viernes, 30 de marzo de 2012

Potencia social y poder en Bolivia


Potencia social y poder en Bolivia
En defensa del proceso constituyente
Raúl Prada Alcoreza

Es importante concentrarse en el proceso constituyente y en la Constitución. No solamente porque se trata de acontecimientos cardinales, sino para tratar de comprender por qué suscita tanta reacción. Se han escuchado y se siguen escuchando voces que observan al proceso constituyente y descalifican la Constitución. De un lado y de otro, desde lo que se nombra como derecha, también desde la izquierda, así como desde el nacionalismo. ¿Qué se dice? ¿Qué se observa? ¿Qué se descalifica? Se entiende que la derecha haya visto como una amenaza el proceso constituyente, así como ve como una amenaza a la Constitución. Pero, ¿por qué la izquierda está en desacuerdo con el proceso constituyente y la Constitución? También se puede entender que el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo de Estado, encuentre problemática la Constitución; hasta ahora no puede concebir algo tan extraño a sus prejuicios como el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Para el nacionalismo el Estado-nación es eterno o el fin de la historia. En lo que sigue nos concentraremos en las críticas de la izquierda al proceso constituyente y a la Constitución.
Vamos a seleccionar los argumentos más sobresalientes de la crítica. Se dice que el proceso constituyente, respaldado por el proceso de las luchas y movimientos sociales anti-sistémicos, desconoce la lucha de clases y se concentra en la guerra de razas, cuyo efecto es provocar un racismo al revés, un racismo invertido. También se critica el localismo del proceso boliviano, el de refugiarse en las contradicciones locales sin observar las contradicciones que se dan en el mundo. En esta perspectiva también se critica la disposición descolonizadora del proceso constituyente; se dice que ocurre como si el proceso se encontrara atrapado en una lucha que se dio hace siglos, que sigue luchando contra el colonialismo cuando debería estar luchando contra el capitalismo. El proceso constituyente, abierto por la lucha anticolonial de los pueblos indígenas, no se sitúa en la actualidad, no comprende la modernidad. Por lo tanto, de aquí se deduce que se critica la posición indígena anti-moderna y en contra el desarrollo. Se dan también críticas desde la izquierda parecidas a las críticas efectuadas por los nacionalistas y también por la derecha. Se dice que no se ha debido reconocer a las naciones indígenas, a su libre determinación y autogobierno, pues esto equivale a la disgregación del Estado boliviano, otorgando a las naciones indígenas el derecho a la autodeterminación. Que sólo hay una nación boliviana con sus composiciones diferenciales, basadas en las fuentes indígenas, mestizas, criollas y migrantes. También se critica la perspectiva y condicionante comunitaria de la Constitución. Se dice que querer revivir las comunidades ancestrales es un retorno insostenible al pasado, que esta posición es un obstáculo al desarrollo y a la industrialización. Aunque se dan también posiciones a favor de las comunidades, empero se exige observar su pluralidad, también tomar en cuenta las condiciones y características urbanas, donde no se dan comunidades. En la misma perspectiva, va a ser sugerente introducir una discusión sobre la relación entre Estado y comunidad. ¿Puede darse un Estado comunitario? ¿No ocurre más bien que la comunidad se opone al Estado?
Hasta aquí una gama de argumentaciones críticas vertidas por la izquierda. Las cuales van a ser atendidas en la evaluación y análisis de estas observaciones.
Antes de iniciar la evaluación parece indispensable situarse en el mapa político, ya que se ha nombrado a la derecha, a la izquierda y al nacionalismo. ¿Dónde se encuentra ubicada la posición indígena? ¿Dónde se encuentra ubicada las perspectivas de los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos, de las naciones y pueblos indígenas originarios? ¿Más allá de la izquierda y la derecha? ¿Más allá del nacionalismo? ¿Una tercera vía? ¿Una nueva izquierda, no tradicional? El problema de este mapa es que se basa en un esquema inmóvil y dual, izquierda-derecha. ¿Puede mantenerse este esquema cuando se enfrentan procesos dinámicos? Procesos que además son contradictorios, atravesados por pugnas de tendencias, unas que tratan de detener el proceso, otras que buscan mas bien profundizarlo, aunque también se detectan tendencias que buscan un ritmo más lento, diferido y conciliador. ¿Puede sostenerse el esquema cuando el mismo proceso se halla inserto en contextos regionales e internacionales, condicionados y controlados por relaciones y estructuras de poder consolidadas? Parece mas bien que es necesario contar con mapas dinámicos y esquemas móviles para poder aplicarlos a procesos altamente complejos. Lo que era considerada izquierda puede dejar de serlo simplemente porque sus posiciones se convierten en resistentes y obstáculos al proceso, se convierten en posiciones francamente conservadoras y pre-juiciosas respecto a los fines mismos del proceso. No decimos que la derecha se puede volver la izquierda; esto parece imposible debido a los intereses de clases y de casta que se defiende. Empero decimos que lo que era posición de izquierda en una coyuntura puede llegar a ser una posición conservadora en otra coyuntura. Estos cambios son notorios sobre todo cuando se está en funciones de gobierno. La llamada izquierda, o una parte de ella, tienden a defender el gobierno y la institucionalidad, obligada a enfrentarse a las exigencias de los movimientos sociales, sobre todo a sectores radicalizados de estos movimientos y sus organizaciones. Ocurre que en procesos complejos y contradictorios las alianzas se rompen, pues los intereses de su composición entran en conflicto,  en condiciones de incompatibilidad. Por lo tanto, aparecen nuevos posicionamientos, que se plantean la continuidad de las luchas con el objeto de profundizar el proceso.
En estos escenarios mutables, ¿cómo identificar a la izquierda, a la derecha, al centro? Aunque este esquema dual de izquierda-derecha puede servir perentoriamente, empero bajo la condición que sea también móvil y dinámico. Pero, lo que importa no es identificar dónde están las fuerzas, en la izquierda o en la derecha, sino comprender el juego complejo de las fuerzas, de sus correlaciones, del entrelazamiento de sus tendencias, de la marcha dificultosa del proceso, de su ritmo y direccionalidades. ¿Para esto hace falta definir la izquierda y la derecha? Puede ser, pero no es lo más indispensable, lo fundamental es comprender e interpretar el carácter de la lucha en la coyuntura en cuestión. Las acusaciones de derechismo son muy fáciles y livianas, son parte de la retórica política y de la táctica de descalificación. Esto no debe preocuparnos, aunque ya muestra síntomas alarmantes de la decadencia política e ideológica. Lo que debe preocupar en primera instancia es identificar la estructura, si podemos hablar así, de las contradicciones del proceso y en la coyuntura. No se trata de una derecha en abstracto, tampoco de una izquierda en abstracto, de lo que a muchos les gusta investirse para cubrir sus propias contradicciones, conservadurismo y prejuicios. Se trata de problemas concretos, puestos en mesa, como la discusión sobre los territorios indígenas, los bosques, los ecosistemas, la madre tierra, el carácter del modelo político, del modelo económico, del modelo territorial, de la Constitución. Problemas como los relativos al control sobre los recursos naturales y el proceso de su explotación. Problemas como los relativos a la transición, a las transformaciones en la transición, a la transición transformadora. No se puede eludir estos problemas simplemente acudiendo a hipótesis débiles de la conspiración.
En relación a la ubicación en el mapa político de la posición indígena, se puede decir con claridad que, en primer, es lugar anti-colonial y descolonizadora. Las luchas indígenas contemporáneas se basan en la tesis de la colonialidad, es decir, de la subsistencia de las formas coloniales de dominación hasta la actualidad. Esta tesis se ha resumido en la definición del colonialismo interno. Este es un problema político mayúsculo; no se puede construir la democracia, la democratización, la profundización democrática, sobre la base de la subsistencia de relaciones y estructuras coloniales, es decir, basadas en la racialización de las relaciones de clase. El olvido de esta formación concreta lleva a posiciones abstractas de lucha contra el capitalismo, posición general que no afecta a la dominación y al control del capitalismo,  pues se trata de una posición discursiva, que vale para todas partes y, por lo tanto, para ninguna. No tiene efectos de destrucción del capitalismo, mas bien este discurso general termina siendo funcional. Es como una autosatisfacción de ser anticapitalista pero sin luchar concretamente contra el capitalismo, tal como se da en las periferias del sistema-mundo capitalista. La tesis indígena es más bien la premisa primordial del anti-capitalismo efectivo.
Retomando el esquema simple discutido, el esquema dual de izquierda-derecha, el mapa político acostumbrado, podemos decir con toda precaución que se trata de aproximaciones esquemáticas, que la manera efectiva de asumir una posición de izquierda es desplegar primero una lucha anticolonial y descolonizadora. Esta es la base del anti-capitalismo efectivo, no de un anti-capitalismo discursivo, que pelea contra las formas generales del capitalismo sin lograr articularse a las luchas concretas del proletariado, de las masas y de las multitudes. Ahora bien, ¿qué clase de izquierda denota esta posición o este posicionamiento concreto y específico de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios? No se trata de repetir las posiciones y los enunciados de la izquierda tradicional, que a lo largo de la historia política de Bolivia no han dado resultado, no han logrado interpretar la formación económica y social boliviana, sobre todo en sus coyunturas críticas, llegando a aislarse de los acontecimientos más importantes desatados por las luchas sociales del pueblo boliviano. En lo que respecta a la posición indígena y anti-sistémica, se trata de una izquierda efectiva, de una izquierda anti-colonial, descolonizadora y anticapitalista.
Ciertamente los movimientos sociales anti-sistémicos no son solamente indígenas;  en las luchas desatadas se ha manifestado elocuentemente la participación de las ciudades, de los sectores populares urbanos, del proletariado nómada y del pueblo movilizado. Sobre todo se han hecho evidentes las interpelaciones populares al proyecto neo-liberal. Estos sectores tienen arraigada una tradición nacional-popular, vinculada a las luchas por la recuperación y soberanía sobre los recursos naturales, además de las luchas sociales y democráticas. La parte más radicalizada de estos sectores, los obreros, llegaron a asumir posiciones anti-capitalistas; ahora, después de a experiencia de la crisis de la izquierda tradicional, no es tan fácil que esto se de, salvo en los mineros sindicalizados. Hay trabajadores de empresas privadas, incluso de minas privadas, que exigen más bien garantías para sus fuentes de trabajo. Los del sector textil pidieron incluso la reapertura de la ATPDA, el convenio especial con los Estados Unidos de América para la exportación de manufacturas bajo la condición del cumplimento de la lucha contra el narcotráfico. Estos posicionamientos nos muestran más bien un mapa político disperso de los trabajadores. A estas alturas, no se puede caer en una especie de hegelianismo vulgar, que se esconde en las elucidaciones de un marxismo vulgar, que concibe la dialéctica de la clase en sí que contiene la posibilidad de la clase para sí. La confrontación política con el control y dominación capitalista no dependen de una dialéctica encapsulada como posibilidad en el en de la clase, sino depende del despliegue y la intensidad de la misma lucha de clases.  Edward Palmer Thompson ya decía que las clases sociales sólo existen como producto de la lucha de clases. Los mineros bolivianos reunidos en Pulacayo el año 1946 llegaron a la famosa tesis política empujados por la lucha de clases y por un trabajo político sistemático; ahora se llegará a nuevas tesis anti-capitalistas empujado por la lucha de clases y la guerra anticolonial y descolonizadora. No es la providencia de la dialéctica la que logra una consciencia política anti-capitalista.
Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la lucha anticolonial y descolonizadora indígena y la lucha anti-capitalista? ¿Cuál es la relación entre los movimientos indígenas y los movimientos sociales anti-sistémicos? ¿Cuál la relación entre las naciones y pueblos indígenas y los sectores populares urbanos? Estas preguntas tienen que vislumbrarse a la luz de las experiencias de las luchas sociales. Durante la llamada guerra del agua de Cochabamba (1999-2000) las organizaciones de regantes, las organizaciones de fabriles, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones de vecinos, las organizaciones de profesionales y las ONGs se coaligan en torno a la defensa de un bien común, el agua, de un bien primordial para la reproducción de la vida. Durante la llamada guerra del gas, que termina de concentrarse en la ciudad de El Alto (2003), las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las juntas de vecinos y toda clase de gremios, además de las organizaciones obreras y de los trabajadores, se coaligan en torno a la defensa del gas, de los recursos naturales, además de acordar la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La resistencia al proyecto neoliberal se convierte en una ofensiva popular, que logra articular la lucha anticolonial y descolonizadora con la lucha contra la desposesión y el despojamiento efectuados por el proyecto neoliberal, logra articular la defensa de los bienes comunes con la lucha contra la última forma política del capitalismo, el neoliberalismo. Es en esta articulación, en esta coalición, que debemos encontrar el secreto no sólo de las alianzas sino del carácter de las luchas sociales contemporáneas.
La alianza entre indígenas, campesinos y sectores populares urbanos se realiza sobre la base de la defensa de lo común, la tierra, el territorio, los bienes comunes para la reproducción de la vida. Se trata de una proyección indígena y popular anti-neoliberal. Contra la privatización de las condiciones de vida, tanto financiera como empresarial trasnacional. Esta es la base de la articulación de proyectos políticos más propios de los conglomerados componentes de las alianzas; el proyecto descolonizador indígena y el proyecto nacional-popular de recuperación soberana de los recursos naturales. No se trata en este caso de una idea general de lo nacional-popular, por ejemplo de la continuidad plebeya de las banderas de abril, de la revolución nacional de 1952, de la conclusión de la construcción del Estado-nación. No es esa idea nacional-popular la que se ha ventilado en las luchas sociales del 2000 al 2005 y en el proceso constituyente. Se trata de la recuperación de los recursos naturales para los bolivianos, de su uso y aprovechamiento en la perspectiva del vivir bien. El pacto constitucional no apunta a la conclusión de la construcción del Estado-nación, sino a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se trata de la condición nacional-popular en el marco del Estado plurinacional, no del Estado-nación. Lo popular urbano se mueve en otros códigos, que ya no son nacionalistas.
En este contexto de realizaciones políticas no es la nación boliviana el sustento ideológico de legitimación, no es la nación boliviana lo que unifica a los proyectos políticos en cuestión, inherentes al proceso. Es difícil aceptar un núcleo común en este panorama complejo; se trata más bien de redes y tejidos, de recorridos y circuitos, que articulan la diversidad. Es una confederación de naciones y pueblos el espectro de esta articulación; son el autogobierno, la libre determinación, el pluralismo institucional, las materialidades políticas de esta articulación social, económica y cultural. Se trata entonces de una coordinación complementaria e integrante más que de una centralidad. Ya se puede ver entonces las dificultades de la transición hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede entender que se den resistencias institucionales a esta transformación, resistencias de las instituciones del Estado-nación, liberal y colonial. Resistencias no sólo liberales sino también modernas a este viaje histórico a las condiciones de la pluralidad. Estas resistencias no sólo vienen de los nacionalistas sino también de los marxistas. A los marxismos le son difíciles salir de los esquematimos de la centralidad, de la unidad, del uno, de la unificación homogeneizante. Le son difíciles aceptar la complejidad y la alteridad de la pluralidad interrelacionada y dinámica.
Este es el tema filosófico y epistemológico que hay que discutir en relación al proceso constituyente y a la Constitución, proceso y Constitución que deben ser pensados desde la pluralidad, a partir de un pensamiento pluralista. Caso contrario, si pretendemos interpretar la Constitución y el proceso constituyente desde los paradigmas modernos arborescentes, jerárquicos y centralistas, no se podrá acceder a los desafíos del proceso y la coyuntura política. No se podrá entender la Constitución y se terminará identificando contradicciones en el texto constitucional, leído como exposición jurídica-política y no como acontecimiento político.
Ahora nos concentraremos en las críticas de la izquierda tradicional al proceso constituyente y la Constitución.

