el desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al
Estado-nación, al Estado centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en
las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en
la transición fundacional del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios
tienen derecho a su cultura, al
reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades
territoriales exige no sólo crear las condiciones institucionales de la
interculturalidad sino la incorporación de las instituciones propias a la forma
de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios. Esto también implica un descentramiento profundo
del Estado moderno por la forma de organización del nuevo estado, que exige un
pluralismo institucional. Otro tópico importante tiene que ver con los
territorios indígenas, territorios que no sólo deben plasmarse en el nuevo
ordenamiento territorial sino que deben concebirse en su propio espesor
cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y
los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos debe
comprenderse que la descolonización no solamente es cultural sino que implica
profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones
de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. A esto
es a lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este
sentido la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y
no como un apéndice de un Estado. Mas bien el Estado está constituido por
autonomías, la forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el
carácter plural del nuevo Estado; el pluralismo autonómico nos lleva a un
pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino
colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial, sino también
avanzar por los caminos de la emancipación.
En el artículo 3 se define al pueblo, tema que fue de
fuerte discusión en la bancada del
Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se
define, mientras otros planteaban que dado el carácter diverso e intercultural
del pueblo, había que definirlo. Como se puede ver, es la segunda posición por
la que se optó prácticamente en consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió
varios cambios, quedando con una descriptiva, a partir de su condición cultural
e identidad colectiva. Por eso el artículo expresa que:
La
nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las
comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo
boliviano.
Al respecto debemos hacer una aclaración,
cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las
poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente
intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones
migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable
cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se
nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios;
la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del pueblo
boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se
refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición
social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto
también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos
multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es
interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando
su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de
pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio
proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta
forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su
múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la
sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la
participación.
Los
tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter
intercultural, el carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter
descolonizador y el carácter pluralistas de la Constitución. Es así como
comienza la Constitución, con una ruptura epistemológica con el pensamiento
único, con el pensamiento universal, con el pensamiento moderno, se abre a la
circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los
mismos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas
y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación
pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de
la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este
pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la
interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo
normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los
problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos
oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas
estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo
jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología
constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a
estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de
estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la
mirada científica, descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos
muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones
políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de
posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre
todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de
visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación
popular nos son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino
instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta
apertura y, por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la
Constitución se encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado,
moviéndose en un círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la
restauración. El quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las
prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas,
por la fractura de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de
las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes,
al acto primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de
clases y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo
administrativo, a la policía, no la
defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden
liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la
Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente
del modelo de Estado.
Vamos
a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de
religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico,
a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar
la expresión; el artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las
naciones y pueblos indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la
ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de
establecer los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que
consideramos estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la
soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se
establecen los principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo
8, donde se definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí
saltaremos al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que
analizaremos íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.
El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es
el pueblo, dice expresamente que:
La
soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada.
De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del
poder público; es inalienable e imprescriptible.
Esta
es una declaración primordial democrática, supone la transferencia de la
legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la
potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia,
sobre todo por que contrasta con la definición primera del Estado como social
de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el
pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la
característica de social de derecho. Estos contrastes nos muestran la presencia
todavía de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el
contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las
transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto sobre todo
cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el
artículo 11 defina a este sistema como de democracia participativa? En primer
lugar, como dijimos más arriba, la característica del Estado como social de
derecho se encuentra en una definición compleja y plural de Estado unitario
social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo
constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa de la
caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es
importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las
transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la
Constitución es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos
históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición
radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la
condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad
intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar
la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes
inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la
comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las
leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el
desarrollo de las transformaciones institucionales.
El
artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y
de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el
ejercicio delegado de la representación. Aquí también nos encontramos con la
combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos
entonces de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce
la soberanía de acuerdo a su propia compleja composición, hablamos del
ejercicio de la soberanía de los
distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las
individuales, el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del
proletariado, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la
soberanía de los ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural.
Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos.
Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e
ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un
presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y
modernidades alternativas.
Cuando se dice que de la soberanía que radica en el
pueblo emanan, por delegación, las
funciones y atribuciones de los órganos del poder público, no se dice otra
cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La tesis afirma que
del poder constituyente emana el poder constituido; pero el problema es que
esta institución termina limitando al poder constituyente, limitando los
alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido
es la teoría que establece los límites al ejercicio directo del poder
constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la
soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta se
da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante es
resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones
institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional comunitario
y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben darse de
tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las puertas del
aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente atraviese la
propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento, llegando a
desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo que se
trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente,
interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que
constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas
problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales
y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad,
salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La
salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas
institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es
conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una
geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece
encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con
las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la
gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los
casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía
popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de
legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema
práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.
No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte
que corresponde a lo que podríamos llamar los principio negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en discusión por las
corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos
coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes dicen que no son
principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en discusión por
algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo
caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que sigue:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales
de la sociedad plural: … suma qamaña
(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Estos valores son primordiales pues tienen que ver con
el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la
tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la
Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto a la
problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las
resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio alternativo al
capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien. Entonces el vivir
bien se convierte no solo en una transversal en el texto constitucional, en la
estructura del texto, sino también en un macro-modelo que articula tres modelos
constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo
territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, social y
comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y abre un horizonte
civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la aplicación de la
Constitución.
¿Qué es el vivir bien? Esta es una de las traducciones
del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador, se ha traducido
del suma qamaña aymara y del suma kausay quischwa. Los aymaristas y
quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones puntuales, que
tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en contextos
específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como
el taqui, el camino, la armonía,
interpretada como pacha. También se
dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como plenitud o
vida plena. El término qamaña está
asociado al término qamiri, que
quiere decir jaque, es decir alguien,
hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe
vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las
condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido
apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y
pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea
Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y Movimientos
sociales Contra el Cambio Climático, por
el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien. En otras palabras,
el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política
y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte
de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades.
No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta a la invención de
horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías, desde la discusión de
la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta discusión puede ser
esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la
investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se hacen en el
presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos
sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta perspectiva?
El vivir bien es la búsqueda de alternativas a la
modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de lograr una armonía
con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus ciclos vitales, con
las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de lograr un nuevo
ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales,
armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido es una
búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como los relativos a la
soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al calentamiento global, a la
pobreza, a la explotación, a la discriminación, a las dominaciones polimorfas
sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es
una nueva utopía? Se podría decir que sí
sobre todo si pensamos el horizonte emancipador que abre, pero también es una
crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las
condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del
gasto.
La declaración de principios, valores y fines no
solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios sino
también valores democráticos largamente conquistados y posesionados en la
historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:
El
Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir
bien.
Lo interesante de este enunciado es que la combinación
de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios
sustentan la predisposición ética en la perspectiva del vivir bien, con lo que
resulta que el vivir bien es también una construcción posible desde los valores
democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa en tanto
apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de
hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea los recorridos
de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, también la
complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales,
colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el enunciado define la
posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores
plurales y combinados.
En el capítulo tercero sobre el sistema de gobierno se
produce uno de los desplazamientos más importantes en lo que respecta al
ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del contra-poder, pues se
constitucionaliza no sólo la participación sino el sistema de gobierno, el
sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente.
Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el
ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de la transferencia
simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva
del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, creando
nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de
las multitudes.
El artículo 11 establece en el numeral I que:
La
República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones
entre hombres y mujeres.
Este enunciado configura el ejercicio plural de la
democracia y también la concepción de un pluralismo democrático. Esto es
retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las
formas de la democracia, formas plurales que además comprenden dos figuras
avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la
democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia.
Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos
en lo que respecta a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo
gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y construir de manera
compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo que respecta a la
constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece
la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en lo que
respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del
Estado plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también
tiene que ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad
introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas.
En el segundo numeral el artículo dice que:
La
democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la
ley:
1.
Directa y participativa, por medio del referendo, la
iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter
deliberativo conforme a Ley.
Este ejercicio directo de la democracia es el que
reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y
auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de la democracia
directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa.
El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta
previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de
deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión
política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos como
recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente las asambleas y
los cabildos los recursos de la conducción del proceso? Ciertamente en el mismo
artículo se dice que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas
cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno de los lugares donde se
manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la participación y una
preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir la experiencia de
la participación para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de
las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la
participación con una ley.
Ciertamente la forma de la democracia representativa es
la más conocida, además es la que funciona en los sistema políticos
republicanos, que consideran que la forma representativa es la única forma de
democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y
representativa ha reforzado la división entre representantes y representados,
entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación de dominación en
todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa se ha ido
ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los
derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia representativa
con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la problemática del
ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, también de la
problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación
colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones
publicas transparentes. Estos problemas solo se pueden resolver si salimos del
círculo de la democracia representativa y se profundiza la democracia con el
ejercicio de formas de democracia participativas, como son la democracia
directa y la democracia comunitaria.
En el artículo en cuestión la democracia representativa
se la define así:
2.
Representativa, por medio de la elección de
representantes por voto universal, directo y
secreto, conforme a Ley.
El gran avance del ejercicio plural de la democracia es
la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la
política, sobre todo al reconocer las formas propias de participación
colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos
(taqui) que recorren las autoridades
originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se
atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o
nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia
comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y
prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva
podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de
gobierno, así como de las formas de gestión.
En el artículo se define así a la democracia
comunitaria:
3.
Comunitaria, por medio de la elección, designación o
nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme
a Ley.
Por lo tanto el ejercicio plural de la democracia se da
en esta composición rica de formas democrática, en su ejercicio propio de cada
una de estas formas, en la combinación y complementación de las mismas, en la
articulación de estas formas que conforman un mapa abierto y dinámico de los
campos políticos.
En cuanto a la organización del Estado, se cambia el
nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose un nuevo órgano o,
mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional.
La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio se
planteó coherentemente que debería constituirse un poder social, que además
debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan éstos. Esta
propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido
histórico-político de las luchas, los
movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios,
era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente, se establecía
la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional
comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía
confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la
organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos
argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización
del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz
fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización
estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como
división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de
este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución
Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social.
Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con
la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa,
directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y
Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una
nueva forma de organización del Estado.
El artículo 12 establece que:
I.
El Estado se organiza y estructura su poder público a
través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La
organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación,
coordinación y cooperación de estos órganos.
En el numeral II se amplían las funciones de la
organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y la Defensa
del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y defensa, como
se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al respecto.
Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede llegar
interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios atribuidos
a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones,
los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo
puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo de la
democracia plural.
El enunciado del numeral citado es el siguiente:
II.
Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de
la Sociedad y la de Defensa del Estado.
Dejando claro que se trata de órganos independientes los
correspondientes a la organización del Estado, recogiendo además implícitamente
la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una
unificación de poderes, ni tampoco una invasión de los mismos, ni transferencia
de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz
del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido
histórico y político del Estado plurinacional comunitario y autonómico, de las
transformaciones institucionales y estructurales que implica.
Esta figura de la división se expresa en el artículo de
la manera siguiente:
III.
Las funciones de los órganos públicos no pueden ser
reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.
Conclusiones
Se hizo el análisis del proceso constituyente, que
todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de la aplicación de
la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, que trata
sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases
fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales
pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos
conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una
manera integral.
Para comenzar con las conclusiones podemos decir que
estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora,
correspondiente a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado
plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial que está
caracterizada como de la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica
el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la
descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones
institucionales y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Esto significa la muerte constitucional del Estado-nación, que es la forma
moderna del Estado liberal, que a su vez, en los territorios de la periferia,
responde al carácter colonial del Estado al desconocer los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios, al desconocer sus instituciones,
normas y procedimientos propios.
Partimos de que el proceso constituyente se debe a la
crisis del Estado, una crisis permanente desde los inicios mismos de la
república. Se ha mostrado que una manifestación de la crisis se da en los
reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder, también se
ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo
capitalista como la de un Estado en construcción y articulado a circuitos de
redes, influencias, presiones, cohechos,
ocupaciones de disímiles grupos de poder. Después de una evaluación de
los intentos de modernización del Estado y teniendo en cuenta los fracasos
sucesivos de las reformas de modernización, además de la crisis del proyecto
neoliberal, del desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que
ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis
global del capitalismo y de la modernidad. Se deduce que se ha abierto una
etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la
modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser considerada como la
temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la
descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna, condiciones
de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del
Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también entonces las
condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado
plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición
descolonizadora.
El análisis ha remarcado el sustrato de proceso
constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Es este
sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una
temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el ciclo de
movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de
la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la guerra del
agua y la guerra del gas, y un plano de
consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las
estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y
este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones
y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros,
gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso policías
que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan
por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria, estos
movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota
al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.
La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario
convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Asamblea que se ha
movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder
constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su
desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose
al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba
elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan trucar el
proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y
boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra
aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las
organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos.
En lo que respecta al modelo de Estado, a los doce
primeros artículos analizados de la Constitución, hemos visto que los tres
primeros artículos configuran el Estado plurinacional comunitario y autonómico,
en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, exigiendo una
epistemología pluralista y aperturando transformaciones pluralistas
institucionales y estructurales. Los otros artículos analizados constituyen las
bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural
de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia
participativa, representativa y comunitaria.
La crisis del proceso
Antes una anotación sobre el concepto de
proceso, prosessus, en latín, que
significa ir adelante, hacia un fin, comprendiendo el transcurso del tiempo,
fases sucesivas; hay en la idea de proceso un presupuesto acumulativo, también
evolutivo, incluso de transformación. Está claro que el concepto contiene el
sentido teleológico, de encaminarse a un fin, y de alguna manera que todos los
componentes del proceso están articulados, no necesariamente como una unidad,
empero sí afectando simultáneamente una dirección, una orientación. También
puede entenderse el proceso como una producción, usando la metáfora del proceso
productivo, donde se controla la transformación de las materias primas en el
proceso productivo mediante la intervención de los medios de producción, la
tecnología, y la fuerza de trabajo, la administración de la composición del
capital, llegando a la realización del producto y la valorización del valor.
Ciertamente hay que comprender que se trata de una metáfora cuando se usa el
concepto de proceso para referirse a los acontecimientos políticos, a la lucha
de clases, a la lucha descolonizadora, pues en este caso no se controlan las
condicionantes, los factores intervinientes, las múltiples singularidades
intervinientes. Lo que da la sensación de un cierto control, de una afectación,
es la fuerza de las movilizaciones, la fuerza de la multitud, la fuerza de la
masa, la participación de las organizaciones, el flujo interpretativo de los
discursos interpeladores. Para que haya proceso, en el sentido riguroso del
término, es menester que se dé una constante afectación, cambio y transformación
de las condiciones, factores, estructuras, instituciones, relaciones,
singularidades intervinientes. De alguna manera una especie de control de la
composición del acontecimiento. En la medida que la transformación de las
condiciones no se da no es tan fácil sostener hablar de proceso para referirse
a la coyuntura y a las coyunturas del periodo crítico. En este sentido lo que
vamos a hacer es poner a prueba el concepto de proceso en relación al periodo
de crisis y de emergencia que se vive en Bolivia desde el 2000 al 2011.
