Descolonización y transición

Descolonización y transición

Raúl Prada Alcoreza

¿Qué se entiende por colonialismo, descolonización y colonialidad?

Debemos acercarnos a los problemas a través de las estructuras de pensamiento; de alguna manera podemos decir que los problemas dependen de las estructuras de pensamiento. Éstas los inventan o los construyen; por lo menos están asociadas estructuras de pensamiento y problemas. No podemos separar las formaciones enunciativas de las reglas que definen los juegos de verdad. El colonialismo a pesar de ser una realidad cruda y expansiva desde el siglo XVI, asociada a la expansión capitalista, al ciclo del capitalismo del mediterráneo, no es tratado como materia del discurso teórico hasta mucho después. Si bien se puede decir que se desplegaron discursos anticoloniales constatables desde el siglo XVIII, conformándose de un modo moderno durante el siglo XIX, es a mediados del siglo XX, sobre todo después de la segunda guerra mundial y las consecuencias irradiantes de las revoluciones orientales, la rusa (1917) y la china (1949), cuando se construye un discurso descolonizador articulado al discurso antiimperialista. Uno de los artífices de esta construcción es indudablemente el intelectual crítico martinico Franz Fanon (1925-1961). Diremos que la teoría sobre el colonialismo está íntimamente ligada al discurso descolonizador; podríamos decir que es la voluntad descolonizadora la que ilumina sobre la problemática del colonialismo y la colonialidad. Lo que permite hacer ver de manera más estructurada las formas de dominación colonial, su subsistencia y perdurabilidad, dando lugar a la colonialidad en las sociedades llamadas poscoloniales, es decir, a la herencia colonial en los países independizados. Sin embargo, a pesar de esta constatación, de que el discurso descolonizador se da con bastante posterioridad al hecho colonial, no podemos de ninguna manera desentendernos de expresiones y discursos anticoloniales que aparecieron con anterioridad; primero durante el siglo XVIII y después durante el siglo XIX en el continente americano, atravesado por las guerras anticoloniales y por las guerras de independencia.  Durante estos dos siglos se extiende la crisis de los dominios coloniales extraterritoriales británico, español y portugués. Se trata de discursos anticoloniales heterogéneos y diferenciados. Durante el siglo XVIII en los Andes se desata una guerra anticolonial indígena que cuestiona las mediaciones coloniales de los caciques y el dominio de las autoridades coloniales, configurándose un proyecto político cultural de reconstitución que adquiere distintas tonalidades en los distintos periodos y contexto del conflicto. Durante el siglo XIX se conforma un nacionalismo criollo articulado al discurso liberal, vinculando los conflictos locales y regionales a un ideario republicano o patriótico. Se puede decir que el ámbito de esta formación discursiva política tiene dos umbrales, uno que corresponde a la guerra anticolonial norteamericana (1775-1783) y el otro que corresponde a la revolución independentista de los esclavos africanos en la isla La Española (1795), inspirada en la revolución francesa, revolución que emite la declaración de los derechos del hombre. Pero también se puede decir que el ámbito de esta formación discursiva política anticolonial se abre a horizontes que no terminan de desplazarse.

En toda esta historia de la problemática colonial no pueden confundirse las distintas formaciones discursivas y estructuras de pensamiento, no son las mismas interpretaciones. Las expresiones comunitarias nativas, ligadas a las estructuras del ayllu, son distintas a las invenciones políticas de los criollos andinos, usando un título de Marie Danielle Démelas[1]. En un caso hablamos de una combinación compleja y en transcurso de representaciones mesiánicas en combinación con cosmovisiones cíclicas del pachakuti, articuladas también con problemas de legitimidad de los caciques y mediadores entre el Estado colonial y las comunidades reconocidas. En el otro caso hablamos de la incorporación del discurso liberal a los conflictos de poder y representatividad entre criollos, mestizos y españoles, colocando como transformado a la comunidades indígenas. La incorporación liberal fue bastante complicada pues no era simple asimilarla en una coyuntura histórica atiborrada, definida por la invasión napoleónica al centro del imperio español, la abdicación del rey Carlos IV, la transferencia de la monarquía a Felipe VII, preso también del ejército francés, contando así mismo con pretensiones de la infanta Carlota Joaquina, en medio de los conflicto de las juntas que reaccionan a la ocupación, la de Sevilla y la Central. Una confusión que lleva a los primeros levantamientos a hablar a nombre del rey, acudiendo a la legitimidad del monarca, incluso en contra de las autoridades coloniales, los virreyes y las autoridades de la Audiencia de Charcas[2]. Este discurso adquiere ribetes cada vez más liberales en la etapa de la elaboración de las constituciones, después de la guerra de independencia.

Durante el siglo XX emergen otras estructuras de pensamiento y formaciones discursivas que ponen en cuestión las herencias coloniales, podemos identificar entre éstas a las alocuciones indigenistas en el despliegue de estos discursos. Habría que remontarse a la experiencia de las escuelas indígnales ambulantes que se inician en 1905, recorriendo ayllus y comunidades para enseñar el alfabeto. En esta secuencia, cinco años después, debemos tomar en cuenta la publicación de la Creación de la pedagogía nacional de Franz Tamayo, que con una visión vitalista define al indio como fuente de la energía nacional. Después de la guerra del Chaco los gobiernos nacionalistas van a retomar la perspectiva indigenista de una manera más integral vinculándola a las políticas públicas y a las estrategias nacionales. Primero será el gobierno militar de Gualberto Villarroel el que se comprometerá en abrir espacios para las reivindicaciones indígenas en el Estado, después será la misma revolución nacional de 1952 la que conforme institucionalmente una política indigenista en el marco del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los nacionalismos articulan el indigenismo en la perspectiva del mestizaje. Comparando nacionalismo y liberalismo, si el liberalismo quería civilizar a las poblaciones nativas, el nacionalismo buscaba su mestización. Ambos proyectos buscan la incorporación modernizadora al Estado de los pueblos nativos, desconociendo la historia, la cultura, la civilización propia de las naciones y pueblos indígenas, aunque recogen preocupaciones por la condición y destino de las poblaciones nativas. También podemos decir con cierta certeza que ambos proyectos no cobran conciencia de que no dejan de ser prolongaciones de las políticas coloniales, aunque se den por otros medios y caminos, con otras metodologías, utilizando un discurso indigenista.

Habría que preguntarse si de esta colonialidad del saber escapa el marxismo boliviano de aquellos tiempos. Por razones de espacio no podemos hacer una evaluación descriptiva de los autores considerados marxistas, empero podemos seleccionar algunos, que por su incidencia en el tema son importantes. Uno de ellos es indudablemente Gustavo Navarro, que es más conocido por su seudónimo, Tristán Marof. A diferencia de una interpretación mas bien culturalista del indigenismo Tristán Marof va tocar claves materiales de la emancipación indígena. En la Tragedia del Altiplano comprende que lo que interesa al indio no es su instrucción inmediata sino su libertad inmediata. Vale decir, su independencia económica, la ruptura de su sumisión con el patrón, la reivindicación de sus condiciones de hombre[3]. El discurso marxista introduce en la interpelación a la explotación la perspectiva de la emancipación del trabajo, la toma de tierras y la nacionalización de las minas. Es conocida la consigna de Tristán Marof de tierras al indio y minas al Estado. Reivindicaciones con las que cumplen la revolución nacional de 1952 con la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Ante la elocuencia de este discurso y ante las medidas de la revolución, habría que hacerse una pregunta: ¿Se agota en este discurso y con estas medidas la problemática colonial? Retomando lo que dijimos, podemos afirmar que no se resuelve de ninguna manera la problemática colonial con la incorporación del indio a la llamada civilización, que no es otra cosa que la imitación de modernidad, tampoco con su incorporación al Estado, así mismo no se resuelve el problema con la reforma agraria y la emancipación económica. Estas soluciones políticas suponen una perspectiva colonial, considerar que la civilización es la occidental, consolidada después como cultura moderna, y que de lo que se trata es de civilizar, modernizar y liberar económicamente al pongo. Lo que ha hecho precisamente la dominación colonial es destruir las civilizaciones, las culturas, las instituciones nativas, atravesando los cuerpos, inscribiendo su dominio como historia política en la superficie de los mismos, induciendo a comportamientos y conductas de sumisión. La dominación colonial es polimorfa, afecta el ámbito de las subjetividades, se efectúa en la desconstitución de sujetos colectivos y trabaja la constitución de sujetos sumisos, domesticados, después, con el establecimiento de las instituciones modernas, trabaja la constitución de sujetos disciplinados. Por eso, si bien podemos aceptar que de alguna manera, los discursos liberales, nacionalistas y también de la izquierda tradicional se enmarcan en el horizonte del  derrumbamiento de las potencias coloniales, no llegan a ser discursos descolonizadores, no responden a la problemática de la dominación civilizatoria, tampoco de la crisis de la modernidad y su universalización.

Las anotaciones de Karl Marx en los Cuadernos Kovalevsky nos muestran un interés por aprender sobre las comunidades campesinas, sus orígenes, su pervivencia y su posibilidad alternativa a superar el capitalismo, sin esperar el desarrollo del capitalismo en la periferia del sistema-mundo. Esta lectura abre la posibilidad de pensar la condición multilineal de la historia, escapando a esa visión reduccionista y evolucionista de la linealidad de los modos de producción. Planteando también otras posibilidades de transición del capitalismo al comunismo[4]. En esta perspectiva se encuentra también las tesis de Marx sobre el modo de producción asiático, mostrando la necesidad de una interpretación histórica diferente de las formaciones económicas sociales y modos de producción de las civilizaciones asiáticas. Aunque Gayatri Chakravorty Spivak critica esta forma de manejar una excepción histórica, la del modo de producción asiático, inventándose otra homogeneidad asiática sin poder ver la pluralidad de formaciones y multinilealidad de historias,  queda claro que no se puede asumir la historia europea como historia universal[5]. Así mismo queda planteada la necesidad de discutir el concepto de modo de producción.  Estos desplazamientos de Karl Marx, incluyendo las cartas a Vera Zasulich, muestran búsquedas alternativas comprendiendo la evidencia deferencial de los procesos históricos[6]. Estos análisis, tomando en cuenta también a los Grundrisse, estuvieron ausentes en las lecturas y reflexiones de la izquierda tradicional, en gran parte porque las publicaciones y traducciones vinieron con posterioridad. Sobre todo no fueron atendidas sus consecuencias cuando se trataba de definir estrategias y tácticas políticas en las luchas sociales de cada país. Fueron los estudiosos de la obra de Karl Marx los que terminaron introduciendo estos tópicos, frecuentemente en la formación académica, teórica e investigativa. Ahora bien, retomando la crítica de Gaya Chakravorty Spivak, podemos decir que, de todas maneras, Marx no dejó de ser un hombre de su tiempo y no dejó de pertenecer a la episteme naciente de la modernidad. Se notan condicionamientos epistemológicos de la economía política inglesa, por lo tanto también de concepciones liberales sobre el capitalismo, también es notoria la perspectiva en un horizonte eurocéntrico en expansión[7].  No se puede esperar que en aquel tiempo se desarrolle una tesis descolonizadora sobre el capitalismo. Estas tesis vendrán después; los portadores serán intelectuales que emergen de la experiencia dramática del colonialismo.

El colonialismo moderno, del siglo XVI adelante, corresponde a la expansión violenta del capitalismo como acciones sucesivas de conquista, ocupación de territorios, sometimiento de poblaciones, extracción desmesurada de los recursos naturales, explotación, sometimiento y esclavización de las poblaciones nativas y africanas. Por esto mismo el colonialismo está asociado con la expansión universalizadora de la modernidad, aunque ésta al implantarse en territorios periféricos del sistema-mundo sufra adecuaciones heterogéneas. Lo que significa que el colonialismo no es solamente la dominación de las potencias europeas, tampoco solamente la dominación del capitalismo a escala mundial, sino la dominación de la civilización occidental de acuerdo a los códigos de la modernidad. Por lo tanto la lucha contra el colonialismo implica esta comprensión múltiple y compleja, también integral, del fenómeno colonial, lo que implica el combate en múltiples niveles a las formas y engranajes de dominación colonial, particularmente interesa la lucha contra la dominación civilizatoria, eurocéntrica y moderna. Lucha múltiple que implica abrirse a los diferentes proyectos civilizatorios inhibidos con las conquistas y los ciclos coloniales. En el continente de Abya Ayala, llamado América, implica la interpretación del presente y su futuro alternativo a partir de su pasado contenido, bajo la interpretación de las cosmovisiones indígenas. Esta lucha anticolonial, descolonizadora, es también una lucha anti-imperialista y contra el capitalismo.

La descolonización significa revertir la cristalización en los huesos de la violencia colonial contra las estructuras, instituciones y formas de la dominación colonial[8]. Significa alternativamente la deconstrucción, el desmontaje, desandando el camino, de los engranajes, las maquinarias y las prácticas de la colonialidad. Lo que también implica la desconstitución de subjetividades sumisas, domesticadas y sometidas, así como la constitución de subjetividades de resistencia, de emancipación, abiertas a distintos posicionamientos del sujeto liberado, en sus condiciones individuales, grupales, colectivas, comunitarias y multitudinarias. La descolonización significa también transiciones múltiples, institucionales, políticas, económicas, sociales y culturales. En Bolivia el camino optado de la transición descolonizadora tiene el nombre de Estado plurinacional comunitario y autonómico. Lo que comprende un nuevo mapa institucional, la transformación estructural del Estado de acuerdo a su condición plurinacional y comunitaria, también de acuerdo al sistema político de la democracia participativa, en el sentido de un ejercicio pluralista de la democracia, directa, representativa y comunitaria. Así mismo comprende un nuevo modelo territorial de acuerdo al pluralismo autonómico establecido por la Constitución. Entendiendo los mandatos de la constitución, también comprende la transformación del modelo económico, abriendo caminos hacia la economía social y comunitaria. Estos tres modelos constitucionales, el de Estado, el territorial y el económico, se encuentran articulados por el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien.

            

Descolonización y anticapitalismo

Parece que la clave de la discusión de la coyuntura del proceso radica en cómo resolver la necesaria articulación entre la lucha anticolonial, que con el tiempo se transformó en una lucha anti-imperialista y también en una lucha descolonizadora, con la lucha anticapitalista, con la lucha de emancipación proletaria, en contra de la explotación del capital, de las formas de acumulación del capital. La pregunta en términos sociales y políticos puede traducirse del modo siguiente: ¿cómo articular la perspectiva de los movimientos sociales, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con la perspectiva del proletariado? Ciertamente no podemos contentarnos con el uso del término pueblo, que es demasiado amplio, aunque la convocatoria anti-imperialista acude a la movilización del pueblo contra la dominación e intervención imperialista. En el análisis de esta posibilidad, de la posibilidad de una articulación compleja y múltiple, que encare la combinación y composición de la lucha descolonizadora y anticapitalista, aparecen varios problemas. Detengámonos en algunos de ellos, sobre todo los más determinantes.

La perspectiva de los movimientos sociales se configura desde las capacidades inherentes de resistencias y auto-convocatorias autogestionarias de los sujetos y subjetividades interpelantes de las instituciones, las leyes, los ordenamientos jurídicos, políticos y sociales, las limitaciones económicas impuestas por las realidades económicas concretas. La perspectiva de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos deviene de las luchas anticoloniales del siglo XVIII; se trata de una acumulación política y cultural, de una interpelación a las formas del colonialismo, la colonialidad, incluso en sus herencias y condiciones poscoloniales. La perspectiva proletaria ha sido construida en la lucha económica y política de los trabajadores, con incidencia del discurso marxista y de las formas de organización partidista, que apunta a la revolución de los trabajadores contra las formas de explotación, de subsunción, de acumulación del capital. En las condiciones de los países periféricos, esta lucha adquirió las formas de una lucha anti-imperialista combinadas con las formas de una revolución que se nombró como ininterrumpida, permanente, guerra prolongada. En Bolivia adquiere el diseño de un programa de transición que combina las tareas propias del proletariado que apunta a una sociedad sin clases y las tareas no cumplidas por la burguesía nacional. En la jerga de los militantes se hablaba de la combinación de las tareas socialistas y las tareas democrático-burguesas. Esta interpretación se puede adscribir bien a las tesis sobre el desarrollo desigual y combinado, también a las tesis orientales elaboradas por Lenin, Trotsky y Mao Zedong sobre el desplazamiento de la revolución a los países dominados por imperialismo, con incipiente desarrollo industrial y poblados preponderantemente por campesinos.

Estas tres perspectivas, corresponden a distintas temporalidades, a distintos campos problemáticos, aunque también se superponen en contextos de realidad compartidos, conformados en la complejidad del sistema-mundo capitalista. Estas perspectivas han convivido de manera entrelazada en el estallido de la crisis múltiple del Estado y del proyecto neoliberal durante el periodo de movilizaciones de 2000 a 2005. Ciertamente, se puede notar, que los discursos preponderantes en este periodo, incluso desde antes, durante la última década del siglo XX, van a ser los discursos autogestionarios y auto-determinantes de los movimientos sociales, también los discursos críticos del colonialismo interno y de la de-colonialidad. En cambio el discurso obrerista y los discursos izquierdistas van a quedar rezagados, afectados por el derrumbe del movimiento obrero con la derrota de la Asamblea Popular (1971), también afectados por la derrota del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP; 1984), derrotas patentizadas con la frustración de la marcha por la vida de los mineros, que trataban de impedir la relocalización y el cierre de los centros mineros (1986). Lo que viene desplegándose desde la guerra del agua (abril de 2000) es la conformación de una perspectiva descolonizadora, plurinacional, comunitaria y autonómica. Perspectiva expresada en la concurrencia de distintos discursos, indianistas, populistas, nacionalistas, izquierdistas, también autonomistas, que no terminan de irradiar su propia hegemonía. Sin embargo logran darle una textura a la escritura de la Constitución Política del Estado. Esta convivencia discursiva, que no logra configurar una formación enunciativa plasmada, ha durado aproximadamente y dramáticamente la dificultosa temporalidad de la primera gestión de gobierno. Los primeros problemas aparecen en la propia Asamblea Constituyente, durante el proceso constituyente, también aparecen en el conflicto de Huanuni en el enfrentamiento entre mineros trabajadores de COMIBOL y cooperativistas mineros (2006). Sin embargo, los problemas de convivencia discursiva y de perspectivas se hacen acuciantes después de la aprobación de la Constitución, cuando hay que asumirla y aplicarla, con el objetivo de las transformaciones institucionales y estructurales económicas, políticas, sociales y culturales. Los enfrentamientos con el CIDOB, que exigía el cumplimiento de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, el respeto al territorio indígena y a las áreas protegidas, muestran patentemente el choque de enfoques diferentes, de discursos ya contradictorios y de perspectivas políticas distintas. El enfrentamiento se da entre un discurso populista-nacionalista y un discurso indianista descolonizador. También los enfrentamientos en Caranavi con las organizaciones sindicales campesinas y las instituciones locales muestran patéticamente que no es fácil conjugar intereses locales y los intereses del gobierno, perspectivas burocráticas institucionales y demandas específicas de desarrollo local. Hay pues una crisis del discurso campesino y del discurso populista. Así mismo, los enfrentamientos en el departamento de Potosí, con el Comité Cívico de Potosí, acompañado por otras instituciones y organizaciones del departamento, muestran las complicaciones del discurso autonomista, pero también muestran las contradicciones inherentes entre las regiones y la estrategia del gobierno central.

Avanzando en la revisión de los conflictos, podemos observar claramente que la crisis del gasolinazo ha destapado profundas contradicciones latentes del proceso (fines de 2010). El levantamiento popular contra el decreto de nivelación de precios muestra patéticamente el desarrollo de la contradicción entre las políticas públicas y el pueblo. Esta contradicción se ha vuelto el rasgo fuerte de la coyuntura crítica del proceso. Hay demandas económicas insatisfechas, también hay demandas políticas, que tienen que ver con la participación social en el marco de la democracia participativa, contradicciones en las lecturas del proceso de nacionalización. Después del decreto 748, de su abrogación, los precios de los bienes, sobre todo de los alimentos, subieron para no bajar, ocasionando grados de intensidad en el incremento de la inflación. Frente a esta situación, la COB reclama un incremento salarial acorde a la situación. El gobierno responde con un incremento del orden del 10%, empero la COB rechaza esta oferta y opta por una lucha salarial y económica, con algunos ribetes de crítica política, desatando un conflicto social en las principales ciudades capitales, sobre todo en la sede de gobierno. Este conflicto deriva con una prolongada movilización, en marchas y bloqueos de caminos, que sólo consigue arrancar al gobierno un 1% más de incremento sobre el 10% ya ofrecido. Podríamos decir que se ha movido una montaña para parir un ratón. Sin embargo, las características mismas del conflicto nos muestran tendencias a la reorganización del proletariado en el contexto de un proceso en crisis. Por eso es menester analizar las posibilidades de los sujetos involucrados, de sus perspectivas, sus discursos y sus estrategias políticas.

 Al respecto, la hipótesis interpretativa que podemos lanzar se expresa de la siguiente manera:

No se puede ser consecuentemente anticapitalista si no se es consecuentemente anticolonial, por lo tanto descolonizador; tampoco se puede ser consecuentemente descolonizador si no se es consecuentemente anticapitalista. Por lo tanto, es indispensable para salir del estancamiento del proceso, de la crisis política de la coyuntura, articular ambas estrategias, la anticapitalista y la anticolonial. Esto en términos organizacionales significa resolver las diferencias entre los sindicatos urbanos y los sindicatos campesinos; en términos políticos significa una discusión profunda sobre los alcances y límites de los discursos en concurrencia, proyectando la construcción consensada de una formación enunciativa que dé cuenta de la complejidad de la transición transformadora. En otras palabras, se requiere de una perspectiva que interpretante del diálogo necesario entre proletarios, movimientos sociales y naciones-pueblos indígenas originarios campesinos.  En términos teóricos se requiere elaborar una estrategia anticapitalista y descolonizadora; en términos prácticos se requiere responder a la pregunta sobre cómo articular la demanda de desarrollo de los trabajadores y la demanda por la soberanía alimentaria de los campesinos, decodificada en la perspectiva ecológica de armonía con los seres vivos de la madre tierra de las naciones y pueblos indígenas originarios.                

Contradicciones y transformaciones en el proceso

El proceso constituyente

Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el proceso constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas son fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Comenzó con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del gas? ¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de 2006? Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino debido a que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras. Empero la interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento histórico y político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis del Estado. ¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay consciencia colectiva de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado evaluando la concomitancia de los acontecimientos; empero la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que conviene tener en cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos, estos momentos de crisis del Estado, para comprender desde una perspectiva más amplia el proceso constituyente, a través de esta visualización.

¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la república? ¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación? Hay que construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas con-figurantes del proceso y de la guerra de la independencia. El panorama histórico de la época no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los proyectos republicanos en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa de del rey cautivo.

Lo que se formó entonces en el contexto de los quince años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia son las condiciones histórico políticas barrocas de un de una forma de Estado que era imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la materialidad práctica e institucional de la administración colonial, por lo menos en su escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló de “republiquetas”, casi definidas por el dominio de las oligarquías regionales y locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es que preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y regionales frente a los intereses de una burguesía continental o subcontinental, que en ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso se descartaron los grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y Simón Bolívar. Se puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre todas las parte al momento de la conformación de las administraciones políticas independientes. Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los famosos doctorcitos de Charcas, militares, sobre todo los del ejército independentista, no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se encontraban bajo tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En el caso de las repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente descartados, lo que no ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena formó parte de la estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre dos formas administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente a la administración colonial.  En esta independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos, indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que nace en estas condiciones es un Estado Pactante[9]; en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano, aunque conservando todos los modales coloniales. A propósito, se puede decir que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero entre las fuerzas victoriosas, aunque el caso británico nos muestre también un pacto entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de parte de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del Estado-nación se asienta en una victoria, algo que no terminó de ser concluyente en América Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con la revolución y la independencia de Haití, donde la revuelta de los esclavos comandados por François Dominique Toussaint-Louverture pone fin a la dominación francesa y a la esclavitud en 1795.

En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy bien esta complicada red de alianzas en El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María Luisa Soux[10]; se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis estatal en Entre la alianza y la confrontación de Pilar Mendieta[11]. Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos. Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan, empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca. Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la ciudadanía.

Hablar de Estado en estas condiciones es no solamente hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de la articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional, pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales, empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura, recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.

En un país perdido en los inmensos territorios de la periferia concurren intentos repetidos y minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por ocupar un edificio en construcción, algo así como una torre de Babel, empero esta vez no se trata de la proliferación de las lenguas sino de la abundancia de las formas políticas. En cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más tarde cuando la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se hace un observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio podrán ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El observador no puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la diversidad y variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses. Hay en todo esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de contingencia y de inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y habitarlo permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros lugares, donde mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas dispersas y barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos intempestivos de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a sospechar; es posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un proyecto, que en su materialidad práctica siempre va a ser una construcción inacabada, que además debe adecuarse constantemente a los rediseños y la escasez de material de construcción o a los cambios de insumos.

Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda a ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido presente en las cabezas de las elites, lo estuvo en Simón Bolívar, lo está ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal, volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites neoliberales.                   

En conclusión podemos decir que en la historia política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y reconstrucción constante, forma parte del imaginario liberal y también del imaginario nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos, de las edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin embargo, en esta historia, en la genealogía política del Estado, hay que considerar los recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se puede hablar así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies,  las ocupaciones temporales de distintos visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política,  a este complejo mapa institucional, que es el Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración, ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coerción. Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas, ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo, desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus formas deformadas de aplicación.

Historia de la Asamblea Constituyente

¿Dónde comienza esta historia? No puede por cierto restringirse esta historia a la descripción temporal de las constituyentes, convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y XX, diez y ocho en total[12], pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado, por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas constitucionales, como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes, convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior constitución y estructura de leyes sino a un viejo mapa institucional y el ejercicio del poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos. En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

La Crisis del Estado-nación         

Ya habíamos dicho que la construcción del Estado moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que expresa la crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto señorial, crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía colonial, crisis de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey preso por las fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y regionales. Todo esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata, pero también del monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis dada en el cierre de un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la hegemonía del capitalismo genovés, repetido con el cierre del ciclo del capitalismo bajo la hegemonía del capitalismo holandés, en plena apertura a un nuevo ciclo del capitalismo, el relativo a la hegemonía del capitalismo británico, que introduce dos cambios estructurales profundos en la composición del sistema-mundo capitalista: uno es el que tiene que ver con la articulación e integración del Estado con el Capital, el segundo es el correspondiente a la revolución industrial. La respuesta política a este contexto histórico crítico, que manifiesta los alcances y la complejidad de la conformación universal de la modernidad, van a ser, en el continente nombrado como América, las guerras de la independencia, por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando repúblicas, es decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas se constituye la República de Bolívar, que después va a ser llamada República de Bolivia.

Hay que anotar que cuando se habla de crisis del Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del Estado-nación, otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento mismo del Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países del continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento del Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad. Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente. Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva institucionalidad y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la periferia habrían aplicado también la violencia, empero a pesar de los aplastamientos de los pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el problema, dejando pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y la articulación de la formación económica y social, optando por la renovación incierta de pactos y acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que repetidamente han sido traicionados. Este es el caso de la República de Bolivia.

Que la crisis sea de inacabamiento no quiere decir que se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación. Esto parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras. La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios, proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad y al capitalismo.