Lucha de clases y guerra anticolonial
La lucha de clases y las clases sociales no son una abstracción ni se dan como generalidad; la lucha de clases de da de forma concreta y especifica, en relación a determinados problemas, a determinadas demandas, en coyunturas específicas y lugares definidos. Hay lo que podemos llamar la temporalidad de la lucha de clases, que comprende el mismo tiempo, el ritmo, la intensidad de las luchas; también se da lo que podemos llamar la espacialidad de la lucha de clases, que comprende no sólo el lugar, sino el mapa de fuerzas, de frentes, de puntos de enfrentamiento. Integralmente deberíamos hablar del espacio-tiempo de la lucha de clases, también del espaciamiento de la lucha de clases; también deberíamos hablar de lo que una vez se atribuyó a Antonio Gramsci, de la categoría de fracción geográfica de clase. Aunque el concepto de clase viene de la taxonomía de la clasificación, la clase social pensada desde el marxismo tiene que ver directamente con la dinámica de las luchas y los enfrentamientos. Las clases sociales se constituyen en la lucha de clases. El análisis de las clases sociales desde las perspectivas marxistas tiene que ver con la sociedades modernas y el modo de producción capitalistas; las tesis de la lucha de clases son validas para las sociedades capitalistas, para las sociedades modernas, atravesadas por la explotación de la fuerza de trabajo, los procesos de proletarización, de disgregación social y de polarización.
La conquista y la colonización van a conformar sociedades coloniales, sociedades estructuradas sobre la base de la racialización de las clases sociales y de la lucha de clases. Las resistencias a la colonización van a derivar en la guerra anticolonial, esta guerra adquiere connotación de guerra de razas y también, en momentos y periodos de la lucha anticolonial, en guerra de naciones. En las periferias del sistema-mundo capitalista la lucha de clases se realiza en forma de guerra anticolonial. La guerra anticolonial que figura en forma de lucha contra la administración colonial, contra los impuestos, los tributos, las obligaciones y servicios; de este modo es una lucha contra la burocracia y el Estado colonial, empero también deriva en una lucha contra los propietarios de haciendas y a veces de minas.  En la medida que las sociedades coloniales y poscoloniales se desarrollan, la modernidad barroca los atraviesa y hace de matriz cultural, así como después estas sociedades van a ser atravesadas por la modernidad iluminista, la modernidad de la revolución industrial, asumida en una etapa avanzada como modernidad de los Estado-nación; en estas condiciones históricas la guerra anticolonial adquiere formas más concretas de una lucha de clases moderna; el proletariado se enfrenta a los propietarios mineros. Este enfrentamiento no es abstracto y general, se trata de un proletariado minero, migrante del campo, un proletariado de piel cobriza que enfrenta a propietarios mestizos, a la burguesía criolla. La lucha de clases asume los perfiles de una historia efectiva y se da en un contexto que reconocemos como de colonialidad.
Cuando la dominación capitalista evoluciona en su forma imperialista, los Estado-nación, en germen o institucionalizados, entren en contradicción con esta forma de dominación y su expansión. La lucha de clases avanza en una lucha directa con las formas de intervención imperialista y sus empresas trasnacionales; en estos escenarios, las alianzas populares configuran alianzas de clases de acuerdo a las circunstancias y la estructura de las contradicciones. El proletariado es el eje articulador de estas alianzas, aunque en la mayoría de los casos no sea la expresión política ni dirija los frentes. La guerra anticolonial adquiere la figura de una lucha antiimperialista y de una lucha contra el neo-colonialismo. Sólo en contados casos la dirección política de la lucha antiimperialista caerá bajo la dirección de las expresiones políticas del proletariado. Por lo tanto la lucha contra la burguesía nativa y los terratenientes se da en el contexto de la lucha antiimperialista. En cada país, en cada periodo, adquiere perfiles históricos particulares. Como se puede ver, la lucha de clases no es una abstracción ni se da como generalidad, como categoría aislada del acontecer y la historia efectiva. Las elucubraciones sobre la lucha de clases en abstracto sólo se dan en la cabeza de ideólogos y propagandistas dogmáticos; también en teóricos que separan teoría y praxis de la lucha de clases. Esto lleva a deducciones, a análisis e interpretaciones al margen de los acontecimientos y las historias efectivas.
A propósito, en la modernidad también se dan fenómenos y comportamientos que reconocemos como tótem y tabú; las agrupaciones, las corporaciones, los partidos, terminan asumiendo identificaciones en las cuales se reconocen y actúan de acuerdo a esquemas de comportamiento afines. Cuando los marxistas se invisten de esta identidad militante no están lejos de la fenomenología del tótem y del tabú. La investidura los hace propietarios de una verdad histórica, frente a los mortales que no habrían llegado a esta consciencia histórica. Esta posición es una especie de clausura. El problema no es tanto la diferencia y la distinción que plantea, pues de alguna manera, las diferenciaciones, las distinciones y las identificaciones son propias de las subjetividades humanas, sino que muchas veces la ortodoxia los aísla de las historias efectivas y las realidades concretas de la lucha de clases, a tal punto que cuando estallan estas luchas no participan en espera que el cuadro teórico se realice. Tampoco esta posición está lejos de los que esperan la llegada del mesías.
Lo importante no es declararse marxista – a Marx tampoco le gustaba que se lo clasifique de esa manera -, lo indispensable es participar en los acontecimientos y luchas de clases efectivas, tal como se dan en los procesos históricos. Es mucho más claro, se entiende mejor, comprender el comunismo como la realización práctica de la lucha de clases. El problema no está tanto en la consecuencia teórica como en la consecuencia política. Al respecto, el desafío del proceso boliviano es mayúsculo; se trata de interpretar, comprender y participar en la lucha de clases tal como se da, en tanto guerra anticolonial y descolonizadora. No se trata de defender una teoría, de defender las tesis o las hipótesis heredadas, tampoco de sólo usar las tesis e hipótesis aproximativas a los acontecimientos de referencia; se trata de comprender lo novedoso de las nuevas experiencias sociales relativas a los horizontes abiertos por las luchas, por lo tanto se trata de elaborar nuevos conceptos para pensar los nuevos desafíos de las luchas, de los procesos y las coyunturas, en el contexto de los horizontes abiertos.
En relación a la racialización de la lucha de clases, este fenómeno no es una invención de los indígenas ni de los afro-descendientes; es algo propio de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La racialización de la geografía de dominación es un fenómeno de la colonialidad y de la modernidad, en tanto contextos de realización de las violencias múltiples y culturales, relativas a la experiencia de la vertiginosidad; sobre todo en tanto manifestación propia de la estructura de la acumulación de capital y división del trabajo a escala mundial. Como dice Franz Fanon la violencia se cristaliza en los huesos y se asienta en la piel; cuando los dominados se levantan, no pueden hacer otra cosa que devolver la violencia cristalizada en los huesos al dominador y al colonialista. Acusar a la guerra anticolonial y al proyecto descolonizador de racista es transferir las características de la dominación capitalista a los indígenas sublevados, como si el racismo fuera una responsabilidad de ellos.  Esta acusación no tiene sentido, salvo la demostración del desconocimiento de los que la emiten de la estructura, las características, la espacialidad y geopolítica del sistema-mundo capitalista. También en una clara muestra de la marea de cómo se separan de la lucha de clases concreta y efectiva.
Etiene Balibar e Immanuel Wallerstein debatieron y reflexionaron sobre este fenómeno de la estructura racial de las sociedades modernas y sus proliferantes manifestaciones y consecuencias políticas, económicas y culturales[1]. El racismo y la racialización atraviesa a todas las sociedades modernas, las clases sociales y las luchas de clases están también racializadas, las luchas de clases se dan de una manera concreta afectadas y estructuradas a partir de la racialización. No es por tanto una casualidad que sean los movimientos indígenas los que efectúen la interpelación más radical al capitalismo; esta interpelación es tanto a la ejecución a escala global  del procedimiento de despojamiento y desposesión neoliberal, a la explotación de la fuerza de trabajo, a la privatización financiera de lo común; así también es una interpelación a la dominación racial de los Estado-nación y del orden mundial. La lucha contra el racismo, contra la estructura racial de las sociedades y de los estados es una tarea ineludible de la lucha de clases por parte de las clases explotadas racializadas; la forma de la guerra de razas es una figura de la lucha de clases. No se puede desconocer esta concreción y esta manifestación empírica de la lucha de clases.
Ahora bien, la problemática es bastante compleja; no se trata solamente del mapa disperso, distribuido y abundante de las clasificaciones que se hacen localmente o regionalmente, clasificaciones sintomáticas debido a la configuración colorida y diseminada que se hace de acuerdo a los imaginarios raciales locales, sino tambiénde los juegos de poder en torno a las representaciones raciales. Ante la expansión y emergencia de las luchas sociales, los movimientos anti-sistémicos y la guerra anticolonial desatada por las naciones y pueblos indígenas, los prejuicios raciales retrocedieron sin necesidad de desaparecer;  en este contexto, de manera problemática y solapada, usada ideológicamente y discursivamente la representación indígena puede servir políticamente para legitimar gestiones restauradoras y proyectos extractivistas. Puede servir también para objetivos menores, como sustituir en la administración a los funcionarios tradicionales, mestizos y criollos, aunque el problema de fondo no sea éste, sino cambiar definitivamente la estructura y las relaciones de poder, las prácticas de gestión de la administración pública. El síntoma se encuentra en estos espacios de disputa; no se persigue cambiar el Estado sino copar el mismo Estado, haciendo lo mismo que hacían los funcionarios tradicionales. La justificación se encuentra en el cambio de piel. La acusación de racismo invertido es emitida por los funcionarios mestizos y criollos que se sienten amenazados; la justificación de de la copación de cargos es ventilada por los que se consideran indígenas urbanos. Es este el síntoma dónde debemos detenernos, pues, a pesar de sus limitados contornos puede mostrarnos el sentido de la acusación de racismo invertido.
Descartemos de la evaluación el alcance estratégico de esta pugna, lo que interesa es comprender el sentido de las posiciones en torno al tema, la legitimidad de quiénes ocupan los puestos de un Estado que permanece, de una arquitectura administrativa que se mantiene. Lo que se demanda por un lado es la copación de los puestos, lo que se demanda del otro lado es la conservación de la experiencia y la profesionalidad. Lo que llama la atención de estos reclamos es que los cambios que se han dado en el aparato público son mínimos, no ha habido un copamiento masivo de funcionarios de procedencia indígena, aunque la presión haya sido constante por parte de los dirigentes. También llama la atención que la preocupación sobre el cambio se restrinja a ocupar puestos y no la transformación estructural de la arquitectura administrativa del Estado.
Haciendo un balance descriptivo de los cambios y desplazamientos en la administración estatal, podemos ver que la llamada clase media mestiza y criolla no ha sido substituida; que lo que ha ocurrido es la incorporación de algunos avalados por las organizaciones, además de los cambios en los ministros, vice ministros, directores y jefes de unidad con gente de confianza, aunque no sean indígenas. Retomando este cuadro se nota que es exagerada la acusación de racismo invertido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Se trata de un empoderamiento masivo de los espacios de expresión, de manifestación, discursivos y de imágenes; esto ocurre en el ámbito de las relaciones sociales, aunque no se refleje en las modificaciones del aparato público, si descartamos al mismo presidente y algunos ministros. Lo que ha cambiado es la valoración simbólica; se ha producido el trastrocamiento de las estructuras simbólicas, de los imaginarios, de las predisposiciones psicológicas. Concurre entonces una descolonización en los espacios simbólicos, imaginarios y psicológicos, aunque este proceso no haya concluido de ninguna manera. Este es uno de los efectos más notorios del proceso. Teniendo en cuenta este desplazamiento, no se puede afirmar que hay un racismo invertido. El racismo aparece más bien en los que acusan de esta manera.
El gran desafío de las sociedades plurales y del Estado plurinacional es lograr la interculturalidad emancipadora, es abrir el curso a las intersubjetividades interculturales, es construir consensos a partir de la práctica intercultural y la convivencia plurinacional. No son tareas fáciles de cumplir; se trata de procesos de maduración y de transformación profundos. La base jurídica-política de estas transformaciones se encuentra en la Constitución, la matriz histórica-política de estas transformaciones se encuentra en la experiencia de las luchas sociales; que puedan efectuarse depende de las transformaciones en las prácticas y relaciones cotidianas, en la conformación de sujetos y de las conexiones intersubjetivas. Considerando la problemática intercultural y observando desde la perspectiva de la transición se detecta la debilidad de la acusación de racismo invertido. La pregunta a los que emiten la acusación es si se quiere no solo asumir la especificad de la lucha de clase sino también sus consecuencias transformadoras; una de estas consecuencias tiene que ver con la convivencia intercultural.