Es imprescindible hacer una reflexión teórica
sobre el proceso que vivimos, llamado proceso de cambio; reflexión teórica pues
requerimos evaluar la complejidad del curso de los acontecimientos inherentes,
sus articulaciones, complementariedades y vecindades, la fuerza de sus
tendencias, la correlación de fuerzas, los ritmos, las resistencias y
obstáculos al cambio. Sobre todo responder a la pregunta: ¿Por qué está en
crisis el proceso? Decimos que hay crisis por las evidencias que se presentan
en la coyuntura del proceso: 1) el proceso se ha estancado, no puede
realizarse, seguir ascendiendo, continuar con los cambios, con las
transformaciones; 2) no se aplica la Constitución aprobada por la mayoría del
pueblo boliviano, al contrario, en vez de lograr las transformaciones
institucionales, las transformaciones estructurales económicas, políticas,
sociales y culturales, se mantiene la vieja maquinaria estatal, se restaura el
Estado-nación, se mantienen las normas y prácticas liberales; 3) se producen
enfrentamientos entre el gobierno indígena y popular con el pueblo, con las
organizaciones indígenas originarias, con sindicatos campesinos y
organizaciones e instituciones regionales, ciertamente también con los
sindicatos obreros y de los sectores urbanos de maestros y trabajadores de
salud; 4) se devela con la medida de nivelación de precios, llamada
popularmente gasolinazo, las profundas contradicciones y estancamiento del
proceso. Al respecto de esta medida conocida popularmente como gasolinazo, se
trata de una medida antipopular, pensada desde la más cristalizada mentalidad
monetarista, medida de shock, que termina mostrándonos el estancamiento del
proceso de nacionalización, el dominio de las empresas trasnacionales, la
efectiva vigencia de los procedimientos neoclásicos en el gabinete económico,
la bondadosa política con las transnacionales mineras, la derechización de la
conducción del gobierno, perdido en un imaginario industrialista, que no es
otra cosa que la supeditación a las necesidades de energía de una potencia
emergente vecina. Por lo tanto es esta crisis política la que debe ser
analizada.
A propósito, no es suficiente decir que todo
proceso vive esta curva de ascenso y descenso, que llega a un momento cuando
las contradicciones logran estancar el proceso, detenerlo, que es menester en
esa coyuntura precisa, resolver las contradicciones acumuladas, de tal manera
que se afecte a las correlaciones de fuerzas en el campo político, en el campo
social, en el campo económico y en el campo cultural, empujando las
transformaciones institucionales postuladas por los movimientos sociales.
Tampoco es suficiente decir que las razones de este estancamiento se encuentran
en el realismo político y pragmatismo optado, en el diferimiento de las tareas
de cambio; así como no es suficiente decir que un bloque dominante nacionalista
se ha hecho cargo de la conducción del gobierno y del proceso; por lo tanto
empuja el desenlace del proceso a una dirección y orientación estatalista,
centralista, nacionalista, industrialista y desarrollista, desestimando la
realización de las trasformaciones estructurales y la fundación del Estado
plurinacional comunitario. De lo que se trata es de comprender como se ha
llegado a una situación donde las formas del contra-proceso apuntan a no sólo
detener el proceso mismo sino también a desarticularlo. Nos acercaremos a este
análisis a través de la evaluación de la dinámica molecular de las fuerzas
concurrentes del proceso.
Hipótesis
1.
La
crisis múltiple del Estado emergida desde las entrañas mismas del mapa inscrito
de los dispositivos de poder, de los diagramas de poder, que atraviesan los
cuerpos, crisis manifestada como crisis política, en la contundencia de las
movilizaciones explosivas que atravesaron los espesores subjetivos y los mapas
sociales, sus geografías políticas y cartografías, durante seis años de luchas
insurreccionales sostenidas, muestra la vulnerabilidad de las instituciones, de
la clase política y de la maquinara estatal, empero también oculta los sedimentos
acumulados de las costumbres, de los sentidos comunes, le las propias
organizaciones y dirigencias involucradas en la movilización. En otras
palabras, la rebelión social y de los pueblos indígenas originarios, los
levantamientos populares múltiples, expresan la fuerza de la interpelación de
los sujetos colectivos, empero terminan ocultando el carácter conservador de
los sujetos individuales, de las subjetividades labradas en las instituciones y
organizaciones. La movilización social abre el horizonte descolonizador,
plurinacional, comunitario y autonómico del proceso, empero esconde la persistencia
y fortaleza de esta persistencia, por así decirlo, de las estructuras
consolidadas de una sociedad heredera de las patrimonios y transmisiones
coloniales.
2.
Las
fuerzas capaces de convocatoria a la movilización, capaces de desplegar formas
organizativas autogestionarias y de autoconvocatoria, con fuerte configuración
organizacional horizontal, no estaban preparadas para inventar nuevas formas de
administración autogestionarias. Esto se puede observar cuando la Coordinadora
del Agua y Defensa de la Vida debe hacerse cargo de la administración del agua
en Cochabamba, se opta a volver a la administración municipal, donde se termina
ahogando el proyecto de administración autogestionaria. Casi lo mismo ocurre o
algo parecido cuando las dirigencias se hacen cargo de las administraciones
municipales, donde terminan ahogados por las normas, procedimientos y formas
administrativas del viejo Estado. Terminan tragadas y lo que es lo peor se
convierten en los mejores defensores de estas administraciones liberales y
nacionales. Lo más patético ocurre cuando el MAS llega al gobierno, el poder
termina tomando al MAS y no el MAS al poder. El MAS se convierte, a través de los
celosos ministros invitados, en el mejor dispositivo de mantención,
conservación del Estado-nación, como forma moderna del Estado liberal y como
forma oculta, opaca, del Estado colonial. El gobierno llamado indígena-popular
se agarra de las redes, de los amarres, de los engranajes e instrumentos
operativos y técnicos del Estado, buscando refugio en el aprendizaje dramático
de la administración pública. Los altos funcionarios y los mandos medios,
incluso la poca dirigencia que ingresa al aparato ejecutivo, terminan
convirtiéndose en los mejores defensores del sistema administrativo, de sus
normas y sus prácticas. Se gana de esta forma un nuevo funcionario, perdiéndose
un dirigente. ¿Qué nos muestra esta experiencia? ¿Qué los postulados, las
agendas y los objetivos que se proponen los movimientos sociales son sólo
utopías, que no pueden trastrocar las estructuras fosilizadas de una sociedad
de clases y de un Estado colonial? ¿O mas bien, qué no hay voluntad política,
que no hay las condiciones para la realización de esta voluntad, que no se dan
las condiciones subjetivas, para usar términos de una vieja discusión? El
problema es que no es tan fácil responder a esta pregunta, pues tenemos, de
todas maneras, a pesar de la construcción dramática del pacto social y
político, aprobada una Constitución, la escritura de los planteamientos caros
de las movilizaciones: Estado plurinacional, comunitario, autonómico, modelo
pluri-institucional del Estado, democracia participativa, modelo de pluralismo
autonómico, modelo de economía social y comunitaria, manteniendo la condición
comunitaria del Estado y apuntando a la perspectiva de un paradigma alternativo
al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, el vivir bien. Esta decisión es
mayoritaria, está constitucionalizada, ese es el programa político, ese es el
querer de la mayoría de los bolivianos. ¿Cómo es que no se convierte este
querer en voluntad o cómo la voluntad no se plasma en materialidad política y
en un nuevo mapa institucional? Considero que para poder responder esta
pregunta es menester considerar un grave problema político, que puede ser
llamado como de disyunción, desencajamiento, desacoplamiento, incluso de hasta
contradicción política; problema político que tiene que ser comprendido, hecho
inteligible, mediante una cruda interpretación: en el fondo, a pesar de los
discursos, el gobierno, los ministros, los funcionarios, tampoco el MAS, y,
lastimosamente, la dirigencia ejecutiva de las organizaciones, no creen en la
Constitución. Consideran que es un discurso político bueno para lanzarlo en las
campañas electorales, contra la derecha, y en los escenarios donde se recicla
la ritualidad y ceremonialdad del poder, está bien para el teatro político,
pero no para aplicarla, no para tomarla en serio, menos para usarla como
instrumento de transformación. Esa posición nos muestra fehacientemente que se
ha llegado al poder para estar en el mismo, aposentarse, gozar de sus beneficios y privilegios, pero
no para transformarlo, se ha llegado al Estado para mantenerse en el mismo,
habitarlo, pero no para destruirlo y construir otra forma política que ayude a
efectuar las emancipaciones múltiples.
3.
El
llamado modelo económico extractivista tiene varado a todo el campo económico
en las formas de reproducción de la dependencia, de la supeditación y
subsunción a las formas de acumulación del capital a escala mundial. En este
sentido se entiende que todos los dispositivos administrativos, normativos e
institucionales estatales estén condicionados por las formas de la economía
extractiva y estén para mantener este sistema, conservarlo e incluso mejorarlo,
ampliando la expansión extractiva. Por eso mismo se puede entender que la
administración estatal de la economía sea uno de los espacios más conservadores
y resistentes al cambio. No es tan fácil cambiar las políticas económicas
cuando estas se han consolidado en las formas de funcionamiento de las oficinas
del gabinete económico. Menos aun cuando se trata enfoques y métodos
incorporados desde los programas de apoyo de la cooperación internacional. Hay
como una concomitancia entre los programas internacionales y las reformas
nacionales en la perspectiva de reforzar los engranajes del orden
internacional, de la dominación mundial del centro sobre la periferia del sistema-mundo
capitalista. No es casual entonces que en este espacio de acción institucional
se haya gestado el gasolinazo, tampoco que se oriente la política económica
desde la cautelosa lectura del supuesto del equilibrio macroeconómico. Usando
términos relativos a la metáfora arquitectónica del Prefacio de El capital,
podríamos decir que entre estructura
económica y superestructura jurídica,
política, ideológica y cultural, se produce un condicionamiento perverso
induciendo una estrategia económica dependiente. Estos condicionamientos
materiales impiden la aplicación de la Constitución en lo que respecta a la
transformaciones económicas, al cambio de modelo económico, salir del modelo
extractivista e ingresar a un modelo productivo-producente, orientado a la
economía social y comunitaria, articulando y complementando la economía plural
de una manera integral, en la perspectiva de la democracia económica, la
armonía ecológica y la soberanía alimentaria, en el horizonte del vivir bien.
4.
No
se ha construido el sistema de gobierno de la democracia participativa, no se
ejerce la democracia plural, ejerciendo la democracia directa, representativa y
comunitaria. No se han abierto las puertas a la participación y el control
social. Al contrario, se mantienen las formas de gestión liberal, que separa
Estado de sociedad civil, gobernantes y gobernados, especialistas de neófitos,
los que saben respecto de los que no saben, es decir, recreando la división del
trabajo entre la clase política respecto de las y los ciudadanos, las y los
trabajadores, las comunidades. Por lo tanto se trae, como consecuencia de todo
esto, el moverse en un círculo vicioso, los que creen saber terminan repitiendo
lo mismo que hicieron la burocracia y los funcionarios de anteriores gobiernos,
reforzar la auto-referencia de un sistema institucional parasitario, que sirve
para mantener las dominaciones múltiples, bajo la ilusión de que se hace
política, cuando lo que se hace es legitimar las estructuras de poder.
5.
No
se han abierto los espacios de crítica y autocrítica, al contrario se han
cerrado, optando mas bien por descalificar estas opciones, de reforzar las
formas de reproducción de la alabanza generalizada, del contingente de
aduladores, los llamados popularmente lluncus,
recreando los escenarios patéticos de supeditación servil a los jefes,
ocasionando grotescas sobre-estimaciones de sus egos. Empujando con todas estas
prácticas sumisas a la desconexión institucional de la realidad, generando
microclimas organizacionales aislados de los contextos concretos, de las
contradicciones y de los conflictos. De esta forma se puede explicar la
formación de una consciencia paranoica en los altos funcionarios, que los
empuja a la permanente defensa y a identificar enemigos por todas partes.
6.
No
se ha podido extirpar la corrupción, mas bien se ha generalizado, invadiendo
expansivamente zonas que antes estaban como exentas de estas prácticas, pues
estaban al margen de ellas. Se retoma la idea del botín en expresiones como que
ahora nos toca, reutilizando viejas prácticas prebéndales y clientelares, de
circuitos de influencias, de corrosiones exacerbadas, demoliendo con esta
imposición de relaciones morbosas las posibilidades de prácticas
transformadoras y comprometidas con el cambio. Lo grave de esta proliferación
corrosiva es que se articulan redes de alianzas complicadas entre las viejas
castas dominantes y ciertos estratos de decisión política.
Conclusiones
Hay que acercarse a la dinámica molecular del
proceso para comprender sus cursos, sus rutas y recorridos, sus
contradicciones, su campo de posibilidades, sus tendencias y sus correlaciones
de fuerzas. Sobre todo tratar de explicarse la crisis del proceso. Teniendo en
cuenta las hipótesis planteadas y la experiencia del proceso, lo que llama la
atención es la separación casi inmediata entre ejecutivo, incluso gobierno, y
movimientos sociales en lo que respecta a la construcción de la decisión
política, de las políticas públicas y de las medidas que deberían estar destinadas
al cambio. En otras palabras, los que lucharon y abrieron el camino del proceso
no gobiernan, gobiernan los funcionarios. Quizás esta separación forma parte
importante de la matriz de la crisis, empero para tratar la matriz de la crisis
debemos tener una mirada integral. Tampoco debemos circunscribirnos sólo a las
condicionantes internas de la crisis del proceso sino también debemos abrirnos
a sus condicionantes externos; no podemos olvidar que nos encontramos insertos
en un sistema-mundo y en una economía-mundo capitalista, que, por lo tanto
estamos también afectados por la crisis global. En este sentido, al conjunto de
hipótesis relativas a las condicionantes de la crisis del proceso, debemos
añadir una lectura de la crisis estructural del capitalismo.
¿A qué llamamos crisis estructural del
capitalismo? Hablamos de una crisis
múltiple, crisis de reproducción, de sobreproducción, crisis de hegemonía,
crisis financiera. Esta crisis es estructural porque afecta al sistema-mundo y a
la economía-mundo capitalista, pero lo hace bajo las condiciones históricas
concretas, las que corresponden al ciclo del capitalismo vigente, nos referimos
al ciclo que contuvo la hegemonía norteamericana y ahora contiene el dominio a
secas de los Estados Unidos de América. Este ciclo ha ingresado a su fase de
crisis financiera, que es como el lugar especulativo del sistema económico del
capital, cuando se transfiere la crisis de sobreproducción a los mecanismos
especulativos financieros. Los Estados Unidos hegemonizan el despliegue del
ciclo de acumulación capitalista vigente desde el fin de la segunda guerra
mundial, imponen su sello, transformando el sistema de libre comercio,
conformado por la hegemonía británica, en un sistema de libre empresa,
produciendo transformaciones estructurales en la forma del capitalismo,
introduciendo nuevas formas de administración industrial y de administración
económica, como el taylorismo y el fordismo, expandiendo estas formas por el
mundo, amparados por su dominio y mediante la inversión directa de capital y la
instalación de sus corporaciones trasnacionales. Esta hegemonía se clausura con
la derrota en la guerra de Vietnam, dándose lugar desde entonces a una crisis
política, a un replanteo de sus estrategias y a un dominio a secas sobre el mundo,
sin hegemonía y sin legitimidad. Hablamos de un mundo capitalista estructurado
y jerarquizado geopolíticamente y geográficamente; en la cúspide contamos con
el dominio tecnológico, militar, económico y comunicacional de los Estados
Unidos de América; después están los países centrales, que comparten la
dominación y se comportan ambiguamente, a veces como satélites, otras veces
resistiendo o abriendo la posibilidad de bloques alternativos como la Unión
Europea, también emergiendo como posibilidades de un nuevo ciclo, como es el
caso del desplazamiento capitalista de China en la red regional asiática;
después vienen los países semi-periféricos; por último se encuentra el
gigantesco espacio multi-diverso de la periferia, lugar indomable, de plurales
resistencias, aunque también de complicadas sumisiones. En este contexto del
sistema-mundo nos interesa las formas de inserción e irradiación de la crisis
estructural del capitalismo en la periferia, sobre todo interesa comprender los
efectos de esta crisis en el desenvolvimiento de las crisis políticas y las
crisis económicas en la periferia. En lo que respecta a Bolivia interesa
entender cómo la crisis política desatada el 2000 y la crisis del Estado-nación
que se extiende hasta nuestros días (2011) son afectadas, se articulan y forman
parte de la crisis estructural del capitalismo. De cómo ambos escenarios de las
crisis, la mundial y la periférica, desatan procesos de emancipación y de
descolonización. Esto sobre todo para evaluar las posibilidades y los alcances
de los procesos desatados.