De la resistencia a la ofensiva indígena y popular

Se puede decir que fueron cinco los procesos de modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales (1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y profundización fuel el correspondiente a la revolución nacional, todo esto sobre todo por las características de la propia revolución con clara participación obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que introduce, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a partir de la simbiosis del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América Latina, siendo el caso más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso de construcción del Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio de constituir un Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas mismas de la revolución, el proletariado tenía una versión propia de la construcción del Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede hablar así, tenían otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el proletariado se trataba de una transición al socialismo, para las clases medias y quizás también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática y burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias indefiniciones y ambigüedades, sus propios retrocesos y traiciones; los gobiernos nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la hegemonía norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del sistema de libre empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo norteamericano. Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución nacional cae por los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos alcances de la economía política del chantaje, es decir, de la corrupción, la corrosión de las formas administrativas por las prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento de los circuitos de influencia y de presión, así como de ocupación esporádica del complejo edificio de la construcción del Estado moderno.

El último proceso de modernización fue el proceso neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado, los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal, sin embargo es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga, este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945 hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marchas indígenas de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación, reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política, la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 se caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo de luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por la proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los movimientos, sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra del gas.  Estas movilizaciones en defensa del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí, confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron responsabilidades a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción ecológica y soberana de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial e irradiante del ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de septiembre de 2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la tierra sino también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese entonces se planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza. Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas, de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas, correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido, uno de los colores de la narrativa del awayo. Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada clase sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de las movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de movilizaciones son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de todo el proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del proceso constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su núcleo instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar apropiadamente la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.

La Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente tiene dos convocatorias; una práctica y efectiva dada por las propias movilizaciones, un cabildo en Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las movilizaciones de mayo y junio de 2005; otra formal dada por el Congreso. Estas dos convocatorias nos muestran el intervalo de la contradicción en la que se va mover la propia Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional, contradicción que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente y el poder constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto sino también todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo sucedido después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe sucede algo inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la redacción aprobada por los constituyentes, violando de esta forma los alcances ilimitados del poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por parte de un poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el Congreso. Esto se hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el objetivo era claro, limitar los alcances de la Constitución.     

La Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por un desfile apoteósico de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también por un desfile militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario donde se va a desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con 255 asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se puede ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía resolver el problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del Congreso, introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación por dos tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa dentro de la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática de la aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las decisiones. Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso de aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto, también se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por dos tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es tedioso y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto que detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea Constituyente.

Recurriendo a la comparación, tomemos en cuenta la solución por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador respecto del problema de la aprobación, en este caso se aprueba por mayoría simple. En Bolivia, teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría absoluta, sin embargo, como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los dos tercios. La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio. Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo parecido al de la comisión de reglamento.

Sobre qué nos ilustra esta experiencia; primero que el conflicto se explica en gran parte por la contradicción inherente entre el poder constituyente y el poder constituido; segundo que es muy grave no tomar en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes, quienes evalúan las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea, esta desconexión entre la experiencia de los constituyentes de la bancada mayoritaria de la Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves, debido a órdenes y orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia dirección de la Asamblea; se pierde mucho tiempo en problemas como el de la aprobación dejando pendientes las tareas primordiales como era de concentrarse en la estructura del texto constitucional y en la redacción de la Constitución.

Otro conflicto también pone en peligro la continuación de la Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido como el conflicto de la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación de Chuquisaca por el retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad de La Paz a Sucre, reivindicación asumida políticamente por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de la llamada “media luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es sumamente grave dada las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea Constituyente se encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla cuando se inicia el trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional, una vez cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto impide que se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo, de un año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea Constituyente para terminar con la redacción de la Constitución. Una vez cumplido el tiempo otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está obligada a contar con una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al alcance dos alternativas, una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus propias atribuciones, amplié su propio tiempo de funcionamiento, la otra, que el Congreso, quien había convocado formalmente a la Asamblea Constituyente, sea el que amplíe el plazo. Lo segundo significaba supeditarse nuevamente al poder constituido. Lastimosamente se decide por la segunda alternativa obedeciendo a las decisiones del ejecutivo. Estas supeditaciones constantes del poder constituyente  al poder constituido van a tener consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente sino también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre la redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con la aplicación de la Constitución.         

Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir que a pesar de las grandes dificultades y contradicciones que tiene que afrontar la Asamblea Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene que sufrir el texto constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra redactar y aprobar una Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato de las movilizaciones y de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea Constituyente se mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la fundación de un nuevo Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo Estado, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son constitucionalizados. Se plasman los valores y principios de las naciones y pueblos indígenas originarios, orientadores de la interpretación de la Constitución como el vivir bien, suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad, además de los principios universales democráticos.   En lo que respecta a la Organización Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía social y comunitaria en el contexto de la articulación e integración complementaria de la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque ecológico y territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este espíritu constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas sociales, es la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene que interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.

La Constitución es aprobada el  2008 en Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, es decir con el 64% de su conformación. La redacción de la Constitución es revisada por el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que afectan a 122 artículos. En términos cuantitativos la Constricción aprobada en Oruro es modificada en un 30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la aprobación del pueblo boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional  y el 25 de enero de 2009  el pueblo boliviano aprueba la Constitución Política del Estado  con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.

Interpretación genealógica de la Constitución

Se pueden hacer varias interpretaciones de la Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito. Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las normatividades colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido de la dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de la Asamblea Constituyente.

El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico político, establece que:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Este artículo, como dijimos, tiene que ser leído desde varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado; la caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado plurinacional comunitario y autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación. Constitucionalmente este Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar y construir el Estado plurinacional comunitario autonómico mediante transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, abriendo el espacio a formas de relacionamiento integrales y participativas entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumento de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da una clave fuerte para la transición:

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Esto es, el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la constitución respondiendo al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver al monoculturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, promocionando su reconstitución plena.

El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice que:

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.    

El artículo 2 de la Constitución convierte el carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización; se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por lo tanto el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al Estado-nación, al Estado centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en la transición fundacional del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales exige no sólo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto también implica un descentramiento profundo del Estado moderno por la forma de organización del nuevo estado, que exige un pluralismo institucional. Otro tópico importante tiene que ver con los territorios indígenas, territorios que no sólo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural sino que implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. A esto es a lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Mas bien el Estado está constituido por autonomías, la forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado; el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial, sino también avanzar por los caminos de la emancipación.

En el artículo 3 se define al pueblo, tema que fue de fuerte discusión en la bancada del  Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define, mientras otros planteaban que dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. Como se puede ver, es la segunda posición por la que se optó prácticamente en consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios, quedando con una descriptiva, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. Por eso el artículo expresa que:   

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

 Al respecto debemos hacer una aclaración, cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.

Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, el carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter descolonizador y el carácter pluralistas de la Constitución. Es así como comienza la Constitución, con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento universal, con el pensamiento moderno, se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los mismos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica, descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular nos son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la Constitución se encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado, moviéndose en un círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la restauración. El quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de clases y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía, no la defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.

Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión; el artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de establecer los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo 8, donde se definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí saltaremos al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.

El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo, dice expresamente que:

La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Esta es una declaración primordial democrática, supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo por que contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes nos muestran la presencia todavía de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto sobre todo cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 defina a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como dijimos más arriba, la característica del Estado como social de derecho se encuentra en una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la Constitución es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.

El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también nos encontramos con la combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos entonces de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo a su propia compleja composición, hablamos del ejercicio de la  soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales, el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del proletariado, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.

Cuando se dice que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, no se dice otra cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La tesis afirma que del poder constituyente emana el poder constituido; pero el problema es que esta institución termina limitando al poder constituyente, limitando los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido es la teoría que establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta se da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben darse de tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las puertas del aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente atraviese la propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento, llegando a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo que se trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente, interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.

No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que podríamos llamar los principio negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en discusión por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes dicen que no son principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en discusión por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que sigue:

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: … suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Estos valores son primordiales pues tienen que ver con el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto a la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien. Entonces el vivir bien se convierte no solo en una transversal en el texto constitucional, en la estructura del texto, sino también en un macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, social y comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la aplicación de la Constitución.

¿Qué es el vivir bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador, se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kausay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones puntuales, que tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en contextos específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. También se dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado al término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y Movimientos sociales Contra el Cambio  Climático, por el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien. En otras palabras, el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta a la invención de horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta discusión puede ser esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se hacen en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta perspectiva?

El vivir bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de lograr una armonía con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de lograr un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido es una búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como los relativos a la soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al calentamiento global, a la pobreza, a la explotación, a la discriminación, a las dominaciones polimorfas sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía?  Se podría decir que sí sobre todo si pensamos el horizonte emancipador que abre, pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.          

La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios sino también valores democráticos largamente conquistados y posesionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios sustentan la predisposición ética en la perspectiva del vivir bien, con lo que resulta que el vivir bien es también una construcción posible desde los valores democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, también la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.

En el capítulo tercero sobre el sistema de gobierno se produce uno de los desplazamientos más importantes en lo que respecta al ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del contra-poder, pues se constitucionaliza no sólo la participación sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, creando nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.   

El artículo 11 establece en el numeral I que:

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y también la concepción de un pluralismo democrático. Esto es retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia, formas plurales que además comprenden dos figuras avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en lo que respecta a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo que respecta a la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en lo que respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también tiene que ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas. 

En el segundo numeral el artículo dice que: 

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

Este ejercicio directo de la democracia es el que reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos como recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? Ciertamente en el mismo artículo se dice que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir la experiencia de la participación para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley. 

Ciertamente la forma de la democracia representativa es la más conocida, además es la que funciona en los sistema políticos republicanos, que consideran que la forma representativa es la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa se ha ido ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia representativa con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, también de la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo se pueden resolver si salimos del círculo de la democracia representativa y se profundiza la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como son la democracia directa y la democracia comunitaria.

En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:      

Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y     secreto, conforme a Ley.

El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo al reconocer las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.

En el artículo se define así a la democracia comunitaria:

Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Por lo tanto el ejercicio plural de la democracia se da en esta composición rica de formas democrática, en su ejercicio propio de cada una de estas formas, en la combinación y complementación de las mismas, en la articulación de estas formas que conforman un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.

En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose un nuevo órgano o, mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social, que además debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan éstos. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los  movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios, era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente, se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.      

El artículo 12 establece que:

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y defensa, como se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al respecto. Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede llegar interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.

El enunciado del numeral citado es el siguiente:

Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

Dejando claro que se trata de órganos independientes los correspondientes a la organización del Estado, recogiendo además implícitamente la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes, ni tampoco una invasión de los mismos, ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.

Esta figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:

Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Conclusiones

Se hizo el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de la aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, que trata sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una manera integral.

Para comenzar con las conclusiones podemos decir que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, correspondiente a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial que está caracterizada como de la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa la muerte constitucional del Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado al desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, al desconocer sus instituciones, normas y procedimientos propios.

Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado, una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Se ha mostrado que una manifestación de la crisis se da en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder, también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista como la de un Estado en construcción y articulado a circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos,  ocupaciones de disímiles grupos de poder. Después de una evaluación de los intentos de modernización del Estado y teniendo en cuenta los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, además de la crisis del proyecto neoliberal, del desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se deduce que se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna, condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también entonces las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.

El análisis ha remarcado el sustrato de proceso constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Es este sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas, y un plano de consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria, estos movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Asamblea que se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan trucar el proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.

En lo que respecta al modelo de Estado, a los doce primeros artículos analizados de la Constitución, hemos visto que los tres primeros artículos configuran el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, exigiendo una epistemología pluralista y dando apertura a transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos analizados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria.            

               

La crisis del proceso

Antes una anotación sobre el concepto de proceso, prosessus, en latín, que significa ir adelante, hacia un fin, comprendiendo el transcurso del tiempo, fases sucesivas; hay en la idea de proceso un presupuesto acumulativo, también evolutivo, incluso de transformación. Está claro que el concepto contiene el sentido teleológico, de encaminarse a un fin, y de alguna manera que todos los componentes del proceso están articulados, no necesariamente como una unidad, empero sí afectando simultáneamente una dirección, una orientación. También puede entenderse el proceso como una producción, usando la metáfora del proceso productivo, donde se controla la transformación de las materias primas en el proceso productivo mediante la intervención de los medios de producción, la tecnología, y la fuerza de trabajo, la administración de la composición del capital, llegando a la realización del producto y la valorización del valor. Ciertamente hay que comprender que se trata de una metáfora cuando se usa el concepto de proceso para referirse a los acontecimientos políticos, a la lucha de clases, a la lucha descolonizadora, pues en este caso no se controlan las condicionantes, los factores intervinientes, las múltiples singularidades intervinientes. Lo que da la sensación de un cierto control, de una afectación, es la fuerza de las movilizaciones, la fuerza de la multitud, la fuerza de la masa, la participación de las organizaciones, el flujo interpretativo de los discursos interpeladores. Para que haya proceso, en el sentido riguroso del término, es menester que se dé una constante afectación, cambio y transformación de las condiciones, factores, estructuras, instituciones, relaciones, singularidades intervinientes. De alguna manera una especie de control de la composición del acontecimiento. En la medida que la transformación de las condiciones no se da no es tan fácil sostener hablar de proceso para referirse a la coyuntura y a las coyunturas del periodo crítico. En este sentido lo que vamos a hacer es poner a prueba el concepto de proceso en relación al periodo de crisis y de emergencia que se vive en Bolivia desde el 2000 al 2011. 

Es imprescindible hacer una reflexión teórica sobre el proceso que vivimos, llamado proceso de cambio; reflexión teórica pues requerimos evaluar la complejidad del curso de los acontecimientos inherentes, sus articulaciones, complementariedades y vecindades, la fuerza de sus tendencias, la correlación de fuerzas, los ritmos, las resistencias y obstáculos al cambio. Sobre todo responder a la pregunta: ¿Por qué está en crisis el proceso? Decimos que hay crisis por las evidencias que se presentan en la coyuntura del proceso: 1) el proceso se ha estancado, no puede realizarse, seguir ascendiendo, continuar con los cambios, con las transformaciones; 2) no se aplica la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo boliviano, al contrario, en vez de lograr las transformaciones institucionales, las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales, se mantiene la vieja maquinaria estatal, se restaura el Estado-nación, se mantienen las normas y prácticas liberales; 3) se producen enfrentamientos entre el gobierno indígena y popular con el pueblo, con las organizaciones indígenas originarias, con sindicatos campesinos y organizaciones e instituciones regionales, ciertamente también con los sindicatos obreros y de los sectores urbanos de maestros y trabajadores de salud; 4) se devela con la medida de nivelación de precios, llamada popularmente gasolinazo, las profundas contradicciones y estancamiento del proceso. Al respecto de esta medida conocida popularmente como gasolinazo, se trata de una medida antipopular, pensada desde la más cristalizada mentalidad monetarista, medida de shock, que termina mostrándonos el estancamiento del proceso de nacionalización, el dominio de las empresas trasnacionales, la efectiva vigencia de los procedimientos neoclásicos en el gabinete económico, la bondadosa política con las transnacionales mineras, la derechización de la conducción del gobierno, perdido en un imaginario industrialista, que no es otra cosa que la supeditación a las necesidades de energía de una potencia emergente vecina. Por lo tanto es esta crisis política la que debe ser analizada.

A propósito, no es suficiente decir que todo proceso vive esta curva de ascenso y descenso, que llega a un momento cuando las contradicciones logran estancar el proceso, detenerlo, que es menester en esa coyuntura precisa, resolver las contradicciones acumuladas, de tal manera que se afecte a las correlaciones de fuerzas en el campo político, en el campo social, en el campo económico y en el campo cultural, empujando las transformaciones institucionales postuladas por los movimientos sociales. Tampoco es suficiente decir que las razones de este estancamiento se encuentran en el realismo político y pragmatismo optado, en el diferimiento de las tareas de cambio; así como no es suficiente decir que un bloque dominante nacionalista se ha hecho cargo de la conducción del gobierno y del proceso; por lo tanto empuja el desenlace del proceso a una dirección y orientación estatalista, centralista, nacionalista, industrialista y desarrollista, desestimando la realización de las trasformaciones estructurales y la fundación del Estado plurinacional comunitario. De lo que se trata es de comprender como se ha llegado a una situación donde las formas del contra-proceso apuntan a no sólo detener el proceso mismo sino también a desarticularlo. Nos acercaremos a este análisis a través de la evaluación de la dinámica molecular de las fuerzas concurrentes del proceso.

Hipótesis

La crisis múltiple del Estado emergida desde las entrañas mismas del mapa inscrito de los dispositivos de poder, de los diagramas de poder, que atraviesan los cuerpos, crisis manifestada como crisis política, en la contundencia de las movilizaciones explosivas que atravesaron los espesores subjetivos y los mapas sociales, sus geografías políticas y cartografías, durante seis años de luchas insurreccionales sostenidas, muestra la vulnerabilidad de las instituciones, de la clase política y de la maquinara estatal, empero también oculta los sedimentos acumulados de las costumbres, de los sentidos comunes, le las propias organizaciones y dirigencias involucradas en la movilización. En otras palabras, la rebelión social y de los pueblos indígenas originarios, los levantamientos populares múltiples, expresan la fuerza de la interpelación de los sujetos colectivos, empero terminan ocultando el carácter conservador de los sujetos individuales, de las subjetividades labradas en las instituciones y organizaciones. La movilización social abre el horizonte descolonizador, plurinacional, comunitario y autonómico del proceso, empero esconde la persistencia y fortaleza de esta persistencia, por así decirlo, de las estructuras consolidadas de una sociedad heredera de las patrimonios y transmisiones coloniales.

Las fuerzas capaces de convocatoria a la movilización, capaces de desplegar formas organizativas autogestionarias y de autoconvocatoria, con fuerte configuración organizacional horizontal, no estaban preparadas para inventar nuevas formas de administración autogestionarias. Esto se puede observar cuando la Coordinadora del Agua y Defensa de la Vida debe hacerse cargo de la administración del agua en Cochabamba, se opta a volver a la administración municipal, donde se termina ahogando el proyecto de administración autogestionaria. Casi lo mismo ocurre o algo parecido cuando las dirigencias se hacen cargo de las administraciones municipales, donde terminan ahogados por las normas, procedimientos y formas administrativas del viejo Estado. Terminan tragadas y lo que es lo peor se convierten en los mejores defensores de estas administraciones liberales y nacionales. Lo más patético ocurre cuando el MAS llega al gobierno, el poder termina tomando al MAS y no el MAS al poder. El MAS se convierte, a través de los celosos ministros invitados, en el mejor dispositivo de mantención, conservación del Estado-nación, como forma moderna del Estado liberal y como forma oculta, opaca, del Estado colonial. El gobierno llamado indígena-popular se agarra de las redes, de los amarres, de los engranajes e instrumentos operativos y técnicos del Estado, buscando refugio en el aprendizaje dramático de la administración pública. Los altos funcionarios y los mandos medios, incluso la poca dirigencia que ingresa al aparato ejecutivo, terminan convirtiéndose en los mejores defensores del sistema administrativo, de sus normas y sus prácticas. Se gana de esta forma un nuevo funcionario, perdiéndose un dirigente. ¿Qué nos muestra esta experiencia? ¿Qué los postulados, las agendas y los objetivos que se proponen los movimientos sociales son sólo utopías, que no pueden trastrocar las estructuras fosilizadas de una sociedad de clases y de un Estado colonial? ¿O mas bien, qué no hay voluntad política, que no hay las condiciones para la realización de esta voluntad, que no se dan las condiciones subjetivas, para usar términos de una vieja discusión? El problema es que no es tan fácil responder a esta pregunta, pues tenemos, de todas maneras, a pesar de la construcción dramática del pacto social y político, aprobada una Constitución, la escritura de los planteamientos caros de las movilizaciones: Estado plurinacional, comunitario, autonómico, modelo pluri-institucional del Estado, democracia participativa, modelo de pluralismo autonómico, modelo de economía social y comunitaria, manteniendo la condición comunitaria del Estado y apuntando a la perspectiva de un paradigma alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, el vivir bien. Esta decisión es mayoritaria, está constitucionalizada, ese es el programa político, ese es el querer de la mayoría de los bolivianos. ¿Cómo es que no se convierte este querer en voluntad o cómo la voluntad no se plasma en materialidad política y en un nuevo mapa institucional? Considero que para poder responder esta pregunta es menester considerar un grave problema político, que puede ser llamado como de disyunción, desencajamiento, desacoplamiento, incluso de hasta contradicción política; problema político que tiene que ser comprendido, hecho inteligible, mediante una cruda interpretación: en el fondo, a pesar de los discursos, el gobierno, los ministros, los funcionarios, tampoco el MAS, y, lastimosamente, la dirigencia ejecutiva de las organizaciones, no creen en la Constitución. Consideran que es un discurso político bueno para lanzarlo en las campañas electorales, contra la derecha, y en los escenarios donde se recicla la ritualidad y ceremonialdad del poder, está bien para el teatro político, pero no para aplicarla, no para tomarla en serio, menos para usarla como instrumento de transformación. Esa posición nos muestra fehacientemente que se ha llegado al poder para estar en el mismo, aposentarse,  gozar de sus beneficios y privilegios, pero no para transformarlo, se ha llegado al Estado para mantenerse en el mismo, habitarlo, pero no para destruirlo y construir otra forma política que ayude a efectuar las emancipaciones múltiples.

              

El llamado modelo económico extractivista tiene varado a todo el campo económico en las formas de reproducción de la dependencia, de la supeditación y subsunción a las formas de acumulación del capital a escala mundial. En este sentido se entiende que todos los dispositivos administrativos, normativos e institucionales estatales estén condicionados por las formas de la economía extractiva y estén para mantener este sistema, conservarlo e incluso mejorarlo, ampliando la expansión extractiva. Por eso mismo se puede entender que la administración estatal de la economía sea uno de los espacios más conservadores y resistentes al cambio. No es tan fácil cambiar las políticas económicas cuando estas se han consolidado en las formas de funcionamiento de las oficinas del gabinete económico. Menos aun cuando se trata enfoques y métodos incorporados desde los programas de apoyo de la cooperación internacional. Hay como una concomitancia entre los programas internacionales y las reformas nacionales en la perspectiva de reforzar los engranajes del orden internacional, de la dominación mundial del centro sobre la periferia del sistema-mundo capitalista. No es casual entonces que en este espacio de acción institucional se haya gestado el gasolinazo, tampoco que se oriente la política económica desde la cautelosa lectura del supuesto del equilibrio macroeconómico. Usando términos relativos a la metáfora arquitectónica del Prefacio de El capital, podríamos decir que entre estructura económica y superestructura jurídica, política, ideológica y cultural, se produce un condicionamiento perverso induciendo una estrategia económica dependiente. Estos condicionamientos materiales impiden la aplicación de la Constitución en lo que respecta a la transformaciones económicas, al cambio de modelo económico, salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo-producente, orientado a la economía social y comunitaria, articulando y complementando la economía plural de una manera integral, en la perspectiva de la democracia económica, la armonía ecológica y la soberanía alimentaria, en el horizonte del vivir bien.

No se ha construido el sistema de gobierno de la democracia participativa, no se ejerce la democracia plural, ejerciendo la democracia directa, representativa y comunitaria. No se han abierto las puertas a la participación y el control social. Al contrario, se mantienen las formas de gestión liberal, que separa Estado de sociedad civil, gobernantes y gobernados, especialistas de neófitos, los que saben respecto de los que no saben, es decir, recreando la división del trabajo entre la clase política respecto de las y los ciudadanos, las y los trabajadores, las comunidades. Por lo tanto se trae, como consecuencia de todo esto, el moverse en un círculo vicioso, los que creen saber terminan repitiendo lo mismo que hicieron la burocracia y los funcionarios de anteriores gobiernos, reforzar la auto-referencia de un sistema institucional parasitario, que sirve para mantener las dominaciones múltiples, bajo la ilusión de que se hace política, cuando lo que se hace es legitimar las estructuras de poder.

No se han abierto los espacios de crítica y autocrítica, al contrario se han cerrado, optando mas bien por descalificar estas opciones, de reforzar las formas de reproducción de la alabanza generalizada, del contingente de aduladores, los llamados popularmente lluncus, recreando los escenarios patéticos de supeditación servil a los jefes, ocasionando grotescas sobre-estimaciones de sus egos. Empujando con todas estas prácticas sumisas a la desconexión institucional de la realidad, generando microclimas organizacionales aislados de los contextos concretos, de las contradicciones y de los conflictos. De esta forma se puede explicar la formación de una consciencia paranoica en los altos funcionarios, que los empuja a la permanente defensa y a identificar enemigos por todas partes.

No se ha podido extirpar la corrupción, mas bien se ha generalizado, invadiendo expansivamente zonas que antes estaban como exentas de estas prácticas, pues estaban al margen de ellas. Se retoma la idea del botín en expresiones como que ahora nos toca, reutilizando viejas prácticas prebéndales y clientelares, de circuitos de influencias, de corrosiones exacerbadas, demoliendo con esta imposición de relaciones morbosas las posibilidades de prácticas transformadoras y comprometidas con el cambio. Lo grave de esta proliferación corrosiva es que se articulan redes de alianzas complicadas entre las viejas castas dominantes y ciertos estratos de decisión política.

Conclusiones

Hay que acercarse a la dinámica molecular del proceso para comprender sus cursos, sus rutas y recorridos, sus contradicciones, su campo de posibilidades, sus tendencias y sus correlaciones de fuerzas. Sobre todo tratar de explicarse la crisis del proceso. Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas y la experiencia del proceso, lo que llama la atención es la separación casi inmediata entre ejecutivo, incluso gobierno, y movimientos sociales en lo que respecta a la construcción de la decisión política, de las políticas públicas y de las medidas que deberían estar destinadas al cambio. En otras palabras, los que lucharon y abrieron el camino del proceso no gobiernan, gobiernan los funcionarios. Quizás esta separación forma parte importante de la matriz de la crisis, empero para tratar la matriz de la crisis debemos tener una mirada integral. Tampoco debemos circunscribirnos sólo a las condicionantes internas de la crisis del proceso sino también debemos abrirnos a sus condicionantes externos; no podemos olvidar que nos encontramos insertos en un sistema-mundo y en una economía-mundo capitalista, que, por lo tanto estamos también afectados por la crisis global. En este sentido, al conjunto de hipótesis relativas a las condicionantes de la crisis del proceso, debemos añadir una lectura de la crisis estructural del capitalismo. 

¿A qué llamamos crisis estructural del capitalismo?  Hablamos de una crisis múltiple, crisis de reproducción, de sobreproducción, crisis de hegemonía, crisis financiera. Esta crisis es estructural porque afecta al sistema-mundo y a la economía-mundo capitalista, pero lo hace bajo las condiciones históricas concretas, las que corresponden al ciclo del capitalismo vigente, nos referimos al ciclo que contuvo la hegemonía norteamericana y ahora contiene el dominio a secas de los Estados Unidos de América. Este ciclo ha ingresado a su fase de crisis financiera, que es como el lugar especulativo del sistema económico del capital, cuando se transfiere la crisis de sobreproducción a los mecanismos especulativos financieros. Los Estados Unidos hegemonizan el despliegue del ciclo de acumulación capitalista vigente desde el fin de la segunda guerra mundial, imponen su sello, transformando el sistema de libre comercio, conformado por la hegemonía británica, en un sistema de libre empresa, produciendo transformaciones estructurales en la forma del capitalismo, introduciendo nuevas formas de administración industrial y de administración económica, como el taylorismo y el fordismo, expandiendo estas formas por el mundo, amparados por su dominio y mediante la inversión directa de capital y la instalación de sus corporaciones trasnacionales. Esta hegemonía se clausura con la derrota en la guerra de Vietnam, dándose lugar desde entonces a una crisis política, a un replanteo de sus estrategias y a un dominio a secas sobre el mundo, sin hegemonía y sin legitimidad. Hablamos de un mundo capitalista estructurado y jerarquizado geopolíticamente y geográficamente; en la cúspide contamos con el dominio tecnológico, militar, económico y comunicacional de los Estados Unidos de América; después están los países centrales, que comparten la dominación y se comportan ambiguamente, a veces como satélites, otras veces resistiendo o abriendo la posibilidad de bloques alternativos como la Unión Europea, también emergiendo como posibilidades de un nuevo ciclo, como es el caso del desplazamiento capitalista de China en la red regional asiática; después vienen los países semi-periféricos; por último se encuentra el gigantesco espacio multi-diverso de la periferia, lugar indomable, de plurales resistencias, aunque también de complicadas sumisiones. En este contexto del sistema-mundo nos interesa las formas de inserción e irradiación de la crisis estructural del capitalismo en la periferia, sobre todo interesa comprender los efectos de esta crisis en el desenvolvimiento de las crisis políticas y las crisis económicas en la periferia. En lo que respecta a Bolivia interesa entender cómo la crisis política desatada el 2000 y la crisis del Estado-nación que se extiende hasta nuestros días (2011) son afectadas, se articulan y forman parte de la crisis estructural del capitalismo. De cómo ambos escenarios de las crisis, la mundial y la periférica, desatan procesos de emancipación y de descolonización. Esto sobre todo para evaluar las posibilidades y los alcances de los procesos desatados.