Modernidad y colonialidad                                                   
Entendamos la modernidad como la matriz cultural del capitalismo, donde se incuba el capitalismo y se desenvuelve, transformando al mismo tiempo a la misma modernidad. La colonialidad es la herencia estructural de la colonización y la colonia; se trata de una estructura de poder racializada. La modernidad no puede entenderse sin la colonialidad, tampoco el capitalismo sin la colonización y el colonialismo; forman parte del sistema-mundo capitalista. La profundidad, si se quiere, el espesor de la modernidad, se encuentra precisamente en la colonialidad. La historia de la modernidad, la realización misma de la modernidad, concurre con la colonización y la expansión colonial; la dominación y el control capitalista se instauran y despliegan en el mundo, se configura un mundo, un sistema-mundo, por medio del despliegue de las violencias polimorfas de la colonización y la colonia. El transformado de la modernidad es la colonialidad.  
Ciertamente, cuando hablamos de modernidad no hablamos de algo homogéneo, sobre todo de una experiencia homogénea; la realización y expansión de la modernidad se da mas bien de manera heterogénea. Hablemos entonces de la modernidad en clave heterogénea, discutamos entonces las modernidades heterogéneas. Bolívar Echeverría identifica distintas modernidades de alguna manera secuenciales[2]; la modernidad barroca, correspondiente a los primeros periodos coloniales; la modernidad iluminista, a partir de las reformas borbónicas y la revolución industrial; y la modernidad de los Estado-nación, correspondiente a los proyectos nacionales. Podríamos añadirle una nueva forma de modernidad como parte de la experiencia contemporánea; nos referimos a la modernidad relativa al proyecto neoliberal, que ha sido identificada como posmodernidad por una lectura más filosófica y estética. Esta taxonomía de la modernidad de Bolívar Echeverría es sugerente pero no es exhaustiva; lo que no hay que perder de vista es que las experiencias de la modernidad no pueden ser sino heterogéneas, dependiendo de los momentos y los lugares.
Como dice Enrique Dussel el primer hombre moderno es Hernán Cortés, el primer acto constitutivo de la modernidad es la conquista[3]. La modernidad se construye sobre la base de la colonización, es decir, el despojamiento y la desposesión de territorios, de recursos, de pueblos y poblaciones, la asimilación de sociedades y civilizaciones a la vorágine del capitalismo. El capitalismo no es un fenómeno europeo, como creen muchos marxistas, es un fenómeno mundial, ocasionado por la conquista, la colonización, la expansión imperialista, el dominio global de los mares y los mercados. La modernidad deviene de la experiencia de la vertiginosidad, del trastrocamiento profundo de instituciones, valores, sistemas de símbolos, imaginarios, de costumbres, tradiciones, relaciones, estructuras y formas antiguas de sociedad. A la modernidad se la ha representado en tanto experiencia volátil, como cuando todo lo solido se desvanece en el aire. La modernidad ha sido producida por movimientos impactantes de población, el comercio de esclavos, la migración europea al nuevo continente, sobre todo el etnocidio y genocidio de las oblaciones nativas. La formación de ciudades y puertos que conectan la vida económica y social del nuevo continente con un mundo del que forma parte, una parte importante, debido a sus riquezas, sus pueblos y poblaciones, sus saberes y sus cultivos. La explotación minera, los circuitos minerales y monetarios van a formar parte indispensable de la acumulación originaria de capital. La dinámica de los mercados adquiere una complejidad, integralidad y velocidades sin precedentes. En la experiencia de la crisis se forma la modernidad y la modernidad condiciona la constitución de sujetos y subjetividades. Se forman mezclas, entrelazamientos, abigarramientos, barroquismos de todo tipo en estos procesos de trastrocamiento y volatilización. Se produce un redibujo de la familia, nuclarizándola, y se atomiza las redes sociales conformando a los individuos. Los procesos de disciplinamiento se dan a través de instituciones encargadas de modular los cuerpos y inducir cambios en las conductas. Hay una variedad grande de instituciones que hacen de agenciamientos concretos de poder, no solo nos referimos al cuartel, a la escuela y a la fábrica, sino al conjunto de instituciones que terminan trabajando los cuerpos, modulando y adecuándolos no sólo a la producción sino también al consumo. Ciertamente esta modulación de cuerpos, esta inducción de conductas, estos disciplinamientos,  pero también los hedonismos proliferantes, no se dan de manera homogénea, aunque estén ligados a ejes de homogeneización. Pues las familias compuestas y extendidas, las redes de parentesco y las alianzas, los esquemas de comportamiento y de conductas tradicionales, no desaparecen del todo, aunque hayan sido fraccionados y diseminados, quebrados en su unidad y sentido. Los fragmentos se re-articulan y mezclan con los propios esquemas de comportamiento y conductas modernos, las redes de parentesco y las alianzas se rearman aunque sea provisionalmente en las fiestas, aunque también en momentos de emergencia. Aparecen estrategias de sobrevivencia en migrantes asentados en las ciudades de crecimiento urbano, donde se puede observar tanto la reproducción y el uso de pautas tradicionales como prácticas de adecuación en sus nuevos asentamientos.
La modernidad barroca era el de las mezclas civilizatorias y de la saturación de códigos, de evangelización y sincretismos, de resistencias y de anexiones, de conexiones culturales, acompañadas por imposiciones y subordinaciones. Aunque también de transformaciones de pautas de consumo, de cultivos, pero también de transferencia de productos nativos y alimentos no conocidos en Europa y en el mundo, como la papa, el maíz y muchos vegetales producidos en Mesoamérica. A decir de Serge Gruzinski esta otra modernidad era, en principio, renacentista; se trataba de un nuevo renacimiento, ya no continental europeo sino mundial, un renacimiento indígena, con participación indígena[4]. Un humanismo global y completado con la mirada indígena. Empero este renacimiento duró poco, pues ante los levantamientos indígenas debido a las reformas borbónicas, los indígenas nobles que participaban en la estructura de poder fueron separados del mismo, fueron sacados de estas estructuras, implementándose mas bien reformas del despotismo ilustrado. La modernidad iluminista deja de lado la saturación y yuxtaposiciones barrocas ingresando a una hegemonía cultural europea, al trastrocamiento que va producir la revolución industrial. El iluminismo, el enciclopedismo, la irradiación de las ciencias positivistas, la seducción tecnológica, se van a convertir en los ideales de una época centrada en los desenvolvimientos económicos, tecnológicos y culturales europeos. Se trata de dos modernidades en contraste; la modernidad barroca se articula provisoriamente sobre la base de los dominios españoles y portugueses, articulando desde los mares del Japón, la China, la India, con nueva España y el continente conquistado. La modernidad iluminista se configura mundialmente, empero convirtiendo al Atlántico en el eje articulador de la economía-mundo capitalista. El dominio británico en el nuevo ciclo del capitalismo, acompañado por la revolución industrial, transforma el comercio y convierte la economía-mundo en el sistema de la libre empresa. La transformación de los mercados, de la estructura de los mercados, estableciendo los circuitos del comercio de los minerales, así como el consumo de energía basada en el carbón y el vapor transforma la configuración misma de los mercados y de las finanzas. Las tecnologías sociales disciplinarias se dan en este periodo; la modernización de las instituciones, de las burocracias estatales, de la administración pública y de la contabilidad económica se da también en esta época. Una especie de revolución de la individualización también es notoria; una de las expresiones de estas transformaciones en las subjetividades se da en la proliferación de las novelas y en la aparición en ellas del antihéroe, el dramático personaje del conflicto de la individuación. La modernidad de los Estado-nación, identificada por Bolívar Echeverría, sobre todo con relación a las periferias de América Latina y el Caribe, es una modernidad que corresponde a una etapa avanzada de la revolución industrial, congruente al ciclo capitalista de hegemonía estadounidense. Esta es una modernidad en clave heterogénea, que debe ser entendida en parte como adecuación y respuesta de los proyectos estatales nacionalistas, proyectando una revolución industrial y la independencia económica para los países involucrados. La construcción del Estado-nación, la modernización del Estado, las reformas democráticas, entre ellas la reforma agraria, además de la nacionalizaciones, la ampliación de los derechos y la ciudadanía, como el voto universal y la reforma educativa, van a ser los dispositivos institucionales que van a tener incidencia en los ámbitos sociales y culturales, reconfigurando también las identidades y replanteando la constitución de sujetos. En términos culturales deberíamos hablar de una modernidad mestiza, pues ese es el  proyecto de los Estado-nación.
Empero qué ocurre fuera del imaginario estatal, ¿se da la modernidad en el sentido buscado por los Estado-nación? Este sentido está muy bien expresado en el deseo de desarrollo. Este tema, como se sabe, es altamente problemático y contradictorio; lo pusieron en la mesa, en toda su complejidad los de la Teoría de la dependencia, sobre todo en lo que respecta a la comprensión de que el desarrollo produce subdesarrollo. En relación a la pregunta hay que tener en cuenta que no puede entenderse la modernidad como una experiencia homogénea, no sólo por lo que respecta a las modernidades heterogéneas, sino por la variabilidad de fenómenos, por la diferencia de intensidades y de expansiones diferenciales de la fenomenología de la modernidad. Si bien comprendemos que el continente se involucra en la conformación, despliegue y expansión de la modernidad, a partir de la conquista y la colonia, forma parte de la fenomenología de la modernidad, que tiene como matriz constitutiva precisamente a la colonización y la colonialidad, las distintas modernidades no se dan de manera homogénea, dependiendo del lugar y de las relaciones con el mercado mundial. Ya en la modernidad desarrollista, identificada como modernidad de los Estado-nación, siguen siendo notorias las diferencias entre ciudad y campo, entre ciudades capitales y pueblos, entre las aéreas urbanas y las áreas rurales, entre unos países y otros.
¿Se puede decir que el área rural, el campo, las comunidades, los pueblos y hasta algunas ciudades menores no son modernos, como algún discurso desarrollista acostumbra a hacerlo? No, de ninguna manera, todas las comunidades, los pueblos, las sociedades nativas, fueron involucradas y articuladas a la modernidad tempranamente, desde los ordenamientos territoriales de los virreinatos y capitanías, desde la implantación de las visitas y revisitas, el establecimiento de los impuestos y tributos, la circulación monetaria y la expansión de los mercados. La modernidad es la experiencia de trastrocamiento profundo que cambia la condición subjetiva, las instituciones, los valores y los sentidos. Como vasallos del rey, como comunarios censados en las visitas y revisitas, con nombres y apellidos, ya se desatan tempranamente incipientes procesos de individuación. Cuando los comunarios se hacen propietarios de la tierra con la reforma agraria, estos procesos de individualización avanzan lo suficiente como para hablar de la igualación de los hombres a través de la obtención de la propiedad de la tierra. Desde James Harrington hasta Zavaleta Mercado este es el mecanismo indispensable de la democratización. La modernidad se realiza en esa experiencia de mutación y cambio, de despliegue de los procesos de individuación; la modernidad es la articulación al mundo dominante y hegemónico del capitalismo.
Ahora bien, no hay que olvidar que la modernidad es un concepto estético, elaborado por los poetas malditos, particularmente por Baudelaire. En  la poesía de Baudelaire la modernidad aparece como experiencia de una ciudad turbulenta, ruidosa, de calles fangosas, recorridas por coches y peatones, donde todo se mezcla. La simultaneidad de todo; la desvalorización, la relativización, el suspenso, forman parte de esta experiencia. Entonces ya la modernidad denotaba mezcla. Llama la atención, que después, cuando este concepto se asume teóricamente, adquiera una connotación de homogeneidad e incluso de universalidad. Los teóricos de la modernidad confunden escenarios y espacios; confunden la modernidad como experiencia multitudinaria con la “modernidad” como proyecto institucional y de racionalización. Esta “modernidad” es ciertamente estatal, forma parte del despliegue de instituciones, procedimientos, arquitecturas, dispositivos y agenciamientos de disciplinamiento. La modernización estatal es un  proyecto de racionalización y ordenamiento en contra de la espontaneidad moderna de las sociedades abigarradas.
La modernidad inicialmente es un concepto estético, en su matriz conceptual está la idea de plasticidad y transformación; empero las filosofías estatalistas convierten el concepto en un proyecto de racionalización y de universalización. Incluso en las periferias del sistema-mundo capitalista los estados van a buscar la “modernidad” como fin, como telos, van a buscar realizarla como proyecto político     y arquitectónico. Entonces hay una contradicción inherente al concepto o percepciones dicotómicas, relativas a la experiencia y a la ilusión, a la espontaneidad y a la racionalización. La modernidad es entonces contradictoria; por una parte esta experiencia desata movimientos, movilizaciones, migraciones, suspensiones de valores, de estructuras e instituciones, liberando a los cuerpos de sus amarres consuetudinarios; por otra parte la “modernidad” aparece como proyecto estatal, como proyecto de racionalización, disciplinamiento y universalización. En tanto espontaneidad las multitudes, el pueblo, el proletariado, los movimientos feministas, se levantan y ponen en suspenso la legitimidad de las dominaciones y de las instituciones. La historia de la modernidad está plagada de estas rebeliones, la guerra civil en Gran Bretaña, la rebelión indígena panandina, la guerra anticolonial norteamericana, la revolución francesa, la guerra anticolonial de los esclavos de la isla de Santo Domingo, la revueltas proletarias, la comuna de París, la revolución mexicana, la revolución bolchevique, la guerra prolongada china, la revolución nacional boliviana, la revolución cubana, las guerras de la independencia en el África y en Asia, las nuevas revueltas indígenas en el continente de Abya Ayala. La “modernidad” como proyecto estatal irrumpe en estos escenarios y trata de domesticarlos, al buscar instituir la racionalización de las conductas y los comportamientos, el orden, la administración, el gobierno, las formas de gubernamentalidad, al desplegar un mapa institucional de control, sobre todo, en los países periféricos, al buscar como fin político el desarrollo.
Para aclararnos el problema conceptual y de interpretación de la modernidad debemos retomar dos puntos; uno es el de la matriz colonial de la modernidad, el otro es el sentido inicial estético del concepto. En relación al primer punto, debe quedar claro que la conquista, la colonización y la colonialidad no han buscado la modernidad como objetivo, no tenían en mente este fin; lo que se buscaba era riqueza, tierras, recursos, minerales, oro, plata y, por lo tanto, ganancias. Estos despliegues de violencia desataron sin buscarlo el caos, la transvaloración de los valores, la suspensión de las instituciones y estructuras tradicionales, volcaron a las poblaciones hacia un estado de suspensión y predisposiciones alternativas, donde la experiencia del tiempo, la consciencia del tiempo, la comprensión de que las instituciones son históricas, abrieron horizontes para la potencia social. Ante la evidencia de estas emergencias sociales, los estados, las disposiciones políticas y filosóficas estatalistas, buscaron estratégicamente su control y domesticación. Entonces frente a la modernidad espontánea de las masas, el Estado se propuso conformar una “modernidad” racional, ordenada, homogénea, disciplinada y controlada.
Por otra parte, es indispensable comprender que la modernidad es un productos no una condicionante histórica y cultural; la modernidad es un efecto producido por el trastrocamiento profundo y violento, también es producto de los despliegues sociales, de los sujetos en constitución, una vez liberados de todos sus amarres, suspendidas sus instituciones, valores y sistemas simbólicos. En contraposición la “modernidad” también es un producto de la racionalidad estatal.
Volviendo al tema de discusión, retomando la acusación de la izquierda tradicional al proceso constituyente, a la constitución y a las posiciones indígenas, de que se quiere volver al pasado, a la comunidad ancestral despreciando la modernidad y el desarrollo, vemos que la izquierda tiene una concepción estatalista de modernidad. No entiende que la descolonización es parte de las resistencias, las rebeliones, los levantamientos, las insurrecciones y los horizontes abiertos por las masas, las multitudes, las naciones y pueblos indígenas, el proletariado nómada, no entiende que el proyecto de transición pluralista es parte de la potencia social, de la espontaneidad de la fuerza social y comunitaria. El pluralismo se opone a la unidad racionalista del Estado, liberal y colonizante; lo comunitario es la defensa de lo común, de lo que pertenece a todos, frente a lo privado y lo público, que constantemente expropian lo común de las comunidades. Se trata de la actualización de formas institucionales comunitarias, pero también de la invención de formas de comunidad que enfrenten la crisis del capitalismo, la expropiación privada y financiera de lo común, así como también la expropiación estatal de lo común.
Las luchas indígenas por la descolonización son luchas actuales y anti-capitalistas, es una de las formas concretas de la lucha contra el capitalismo. Desconocer esta actualidad, su pertinencia y su fuerza, es apartarse de la lucha efectiva contra el capitalismo a nombre de viejos fantasmas que golpea la cabeza nostálgica de la izquierda tradicional. La perspectiva indígena, las cosmovisiones indígenas, la lucha por sus territorios, sus instituciones, su libre determinación, autogobierno, sus normas y procedimientos propios, es una lucha profundamente anti-capitalista. Ahora bien, cuando se critica la modernidad y se define el vivir bien como proyecto alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, qué se entiende por este modelo alternativo, sobre todo en lo que respecta a la modernidad. Lo primero que se critica es el nacimiento colonial de la modernidad, también su proyección colonizante en tanto proyecto estatal de racionalización y disciplinamiento, homogeneizante y domesticador. La crítica es a la modernidad como cultura hegemónica y dominante del control mundial capitalista, la crítica es al sentido de la modernidad de los Estado-nación en tanto teleología desarrollista. Aunque se critique la matriz colonial de la modernidad, no se puede desconocer la producción de modernidades por parte de las multitudes, pueblos, proletariados, movimientos indígenas, movimientos feministas. No se puede desconocer las conquistas democráticas y ciudadanas, culturales y de derechos colectivos, conquistas que se han dado como parte de la espontaneidad y potencia social, en claves alterativas y alternativas modernas. Desde esta perspectiva, no se puede pensar una afuera de la modernidad que interpele a la modernidad; la modernidad es interpelada desde su propia crisis, desde sus propias contradicciones, es interpelada por los propios sujetos que producen modernidades. Por eso es importante decodificar las modernidades heterogéneas y pensar los alcances de la propuesta de Enrique Dussel, en el sentido de un horizonte civilizatorio, otra modernidad, una trans-modernidad.
Ahora, abordaremos la discusión sobre la relación entre Estado y comunidad.