Volviendo a la anotación del comienzo, podemos
concluir lo siguiente:
a)
Los
movimientos sociales desatados el 2000 y que continúan hasta el 2005 logran
desarticular la legitimidad y la dominación de la clase política, representantes
de la burguesía intermediaria y de la casta blancoide-mestiza privilegiada por
la perduración de las estructuras coloniales, logran poner en evidencia la
crisis múltiple del Estado-nación y logran expulsar a los gobiernos
neoliberales, abriendo un nuevo curso descolonizador con el gobierno de Evo
Morales, el proceso constituyente y el inicio de un proceso de nacionalización.
Empero, una vez en el gobierno, los movimientos sociales no logran transformar
las condiciones, las estructuras y las instituciones sobre las que se conforma
y reproduce el Estado-nación. Los aparatos, la maquinaria estatal, las
estructuras de gobierno, siguen siendo prácticamente las mismas. Las prácticas
de gestión siguen siendo recurrentemente liberales, las normas de la gestión
siguen las mismas lógicas liberales. También en la sociedad perduran las
estructuras desiguales, las estratificaciones históricas, las relaciones y
prácticas de reproducción de clases y de castas. Lo que se ha dado es una
irrupción indígena, un empoderamiento de espacios, un trastrocamiento simbólico
de los imaginarios coloniales. En este sentido, lo que podemos decir es que
desde el 2006 se experimentan intentos de construir un proceso de
transformación, empero de una manera diferida, pragmática, contradictoria, que
incluso puede tomarse como regresiva. Este intento de cambio se efectúo desde
el gobierno a través de políticas, que en principio fueron de irrupción, como
el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria
a la Asamblea Constituyente, pero, en la medida que pasaba el tiempo, las otras
políticas fueron excesivamente tímidas, en la medida que se dejó intacto el
aparato estatal, la estructura ejecutiva y la forma de gobierno y la forma de
gestión. El intento de trasformación también se hizo sentir, de alguna manera,
desde las actividades desesperadas de las organizaciones sociales, intentando
desordenadamente incidir en las decisiones políticas del gobierno. Así mismo
desde el accionar crítico de las organizaciones indígenas originarias,
intentando redefinir voluntariamente un proyecto coherente con la
descolonización. Ciertamente el mayor intento de transformación se efectúo
desde la Asamblea Constituyente, escribiendo una Constitución descolonizadora
que apunta al Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede
decir que el intento de transformación se efectúo de una manera dispersa y
distribuida, a partir de un conjunto de puntos y líneas de enfrentamiento que
intentan lograr transformaciones concretas y específicas. Sin embargo, estos
intentos no han logrado articularse y conformar una fuerza hegemónica de
conducción del proceso; han prevalecido las fuerzas resistentes al cambio,
consolidadas en estructuras, en instituciones y en la arquitectura estatal, han
prevalecido las prácticas y relaciones consolidadas en la costumbre social.
Entonces se puede decir que la articulación de un proceso de transformación
está pendiente.
b)
En relación a la puesta en prueba del concepto
de proceso para referirnos a la segunda etapa del periodo en cuestión, pues la
primera corresponde más claramente a un proceso de movilización social que
replantea la correlación de fuerzas en el campo político, descompagina las
estructuras de poder, cuestiona las formas de dominación y legitimación liberal
del Estado-nación, barre con el modelo neoliberal. El proceso de transformación
del que hablamos, etapa cuya delimitación arranca el 2006, no está articulado,
en otras palabras, no está conformado, se encuentra en curso de una difícil
construcción; se encuentra como emergiendo, empero enfrentando grandes
resistencias y obstáculos de las estructuras de la vieja maquinaria estatal, de
las costumbres liberales, de la ideología nacionalista cristalizada en los
huesos de los funcionarios y dirigentes. La exigencia del momento, la
emergencia de la coyuntura, es desatar una revolución cultural descolonizadora
y una movilización generalizada que reconduzca el proceso a sus cauces
iniciales, establecidos en la Constitución.
Apuntes sobre el Estado plurinacional
comunitario autonómico y pluralismo jurídico
Podemos decir que el Estado plurinacional
supone una nueva concepción de la transición pos-capitalista, la anterior tesis
de transición estaba íntimamente ligada a la transición de la dictadura del
proletariado. La gran diferencia de ambas tesis consiste en que la dictadura
del proletariado pensada como transición socialista al comunismo no salía de
los horizontes de la modernidad, en cambio la transición pluralista atraviesa
los límites de la modernidad, cruza el umbral de la misma, y entra a otros
agenciamientos civilizatorios. Además se trata de transiciones pensadas
pluralmente en distintos planos y niveles. Por lo tanto la configuración del
Estado plurinacional supone otra teoría crítica del capitalismo, ya no se trata
sólo de visualizar un desarrollo desigual y combinado, ni tan sólo quedarse en
la tesis del imperialismo como fase superior del capitalismo. Ya es un avance
visualizar los ciclos del capitalismo, los ciclos de las crisis del
capitalismo, las transformaciones estructurales de los ciclos y las
transformaciones estructurales de las crisis. Pero esto no es suficiente; en lo
que respecta a la compresión del Estado plurinacional se requiere entender los
ciclos del colonialismo, sus transformaciones, la estructura de sus crisis,
además de sus estrechos vínculos con el capitalismo y la modernidad. Es
indispensable comprender la crisis civilizatoria y los alcances de la crisis
ecológica. Por otra parte es urgente situar el pensamiento pluralista en el
contexto de las cosmovisiones indígenas, en su profundo animismo e inmanencia.
La concepción del Estado plurinacional se construye desde la perspectiva de las
cosmovisiones indígenas en interpelación de la modernidad y el capitalismo;
cosmovisiones que hay que entenderlas como sistemas interpretativos dinámicos,
rememorándose y actualizándose, interpretando críticamente las conformaciones
institucionales y estructurales de la modernidad, entre ellas del Estado, sobre
todo en su condición de Estado-nación.
Entonces estamos ante la concepción de la
transición política elaborada desde las cosmovisiones indígenas en
interpelación de los paradigmas y las formas institucionales de la modernidad.
Esta tesis implica el desmantelamiento del Estado-nación en forma de
transformaciones institucionales, transformaciones que se abren al pluralismo
institucional, al pluralismo normativo, al pluralismo administrativo y al
pluralismo de gestiones. Estas transformaciones institucionales se asientan en
procesos de transformaciones estructurales. El cambio civilizatorio supone la
transformación múltiple de los ámbitos y campos de relaciones donde se recrea
la vida social. También significa la incorporación plena de las relaciones con
los otros seres y ciclos vitales que circundan, conforman y componen el mundo y
el cosmos. Estas aperturas terminan transformando los cimientos y las matrices
civilizatorias de la modernidad. Ya no hay posibilidades de una reducción de
las temporalidades a la linealidad del desarrollo y del progreso, ya no hay
posibilidades de sostener esta linealidad en la marcha de la producción y en el
espejo de la producción. Desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas es
imprescindible garantizar la reproducción de los ciclos vitales, por lo tanto
poder armonizar dinámicamente los ciclos de la reproducción humana, los ciclos
de la reproducción social, los ciclos de la reproducción comunitaria, con los
ciclos de los seres y ciclos vitales integrados.
El Estado plurinacional se constituye en el
desmantelamiento múltiple del Estado-nación, es el estado, en el sentido de
situación, de la transición plural, de la descolonización abierta en los
distintos planos y factores componentes de los múltiples engranajes de
dominación, es la condición móvil de los flujos des-constitutivos de la vieja
maquinaria estatal y constitutivos de los agenciamientos y dispositivos de las
formas de la participación social y política de los colectivos y
comunidades. El Estado plurinacional
supone la transformación pluralista, comunitaria, intercultural y participativa
de los instrumentos de la gestión pública. El Estado plurinacional es la
condición política y la estructura de las transformaciones, de las transiciones
transformadoras, de las metamorfosis de las prácticas políticas, democráticas y
culturales. Hay que observar al Estado plurinacional en su movimiento, en su
dilatación, en su flexibilidad y adecuación, en la expansión y proliferación de
articulaciones, en sus movimientos inclusivos, en sus dinámicas moleculares de
apertura, de democratización, de igualación, también en sus entrelazamientos
interculturales.
Genealogía del Estado
plurinacional
En adelante se describe la gestación de la idea de un Estado
plurinacional a partir de la acción de diversos sectores sociales
—especialmente indígenas—, la forma en que ello se plasmó en la Constitución y
los equívocos que aparecieron en el camino, los cuales han derivado en la
negación del proyecto plurinacional y del modelo del vivir bien. El conflicto
por el Territorio y Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS) exhibe esos retrocesos y una
reconfiguración de alianzas entre el gobierno y distintos actores unidos
alrededor del desarrollismo extractivista.
Umbrales y horizontes
del Estado plurinacional
Hay que tratar el tema del Estado
plurinacional siempre a partir de las condiciones en que se encuentra el
debate. Y las condiciones de hoy no son las mismas que cuando empezábamos el
proceso constituyente o cuando se daban las discusiones en el Pacto de Unidad,
formado por las organizaciones indígenas y campesinas
.
No hay que olvidar que el Pacto de Unidad fue fundamental porque elaboró un
documento sobre el Estado plurinacional, social y comunitario, que fue
entregado como mandato a los constituyentes y que sirvió en las mesas de las 21
comisiones de la Asamblea Constituyente.
Ahora hay otro contexto, un
contexto que se ha ido complicando. Una vez que se aprueba la Constitución
Política del Estado por el 64 por ciento de los bolivianos, supuestamente
debíamos esperar su cumplimiento. Esto significa, por lo menos dos cosas: la muerte
del Estado-nación, que es la expresión colonial del Estado liberal y de la
República, y la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autónomo.
Sin embargo, hasta la fecha, se ha hecho todo menos eso. Se ha restaurado al
Estado-nación y su mapa institucional con sus normas y estructuras liberales.
Así, en vez de descolonizarnos, nos estamos recolonizando.
Las condiciones del debate,
además, ahora deben ser pensadas desde el conflicto por el Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), el cual nos muestra, en toda su
desmesura, lo que está ocurriendo.
Finalmente, el poder termina
tomando al Movimiento al Socialismo (MAS)
de la misma manera que acabó tomando al Partido de los Trabajadores del
Brasil (PT), al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, así mismo al gobierno de
Hugo Chávez de Venezuela. Haciendo un balance estos gobiernos no tomaron el
poder, sino que éste los tomó a ellos. Los supuestos transformadores se
transforman en el poder y terminan ejecutando las lógicas inherentes del poder.
Las lógicas del poder no son
abstractas, son concretas, aunque se desarrollan en ámbitos de relaciones
tremendamente complejas. Hablamos de la geopolítica del sistema-mundo
capitalista, en el que hay un centro de acumulación ampliada de capital y una
periferia que le transfiere sus recursos naturales. En ese marco fijado por las
estructuras y diagramas del poder nos movemos como sojuzgados.
En ese ámbito del poder hay
operadores. Los grandes operadores son, por una parte, las empresas transnacionales
inscritas en el ciclo del capitalismo norteamericano, cuya estructura está
dominada por el capital financiero. Y, por otra parte, por el mapa geográfico
de los Estados-nación.
¿Cuáles son los umbrales y
horizontes del Estado plurinacional? Podemos decir que los umbrales se
encuentran en la clausura del Estado-nación y los horizontes se visualizan en
la lontananza de la dilución del Estado en la matriz auto-determinativa de las
sociedades. En esta transcurso se esperan las transformaciones pluralistas,
comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas del Estado. Son
indispensables para tal efecto las transformaciones estructurales e
institucionales, los nuevos mapas políticos e institucionales, así como
normativos y de los recorridos y de las prácticas sociales. En este viaje se
espera la constitución proliferante y plural de sujetos y de subjetividades,
liberando capacidades y potencialidades corporales, emancipando las
creatividades múltiples. En este despliegue aparece la urgencia del consenso y
del convencimiento colectivos, la interculturalidad, la revolución cultural,
como herramientas de las transformaciones en la transición.
El surgimiento y papel de los
Estados-nación
Los Estados-nación se
constituyeron en un momento en el que se produjeron dos fenómenos
fundamentales:
Por primera vez el Estado forma
parte de la lógica del capital y funciona como su instrumento. Ya no son
Estados territoriales todavía no integrados al capital, aunque si articulados,
pues el ciclo del capitalismo genovés los uso en la búsqueda de nuevas rutas,
como era el caso de los Estados portugués y español.
El segundo fenómeno, que se
produce en el ciclo del capitalismo inglés, es la Revolución Industrial. Ésta
transforma estructuralmente al capitalismo al trastocar profundamente las
condiciones de reproducción del capital. En esa situación surge la disputa con
España y Portugal por el monopolio que poseían esos imperios sobre sus
colonias. Por eso no es extraño que los ingleses hubieran armado a los ejércitos
independentistas.
¿Y para qué sirven los
Estados-nación en la periferia? Son Estados-nación subalternos y supeditados a
la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Son operadores de la
transferencia de nuestros recursos naturales. Y si no sirven para eso, se los ataca,
se los descarta, se saca a sus gobiernos resistentes o se los invade; se puede
hacer con ellos cualquier cosa. Esa es la lógica imperial.
Inicialmente, el levantamiento se produce
contra los caciques, donde las comunidades, representadas por los jilakatas, se enfrentan contra los
caciques, y luego se enfrentan contra las reformas borbónicas. Después, empieza
a adquirir un carácter anti-colonial y descolonizador, aunque en muchos casos
se levantaban en nombre del rey Fernando VII, preso del ejército de ocupación
francesa. Es una etapa intrincada que
debe ser estudiada con minuciosidad para comprender nuestro presente. Posteriormente, durante los periodos
republicanos, se vuelven a suceder los levantamientos indígenas,
primordialmente en defensa y por la recuperación de tierras comunitarias.
También se vuelven a dar lo que podríamos seguir llamando pactos, aunque de una
manera perversa; de esta manera se habla del pacto señorial, con el propósito de interpretación histórica de
los periodos republicanos. El proceso en el que se resuelven estas
contradicciones es el de la constitución del Estado-nación. Podríamos decir que
se termina de instituir éste con la revolución nacional de 1952. La
Constitución plurinacional del 2009 ha planteado la ruptura histórica con el
Estado-nación; sin embargo, la experiencia reciente del proceso en curso nos
muestra las grandes dificultades de lograr esta ruptura. ¿Por qué no podemos
zafarnos del Estado-nación?, ¿por qué no podemos zafarnos tan fácilmente de las
estructuras coloniales inscritas en nuestros esqueletos?