 Volviendo a la anotación del comienzo, podemos concluir lo siguiente:

Los movimientos sociales desatados el 2000 y que continúan hasta el 2005 logran desarticular la legitimidad y la dominación de la clase política, representantes de la burguesía intermediaria y de la casta blancoide-mestiza privilegiada por la perduración de las estructuras coloniales, logran poner en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación y logran expulsar a los gobiernos neoliberales, abriendo un nuevo curso descolonizador con el gobierno de Evo Morales, el proceso constituyente y el inicio de un proceso de nacionalización. Empero, una vez en el gobierno, los movimientos sociales no logran transformar las condiciones, las estructuras y las instituciones sobre las que se conforma y reproduce el Estado-nación. Los aparatos, la maquinaria estatal, las estructuras de gobierno, siguen siendo prácticamente las mismas. Las prácticas de gestión siguen siendo recurrentemente liberales, las normas de la gestión siguen las mismas lógicas liberales. También en la sociedad perduran las estructuras desiguales, las estratificaciones históricas, las relaciones y prácticas de reproducción de clases y de castas. Lo que se ha dado es una irrupción indígena, un empoderamiento de espacios, un trastrocamiento simbólico de los imaginarios coloniales. En este sentido, lo que podemos decir es que desde el 2006 se experimentan intentos de construir un proceso de transformación, empero de una manera diferida, pragmática, contradictoria, que incluso puede tomarse como regresiva. Este intento de cambio se efectúo desde el gobierno a través de políticas, que en principio fueron de irrupción, como el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero, en la medida que pasaba el tiempo, las otras políticas fueron excesivamente tímidas, en la medida que se dejó intacto el aparato estatal, la estructura ejecutiva y la forma de gobierno y la forma de gestión. El intento de trasformación también se hizo sentir, de alguna manera, desde las actividades desesperadas de las organizaciones sociales, intentando desordenadamente incidir en las decisiones políticas del gobierno. Así mismo desde el accionar crítico de las organizaciones indígenas originarias, intentando redefinir voluntariamente un proyecto coherente con la descolonización. Ciertamente el mayor intento de transformación se efectúo desde la Asamblea Constituyente, escribiendo una Constitución descolonizadora que apunta al Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede decir que el intento de transformación se efectúo de una manera dispersa y distribuida, a partir de un conjunto de puntos y líneas de enfrentamiento que intentan lograr transformaciones concretas y específicas. Sin embargo, estos intentos no han logrado articularse y conformar una fuerza hegemónica de conducción del proceso; han prevalecido las fuerzas resistentes al cambio, consolidadas en estructuras, en instituciones y en la arquitectura estatal, han prevalecido las prácticas y relaciones consolidadas en la costumbre social. Entonces se puede decir que la articulación de un proceso de transformación está pendiente.

 En relación a la puesta en prueba del concepto de proceso para referirnos a la segunda etapa del periodo en cuestión, pues la primera corresponde más claramente a un proceso de movilización social que replantea la correlación de fuerzas en el campo político, descompagina las estructuras de poder, cuestiona las formas de dominación y legitimación liberal del Estado-nación, barre con el modelo neoliberal. El proceso de transformación del que hablamos, etapa cuya delimitación arranca el 2006, no está articulado, en otras palabras, no está conformado, se encuentra en curso de una difícil construcción; se encuentra como emergiendo, empero enfrentando grandes resistencias y obstáculos de las estructuras de la vieja maquinaria estatal, de las costumbres liberales, de la ideología nacionalista cristalizada en los huesos de los funcionarios y dirigentes. La exigencia del momento, la emergencia de la coyuntura, es desatar una revolución cultural descolonizadora y una movilización generalizada que reconduzca el proceso a sus cauces iniciales, establecidos en la Constitución. 

Apuntes sobre el Estado plurinacional comunitario autonómico y pluralismo jurídico[13]

Podemos decir que el Estado plurinacional supone una nueva concepción de la transición pos-capitalista, la anterior tesis de transición estaba íntimamente ligada a la transición de la dictadura del proletariado. La gran diferencia de ambas tesis consiste en que la dictadura del proletariado pensada como transición socialista al comunismo no salía de los horizontes de la modernidad, en cambio la transición pluralista atraviesa los límites de la modernidad, cruza el umbral de la misma, y entra a otros agenciamientos civilizatorios. Además se trata de transiciones pensadas pluralmente en distintos planos y niveles. Por lo tanto la configuración del Estado plurinacional supone otra teoría crítica del capitalismo, ya no se trata sólo de visualizar un desarrollo desigual y combinado, ni tan sólo quedarse en la tesis del imperialismo como fase superior del capitalismo. Ya es un avance visualizar los ciclos del capitalismo, los ciclos de las crisis del capitalismo, las transformaciones estructurales de los ciclos y las transformaciones estructurales de las crisis. Pero esto no es suficiente; en lo que respecta a la compresión del Estado plurinacional se requiere entender los ciclos del colonialismo, sus transformaciones, la estructura de sus crisis, además de sus estrechos vínculos con el capitalismo y la modernidad. Es indispensable comprender la crisis civilizatoria y los alcances de la crisis ecológica. Por otra parte es urgente situar el pensamiento pluralista en el contexto de las cosmovisiones indígenas, en su profundo animismo e inmanencia. La concepción del Estado plurinacional se construye desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas en interpelación de la modernidad y el capitalismo; cosmovisiones que hay que entenderlas como sistemas interpretativos dinámicos, rememorándose y actualizándose, interpretando críticamente las conformaciones institucionales y estructurales de la modernidad, entre ellas del Estado, sobre todo en su condición de Estado-nación.

Entonces estamos ante la concepción de la transición política elaborada desde las cosmovisiones indígenas en interpelación de los paradigmas y las formas institucionales de la modernidad. Esta tesis implica el desmantelamiento del Estado-nación en forma de transformaciones institucionales, transformaciones que se abren al pluralismo institucional, al pluralismo normativo, al pluralismo administrativo y al pluralismo de gestiones. Estas transformaciones institucionales se asientan en procesos de transformaciones estructurales. El cambio civilizatorio supone la transformación múltiple de los ámbitos y campos de relaciones donde se recrea la vida social. También significa la incorporación plena de las relaciones con los otros seres y ciclos vitales que circundan, conforman y componen el mundo y el cosmos. Estas aperturas terminan transformando los cimientos y las matrices civilizatorias de la modernidad. Ya no hay posibilidades de una reducción de las temporalidades a la linealidad del desarrollo y del progreso, ya no hay posibilidades de sostener esta linealidad en la marcha de la producción y en el espejo de la producción. Desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas es imprescindible garantizar la reproducción de los ciclos vitales, por lo tanto poder armonizar dinámicamente los ciclos de la reproducción humana, los ciclos de la reproducción social, los ciclos de la reproducción comunitaria, con los ciclos de los seres y ciclos vitales integrados.

El Estado plurinacional se constituye en el desmantelamiento múltiple del Estado-nación, es el estado, en el sentido de situación, de la transición plural, de la descolonización abierta en los distintos planos y factores componentes de los múltiples engranajes de dominación, es la condición móvil de los flujos des-constitutivos de la vieja maquinaria estatal y constitutivos de los agenciamientos y dispositivos de las formas de la participación social y política de los colectivos y comunidades.  El Estado plurinacional supone la transformación pluralista, comunitaria, intercultural y participativa de los instrumentos de la gestión pública. El Estado plurinacional es la condición política y la estructura de las transformaciones, de las transiciones transformadoras, de las metamorfosis de las prácticas políticas, democráticas y culturales. Hay que observar al Estado plurinacional en su movimiento, en su dilatación, en su flexibilidad y adecuación, en la expansión y proliferación de articulaciones, en sus movimientos inclusivos, en sus dinámicas moleculares de apertura, de democratización, de igualación, también en sus entrelazamientos interculturales.

Genealogía del Estado plurinacional

En adelante se describe la gestación de la idea de un Estado plurinacional a partir de la acción de diversos sectores sociales —especialmente indígenas—, la forma en que ello se plasmó en la Constitución y los equívocos que aparecieron en el camino, los cuales han derivado en la negación del proyecto plurinacional y del modelo del vivir bien. El conflicto por el Territorio y Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS) exhibe esos retrocesos y una reconfiguración de alianzas entre el gobierno y distintos actores unidos alrededor del desarrollismo extractivista.

Umbrales y horizontes del Estado plurinacional

Hay que tratar el tema del Estado plurinacional siempre a partir de las condiciones en que se encuentra el debate. Y las condiciones de hoy no son las mismas que cuando empezábamos el proceso constituyente o cuando se daban las discusiones en el Pacto de Unidad, formado por las organizaciones indígenas y campesinas[14]. No hay que olvidar que el Pacto de Unidad fue fundamental porque elaboró un documento sobre el Estado plurinacional, social y comunitario, que fue entregado como mandato a los constituyentes y que sirvió en las mesas de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente.

Ahora hay otro contexto, un contexto que se ha ido complicando. Una vez que se aprueba la Constitución Política del Estado por el 64 por ciento de los bolivianos, supuestamente debíamos esperar su cumplimiento. Esto significa, por lo menos dos cosas: la muerte del Estado-nación, que es la expresión colonial del Estado liberal y de la República, y la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autónomo. Sin embargo, hasta la fecha, se ha hecho todo menos eso. Se ha restaurado al Estado-nación y su mapa institucional con sus normas y estructuras liberales. Así, en vez de descolonizarnos, nos estamos recolonizando.

Las condiciones del debate, además, ahora deben ser pensadas desde el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), el cual nos muestra, en toda su desmesura, lo que está ocurriendo.

Finalmente, el poder termina tomando al Movimiento al Socialismo (MAS)  de la misma manera que acabó tomando al Partido de los Trabajadores del Brasil (PT), al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, así mismo al gobierno de Hugo Chávez de Venezuela. Haciendo un balance estos gobiernos no tomaron el poder, sino que éste los tomó a ellos. Los supuestos transformadores se transforman en el poder y terminan ejecutando las lógicas inherentes del poder.

Las lógicas del poder no son abstractas, son concretas, aunque se desarrollan en ámbitos de relaciones tremendamente complejas. Hablamos de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, en el que hay un centro de acumulación ampliada de capital y una periferia que le transfiere sus recursos naturales. En ese marco fijado por las estructuras y diagramas del poder nos movemos como sojuzgados.

En ese ámbito del poder hay operadores. Los grandes operadores son, por una parte, las empresas transnacionales inscritas en el ciclo del capitalismo norteamericano, cuya estructura está dominada por el capital financiero. Y, por otra parte, por el mapa geográfico de los Estados-nación.

¿Cuáles son los umbrales y horizontes del Estado plurinacional? Podemos decir que los umbrales se encuentran en la clausura del Estado-nación y los horizontes se visualizan en la lontananza de la dilución del Estado en la matriz auto-determinativa de las sociedades. En esta transcurso se esperan las transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas del Estado. Son indispensables para tal efecto las transformaciones estructurales e institucionales, los nuevos mapas políticos e institucionales, así como normativos y de los recorridos y de las prácticas sociales. En este viaje se espera la constitución proliferante y plural de sujetos y de subjetividades, liberando capacidades y potencialidades corporales, emancipando las creatividades múltiples. En este despliegue aparece la urgencia del consenso y los convencimientos colectivos, la interculturalidad, la revolución cultural, como herramientas de las transformaciones en la transición.  

El surgimiento y papel de los Estados-nación

Los Estados-nación se constituyeron en un momento en el que se produjeron dos fenómenos fundamentales:

Por primera vez el Estado forma parte de la lógica del capital y funciona como su instrumento. Ya no son Estados territoriales todavía no integrados al capital, aunque si articulados, pues el ciclo del capitalismo genovés los uso en la búsqueda de nuevas rutas, como era el caso de los Estados portugués y español.

El segundo fenómeno, que se produce en el ciclo del capitalismo inglés, es la Revolución Industrial. Ésta transforma estructuralmente al capitalismo al trastocar profundamente las condiciones de reproducción del capital. En esa situación surge la disputa con España y Portugal por el monopolio que poseían esos imperios sobre sus colonias. Por eso no es extraño que los ingleses hubieran armado a los ejércitos independentistas.

¿Y para qué sirven los Estados-nación en la periferia? Son Estados-nación subalternos y supeditados a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Son operadores de la transferencia de nuestros recursos naturales. Y si no sirven para eso, se los ataca, se los descarta, se saca a sus gobiernos resistentes o se los invade; se puede hacer con ellos cualquier cosa. Esa es la lógica imperial.

En esa situación surgen las primeras crisis del siglo XVIII, con la plata y las reformas borbónicas. Hay levantamientos indígenas que se oponen a esas reformas porque eso supone la ruptura de un pacto colonial entre la administración española y la autonomía indígena, entre las formas de gobierno indígenas y las formas de gobierno españolas, relaciones que estaban mediadas por los caciques.

Inicialmente, el levantamiento se produce contra los caciques, donde las comunidades, representadas por los jilakatas, se enfrentan contra los caciques, y luego se enfrentan contra las reformas borbónicas. Después, empieza a adquirir un carácter anti-colonial y descolonizador, aunque en muchos casos se levantaban en nombre del rey Fernando VII, preso del ejército de ocupación francesa. Es una etapa  intrincada que debe ser estudiada con minuciosidad para comprender nuestro presente.  Posteriormente, durante los periodos republicanos, se vuelven a suceder los levantamientos indígenas, primordialmente en defensa y por la recuperación de tierras comunitarias. También se vuelven a dar lo que podríamos seguir llamando pactos, aunque de una manera perversa; de esta manera se habla del pacto señorial, con  el propósito de interpretación histórica de los periodos republicanos. El proceso en el que se resuelven estas contradicciones es el de la constitución del Estado-nación. Podríamos decir que se termina de instituir éste con la revolución nacional de 1952. La Constitución plurinacional del 2009 ha planteado la ruptura histórica con el Estado-nación; sin embargo, la experiencia reciente del proceso en curso nos muestra las grandes dificultades de lograr esta ruptura. ¿Por qué no podemos zafarnos del Estado-nación?, ¿por qué no podemos zafarnos tan fácilmente de las estructuras coloniales inscritas en nuestros esqueletos?

Las relaciones de poder son relaciones de fuerza, fuerzas actúan contra fuerzas afectándolas; se puede considerar fuerzas activas inscribiendo su incidencia en fuerzas pasivas, reactivas o resistentes. Las fuerzas activas actúan sobre los cuerpos e inscriben en ellos, en la superficie de los cuerpos, historias políticas, adentrándose hacia el espesor profundo de los cuerpos, constituyendo sujetos y subjetividades, internalizando relaciones y estructuras de poder, imaginarios, representaciones, induciendo comportamientos y conductas. Las relaciones y estructuras coloniales, las instituciones coloniales, se inscriben de esta manera en los cuerpos y en el espesor de los mismos. Se cristalizan en los huesos como violencia materializada. Es esa violencia guardada la que explica las conductas de sumisión y supeditación, pero también, paradójicamente, también los comportamientos que devuelven la violencia cristalizada a los dominadores. No es suficiente devolver la violencia a los dominadores, pues puede resultar sólo una catarsis, sólo una descarga coyuntural; de los que se trata es de deshacerse de toda la herencia colonial, para eso es menester desmantelar, de-construir, desandar el laberinto colonial, sus formas externas e internas. Es indispensable el recorrido intenso de las emancipaciones múltiples. El Estado-nación es a la vez la realización política del mapa institucional de la república, así como la imagen y el concepto de una unidad requerida como identidad y como monopolio de la representación y la acción pública. El Estado-nación es el instrumento político por excelencia de la administración del capital, ya sea para su acumulación, como para el despojamiento de recursos naturales y territorios. Hay Estado-nación dominantes y Estado-nación subalternos, la distribución de ambos en la geografía mundial expresa las estructuras móviles de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. No es fácil desmantelar estos fabulosos aparatos, pues se requiere resolver problemas pendientes con los ciclos del capitalismo y los ciclos del colonialismo. Sobre todo es indispensable desarmar el arsenal aparatoso y estratificado de las herramientas y artefactos de los recursos de la estatalidad, de sus monopolios de las violencias y de las representaciones, de las coerciones y de las cooptaciones. Para lograr desmantelar esta maquinaria pesada, oxidada, pero aún en funcionamiento, aunque también fantasmagórica, es menester descentrar las prácticas, desplazar los ámbitos de relaciones donde se ha edificado esta instrumentalidad, desestructurar las instituciones donde se afinca el Estado. Para eso se requiere no solo una voluntad decidida sino constancia y consecuencia en la tarea de desmantelamiento.  

      

La urgencia de analizar descarnadamente lo que está pasando

Estamos en una etapa en la que necesitamos discutir a fondo estos temas y hacerlo con investigaciones histórico-políticas. Ya no estamos en la etapa de la lucha ideológica cuando necesitábamos grandes discursos y narrativas para interpelar al neoliberalismo y al colonialismo y para encaminarnos en una propuesta descolonizadora. Ahora debemos entender lo que está pasando y verlo de una manera descarnada, transparente y sin mitos. Si nos quedamos con éstos sólo oscureceremos la discusión, lo que impedirá actuar en el presente para lograr las transformaciones que nos hemos propuesto. El tema es ese.

Con ese propósito es menester reflexionar sobre los últimos conflictos, el conflicto del TIPNIS y el anterior, el conflicto del gasolinazo. ¿Qué se muestra con lo del TIPNIS? ¿Qué nos muestra el conflicto del gasolinazo? Hipótesis de interpretación: El gobierno ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo, enfrentando a las naciones y pueblos indígenas originarios. También vemos que el gobierno no se encaminó, de ninguna manera, por la ruta de la construcción del Estado plurinacional. Si revisamos sus leyes, todas son inconstitucionales; son leyes que restauran el viejo Estado, no son fundacionales ni están edificando el Estado plurinacional. Las políticas públicas son como una continuidad de las formas administrativas liberales y nacionalistas, repitiendo la obsesión por la ilusión del desarrollo, como en el siglo pasado. El modelo económico se ancló en el extractivismo, modelo colonial del capitalismo dependiente. Estos son las disposiciones políticas que llevaron al enfrentamiento con las comunidades indígenas del TIPNIS y con las organizaciones indígenas del CIDOB y del CONAMAQ.

Estos conflictos nos muestran la desmesura de las contradicciones del proceso; también la enorme distancia de la ruta restauradora del gobierno en relación a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. El Estado plurinacional exige transformaciones estructurales e institucionales profundas, exige construir un nuevo mapa institucional sobre la base de pluralismo institucional, administrativo y normativo. Significa poner en práctica lo que los indígenas de Ecuador y Bolivia, lo que los indígenas zapatistas y los de Guatemala, a diferencia del pensamiento y planteamiento marxista, habían pensado: una transición distinta y posterior al capitalismo. Se trata de una transición civilizatoria.

Precursores del Estado plurinacional

Lo que el marxismo propuso fue la transición a la dictadura del proletariado —no discutiremos sobre eso ahora—, mientras que los indígenas propusieron una transición del capitalismo y la modernidad hacia lo plurinacional y descolonizador. Es otra propuesta teórica y política. Es, a diferencia del marxismo, una alternativa civilizatoria diferente a la modernidad capitalista y al desarrollo.

Esa propuesta formó parte de la matriz de las discusiones del Pacto de Unidad y de la Constituyente. Esa idea latía en los movimientos sociales que habían abierto el horizonte hacia el Estado plurinacional. Fueron los movimientos sociales anti-sistémicos, como los de la coordinadora del agua, los bloqueos indígenas y campesinos en septiembre de 2000; las articulaciones entre El Alto y los sindicatos campesinos en octubre de 2003; y la marcha indígena de tierras altas y bajas en 2002 que no pedía elecciones, sino Asamblea Constituyente.

Eso era lo más lógico, porque la vía electoral sólo restauraría las lógicas de poder, las lógicas liberales. El planteamiento del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) era coherente. Pero la decisión política se encaminaría por las elecciones y con eso se producirían grandes confusiones.

Las confusiones y el MAS

Una de las grandes confusiones derivó en equivocar el protagonismo electoral con la conducción de los movimientos sociales, en creer que el MAS era el representante de los movimientos sociales, cuando nunca lo había sido. Los movimientos tenían su propia capacidad de convocatoria, su orgullo y su propia capacidad de autogestión; eran movimientos autogestionarios que tenían como objetivo la Asamblea Constituyente y de ninguna manera las elecciones.

El MAS era visto, más bien, como un movimiento cocalero, importante, empero en comparación con los movimientos autogestionarios, aparecía como uno de los más conservadores. Después de la crisis de la izquierda, los restos de una fragmentación migraron, por así decirlo, a los territorios donde se experimentaría la conformación de un instrumento político de las organizaciones sociales, cosa que no se pudo realizar, limitándose el proyecto a la conformación de un instrumento electoral.  En el MAS se refugió parte de la vieja izquierda. Una de las ventajas de esta experiencia fue que contaba con la herencia de la estructura organizativa minera, que transmitieron los relocalizados migrantes al Chapare,  además de contar con la memoria de lucha y también la intuición de dirigentes de izquierda de esa época, como es el caso de Filemón Escobar. Estos dirigentes encontraron la oportunidad de convertir la defensa de la coca en una lucha anti-imperialista. En ese contexto se revivieron proyectos pendientes; algunos grupos plantearon proyectos guerrilleros, otros grupos proyectos insurreccionales y otros francamente se limitaron a postular proyectos electorales. Hay que considerar que estos proyectos, de todas maneras, los límites de estos proyectos, correspondían a los límites de la vieja izquierda. En comparación los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos habían atravesado esos límites, estaban más allá: cuestionaban los límites desarrollistas y modernizadores de la misma izquierda.

En la atmósfera convulsionada de las luchas, en el avance de las victorias políticas populares e indígenas, cuando los desenlaces de la crisis se orientaba a las salidas electorales, el MAS llegó a ser la segunda fuerza en 2002. Este resultado electoral muestra cambios en la predisposición de la votación, cambios que no pueden explicarse sin las victorias políticas. Desde esta perspectiva podemos decir que las elecciones ratificaban estadísticamente las victorias políticas. Empero estas victorias no pueden atribuirse al MAS sino a los movimientos sociales anti-sistémicos, autogestionarios y autodeterminantes. Lo que pasa es que los movimientos sociales tenían capacidad de convocatoria a la movilización, empero no tenían experiencia electoral, que si el MAS había acumulado desde su incursión en elecciones municipales y elecciones nacionales. Después comenzaron a plasmarse claramente las diferencias, sobre todo en el debate sobre la nacionalización. La propuesta del MAS era de 50%-50%, respecto de la distribución de ingresos por el gas para el Estado y las empresas trasnacionales, mientras que la propuesta de El Alto y de los movimientos sociales era la nacionalización de los hidrocarburos. Se puede ver en el diagrama de las posiciones que había muchas diferencias que se acumularon en la memoria del debate, diferencias que no se terminaron de discutir ni de abordarse plenamente.

Llegó el 2005 y el gran conflicto de mayo y junio. A los movimientos sociales rurales y urbanos se incorporaron los mineros y con eso creció el perfil complejo de los movimientos. La movilización social tomó La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, y se obligó al Congreso a un salto mortal de sustituciones constitucionales y renuncias para que Eduardo Rodríguez Velzé, presidente de la Corte Suprema, asuma la presidencia de país y responda a un nuevo mandato popular: la convocatoria a elecciones.

El mandato a este último presidente de la sustitución constitucional ya no era la convocatoria a Asamblea Constituyente ni tampoco la nacionalización de los hidrocarburos encomendados a Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque se interpretó lo acaecido, la falta de cumplimiento de la Agenda de Octubre,  como que Mesa no había cumplido porque no era de nuestra clase ni tampoco era nuestro gobierno, por lo tanto teníamos que nombrar a un gobierno propio para que cumpla con la Agenda de Octubre.

Sabemos lo que vino después, con las elecciones del 2005. El desenlace político catapultó a un presidente indígena; con este resultado todo el mundo se sintió regocijado por eso y hubo una gran fiesta política. Era el comienzo de la descolonización y de la ruptura de todas las estructuras coloniales: simbólicas, psicológicas, políticas, etcétera.

En estas condiciones de entusiasmo, nadie quería arruinar la fiesta ni discutir y poner sobre la mesa el temario que estaba pendiente. Y así se produce la segunda confusión; la interpretación oficial rápida, apresurada y triunfante, decía que el MAS es el gobierno de los movimientos sociales; cuando nunca lo fue, ni lo podía ser. No hay un gobierno de los movimientos sociales, este enunciado es un contrasentido.

Lo que representa el TIPNIS

Se debe tomar en cuenta estas mescolanzas de tendencias y posicionamientos en un proceso rico en movilizaciones, que empero derivaba en salidas electorales a la crisis política. Estas complicaciones se deben tomar en cuenta para entender qué es lo que está pasando ahora; qué es lo que pasa en el TIPNIS.

Lo que se devela en el TIPNIS es la distancia del gobierno respecto al sujeto de la rebelión, el sujeto indígena. Desde la década de los setenta, del siglo pasado, con la masacre del valle (1974) y el despliegue del discurso katarista, pasando a 1990 con la marcha indígena de tierras bajas, y a 2002, con la marcha de tierras bajas y de tierras altas, se da lugar a la constitución del sujeto político indígena, que sustituye al sujeto proletario, que había orientado la historia política desde 1945 hasta la Asamblea Popular (1971), incluso hasta la caída de la UDP (1984) y la marcha minera por la vida (1986). En todo este lapso se produce la construcción política de un sujeto político, en pleno sentido, comprendiendo sus significaciones históricas, políticas y teóricas: el sujeto indígena, que sustituye al sujeto obrero en la interpelación al sistema-mundo capitalista.

Se trata de una revolución indígena descolonizadora —si podemos utilizar la palabra revolución— que significa no solamente la incorporación de las cosmovisiones indígenas, o de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios en la Constitución, o del criterio de una transición descolonizadora a cargo del Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino también significa un modelo alternativo: el sumak kawsay o el suma qamaña, el ñande reko, el ivimarey, traducidos en Bolivia como el vivir bien. Eso significa un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.

Eso es lo que se puso en la escena internacional y también se expresó en los discursos del Presidente: que lucharemos por la defensa de los derechos de la Madre Tierra. En Tiquipaya declaramos la guerra al capitalismo y a la modernidad en defensa de la Madre Tierra. Hacemos una conferencia que es una contra-cumbre y decimos que las causas estructurales del cambio climático tienen que ver con el modelo civilizatorio capitalista, moderno y desarrollista. Estas son resoluciones fuertes, firmadas por todos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y vinculantes para el país.

A partir de entonces, el Pacto de Unidad retoma la tarea y formula una ley de la Madre Tierra que recoge las resoluciones de Tiquipaya y plantea una tesis fundamental: no se puede hablar de recursos naturales, pues esto denota la explotación capitalista, la dominación moderna de la naturaleza, convirtiendo en objetos a los seres, que son sujetos múltiples, además de bondades, componentes, ciclos vitales integrados y seres que tienen derechos desde la concepción de la Ley de la Madre Tierra. Ese proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa, que hasta ahora no se la ha discutido y promulgado. ¿Por qué? Por una razón que deja en claro el conflicto del TIPNIS. El gobierno se encaminó por el modelo extractivista del capitalismo dependiente, en tanto que la constitución plantea un modelo ideal, el vivir bien, que debe realizarse en la transición transformadora.