Estado y comunidad
Hay que pensar el Estado como relación o como ámbito de relaciones, también la comunidad debe ser pensada como otro ámbito de relaciones. El Estado puede ser pensado como instrumento o aparato separado de la lucha de clases, separado de la sociedad, para servir mejor a los intereses de las clases dominantes, sobre todo al interés general de la acumulación capitalista. En cambio las formas comunitarias, sobre todo indígenas, no separan, no tienen un ámbito especial político de gobierno separado de las relaciones y prácticas comunitarias. El poder se diluye en la potencia comunitaria, los mandos son rotativos y participativos, las asambleas son las instancias de resolución y formación de consensos. Tomando en cuenta estas definiciones, se dice que el Estado se opone a la comunidad y la comunidad se opone al Estado. Por lo tanto no puede haber un Estado comunitario.
Viendo de esta forma el enunciado de Estado comunitario, el concepto aparece como una contradicción ninherente. Empero, hay que tener en cuenta en la coyuntura varias cosas. La primera es que la Constitución se refiere a una transición, a un Estado en transición; la misma Constitución se define como en transición, establece las condiciones de la transición. Por otra parte, el Estado del que se habla es plurinacional y comunitario. Esto quiere decir que se reconoce distintas condiciones estructurales e institucionales, no sólo comunitarias; por lo tanto, de lo que se trata es de acordar la coordinación entre naciones y pueblos, entre formas comunitarias y formas no-comunitarias. El sentido de Estado plurinacional diseña esta posibilidad. Lo comunitario ingresa a esta acuerdo a partir de su propia autonomía y libre determinación; el Estado plurinacional comunitario debe lograr la relación coordinada entre comunidades y otras formas estructurales e institucionales. La otra condición definida por la Constitución en lo que respecta al Estado es la condición autonómica, que responde a la demanda de descentralización administrativa y política, así como a las demandas territoriales, de los enfoques territoriales y eco-sistémicos. Estas tres condicionantes de la transición estatal, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica diseñan los ejes de la transición, pero también conforman los ámbitos de la participación, del ejercicio plural de la democracia.
El problema de la relación entre Estado y sociedad en la transición no es solamente un problema teórico, que se va a resolver teóricamente, sino es un problema también político, un problema de ingeniería institucional, si usamos arbitrariamente este término, de la transición y de la transformación.
Por último el enunciado de Estado plurinacional comunitario y autonómico ha sido tanto una construcción colectiva por parte del Pacto de Unidad, si nos remontamos al documento para la constituyente de esta organización indígena y campesina. Sólo que, en este caso, la autonomía se tiene que entender como autonomía indígena. También el enunciado ha sido producto de la construcción dramática de un pacto social logrado en la Asamblea Constituyente. El enunciado entonces es una construcción política. El problema teórico que plantea este acontecimiento es mayúsculo, pues exige que el análisis se sitúe en la comprensión del contexto, de la coyuntura, del proceso, del campo de fuerzas. No es aconsejable hacer solamente elucidaciones en el mapa abstracto de los conceptos; es indispensable pensar los acontecimientos históricos y políticos a partir de conceptos, usando los conceptos para pensar estas realidades. No es aconsejable pensar los conceptos sin el espesor histórico y político  de los acontecimientos.