Las relaciones de poder son
relaciones de fuerza, fuerzas actúan contra fuerzas afectándolas; se puede
considerar fuerzas activas inscribiendo su incidencia en fuerzas pasivas,
reactivas o resistentes. Las fuerzas activas actúan sobre los cuerpos e
inscriben en ellos, en la superficie de los cuerpos, historias políticas,
adentrándose hacia el espesor profundo de los cuerpos, constituyendo sujetos y
subjetividades, internalizando relaciones y estructuras de poder, imaginarios,
representaciones, induciendo comportamientos y conductas. Las relaciones y
estructuras coloniales, las instituciones coloniales, se inscriben de esta
manera en los cuerpos y en el espesor de los mismos. Se cristalizan en los
huesos como violencia materializada. Es esa violencia guardada la que explica
las conductas de sumisión y supeditación, pero también, paradójicamente,
también los comportamientos que devuelven la violencia cristalizada a los
dominadores. No es suficiente devolver la violencia a los dominadores, pues
puede resultar sólo una catarsis, sólo una descarga coyuntural; de los que se
trata es de deshacerse de toda la herencia colonial, para eso es menester
desmantelar, de-construir, desandar el laberinto colonial, sus formas externas
e internas. Es indispensable el recorrido intenso de las emancipaciones
múltiples. El Estado-nación es a la vez la realización política del mapa
institucional de la república, así como la imagen y el concepto de una unidad
requerida como identidad y como monopolio de la representación y la acción
pública. El Estado-nación es el instrumento político por excelencia de la
administración del capital, ya sea para su acumulación, como para el
despojamiento de recursos naturales y territorios. Hay Estado-nación dominantes
y Estado-nación subalternos, la distribución de ambos en la geografía mundial
expresa las estructuras móviles de la geopolítica del sistema-mundo
capitalista. No es fácil desmantelar estos fabulosos aparatos, pues se requiere
resolver problemas pendientes con los ciclos del capitalismo y los ciclos del
colonialismo. Sobre todo es indispensable desarmar el arsenal aparatoso y
estratificado de las herramientas y artefactos de los recursos de la
estatalidad, de sus monopolios de las violencias y de las representaciones, de
las coerciones y de las cooptaciones. Para lograr desmantelar esta maquinaria
pesada, oxidada, pero aún en funcionamiento, aunque también fantasmagórica, es
menester descentrar las prácticas, desplazar los ámbitos de relaciones donde se
ha edificado esta instrumentalidad, desestructurar las instituciones donde se
afinca el Estado. Para eso se requiere no solo una voluntad decidida sino
constancia y consecuencia en la tarea de desmantelamiento.
La urgencia de analizar
descarnadamente lo que está pasando
Estamos en una etapa en la que
necesitamos discutir a fondo estos temas y hacerlo con investigaciones
histórico-políticas. Ya no estamos en la etapa de la lucha ideológica cuando
necesitábamos grandes discursos y narrativas para interpelar al neoliberalismo
y al colonialismo y para encaminarnos en una propuesta descolonizadora. Ahora
debemos entender lo que está pasando y verlo de una manera descarnada,
transparente y sin mitos. Si nos quedamos con éstos sólo oscureceremos la
discusión, lo que impedirá actuar en el presente para lograr las
transformaciones que nos hemos propuesto. El tema es ese.
Con ese propósito es menester
reflexionar sobre los últimos conflictos, el conflicto del TIPNIS y el
anterior, el conflicto del gasolinazo. ¿Qué se muestra con lo del TIPNIS? ¿Qué
nos muestra el conflicto del gasolinazo? Hipótesis de interpretación: El
gobierno ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda
enfrentando al pueblo, enfrentando a las naciones y pueblos indígenas
originarios. También vemos que el gobierno no se encaminó, de ninguna manera, por
la ruta de la construcción del Estado plurinacional. Si revisamos sus leyes,
todas son inconstitucionales; son leyes que restauran el viejo Estado, no son
fundacionales ni están edificando el Estado plurinacional. Las políticas
públicas son como una continuidad de las formas administrativas liberales y
nacionalistas, repitiendo la obsesión por la ilusión del desarrollo, como en el
siglo pasado. El modelo económico se ancló en el extractivismo, modelo colonial
del capitalismo dependiente. Estos son las disposiciones políticas que llevaron
al enfrentamiento con las comunidades indígenas del TIPNIS y con las
organizaciones indígenas del CIDOB y del CONAMAQ.
Estos conflictos nos muestran la
desmesura de las contradicciones del proceso; también la enorme distancia de la
ruta restauradora del gobierno en relación a la construcción del Estado
plurinacional comunitario y autonómico. El Estado plurinacional exige
transformaciones estructurales e institucionales profundas, exige construir un
nuevo mapa institucional sobre la base de pluralismo institucional,
administrativo y normativo. Significa poner en práctica lo que los indígenas de
Ecuador y Bolivia, lo que los indígenas zapatistas y los de Guatemala, a
diferencia del pensamiento y planteamiento marxista, habían pensado: una
transición distinta y posterior al capitalismo. Se trata de una transición
civilizatoria.
Precursores del Estado
plurinacional
Lo que el marxismo propuso fue la
transición a la dictadura del proletariado —no discutiremos sobre eso ahora—,
mientras que los indígenas propusieron una transición del capitalismo y la
modernidad hacia lo plurinacional y descolonizador. Es otra propuesta teórica y
política. Es, a diferencia del marxismo, una alternativa civilizatoria
diferente a la modernidad capitalista y al desarrollo.
Esa propuesta formó parte de la
matriz de las discusiones del Pacto de Unidad y de la Constituyente. Esa idea
latía en los movimientos sociales que habían abierto el horizonte hacia el
Estado plurinacional. Fueron los movimientos sociales anti-sistémicos, como los
de la coordinadora del agua, los bloqueos indígenas y campesinos en septiembre
de 2000; las articulaciones entre El Alto y los sindicatos campesinos en
octubre de 2003; y la marcha indígena de tierras altas y bajas en 2002 que no
pedía elecciones, sino Asamblea Constituyente.
Eso era lo más lógico, porque la
vía electoral sólo restauraría las lógicas de poder, las lógicas liberales. El
planteamiento del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ)
y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) era coherente.
Pero la decisión política se encaminaría por las elecciones y con eso se
producirían grandes confusiones.
Las confusiones y el MAS
Una de las grandes confusiones derivó
en equivocar el protagonismo electoral con la conducción de los movimientos
sociales, en creer que el MAS era el representante de los movimientos sociales,
cuando nunca lo había sido. Los movimientos tenían su propia capacidad de
convocatoria, su orgullo y su propia capacidad de autogestión; eran movimientos
autogestionarios que tenían como objetivo la Asamblea Constituyente y de
ninguna manera las elecciones.
El MAS era visto, más bien, como
un movimiento cocalero, importante, empero en comparación con los movimientos
autogestionarios, aparecía como uno de los más conservadores. Después de la
crisis de la izquierda, los restos de una fragmentación migraron, por así decirlo,
a los territorios donde se experimentaría la conformación de un instrumento
político de las organizaciones sociales, cosa que no se pudo realizar,
limitándose el proyecto a la conformación de un instrumento electoral. En el MAS se refugió parte de la vieja
izquierda. Una de las ventajas de esta experiencia fue que contaba con la herencia
de la estructura organizativa minera, que transmitieron los relocalizados migrantes
al Chapare, además de contar con la
memoria de lucha y también la intuición de dirigentes de izquierda de esa
época, como es el caso de Filemón Escobar. Estos dirigentes encontraron la
oportunidad de convertir la defensa de la coca en una lucha anti-imperialista. En
ese contexto se revivieron proyectos pendientes; algunos grupos plantearon proyectos
guerrilleros, otros grupos proyectos insurreccionales y otros francamente se
limitaron a postular proyectos electorales. Hay que considerar que estos
proyectos, de todas maneras, los límites de estos proyectos, correspondían a
los límites de la vieja izquierda. En comparación los movimientos sociales
anti-sistémicos contemporáneos habían atravesado esos límites, estaban más
allá: cuestionaban los límites desarrollistas y modernizadores de la misma
izquierda.
En la atmósfera convulsionada de
las luchas, en el avance de las victorias políticas populares e indígenas,
cuando los desenlaces de la crisis se orientaba a las salidas electorales, el
MAS llegó a ser la segunda fuerza en 2002. Este resultado electoral muestra
cambios en la predisposición de la votación, cambios que no pueden explicarse
sin las victorias políticas. Desde esta perspectiva podemos decir que las
elecciones ratificaban estadísticamente las victorias políticas. Empero estas
victorias no pueden atribuirse al MAS sino a los movimientos sociales
anti-sistémicos, autogestionarios y autodeterminantes. Lo que pasa es que los
movimientos sociales tenían capacidad de convocatoria a la movilización, empero
no tenían experiencia electoral, que si el MAS había acumulado desde su incursión
en elecciones municipales y elecciones nacionales. Después comenzaron a
plasmarse claramente las diferencias, sobre todo en el debate sobre la
nacionalización. La propuesta del MAS era de 50%-50%, respecto de la
distribución de ingresos por el gas para el Estado y las empresas
trasnacionales, mientras que la propuesta de El Alto y de los movimientos
sociales era la nacionalización de los hidrocarburos. Se puede ver en el
diagrama de las posiciones que había muchas diferencias que se acumularon en la
memoria del debate, diferencias que no se terminaron de discutir ni de
abordarse plenamente.
Llegó el 2005 y el gran conflicto
de mayo y junio. A los movimientos sociales rurales y urbanos se incorporaron
los mineros y con eso creció el perfil complejo de los movimientos. La
movilización social tomó La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, y se obligó al Congreso
a un salto mortal de sustituciones constitucionales y renuncias para que
Eduardo Rodríguez Velzé, presidente de la Corte Suprema, asuma la presidencia
de país y responda a un nuevo mandato popular: la convocatoria a elecciones.
El mandato a este último presidente
de la sustitución constitucional ya no era la convocatoria a Asamblea Constituyente
ni tampoco la nacionalización de los hidrocarburos encomendados a Carlos Mesa.
¿Por qué? Porque se interpretó lo acaecido, la falta de cumplimiento de la
Agenda de Octubre, como que Mesa no
había cumplido porque no era de nuestra
clase ni tampoco era nuestro
gobierno, por lo tanto teníamos que nombrar a un gobierno propio para que
cumpla con la Agenda de Octubre.
Sabemos lo que vino después, con
las elecciones del 2005. El desenlace político catapultó a un presidente
indígena; con este resultado todo el mundo se sintió regocijado por eso y hubo
una gran fiesta política. Era el comienzo de la descolonización y de la ruptura
de todas las estructuras coloniales: simbólicas, psicológicas, políticas,
etcétera.
En estas condiciones de
entusiasmo, nadie quería arruinar la fiesta ni discutir y poner sobre la mesa
el temario que estaba pendiente. Y así se produce la segunda confusión; la
interpretación oficial rápida, apresurada y triunfante, decía que el MAS es el
gobierno de los movimientos sociales; cuando nunca lo fue, ni lo podía ser. No
hay un gobierno de los movimientos sociales, este enunciado es un
contrasentido.
Lo que representa el TIPNIS
Se debe tomar en cuenta estas mescolanzas
de tendencias y posicionamientos en un proceso rico en movilizaciones, que
empero derivaba en salidas electorales a la crisis política. Estas complicaciones
se deben tomar en cuenta para entender qué es lo que está pasando ahora; qué es
lo que pasa en el TIPNIS.
Lo que se devela en el TIPNIS es la
distancia del gobierno respecto al sujeto de la rebelión, el sujeto indígena.
Desde la década de los setenta, del siglo pasado, con la masacre del valle (1974)
y el despliegue del discurso katarista, pasando a 1990 con la marcha indígena
de tierras bajas, y a 2002, con la marcha de tierras bajas y de tierras altas,
se da lugar a la constitución del sujeto político indígena, que sustituye al
sujeto proletario, que había orientado la historia política desde 1945 hasta la
Asamblea Popular (1971), incluso hasta la caída de la UDP (1984) y la marcha
minera por la vida (1986). En todo este lapso se produce la construcción
política de un sujeto político, en pleno sentido, comprendiendo sus
significaciones históricas, políticas y teóricas: el sujeto indígena, que
sustituye al sujeto obrero en la interpelación al sistema-mundo capitalista.
Se trata de una revolución
indígena descolonizadora —si podemos utilizar la palabra revolución— que
significa no solamente la incorporación de las cosmovisiones indígenas, o de
los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios en la
Constitución, o del criterio de una transición descolonizadora a cargo del
Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino también significa un modelo
alternativo: el sumak kawsay o el suma qamaña, el ñande reko, el ivimarey,
traducidos en Bolivia como el vivir bien. Eso significa un modelo alternativo
al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.
Eso es lo que se puso en la
escena internacional y también se expresó en los discursos del Presidente: que
lucharemos por la defensa de los derechos de la Madre Tierra. En Tiquipaya
declaramos la guerra al capitalismo y a la modernidad en defensa de la Madre
Tierra. Hacemos una conferencia que es una contra-cumbre y decimos que las
causas estructurales del cambio climático tienen que ver con el modelo
civilizatorio capitalista, moderno y desarrollista. Estas son resoluciones
fuertes, firmadas por todos los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y vinculantes para el país.
A partir de entonces, el Pacto de
Unidad retoma la tarea y formula una ley de la Madre Tierra que recoge las
resoluciones de Tiquipaya y plantea una tesis fundamental: no se puede hablar
de recursos naturales, pues esto denota la explotación capitalista, la
dominación moderna de la naturaleza, convirtiendo en objetos a los seres, que
son sujetos múltiples, además de bondades, componentes, ciclos vitales
integrados y seres que tienen derechos desde la concepción de la Ley de la
Madre Tierra. Ese proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa, que hasta
ahora no se la ha discutido y promulgado. ¿Por qué? Por una razón que deja en
claro el conflicto del TIPNIS. El gobierno se encaminó por el modelo
extractivista del capitalismo dependiente, en tanto que la constitución plantea
un modelo ideal, el vivir bien, que debe realizarse en la transición
transformadora.
El TIPNIS pone en evidencia que
en este proceso hay dos proyectos que no se pueden juntar y que ya se están
enfrentando. Uno plantea la continuidad del modelo extractivista, capitalista,
dependiente y desarrollista; es la continuidad de todo lo que se ha hecho durante
los periodos republicanos hasta ahora. El modelo extractivista es un modelo
colonial; el carácter colonial de la
geopolítica del sistema-mundo capitalista es reducirnos a exportadores de
materias primas. El otro modelo es el postulado por los movimientos indígenas y
los movimientos anti-sistémicos contemporáneos, el modelo del vivir bien.
Ambos modelos civilizatorios se enfrentaron
en el conflicto del TIPNIS y ha quedado en evidencia que el gobierno escogió
por dónde ir: por la ruta del extractivismo.
El modelo que escogió el
gobierno, el poder externo y las nuevas alianzas
Hay un código minero como
borrador de anteproyecto, que todavía no lo presentó el gbierno a la Asamblea
Legislativa, pues no saben cómo van a justificarlo. Se trata de un anteproyecto
extractivista que entra en contradicción con la Ley de la Madre Tierra,
proyecto que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa; así también
entra en contradicción con el discurso previo sobre la Madre Tierra, ventilado
por el gobierno. Se trata de un código minero que vuelve a la ilusión de la
inversión de capitales internacionales, asignando también responsabilidades en
la expansión extractivista a la inversión pública, compartidas con la inversión esperada de las
grandes empresas transnacionales.