El TIPNIS pone en evidencia que en este proceso hay dos proyectos que no se pueden juntar y que ya se están enfrentando. Uno plantea la continuidad del modelo extractivista, capitalista, dependiente y desarrollista; es la continuidad de todo lo que se ha hecho durante los periodos republicanos hasta ahora. El modelo extractivista es un modelo colonial;  el carácter colonial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista es reducirnos a exportadores de materias primas. El otro modelo es el postulado por los movimientos indígenas y los movimientos anti-sistémicos contemporáneos, el modelo del vivir bien.

Ambos modelos civilizatorios se enfrentaron en el conflicto del TIPNIS y ha quedado en evidencia que el gobierno escogió por dónde ir: por la ruta del extractivismo.

El modelo que escogió el gobierno, el poder externo y las nuevas alianzas

Hay un código minero como borrador de anteproyecto, que todavía no lo presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa, pues no saben cómo van a justificarlo. Se trata de un anteproyecto extractivista que entra en contradicción con la Ley de la Madre Tierra, proyecto que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa; así también entra en contradicción con el discurso previo sobre la Madre Tierra, ventilado por el gobierno. Se trata de un código minero que vuelve a la ilusión de la inversión de capitales internacionales, asignando también responsabilidades en la expansión extractivista a la inversión pública,  compartidas con la inversión esperada de las grandes empresas transnacionales.

En el marco de este modelo extractivista, en su estructura efectiva, debemos tener en cuenta las consecuencias de una supuesta nacionalización. El proceso de nacionalización queda inconcluso; esto se constata en el efecto desnacionalizador de los contratos de operación; estos contratos entregaron prácticamente el control técnico a las empresas transnacionales. De este modo, estamos en manos de ellas. Podemos decir que las transnacionales mineras e hidrocarburíferas gobiernan.

La pregunta de ¿quién gobierna? es importante. ¿Quién gobierna cuando estalla el conflicto del TIPNIS? Gobierna la empresa trasnacional brasilera OAS, la empresa con la que se ha acordado la construcción de la carretera depredadora que atraviesa el territorio indígena. Las empresas de ese país están construyendo nuestros caminos y van a construir el ingenio azucarero de San Buenaventura, donde, al parecer, no se plantará caña, sino palma para agrocombustibles. ¿Quién gobierna? Vamos a hacer macro-hidroeléctricas para darle energía a la potencia emergente de Brasil. En el contexto mundial, podemos decir que hay un reacomodo de la estructura del poder mundial con la aparición de las potencias emergentes: México, Brasil, India y, fundamentalmente, la China.

El conflicto por el TIPNIS ha destapado todo esto. En él se enfrenta el proyecto por el que se ha peleado entre 2000 y 2005, que se expresa en la Constitución y proyecto que están defendiendo las naciones y pueblos  indígenas originarios, organizados en el CONAMAQ y la CIDOB.

¿Quiénes están al otro lado del conflicto? Obviamente, el gobierno y todo su aparato, pero además las transnacionales y el gobierno del Brasil. Estamos supeditados a la política de ese país; la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el proyecto hegemónico de ese país, y el TIPNIS está incluido en él.

¿Quiénes más? En pleno conflicto del TIPNIS, Lula viene desesperado a hablar con Evo, luego hay una reunión en Santa Cruz, ¿quién la financia?, ¿quiénes más están ahí? La CAINCO y las “trillizas”: la CSUTCB, las Bartolinas y los Interculturales[15], quienes deberían seguir llamándose colonizadores, pues demostraron no respetar la condición intercultural, sobre todo en el bloqueo de Yucumo[16]. Esa es la nueva alianza, la recomposición de la burguesía, la antigua con los nuevos ricos, vinculados al proyecto hegemónico de la burguesía internacionalizada brasilera.

Hay nuevas alianzas entre quienes apuestan por los proyectos extractivista y desarrollista, por el proyecto cocalero y, lastimosamente, también por el proyecto que podemos llamar de la economía política de la cocaína. Hay alianzas con los agroindustriales de Santa Cruz, que también apuestan por el desarrollismo con la ampliación de la frontera agrícola, y con las transnacionales.

Ese es el frente que se ha abierto. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. ¿Quiénes tienen posibilidades de ganar? Lo sabemos. Pero si se pierde el TIPNIS habrá muerto el proceso. Si no cruza esa carretera por el TIPNIS todavía habrá una posibilidad de reconducir este proceso.

Seguir apostando al extractivismo es apostar por una ilusión

La estructura del Estado de transición tiene una condición plurinacional, una condición comunitaria, una condición autonómica y, obviamente, esto implica una condición intercultural. ¿A dónde apunta todo esto? A una transición transformadora hacia el macro-modelo del vivir bien. Éste es el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Ese es el sentido de la Constitución.

El planteamiento de lo plurinacional ha traído problemas desde un principio. Las críticas han ido en el sentido de que el Estado plurinacional nos desunirá, que cada nación pedirá su autodeterminación y, por lo tanto, nos dividiremos. Eso responde a un miedo o sentimiento que no evalúa claramente el significado de plurinacional.

En relación a la evaluación de la Constitución, sobre todo de su carácter plurinacional, tomaré palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, una autoridad constitucional, así también palabras de Bartolomé Clavero, como de Rubén Martínez Dalmau, constitucionalista que apoyó a la Constituyente; todos ellos coinciden en que estamos hablando de un nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano - que está siendo estudiado en algunas universidades europeas - comienza con la Constitución colombiana de 1991 y continua luego la venezolana, la anterior ecuatoriana, la boliviana y la última Constitución ecuatoriana. Aunque hay un antecedente importante con la experiencia de las construcción de la Constitución brasilera, que se promulga en 1988 y tiene un plebiscito en 1993. Empero dejemos pendiente la discusión del comienzo de este nuevo constitucionalismo, usemos los acuerdos convencionales, por el momento, relativos a la historia del constitucionalismo latinoamericano[17].  

Estas constituciones se diferencian de las europeas y norteamericanas en que, primero, son participativas; segundo, no las hacen los doctorcitos y son ampliamente discutidas; y tercero, son ampulosas: no se reducen a unos cuantos artículos constitucionales, sino a cientos; la Constitución brasileña tiene 245 artículos, la Constitución colombiana tiene 380 artículos con 59 transitorios, la Constitución venezolana tiene 9 títulos, 33 capítulos y 350 artículos, la Constitución ecuatoriana tiene 444 artículos y la Constitución boliviana consta de 411 artículos. Se trata de una nueva forma de pensar la configuración y la conformación de las constituciones, un pensamiento que considera a la Constitución no sólo como una norma de normas, sino como un instrumento que debe permitir transformaciones y resolver los grandes problemas sociales, económicos y políticos heredados. En ese marco también se habla del constitucionalismo andino, fundamentalmente de los casos de Ecuador y Bolivia, sobre todo por la perspectiva civilizatoria del vivir bien.

No se pueden interpretar las constituciones de estos países a partir del derecho y del constitucionalismo, sino que se exigen un pensamiento pluralista y un movimiento deconstructivo de los paradigmas. Por eso se pierden los abogados constitucionalistas tradicionales y terminan interpretando artículos como si tuviéramos que encontrar los artículos claves, cuando se trata de una interpretación integral, desde el espíritu constituyente, es decir, desde el preámbulo.

Por otra parte, la Constitución, en su primer artículo, plantea un “pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”. Si no somos capaces de pensar pluralmente estamos perdidos. No se podrán interpretar estas constituciones desde visiones universales; hay que pensar pluralmente; esta forma de pensamiento se encuentra en las cosmovisiones indígenas, son animistas e inmanentistas. También podemos encontrar analogías en las teorías de la complejidad. Estas analogías son sorprendentes y plantean un dialogo intercultural de saberes, ancestrales y contemporáneos.

Recogiendo estas características constitucionales y del pensamiento pluralista, podemos decir que, en el proceso en cuestión, estamos planteando una transición post estatal que se mueve en distintos planos: sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos. Esta transición supone el cumplimiento de transformaciones institucionales y estructurales; transformaciones que tienen que venir acompañadas con prácticas políticas participativas. Esto lo establece claramente la Constitución: la definición de un sistema político participativo, en el que se efectúa un ejercicio plural de la democracia; democracia directa, democracia comunitaria y democracia representativa.

El sentido de la democracia participativa se encuentra en la Constitución en el título VI se la Segunda parte, Estructura y organización funcional del Estado, que trata de la participación y el control social. Éste título plantea la construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública. Esta práctica política es el eje de realización del Estado plurinacional: una profunda democratización dentro de los códigos de la interculturalidad emancipadora. Eso es, por lo menos, lo que se ha tratado en la Constitución. Podemos ver, haciendo una evaluación somera, que estos objetivos no han sido alcanzados.

Sabemos que hay una concepción de interculturalidad que viene del pluralismo liberal, que arrojó instrumentos importantes como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de pluralismo liberal que no hay que descartar, aunque en la constituyente y en la Constitución se trató de ir hacia un pluralismo emancipador y descolonizador.

Entonces, a quienes se preguntan sobre si el Estado plurinacional nos divide o no, les plantearía la siguiente interrogante: ¿No es al revés? ¿Acaso lo que aparentemente nos ha unido, más bien no nos dividió? Esa aparente  unidad del Estado-nación consistió en un proyecto mestizo colonial que invisibilizó nuestra propia pluralidad y diversidad.

Eso no sólo ocurrió en Bolivia o en el sur, en la periferia del sistema-mundo capitalista; también pasó en Europa. Los Estados europeos terminan de constituirse después de sus grandes expansiones coloniales y de la tarea emprendida por sus grandes administraciones extraterritoriales, en el combate a sangre y fuego por el dominio, la conquista y la colonización. Estos estados modernos también luchan por hacer desaparecer las múltiples lenguas practicadas en sus territorios, por imponer la lengua nacional. La colonialidad es una herencia dramática y demoledora, que nos ha afectado a unos y a otros; ha sido un instrumento al servicio de la acumulación de capital. La interpretación histórica adecuada de la conformación de la nación, de la comunidad imaginada, es que es posterior a la conformación del Estado moderno. La interpretación  ideológica es la que supone que el Estado se conforma a partir de la nación, como una continuidad institucional de su existencia. Al respecto las investigaciones de Immanuel Wallerstein son esclarecedoras; a partir del seguimiento de las estructuras de larga duración y de sus ciclos se constata empíricamente que la nación es una construcción estatal. Primero se construye el Estado, y su legitimación ideológica es la invención de la nación; ésta es una comunidad imaginaria.

Las rebeliones del siglo XVIII en Perú, Bolivia y Ecuador se enfrentaron a las formas de dominación colonial. Este es como una matriz de arranque, la configuración inicial de la estructura larga de la rebelión, aunque se hayan dado antes rebeliones mas bien locales, como una especie de anuncio. La historia larga de las rebeliones, esta lucha anticolonial a lo largo de la historia se dio en diferentes contextos; es imprescindible reflexionar sobre ellos y sus diferencias. Por ejemplo, es distinta la situación histórica y política durante la Guerra Federal (1898-1899). En esa ocasión, el guerrero aymara Zárate Willka llegó a un acuerdo con el General liberal Pando en términos de construir un sistema federal; ahí se piensa en un federalismo aymara a partir de un posible nacionalismo aymara. Sin embargo, por miedo al ejército aymara, norteños y sureños, liberales y conservadores o federales y unitarios apresuran un acuerdo que termina con una solución estrambótica: ya no hay federalismo, sino se mantiene el unitarismo; empero, como compensación de consuelo, se da lugar al traslado de la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz. Esos son los límites de la clase política.

Un debate similar se tuvo en la Comisión de Visión de País de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál debería ser la configuración del Estado plurinacional? Una de las hipótesis puestas en mesa planteó directamente que  Estado plurinacional no puede ser unitario, tiene que tener la forma de una confederación de naciones. Eso está en los anales de la Asamblea Constituyente y en el informe de minoría de la Comisión, que fue más bien un informe de izquierda y no de derecha como ocurrió en las demás comisiones.

En la Asamblea Constituyente se llegaron a dar este tipo de debates, pero no se los pudo recoger por los mismos miedos de quienes ven con un gran recelo la conformación del Estado plurinacional. También se manifestaron posiciones conservadoras en nuestros compañeros, indígenas y campesinos. Había una especie de terror a que se discuta sobre una confederación de naciones porque el mito de la unidad, del Estado unitario, estaba muy impregnado en ellos.

De esta manera, por inclinación mayoritaria, se llegó a la solución del Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario y con autonomías. En relación a esta solución, sin embargo, los problemas de la construcción del Estado plurinacional seguían pendientes; se requería para plasmarlo un nuevo ordenamiento territorial. Al respecto se planteó una acción concreta:

Hagamos un nuevo ordenamiento territorial, ¿cómo vamos a construir el Estado plurinacional si no hay un nuevo ordenamiento territorial? La expresión espacial del Estado-nación es la geografía política de los departamentos. No podemos mantener eso y también tenemos que cambiarla si es un Estado autonómico.

Pero nadie se atrevía a asumir esta tarea, sobre todo por razones de apego localista;   nadie quería que le toquen su cantón o su provincia. Como se ve, las posiciones conservadoras también estaban entre nosotros. Además, las alianzas que se dieron en la Constituyente fueron complicadas; inclusive, algunas compañeras se aliaban a las asambleístas de la derecha en temas como el aborto y las opciones sexuales.

En relación a este prejuicio sobre la unidad, podemos decir que lo plurinacional mas bien nos une más porque expresa de manera coherente, no solamente nuestra diversidad, sino los proyectos civilizatorios latentes. Además expresa una percepción ecológica: hay que pensar lo plurinacional no sólo desde la perspectiva de lo plural cultural o plural civilizatorio, sino también desde la perspectiva territorial: los ecosistemas. La cohesión se construye sobre la base del reconocimiento de las diferencias y la pluralidad, no en abstracto, suponiendo una identidad nacional y una unidad forzada.

Lo plurinacional es una dimensión que plantea otro tipo de cambios en plena crisis del capitalismo, en plena crisis civilizatoria de la modernidad y de estos Estados

En Abya Ayala, la propuesta indígena, que comienza con el levantamiento zapatista y termina con los levantamientos bolivianos, es un planteamiento inquietante que va más allá de las propias propuestas políticas concebidas dentro de los límites de la modernidad.

El planteamiento es trastrocador, tiene consecuencias políticas, no se tata del despliegue enunciativo de unos intelectuales radicales, sino que es un producto participativo del saber colectivo. Estas propuestas han sido construidas colectivamente en congresos y reuniones

Lo interesante de estos planteamientos de transición es que en su formulación y expresión ya desapareció la figura del intelectual de vanguardia, en todo caso sólo es de retaguardia, y también desapareció la figura del partido revolucionario, externo a los movimientos sociales; son sujetos colectivos los que están emergiendo. Si queremos entender el Estado plurinacional, por lo menos deberíamos acercarnos al “pensamiento del sur” propuesto por Boaventura de Sousa Santos, a la sociología de las ausencias, a la sociologías de las emergencias, a la ecología de los saberes y a la ecología de las temporalidades.

Entonces hay que empezar a pensar pluralmente. Ese es el gran desafío y, además, salir del mito de la modernidad, el mito del progreso, del desarrollo. No es posible concebir una evolución al estilo del darwinismo de Spencer, basado todavía en esas insostenibles figuras evolutivas que distinguen lo salvaje, lo bárbaro y lo civilizado.

Ese es un cuento positivista de legitimización de la modernidad, tremendamente cuestionado, no sólo por racista, sino porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque se ha develado que no hay una modernidad, sino muchas. La corriente de la subalternidad hindú lo ha planteado: estamos moviéndonos en una heterogeneidad de modernidades.

El historiador francés Serge Gruzinski, radicado en México, plantea que había otras modernidades posibles. Esa otra modernidad la que construían España y Portugal, de alguna manera en connivencia con las noblezas indígenas, aztecas, incas y de otras regiones de Abya Ayala. Era una modernidad que articulaba a la China y a la India, amarradas por circuitos navegantes y por  entrelazamientos interculturales, también por misiones religiosas, como la de los jesuitas. Desde el punto de vista cultural y religioso, era una modernidad que articulaba a La Nueva España, es decir el actual México, a los circuitos de un mundo y una modernidad barroca. Esta otra modernidad se clausuro abruptamente  ante la emergencia de otra modernidad que va disputar la hegemonía mundial, una modernidad vertiginosa que se configura a partir de la revolución industrial inglesa.

Esas modernidades heterogéneas se expresan en los diarios náhuatl de nobles indígenas que empiezan a escribir desde una perspectiva de mundo, difundiendo una nueva versión del renacimiento, ahora indígena, con una comprensión diferente de la modernidad y del mundo.

El debate sobre la modernidad es amplio y complejo. De todas maneras, es aconsejable  dejar de creer que estamos moviéndonos sólo en nuestras localidades, en nuestro sitio circunscrito; no hay eso desde la Colonia. Desde esa época estamos atravesados por procesos absorbentes problemáticos: nos hemos reconstituido de una manera barroca, y lo indígena ha adquirido un carácter de resistencia, pero esta reinvención de lo indígena se hace en este espacio de la modernidad.

Inicialmente, hay una invención del indio desde la perspectiva de los conquistadores. Éstos tienen que llamar indígena al nacido en el lugar, a toda esa multiplicidad de pueblos y culturas, de civilizaciones y territorialidades, que habitaba el continente, el Abya Yala. Lo curioso es que en realidad los indígenas en Europa eran los nobles por herencia. Aquí, ese concepto se invierte de acuerdo a los términos impuestos de la dominación colonial. Una vez homogeneizados como indígenas las múltiples y diversas sociedades, pueblos y poblaciones del continente, una vez vivida la experiencia de la descalificación y la discriminación, lo indio, lo indígena, es recuperado políticamente, reivindicado y valorizado en la guerra anticolonial y descolonizadora.  Es como dice Franz Fanon en Los condenados de la tierra: La violencia cristalizada en mis huesos se revierte contra el dominador.

Hay una reinvención para actualizar utopías no realizadas, pero sobre todo para inventar un mundo emancipado. La propuesta indígena en el continente, en los Andes, no puede resolverse sólo en la región, menos en un solo país; estamos obligados a que sea una propuesta con características mundiales. Es esto precisamente lo que ha ocurrido en Tiquipaya; e esto lo que se ha planteado en la conferencia de los pueblos. Allá se ha convocado a una internacional de los pueblos en defensa de la Madre Tierra, contra el capitalismo y la modernidad.

La discusión sobre los modelos de desarrollo, sobre los modelos alternativos, se da en el ámbito latinoamericano de las ciencias de vanguardia, más que en las ciencias académicas.

Las preguntas sobre el desarrollo, sobre desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo no se pueden responder desde el supuesto positivo del desarrollismo. Los marxistas latinoamericanos de los años 60 ya habían dicho que el desarrollo produce subdesarrollo y éste produce una dependencia de la que hay que salir. Entonces, seguir creyendo en el desarrollo extractivista es seguir cavando en lo mismo, seguir constituyéndonos en esa dependencia y reproduciendo constantemente el subdesarrollo. Ese es un absurdo.

La respuesta está en nuestra Constitución y es muy clara: la complementariedad articulada e integrada de la economía plural que avanza en la perspectiva de la economía social y comunitaria. Ésta tiene que avanzar, fundamentalmente, a partir de una articulación complementaria entre las distintas formas de organización económica: la comunitaria, la privada y la estatal. Pero integradas hacia un fin y ese fin tiene que ser la economía social y comunitaria con la perspectiva del vivir bien. Eso plantea una transición. Obviamente, de la noche a la mañana no saldremos del extractivismo, pero hay que empezar a salir porque si no estaremos perdidos en el círculo vicioso de la dependencia y el sometimiento.

Así, cuando nos preguntan de dónde vamos a sacar la plata para la salud y la educación, es absurda la respuesta de que tenemos que seguir apostando por el extractivismo. ¿No se dan cuenta de que no somos nosotros quienes verdaderamente ganamos?

Como dice Sergio Almaraz Paz: Aquí, en las periferias del sistema-mundo capitalista quedan los cementerios mineros, aquí quedan los huecos que dejan las explotaciones extractivistas. Aquí no queda la ganancia; unos pocos ganarán: grupos de la burguesía intermediaria, los que están en el gobierno y se han hecho cargo del Estado. Quizás parte del derrame de todo esto vaya al Tesoro General de la Nación y a las burguesías intermediarias. Quienes se llevan el gran pedazo de la torta, quienes ganan realmente son los que controlan los monopolios financieros, los que controlan la acumulación de capital.

Seguir apostando al modelo extractivista es una locura, es apostar a la ilusión. No tiene sentido. ¿Cómo salir de eso? Hay que salir del modelo extractivista, apostar por otro modelo energético alternativo, por la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la reproducción de la vida humana. Y eso significa, fundamentalmente, resolver los gigantescos problemas que se manifiestan en el mundo.

Es indispensable la armonía con los seres y los ciclos vitales integrales de la Madre Tierra. Si no, estamos perdidos. Hay que recordar que estos temas se plantearon en la escuela marxista de Frankfurt; esta corriente crítica quiso superar los límites del horizonte de experiencia de Marx. Adorno y Horkheimer encontraron que Marx se había limitado a un horizonte, el de la revolución industrial inglesa; esta limitación lo llevó a creer que era suficiente una crítica a la economía política. En realidad es indispensable una crítica a la matriz de la economía política capitalista, es indispensable una crítica a la modernidad. La modernidad produjo mitos como el progreso y que se puede dominar a la naturaleza.

A propósito de la separación entre sociedad y naturaleza, que se produce en la modernidad, el concepto de naturaleza es un invento moderno que supone precisamente  una separación dominante, la separación entre sociedad y naturaleza. Desde una perspectiva ecológica, no hay tal separación, nosotros formamos parte del gran oikos, del gran hogar,  y si destruimos nuestro hogar nos estamos destruyendo a nosotros mismos. En comparación, la propuesta más civilizatoria es la del vivir bien en contraposición con un proyecto destructivo, desforestador y depredador que es el capitalismo.

Notas sobre el pluralismo jurídico

Cuando hablamos de derechos no podemos olvidarnos de que todas las generaciones de derechos se basan en el presupuesto de la igualdad. Desde la declaración de los derechos del hombre hasta la declaración de los derechos humanos tenemos el desarrollo legislativo de este presupuesto de la igualdad. Los derechos de primera generación, los derechos individuales, civiles y políticos; los derechos de segunda generación, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores; los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, los derechos comunitarios y de los pueblos indígenas; y los derechos de cuarta generación, los derechos de la madre tierra, de los seres y ciclos vitales; todos ellos suponen el principio y el concepto de igualdad. Hablamos del despliegue de la igualdad en distintos contextos históricos, políticos y culturales; hablamos de diferentes sujetos, individuales, sociales, colectivos y seres componentes de la madre tierra. No podríamos hablar de esta diferencia, de la comparación de esta diferencia, de la pluralidad y del respeto a la diversidad, sin contar con el concepto de igualdad. En este sentido, se podría decir que la historia de los derechos corresponde a la historia de las luchas y la ampliación de derechos en la modernidad, a pesar de la historia contradictoria, dramática, colonial, de explotación capitalista, dada en la conformación de la modernidad, a pesar que se haya tenido que arrancarle a la modernidad los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra, luchando contra la hegemonía cultural e ideológica de la transvaloración universal de los valores.

Cuando hablamos de pluralismo jurídico, de administración de justicia indígena originaria, también lo hacemos suponiendo la heterogeneidad de las modernidades, la hibridez de sus conformaciones y configuraciones. Se trata de formas administrativas de justicia distintas, diferentes, que se mueven bajo otros valores, otra ética, otra lógica, que son arrancadas al sistema de la administración de justicia imperante, de corte liberal. Cuando hablamos de normas y procedimientos propios lo hacemos desde la actualización de prácticas ancestrales, retomadas en el presente, en mezcla, en sincretismo, en simbiosis con prácticas que se han venido cristalizando desde la colonia, pasando a los periodos republicanos, con sus deformaciones modernizadoras. Cuando hablamos de instituciones propias, nos referimos a estructuras y organizaciones comunitarias resistentes a la desterritorialización y a la descohesión comunitaria. Esta propiedad de las instituciones ancestrales es recuperada, actualizada, en forma de sistemas comunitarios dinámicos, que también interpretan sus contornos. Estas instituciones viven las exigencias de la contemporaneidad, resisten y dan respuestas a las fuerzas de la modernidad. El derecho a la interculturalidad, el derecho a la existencia, el derecho a mantener su propiedad ancestral, forma parte del entrelazamiento cultural, pero también de proyectos políticos alternativos.

¿Cómo entender lo de la jurisdicción indígena originaria campesina de la Constitución boliviana? ¿Cómo entender la Ley de deslinde jurisdiccional? Para efectos de su comprensión no podemos desligarnos del contexto dibujado más arriba; la jurisdicción indígena originaria campesina forma parte de las conquistas del proceso constituyente, que tiene como contenido estratégico la tarea inmensa de la descolonización. La Constitución boliviana contempla tres jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción ambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. En concreto este es el pluralismo jurídico del que se habla constitucionalmente. Por lo tanto un problema fundamental va a ser el deslinde de las jurisdicciones. De cómo se haga este deslinde va a depender la apertura al pluralismo o su clausura, la creación de espacios diferentes y alterativos que permitan la recreación de otras formas y contenidos de expresión, de otras materialidades prácticas y de otros substratos ético-culturales. Esta tarea de deslinde era una gran oportunidad para lograr una complementariedad abierta entre las jurisdicciones y permitir la expansión de las formas de expresión y formas de administración de justicia alternativas a la jurisdicción ordinaria; empero esta tarea se la ha culminado rápidamente sin responder a la demanda de discusión, de reflexión, de crítica y de análisis descolonizador. A pesar de haber consultado a las organizaciones y pueblos indígenas, se ha desechado los aportes de la participación, prefiriéndose el consejo del gremio de abogados que ha cerrado filas contra cualquier apertura. Por eso se tiene una norma que norma los procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas; lo que implica una violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La Ley de deslinde jurídico termina arrinconando a la jurisdicción indígena originaria campesina dejándola en un espacio tan restringido que prácticamente no le queda materia importante de administración de justicia. Después de esta Ley la jurisdicción indígena originaria campesina termina supeditada a la jurisdicción ordinaria y al sistema de justicia hegemónico, que sigue siendo el liberal.

A propósito de esta reducción, de esta supeditación, de esta re-colonización es indispensable hacer un balance de lo sucedido, buscando visualizar las fuerzas, la correlación de fuerzas, las estructuras de poder, los intereses preponderantes, que impiden avanzar en el tratamiento abierto y emancipador de estos temas primordiales. En tal sentido trataremos de lanzar algunas apreciaciones sobre el estado de la cuestión y el estado de fuerzas que han empujado a una solución tan pobre y represora como la Ley de deslinde jurisdiccional.

Para comenzar una pregunta: ¿cuál es la situación de las prácticas, del esquema de comportamientos, de las estructuras, de las concepciones inherentes de la efectuación de la administración de justicia de acuerdo a normas y procedimientos propios en las comunidades? ¿Cuál es el mapa diferencial de estas prácticas tanto en las comunidades llamadas originarias y las comunidades campesinas? Esta información es indispensable para contar con una base material social y cultural en cuanto respecta a las posibilidades de realización misma de la jurisdicción indígena originario campesina.