La cuestión estatal en la Constitución
La cuestión estatal, parece un tema no resuelto. Fue largamente debatido por los marxismos, empero parece sin solución, sobre todo debido a que las experiencias del llamado socialismo real derivaron en espantosos estados burocráticos y represivos. Los revolucionarios no pudieron destruir el Estado, el Estado los destruyó a ellos. ¿Por qué pasó esto? ¿No pudieron escapar de la historia? ¿Qué tiene que ver todo esto con las estructuras y las lógicas de poder? Estos problemas quisiéramos retomarlos, empero a la luz de lo establecido en la Constitución.
Ante todo la Constitución asume la comprensión de que vivimos una transición política, una transición descolonizadora, una transición civilizatoria hacia el modelo alternativo del vivir bien. El Estado plurinacional comunitario y autonómico es la forma institucional de esta transición. El modelo político, Estado plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, la economía social y comunitaria; modelos articulados por el mega-modelo del vivir bien, entendido como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo; son los diseños y los ejes institucionales de la transición. Se trata de un mapa institucional pensado desde el pluralismo institucional. La transición política se concibe como transición civilizatoria, una transición que se propone ir más allá de la modernidad. Se diferencia de la transición pos-capitalista de la dictadura del proletariado precisamente por no circunscribirse en el contexto de la modernidad. En lo que respecta al desmontaje del Estado-nación, se proponen transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas del Estado. Sobre todo lo último es importante por cuanto se trata de romper con la separación entre Estado y sociedad, gobernantes  gobernados, funcionarios y usuarios. Se trata de construir el ejercicio plural de la democracia, democracia directa, democracia representativa  y democracia comunitaria. Se trata de conformar el sistema de gobierno como democracia participativa. Efectuar la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. La gestión pública debe servir para desmontar el Estado-nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. La gestión pública deja de entenderse como administración de normas, deja de estar meramente vinculada a la gestión por resultados; se trata de una gestión dirigida al impacto, valorizada por los efectos de cambio y transformación. Esta gestión pública es plurinacional comunitaria e intercultural.
¿Cómo interpretamos esta concepción de la cuestión estatal y de la transición? En primer lugar, el principal problema planteado es con respecto al Estado-nación, considerado Estado liberal y colonial. Se trata de salir de la órbita de la colonialidad, de escapar de la condena de los Estado-nación subalternos, subordinados a la geopolítica del sistema-mundo capitalista, convertidos en instancias administrativas de la transferencia de recursos naturales a las metrópolis. La descolonización  implica el desmontaje de la herencia colonial del poder; el desmontaje de la colonialidad del poder significa el desmantelamiento de este aparato de Estado-nación, cuyo proyecto desarrollista implica un proyecto cultural de mestización,  borrando la identidad de las naciones y pueblos indígenas originarios. Entonces la cuestión estatal en la Constitución tiene que ver en primer lugar con la problemática heredada del Estado-nación.
La segunda cuestión, aunque puede ser también la primordial, es el problema del Estado como instrumento separado de la lucha de clases. El Estado como aparato y heurística del poder, como estructura efectiva e institucionalidad del poder. El Estado como forma, contenido y expresión del poder, del ejercicio del poder. Entonces el Estado como espacio y tiempo de las formas de gubernamentalidad, de las formas de gobierno y gobernanza. El problema en esta cuestión es cómo salir de las formas de gubernamentabilidad jerárquicas, verticales y burocrática, de las formas de gubernamentabilidad conformadas en la monarquía absoluta, en la república, en tanto gubernamentalidad liberal, así como en la etapa tardía republicana, en tanto biopoder, como forma de gubernamentalidad neo-liberal. La propuesta es construir formas de gubernamentalidad de las multitudes, participativas, desburocratizadas, colectivas, formadoras de consensos, coordinadas y en armonía con los ecosistemas.
En tercer lugar es indispensable tener en cuenta el carácter de los Estado-nación subalternos, cuál es su función en el orden mundial, en el contexto de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Se ha dicho que los Estado-nación en la periferia son como resistencias a los proyectos imperialistas, defienden las soberanías de las naciones conformadas. Esta sería la diferencia con los Estado-nación imperialistas, que abiertamente se convierten en aparatos de sometimiento tanto internamente, respecto a sus sociedades, como externamente, respecto a otras naciones y estados. Hay que decir que esto es relativamente cierto, dependiendo de los gobiernos, los proyectos políticos y la relación con las sociedades nativas. Cuando se dan gobiernos progresistas, proyectos de resistencia anti-imperialista y movilizaciones de apoyo a la defensa de las soberanías, esto puede ser cierto. En cambio, cuando los gobiernos son más bien claramente pro-imperialistas, cuyos proyectos son más bien de sometimiento y subordinación, además de enfrentarse con sus propios pueblos, la interpretación no es correcta. Por otra parte, incluso en el caso de gobiernos progresistas, los límites del los Estado-nación terminan mostrando las concomitancias con las dominaciones del orden mundial. Se trata de estados que administran la transferencia de recursos naturales a las metrópolis del centro del sistema mundo, se  trata de estados que administran el modelo económico extractivista colonial del capitalismo dependiente. Desde esta perspectiva la cuestión estatal en las periferias se hace más problemático. Aparecen como formas políticas de resistencia a los imperialismos, empero, terminan siendo instrumentos y engranajes de las estructuras de poder de la dominación mundial. La historia de los Estado-nación subalternos nos muestra este itinerario, este círculo vicioso de la dependencia.
No parece ser posible salir del círculo vicioso de la dependencia solamente apostando a proyectos políticos de nacionalización de los recursos naturales, tampoco parece posible hacerlo apostando por proyectos de industrialización y sustitución de importaciones. Este camino nos conduce a nuevas formas de dependencia mientras no se rompa con la estructura de poder mundial, la geopolítica del sistema-mundo capitalista, y sobre todo las formas políticas de los Estado-nación que atan a las periferias al centro del sistema-mundo y a las lógicas de acumulación de capital. Por eso es indispensable pensar, proponer y efectuar una alternativa política diferente. En el cambio y ruptura con las formas políticas de los Estado-nación, en la propuesta de transición del Estado plurinacional comunitario y autonómico, radica lo novedoso de la propuesta emancipadora indígena y de los movimientos anti-sistémicos contemporáneos.  Nuevas formas políticas que trasciendan el Estado-nación, formas participativas y pluralistas, que incorporen gubernamentalidades de las multitudes, la irrupción de las sociedades y comunidades, la formación de consensos, el ejercicio plural de la democracia, la integración ecológica de las sociedades, pueblos y países del mundo, la apertura de mercados complementarios, basados en la valorización de la vida, la internacional de los pueblos, son algunas de las formas organizativas e institucionales solidarias de un mundo alternativo, una transformación civilizatoria, basada en las emancipaciones múltiples.
Por último, debemos volver a discutir ¿qué es el Estado? Escapar de la idea de que es una esencia, que tiene una esencia, que hay un problema ontológico en la cuestión estatal. No hay una esencia, tampoco una sustancia estatal. El Estado es básicamente la idea de totalidad política de la genealogía de las soberanías, es la idea de totalidad que acompaña a las formas prácticas de gobierno y gubernamentalidad, a las formas de administración de los cuerpos y los recursos, a las formas de modulación de los cuerpos y constitución de subjetividades subordinadas y domesticadas. El Estado no existe como materialidad política única, como positividad, como empírea; lo que existe son administraciones burocráticas, normativas, de gestiones, y campos de dominios, en los límites de una geografía política y de acuerdo a los alcances de una geopolítica, sea esta elaborada o incipiente. Lo que existe son los instrumentos y aparatos mas o menos articulados en función de diagramas de poder. El Estado es un imaginario empero sostenido en una apabullante materialidad de prácticas, de relaciones, de estructuras, de sistemas normativos, reglamentaciones, de disuasión y ejecución. En cada Estado hay que descubrir más bien su propia genealogía del poder, su propia historia heurística, su propia historia de dominaciones, historia de poderes que vencen resistencias.
Entonces se requiere una acuciante mirada crítica del poder, nuevas teorías del poder, de las relaciones de poder, de las estructuras de poder, de las instituciones y de las lógicas de poder. Por lo tanto se requieren para sostener estas teorías de investigaciones empíricas, investigaciones en profundidad, en múltiples niveles, macro-física y micro-físicas del poder. Empero, paralelamente a estas investigaciones, se requiere de teorías actualizadas de la potencia social, de las resistencias, las capacidades y posibilidades de los cuerpos, de las multitudes, de los pueblos, las comunidades, las colectividades, los proletariados. La tesis que proponemos al respecto es que hay poder, en tanto relaciones de fuerza vinculadas a las dominaciones, y hay potencia social, en tanto relaciones de fuerza y subjetividades creativas emancipadoras. Debemos estudiar poder y potencia en sus contradicciones, en sus luchas, pero también en sus mezclas y entrelazamientos.