En el marco de este modelo
extractivista, en su estructura efectiva, debemos tener en cuenta las
consecuencias de una supuesta nacionalización. El proceso de nacionalización
queda inconcluso; esto se constata en el efecto desnacionalizador de los
contratos de operación; estos contratos entregaron prácticamente el control
técnico a las empresas transnacionales. De este modo, estamos en manos de
ellas. Podemos decir que las transnacionales mineras e hidrocarburíferas gobiernan.
La pregunta de ¿quién gobierna?
es importante. ¿Quién gobierna cuando estalla el conflicto del TIPNIS? Gobierna
la empresa trasnacional brasilera OAS, la empresa con la que se ha acordado la
construcción de la carretera depredadora que atraviesa el territorio indígena.
Las empresas de ese país están construyendo nuestros caminos y van a construir
el ingenio azucarero de San Buenaventura, donde, al parecer, no se plantará
caña, sino palma para agrocombustibles. ¿Quién gobierna? Vamos a hacer macro-hidroeléctricas
para darle energía a la potencia emergente de Brasil. En el contexto mundial,
podemos decir que hay un reacomodo de la estructura del poder mundial con la
aparición de las potencias emergentes: México, Brasil, India y,
fundamentalmente, la China.
El conflicto por el TIPNIS ha
destapado todo esto. En él se enfrenta el proyecto por el que se ha peleado
entre 2000 y 2005, que se expresa en la Constitución y proyecto que están
defendiendo las naciones y pueblos
indígenas originarios, organizados en el CONAMAQ y la CIDOB.
¿Quiénes están al otro lado del
conflicto? Obviamente, el gobierno y todo su aparato, pero además las
transnacionales y el gobierno del Brasil. Estamos supeditados a la política de
ese país; la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) es el proyecto hegemónico de ese país, y el TIPNIS está
incluido en él.
¿Quiénes más? En pleno conflicto
del TIPNIS, Lula viene desesperado a hablar con Evo, luego hay una reunión en
Santa Cruz, ¿quién la financia?, ¿quiénes más están ahí? La CAINCO y las “trillizas”:
la CSUTCB, las Bartolinas y los Interculturales
,
quienes deberían seguir llamándose colonizadores, pues demostraron no respetar
la condición intercultural, sobre todo en el bloqueo de Yucumo
.
Esa es la nueva alianza, la recomposición de la burguesía, la antigua con los
nuevos ricos, vinculados al proyecto hegemónico de la burguesía
internacionalizada brasilera.
Hay nuevas alianzas entre quienes
apuestan por los proyectos extractivista y desarrollista, por el proyecto
cocalero y, lastimosamente, también por el proyecto que podemos llamar de la
economía política de la cocaina. Hay alianzas con los agroindustriales de Santa
Cruz, que también apuestan por el desarrollismo con la ampliación de la frontera
agrícola, y con las transnacionales.
Ese es el frente que se ha
abierto. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. ¿Quiénes tienen posibilidades de
ganar? Lo sabemos. Pero si se pierde el TIPNIS habrá muerto el proceso. Si no
cruza esa carretera por el TIPNIS todavía habrá una posibilidad de reconducir
este proceso.
Seguir apostando al extractivismo es
apostar por una ilusión
La estructura del Estado de transición tiene una condición plurinacional, una
condición comunitaria, una condición autonómica y, obviamente, esto implica una
condición intercultural. ¿A dónde apunta todo esto? A una transición
transformadora hacia el macro-modelo del vivir bien. Éste es el modelo
civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Ese
es el sentido de la Constitución.
El planteamiento de lo
plurinacional ha traído problemas desde un principio. Las críticas han ido en
el sentido de que el Estado plurinacional nos desunirá, que cada nación pedirá
su autodeterminación y, por lo tanto, nos dividiremos. Eso responde a un miedo
o sentimiento que no evalúa claramente el significado de plurinacional.
En relación a la evaluación de la
Constitución, sobre todo de su carácter plurinacional, tomaré palabras de
Eugenio Raúl
Zaffaroni,
una autoridad constitucional, así también palabras de Bartolomé Clavero, como
de Rubén Martínez Dalmau, constitucionalista que apoyó a la Constituyente;
todos ellos coinciden en que estamos hablando de un nuevo constitucionalismo.
El nuevo constitucionalismo latinoamericano - que está siendo estudiado en
algunas universidades europeas - comienza con la Constitución colombiana de 1991
y continua luego la venezolana, la anterior ecuatoriana, la boliviana y la
última Constitución ecuatoriana. Aunque hay un antecedente importante con la
experiencia de las construcción de la Constitución brasilera, que se promulga
en 1988 y tiene un plebiscito en 1993. Empero dejemos pendiente la discusión del
comienzo de este nuevo constitucionalismo, usemos los acuerdos convencionales,
por el momento, relativos a la historia del constitucionalismo latinoamericano
.
Estas constituciones se
diferencian de las europeas y norteamericanas en que, primero, son
participativas; segundo, no las hacen los doctorcitos y son ampliamente
discutidas; y tercero, son ampulosas: no se reducen a unos cuantos artículos
constitucionales, sino a cientos; la Constitución brasileña tiene 245 artículos, la
Constitución colombiana tiene 380 artículos con 59 transitorios, la
Constitución venezolana tiene 9 títulos, 33 capítulos y 350 artículos, la
Constitución ecuatoriana tiene 444 artículos y la Constitución boliviana consta
de 411 artículos. Se trata de una nueva forma de pensar la configuración
y la conformación de las constituciones, un pensamiento que considera a la
Constitución no sólo como una norma de normas, sino como un instrumento que
debe permitir transformaciones y resolver los grandes problemas sociales,
económicos y políticos heredados. En ese marco también se habla del
constitucionalismo andino, fundamentalmente de los casos de Ecuador y Bolivia,
sobre todo por la perspectiva civilizatoria del vivir bien.
No se pueden interpretar las
constituciones de estos países a partir del derecho y del constitucionalismo,
sino que se exigen un pensamiento pluralista y un movimiento deconstructivo de
los paradigmas. Por eso se pierden los abogados constitucionalistas
tradicionales y terminan interpretando artículos como si tuviéramos que
encontrar los artículos claves, cuando se trata de una interpretación integral,
desde el espíritu constituyente, es decir, desde el preámbulo.
Por otra parte, la Constitución,
en su primer artículo, plantea un “pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico”. Si no somos capaces de pensar pluralmente estamos perdidos.
No se podrán interpretar estas constituciones desde visiones universales; hay
que pensar pluralmente; esta forma de pensamiento se encuentra en las
cosmovisiones indígenas, son animistas e inmanentistas. También podemos
encontrar analogías en las teorías de la complejidad. Estas analogías son
sorprendentes y plantean un dialogo intercultural de saberes, ancestrales y
contemporáneos.
Recogiendo estas características
constitucionales y del pensamiento pluralista, podemos decir que, en el proceso
en cuestión, estamos planteando una transición post estatal que se mueve en
distintos planos: sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos. Esta
transición supone el cumplimiento de transformaciones institucionales y
estructurales; transformaciones que tienen que venir acompañadas con prácticas
políticas participativas. Esto lo establece claramente la Constitución: la
definición de un sistema político participativo, en el que se efectúa un
ejercicio plural de la democracia; democracia directa, democracia comunitaria y
democracia representativa.
El sentido de la democracia
participativa se encuentra en la Constitución en el título VI se la Segunda
parte, Estructura y organización funcional del Estado, que trata de la
participación y el control social. Éste título plantea la construcción
colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública. Esta
práctica política es el eje de realización del Estado plurinacional: una
profunda democratización dentro de los códigos de la interculturalidad
emancipadora. Eso es, por lo menos, lo que se ha tratado en la Constitución.
Podemos ver, haciendo una evaluación somera, que estos objetivos no han sido
alcanzados.
Sabemos que hay una concepción de
interculturalidad que viene del pluralismo liberal, que arrojó instrumentos
importantes como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de pluralismo
liberal que no hay que descartar, aunque en la constituyente y en la
Constitución se trató de ir hacia un pluralismo emancipador y descolonizador.
Entonces, a quienes se preguntan
sobre si el Estado plurinacional nos divide o no, les plantearía la siguiente
interrogante: ¿No es al revés? ¿Acaso lo que aparentemente nos ha unido, más
bien no nos dividió? Esa aparente unidad
del Estado-nación consistió en un proyecto mestizo colonial que invisibilizó
nuestra propia pluralidad y diversidad.
Las rebeliones del siglo XVIII en
Perú, Bolivia y Ecuador se enfrentaron a las formas de dominación colonial. Este
es como una matriz de arranque, la configuración inicial de la estructura larga
de la rebelión, aunque se hayan dado antes rebeliones mas bien locales, como
una especie de anuncio. La historia larga de las rebeliones, esta lucha
anticolonial a lo largo de la historia se dio en diferentes contextos; es imprescindible
reflexionar sobre ellos y sus diferencias. Por ejemplo, es distinta la
situación histórica y política durante la Guerra Federal (1898-1899). En esa
ocasión, el guerrero aymara Zárate Willka llegó a un acuerdo con el General
liberal Pando en términos de construir un sistema federal; ahí se piensa en un
federalismo aymara a partir de un posible nacionalismo aymara. Sin embargo, por
miedo al ejército aymara, norteños y sureños, liberales y conservadores o
federales y unitarios apresuran un acuerdo que termina con una solución
estrambótica: ya no hay federalismo, sino se mantiene el unitarismo; empero,
como compensación de consuelo, se da lugar al traslado de la sede de gobierno
de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz. Esos son los límites de la clase
política.
Un debate similar se tuvo en la
Comisión de Visión de País de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál debería ser la
configuración del Estado plurinacional? Una de las hipótesis puestas en mesa
planteó directamente que Estado
plurinacional no puede ser unitario, tiene que tener la forma de una confederación
de naciones. Eso está en los anales de la Asamblea Constituyente y en el
informe de minoría de la Comisión, que fue más bien un informe de izquierda y
no de derecha como ocurrió en las demás comisiones.
En la Asamblea Constituyente se
llegaron a dar este tipo de debates, pero no se los pudo recoger por los mismos
miedos de quienes ven con un gran recelo la conformación del Estado
plurinacional. También se manifestaron posiciones conservadoras en nuestros
compañeros, indígenas y campesinos. Había una especie de terror a que se discuta
sobre una confederación de naciones porque el mito de la unidad, del Estado
unitario, estaba muy impregnado en ellos.
De esta manera, por inclinación
mayoritaria, se llegó a la solución del Estado unitario, social, de derecho
plurinacional, comunitario y con autonomías. En relación a esta solución, sin
embargo, los problemas de la construcción del Estado plurinacional seguían
pendientes; se requería para plasmarlo un nuevo ordenamiento territorial. Al
respecto se planteó una acción concreta:
Hagamos un nuevo ordenamiento
territorial, ¿cómo vamos a construir el Estado plurinacional si no hay un nuevo
ordenamiento territorial? La expresión espacial del Estado-nación es la
geografía política de los departamentos. No podemos mantener eso y también
tenemos que cambiarla si es un Estado autonómico.
Pero nadie se atrevía a asumir
esta tarea, sobre todo por razones de apego localista; nadie
quería que le toquen su cantón o su provincia. Como se ve, las posiciones
conservadoras también estaban entre nosotros. Además, las alianzas que se
dieron en la Constituyente fueron complicadas; inclusive, algunas compañeras se
aliaban a las asambleístas de la derecha en temas como el aborto y las opciones
sexuales.
En relación a este prejuicio
sobre la unidad, podemos decir que lo plurinacional mas bien nos une más porque
expresa de manera coherente, no solamente nuestra diversidad, sino los
proyectos
civilizatorios latentes.
Además expresa una percepción ecológica: hay que pensar lo plurinacional no
sólo desde la perspectiva de lo plural cultural o plural civilizatorio, sino
también desde la perspectiva territorial: los ecosistemas. La cohesión se
construye sobre la base del reconocimiento de las diferencias y la pluralidad,
no en abstracto, suponiendo una identidad nacional y una unidad forzada.
Lo plurinacional es una dimensión
que plantea otro tipo de cambios en plena crisis del capitalismo, en plena
crisis civilizatoria de la modernidad y de estos Estados
En Abya Ayala, la propuesta
indígena, que comienza con el levantamiento zapatista y termina con los
levantamientos bolivianos, es un planteamiento inquietante que va más allá de
las propias propuestas políticas concebidas dentro de los límites de la
modernidad.
El planteamiento es trastrocador,
tiene consecuencias políticas, no se tata del despliegue enunciativo de unos
intelectuales radicales, sino que es un producto participativo del saber
colectivo. Estas propuestas han sido construidas colectivamente en congresos y
reuniones
Lo interesante de estos
planteamientos de transición es que en su formulación y expresión ya
desapareció la figura del intelectual de vanguardia, en todo caso sólo es de
retaguardia, y también desapareció la figura del partido revolucionario,
externo a los movimientos sociales; son sujetos colectivos los que están
emergiendo. Si queremos entender el Estado plurinacional, por lo menos
deberíamos acercarnos al “pensamiento del sur” propuesto por Boaventura de
Sousa Santos, a la sociología de las ausencias, a la sociologías de las
emergencias, a la ecología de los saberes y a la ecología de las
temporalidades.
Entonces hay que empezar a pensar
pluralmente. Ese es el gran desafío y, además, salir del mito de la modernidad,
el mito del progreso, del desarrollo. No es posible concebir una evolución al
estilo del darwinismo de Spencer, basado todavía en esas insostenibles figuras evolutivas
que distinguen lo salvaje, lo bárbaro y lo civilizado.
Ese es un cuento positivista de
legitimización de la modernidad, tremendamente cuestionado, no sólo por
racista, sino porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque se ha develado que
no hay una modernidad, sino muchas. La corriente de la subalternidad hindú lo
ha planteado: estamos moviéndonos en una heterogeneidad de modernidades.
El historiador francés Serge
Gruzinski, radicado en México, plantea que había otras modernidades posibles. Esa
otra modernidad la que construían España y Portugal, de alguna manera en
connivencia con las noblezas indígenas, aztecas, incas y de otras regiones de
Abya Ayala. Era una modernidad que articulaba a la China y a la India,
amarradas por circuitos navegantes y por
entrelazamientos interculturales, también por misiones religiosas, como
la de los jesuitas. Desde el punto de vista cultural y religioso, era una
modernidad que articulaba a La Nueva España, es decir el actual México, a los
circuitos de un mundo y una modernidad barroca. Esta otra modernidad se
clausuro abruptamente ante la emergencia
de otra modernidad que va disputar la hegemonía mundial, una modernidad
vertiginosa que se configura a partir de la revolución industrial inglesa.
Esas modernidades heterogéneas se
expresan en los diarios
náhuatl
de nobles indígenas que empiezan a escribir desde una perspectiva de mundo,
difundiendo una nueva versión del renacimiento, ahora indígena, con una
comprensión diferente de la modernidad y del mundo.