Una revisión de lo que ocurre en el Altiplano arroja luz sobre el estado y situación de la justicia comunitaria. Para tal efecto tomaremos como fuente los resultados de la investigación del equipo de la Fundación Diálogo, dirigida por el antropólogo Ramiro Molina. El área de estudio se sitúa en las jurisdicciones indígenas de Achacachi, Carabuco, Sicasica y Viacha. El estudio nos dice que el sistema de autoridades se basa en la forma de organización sindical, aunque se combina con la forma de organización del ayllu. A lo largo de la historia se notan dos tendencias; desde la década de los cincuenta, sobre todo después de la revolución nacional y la reforma agraria, la tendencia de la organización rural va a ser la de la forma del sindicato. Desde las décadas de los ochenta y noventa la tendencia a la recuperación de la forma de organización del ayllu va a ser notoria. Esto quizás se deba a la irrupción del movimiento katarista, al proyecto político y cultural descolonizador, también al trabajo de movimiento indianista, así como también, de una manera concreta al trabajo del Taller de Historia Oral. Lo que se va a notar desde un principio es la diferencia de las formas de organización y las diferentes combinaciones entre ayllus y sindicatos.

En Achacachi las comunidades tienen en la base como autoridades al secretario general y su directiva, secretarios de relaciones, de justicia y de actas. En las subcentrales cantonales se tiene como autoridades al Secretario General Sub Central Cantonal  y su directiva. En la primera sección de la provincia, Achacachi, se tiene como autoridad al Secretario Ejecutivo Cantonal y su directiva. En cambio en Carabuco contamos con una combinación entre autoridades originarias y autoridades sindicales. Se tiene en la base como autoridad al Jilkata y segunda hacienda, también se tiene al Secretario General y su directiva. Como se puede ver tenemos a las comunidades organizadas en ayllus y sindicatos. Los cinco cantones de Carabuco tienen una central agraria por cada cantón. En Sica Sica también tenemos una combinación de autoridades, empero esta vez la forma de organización de las autoridades originarias atraviesa toda la estructura organizativa. En el ayllu se tiene como autoridades al Secretario General y su directiva, en los trece cantones se tiene a un Subcentral por cantones, también a un Jiliri Mallku, a un Sulka Mallku y a un Jilacata, así también se tiene a una autoridad política, que es el corregidor y agente cantonal. En el nivel del municipio se tiene como autoridad a la Central Agraria, en el nivel provincial al Ejecutivo Provincial. En Viacha se nota la presencia organizativa del ayllu; en la saya, en la comunidad se tiene como autoridad al Jiliri Mallku, al Sulka Mallku, al Jalja Mallku, que es la justicia, al Kelka Mallku, a los Kamanis Yati Kamani, al Yapu Uywa Kamani, a los Anat Kamani Chasqui, que son los vocales. En los nueve ayllus se tiene como autoridad a los subcentrales, donde funge el Jiliri Mallku del ayllu; después se tienen a la markas o cantones, donde funge el Jach’a Mallku; por último tenemos al Suyu o Provincia Ingavi, donde funge el Jiliri Jach’a Mallku del Suyu, acompañado por el Jiliri Jach’a Sullka Mallku, Jiliri Jach’a Jalja Mallku, que es la justicia, también al Jiliri Jach’a Kelka Mallku, y a los Kamani de educación, de agricultura y deportes.

¿Qué nos muestra esta forma organizativa combinada? Las formas organizativas campesinas y comunitarias están atravesadas y cruzadas por estratificaciones y estructuras organizativas ancestrales y modernas, afectadas ciertamente por los periodos coloniales, así como los acontecimientos de los periodos republicanos. Empero, tenemos también a una forma sindicato que tiene como matriz a la forma ayllu; entonces la misma forma sindicato es un devenir sindicato desde el devenir ayllu. Lo mismo ocurre al revés, el sindicato ha afectado a la forma ayllu, lo ha condicionado a las lógicas de las estructuras organizativas del sindicato. Las formas de representación de ambas formas de organización también se ven entremezcladas. Esto no solamente afecta a la representación en lo que tiene que ver a la delegación comunitaria, sino también afecta a las prácticas, a la toma de decisiones, así como a las ceremonias. Esta figura de por sí compleja, se complica más con la presencia de las llamadas autoridades políticas, que representan al Estado. Todo esto, todo este mapa, se hace sugerente cuando se trata de comprender el funcionamiento de la administración de justicia.

En el documento de sistematización de la investigación sobre justicia comunitaria se escribe que la muestra del poder que tienen las autoridades originarias es el uso del chicote. En las sayas estudiadas, el chicote es utilizado por las autoridades en las fiestas patrias y en las fiestas de comunidades. Las autoridades utilizan el chicote desde que asumen el cargo hasta que por rotación deben transferirlo[18]. El símbolo de autoridad es entonces el chicote, pero también el pocho, cuyo color depende de la región, así también se lleva un sombrero de ala ancha. En el documento de sistematización se anota que aparte del Jiliri Mallku (máxima autoridad originaria), los representantes que más intervienen en la justicia comunitaria, desde la recepción de las denuncias, la investigación y la sanción, son los jaljas mallkus. A nivel de la saya se tiene al Jalja Mallku, el Jalja Mallku del Ayllu, a nivel de la marka el Jalja Jach’a Mallku y a nivel del Suyu el Jiliri Jach’a Jalja Mallku[19]. Sin embargo, no son todas las autoridades que intervienen en la administración de justicia; además de las autoridades originarias intervienen también en la administración de justicia comunitaria otras como el Kama Amauta, sabio, cuya ocupación es la de regularizar con los jaljas mallkus los procesos que deben ejercer los casos denunciados[20]. Los kama amautas son cargos a nivel de la marka, así mismo se tiene compartiendo a este nivel al corregidor, autoridad política que intercede en los conflictos que son transferidos desde el ayllu hacia la marka[21]. Es el mismo caso del Agente Cantonal quien interviene en los conflictos transferidos por la saya al ayllu.

Una anotación de la sistematización hay que retener:

Es importante hacer notar que indistintamente del tipo de organización sociopolítica, las autoridades descritas cumplen varias funciones, entre ellas, las políticas y religiosas ceremoniales, al mismo tiempo las jurídicas, como parte del sistema de turnos. Por otra parte, es necesario resaltar el grado de legitimidad que tienen estas autoridades, por lo cual se cumplen los requisitos mínimos que hacen del sistema jurídico, no solamente vigente por la presencia de autoridades sino por su poder coercitivo, altamente legítima y base fundamental de las estructuras organizativas comunitarias[22].

Hablamos entonces de autoridades polifuncionales; no estamos ante la especialidad de funciones y la individualización de los responsables, no estamos ante la autonomización del espacio administrativo de justicia de otros espacios como el político y económico, como es el caso de la institucionalidad moderna.  Las autoridades comunales ocupan varias funciones, son responsables de varias funciones; su autoridad moral las unge como autoridades polifuncionales. Esto nos muestra que las esferas sociales, económicas, culturales y políticas no están separadas. Una buena administración de justicia responde a un manejo integral de los problemas, de los conflictos, de las transgresiones a las normas y procedimientos propios comunitarios. Es entonces la autoridad moral y la representación comunitaria la que avala y sostiene estas funciones articuladas. Además se cuenta con el Amauta para atender el seguimiento a los procedimientos y también consejos de índole “espiritual”. Esta figura transversal repite el ciclo y el taki, el camino que tienen que seguir los jaque, los alguien, los adultos, la pareja chacha-warmi. La tarea de las autoridades de justicia comunitaria es armonizar; resolver los problemas, los conflictos, los casos de transgresiones a la norma comunitaria, armonizando, buscando la armonización y el retorno al equilibrio. Este es el sustrato de la administración de justicia comunitaria. Empero, como se puede ver, este sustrato ha sido afectado por las otras formas de administración de justicia, por la forma de administración de justicia ordinaria, liberal, vigente formalmente en el país; también ha sido afectada por las formas y prácticas de la institucionalidad política del Estado. En este sentido se pueden observar mezclas, entrelazamientos, combinaciones, que terminan incidiendo en las propias prácticas de la administración de justicia comunitaria.

A propósito de esta problemática, del entrelazamiento de formas institucionales, de estructuras y de formas administrativas, debemos preguntarnos qué significa el deslinde, ¿qué debe hacer una ley de deslinde jurídico? ¿Qué hay que deslindar? ¿Separar competencias? ¿Distinguir campos de dominio? ¿Defender a la forma de administración de justicia dominante, la liberal? ¿Potenciar la forma de justicia comunitaria, comunal, la jurisdicción indígena originario campesina? ¿Cuál es la tarea de una ley de deslinde jurisdiccional en el contexto de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Estas son las preguntas a las que tenemos que responder ante el asombro de leer una ley de deslinde jurisdiccional promulgada por  el gobierno de Evo Morales Ayma, una ley de deslinde que ha optado por defender la administración de justicia liberal, recomponiendo su dominio en todos los terrenos, incluso avasallando los campos de dominio de la jurisdicción comunitaria.

¿Qué quiere decir deslinde? Deslinde, acción de deslindar, que quiere decir señalar, distinguir los términos de un lugar, aclarar una cosa para que no haya confusión ni equivocación en ella. Es  interesante relacionar esta palabra con otra, desliar, que quiere decir deshacer el lío, desatar lo liado, separar los lías del mosto. También podemos relacionarla con la palabra desligar, que quiere decir desatar, soltar las ligaduras, desenmarañar y desenredar una cosa no material, así también, en otros contextos, absolver de las censuras eclesiásticas, dispensar de la obligación contraída, picar, hacer sonar las notas con una breve pausa entre ellas[23]. Empero interesa sobre todo relacionar con el sentido de deslinde en lo que tiene que ver con los linderos, con la necesidad de delimitar los alcances y límites de los linderos, pleitos numerosos, que obligaron a la acción de deslinde, donde intervienen autoridades para solucionar los pleitos de linderos. Quizás sea este el referente más interesante en lo que respecta al deslinde jurisdiccional. Los linderos son límites dominios de propiedad, limitan, señalan, el alcance de estos dominios, son marcas que distinguen las fronteras de propiedad, si se puede hablar así. El deslinde jurisdiccional tiene que ver con la delimitación de los alcances del dominio jurisdiccional de las formas de administración de justicia; en este caso distinguir los alcances y el dominio de la jurisdicción indígena originaria campesina de la jurisdicción ordinaria; también podría suceder en lo que respecta a la jurisdicción ambiental. Empero el problema radica aquí de saber en qué contexto hablamos, en qué nivel hablamos, local, comunitario, regional. Esto es importante pues las competencias de las jurisdicciones pueden variar dependiendo del lugar, de si es local o regional, como hemos podido ver en lo que respecta a la organización de la administración de justicia comunitaria en el Altiplano. Hasta la fecha de la ley de deslinde la competencia de la administración de justicia sobre temas de tierras era un atributo de las autoridades originarias y de las autoridades sindicales en el nivel comunal; se puede decir incluso que dependiendo de los casos también a nivel regional. Esta competencia la habrían perdido con la Ley promulgada.

Por otra parte, no sólo se trata de comprender los distintos niveles de la jurisdicción indígena originario campesina y por lo tanto concebir acciones de deslindes múltiples en los distintos planos de concurrencia; de lo que se trata es de potenciar la administración de justicia comunitaria, la jurisdicción indígena originario campesina en los distintos niveles y planos. Este potenciamiento es adecuado a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.  De lo que se trataba no era de restringir sino de avanzar, reforzar, expandir, reconstituir la posibilidad de una administración de justicia complementaria e integrada, teniendo como uno de sus ejes a la jurisdicción indígena originario campesina. De lo que se trata es de enriquecer y ampliar las formas de administración de justicia logrando avanzar en una concepción intercultural, plurinacional y comunitaria. Empero, la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha desentendido de estas tareas y ha preferido retroceder restaurando mas bien los alcances de la jurisdicción ordinaria, invadiendo incluso los dominios de la competencia comunitaria.

Gestión pública e interculturalidad

Uno de los temas más inquietantes con la transformación estatal tiene que ver con la gestión pública, el conjunto de instrumentos y acciones encaminadas a realizar las políticas públicas. Herederos de la gestión pública liberar y de las reformas de modernización del Estado, se tiene la tarea imperiosa de transformar el Estado, de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, por lo tanto de realizar transformaciones institucionales que sean la base del nuevo Estado o del Estado en transición. En este contexto y teniendo en cuenta la Constitución política del Estado se ha discutido por ocho meses a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural. En el presente ensayo vamos a detenernos en el análisis de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta los alcances de las transformaciones institucionales exigidas por la Constitución.

Un primer punto en la elaboración del anteproyecto de ley de gestión pública es el concepto de gestión pública. En relación a la construcción del nuevo Estado se requería prioritariamente una nueva concepción de la gestión que no solamente escape a los moldes de la gestión pública liberal, incluso neoliberal, si consideramos la última reforma de modernización del Estado. ¿Qué tipo de gestión exige la Constitución? Esta es la pregunta insistente a la que se ha buscado responder con la propuesta de gestión pública articulada a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural. Estos son los tres ejes de la gestión pública del nuevo Estado. Ahora bien, qué significa articular estos tres ejes en la gestión pública.

La condición plurinacional exige transformaciones pluralistas del Estado, esto equivale a salir de la homogeneidad institucional moderna y adentrarse en el pluralismo institucional, que a su vez implicaba conformar un pluralismo administrativo, un pluralismo normativo y un pluralismo de gestiones, incorporando la institucionalidad indígena originaria campesina a la institucionalidad del Estado. Esta tarea significa la conformación de una arquitectura compleja que comprenda distintas formas institucionales, que articule distintas formas institucionales, las mismas que logren sistematizar las formas de gestión de las naciones y pueblos, de las comunidades y de las sociedades que constituyen a la formación económica-social-cultural de Bolivia. El pluralismo institucional se convierte en la base material del Estado plurinacional.

La condición comunitaria exige la irradiación de la forma institucional y de gestión de las comunidades en el Estado. Sobre todo se busca asumir la gestión comunitaria como forma de gestión alternativa a las formas de gestión liberales, especialistas y separadas de la sociedad. Ciertamente estas formas de gestión son persistentes en el área rural, entonces no se trata solamente de reconocer, si se puede hablar así, institucionalizar, las formas de gestión comunitarias, sino también de irradiar en el Estado la gestión comunitaria. No hay que olvidar que se trata de un Estado comunitario, el que define claramente la Constitución, además de un Estado plurinacional. La condición comunitaria rompe con la separación entre la esfera pública y la esfera privada, nos muestra claramente que hay una esfera comunitaria donde lo público y lo privado desaparecen y dan lugar a la participación plena de lo común.

 La condición intercultural plantea uno de los desafíos más importantes de la transformación estatal, que obviamente no se resume al reconocimiento y circulación de las lenguas y que va más allá del entrelazamiento e interpretación cultural, de la convivencia cultural. En términos institucionales significa conformar condiciones institucionales para el ejercicio pleno de la intra-inter-transculturalidad. Esta tarea va más allá del aprendizaje de las lenguas, incluso de su circulación simbólica y práctica, pues se trata del potenciamiento y la realización de la diversidad cultural, de su intercambio, interpretación y entrelazamiento en igualdad de condiciones.

Desde la perspectiva de la articulación de los ejes plurinacional, comunitario e intercultural en la gestión, se trata de efectuar transformaciones pluralistas, transformaciones comunitarias y transformaciones interculturales de los instrumentos de la gestión. Todo esto significa también hacer las transformaciones participativas de los instrumentos de la gestión, tal como exige la Constitución. El sistema de gobierno de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, exige la gestión participativa. En el título sobre participación y control social de la Constitución se establece la construcción colectiva de la gestión pública, esto es la participación en todos los niveles de la gestión.

Una vez hecho esto, una vez definido el concepto gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural, la tarea es transformar los instrumentos de la gestión, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. La tarea más difícil es esta, pues aquí radica el cambio de gestión; en la materialidad institucional, en la materialidad de las prácticas institucionales, es dónde realmente cambia la gestión. La clave en esta transformación práctica se encuentra en dos formas de desplazamiento de la gestión; uno tiene que ver con la búsqueda del impacto de la gestión. No concebir la gestión por la administración de la norma, del cumplimiento de la norma, tampoco por el logro de los resultados, sino por el impacto. Concebir la gestión como un instrumento de transformación. La otra forma de desplazamiento radicaba en la transformación pluralista, comunitaria y participativa de los instrumentos de la gestión. Se trata de realizar la planificación integral y participativa, tal como establece la Constitución, así como cumplir con el presupuesto participativo. Lo mismo pasa con la ejecución, la misma que debe ser participativa y con control social. El seguimiento forma parte del control social y la evaluación debe ser integral, teniendo el impacto y el cambio logrado, comprendiendo el control y la participación social. Por lo tanto estos desplazamientos transformaban en la práctica los instrumentos de la gestión.

El anteproyecto de ley de gestión pública plantea dos medios para incursionar en la trasformación de la gestión pública; una es la Escuela de Gestión Pública, que debería hacerse cargo no solo de la formación de los servidores públicos en el nuevo concepto de la gestión de todos los gobiernos, desde el nivel central hasta los niveles autonómicos, sino también debería formar a los que van hacer de control social y van a ejercer la participación social. La escuela de Gestión Pública formaría parte una revolución cultural, que tiene como tarea la transformación de los comportamientos, de las conductas y de las prácticas. Claro que también de las prácticas. Otro medio de transformación de la gestión es la conformación del gobierno electrónico, que vendría a ser un gobierno paralelo. El gobierno electrónico tiene como tarea no sólo el acceso abierto a la información sino precisamente hacer efectiva la participación y la construcción de las decisiones colectivas.

Estos medios, la Escuela de Gestión Pública y el gobierno electrónico, y los ejes de la gestión, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición intercultural, no podrían lograr las transformaciones de la gestión pública si es que no hay movilización. Es indispensable para el despliegue y la realización de la revolución cultural la movilización, la participación de todos en las transformaciones en la transición. La construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico no se realiza sin movilización popular. Las transformaciones no son tareas de funcionarios sino de movimientos sociales antisistémicos.

Uno de los temas importantes a dilucidar para comprender estos planteamientos tiene que ver con la crítica al Estado liberal, a la forma del Estado liberar, conformado como Estado-nación, sobre todo en lo que tiene que ver con la separación entre Estado y sociedad. Esta separación que corresponde a una gran división del trabajo entre los que gobiernan y los gobernados. La nueva relación se encamina por la ruptura de esta separación, por reintegrar el Estado a la sociedad, por convertirlo en un instrumento de la sociedad y al servicio de la sociedad. Hablamos entonces de una sociedad integral, que ha recuperado sus funciones de autogobierno y autodeterminación en un proceso democrático sin precedentes, profundizando y ampliando el ejercicio de la democracia. Haciendo efectivamente posible el gobierno del pueblo.

Ahora bien, la gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural tiene que incorporar la gestión autonómica, en todos sus niveles, comprendiendo su potestad gubernativa y su potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas originarias. En este terreno autonómico ciertamente es importante comprender la gestión comunitaria de las autonomías indígenas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a su institucionalidad propia, cosmovisiones propias y gestión territorial, ambiental y beneficio exclusivo de los recursos naturales renovables.

Como se podrá ver, asistimos al desafío de la transformación de la gestión pública en múltiples niveles. La apertura a esta complejidad se beneficia con la ampliación y profundización de la democracia, con la viabilización de las emancipaciones y los alcances mayores de las libertades y la realización de los derechos. Sobre todo es importante esta transformación pluralista de la gestión por la apertura y la invención de nuevas formas de gubernamentalidad, que no son la de la razón de Estado, la liberal y la neo-liberal, sino la gubernamentalidad de las multitudes.

Ciertamente hay temas más técnicos que tienen que ver con los procedimientos y las rendiciones de cuentas, procedimientos y rendición que se tiene que hacer en el contexto de la participación social. La rendición de cuentas debe ser abierta y a la sociedad, debe ser transparente y debe responder a los compromisos con la transformación no solo institucional sino también de la realidad social. Ahora bien los procedimientos son múltiples y variados, dependiendo de lo que se trata, de las políticas y de las tareas, de las funciones, de los controles y las operaciones. Este tópico de los procedimientos no se lo puede resolver en el anteproyecto de ley, tiene que ser tratado en las reglamentaciones y atendiendo a las problemáticas concretas.

Hay otros dos temas más que contempla el anteproyecto de ley y que vale la pena mencionarlos; uno es el que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas y el otro tema es el del presupuesto y la contabilidad. En lo que respecta a las empresas públicas la Constitución establece la necesidad que el Estado participe en toda la cadena productiva e incursione decididamente en la transformación del modelo económico, hoy por hoy primario exportador, es decir, modelo extractivista. La Constitución prohíbe taxativamente exportar materias primas. El Estado entonces debe plantearse la industrialización de los recursos naturales. Las empresas públicas deben cumplir con esta tarea, aunque también se comprende la conformación de empresas públicas de servicios. En ambos casos el Estado se mueve con los recursos naturales declarados estratégicos y destinados al vivir bien. El papel del Estado se encuentra en el contexto de la parte constitucional que titula Organización Económica del Estado, parte que define la finalidad de construir una economía social y comunitaria, además de entrar en armonía con la naturaleza, de garantizar la biodiversidad, los equilibrios ecológicos, los usos limpios de la energía. Entonces, como se ve, asistimos también a una nueva concepción de empresas públicas, que ya no son aquellas que formaron parte del proyecto de sustitución de importaciones, en la intención de la revolución industrial, sino aquellas que deben crear una transición al Vivir Bien respondiendo a las demandas del mercado interno, quizás incluso al proyecto de una segunda revolución industrial digital-cibernética. Esto equivale a desplazarse a una nueva concepción de la gestión de las empresas públicas. Algo que no se hizo en el anteproyecto de ley en consideración.

Hablando de las transformaciones de la gestión pública también el anteproyecto toca un tema neurálgico, el tema del presupuesto, que quizás es uno de los más importantes desde el punto de vista de la condición material económica de la realización de la gestión misma. Este es el lugar más importante pues se decide la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento del Estado. Dependiendo del tamaño del presupuesto, de su composición, se determina el carácter mismo del funcionamiento del Estado y el carácter de su reproducción. En la transición hacia un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la decisión sobre la estructura de presupuesto es decisiva pues determina la dirección misma de los recursos. En el anteproyecto el tratamiento de este tema también es uno de los más conservadores. Se sigue manteniendo los criterios centralistas heredados del presupuesto, no se avanza en el presupuesto participativo, por lo tanto tampoco se viabilizan aperturas para avanzar en esta perspectiva.

Lo mismo ocurre con un tema íntimamente vinculado al presupuesto que es el de la contabilidad, el de las llamadas las cuentas nacionales. También ocurre lo mismo; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha querido ceder estas herramientas imprescindibles, herramientas que son claves en la configuración de una estructura de poder en el mismo gobierno.

Ambos temas deben ser discutidos y ventilados abiertamente, el del presupuesto participativo y el de las cuentas nacionales, sobre todo cuando se trata de transformar, de orientar las políticas en el sentido de la transformación, más aún cuando se trata de transformaciones que se orientan a abrir un horizonte pos-capitalista.

Hasta aquí una evaluación del anteproyecto de ley de gestión pública, el mismo que ha quedado pendiente, pues nunca se lo presentó al gabinete para su consideración. En adelante nos concentraremos en la problemática intercultural, que el mismo anteproyecto aborda como un eje primordial de la nueva gestión pública.

Gestión intercultural

Haciendo una evaluación de las dos gestiones de gobierno, desde el 2006, se puede concluir taxativamente que no hubo incorporación de la interculturalidad a la gestión pública, como tampoco hubo un cambio de gestión. Se mantuvo la gestión liberal, las mismas normas y la administración de las normas, las mismas prácticas, por lo tanto se restauró el mismo Estado-nación. En esta situación es muy difícil esperar transformaciones interculturales de la gestión. Lo que se hizo de manera muy poco creíble es pedir el aprendizaje de las lenguas nativas a los funcionarios. Se abrió un viceministerio de descolonización y una unidad de des-patriarcalización en el viceministerio. No se puede decir que estas modestas creaciones corresponden a dispositivos interculturales, a pesar de los matrimonios andinos que ha propiciado el viceministro. La gestión en su conjunto del gobierno se ha seguido moviendo en los marcos de la estructura y la concepción normativa liberal, hasta neoliberal, si consideramos la famosa ley 1178, que es una ley de control y administración. El gobierno no se ha planteado una discusión seria sobre el problema de la interculturalidad en la gestión pública, ha optado por seguir en las mismas prácticas y ofrecer algunos cambios simbólicos y de nombres, que no tienen mayor trascendencia en la gestión misma.

¿Cómo explicar este rezago, esta inercia, este estancamiento de la vieja institucionalidad? Este rezago está relacionado con la cuestión estatal no resuelta. La arquitectura estatal, la maquinaria del Estado, sus formas, sus engranajes, sus agenciamientos, dispositivos y prácticas se mantienen persistentemente. No se ha desmantelado el Estado-nación, el gobierno se encuentra preso en este condicionamiento institucional, jurídico y político. Esta herencia estatal es como la matriz y la estructura del poder, de las relaciones de poder, de las relaciones de fuerza, que son relaciones de dominación. Una de las formas de dominación es precisamente la cultural. El desconocimiento y el encubrimiento de las culturas ancestrales de las naciones y pueblos indígenas originarios forman parte de la deculturación y aculturación, pero sobre todo de la violencia simbólica contra otras expresiones comunicativas, simbólicas e interpretativas. Los proyectos indigenistas de los gobiernos populistas lo que hacían es acentuar la condición de supeditación y subordinación de las culturas nativas, convirtiéndolas en folclore o reconocimiento de museo, quizás también como recurso ideológico, como antecedente del mestizaje. Ahora bien, en la medida que esta condición de subalternidad se mantiene, no es modificada radicalmente, sobre todo en lo que tiene que ver con sus relaciones con las formas institucionales, la interculturalidad no es posible.

En relación a esta problemática lo que llama la atención es la disociación entre lo que ocurre socialmente y lo que pasa institucionalmente. Hablamos de sociedades atravesadas por el entrelazamiento cultural, por sincretismos, simbiosis culturales, también por resistencias culturales y actualizaciones culturales; empero estatalmente la mono-cultura dominante se impone, es la cultura oficial, la lengua oficial, el referente oficial el que se usa. Ciertamente se han incorporado en la ceremonialidad del poder rituales andinos, empero estos son como adornos en el despliegue de representaciones nacionalistas persistentes.

En contraste, la interculturalidad se hace posible cuando la interpretación entre las culturas se da de manera horizontal, cuando los horizontes históricos culturales, la diferencia de los horizontes culturales, son constantemente abiertos en la circulación e intercambio cultural. Para que esto ocurra es indispensable salir de los marcos en los que se mueven las relaciones de dominación. En la creación de estas condiciones pueden jugar un papel de apertura, de liberación y potenciamiento precisamente las transformaciones institucionales y el reconocimiento de derechos colectivos y comunitarios.

Sin embargo, en esta discusión hay que distinguir la interculturalidad que viene del pluralismo liberal, de la interculturalidad emancipadora que trata de ser construida como propuesta indígena. La diferencia radica en que el multiculturalismo liberal reconoce la existencia de otras culturas a partir de la centralidad de la modernidad dominante. Forma parte de la ampliación de derechos. En tanto que el la interculturalidad emancipatoria deviene de un pensamiento pluralista y la condición pluralista de las culturas, esto equivale a no tener una centralidad sino redes, mallas, tejidos de encuentros, haciendo posible un juego de interpretaciones y de-codificaciones. Incluso la diversidad cultural se abre a modernidades heterogéneas.

Empero la pregunta es: ¿Cómo se hace posible una interculturalidad emancipatoria? Acompañando esta pregunta, en relación a la gestión pública intercultural, debemos también preguntarnos: ¿Qué es una gestión pública intercultural? ¿Cómo se conforma una gestión pública intercultural? A estas preguntas vamos a tratar de responderlas hipotéticamente, pues estos temas requieren de experiencia y experimentación. En todo caso una mirada teórica del problema sobre todo de las posibilidades de aplicación puede ayudar a comprender el alcance de las transformaciones pluralistas de la gestión pública, sobre todo el alcance de las transformaciones interculturales de la gestión pública.