Conclusiones
1.       Un mismo fantasma del Estado comparten las derechas, los nacionalismos y las izquierdas; nos referimos notoriamente a la llamada izquierda tradicional. Se trata de proyectos estatalistas. Sus diferencias radican en que unos defienden los intereses imperialistas; los otros las soberanías, entendidas como legitimaciones de estructuras de poder; en tanto que los terceros defienden los intereses del proletariado sindicalizado. Empero todos lo hacen en el campo gravitatorio del Estado, por lo tanto control, comando, dirección, jerarquía e instrumento jurídico-político separado de la sociedad. Esta proyección los ata a “modernidad” estatalista, disciplinaria, homogeneizante y universalista.

2.       Los Estado-nación subalternos de las periferias del sistema-mundo capitalista terminaron formando parte del engranaje de dominación del orden mundial. Sus límites estructurales se definen en el carácter administrativo de la transferencia de recursos naturales y en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

3.       El horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico abre recorridos de descolonización, de participación, de gubernamentalidades plurales democráticas de las multitudes, de emancipaciones múltiples, conformando pluralismos institucionales, de gestiones plurinacionales comunitarias e interculturales.


4.       La defensa del proceso constituyente y de la Constitución, proceso que no ha concluido, es una indispensable tarea política en un proceso contradictorio y en el contexto de la lucha de clases racializada, es decir anti-colonial y descolonizadora.     
         
        


[1] Etiene Balibar, Emmanuel Wallerstein: Nación, raza y clase. IEPALA 1988. Madrid.
[2] Bolívar Echeverría: Crítica de  la modernidad capitalista. Vicepresidencia del Estado plurinacional de Bolivia 2009. La Paz.  
[3] Enrique Dussel: El encubrimiento del otro. CLACSO. Plural. La Paz-Bolivia.
[4] Serge Gruzinski: El pensamiento mestizo. Paidos; Barcelona 2000.  