El debate sobre la modernidad es amplio
y complejo. De todas maneras, es aconsejable dejar de creer que estamos moviéndonos sólo en
nuestras localidades, en nuestro sitio circunscrito; no hay eso desde la
Colonia. Desde esa época estamos atravesados por procesos absorbentes
problemáticos: nos hemos reconstituido de una manera barroca, y lo indígena ha
adquirido un carácter de resistencia, pero esta reinvención de lo indígena se
hace en este espacio de la modernidad.
Inicialmente, hay una invención
del indio desde la perspectiva de los conquistadores. Éstos tienen que llamar
indígena al nacido en el lugar, a toda esa multiplicidad de pueblos y culturas,
de civilizaciones y territorialidades, que habitaba el continente, el Abya
Yala. Lo curioso es que en realidad los indígenas en Europa eran los nobles por
herencia. Aquí, ese concepto se invierte de acuerdo a los términos impuestos de
la dominación colonial. Una vez homogeneizados como indígenas las múltiples y
diversas sociedades, pueblos y poblaciones del continente, una vez vivida la
experiencia de la descalificación y la discriminación, lo indio, lo indígena,
es recuperado políticamente, reivindicado y valorizado en la guerra
anticolonial y descolonizadora. Es como
dice Franz Fanon en
Los condenados de la
tierra:
La
violencia cristalizada en mis huesos se revierte contra el dominador.
Hay una reinvención para
actualizar utopías no realizadas, pero sobre todo para inventar un mundo
emancipado. La propuesta indígena en el continente, en los Andes, no puede
resolverse sólo en la región, menos en un solo país; estamos obligados a que
sea una propuesta con características mundiales. Es esto precisamente lo que ha
ocurrido en Tiquipaya; e esto lo que se ha planteado en la conferencia de los
pueblos. Allá se ha convocado a una internacional de los pueblos en defensa de
la Madre Tierra, contra el capitalismo y la modernidad.
La discusión sobre los modelos de
desarrollo, sobre los modelos alternativos, se da en el ámbito latinoamericano
de las ciencias de vanguardia, más que en las ciencias académicas.
Las preguntas sobre el
desarrollo, sobre desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo no se
pueden responder desde el supuesto positivo del desarrollismo. Los marxistas
latinoamericanos de los años 60 ya habían dicho que el desarrollo produce
subdesarrollo y éste produce una dependencia de la que hay que salir. Entonces,
seguir creyendo en el desarrollo extractivista es seguir cavando en lo mismo,
seguir constituyéndonos en esa dependencia y reproduciendo constantemente el
subdesarrollo. Ese es un absurdo.
La respuesta está en nuestra
Constitución y es muy clara: la complementariedad articulada e integrada de la
economía plural que avanza en la perspectiva de la economía social y
comunitaria. Ésta tiene que avanzar, fundamentalmente, a partir de una
articulación complementaria entre las distintas formas de organización
económica: la comunitaria, la privada y la estatal. Pero integradas hacia un
fin y ese fin tiene que ser la economía social y comunitaria con la perspectiva
del vivir bien. Eso plantea una transición. Obviamente, de la noche a la mañana
no saldremos del extractivismo, pero hay que empezar a salir porque si no
estaremos perdidos en el círculo vicioso de la dependencia y el sometimiento.
Así, cuando nos preguntan de
dónde vamos a sacar la plata para la salud y la educación, es absurda la
respuesta de que tenemos que seguir apostando por el extractivismo. ¿No se dan
cuenta de que no somos nosotros quienes verdaderamente ganamos?
Como dice Sergio Almaraz Paz:
Aquí, en las periferias del sistema-mundo capitalista quedan los cementerios
mineros, aquí quedan los huecos que dejan las explotaciones extractivistas.
Aquí no queda la ganancia; unos pocos ganarán: grupos de la burguesía
intermediaria, los que están en el gobierno y se han hecho cargo del Estado. Quizás
parte del derrame de todo esto vaya al Tesoro General de la Nación y a las
burguesías intermediarias. Quienes se llevan el gran pedazo de la torta,
quienes ganan realmente son los que controlan los monopolios financieros, los
que controlan la acumulación de capital.
Seguir apostando al modelo
extractivista es una locura, es apostar a la ilusión. No tiene sentido. ¿Cómo
salir de eso? Hay que salir del modelo extractivista, apostar por otro modelo
energético alternativo, por la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la
reproducción de la vida humana. Y eso significa, fundamentalmente, resolver los
gigantescos problemas que se manifiestan en el mundo.
Es indispensable la armonía con
los seres y los ciclos vitales integrales de la Madre Tierra. Si no, estamos
perdidos. Hay que recordar que estos temas se plantearon en la escuela marxista
de Frankfurt; esta corriente crítica quiso superar los límites del horizonte de
experiencia de Marx. Adorno y Horkheimer encontraron que Marx se había limitado
a un horizonte, el de la revolución industrial inglesa; esta limitación lo
llevó a creer que era suficiente una crítica a la economía política. En
realidad es indispensable una crítica a la matriz de la economía política
capitalista, es indispensable una crítica a la modernidad. La modernidad
produjo mitos como el progreso y que se puede dominar a la naturaleza.
A propósito de la separación
entre sociedad y naturaleza, que se produce en la modernidad, el concepto de naturaleza
es un invento moderno que supone precisamente una separación dominante, la separación entre
sociedad y naturaleza. Desde una perspectiva ecológica, no hay tal separación,
nosotros formamos parte del gran oikos,
del gran hogar, y si destruimos nuestro
hogar nos estamos destruyendo a nosotros mismos. En comparación, la propuesta
más civilizatoria es la del vivir bien en contraposición con un proyecto
destructivo, desforestador y depredador que es el capitalismo.
Notas sobre el pluralismo jurídico
Cuando hablamos de derechos no
podemos olvidarnos de que todas las generaciones de derechos se basan en el
presupuesto de la igualdad. Desde la declaración de los derechos del hombre
hasta la declaración de los derechos humanos tenemos el desarrollo legislativo
de este presupuesto de la igualdad. Los derechos de primera generación, los
derechos individuales, civiles y políticos; los derechos de segunda generación,
los derechos sociales, los derechos de los trabajadores; los derechos de
tercera generación, los derechos colectivos, los derechos comunitarios y de los
pueblos indígenas; y los derechos de cuarta generación, los derechos de la
madre tierra, de los seres y ciclos vitales; todos ellos suponen el principio y
el concepto de igualdad. Hablamos del despliegue de la igualdad en distintos
contextos históricos, políticos y culturales; hablamos de diferentes sujetos,
individuales, sociales, colectivos y seres componentes de la madre tierra. No
podríamos hablar de esta diferencia, de la comparación de esta diferencia, de
la pluralidad y del respeto a la diversidad, sin contar con el concepto de
igualdad. En este sentido, se podría decir que la historia de los derechos
corresponde a la historia de las luchas y la ampliación de derechos en la
modernidad, a pesar de la historia contradictoria, dramática, colonial, de
explotación capitalista, dada en la conformación de la modernidad, a pesar que
se haya tenido que arrancarle a la modernidad los derechos colectivos y los
derechos de la madre tierra, luchando contra la hegemonía cultural e ideológica
de la transvaloración universal de los valores.
Cuando hablamos de pluralismo
jurídico, de administración de justicia indígena originaria, también lo hacemos
suponiendo la heterogeneidad de las modernidades, la hibridez de sus
conformaciones y configuraciones. Se trata de formas administrativas de
justicia distintas, diferentes, que se mueven bajo otros valores, otra ética,
otra lógica, que son arrancadas al sistema de la administración de justicia
imperante, de corte liberal. Cuando hablamos de normas y procedimientos propios
lo hacemos desde la actualización de prácticas ancestrales, retomadas en el
presente, en mezcla, en sincretismo, en simbiosis con prácticas que se han
venido cristalizando desde la colonia, pasando a los periodos republicanos, con
sus deformaciones modernizadoras. Cuando hablamos de instituciones propias, nos
referimos a estructuras y organizaciones comunitarias resistentes a la
desterritorialización y a la descohesión comunitaria. Esta propiedad de las
instituciones ancestrales es recuperada, actualizada, en forma de sistemas
comunitarios dinámicos, que también interpretan sus contornos. Estas
instituciones viven las exigencias de la contemporaneidad, resisten y dan
respuestas a las fuerzas de la modernidad. El derecho a la interculturalidad, el
derecho a la existencia, el derecho a mantener su propiedad ancestral, forma
parte del entrelazamiento cultural, pero también de proyectos políticos
alternativos.
¿Cómo entender lo de la
jurisdicción indígena originaria campesina de la Constitución boliviana? ¿Cómo
entender la Ley de deslinde jurisdiccional? Para efectos de su comprensión no
podemos desligarnos del contexto dibujado más arriba; la jurisdicción indígena
originaria campesina forma parte de las conquistas del proceso constituyente,
que tiene como contenido estratégico la tarea inmensa de la descolonización. La
Constitución boliviana contempla tres jurisdicciones: la jurisdicción
ordinaria, la jurisdicción ambiental y la jurisdicción indígena originaria
campesina. En concreto este es el pluralismo jurídico del que se habla
constitucionalmente. Por lo tanto un problema fundamental va a ser el deslinde
de las jurisdicciones. De cómo se haga este deslinde va a depender la apertura
al pluralismo o su clausura, la creación de espacios diferentes y alterativos
que permitan la recreación de otras formas y contenidos de expresión, de otras
materialidades prácticas y de otros substratos ético-culturales. Esta tarea de
deslinde era una gran oportunidad para lograr una complementariedad abierta
entre las jurisdicciones y permitir la expansión de las formas de expresión y
formas de administración de justicia alternativas a la jurisdicción ordinaria;
empero esta tarea se la ha culminado rápidamente sin responder a la demanda de
discusión, de reflexión, de crítica y de análisis descolonizador. A pesar de
haber consultado a las organizaciones y pueblos indígenas, se ha desechado los
aportes de la participación, prefiriéndose el consejo del gremio de abogados
que ha cerrado filas contra cualquier apertura. Por eso se tiene una norma que
norma los procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas; lo que
implica una violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios. La Ley de deslinde jurídico termina arrinconando a la jurisdicción
indígena originaria campesina dejándola en un espacio tan restringido que
prácticamente no le queda materia importante de administración de justicia.
Después de esta Ley la jurisdicción indígena originaria campesina termina
supeditada a la jurisdicción ordinaria y al sistema de justicia hegemónico, que
sigue siendo el liberal.
A propósito de esta reducción, de
esta supeditación, de esta re-colonización es indispensable hacer un balance de
lo sucedido, buscando visualizar las fuerzas, la correlación de fuerzas, las
estructuras de poder, los intereses preponderantes, que impiden avanzar en el
tratamiento abierto y emancipador de estos temas primordiales. En tal sentido
trataremos de lanzar algunas apreciaciones sobre el estado de la cuestión y el
estado de fuerzas que han empujado a una solución tan pobre y represora como la
Ley de deslinde jurisdiccional.
Para comenzar una pregunta: ¿cuál
es la situación de las prácticas, del esquema de comportamientos, de las
estructuras, de las concepciones inherentes de la efectuación de la
administración de justicia de acuerdo a normas y procedimientos propios en las
comunidades? ¿Cuál es el mapa diferencial de estas prácticas tanto en las
comunidades llamadas originarias y las comunidades campesinas? Esta información
es indispensable para contar con una base material social y cultural en cuanto
respecta a las posibilidades de realización misma de la jurisdicción indígena
originario campesina.
Una revisión de lo que ocurre en
el Altiplano arroja luz sobre el estado y situación de la justicia comunitaria.
Para tal efecto tomaremos como fuente los resultados de la investigación del
equipo de la Fundación Diálogo, dirigida por el antropólogo Ramiro Molina. El
área de estudio se sitúa en las jurisdicciones indígenas de Achacachi,
Carabuco, Sicasica y Viacha. El estudio nos dice que el sistema de autoridades
se basa en la forma de organización sindical, aunque se combina con la forma de
organización del ayllu. A lo largo de la historia se notan dos tendencias;
desde la década de los cincuenta, sobre todo después de la revolución nacional
y la reforma agraria, la tendencia de la organización rural va a ser la de la
forma del sindicato. Desde las décadas de los ochenta y noventa la tendencia a
la recuperación de la forma de organización del ayllu va a ser notoria. Esto
quizás se deba a la irrupción del movimiento katarista, al proyecto político y
cultural descolonizador, también al trabajo de movimiento indianista, así como
también, de una manera concreta al trabajo del Taller de Historia Oral. Lo que
se va a notar desde un principio es la diferencia de las formas de organización
y las diferentes combinaciones entre ayllus y sindicatos.
En Achacachi las comunidades
tienen en la base como autoridades al secretario general y su directiva,
secretarios de relaciones, de justicia y de actas. En las subcentrales
cantonales se tiene como autoridades al Secretario General Sub Central
Cantonal y su directiva. En la primera
sección de la provincia, Achacachi, se tiene como autoridad al Secretario
Ejecutivo Cantonal y su directiva. En cambio en Carabuco contamos con una
combinación entre autoridades originarias y autoridades sindicales. Se tiene en
la base como autoridad al Jilkata y segunda hacienda, también se tiene al
Secretario General y su directiva. Como se puede ver tenemos a las comunidades
organizadas en ayllus y sindicatos. Los cinco cantones de Carabuco tienen una
central agraria por cada cantón. En Sica Sica también tenemos una combinación
de autoridades, empero esta vez la forma de organización de las autoridades
originarias atraviesa toda la estructura organizativa. En el ayllu se tiene
como autoridades al Secretario General y su directiva, en los trece cantones se
tiene a un Subcentral por cantones, también a un Jiliri Mallku, a un Sulka
Mallku y a un Jilacata, así también se tiene a una autoridad política, que es
el corregidor y agente cantonal. En el nivel del municipio se tiene como
autoridad a la Central Agraria, en el nivel provincial al Ejecutivo Provincial.
En Viacha se nota la presencia organizativa del ayllu; en la saya, en la
comunidad se tiene como autoridad al Jiliri Mallku, al Sulka Mallku, al Jalja
Mallku, que es la justicia, al Kelka Mallku, a los Kamanis Yati Kamani, al Yapu
Uywa Kamani, a los Anat Kamani Chasqui, que son los vocales. En los nueve
ayllus se tiene como autoridad a los subcentrales, donde funge el Jiliri Mallku
del ayllu; después se tienen a la markas o cantones, donde funge el Jach’a
Mallku; por último tenemos al Suyu o Provincia Ingavi, donde funge el Jiliri
Jach’a Mallku del Suyu, acompañado por el Jiliri Jach’a Sullka Mallku, Jiliri
Jach’a Jalja Mallku, que es la justicia, también al Jiliri Jach’a Kelka Mallku,
y a los Kamani de educación, de agricultura y deportes.
¿Qué nos muestra esta forma
organizativa combinada? Las formas organizativas campesinas y comunitarias
están atravesadas y cruzadas por estratificaciones y estructuras organizativas
ancestrales y modernas, afectadas ciertamente por los periodos coloniales, así
como los acontecimientos de los periodos republicanos. Empero, tenemos también
a una forma sindicato que tiene como matriz a la forma ayllu; entonces la misma
forma sindicato es un devenir sindicato desde el devenir ayllu. Lo mismo ocurre
al revés, el sindicato ha afectado a la forma ayllu, lo ha condicionado a las
lógicas de las estructuras organizativas del sindicato. Las formas de
representación de ambas formas de organización también se ven entremezcladas.
Esto no solamente afecta a la representación en lo que tiene que ver a la delegación
comunitaria, sino también afecta a las prácticas, a la toma de decisiones, así
como a las ceremonias. Esta figura de por sí compleja, se complica más con la
presencia de las llamadas autoridades políticas, que representan al Estado.