La primera hipótesis, que ya lanzamos y la retomamos, es que la transformación intercultural de la gestión pública requiere de una revolución cultural y de que esta revolución cultural implica la movilización general. Una transformación del Estado no se hace sin movilización. En este escenario hay que tomar en cuenta varias cosas, una de ellas es que se requiere tener plenamente informada a la población sobre los alcances de la revolución cultural, sobre la riqueza y la complejidad de la interculturalidad, sobre la necesidad de las transformaciones interculturales de la gestión pública, sobre la significación de una gestión pública intercultural. Una segunda condición que tiene que cumplir esta movilización por la revolución cultural es la comunicación en las lenguas, pero también en las culturas, lo que implica el uso de los imaginarios y sistemas simbólicos implícitos. Esta movilización debe convertirse en una fiesta de encuentros culturales donde todas las naciones y pueblos sean convocados para mostrar sus más ricas formas de expresión como aporte a la revolución cultural.

Ahora bien, cuando se trata de la gestión pública intercultural, es importante que las culturas ocupen el espacio público, se hagan cargo de las transformaciones interculturales de la gestión pública, que aporten a los cambios de las normas, comportamientos, conductas y prácticas de la gestión. Sobre todo es importante la irrupción de los códigos culturales. La transformación estatal tiene que ser apropiada por las culturas, por las naciones y pueblos, por sus formas de organización, por sus formas institucionales. Esto implica ya pensar en un Estado no sólo como Confederación de naciones y pueblos sino también como Encuentro Permanente de Culturas, donde se dé lugar la interpretación abierta entre las mismas, enriqueciendo las posibilidades mismas de la condición humana.

Todo esto parece una utopía, sobre todo por la bondadosa figura del encuentro festivo de las culturas. En la medida que nos movemos con figuras hipotéticas no se tienen en cuenta las dificultades, los problemas, los obstáculos concretos, que tienen que ver con contradicciones y microfísicas del poder, microclimas culturales, micro-políticas y micro-sociologías locales. Más de un problema aparece cuando se efectúa, cuando se realiza, cuando se pasa a la práctica. El ámbito de realizaciones o mas bien los ámbitos de la realidad, son muchos mas complejos de lo que pueda elucidar la teoría o el programa de transformación. Esta es razón suficiente para exigir una constante evaluación, la apertura a la crítica y a la autocrítica, la apertura a aprender, a construir colectivamente las transformaciones estatales.

Una de las condiciones de la transformación intercultural tiene que ver con la transformación de los espacios públicos, con la ocupación pluralista de los espacios públicos, con la reinvención de lo público. Son estos contextos los que permiten la apertura concreta a las participaciones sociales en la conducción de lo público. Ahora bien, en lo que respecta a los procedimientos técnicos, a las normas específicas y a la administración de las normas, sobre todo al manejo especialista de la función pública, es indispensable que estas labores sean transparentes y ampliamente conocidas, para que pueda hacerse seguimientos y se viabilicen observaciones y correcciones desde los distintos sujetos involucrados. Como se puede ver, no se niegan las tareas especializadas, sino que la especialización no debe convertirse en una excusa para dar lugar a las separaciones entre especialistas y profanos. Se debe dar apertura a la revisión pública de la práctica de funciones y de tareas especializadas, sobre todo buscando la circularidad, la rotación, la administración abierta y el control social.

Otro tema importante que hay que introducir, en relación al alcance de la revolución cultural que comprende la interculturalidad emancipadora, es la liberación de las capacidades y potencialidades de las culturas, sobre todo de las que han sido inhibidas por la modernidad. Esto implica la liberación de las potencias creativas y de los imaginarios radicales. Esta tarea también implica abrir la promoción de investigaciones sobre la arqueología y la genealogía de las culturas, abriéndose a la memoria profunda de las mismas, a sus umbrales y horizontes.

Conclusiones

Una primera conclusión tiene que ver con las resistencias gubernamentales a los cambio y transformaciones, concretamente se niegan cambiar sus prácticas, la gestión pública. Esta es la razón por la que el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e intercultural ha sido archivado.

Una segunda conclusión tiene que ver con la necesidad de vincular la condición intercultural del Estado plurinacional con el conjunto de transformaciones pluralistas del Estado. La interculturalidad en la gestión pública depende de la creación de condiciones de posibilidad histórica, que tienen que ver pues con la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Una tercera conclusión tiene que ver con que la transformación intercultural de la gestión pública está asociada a la revolución cultural y a la movilización general. Revolución cultural que busca la revolución de las conductas, los comportamientos, las prácticas y las mentalidades.

Una cuarta conclusión tiene que ver con la interculturalidad emancipadora, concepción que exige una Confederación de Naciones y Pueblos además de un Encuentro Permanente de las Culturas abiertas a una interpretación horizontal, creativa y potenciadora de las relaciones inter-subjetivas.

                       

La constitución en medio de la tormenta[24]

¿Es inviable la Constitución Política del Estado?

Esta es una pregunta que escuche por ahí. También es como una hipótesis. Ambas, la pregunta y mucho más la hipótesis, son apresuradas. No responden a una preparación de la pregunta, a una evaluación del proceso constituyente, tampoco a la evaluación de la gestión de gobierno que debería aplicar la Constitución. No responde a un análisis de coyuntura, tampoco a un análisis de la crisis del proceso. Responde a otra cosa, a una predisposición. Un sentimiento y una impresión adelantada de que la Constitución es demasiado ampulosa, también demasiado exigente, define demasiados derechos, que el Estado no puede cumplirlos. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace esa pregunta? ¿Por qué se lanza esa hipótesis? ¿Se presupone que debemos desechar la Constitución? De todas maneras la discusión que propone la pregunta y la hipótesis es importante, vamos a abordarla abriendo el debate, la lectura del problema desde varios ángulos.

Lancemos otras preguntas: ¿Por qué sería la Constitución Inviable? ¿El Estado plurinacional comunitario y autonómico es inviable? ¿Es un proyecto imposible? ¿No podemos salir del Estado-nación? ¿Esta invención indígena de la condición plurinacional del Estado es imposible de realizar?  Estas preguntas deberían ser las principales en el debate y no si hay excesivos derechos que el Estado no puede cumplir, pues este tema del no cumplimiento de los derechos se encuentra en todos los estados, en todos los gobiernos y en todas las constituciones.  Las constituciones abren horizontes que deben ser asumidos y hacia los cuales debemos aproximarnos. Los derechos fundamentales que establece la Constitución le da prioridad a los derechos sociales sin descuidar los derechos civiles y políticos. Es donde se plantea el derecho de los bolivianos a la vivienda, al trabajo, al agua potable, a los servicios, a la energía, a la salud, al medio ambiente sano. ¿Por qué no poner esto en la Constitución? ¿Tiene o no tiene derecho todo boliviano y boliviana  a estas condiciones, que son condiciones de una buena vida? ¿Es acaso imposible cumplir con estas demandas? La razón de existencia de un Estado es precisamente cumplir con estos derechos fundamentales, si no los cumple, un Estado no se merece la existencia. Si sigue existiendo el Estado sin cumplir con esta satisfacción de la población es porque se basan en el desprecio de no sólo estos derechos sino de la propia gente. En el fondo se supone que la mayoría de la gente esta asociada a la condición de “pobreza” de una manera natural; como qué ha vivido acostumbrada en ausencia de estas condiciones, de condiciones adecuadas para vivir, entonces pueden seguir haciéndolo. Están habituados. Esa actitud es la demostración más clara de que estos Estados sirven a los intereses de las clases privilegiadas, de las clases dominantes, que obviamente gozan de sobremanera de esos derechos.

No es un buen argumento decir que no hay dinero para abordar el cumplimiento de estos derechos. Pues al decir esto, los que dicen no se dan cuenta que están mostrando las grandes falencias administrativas y de distribución de los recursos. Una demostración; para muestra basta un botón. El programa de gobierno de vivienda popular, que contaba con bastantes recursos, se ha desmoronado, no por falta de dinero, sino por corrupción. El dinero se ha esfumado, las empresas fantasmas se han llevado el dinero y no han construido viviendas. Lo poco que se ha construido con otras empresas suena a negociados pues las casas no cumplen con los mínimos requisitos de habitabilidad adecuada y cómoda. A los ministros y viceministros involucrados, en vez de pasarlos a la justicia y a ser investigados, se los premia con otros puestos. ¿Cómo se pueden entender estas señales sino como complicidades opacas? En contraste se muestra, como ostentando, una compulsiva construcción de edificios de departamentos de lujo y para oficinas. Claro que en este caso está metida la banca, con los préstamos, y las grandes constructoras, que cuentan con estos préstamos, y probablemente el lavado de dólares. Entonces se produce una oferta especuladora de viviendas caras, que obviamente no están destinadas a los pobres. ¿Qué tiene que ver con esto el gobierno? Las políticas económicas permiten este destino del dinero acumulado por la banca, que es como de cuatro mil millones de dólares, sin exigirle mediante leyes y políticas una orientación productiva. Hay una suerte de complicidad en este circuito especulativo. Respecto a este ejemplo podemos decir que ilustra que no es un problema de recursos, sino una falta total de voluntad, de disposición a transformar las condiciones de vida; en vez de esto se da una especia de complacencia con lo que ocurre. Una renuncia a todo cambio.

Lo mismo podemos decir con los otros derechos fundamentales. No se trata de que se cumplan de la noche a la mañana, sino de comenzar un tránsito transformador que avance en su cumplimiento. No se puede aceptar de ninguna manera que no se pueden cumplir con los derechos fundamentales. Esto no hace inviable a la Constitución. Lo que no se puede aceptar es que se acepte como viable lo que ocurre, la mantención de la diferenciación abismal de clase, la persistencia de un orden social discriminador y explotador, que arrincona a la mayoría de la población a la marginalidad. No se puede aceptar que algunos o muchos acepten como natural las condiciones de vida de la mayoría de la población, condenada a la miseria. La explotación social, la discriminación, la marginalidad, la miseria, no son fenómenos naturales sino históricos sociales. Estas realidades son productos de estructuras de poder, de relaciones de fuerza. Lo que la Constitución ha puesto en mesa es precisamente esto, que los diagramas de poder deben cambiar, que las relaciones de fuerza deben cambiar, que la correlación de fuerzas debe transformarse a partir de la participación abierta de las multitudes, de los estratos populares, del proletariado, de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Lo que no se puede olvidar es que la Constitución es producto de la crisis múltiple del Estado, crisis que abrió el terreno a fabulosas movilizaciones, luchas sociales con características semi-insurreccionales. El proceso constituyente asumió las demandas populares, de las naciones y pueblos indígenas, los tomó en cuenta y las trabajó en la Asamblea Constituyente, donde se escribió el texto constitucional, que contempla jurídica y políticamente las pasiones, los deseos, las esperanzas y las utopías de la gente, conformando un escrito que abre un horizonte histórico-cultural, un horizonte civilizatorio, estableciendo las rutas de la transición transformadora del Estado y la sociedad. La Constitución fue aprobada por la gran mayoría del pueblo boliviano. Este es el hecho político que no puede olvidarse, que no puede borrarse con ninguna triste pregunta sobre la viabilidad del proceso, sobre la viabilidad de la Constitución, ni con su hipótesis consecuente de la inviabilidad del proyecto.

A propósito de hipótesis en juego y en consideración, podemos lanzar una hipótesis política con el objeto de interpretar lo que acontece. No es que es inviable la Constitución sino que el gobierno jamás la tomó en serio, creía que era un librito que podía ponerlo en la vitrina y usarlo para propaganda, de manera discursiva, mientras ejecutaba políticas que respondían a la orientación dada por un grupo reducido del ejecutivo. Esta orientación es la continuación del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. El gobierno interpretó la confianza de la gente como si le dieran un cheque en blanco, creyó que podía jugar con esta confianza mientras hacía lo que quería, otra cosa, diametralmente diferente a la Constitución. Se equivocó; el pueblo se levanto contra el gasolinazo, el pueblo defendió el TIPNIS, apoyando la marcha indígena, obligando al gobierno y a la Asamblea Legislativa a promulgar una ley en defensa del territorio indígena y de la madre tierra. Ahora el pueblo va exigir el cumplimiento de la Constitución.

La Constitución Política del Estado es un horizonte, éste define una transición civilizatoria, hacia el vivir bien; establece la transformación pluralista, comunitaria, autonómica, intercultural y participativa del Estado; se abre a un modelo económico que apunta a la economía social y comunitaria, partiendo de la complementariedad integrada de las formas de organización económicas existentes, transitando por la industrialización de los recursos naturales, la intervención del Estado en la economía, en el marco de un condicionamiento ecológico, en armonía con la biodiversidad, en clave sustentable. El eje de esta transición es la soberanía alimentaria. Este horizonte abre un espacio de tránsito que debe ser remontado. De lo que se trata es de esto, de programas de transición; unos pueden ser más largos que otros, más curvos que otros, más complejos que otros, mas diferidos, pero estos programas diseñan caminos, rutas que conducen a transformaciones estructurales e institucionales. Se sabe que después de unos pasos, que van en ese sentido, vienen otros; no como ahora, de acuerdo a la conducta ambivalente del gobierno, cuando se tienen improvisaciones calamitosas, pasos desconectados, que empero conducen a la regresión y a la restauración. No es un tema de recursos, este cuento siempre ha sido utilizado como espectro en contra los pueblos que demandan. No es falta de capitales, pues las empresas trasnacionales se llevan grandes capitales en la condición material de recursos naturales. Se trata de relaciones de poder. El gobierno ha preferido continuar con la sumisión y la supeditación a los poderes vigentes, del país e internacionales, antes de pelear contra ellos junto al pueblo.

Volviendo a la pregunta del principio, ¿es viable el Estado plurinacional comunitario autonómico? La construcción de este Estado exige la muerte del Estado-nación, la sustitución de éste por el Estado plurinacional mediante transformaciones profundas estructurales e institucionales, que implican el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones. ¿Por qué no se podrían hacer estas transformaciones? ¿O es que se cree que el Estado-nación es eterno o es el fin de la historia? Lo primero no es sostenible empíricamente pues conocemos la historia y genealogía del Estado, se ha venido transformando no sólo desde esa historia europea de los estados patrimoniales, salidos de feudalismo, pasando por los estados de las monarquías absolutas, para llegar a las repúblicas, cuando se conforman los estados modernos, los llamados Estado-nación. Sino también, desde una perspectiva más amplia, incluyendo a los otros continentes; se puede hablar de la forma de Estado correspondiente a lo que se nombró como despotismo asiático, que corresponde a lo que llamó Marx el modo de producción asiático, comprendiendo sus diferencias, sus particularidades y singularidades, que Marx no pudo tomar en cuenta. Lo mismo podemos decir en el caso de Mesoamérica y la región andina, donde se conforman otras formas de estados, basadas en una articulación centralizada o confederada, dependiendo de los casos, de las comunidades, de las formas de comunidad involucradas. Tal parece que podemos hablar de esta forma política e institucional complementaria, que comprende un juego complejo de confederaciones combinadas con centralizaciones sobre la base de la articulación territorial de formas de comunidad. Algunos investigadores han encontrado analogías con los estados asiáticos, empero estas son comparaciones apresuradas, que no pueden sostenerse desde la perspectiva de las recientes investigaciones. En todo caso, cuando hablamos de la forma Estado, desde una perspectiva amplia, no necesariamente se usa la concepción marxista de Estado, tampoco la concepción moderna de Estado, sino una perspectiva epistemológica diferente. Gilles Deleuze y Félix Guattari comprenden la forma general de Estado como aparato de captura, como configurado y conformado por la práctica y función de captura; así también por su conflicto con las formas nómadas de las sociedades, con los espacios lisos, constantemente abiertos e inventados por los recorridos itinerantes. Se trata de aparatos de captura asociados a la construcción de espacios estriados, opuesto a los espacios lisos de las formas de ocupación y organización nómadas. Esta es una perspectiva diferente para entender la genealogía de los estados, que incluso hace más inteligible la crisis de los estados modernos. Empero, independientemente de las teorías del Estado no se puede sostener, desde ningún punto de vista la tesis de la inmovilidad del Estado-nación.

Ahora bien, la hipótesis tardía del fin de la historia y de su culminación realizada en el Estado liberal, es también insostenible. ¿Fin de la historia? ¿Fin de los tiempos? ¿Realización absoluta de la historia en la forma de política liberal? ¿Fin de las guerras? Todo esto también implicaría el fin de la política; ¿la realización subjetiva e individual del último hombre? En el conocido libro de Francis Fukuyama El fin de la historia y el último hombre, el autor se esmera por exponer estas tesis, utilizando proposiciones fragmentarias de Hegel y de Nietzsche, por lo tanto des-contextuadas, bajo una lectura voluble de sus obras, polémicas y contrastadas por cierto, incluso opuestas. Por lo tanto la fuerza de este libro no radica en el uso escolar de los filósofos alemanes sino en otro lugar. Podemos decir que el peso radica en el inmenso peso del orden mundial de las dominaciones, conformado después de las guerras mundiales y la guerra del Vietnam. Una especie de Imperio moderno, como figuran Antonio Negri y Michael Hardt en el Imperio y en Multitud, retomando su tesis revisada en Commonwealth. No vamos a discutir aquí esta tesis sobre la figura moderna del imperio, tampoco el debate abierto y las críticas que ha suscitado. Así mismo no vamos a tomar una posición en este ensayo al respecto; dejaremos pendiente la evaluación del debate. Lo que interesa es mostrar la función ideológica del libro de Francis Fukuyama, la legitimación teórica de este orden mundial, llamados por unos Imperio, por otros imperialismo, o formas desenvueltas y complejas de imperialismos coaligados. El peso de las tesis de Fukuyama radica en la situación mundial, la estructura del poder mundial,  en la realidad constatada de la coyuntura, visualizada por el autor como fin de la historia y no como crisis. De todas maneras el mismo Fukuyama revisó sus posiciones en libros posteriores, ante la evidencia de la continuación de las guerras, las guerras del golfo, la nueva guerra en los Balcanes, la guerra de Chechenia y las guerras de intervención en Afganistán, Irak, Libia[25].

Lo que importa es ver que tanto en la historia como en el presente no es sostenible la hipótesis de la inmovilidad del Estado;  en la historia sufre transformaciones en su propia genealogía, en el presente no deja de ser afectado por las contingencias, la crisis y las luchas. No hay fin de la historia, tampoco puede sostenerse que el Estado liberar es la realización suprema de la historia política. De la misma manera, no se puede sostener, en una perspectiva menos ambiciosa que la tesis de las transformaciones que podemos llamar reformista, incluso escéptica, que el Estado tal cual se encuentra no requiere experimentar cambios y modificaciones. La adecuación del Estado a los requerimientos estratégicos y de políticas, incluso si se quiere su mejoramiento, entiéndase éste como modernización o no, implica desplazamientos administrativos, por más estrechos que sean. Estas transformaciones, estas modificaciones, estas reformas estatales no pueden detenerse con el argumento de la inviabilidad. Este argumento no sólo es conservador, sino expresa un abismal desconocimiento de la política, de la historia estatal y de la complejidad institucional. Este argumento expresa la pusilanimidad de quienes pronuncian estas apreciaciones, su desapego completo de la política, su renuncia a toda mejora, no soló al cambio, que sería mucho pedirle. Una muestra del profundo nihilismo incrustado en sus cuerpos y comportamientos.

Durante las dos gestiones del gobierno de Evo Morales se tuvieron varias oportunidades de viabilizar las esperanzas, los deseos, las pasiones, los objetivos trazados por los movimientos sociales anti-sistémicos. Al principio, el 2006, cuando se asume el gobierno, contaba con todo el entusiasmo de la gente, con todo el apoyo, toda la legitimidad, toda la fuerza para comenzar por lo menos desplazamientos significativos en lo que respecta a la modificación de la función estatal. Se trataba de cambiar las prácticas de la política, las prácticas de la gestión, las prácticas de la ejecución, las prácticas de los estratos de funcionarios. Romper con la ceremonialidad del poder, la sombra inaudita de edecanes y sombras que acompañan a ministros y viceministros. Comenzar con la forma de democracia participativa, con la expresión del poder popular. Pero no lo hizo, prefirió mantener la vieja ceremonialidad del poder; edecanes, sombras de todo tipo y características conductas serviles, además de entornos de “lluncus” que crean microclimas de desapego de la realidad, amueblando los espacios de la función pública con el derroche de alabanzas serviles  a los jefes. Al principio los nuevos ministros, de origen popular, manifestaron su asombro ante estas demostraciones, empero después de un tiempo perentorio les comenzó a gustar; dejaron placenteramente que continúe este ritual espantoso de servilismo, de acompañamiento fatídico de sombras y “llunqueriós” que encubren la pesada carga burocrática ineficiente e ineficaz.

¿Qué no se podía hacer nada? ¿Qué era inviable? ¿Quién lo dice? Incluso en una perspectiva reformista, en el lapso de tiempo anterior a la promulgación de la Constitución, no se trataba de grandes cambios sino de pequeños desplazamiento hacia otro orden de relaciones en el ámbito político y gubernamental. Lo importante en estos casos es obviamente la voluntad política, pero sobre todo la acción, la decisión y la práctica de las modificaciones. Lo importante es comenzar, definir fácticamente un punto de partida, después lo que sigue. Estas decisiones no se las tomaron; es comprensible que todo esto se haya dado en un ambiente de sorpresas. Se llegó directamente al gobierno al haber sacado la mayoría absoluta; no hubo necesidad de la pugna en el congreso y en las calles. Después el llegar al ejecutivo sin experiencia alguna. Empero estos saltos abruptos pueden provocar el principio una suerte de inmovilidad y una sensación de vulnerabilidad; sin embargo, hay como dos alternativas: una aceptar lo que se ha heredado, ocupar sus espacios, sin cambiarlos; otra, intentar cambios, desmarcándose de la herencia. Se optó por lo primero, dejando los cambios para después, postergando la decisión hasta la aprobación de la Constitución. Por este camino no se cambio la arquitectura estatal, la estructura normativa y la administración de las normas liberales. Se trató de compensar con medidas vinculadas a la Agenda de Octubre, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Medidas que no sólo respondían al programa definido por los movimientos sociales, sino también medidas que abrieron rumbos políticos del proceso recuperando la capacidad soberana del pueblo. El problema era que si bien estos rumbos eran de apertura, se lo hacían en un mapa institucional que se había mantenido incólume.  No tardarían de llegar las contradicciones. No se puede sostener un proceso de nacionalización y un proceso constituyente con un mapa institucional conservador. Este mapa condicionó los comportamientos políticos respecto al proceso de nacionalización y en relación al proceso constituyente. Esta es la razón última de que el proceso de nacionalización se haya truncado y de que el proceso constituyente haya terminado en una Constitución no asumida como mandato, sino como discurso, quedando en la práctica como modelo ideal. 

Otro gran momento, quizás cualitativamente más importante que el anterior, sobre todo por la oportunidad otorgada de transformaciones estructurales e institucionales profundas, fue cuando se aprobó la Constitución.  El mandato es abolir el Estado-nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Con este mandato y la aprobación por la mayoría del pueblo boliviano se podía iniciar un proceso de transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas del Estado. Para esto se requería no sólo difundir la Constitución sino aprenderla colectivamente, también aprehenderla socialmente, discutirla abiertamente y asumirla como programa político y de movilizaciones transformadoras. En vez de hacer esto, se limita todo a la difusión sin su aprendizaje colectivo, sin asumirla ni siquiera por el gobierno y el ejecutivo. Se opta de manera improvisada sacar 100 leyes, transfiriendo esta responsabilidad a los ministerios. Los resultados son elocuentes; las leyes que se promulgan no son constitucionales, no son fundacionales, sino que responden a la inercia y continuidad de la forma de hacer leyes por parte de ministerios burocráticos, por parte de abogados, que se creían ser los indicados por su formación, sin haber entendido el proceso ni el sentido histórico-político de la Constitución. Sin embargo, se abrieron espacios de trabajo en equipos que tomaron en serio la apropiación de la Constitución y la elaboración de leyes fundacionales. Vamos a nombrar dos, por la proximidad que tuvimos con ellos. Uno es el espacio de trabajo del anteproyecto de ley de gestión pública, el otro es el espacio de equipos multidisciplinarios del Plan Plurinacional del Vivir Bien. Ambos proyectos culminaron después de varios meses de trabajo y discusión. Uno de ellos, el anteproyecto de gestión pública se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargado oficial del anteproyecto. Sin embargo, el anteproyecto hasta ahora no se lo expuso al gabinete para su discusión. El otro proyecto, el del Plan Plurinacional del Vivir Bien, llegó incluso a presentarse en el gabinete donde se aprobó la parte conceptual del plan, dejando pendiente las políticas y metodologías. Una vez ocurrido esto se interrumpió abruptamente este perspectiva, indispensable para la aplicación de la Constitución, para incursionar en el modelo económico alternativo, para articular el trabajo del ejecutivo, de los ministerios e instituciones en el sentido de su propia transformación, contemplando también las tareas de transformación social, económica, política, cultural, encargada a la planificación integral y participativa con enfoque territorial. En ambos casos se muestra que el ejecutivo ya iba por otro lado, no por la transformación y el cumplimiento de la Constitución. Había ya escogido el camino de retorno, el de la restauración del Estado-nación y mantenerse en el modelo extractivista.

¿La razón de esto es que es inviable la Constitución? ¿Es imposible cambiar la gestión pública? ¿Es imposible la planificación integral y participativa con enfoque territorial, como establece la Constitución? ¿Cómo se puede saber si no se ha intentado? La verdad es que se renuncio antes de efectuar el recorrido de estas posibles experiencias. ¿Es que la gestión liberal, burocrática, pesada, sedimentada en varios estratos administrativos es la única viable? ¿Estamos condenados? ¿Quién lo dice? El problema que las propuestas de cambio se estrellaron con intereses consolidados y cristalizados en el aparato del Estado.  Los funcionarios, la mentalidad de los funcionarios, a la que se adscriben plenamente los ministros, no podían aceptar cambios que atentaban con los intereses de la clase de funcionarios, de la clase burocrática del país.

Se podía comenzar con la aprobación de la ley de gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural, después seguir con desplazamientos y transformaciones institucionales sobre la base de una ingeniería institucional, de una ingeniería de la transformación, que podría llevar sus tiempos diferenciales, dependiendo de las áreas. Empero se retrocedió ante esta posibilidad, optando por aferrarse a lo mismo, encubriendo esta ineptitud con discursos rimbombantes. Lo mismo ocurrió en el caso del Plan Plurinacional del Vivir Bien. Se podía seguir adelante, en el trabajo en equipos, elaborando las políticas, las estrategias, abriéndose a la participación en todos los niveles, incluyendo los gobiernos autonómicos, las asambleas legislativas, las poblaciones y organizaciones de los territorios. Quizás esto habría durado su tiempo, empero ya se habría comenzado a consensuar un plan plurinacional del vivir bien orientado a abolir el modelo extractivista y construir el modelo alternativo productivo, ecológico, de la economía social comunitaria, en la perspectiva del vivir bien. Hubieran aparecido muchas dificultades en el camino; en su momento deberían enfrentarse las mismas de una manera participativa y abierta, buscando nuevamente salidas, en la perspectiva del horizonte abierto, la Constitución y la planificación integral y participativa.