jueves, 29 de marzo de 2012

LA MARCHA INDIGENA DEL TIPNIS EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE AMERICA DEL SUR



LA MARCHA INDIGENA DEL TIPNIS EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE AMERICA DEL SUR
Sarela Paz[1]
Iniciando la década del 2000, en Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, se desencadenó una movilización espontánea realizada por los habitantes de la ciudad y sus regiones aledañas, movilización producida ante el intento del gobierno de Sánchez de Lozada de concesionar las aguas de la cordillera que abastecen al valle interandino que cobija la mencionada ciudad a una transnacional.  Dicho episodio conocido como la Guerra del Agua, abrió un ciclo de movilizaciones populares en Bolivia orientadas claramente a pensar cómo es posible desmantelar el armazón institucional neoliberal que logró la capitalización y transnacionalización de varios recursos naturales estratégicos en Bolivia (petróleo/gas/minería).  La década del 2000, saturada de contradicciones y luchas internas en política boliviana, logró episodios de gran alance que permitieron discutir al ciudadano boliviano el futuro de recursos naturales estratégicos como gas y petróleo, agua y recursos mineralógicos.  Movilizaciones y desobediencia civil marcaron el debate.  Industrialización, desarrollo productivo que atienda necesidades de la población, salidas económicas más allá del capitalismo, nos hicieron pensar a los bolivianos en la posibilidad de un horizonte distinto al que habíamos ocupado secularmente en términos de la economía global.  Además, el advenimiento de un presidente indígena en diciembre del 2005, inédito en la historia nacional, nos invitó a considerar seriamente las posibilidades de un cambio profundo y estructural en la sociedad boliviana.
Una década después se produjo la marcha indígena del TIPNIS, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011.  Dicha marcha mostró los caminos y senderos transitados en relación a los posibles sueños y horizontes de cambio que nos habíamos propuesto los bolivianos en la primera mitad del siglo XXI.  La primera contradicción/constatación que nos mostro la mencionada marcha fue los intereses disímiles entre los pueblos indígenas respecto a cómo entender el desarrollo, la segunda contradicción/constatación que develó la marcha fue que el horizonte económico de modelo extractivo primario exportador no sólo que no había cambiado sino que se había ahondado durante la década en que los bolivianos expectábamos avanzar hacia la industrialización de los hidrocarburos, para convertirnos en algo más que un país que ofrece materias primas en el mercado global.  La tercera contradicción/constatación que mostro la marcha indígena es que la dimensión política de Estado Plurinacional presenta enormes contradicciones con un modelo extractivo primario exportador, modelo que requiere para sus operaciones productivas fundamentos y bases de un Estado centralista y mono nacionalista. ¿La forma política del Estado Plurinacional puede operar bajo un modelo extractivo en la economía? ¿Es posible que los intereses del modelo extractivo primario exportador puedan coincidir con los intereses de los pueblos indígenas?.
El presente artículo se propone analizar el conflicto acaecido con la marcha indígena del TIPNIS en el 2011, reflexionando acerca de cómo dicha movilización muestra las paradojas que inscriben al Estado Plurinacional de Bolivia, Estado que se plantea funcionar con principios económicos y políticos plurales que quedan limitados por el horizonte de un modelo económico extractivista que hegemoniza las políticas de Estado.  Ciertamente, el desafío es poder explicar la relación entre la movilización indígena del TIPNIS y la dimensión del modelo extractivista en Bolivia, lo cual supone describir las características del conflicto, los actores que están inmersos, la relación entre los actores, sus intereses, y los intereses que se ponen en juego cuando el Estado busca expandir un modelo extractivista primario exportador.  En la indagación de las mencionadas variables es importante reparar en los proyectos de desarrollo que empujaron las comunidades indígenas del TIPNIS, observando cómo ellos son una salida distinta a la propuesta extractiva que domina las razones de Estado.  Con dichas ideas, trazaré algunas conclusiones explicativas de lo que está aconteciendo en relación a las distintas visiones de desarrollo que nos proponen los pueblos indígenas en Bolivia y el rol que está jugando el Estado en relación a esas visiones.  
Algunos antecedentes sobre el TIPNIS.-
El TIPNIS es un Parque Nacional y Territorio Indígena; esto es, un territorio que por razones de la historia posee una doble condición: ser área protegida y a la vez ser territorio indígena.  Como área protegida opera desde el año 1965, mediante el Decreto Ley # 07401 que fue promulgado por el gobierno de René Barrientos Ortuño.  Muchos se preguntaran cómo es que fue decretado un Parque Nacional en aquellos años cuando la política pública de la época se caracterizaba por un nacional populismo producto de la revolución agraria de 1952 y la ocupación –colonización– de tierras amazónicas en Bolivia.  En realidad, los entretelones de la historia nos muestran a dos personas ligadas a los pueblos indígenas que habitaban en el TIPNIS, un explorador habitante del antiguo Pueblo de Todo Santos (río Chapare) Hans Hoffman y un misionero jesuita llamado padre Erik, ambos mantenían vínculos culturales y religiosos con las comunidades indígenas de la zona y coincidieron en la necesidad de que el Estado delimite un lugar de refugio para las comunidades indígenas amazónicas, puesto que la colonización proyectada en los años 50 y 60 en la zona del Chapare, implicaba la ocupación de territorio de los pueblos indígenas amazónicos.
¿Por qué el Estado boliviano ocupaba tierras de los pueblos amazónicos?.  En la lectura constitucional profundamente nacionalista de la época, las tierras de las tribus selvícolas en realidad formaban parte de lo que se consideraba tierra fiscal; es decir, tierra de dominio y propiedad del Estado.  Así, éste podía decidir acerca de su destino.  Uno de los grandes proyectos estatales implementados después de la revolución de 1952 fue justamente la marcha hacia el oriente boliviano (Soruco 2008), la ocupación de tierras en los llanos amazónicos y chaqueños de Bolivia que buscaba consolidar una agroindustria exportadora en la región de Santa Cruz (caña, algodón, girasol, soya) y, a su vez, implementar planes y programas de colonización a la región de los yungas por parte de sectores campesinos andinos ya que éstos iban a verse expuestos rápidamente a un proceso de parcelación y empobrecimiento de su economía campesina (Laserna 1987). El contingente de campesinos colonizadores a los yungas bolivianos estuvo conformado por quechuas y aymaras que buscaron expandir sus iniciativas agrarias en tierras bajas y el Chapare se convirtió en uno de los lugares de destino.  Proyectos camineros como el 1 y 4 programados en la primera mitad de la década del 60 que comunicaban Villa Tunari con Puerto Villarroel y apoyados por USAID, nos muestran ya un programa de penetración caminera al TIPNIS (Ver mapa Ministerio de Economía Nacional 1966)[2].  Esta es una razón fundamental para que las personas arriba mencionadas hayan gestionado la creación del Parque Nacional como un territorio destinado al refugio de las tribus selvícolas.
El TIPNIS como territorio indígena ha sido creado en 1990 mediante Decreto Supremo # 22619 en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora.  La aceptación de dicho territorio tiene que ver con la primera marcha indígena de tierras bajas en agosto septiembre de 1990.  Las comunidades indígenas del TIPNIS, junto con comunidades indígenas de Bosque de Chimanes y comunidades indígenas del pueblo siriono, desarrollaron su demanda de reconocimiento al territorio indígena mediante el mecanismo de la marcha.  Fruto de la movilización de los años 90 y la aceptación de la figura jurídica de territorio indígena, el Estado boliviano acepta suscribir el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, desarrollando una reforma constitucional donde se introduce la figura de territorio indígena bajo el nombre de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura de propiedad colectiva sobre la tierra que es reconocida a favor de los pueblos indígenas en la Ley INRA promulgada en 1996.  A partir de entonces el TIPNIS es un territorio indígena legalmente constituido (reconocido por el Estado) en beneficio de tres pueblos indígenas amazónicos: los yuracares y chimanes que son pueblos que habitan la selva alta y desarrollan una economía étnica amazónica basada en una relación compleja entre caza, pesca, recolección y agricultura y el pueblo mojeño trinitario que tiene como centro territorial las regiones de bosques y sabanas inundables y que también forma parte de la economía étnica amazónica.
El epicentro del conflicto del TIPNIS y la marcha indígena del 2011 surge por un hecho relativo a los derechos territoriales que los pueblos yuracarés, chimanes y moxeño trinitarios tienen; esto es, el derecho propietario de su territorio que les faculta a ser consultados cuando una medida del Estado les afecte.  El gobierno boliviano de Evo Morales decidió hacer una carretera que atraviese el territorio indígena del TIPNIS y que comunique dos centros urbanos intermedios como son Villa Tunari y San Ignacio de Moxos[3].  El proyecto carretero fue aprobado por el gobierno de Evo Morales en el año 2007 sin una negociación o Consulta Previa con los pueblos del territorio en cuestión.  A partir de ello se desencadeno un conjunto de hechos que deterioraron profundamente la relación del Poder Ejecutivo con la dirigencia indígena amazónica y fue en el mes de abril del 2011 que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el crédito que otorgaba BNDES[4] para la construcción de la carretera, lo que devenía en el ingreso de la maquinaria de obras a la región inicial del Parque (poblado de Isinuta).  En ese contexto los dirigentes indígenas del TIPNIS convocaron a un encuentro territorial, que se constituye la máxima instancia de decisión interna, en la comunidad de San Pablo del Isiboro y sacaron un voto resolutivo que dice claramente que los pueblos indígenas del TIPNIS no se oponen a la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos sino que se oponen a que dicha carretera pase por el centro del territorio y lo parta en dos.
Considerando los elementos expuestos, uno podría creer que se trata expresamente de un conflicto entre el  gobierno y las comunidades indígenas del TIPNIS.  No obstante, acercándonos a las lógicas productivas del territorio lo que encontramos, en primera instancia, son dos lógicas productivas que nos muestran dos modelos de desarrollo vinculados a actores sociales diferentes y dinámicas económicas de distinta escala y, en segunda instancia, las iniciativas de un Estado que nos propone la construcción de un camino como parte de una propuesta de desarrollo interdepartamental pero sin hablarnos claramente de los vínculos que hay entre sectores que componen las articulaciones de poder dentro del gobierno de Evo Morales y los modelos de desarrollo que se desenvuelven en el TIPNIS, menos aún de cómo la carretera en cuestión forma parte los planes de explotación petrolera que tiene el gobierno boliviano y los planes de desarrollo de infraestructura que están liderizados por el Brasil a través del plan Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).
Lógicas de desarrollo y pueblos indígenas.-
¿Cuáles son las dos lógicas productivas y de desarrollo que se han puesto en juego en el conflicto del TIPNIS y que forman parte de los actores que viven dentro de él? Retomando el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que se realizó entre marzo y julio del 2011 por encargo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas-perteneciente al Vice ministerio de biodiversidad)[5], en el TIPNIS es posible identificar dos lógicas o modelos de desarrollo que expresan visiones indígenas distintas y se vinculan de manera diferente con las propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno boliviano de Evo Morales.  Por un lado, una lógica económica que tiene sus bases materiales en la economía étnica amazónica de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxeño trinitarias y que se desenvuelve en base a un eje: el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva.  Ciertamente, la economía étnica de las comunidades indígenas opera bajo una esfera de economía de subsistencia donde se amalgama otra esfera de economía comunitaria que tiene que ver con el aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque con fines de vinculación comercial.  Por otro lado, una lógica económica que tiene bases materiales en la economía de producción de hoja de coca que es impulsada por los colonizadores andinos, quechuas y aymaras, quienes  migraron a la región como fruto del programa de ocupación a tierras bajas del Estado nacional populista pos 52 y que se desenvuelve en base al eje de: uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual.  Este modelo económico prioriza en el contexto bosque un bien mayor: la tierra.  Bosque convertible en tierra cultivable para la hoja de coca.  Su producción tiene un destino exclusivamente comercial, la venta de hoja de coca.