Todo esto, todo este mapa, se hace sugerente cuando se trata de comprender el
funcionamiento de la administración de justicia.
En el documento de
sistematización de la investigación sobre justicia comunitaria se escribe que
la
muestra del poder que tienen las
autoridades originarias es el uso del chicote. En las sayas estudiadas, el
chicote es utilizado por las autoridades en las fiestas patrias y en las
fiestas de comunidades. Las autoridades utilizan el chicote desde que asumen el
cargo hasta que por rotación deben transferirlo.
El símbolo de autoridad es entonces el chicote, pero también el pocho, cuyo
color depende de la región, así también se lleva un sombrero de ala ancha. En
el documento de sistematización se anota que
aparte del Jiliri Mallku (máxima autoridad originaria), los
representantes que más intervienen en la justicia comunitaria, desde la
recepción de las denuncias, la investigación y la sanción, son los jaljas
mallkus. A nivel de la saya se tiene al Jalja Mallku, el Jalja Mallku del
Ayllu, a nivel de la marka el Jalja Jach’a Mallku y a nivel del Suyu el Jiliri
Jach’a Jalja Mallku.
Sin embargo, no son todas las autoridades que intervienen en la administración
de justicia; además de las autoridades originarias intervienen también en la
administración de justicia comunitaria otras como el Kama Amauta, sabio, cuya
ocupación es la de regularizar con los jaljas mallkus los procesos que deben
ejercer los casos denunciados
.
Los kama amautas son cargos a nivel de la marka, así mismo se tiene
compartiendo a este nivel al corregidor, autoridad política que intercede en
los conflictos que son transferidos desde el ayllu hacia la marka
.
Es el mismo caso del Agente Cantonal quien interviene en los conflictos
transferidos por la saya al ayllu.
Una anotación de la
sistematización hay que retener:
Es importante hacer notar que indistintamente del tipo de organización
sociopolítica, las autoridades descritas cumplen varias funciones, entre ellas,
las políticas y religiosas ceremoniales, al mismo tiempo las jurídicas, como
parte del sistema de turnos. Por otra parte, es necesario resaltar el grado de
legitimidad que tienen estas autoridades, por lo cual se cumplen los requisitos
mínimos que hacen del sistema jurídico, no solamente vigente por la presencia
de autoridades sino por su poder coercitivo, altamente legítima y base
fundamental de las estructuras organizativas comunitarias.
Hablamos entonces de autoridades
polifuncionales; no estamos ante la especialidad de funciones y la
individualización de los responsables, no estamos ante la autonomización del
espacio administrativo de justicia de otros espacios como el político y
económico, como es el caso de la institucionalidad moderna. Las autoridades comunales ocupan varias
funciones, son responsables de varias funciones; su autoridad moral las unge
como autoridades polifuncionales. Esto nos muestra que las esferas sociales,
económicas, culturales y políticas no están separadas. Una buena administración
de justicia responde a un manejo integral de los problemas, de los conflictos,
de las transgresiones a las normas y procedimientos propios comunitarios. Es
entonces la autoridad moral y la representación comunitaria la que avala y
sostiene estas funciones articuladas. Además se cuenta con el Amauta para
atender el seguimiento a los procedimientos y también consejos de índole
“espiritual”. Esta figura transversal repite el ciclo y el taki, el camino que tienen que seguir los jaque, los alguien, los adultos, la pareja chacha-warmi. La tarea
de las autoridades de justicia comunitaria es armonizar; resolver los
problemas, los conflictos, los casos de transgresiones a la norma comunitaria,
armonizando, buscando la armonización y el retorno al equilibrio. Este es el
sustrato de la administración de justicia comunitaria. Empero, como se puede
ver, este sustrato ha sido afectado por las otras formas de administración de
justicia, por la forma de administración de justicia ordinaria, liberal,
vigente formalmente en el país; también ha sido afectada por las formas y
prácticas de la institucionalidad política del Estado. En este sentido se
pueden observar mezclas, entrelazamientos, combinaciones, que terminan
incidiendo en las propias prácticas de la administración de justicia
comunitaria.
A propósito de esta problemática,
del entrelazamiento de formas institucionales, de estructuras y de formas
administrativas, debemos preguntarnos qué significa el deslinde, ¿qué debe
hacer una ley de deslinde jurídico? ¿Qué hay que deslindar? ¿Separar competencias?
¿Distinguir campos de dominio? ¿Defender a la forma de administración de
justicia dominante, la liberal? ¿Potenciar la forma de justicia comunitaria,
comunal, la jurisdicción indígena originario campesina? ¿Cuál es la tarea de
una ley de deslinde jurisdiccional en el contexto de la construcción del Estado
plurinacional comunitario y autonómico? Estas son las preguntas a las que
tenemos que responder ante el asombro de leer una ley de deslinde
jurisdiccional promulgada por el
gobierno de Evo Morales Ayma, una ley de deslinde que ha optado por defender la
administración de justicia liberal, recomponiendo su dominio en todos los
terrenos, incluso avasallando los campos de dominio de la jurisdicción
comunitaria.
¿Qué quiere decir deslinde?
Deslinde, acción de deslindar, que quiere decir señalar, distinguir los
términos de un lugar, aclarar una cosa para que no haya confusión ni
equivocación en ella. Es interesante
relacionar esta palabra con otra, desliar, que quiere decir deshacer el lío,
desatar lo liado, separar los lías del mosto. También podemos relacionarla con
la palabra desligar, que quiere decir desatar, soltar las ligaduras,
desenmarañar y desenredar una cosa no material, así también, en otros
contextos, absolver de las censuras eclesiásticas, dispensar de la obligación
contraída, picar, hacer sonar las notas con una breve pausa entre ellas
.
Empero interesa sobre todo relacionar con el sentido de deslinde en lo que
tiene que ver con los linderos, con la necesidad de delimitar los alcances y límites
de los linderos, pleitos numerosos, que obligaron a la acción de deslinde,
donde intervienen autoridades para solucionar los pleitos de linderos. Quizás
sea este el referente más interesante en lo que respecta al deslinde
jurisdiccional. Los linderos son límites dominios de propiedad, limitan,
señalan, el alcance de estos dominios, son marcas que distinguen las fronteras
de propiedad, si se puede hablar así. El deslinde jurisdiccional tiene que ver
con la delimitación de los alcances del dominio jurisdiccional de las formas de
administración de justicia; en este caso distinguir los alcances y el dominio
de la jurisdicción indígena originaria campesina de la jurisdicción ordinaria;
también podría suceder en lo que respecta a la jurisdicción ambiental. Empero
el problema radica aquí de saber en qué contexto hablamos, en qué nivel
hablamos, local, comunitario, regional. Esto es importante pues las
competencias de las jurisdicciones pueden variar dependiendo del lugar, de si
es local o regional, como hemos podido ver en lo que respecta a la organización
de la administración de justicia comunitaria en el Altiplano. Hasta la fecha de
la ley de deslinde la competencia de la administración de justicia sobre temas
de tierras era un atributo de las autoridades originarias y de las autoridades
sindicales en el nivel comunal; se puede decir incluso que dependiendo de los
casos también a nivel regional. Esta competencia la habrían perdido con la Ley
promulgada.
Por otra parte, no sólo se trata
de comprender los distintos niveles de la jurisdicción indígena originario
campesina y por lo tanto concebir acciones de deslindes múltiples en los
distintos planos de concurrencia; de lo que se trata es de potenciar la
administración de justicia comunitaria, la jurisdicción indígena originario
campesina en los distintos niveles y planos. Este potenciamiento es adecuado a
la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. De lo que se trataba no era de restringir
sino de avanzar, reforzar, expandir, reconstituir la posibilidad de una
administración de justicia complementaria e integrada, teniendo como uno de sus
ejes a la jurisdicción indígena originario campesina. De lo que se trata es de
enriquecer y ampliar las formas de administración de justicia logrando avanzar
en una concepción intercultural, plurinacional y comunitaria. Empero, la
Asamblea Legislativa Plurinacional se ha desentendido de estas tareas y ha
preferido retroceder restaurando mas bien los alcances de la jurisdicción
ordinaria, invadiendo incluso los dominios de la competencia comunitaria.
Gestión pública e interculturalidad
Uno de los temas más inquietantes con la
transformación estatal tiene que ver con la gestión pública, el conjunto de
instrumentos y acciones encaminadas a realizar las políticas públicas.
Herederos de la gestión pública liberar y de las reformas de modernización del
Estado, se tiene la tarea imperiosa de transformar el Estado, de construir el
Estado plurinacional comunitario y autonómico, por lo tanto de realizar
transformaciones institucionales que sean la base del nuevo Estado o del Estado
en transición. En este contexto y teniendo en cuenta la Constitución política
del Estado se ha discutido por ocho meses a la cabeza del Ministerio de
Economía y Finanzas el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional
Comunitaria e Intercultural. En el presente ensayo vamos a detenernos en el
análisis de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta los alcances de las
transformaciones institucionales exigidas por la Constitución.
Un primer punto en la elaboración del
anteproyecto de ley de gestión pública es el concepto de gestión pública. En
relación a la construcción del nuevo Estado se requería prioritariamente una
nueva concepción de la gestión que no solamente escape a los moldes de la
gestión pública liberal, incluso neoliberal, si consideramos la última reforma
de modernización del Estado. ¿Qué tipo de gestión exige la Constitución? Esta
es la pregunta insistente a la que se ha buscado responder con la propuesta de
gestión pública articulada a la condición plurinacional, a la condición
comunitaria y a la condición intercultural. Estos son los tres ejes de la
gestión pública del nuevo Estado. Ahora bien, qué significa articular estos
tres ejes en la gestión pública.
La condición plurinacional exige
transformaciones pluralistas del Estado, esto equivale a salir de la
homogeneidad institucional moderna y adentrarse en el pluralismo institucional,
que a su vez implicaba conformar un pluralismo administrativo, un pluralismo
normativo y un pluralismo de gestiones, incorporando la institucionalidad
indígena originaria campesina a la institucionalidad del Estado. Esta tarea
significa la conformación de una arquitectura compleja que comprenda distintas
formas institucionales, que articule distintas formas institucionales, las
mismas que logren sistematizar las formas de gestión de las naciones y pueblos,
de las comunidades y de las sociedades que constituyen a la formación
económica-social-cultural de Bolivia. El pluralismo institucional se convierte
en la base material del Estado plurinacional.
La condición comunitaria exige la irradiación
de la forma institucional y de gestión de las comunidades en el Estado. Sobre
todo se busca asumir la gestión comunitaria como forma de gestión alternativa a
las formas de gestión liberales, especialistas y separadas de la sociedad.
Ciertamente estas formas de gestión son persistentes en el área rural, entonces
no se trata solamente de reconocer, si se puede hablar así, institucionalizar,
las formas de gestión comunitarias, sino también de irradiar en el Estado la
gestión comunitaria. No hay que olvidar que se trata de un Estado comunitario,
el que define claramente la Constitución, además de un Estado plurinacional. La
condición comunitaria rompe con la separación entre la esfera pública y la
esfera privada, nos muestra claramente que hay una esfera comunitaria donde lo
público y lo privado desaparecen y dan lugar a la participación plena de lo
común.
La
condición intercultural plantea uno de los desafíos más importantes de la
transformación estatal, que obviamente no se resume al reconocimiento y
circulación de las lenguas y que va más allá del entrelazamiento e
interpretación cultural, de la convivencia cultural. En términos
institucionales significa conformar condiciones institucionales para el
ejercicio pleno de la intra-inter-transculturalidad. Esta tarea va más allá del
aprendizaje de las lenguas, incluso de su circulación simbólica y práctica,
pues se trata del potenciamiento y la realización de la diversidad cultural, de
su intercambio, interpretación y entrelazamiento en igualdad de condiciones.
Desde la perspectiva de la articulación de los
ejes plurinacional, comunitario e intercultural en la gestión, se trata de
efectuar transformaciones pluralistas, transformaciones comunitarias y
transformaciones interculturales de los instrumentos de la gestión. Todo esto
significa también hacer las transformaciones participativas de los instrumentos
de la gestión, tal como exige la Constitución. El sistema de gobierno de la
democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa,
representativa y comunitaria, exige la gestión participativa. En el título
sobre participación y control social de la Constitución se establece la
construcción colectiva de la gestión pública, esto es la participación en todos
los niveles de la gestión.
Una vez hecho esto, una vez definido el
concepto gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural, la tarea
es transformar los instrumentos de la gestión, la planificación, la ejecución,
el seguimiento y la evaluación. La tarea más difícil es esta, pues aquí radica
el cambio de gestión; en la materialidad institucional, en la materialidad de
las prácticas institucionales, es dónde realmente cambia la gestión. La clave
en esta transformación práctica se encuentra en dos formas de desplazamiento de
la gestión; uno tiene que ver con la búsqueda del impacto de la gestión. No
concebir la gestión por la administración de la norma, del cumplimiento de la
norma, tampoco por el logro de los resultados, sino por el impacto. Concebir la
gestión como un instrumento de transformación. La otra forma de desplazamiento
radicaba en la transformación pluralista, comunitaria y participativa de los
instrumentos de la gestión. Se trata de realizar la planificación integral y
participativa, tal como establece la Constitución, así como cumplir con el
presupuesto participativo. Lo mismo pasa con la ejecución, la misma que debe
ser participativa y con control social. El seguimiento forma parte del control
social y la evaluación debe ser integral, teniendo el impacto y el cambio
logrado, comprendiendo el control y la participación social. Por lo tanto estos
desplazamientos transformaban en la práctica los instrumentos de la gestión.
El anteproyecto de ley de gestión pública
plantea dos medios para incursionar en la trasformación de la gestión pública;
una es la Escuela de Gestión Pública, que debería hacerse cargo no solo de la
formación de los servidores públicos en el nuevo concepto de la gestión de
todos los gobiernos, desde el nivel central hasta los niveles autonómicos, sino
también debería formar a los que van hacer de control social y van a ejercer la
participación social. La escuela de Gestión Pública formaría parte una revolución
cultural, que tiene como tarea la transformación de los comportamientos, de las
conductas y de las prácticas. Claro que también de las prácticas. Otro medio de
transformación de la gestión es la conformación del gobierno electrónico, que
vendría a ser un gobierno paralelo. El gobierno electrónico tiene como tarea no
sólo el acceso abierto a la información sino precisamente hacer efectiva la
participación y la construcción de las decisiones colectivas.
Estos medios, la Escuela de Gestión Pública y
el gobierno electrónico, y los ejes de la gestión, la condición plurinacional,
la condición comunitaria y la condición intercultural, no podrían lograr las
transformaciones de la gestión pública si es que no hay movilización. Es
indispensable para el despliegue y la realización de la revolución cultural la
movilización, la participación de todos en las transformaciones en la
transición. La construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico
no se realiza sin movilización popular. Las transformaciones no son tareas de
funcionarios sino de movimientos sociales antisistémicos.
Uno de los temas importantes a dilucidar para
comprender estos planteamientos tiene que ver con la crítica al Estado liberal,
a la forma del Estado liberar, conformado como Estado-nación, sobre todo en lo
que tiene que ver con la separación entre Estado y sociedad. Esta separación
que corresponde a una gran división del trabajo entre los que gobiernan y los
gobernados. La nueva relación se encamina por la ruptura de esta separación, por
reintegrar el Estado a la sociedad, por convertirlo en un instrumento de la
sociedad y al servicio de la sociedad. Hablamos entonces de una sociedad
integral, que ha recuperado sus funciones de autogobierno y autodeterminación
en un proceso democrático sin precedentes, profundizando y ampliando el
ejercicio de la democracia. Haciendo efectivamente posible el gobierno del
pueblo.