¿Faltaban recursos para hacer todo esto? De ninguna manera. Lo que faltó es voluntad política. Se entiende que se pasó por momentos problemáticos de enfrentamiento con las oligarquías regionales, con los partidos de la derecha, con los medios de comunicación empresariales. Este periodo atraviesa todo el proceso constituyente, se vuelve altamente violento después de la aprobación de la Constitución, con la toma de instituciones y ciudades del oriente. Este periodo concluye en la masacre de El Porvenir, en el departamento de Pando. La derecha es derrotada políticamente y militarmente. Esta derrota se refleja en su derrota electoral del 2009, no llegan a tener ni siquiera el tercio de la Asamblea Legislativa, políticamente esta derecha se disemina. Al respecto hay que hacer dos anotaciones; primero que el conflicto con la derecha no puede detener, no puede suspender, la necesidad de los cambios institucionales; al contrario, inmovilizarse es hacerse vulnerables  ante la ofensiva de la derecha. Por otra parte, una vez culminado el conflicto, con la consolidación electoral de la absoluta mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, en la segunda gestión de gobierno, se tenía limpio el camino para realizar las transformaciones diseñadas por la Constitución. Empero, paradójicamente, ocurrió lo contrario; en la segunda gestión el gobierno se mostró más conservador, más defensivo, más alejado de la Constitución, incluso cometiendo flagrantes violaciones a la Constitución tomando medidas que lo enfrentaron al pueblo. Una de esas medidas fue la llamada nivelación de precios; la otra política descabellada y contraria a la Constitución, fue el compromiso del gobierno con el gobierno brasilero, con la empresa OAS de atravesar la carretera por el núcleo del TIPNIS, territorio indígena y parque protegido por la Constitución y por las leyes, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.  En ambos casos el gobierno tuvo que enfrentar la movilización popular y en ambos casos fue derrotado.

La pregunta es por qué ocurrió esto, justo cuando se tenía la mejor disposición para aplicar la Constitución. Para responder a esta pregunta vamos a recurrir a hipótesis de interpretación del lapso del proceso que corresponde a las gestiones de gobierno.

Hipótesis                            

Habría que recurrir al recurso y uso adaptado del método estructuralista, a su esquema metodológico, que se estructura a partir de opuestos, de opuestos binarios. Aparece una oposición entre dos etapas claras del proceso; la primera corresponde a la etapa de las luchas sociales (2000-2005); la segunda etapa corresponde a las gestiones de gobierno (2006-2011). Ambas etapas se oponen, una abre el horizonte mediante la intensidad de las luchas, la otra parece clausurar esta apertura, cerrando este horizonte y retornando al anterior, el correspondiente al Estado-nación. Auscultando en la segunda etapa, la oposición parece repetirse, aunque en menor contraste, pues también pueden entenderse como una continuidad regresiva. El contraste es entre la primera gestión y la segunda, la primera gestión inicia el proceso de nacionalización, convoca a la Asamblea Constituyente y promueve bonos, que implican redistribución del ingreso; durante la segunda gestión se lanza la medida de nivelación de precios, una medida de shock, al mejor estilo monetarista, enfrentando el gobierno al pueblo; también se desata el conflicto del TIPNIS, enfrentando el gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, las organizaciones indígenas y el pueblo que apoyó la marcha. Otro contraste que podemos anotar es que durante la primera gestión estalla el enfrentamiento con las oligarquías regionales y los partidos de derecha, en tanto que en la segunda gestión se establece la alianza con la burguesía. 

El método estructural remarca los contrastes en la perspectiva de armar estructuras explicativas; si bien este método se ha aplicado prioritariamente en el análisis lingüístico, en el análisis antropológico, en el estudio de los mitos y de las instituciones culturales, también es susceptible de aplicarse en el análisis de otros campos, como el político. Si bien se encuentran avances de este recurso analítico estructuralista en investigaciones sociológicas, no ocurre necesariamente lo mismo con los análisis políticos, a no ser que consideremos los trabajos de Bourdieu y Foucault como si fuesen estructuralistas o post-estructuralistas, como los han calificado sus críticos y detractores. Ciertamente hay una marcada tendencia a resaltar los contrastes como opuestos en el armado de la estructura explicativa; esto hay que tomar en cuenta para no perder de vista la génesis y genealogía molecular del proceso mismo.

En todo caso es interesante preguntarse sobre lo que muestra la estructura armada por el análisis estructuralista. Al respecto, es importante antes hacer algunas anotaciones sobre la lógica en la que se mueve el estructuralismo. No olvidar que se trata de una problemática del sentido y del significado, del sistema de signos que sostiene la formación de sentidos y significados. Lo que se trabaja son las lenguas, los sistemas de signos, los sistemas de símbolos, las armaduras culturales, configuradas a partir de lo que podríamos llamar sistemas de mitos. Estamos como ante narrativas y textos que tienen que interpretarse a partir del develamiento de sus estructuras. Cuando salimos de estos sistemas y entramos a terrenos institucionales, como los relativos a las formas de organización, también se trata a las instituciones culturales como si fuesen sistemas de signos; se busca en estos sistemas institucionales sus estructuras subyacentes para poder interpretar sus sentidos y significados, que no dejan de ser culturales. Ahora bien, cuando nosotros nos desplazamos hacia los ámbitos y campos políticos, y aplicamos el método estructuralista de una manera adaptativa, lo mismo, podemos encontrar estructuras a partir de las oposiciones binarias; estas estructuras nos van a volver a plantear el problema del sentido y del significado de las estructuras políticas. El análisis estructuralista en los terrenos políticos no es un análisis histórico, tampoco empírico, ni descriptivo. Podemos también decir que tampoco es un análisis genealógico, no es un análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado. Es un análisis que busca el sentido y el significado político a partir de las estructuras encontradas. Ocurre como si estuviéramos ante lenguajes políticos conformados por acciones y hechos; de lo que se trata es de descifrar los sentidos estructurales que nos plantea una trama de hechos y de acontecimientos.

¿Qué nos dice una estructura política configurada a partir de oposiciones binarias? Desencadenamiento de las luchas en contraposición de la gestión de gobierno, emancipación en contraposición de dominación, utopía en contraposición de realismo, ascenso en contraposición de descenso, participación en contraposición de especialización, y así sucesivamente. ¿Qué nos dice la articulación entre la primera etapa del proceso, la de las luchas, y la segunda etapa del proceso, la de gobierno? ¿Qué nos dice la articulación entre la primera gestión de gobierno y la segunda? ¿Qué nos dice la articulación entre medidas progresistas y medidas regresivas? ¿La estructura compleja de estos opuestos, de estos contrastes, devela una escisión profunda de la política?

La política no solamente distingue amigo de enemigo sino que se da como relación imposible entre amigo y enemigo; la política también distingue utopía de realidad y se da como imposible articulación ente utopía y realidad; la política distingue emancipación y dominación, se da en la imposibilidad misma de unir emancipación y dominación. La política se da en esa escisión, en esa separación, en ese choque, como un intento imposible de unir lo contrapuesto, lo antagónico, la contradicción misma. La política emerge de este choque, de esta pugna, de esta lucha profunda. Es como si no lograra resolver su problema una y otra ves, empero para para intentarlo de nuevo, una y otra vez. La política es como una explosión y un proceso desgarrado, que vuelve a nacer de su propia derrota. Su victoria relativa, que también puede interpretarse como su derrota relativa, radica en su nacimiento incesante, en la latencia e irradiación de la esperanza y el entusiasmo. Una vez que logra emerger y posesionarse en el espacio-tiempo destrozando la estabilidad de las dominaciones, nada puede volver a su estado inicial; todo ha cambiado, aunque esta efervescencia termine desplazada por un nuevo sosiego, aunque la rebelión termine derrotada por un nuevo conservadurismo.

Que una mirada estructuralista interprete la composición contradictoria de la política, de los procesos políticos, de los asensos y descensos de las revoluciones, no quiere decir que hay una especie de condena o de fatalidad de que esto ocurra siempre así; esto no es así, pues desde otra perspectiva no estructuralista, desde un análisis histórico-político, desde un análisis genealógico, se puede develar otras posibilidades otras potencialidades y otras alternativas de desenlaces.   Lo interesante del análisis estructuralista es que expresa la trama contenida en un mapa de institucional, en una cartografía política, en un contexto de realidad. Mientras estos diagraman no cambien parece ser que la trama va desenvolver su propio recorrido como una escritura o una narrativa. En cambio si logran cambiar los diagramas, si logran emerger planos de consistencia, planos de intensidad, que transformen los mapas de fuerza y el mismo sentido de los mapas institucionales, se abren campos de posibilidad para otros desenlaces.

El problema no está en que no hay otros contextos de realidad que el que parece repetirse, sino que, en la medida que persistan determinados diagramas de poder, determinadas cartografías, determinados mapas de estructuras y relaciones de poder, estos hacen como condicionamientos para repetir la trama, aunque sea con distintas versiones. La tarea entonces de los movimientos emancipatorios es afectar no solo el escenario político, en el sentido de la ocupación de instituciones, del gobierno, del Estado, sino de modificar las condiciones mismas del espacio de las fuerzas, del espacio de las instituciones. Inventar otros espacios y tiempos, desterritorializar y reterritorializar, modificar la condición misma de los espacios. Por lo tanto. Nos abrimos con esto a otra producción de sentidos y significados más allá de la política.

La rebelión no solamente es contra el poder, contra el Estado, contra las dominaciones, sino contra la propia historia, contra las propias condiciones de posibilidad históricas. Hay que salirse de la historia para escribir otra cosa.

Retomando la pregunta sobre los contrastes del proceso, podemos decir que, en la medida que no se ha modificado el mapa institucional, el diagrama de poder, la curva del proceso vuelve sobre sí misma, como que retorna al peso gravitacional de sus condicionantes. El orden tiene que restablecerse, aunque en otro escenario. Las jerarquías retornan y las diferencias, las dominaciones vuelven, aunque los ejecuten otros personajes y nuevas alianzas. Y lo más perturbador es que se restablecen las supeditaciones al orden de dominación mundial y las formas de hegemonía regional; peor aún, se restablecen los circuitos perversos de la corrosión y la corrupción, que acompañan como lógicas y relaciones paralelas a las relaciones y lógicas oficiales del poder.

               

Sería peligroso quedarse con la  impresión de que la hipótesis anterior suspende a los protagonistas políticos de sus responsabilidades en la incidencia del proceso, como si todo fuese una historia de estructuras y relaciones, donde no intervienen los sujetos, las personas, los actores y perfiles individuales. Sabiendo además que los sujetos también responden a relaciones y estructuras constitutivas.  Nada más equivocado que esta impresión; los individuos, los perfiles individuales inciden en los desenlaces del proceso, aunque estos desenlaces no pueden explicarse por la actuación personal en los mismos. Esto sería caer en la comprensión de la política como si fuese una novela o, en el peor de los casos, una eterna conspiración. Esta es la inclinación del sensacionalismo de los medios, pero también de los analistas políticos, así como de los llamados políticos. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo en que estamos hablando de matrices histórico-políticas, de estructuras y relaciones de poder, de diagramas de fuerzas, de mapas institucionales, como condicionantes de los decursos políticos, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo inciden los perfiles individuales en los cursos y desenlaces de un proceso? Vamos a tratar de responder a esta pregunta con otra hipótesis interpretativa.

Estamos en desacuerdo con el conjunto de teorías que le dan un papel preponderante al individuo en la historia, sobre todo cuando estos individuos se sitúan en lugares decisivos de los acontecimientos. En primer lugar porque el suponer individuos históricos en contraste con individuos que padecen la historia forma parte de un supuesto altamente discutible; primero, precisamente por razones que tienen que ver con las figuras complejas de acontecimiento y de proceso. No hay individuos que hagan solos historia, siempre responden al ámbito de relaciones en los que se encuentran, sobre todo relaciones con organizaciones, movimientos, masas, multitudes. En todo caso el papel de los individuos llamados históricos se encuentra en interrelación con conjuntos, colectivos, clases, naciones y pueblos, que actúan en el mapa dinámico de los acontecimientos. Segundo, estos individuos son producto de imaginarios colectivos, aunque también del imaginario de los historiadores. La historia no es una novela, empero los individuos, todos los individuos, los llamados históricos y los que padecen la historia, no dejan de tener responsabilidades en el decurso de los acontecimientos.

¿Cuál es esta responsabilidad? Las decisiones que se toman, las acciones que se asumen, las prácticas en las que se participa, incluso, obviamente las relaciones en las que se comprometen, juegan un papel en la incidencia de los hechos. Estas responsabilidades son altamente comprometedoras cuando se asume la función de gobernante.  Las decisiones que se tomaron al principio, en los primeros pasos del gobierno durante el 2006, las decisiones sobre la forma del proceso de nacionalización, las decisiones sobre la forma de convocatoria a la Asamblea Constituyente, las decisiones sobre la forma de los contrato de operaciones, las decisiones sobre las políticas económicas, las decisiones sobre la nivelación de precios, las decisiones sobre los acuerdos con el gobierno de Lula da Silva el 2008 y la aceptación de la construcción de la carretera que pasaría por el TIPNIS, incluyendo la aceptación de que sea OAS la constructora de la carretera, son decisiones que ciertamente han incidido en el decurso del proceso. 

Ahora bien, estas decisiones se dan en contextos, en marcos institucionales, en ámbitos de relaciones y de estructuras de poder, se dan también en atmósferas donde otros también toman decisiones. Los dirigentes de las organizaciones toman decisiones, los dirigentes medios y las bases también toman decisiones. El pueblo también toma sus decisiones, aunque generalmente lo hace en las elecciones, y circunstancialmente en momentos de emergencia y movilización general. Unas decisiones pueden reforzarse con otras, viendo los mapas en juego de los conjuntos de las decisiones, o en su caso truncarse, provocar desplazamientos. Ocurre que, en la primera gestión de gobierno el mapa de las decisiones es como acompasado, las decisiones se refuerzan, se complementan, por decirlo así. El conjunto de las organizaciones, que acompañaron a las movilizaciones del 2000 al 2005, decide replegarse y dejar la iniciativa al ejecutivo. Las tensiones que pueden haberse creado quedan como diseminadas en el contexto. Aunque hay que considerar sus variabilidades debido a tal o cual tema; incluso cuando se llegan a dar conflictos, como el caso de Huanuni donde se enfrentaron obreros mineros y cooperativistas, estos son de carácter corporativo y gremial. No llegan a cuestionar el mapa de las decisiones concomitantes.

Los conflictos entre percepciones y decisiones encontradas se dan en la segunda gestión de gobierno, cuando parte del bloque de apoyo al gobierno decide oponerse al gasolinazo, cuando las organizaciones indígenas deciden defender el TIPNIS y el pueblo boliviano de las ciudades, las organizaciones sindicales urbanas, la COB, deciden apoyar la marcha indígena de defensa del TIPNIS. En este caso no solo se constata el conflicto de las percepciones, también el conflicto de las subjetividades y las decisiones, sino que se muestra palpablemente que las decisiones de los gobernantes no prosperan, tiene que retroceder ante un levantamiento popular y abrogar la medida de nivelación de precios, tiene que retroceder ante una marcha indígena persistente y que cuenta con el apoyo de las ciudades, sobre todo de la ciudad de La Paz y del distrito 14 de la ciudad de El Alto. Las decisiones inciden en el decurso, empero lo hacen en el contexto de relaciones y estructuras de poder.

Lo que se puede observar en lo que respecta a las decisiones del gobierno, a su insistencia en una conducción altamente centralizada y, podríamos decir, elitista, en una orientación que pasó de pragmática a inconstitucional, apostando por la continuación del modelo económico extractivista, apostando por el autoritarismo y descartando la participación, ha ahondado la crisis del gobierno y la crisis del proceso. En este caso la estructura de los perfiles personales de los gobernantes se ha terminado de convertir en obstáculos para viabilizar soluciones concertadas en la imprescindible tarea de revitalización del proceso.

Los perfiles individuales, las estructuras subjetivas, pueden volverse obstáculos en un proceso que requiere circulación de ideas, de debates, flujo de críticas, que requiere participación y construcción colectiva de la decisión política, que requiere la democratización de la gestión. Quizás el lugar más difícil de cambios sea uno mismo, ese lugar donde se guardan secretos, memorias, frustraciones y logros, pero sobre todo ese lugar profundo donde se forma la persona y la personalidad, sobre la matriz incognoscible del sujeto y la subjetividad. Podremos hasta decir que ese espesor del cuerpo donde se aloja el sujeto es a la vez el lugar donde se conservan los efectos más moduladores del poder, así como también es el lugar turbulento de las crisis y de la escisión del sujeto, lugar también de la ruptura del equilibrio interno.

Si se termina aceptando el guion del caudillo, del clarividente, de especialista, del jefe, del experto, se termina aceptando un rol, un papel que reproduce precisamente la diferencia entre el que manda y el que obedece, dejando de lado la posibilidad de construir el conocimiento de lo que ocurre y las políticas de incidencia y transformación en la coyuntura de manera colectiva. Se reproduce la élite, los entornos, es decir, las estructuras que separan al gobierno del pueblo. Se convierte a los gobernantes en los amos de la política y al pueblo en espectador.  Esta es precisamente la estructura de la trama de los gobiernos liberales, criticados por esta separación y esta división de roles. De esta forma en las repúblicas la democracia se reduce a la periodicidad de las elecciones, en tanto que el ejercicio democrático termina convirtiéndose en un ejercicio burocrático de funcionarios y especialistas. En este sentido la democracia no se ejerce, no se ejerce el gobierno del pueblo.  Llama la atención que esto haya ocurrido precisamente con un presidente y un gobierno que usan hasta el cansancio el eslogan zapatista de gobernar obedeciendo.

No solo habrían entrado en contradicción pasado y futuro, estructuras del pasado y tareas del futuro; también la maquinaria fabulosa heredada del Estado-nación y la tarea de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico; así como viejas practicas administrativas y la exigencia de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia; sino también habrían entrado en colisión estructuras subjetivas, perfiles subjetivos, conservadores frente a la necesidad de abrirse a relacionamientos fluidos, intersubjetividades plásticas, potencialidades creativas colectivas. Los lugares más difíciles de cambiar son estos perfiles patriarcales, estas complicidades machistas conformadas en fraternidades cómplices.

Conclusiones

Una primera conclusión tiene que ver con que no es que la Constitución es inviable, lo inviable es el estado de cosas existente, la perdurabilidad de la explotación, la desigualdad, la discriminación, la sumisión y el sometimiento. No son inviables los derechos fundamentales, las cuatro generaciones de derechos, los derechos individuales, civiles y políticos; los derechos sociales; los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra; lo inviable es seguir por el camino del no cumplimiento de estos derechos. Lo inviable no es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino el mantenernos en la condición de un Estado-nación subalterno, administrador de la transferencia de nuestros recursos naturales al centro del sistema-mundo capitalista. Lo inviable no es optar por un modelo económico alternativo que salga del extractivismo, apunte ala industrialización de los recursos naturales, a la soberanía alimentaria, bajo los condicionamientos ecológicos y de una concepción sostenible, en la perspectiva del vivir bien, lo inviable es continuar por la ruta del despojamiento y la destrucción del modelo extractivista.

Una segunda conclusión tiene que ver con que no es sorprendente que el proceso haya llegado al nivel de las contradicciones profundas manifiestas en los conflictos del gasolinazo y del TIPNIS; las contradicciones profundas, históricas y políticas forman parte de todo proceso, de toda revolución. Revisando la historia podemos ver que ninguna revolución ha podido sortear estas contradicciones, ha terminada hundida en las mismas. De lo que se trata ahora es de resolver las contradicciones en el sentido de la profundización del proceso; esta profundización sólo se la puede hacer con el empleo del ejercicio plural de la democracia, el ejercicio de la democracia participativa, la construcción de consensos, además de las transformaciones estructurales e institucionales que requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Un a tercera conclusión tiene que ver con que las contradicciones de las que hablamos tienen que ver con estructuras, relaciones y diagramas de poder, que, en la medida que no se los desmantele, terminan condicionando, determinando, orientando las estrategias y políticas del gobierno. De lo que se trata es de enfrentar y desmantelar estas relaciones, estas estructuras, estos diagramas de poder, acompañados por movilizaciones populares, de tal manera que la invención de otro mundo, de un mundo alternativo, de la transición civilizatoria forme parte de la experiencia colectiva y los saberes colectivos, las prácticas y las acciones colecticas, dando pasos firmes de transformación compartida por todos.

Una cuarta conclusión tiene que ver con la responsabilidad individual de los gobernantes. No escapan de la responsabilidad y su incidencia en el decurso del proceso por orientar el análisis a las relaciones, estructuras y diagramas de poder, sino que su responsabilidad aparece en el ámbito de la toma de decisiones, donde los individuos, las reuniones de individuos, los espacios de decisión de grupos que agrupan individualidades delegadas, terminan asumiendo una forma de gobierno, una forma de gobernar que incide gravitatoriamente sobre los desenlaces. Se ha dicho que este lugar, de la subjetividad y de los perfiles subjetivos, es  el que entra en conflicto con los grandes desafíos del momento, pues es el sitio más conservador del proceso. Este es el lugar donde se guarda la memoria patriarcal.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El crepúsculo de los caudillos

El crepúsculo cierra el día, es también el comienzo de la noche y anuncia otro día, el amanecer. Podemos usar esta figura, como se lo ha hecho repetidas veces, para referirnos a la clausura de una época, en este caso una época signada por el imaginario del patriarca. En la historia política latinoamericana se ha identificado a los caudillos como la expresión arrebatada de la personificación fuerte de la crisis política y también la emergencia política de lo popular. Ocurre como si en ciertas personalidades se plegaría la expectativa y la esperanza de los grandes estratos de los condenados de la tierra; también estas personalidades fueron los símbolos de las naciones imaginadas como emergencia dramática. Aparecen como acontecimientos históricos empero son productos de creativos imaginarios colectivos. La multitud los inventa, pues proyecta en ellos sus esperanzas e ilusiones; se convierten como los mesías, portadores de del cambio de ciclo y el anuncio de nuevos tiempos. Hay que estudiar detenidamente el perfil de estas apasionadas subjetividades. Los caudillos terminan atrapados en las tramas de estos imaginarios, terminan asumiendo su papel en guiones altamente exigentes. La masa no podría perdonarlos si no se parecen a sus retratos. Ambos, masa y caudillo, viven sentidamente su complicidad con un proyecto salido de las entrañas mismas de los deseos y pasiones colectivas.

Ahora bien, no podemos homogeneizar el perfil de los caudillos, no solamente porque lo que corresponden a distintos periodos, a distintas épocas, a distintos contextos, sino también por sus propias singularidades, por sus propias individualidades, sus propias historias de vida. Comparándolos vamos a encontrar grandes diferencias. Son también estas diferencias las que tienen que ser comprendidas a partir de lo que representan. Sin embargo, los caudillos cargan en el cuerpo de su simbolismo con el dramatismo contradictorio de la historia política de sus propios países. En la historia de la región, por lo menos, desde el corte que produce la colonia, aparecen los caudillos como salidos de terremotos sociales y políticos, expresando las profundas crisis estatales de las coyunturas vividas. Durante el siglo XVIII los caudillos indígenas emergen desde la profundidad de las comunidades y pueblos dominados por las estructuras coloniales impuestas, por la administración colonial que entró en crisis; también emergen de las grietas abiertas por la  crisis de la colonia y del imperio español. Durante el siglo XIX emergen caudillos criollos y mestizos como expresión de las contradicciones de los nacidos en el continente americano y los peninsulares. Una economía pujante basada en la minería y el comercio choca con el monopolio de los peninsulares, protegidos por la administración de los virreinatos y capitanías. Todo esto se da en plena declinación de la dominación española y portuguesa de los mares, declinación que acompasa el cierre de los ciclos del capitalismo genovés y holandés. Estos ciclos transfieren la posta a la hegemonía británica en un nuevo ciclo del capitalismo, estructurado a partir de la revolución industrial y la incorporación plena del Estado como instrumento de la acumulación de capital. Frente al monopolio español y portugués, los británicos enarbolan la bandera del libre mercado. En este contexto los caudillos criollos y mestizos simbolizan los proyectos republicanos.

Durante el siglo XX, cuando declina la hegemonía británica y el ciclo que va a caracterizarla y emerge como potencia los Estado Unidos de América, abriendo un nuevo ciclo y una nueva hegemonía, el ciclo caracterizado por la libre empresa y por las revoluciones administrativas y productivas a escala, el fordismo y el taylorismo, un ciclo determinado también por el consumo de la energía fósil, emergen caudillos nacionalistas como expresión de las contradicciones entre las naciones y Estados-nación periféricos con el imperialismo, que es la caracterización conceptual que se da a esta hegemonía, aunque también a una combinación compleja entre capital financiero y Estado-nación dominantes. Estos caudillos cargan, en el cuerpo del simbolismo que representan y en el simbolismo de su cuerpo que experimentan, con los proyectos de soberanía y de independencia nacional, construidos en luchas sociales de matriz nacional-popular. Las nacionalizaciones de los recursos naturales y de empresas trasnacionales, las políticas económicas de sustitución de importaciones, del fortalecimiento del mercado interno, por lo tanto también de industrialización, forman parte de acciones políticas estatales que buscan transformar las estructuras de la dependencia y sustituirlas por una institucionalidad estatal moderna y democrática.

Las contradicciones inherentes a estos procesos someten a los gobiernos populistas, a sus proyectos y a sus bases sociales a duras pruebas. El desenvolvimiento de los procesos, de sus contradicciones, lleva a los mismos a puntos de encrucijada, donde hay que escoger por la profundización de estos procesos o por una salida aparentemente cautelosa de equilibrios y negociaciones, que ha conducido al desenlace de catastróficos hundimientos o de deshonrosas claudicaciones. En la historia latinoamericana sólo se cuenta con un caso donde la lucha nacional antimperialista se convirtió en un proyecto socialista. Las contradicciones del proceso nacional, antimperialista y en contra de la dictadura, condujo al punto decisivo; la profundización del proceso llevó rápidamente a una salida social y geopolítica, en el contexto de la guerra fría entre dos superpotencias, una capitalista, la otra con-figurante del llamado socialismo real. Este proceso sigue en curso, aunque en otro contexto, ya no de la guerra fría, sino el de la globalización avanzada del capitalismo tardío, bajo el dominio absoluto de las redes del capital financiero. Otras contradicciones han aparecido en la construcción del socialismo en un solo país, contradicciones nacidas de la demanda creciente social de bienes, debido a la profesionalización a gran escala de la población, contradicciones debidas al aislamiento, agravadas por el bloqueo impuesto, también contradicciones del mismo proyecto socialista en plena crisis de la modernidad, acompañada por la crisis ecológica.

A fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen nuevamente la figura carismática de los caudillos, en un contexto mundial altamente complejo, signada por las crisis financieras, el diferimiento financiero de la crisis, la especulación y las burbujas financieras; también de un escenario de guerras de nuevo tipo, casi policiales del gendarme del orden mundial capitalista, guerras por el control de las reservas petroleras, serie de guerras que están lejos de haber terminado. Contexto mundial del capitalismo que anuncia el agotamiento del modelo energético, basado en la energía fósil, mostrando síntomas peligrosos de la crisis ecológica, debidos al desborde de la contaminación, la depredación ambiental y los desequilibrios ecológicos. Podemos también hablar de la crisis de la forma Estado y las formas de representación políticas. Estos caudillos expresan el desacuerdo de la gente con el proyecto neoliberal, basado en el despojamiento de los recursos naturales, ahora dados a gran escala, a través de megaproyectos como los conformados con la mega-minería, interpretados en su tendencia global en el proyecto neoliberal efectuado como programa de privatizaciones, proyecto del capitalismo tardío que tienden a privatizarlo todo, incluyendo a los espacios públicos y bienes naturales. Una de las característica de estos caudillos es haber emergido de luchas sociales anti-neoliberales; otra de las características tiene que ver con que los procesos en los que están insertos se enfrentan a desafíos del fin de ciclos; el ciclo capitalista de hegemonía norteamericana, el ciclo de la modernidad, el ciclo de la energía fósil, pero también enfrentan el desafío de lograr otro proyecto emancipatorio ante la crisis  del proyecto socialista. Se puede detectar estas búsquedas en los discursos sobre el socialismo del siglo XXI, también en los discursos sobre el Estado plurinacional y los planteamientos civilizatorios sobre el vivir bien. Los procesos en cuestión han expresado sus visiones políticas en constituciones que pretenden ser la apertura al nuevo horizonte abierto por las luchas sociales.

Aquí es donde se muestra el perfil contradictorio de los caudillos. Forman parte de la herencia de la solución carismática de la política cuando, en cambio, sus procesos se encaminan al diseño de democracias participativas. Terminan replegándose a los proyectos inconclusos de los imaginarios nacional-populares cuando, en cambio, sus procesos se abren a la condición plurinacional, a construir estados plurinacionales, por lo menos en dos de los casos emergentes. Al hacerlo reproducen una contradicción profunda en sus gobiernos, precisamente al intentar concluir con los proyectos inconclusos de desarrollo nacional, enfrentándose a demandas de alternativas al desarrollo, sobre todo por parte de los pueblos indígenas. También, al hacerlo, terminan manteniendo la fabulosa maquinaria chirriante y oxidada del Estado-nación, con toda su burocracia, centralización y normas administrativas liberales. Los caudillos se convierten en los puntos neurálgicos de la crisis política en una nueva encrucijada de los procesos. ¿Por donde ir? ¿Por la profundización del proceso o por la administración dilatada de la crisis? A diferencia de los caudillos de los siglos pasados, los caudillos del siglo XXI son pragmáticos, realistas y cautelosos; se inclinan mas bien por lo segundo, por la administración desplegada de la crisis económica y política. Los caudillos del siglo XXI no tienen el perfil heroico de los tiempos gloriosos de la lucha antimperialista, prefieren investirse de los oropeles de aquellos protagonistas, nombrarlos como sus antecesores, pero sin seguir sus ejemplos.

Los caudillos, en general, la figura de los caudillos, lo que representan, el simbolismo que expresan, sobre todo por el imaginario al que responden, forman parte de las complexiones subjetivas más antiguas correspondientes a las sociedades patriarcales. La interpretación de la significación de los caudillos tiene que remontarse a esta figura ancestral basada tanto en la forma de la familia que tiene su eje simbólico de dependencia en el padre, así como también en la complicidad de la fraternidad masculina. Las relaciones patriarcales devienen desde entonces, desde los remotos tiempos en que las sociedades antiguas construyeron el eje simbólico del poder en la figura dominante del padre. Seguramente vamos a encontrar variedad de expresiones, perfiles, mitos, de esta figura dominante masculina; en algunos casos ligados al anciano de la familia o de las familias vinculadas consanguíneamente, en otro caso vinculados al guerrero o también al chamán, al adivino, al que lee las marcas y los signos, al interprete de los sueños. La mitificación del patriarca ha sido favorecida por el mismo proceso de sedentarización, por la conformación de las sociedades agrarias, también por la formación de las ciudades ceremoniales o comerciales, donde las fraternidades podían generar alianzas duraderas y estratégicas. Esta figura, el mito del patriarca, también ha sido favorecida por la consolidación, expansión y difusión de las religiones monoteístas. La unidad trascendente de la divinidad creadora se asienta en la memoria empírica y referente del padre de todas las cosas. En relación a este arquetipo único del comienzo de los tiempos se encuentra la aparición de los mensajeros, del mesías, de los anunciadores del apocalipsis y del juicio final. Los imaginarios milenaristas proliferaron al cumplirse los milenios o los ciclos conmensurados de distintas maneras. Si bien esto acontecía en los imaginarios religiosos, sobre todo populares, en los periodos tempranos de la modernidad estos significados se transfieren al campo político. La figura carismática del patriarca se adecúa en los espacios de la lucha política, donde el padre conductor aparece como el caudillo, el líder, en el que se depositan las esperanzas de una gran familia, que es el pueblo, que son los desposeídos. No podía ser sino un mesías político el que se convierta en la promesa de la emancipación, promesa que antes era de la salvación. Se entiende entonces la capacidad de convocatoria que tienen los caudillos en la medida que despiertan profundas esperanzas religiosas, interpretadas como esperanzas políticas. Las luchas políticas se pueden convertir en guerras santas.

El gran problema de esta enigmática herencia y profunda memoria subjetiva es que construye una dependencia infantil de los seguidores, esta dependencia se conforma en una relación figurada de hijos con el padre, relación de subordinación y obediencia; radica en la autoridad que otorgan los valores semi-religiosos. Esta relación jerárquica es un obstáculo para liberar relaciones horizontales que permitan la crítica. Esta relación de dependencia es un obstáculo para crear las condiciones de posibilidad de un uso crítico de la razón, también para lograr desprender formas democráticas participativas. El problema histórico-cultural y civilizatorio de este devenir de las estructuras patriarcales es que se asienta en el desconocimiento político de las mujeres, de sus potencialidades creativas, de su alteridad potencial para construir otros ámbitos de relaciones y otros horizontes civilizatorios. Las mujeres han tenido que conquistar el reconocimiento de la igualdad, el derecho a voto, la ampliación de los derechos ciudadanos y el derecho a participar en los ámbitos considerados de dominancia masculina.

Las estructuras patriarcales se encuentran en los substratos organizativos e imaginarios de las instituciones, sobre todo son el sostén imaginario, simbólico del poder; en conjunto son como el arquetipo ancestral del Estado. El devenir Estado arraiga en esta metamorfosis de las relaciones y estructuras patriarcales, desde su conformación en las comunidades y sociedades agrarias, basadas en la cohesión de las relaciones consanguíneas y alianzas familiares, hasta la formación de los estados modernos, pasando por una variedad de instituciones sociales y políticas que formalizan las relaciones de poder. El cuestionamiento a las formas autoritarias, a las limitaciones a la democracia y al ejercicio de la democracia, a las limitaciones a las formas múltiples y plurales de la ciudadanía, incuso el cuestionamiento al Estado, nunca va a ser completo si es que no se adentra la crítica a esta matriz patriarcal. Los cimientos del Estado se encuentran en estas estructuras patriarcales. Por eso la crítica al Estado, como instrumento separado de la lucha de clases y de la dominación colonial, la crítica al Estado-nación, en la perspectiva de descolonizar el Estado y construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, nunca va tocar raíces si es que no se hace sobre todo una critica al Estado patriarcal.

La figura del caudillo revive de una manera individualizada y personificada los significados y los usos simbólicos del Estado patriarcal. Por eso su figura es tan compleja, tan paradójica y contradictoria. Puede llevar adelante proyectos y expectativas nacional-populares, empero acompañadas por formas de supeditación y dependencia de la masa. En un principio, cuando nace un proyecto nacional-popular esta relación apasionada con el líder puede incidir en los alcances de la convocatoria, puede cohesionar fuertemente a los seguidores, empero, en la medida que el conflicto alcanza niveles de mayor complejidad o cuando a nivel de gobierno se tienen que asumir decisiones políticas, esta forma carismática de la política se convierte en una debilidad del proceso mismo. Impide la maduración política del pueblo, de las multitudes movilizadas, impide la politización de la base, su incorporación participativa en las decisiones políticas.

No se puede culpar a los caudillos de estos desenlaces, pues no hay que olvidar que son producto también del imaginario de la gente, el pueblo los inventa. Los caudillos caen atrapados en la trama de estos imaginarios. Hay entonces como una complicidad entre ambos, caudillo y masa, caudillo y pueblo. El imaginario del caudillo lo tienen incrustado en su propio cuerpo, en sus propias conductas y comportamientos, en sus propios imaginarios, los conglomerados y pueblos organizados y movilizados. Esto se hace visible y evidentemente problemático cuando los caudillos asumen el gobierno; las dirigencias, las organizaciones involucradas, tienden a desplegar una relación de dependencia con el Estado, que aparece decodificado como figura paternal. Esta relación con el Estado patriarcal, con el caudillo-padre, puede prosperar en formas complicadas de clientelismo. Con lo que las organizaciones, las dirigencias, los conglomerados, involucrados terminan perdiendo su propia potencia política y terminan no solamente supeditados y cooptados, sino inmovilizados.

La crisis múltiple del Estado-nación, la crisis de representaciones, la crisis política, en sentido general, muestran que estas formas, contenidos, expresiones de las relaciones y estructuras de poder se han desgastado, incluyendo, claro está, la figura carismática del caudillo. La crisis del Estado-nación exige transiciones a otra forma de Estado o si se quiere a otra forma de organización política de la voluntad general. La crisis de las representaciones exige que abandonemos las formas delegadas de la democracia representativa y construyamos las condiciones y las bases de la democracia participativa. La crisis política exige salir de la definición de la política a partir de la relación amigo-enemigo, construyendo relaciones solidarias y hospitalarias que van más allá de esta dicotomía amigo-enemigo. En la apertura de este horizonte la alteridad potencial del feminismo de-colonial, de las diversidades subjetivas, se convierte en una promesa hacia una transición civilizatoria más allá de la política.

Tribulaciones del caudillo en tiempos del poder comunitario

Las limitaciones y contradicciones del caudillo en tiempos de emergencia de la circulación de los saberes y del poder comunitario se hacen estridentes. Más que las propias instituciones modernas, mas que el Estado-nación, más que las formas de organización partidaria y de los sindicatos, que han sabido convivir y compartir con los caudillos, es la emergencia de los movimientos sociales anti-sistémicos, el resurgimientos de las asambleas, cabildos y comunidades, la circulación de los saberes y la participación colectiva, con sus formas autogestionarias y de autoconvocatoria, lo que ha terminado cuestionando y haciendo evidente el anacronismo de la figura del caudillo. El caudillo no corresponde a las luchas del presente, no puede sostenerse ante la manifestación de iniciativas colectivas, de deliberaciones abiertas, de debate y discusiones callejeras. No puede sostener su perfil individual y personalizado ante la multitud, los múltiples rostros y voces que emergen y se hacen presentes, que hacen gala de sus elocuencias y el despliegue del lenguaje de sus cuerpos. El caudillo no puede sostenerse ante la exigencia de la participación y el avance de la democracia participativa. Se encuentra de sobra en estos escenarios; es una reliquia del pasado. Empero lo acompañan fuerzas que no quieren deshacerse de las instituciones, de los agenciamientos concretos de poder, de las relaciones y estructuras, que sostienen privilegios, monopolios, centralismos y clientelismos. Hay como una resistencia desesperada ante los cambios de contextos y de la subversión de la praxis. Es sintomático el comportamiento de este bloque conservador ante la apertura abierta por la Constitución. Para la gente coaligada en este bloque conservador la Constitución es un texto útil para la propaganda, pero no para aplicarlo ni cumplirlo. Incluso, paradójicamente y forzadamente puede ser utilizada para mantener el estado de cosas, el mapa de las instituciones liberales, el Estado-nación, el modelo extractivista y, sobre todo, los ámbitos de circuitos clientelistas conectados al Estado y manejados por el gobierno. Ciertamente la figura del caudillo es completamente funcional a los intereses de casta, de clase y de élite de este bloque. Necesitan del caudillo, requieren de este símbolo de autoridad, usan la imagen de patriarca, no sólo para mantener el estado de cosas sino para lograr reproducir las sumisiones, los servilismos, las dependencias y clientelismos. Por eso alimentan la figura del caudillo y también, por eso mismo, paradójicamente, lo tienen al caudillo como un rehén de sus entornos. Aunque el caudillo acepta placenteramente este enclaustramiento dorado, acogido por alabanzas y pleitesías.

Un síntoma indicativo de la convivencia entre instituciones modernas y Estado-nación con la figura emblemática del caudillo es el sistema presidencialista. Esta forma republicana y de la democracia formal; aunque en el mismo esquema político podía haberse dado otro sistema representativo y de gobierno, por ejemplo el parlamentarista. Nadie está tomando partido por el parlamentarismo, pero lo ponemos como ejemplo para mostrar que incluso en el marco liberal había otras opciones. Empero el presidencialismo, aunque se presenta formalmente como forma de gobierno republicana y liberal, como forma de representación y organización de las decisiones, refuerza con su jerarquía la figura del caudillo. El monopolio de las decisiones no sólo queda en el Estado, en su núcleo ejecutivo, que es el gobierno, sino que queda en manos del presidente. Obviamente es el presidente y los entornos los que terminan expropiando la voluntad al pueblo y usan esta referencia para imponer su voluntad particular.

Hay otros problemas derivados del presidencialismo. Entre estos tenemos que mencionar la restricción de la deliberación, con ello del cotejamiento y de los contrastes. Restricciones que pueden derivar en la suspensión de la libertad de expresión y de pensamientos, que acompañan a la restricción de la deliberación junto al apocamiento del raciocinio. En todo caso, revisando la historia política de los regímenes republicanos, podemos decir que los presidencialismos son más propensos a limitar los alcances de la democracia que los parlamentarismos. No es una defensa del parlamentarismo, empero como que la selección de la opción presidencialista esta ligada a requerimientos de centralización  y concentración del poder de las élites dominantes. Aunque esto no sea categórico, son las tendencias prácticas inherentes a las experiencias políticas las que han mostrado esos desenlaces. También, claro esta, pueden darse formas combinadas entre presidencialismo y parlamentarismo; empero lo que se observa en América Latina es la preponderancia de la forma presidencialista, incluso su reforzamiento entregando al presidente prerrogativas especiales en temas estratégicos. Sin embargo, debemos recordar que la discusión no es sobre las alternativas del presidencialismo o del parlamentarismo, sino de evaluar cómo la forma presidencialista refuerza la figura anacrónica del caudillo.

Otro espacio donde se observa el anacronismo del caudillo es su contraste con los campos problemáticos del presente; medio ambiente, crisis ecológica, crisis energética, soberanía alimentaria, transgénicos, alternativas al desarrollo, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, derechos de la madre tierra, alternativas de transición al modelo extractivista, alternativas a la industrialización en la revolución tecnológica científica y cibernética, democracia participativa. Estos problemas rebasan a la convocatoria del caudillo y  de sus mapas de fuerzas, de sus diagramas institucionales, de sus bloques de complicidad y clientelismo, que lo sostienen. El tratamiento y la resolución de estas problemáticas altamente complejas requieren de participaciones deliberativas, criticas, requieren de circulación de conocimientos y saberes, de contrastaciones, de construcciones colectivas de la comprensión de los problemas, de formación de consensos, de incorporación de saberes tradicionales y de las sabidurías comunitarias, cosa que la lógica centralista, monopolista, elitaria y clientelista que mantiene el Estado-nación, el gobierno de administración liberal, las cúpulas de especialistas y abogados, en combinación y componenda con el caudillo, no puede soportar. Este diagrama de fuerzas que sostienen al caudillo entra en contradicción con esta emergencia de la democracia participativa y de las lógicas colectivas y comunitarias.

No deberíamos extrañarnos que un caudillo que incluso llega a incorporar en su discurso tópicos como la defensa de la madre tierra, la descolonización, la emancipación indígena, el vivir bien, termine efectuando en la práctica políticas públicas totalmente contraria a los discursos emitidos en campañas, en foros internacionales, en la primera etapa de la gestión de gobierno, sobre todo durante el proceso constituyente. ¿Cómo explicar este contraste? No olvidemos que ante todo el caudillo es un imaginario, es un símbolo, emergido de las profundidades de las matices históricas del poder, de las relaciones y estructuras patriarcales, que ha vivido sus reconfiguraciones con los códigos de las representaciones milenaristas, también con las experiencias modernas de las migraciones a las ciudades, donde los marginados reviven al mesías en su forma política y comunicacional. El caudillo también cree en su propia imagen, se deja atrapar por ella, se considera un profeta y portavoz de los vientos de cambio. Empero esto no va más allá del juego de imágenes; mientras esto quede en los escenarios, en los discurso, en  la plasticidad del lenguaje de la imagen, no hay problema. El problema comienza cuando hay que llevar a cabo la promesa. Pues esto significaría romper con el mismo teatro político a la que ha sido reducida la realidad, y al hacerlo romper con los andamiajes, con las estrategias inherentes al montaje. Como en un efecto dominó, desencadenaría la ruptura con las complicidades de los entornos y de los clientelismo. En otras palabras se derrumbaría la estructura de poder donde se sostiene el caudillo. El defender efectivamente la madre tierra, en la práctica, lo llevaría a cuestionar el modelo económico que sostiene el Estado, el modelo extractivista. Esto exige poner en cuestión todas las articulaciones y circuitos entrelazados del modelo económico del círculo vicioso de la dependencia. Incluso habría que discutir consecuentemente el sentido de la industrialización y del mercado interno, su ligazón con las imposiciones del mercado externo. El mismo sistema financiero se encontraría cuestionado, el papel de la banca. De este modo se volvería a problematizar la propiedad privada de la tierra. El uso de la tierra por parte de los terratenientes y campesinos, el uso de los transgénicos, el efecto desforestador, depredador y  de generación de desiertos por parte de los monocultivos. Empero, sobre todo, el tratamiento de estos problemas, al requerir el concurso de colectividades y de formas abiertas de participación, de acceso a la información y de transparencia, evaporaría la importancia del caudillo en este ajetreo democrático.

El caudillo es parte de una trama, de una textura dramática, trama y drama que responden a una escritura dada, sobre todo a un formato de leyenda. Esta trama lleva a la soledad absoluta del caudillo, sobre todo, paradójicamente, cuando aparece más protegido por la maquinaria estatal, que cada vez más se parece al Estado de excepción,  cuando más adulado se encuentra por la organizados grupos de funcionarios, por el copamiento de todos los poderes del Estado, por el control de la mayoría parlamentaria. El caudillo puede cumplir con la actuación pero no puede realizar su fantasía, no puede materializar sus promesas, pues significaría salir del encantamiento. El caudillo es una ficción; lo inquietante es que se trata de una ficción funcional a la política, a la política de Estado, al ejercicio de prácticas políticas, clientelares, de poder, que nada tienen que ver con el imaginario de esperanza que alimenta el caudillo. Por eso la vida de los caudillos es dramática, terminan martirizados por las propias masas que han creído en ellos o terminan desterrados, también pueden terminar como en el Otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, desolados, aislados del mundo, abandonados en su fortaleza de angustias y comedias.

En este contexto interpretativo es imposible sostener la tesis de la conspiración, la tesis de la traición. Esta tesis es muy simplista, reduce todo al factor subjetivo individual, otorgándole el privilegio del control racional de todas las variables. El caudillo no puede traicionar, es parte de su trama, de su drama, por lo tanto también de sus contradicciones. Vive su papel empujado por las olas de la ficción. Lo asombroso es que los caudillos creen en la tesis de la conspiración; se sienten traicionados, encuentran hasta en su sombra los signos de la conspiración. En este contexto el caudillo ya no responde a ningún principio de realidad sino a sus propios fantasmas, a su propio imaginario que inventa enemigos por todas partes. El caudillo se siente incomprendido y saboteado. Por eso es capaz de desencadenar la represión más sañuda, creyendo que ésta ya está justificada.

Mientras el caudillo se encuentre en la ventaja de tomar decisiones políticas lo va a hacer, respondiendo a los compromisos, a las complicidades, a los circuitos clientelistas. Pues en estos espacios se siente protegido.  Puede ocurrir que en ciertos momentos y hasta en ciertos casos el caudillo opte más bien por la imagen que pregona y tome otras decisiones, más próximas a las esperanzas de la ilusión que encarna que al pragmatismo de las relaciones de poder donde está incrustado. Esto ocurre muy escazas veces, sobre todo al principio de su gestión, cuando todavía no esta montado el escenario, tampoco esta consolidado el mapa de relaciones concomitantes. Es muy improbable que esto ocurra en una etapa avanzada de su gestión; aunque estos actos heroicos se pueden dar. En esas circunstancias hasta sus entornos lo pueden considerar peligroso.

Ahora bien, cuando dijimos que el caudillo es prácticamente un rehén de sus entornos, también dijimos que esto se da con la complicidad gustosa del caudillo. Esta relación es enmarañada, resulta que también los entornos se tienten seducido por el caudillo, pero también temerosos. El caudillo se convierte en el jefe, también el juez, se encuentra sobre ellos, puede dirimir, pero también mandar en pleno sentido de la palabra. Como la tendencia de los entornos es no hacer crítica al jefe, la palabra del jefe es la verdad indiscutible. Su participación en las reuniones es inhibida por la presencia central del jefe. Es como ir a un examen; cuando la tensión sube y los examinados sufren. En estos estrechos escenarios del poder la telaraña de las relaciones entre jefe y subalternos es una red atrapante para ambos, jefe y entorno. Desde una perspectiva, el caudillo es rehén de los entornos; pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del jefe, de la autoridad suprema, el caudillo es el poder absoluto, es un dictador, ante el cuál tiemblan ministros, viceministros, técnicos, funcionarios de todo tipo. Por eso, estas relaciones concomitantes en los estrechos escenarios del poder, pueden mirarse también como dramas pasionales. Hay como una competencia por agradar al jefe; un gesto, una mirada, una palabra, un silencio, pueden ser interpretados como desaprobaciones, ante las cuales los funcionarios terminan profundamente deprimidos. En estos trámites se ocultan informaciones negativas, se presentan mas bien los informes positivos, de tal manera que ambos, jefe y entornos, terminan atrapados en sus propias mentiras.

Esta puede ser una de las explicaciones de cómo se construyen los errores garrafales en política. La imagen que tiene el poder de la realidad es como si ésta fuera un espejo de los sueños de grandeza. Entonces los datos que se asumen de la realidad, que pasan el filtro, son los que confirman la imagen positiva que tiene el poder de sí mismo. Cómo todo va bien, cómo se supone que tienen la aceptación de la gente y de la opinión pública, se toman decisiones en el marco agradable de este paraíso. Si la respuesta es de rechazo por parte del pueblo, que tiene que soportar las consecuencias de estas decisiones, entonces la interpretación mecánica del conjunto de funcionarios, del bloque en el poder, es que han sido incomprendidos, de que la gente requiere de explicaciones más minuciosas. Estas explicaciones tienen que ser armadas y las fuentes de estas explicaciones no pueden ser otros que los cuadros positivos y de avance, de crecimiento y de logros del gobierno. De este modo las explicaciones se convierten en propaganda. Lo que termina haciendo exasperar a la gente que vive la vida cotidiana y tiene otra perspectiva de la realidad.

Si una medida ha sido rechazada, incluso si el gobierno se ha visto obligado a retroceder, abrogando su medida, esto no quiere decir que ha renunciado a cumplirla y a efectuarla. Es cuestión de tiempo; el gobierno no puede estar equivocado, tiene una perspectiva más amplia que el pueblo, ve más lejos; lo que pasa es que el pueblo no ha comprendido la estrategia. La medida queda suspendida como una espada de Damocles. La medida puede volver a aparecer cualquier rato, disfrazada, como si fuese otra medida, incluso la medida consultada al pueblo. La psicología de los políticos es de antología, son los grandes prestidigitadores, tienen al alcance múltiples herramientas, muchas artimañas, pueden optar por caminos de los más laberínticos para llegar a los objetivos trazados. Nunca se inmutan, están como acostumbrados a moverse en esos territorios movedizos, esa tierra de nadie, entre la ficción y la realidad. Para los políticos la objetividad es ese procedimiento habilidoso de convencimiento, esa constante negociación entre realidad y ficción, con el objeto de lograr domesticaciones de determinados recortes de realidad, que son su campo de dominio. Sus hipótesis se corroboran cuando logran imponer una política, una ley, una estratagema. Han burlado a los demás.

Empero todo esto son los campos de dominio de las relaciones y estructuras de poder, donde la figura del caudillo cabalga como el fantasma insomne. Estos dominios se ven amenazados por los nuevos campos problemáticos, los contextos de realidad presentes, los nuevos sujetos sociales, las nuevas relaciones intersubjetivas, las vocaciones autogestionarias, autodeterminantes y de autoconvocatoria. Estos dominios se ven amenazados por la construcción de nuevas relaciones emergentes, horizontales, participativas, colectivas, comunitarias, expresión de saberes colectivos. Ante la evidencia de que los tiempos han cambiado, la herencia política, de las prácticas, de sus instituciones y de sus imaginarios, ha quedado obsoleta. No puede responder a los desafíos del momento. No puede resolver los problemas. No puede encontrar salidas, salvo la del círculo vicioso de la propia reproducción del poder y de lo mismo. Para resolver estos problemas, para abordar estos desafíos, se requiere de otros ámbitos de relaciones, de otras formas políticas, participativas, colectivas, del intelecto general y de los saberes colectivos, de la formación de consensos y convocatorias multitudinarias, y sobre todo de formas gubernamentales de las multitudes.             

                                 

                      

    

                                   

      

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[1] Marie Danielle Démelas: La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX. IFEA-IEP.

[2] Revisar de María Luisa Soux El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación en Oruro. Plural 2010; La Paz. 

[3] Tristán Marof: La tragedia del altiplano. Claridad 1935; Claridad.

[4] Revisar de Álvaro García Linera, Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx, La Paz, Ofensiva Roja, 1989.

[5] Gayatri Chakravorty Spivak: Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente. Akal 2010; Madrid.

[6] Carta de Carlos Marx a Vera Zasulich. Material de formación política de la «Cátedra Che Guevara– Colectivo AMAUTA».

[7] Revisar de Pierre Rosanvallon El capitalismo utópico. Nueva visión 2006. Buenos Aires.

[8] Revisar de Franz Fanon Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica. México.

[9] Rossana Barragan: El Estado Pactante. Tesis de Doctorado. Publicación en preparación.

[10] María Luisa Soux: El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro. Plural 2010; La Paz.

[11] Pilar Mendieta: Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. Plural 2010; La Paz.

[12] Revisar de Rossana Barragan y José Luis Roca Regiones y poder constituyente. Una historia de pactos y disputas. PNUD 2005. Cuadernos del Futuro. La Paz. 

[13] Esta es una parte de Contradicciones y transformaciones en el proceso. Hay que tener en cuenta que corresponde a una exposición oral. Ha tenido que pasar por varias revisiones en su transformación a la escritura. También se hace una corrección de un dato que se da en la premura de la exposición, que empero se corrige; se trata del tamaño de la Constitución del Brasil.

[14] El Pacto de Unidad está conformado por la CNMCIOB-BS, la Cidob, el Conamaq, la CSUTCB y la CSCIB (ex Confederación de Colonizadores).

[15] Las organizaciones a las que alude el expositor son: la cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

[16] En septiembre de 2011, cerca de esa población, afiliados a la CSCIB impidieron el paso de la octava marcha indígena.

[17] La Constitución de la República Federativa del Brasil fue promulgada el 5 de octubre de 1988. En ella se establece que Brasil es un Estado democrático de derecho y de estructura Federal. En 1993 se llevó a cabo un plebiscito para que el pueblo decidiese la forma de gobierno, eligiendo entre monarquía y República; también sobre definiese el sistema de gobierno, presidencialista o parlamentarista. El resultado fue continuar con la forma en vigor: un régimen republicano de sistema presidencialista, junto con la división tripartita de poderes. La República Federativa del Brasil está compuesta de 26 Estados federados y el Distrito Federal.

[18] Ramiro Molina Rivero: ¿Dos racionalidades y una lógica jurídica? La justicia comunitaria en el Altiplano boliviano. Sistematización y análisis realizado por Ramiro Molina Rivero y Ana Arteaga Bohrt de testimonios recopilados por estudiantes del programa de técnico universitario superior del programa de justicia comunitaria (PJC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Fundación Diálogo 2008; La Paz. Pág. 45. 

[19] Ibídem: Pág. 45.

[20] Ibídem: Pág. 45.

[21] Ibídem: Pág. 45.

[22] Ibídem: Pág. 45.

[23] Ver Gran diccionario enciclopédico visual. Océano 1996. Barcelona. 

[24] Paráfrasis al título de la novela de Lin Yutang Una hoja en la tormenta. Editorial Sudamericana 1999; Buenos Aires. 

[25] Los libros publicados en español de Francis Fukuyama son: América en la encrucijada. Ediciones B. Trust: la confianza. Ediciones de Bolsillo 1998. La construcción del Estado: hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Ediciones de Bolsillo 2004.  El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta 1992.  El fin del hombre: consecuencias de la revolución biotecnológica. Zeta Bolsillo 2008.  La gran ruptura; Punto de Lectura 2001.