Ahora bien, la gestión pública plurinacional
comunitaria e intercultural tiene que incorporar la gestión autonómica, en
todos sus niveles, comprendiendo su potestad gubernativa y su potestad
legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas
originarias. En este terreno autonómico ciertamente es importante comprender la
gestión comunitaria de las autonomías indígenas de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios, de acuerdo a su institucionalidad propia, cosmovisiones
propias y gestión territorial, ambiental y beneficio exclusivo de los recursos
naturales renovables.
Como se podrá ver, asistimos al desafío de la
transformación de la gestión pública en múltiples niveles. La apertura a esta
complejidad se beneficia con la ampliación y profundización de la democracia,
con la viabilización de las emancipaciones y los alcances mayores de las
libertades y la realización de los derechos. Sobre todo es importante esta
transformación pluralista de la gestión por la apertura y la invención de
nuevas formas de gubernamentalidad, que no son la de la razón de Estado, la
liberal y la neo-liberal, sino la gubernamentalidad de las multitudes.
Ciertamente hay temas más técnicos que tienen
que ver con los procedimientos y las rendiciones de cuentas, procedimientos y
rendición que se tiene que hacer en el contexto de la participación social. La
rendición de cuentas debe ser abierta y a la sociedad, debe ser transparente y
debe responder a los compromisos con la transformación no solo institucional
sino también de la realidad social. Ahora bien los procedimientos son múltiples
y variados, dependiendo de lo que se trata, de las políticas y de las tareas,
de las funciones, de los controles y las operaciones. Este tópico de los
procedimientos no se lo puede resolver en el anteproyecto de ley, tiene que ser
tratado en las reglamentaciones y atendiendo a las problemáticas concretas.
Hay otros dos temas más que contempla el
anteproyecto de ley y que vale la pena mencionarlos; uno es el que tiene que
ver con la gestión de las empresas públicas y el otro tema es el del
presupuesto y la contabilidad. En lo que respecta a las empresas públicas la
Constitución establece la necesidad que el Estado participe en toda la cadena
productiva e incursione decididamente en la transformación del modelo
económico, hoy por hoy primario exportador, es decir, modelo extractivista. La
Constitución prohíbe taxativamente exportar materias primas. El Estado entonces
debe plantearse la industrialización de los recursos naturales. Las empresas
públicas deben cumplir con esta tarea, aunque también se comprende la
conformación de empresas públicas de servicios. En ambos casos el Estado se
mueve con los recursos naturales declarados estratégicos y destinados al vivir
bien. El papel del Estado se encuentra en el contexto de la parte
constitucional que titula Organización Económica del Estado, parte que define
la finalidad de construir una economía social y comunitaria, además de entrar
en armonía con la naturaleza, de garantizar la biodiversidad, los equilibrios
ecológicos, los usos limpios de la energía. Entonces, como se ve, asistimos
también a una nueva concepción de empresas públicas, que ya no son aquellas que
formaron parte del proyecto de sustitución de importaciones, en la intención de
la revolución industrial, sino aquellas que deben crear una transición al Vivir
Bien respondiendo a las demandas del mercado interno, quizás incluso al
proyecto de una segunda revolución industrial digital-cibernética. Esto
equivale a desplazarse a una nueva concepción de la gestión de las empresas
públicas. Algo que no se hizo en el anteproyecto de ley en consideración.
Hablando de las transformaciones de la gestión
pública también el anteproyecto toca un tema neurálgico, el tema del
presupuesto, que quizás es uno de los más importantes desde el punto de vista
de la condición material económica de la realización de la gestión misma. Este
es el lugar más importante pues se decide la disponibilidad de los recursos
para el funcionamiento del Estado. Dependiendo del tamaño del presupuesto, de
su composición, se determina el carácter mismo del funcionamiento del Estado y
el carácter de su reproducción. En la transición hacia un Estado plurinacional
comunitario y autonómico, la decisión sobre la estructura de presupuesto es
decisiva pues determina la dirección misma de los recursos. En el anteproyecto
el tratamiento de este tema también es uno de los más conservadores. Se sigue
manteniendo los criterios centralistas heredados del presupuesto, no se avanza
en el presupuesto participativo, por lo tanto tampoco se viabilizan aperturas
para avanzar en esta perspectiva.
Lo mismo ocurre con un tema íntimamente
vinculado al presupuesto que es el de la contabilidad, el de las llamadas las
cuentas nacionales. También ocurre lo mismo; el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas no ha querido ceder estas herramientas imprescindibles,
herramientas que son claves en la configuración de una estructura de poder en
el mismo gobierno.
Ambos temas deben ser discutidos y ventilados
abiertamente, el del presupuesto participativo y el de las cuentas nacionales,
sobre todo cuando se trata de transformar, de orientar las políticas en el
sentido de la transformación, más aún cuando se trata de transformaciones que
se orientan a abrir un horizonte pos-capitalista.
Hasta aquí una evaluación del anteproyecto de
ley de gestión pública, el mismo que ha quedado pendiente, pues nunca se lo
presentó al gabinete para su consideración. En adelante nos concentraremos en
la problemática intercultural, que el mismo anteproyecto aborda como un eje
primordial de la nueva gestión pública.
Gestión intercultural
Haciendo una evaluación de las dos gestiones de
gobierno, desde el 2006, se puede concluir taxativamente que no hubo
incorporación de la interculturalidad a la gestión pública, como tampoco hubo
un cambio de gestión. Se mantuvo la gestión liberal, las mismas normas y la
administración de las normas, las mismas prácticas, por lo tanto se restauró el
mismo Estado-nación. En esta situación es muy difícil esperar transformaciones
interculturales de la gestión. Lo que se hizo de manera muy poco creíble es
pedir el aprendizaje de las lenguas nativas a los funcionarios. Se abrió un
viceministerio de descolonización y una unidad de des-patriarcalización en el
viceministerio. No se puede decir que estas modestas creaciones corresponden a
dispositivos interculturales, a pesar de los matrimonios andinos que ha
propiciado el viceministro. La gestión en su conjunto del gobierno se ha
seguido moviendo en los marcos de la estructura y la concepción normativa
liberal, hasta neoliberal, si consideramos la famosa ley 1178, que es una ley de
control y administración. El gobierno no se ha planteado una discusión seria
sobre el problema de la interculturalidad en la gestión pública, ha optado por
seguir en las mismas prácticas y ofrecer algunos cambios simbólicos y de
nombres, que no tienen mayor trascendencia en la gestión misma.
¿Cómo explicar este rezago, esta inercia, este
estancamiento de la vieja institucionalidad? Este rezago está relacionado con
la cuestión estatal no resuelta. La arquitectura estatal, la maquinaria del
Estado, sus formas, sus engranajes, sus agenciamientos, dispositivos y
prácticas se mantienen persistentemente. No se ha desmantelado el
Estado-nación, el gobierno se encuentra preso en este condicionamiento
institucional, jurídico y político. Esta herencia estatal es como la matriz y
la estructura del poder, de las relaciones de poder, de las relaciones de
fuerza, que son relaciones de dominación. Una de las formas de dominación es
precisamente la cultural. El desconocimiento y el encubrimiento de las culturas
ancestrales de las naciones y pueblos indígenas originarios forman parte de la
deculturación y aculturación, pero sobre todo de la violencia simbólica contra
otras expresiones comunicativas, simbólicas e interpretativas. Los proyectos
indigenistas de los gobiernos populistas lo que hacían es acentuar la condición
de supeditación y subordinación de las culturas nativas, convirtiéndolas en
folclore o reconocimiento de museo, quizás también como recurso ideológico,
como antecedente del mestizaje. Ahora bien, en la medida que esta condición de
subalternidad se mantiene, no es modificada radicalmente, sobre todo en lo que
tiene que ver con sus relaciones con las formas institucionales, la
interculturalidad no es posible.
En relación a esta problemática lo que llama la
atención es la disociación entre lo que ocurre socialmente y lo que pasa
institucionalmente. Hablamos de sociedades atravesadas por el entrelazamiento
cultural, por sincretismos, simbiosis culturales, también por resistencias
culturales y actualizaciones culturales; empero estatalmente la mono-cultura
dominante se impone, es la cultura oficial, la lengua oficial, el referente
oficial el que se usa. Ciertamente se han incorporado en la ceremonialidad del
poder rituales andinos, empero estos son como adornos en el despliegue de
representaciones nacionalistas persistentes.
En contraste, la interculturalidad se hace
posible cuando la interpretación entre las culturas se da de manera horizontal,
cuando los horizontes históricos culturales, la diferencia de los horizontes
culturales, son constantemente abiertos en la circulación e intercambio
cultural. Para que esto ocurra es indispensable salir de los marcos en los que
se mueven las relaciones de dominación. En la creación de estas condiciones
pueden jugar un papel de apertura, de liberación y potenciamiento precisamente
las transformaciones institucionales y el reconocimiento de derechos colectivos
y comunitarios.
Sin embargo, en esta discusión hay que
distinguir la interculturalidad que viene del pluralismo liberal, de la
interculturalidad emancipadora que trata de ser construida como propuesta
indígena. La diferencia radica en que el multiculturalismo liberal reconoce la
existencia de otras culturas a partir de la centralidad de la modernidad
dominante. Forma parte de la ampliación de derechos. En tanto que el la
interculturalidad emancipatoria deviene de un pensamiento pluralista y la
condición pluralista de las culturas, esto equivale a no tener una centralidad
sino redes, mallas, tejidos de encuentros, haciendo posible un juego de
interpretaciones y de-codificaciones. Incluso la diversidad cultural se abre a
modernidades heterogéneas.
Empero la pregunta es: ¿Cómo se hace posible
una interculturalidad emancipatoria? Acompañando esta pregunta, en relación a
la gestión pública intercultural, debemos también preguntarnos: ¿Qué es una
gestión pública intercultural? ¿Cómo se conforma una gestión pública
intercultural? A estas preguntas vamos a tratar de responderlas
hipotéticamente, pues estos temas requieren de experiencia y experimentación.
En todo caso una mirada teórica del problema sobre todo de las posibilidades de
aplicación puede ayudar a comprender el alcance de las transformaciones
pluralistas de la gestión pública, sobre todo el alcance de las
transformaciones interculturales de la gestión pública.
La primera hipótesis, que ya lanzamos y la
retomamos, es que la transformación intercultural de la gestión pública
requiere de una revolución cultural y de que esta revolución cultural implica
la movilización general. Una transformación del Estado no se hace sin
movilización. En este escenario hay que tomar en cuenta varias cosas, una de
ellas es que se requiere tener plenamente informada a la población sobre los
alcances de la revolución cultural, sobre la riqueza y la complejidad de la
interculturalidad, sobre la necesidad de las transformaciones interculturales
de la gestión pública, sobre la significación de una gestión pública
intercultural. Una segunda condición que tiene que cumplir esta movilización
por la revolución cultural es la comunicación en las lenguas, pero también en
las culturas, lo que implica el uso de los imaginarios y sistemas simbólicos
implícitos. Esta movilización debe convertirse en una fiesta de encuentros
culturales donde todas las naciones y pueblos sean convocados para mostrar sus
más ricas formas de expresión como aporte a la revolución cultural.
Ahora bien, cuando se trata de la gestión
pública intercultural, es importante que las culturas ocupen el espacio
público, se hagan cargo de las transformaciones interculturales de la gestión
pública, que aporten a los cambios de las normas, comportamientos, conductas y
prácticas de la gestión. Sobre todo es importante la irrupción de los códigos
culturales. La transformación estatal tiene que ser apropiada por las culturas,
por las naciones y pueblos, por sus formas de organización, por sus formas
institucionales. Esto implica ya pensar en un Estado no sólo como Confederación
de naciones y pueblos sino también como Encuentro Permanente de Culturas, donde
se dé lugar la interpretación abierta entre las mismas, enriqueciendo las
posibilidades mismas de la condición humana.
Todo esto parece una utopía, sobre todo por la
bondadosa figura del encuentro festivo de las culturas. En la medida que nos
movemos con figuras hipotéticas no se tienen en cuenta las dificultades, los
problemas, los obstáculos concretos, que tienen que ver con contradicciones y
microfísicas del poder, microclimas culturales, micro-políticas y
micro-sociologías locales. Más de un problema aparece cuando se efectúa, cuando
se realiza, cuando se pasa a la práctica. El ámbito de realizaciones o mas bien
los ámbitos de la realidad, son muchos mas complejos de lo que pueda elucidar
la teoría o el programa de transformación. Esta es razón suficiente para exigir
una constante evaluación, la apertura a la crítica y a la autocrítica, la
apertura a aprender, a construir colectivamente las transformaciones estatales.
Una de las condiciones de la transformación
intercultural tiene que ver con la transformación de los espacios públicos, con
la ocupación pluralista de los espacios públicos, con la reinvención de lo
público. Son estos contextos los que permiten la apertura concreta a las
participaciones sociales en la conducción de lo público. Ahora bien, en lo que
respecta a los procedimientos técnicos, a las normas específicas y a la
administración de las normas, sobre todo al manejo especialista de la función
pública, es indispensable que estas labores sean transparentes y ampliamente
conocidas, para que pueda hacerse seguimientos y se viabilicen observaciones y
correcciones desde los distintos sujetos involucrados. Como se puede ver, no se
niegan las tareas especializadas, sino que la especialización no debe
convertirse en una excusa para dar lugar a las separaciones entre especialistas
y profanos. Se debe dar apertura a la revisión pública de la práctica de
funciones y de tareas especializadas, sobre todo buscando la circularidad, la
rotación, la administración abierta y el control social.
Otro tema importante que hay que introducir, en
relación al alcance de la revolución cultural que comprende la
interculturalidad emancipadora, es la liberación de las capacidades y
potencialidades de las culturas, sobre todo de las que han sido inhibidas por
la modernidad. Esto implica la liberación de las potencias creativas y de los
imaginarios radicales. Esta tarea también implica abrir la promoción de
investigaciones sobre la arqueología y la genealogía de las culturas,
abriéndose a la memoria profunda de las mismas, a sus umbrales y horizontes.
Conclusiones
Una primera conclusión tiene que ver con las
resistencias gubernamentales a los cambio y transformaciones, concretamente se
niegan cambiar sus prácticas, la gestión pública. Esta es la razón por la que
el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e
intercultural ha sido archivado.
Una segunda conclusión tiene que ver con la
necesidad de vincular la condición intercultural del Estado plurinacional con
el conjunto de transformaciones pluralistas del Estado. La interculturalidad en
la gestión pública depende de la creación de condiciones de posibilidad
histórica, que tienen que ver pues con la construcción del Estado plurinacional
comunitario y autonómico.
Una tercera conclusión tiene que ver con que la
transformación intercultural de la gestión pública está asociada a la
revolución cultural y a la movilización general. Revolución cultural que busca
la revolución de las conductas, los comportamientos, las prácticas y las
mentalidades.
Una cuarta conclusión tiene que ver con la
interculturalidad emancipadora, concepción que exige una Confederación de
Naciones y Pueblos además de un Encuentro Permanente de las Culturas abiertas a
una interpretación horizontal, creativa y potenciadora de las relaciones
inter-subjetivas.
Las organizaciones a las que
alude el expositor son: la cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo
de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS) y la
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).