Detallemos lo que significa el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de las comunidades indígenas amazónicas.  La economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura.  Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro actividades con sus matices.  Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo.  La economía étnica que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[6].  Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca.
La economía étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia.  La gran condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados.  Las bases materiales de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas comunidades.  En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos.  Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo.  En cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio.  De ahí  el carácter de su propiedad colectiva.  Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral.  La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos.  En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas.
Amalgamando con la economía étnica de las familias indígenas, existe una esfera económica que funciona en base a modelos productivos comunitarios y que tiene como fin usar y aprovechar los recursos naturales renovables con destino comercial.  Es posible afirmar que estos proyectos de desarrollo comunitario han sido madurados en un dialogo y contrapunteo con los criterios de conservación que se ponen en juego en el TIPNIS como área protegida.  El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo.  La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [7]
Los planes de desarrollo comunitario que se desenvuelven en la zona 3º están traduciendo una visión que proyecta a las comunidades hacia relaciones mercantiles regionales y globales.  En el caso forestal y de saurios los circuitos son regionales, en el caso de turismo ecológico y chocolate nativo los circuitos son nacionales y globales.  Lo que interesa resaltar en esta dimensión de desarrollo comunitario e intercomunitario es que el acceso, uso y gestión de los bienes del bosque no han roto con la propiedad colectiva tan presente en la economía étnica, es decir, no han roto con el eje fundamental que caracteriza la relación de las poblaciones indígenas con el bosque.  El segundo elemento que interesa resaltar en los planes de desarrollo comunitario es que la dimensión integral de los bienes del bosque forma parte de lo que se está entendiendo como aprovechamiento sostenible de recursos.  Usar y aprovechar diversificadamente los bienes del bosque, potenciando sus características y acompañando el beneficio que dan a las comunidades indígenas con planes de manejo para los recursos en cuestión, forma parte de la necesidad de un desarrollo comunitario que no quiere distanciarse del valor global del bosque.  En ese sentido, la re categorización del TIPNIS lleva un implícito: se requiere proteger la biodiversidad del área y las iniciativas de desarrollo no pueden ir en contraste a los objetivos planteados en el área protegida.  El plan propuesto en el 2001 categóricamente menciona que no puede haber exploración y sísmica petrolera en la zona núcleo o zona 1º (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).[8]
Ciertamente, los elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS.  La lógica de los modelos de desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación.  No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio.  Justamente, es el control político sobre el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado con la construcción de la carretera.  Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”.  La carretera atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no   tiene asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.
¿Por qué la carretera propuesta por el gobierno de Evo Morales supone un debilitamiento del control político del territorio? Porque ella trae la colonización, trae al productor andino quechua y aymara, trae la producción de hoja de coca, trae la individualización y parcelación de los bienes del bosque.  La experiencia que tienen las comunidades indígenas del TIPNIS en la zona sur (polígono 7) es justamente un debilitamiento constante y sistemático del control político territorial que tuvieron como indígenas y que se revierte a favor del productor de hoja de coca que migro a la zona.  Mucho más ahora que, en palabras de los indígenas, tienen un presidente.  El riesgo mayor es justamente que la carretera producirá la colonización y ocupación de la zona núcleo del TIPNIS (Pie de Monte), arrinconará a los poblados indígenas y la estructura de economía étnica que integra y articula los planes de desarrollo comunitario que precautelan el bosque como un bien mayor, quedarán en una condición de extrema vulnerabilidad.  Como lo registró Sarela Paz en la investigación que desarrollo en el TIPNIS en 1989-1990 “Nosotros los yuracares y trinitarios somos hombres que vivimos en los ríos, hacemos nuestras comunidades cerca a las orillas.  En cambio los quechuas siempre están donde hay camino: donde se acaba el camino, ahí se acaban los collas” (Santísima Trinidad-Comunidad moxeño trinitaria.  Impresiones de don Silverio Muiba, 1991).
Pasemos a detallar el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de los poblados quechuas y aymaras que se encuentran asentados en la región sur del TIPNIS, en el polígono 7, como lo designó el INRA[9].  La presencia del actor social colonizador en territorios amazónicos tiene fuente de explicación en la política pública nacional populista pos 1952, como ya hemos explicado anteladamente[10].  Sectores quechuas y aymaras que se desenvolvieron como campesinos en el marco de un Estado nacional populista, migraron a la región de los yungas tropicales con el fin de ampliar y diversificar su economía.  La iniciativa de los colonizadores andinos de ocupar tierras en los yungas tropicales consolidó su participación en el desarrollo del mercado interno en Bolivia a través de productos como frutas, arroz, café, chocolate y por supuesto, el producto privilegiado de los yungas: la hoja de coca.  ¿Qué es la característica específica de los colonizadores quechuas y aymaras del TIPNIS respecto de otras zonas de yungas en Bolivia? O respecto de las zonas del Chapare?.  El factor fundamental a entender en la dinámica de la colonización de los productores de hoja de coca del TIPNIS es que sus procesos migratorios vienen de los años 1982-1985 y 1986-1989, procesos migratorios que sostienen una estrecha relación con las políticas de ajuste estructural y de desplazamiento del Estado nacionalista hacia un Estado con contenido mucho más neoliberal.  Empobrecimiento extremo de la economía campesina en ciertas regiones de los Andes (Norte de Potosí) y relocalización de mineros, producen migraciones masivas a la región sur del TIPNIS.  Pero, a diferencia de sus otros pares colonizadores de los yungas de La Paz, Ixiamas o Ivirgarzama en el propio Chapare, en el TIPNIS el sujeto migrante centra su actividad agrícola en la producción de hoja de coca.  Los estudios desarrollados por Carlos Hoffman en el polígono 7 nos muestran que el 95% del ingreso de las familias proviene de la hoja de coca (1994).  Estamos entonces ante una región mono productora de hoja de coca y que tempranamente fue identificada como Zona Roja por sus vínculos con el narcotráfico.
El modelo de desarrollo impulsado por los productores de hoja de coca de la zona sur del TIPNIS supone una dinámica muy fuerte de apertura de la frontera agrícola que implica deforestación, áreas de bosque tropical que son rápidamente convertibles a parcelas de producción de hoja de coca.  En aproximadamente 25 años de avance de la colonización dentro del TIPNIS, el Pie de Monte que se ubica entre el alto Isiboro y el alto Ichoa ha sido ocupado y transformado en áreas agrícolas y centros poblados muy dinámicos que se caracterizan por tener los servicios básicos (agua, luz, sistema de alcantarillado), colegios con bachillerato, antenas repetidoras, terminal de buses y un mundo social conectado a dinámicas globales.  Poblados como Aroma, Icoya, Minera A, Villa San Gabriel se han convertido en áreas que tienen un formato más urbano que rural. 
El centro de la transformación y de la diferencia como modelo de desarrollo debe identificarse en la característica productiva de las familias de colonizadores andinos y las motivaciones de su migración.  José Blanes y Gonzalo Flores (1984) puntualizan en sus investigaciones sobre el Chapare que el campesino andino, quechua o aymara, busca en las nacientes colonias que va ocupar, un desplazamiento económico y social.  De campesino se proyecta a desplazarse hacia productor agrícola; ello implica monetarizar, mercantilizar su economía, diversificarla de tal forma que su producción tenga como destino el mercado regional de las ciudades bolivianas, además de una circulación ampliada de la mano de obra campesina.  En ese sentido, el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque se desenvuelve en forma individual y se prioriza un bien específico, la tierra.  Por eso es que cuando el INRA entro a sanear la propiedad de la tierra dentro el TIPNIS, en la región de los productores de hoja de coca otorgó títulos individuales a solicitud de la decisión que habían tomado las centrales sindicales de productores de hoja de coca que se encuentran dentro del área, demarcando, además, los límites de la línea roja que se constituyen en la frontera a no ser rebasada por la colonización, la frontera entre la colonización y la TCO.
Las dos variables de comportamiento económico: característica de la tenencia de los bienes del bosque y destino de la producción agrícola, hacen que en la zona sur del TIPNIS el modelo de desarrollo impulsado por los colonizadores-productores de hoja de coca, sea muy diferente del modelo que compromete a las comunidades indígenas y su formato de economía étnica.  Vista en esa dimensión las diferentes dinámicas, es claro que el proyecto de carretera  para el modelo de desarrollo que impulsan los productores de hoja de coca, se convierte en un proyecto altamente funcional para sus despegues económicos.  La carretera potenciaría las dinámicas mercantiles que manejan las familias cocaleras, pero además la carretera supone también articular, vertebrar todo el eje de Pie de Monte que se encuentra seguidamente a la cordillera oriental de los Andes.  Yungas tropicales de los Andes orientales bolivianos que están siendo ocupados por los colonizadores en sus distintas regiones[11] y que de abrirse la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidaría una proyección de control político sobre el territorio por parte de los colonizadores andinos; colonizadores quechuas y aymaras que a diferencia de un pasado donde portaban el registro de control vertical de nichos ecológicos como estrategia andina territorial, hoy día han vinculado la estrategia de ocupar distintos pisos ecológicos como una estrategia de manejar distintos nichos económicos, distintos circuitos mercantiles.  El resultado económico es por supuesto sustancialmente distinto a lo que acontecía con el control vertical de nichos ecológicos por parte de los ayllus andinos.
Podría y debería pensarse que los productores de hoja de coca han encontrado en la colonización al Chapare una respuesta, una salida a la pobreza estructural de la economía campesina en los Andes que el Estado boliviano no supo dar.  Esto es muy cierto y debe sopesarse a la hora del análisis.  No obstante lo mencionado, los resultados de una dinámica económica iniciada hace más de 30 años en Bolivia tiene distintos finales que también deben evaluarse.  Los productores de hoja de coca del TIPNIS ya no pueden ser leídos como hace 30 años porque las transformaciones económicas de las que forman parte han cambiado su lugar de desventaja en la estructura social boliviana.  Son campesinos productores que forman parte de un enclave económico global, la economía del narcotráfico.  El haberse convertido en monoproductores de la hoja de coca en los años 80, los ha puesto en un circuito económico de comercialización que está más allá de las fronteras nacionales.  Ya en los primeros años de la década del  90 la zona colonizada del TIPNIS fue declarada por la fuerza de lucha contra el narcotráfico como Zona Roja debido a que su monoproducto tenía un destino de comercialización ligado a las rutas del narcotráfico. 
La situación de enclave económico que responde a los ritmos de mercado global, a corredores de comercialización de estupefacientes, no ha cambiado con los años.  En el mes de noviembre del 2011 la fuerza de lucha contra el narcotráfico ha encontrado una megafabrica de producción de cocaína en el río Isiboro –localidad de Santa Rosa– que establece vínculos comerciales de la zona con los carteles colombianos.  La comercialización de hoja de coca que es derivada a circuitos de consumo no tradicional –acullico y uso medicinal–, significa una presión sobre nuevas áreas agrícolas, avance de la frontera agrícola en desmedro del bosque.  En la cadena de eslabonamiento de los enclaves económicos del narcotráfico, los productores de hoja de coca son abastecedores de la materia prima, el meganegocio no está en sus manos pero al formar parte de su dinámica económica se convierten en actores locales que presionan y luchan por obtener tierra para parcelas agrícolas.  En los primeros años de la década del 90, los productores de hoja de coca del TIPNIS manejaban entre 10 y 20 hectáreas de hoja de coca.  El centro de acopio de hoja de coca de Isinuta era el más importante de todo el Chapare.  Hoy día manejan una cantidad mucho menor y se ha establecido una estructura de control social por parte del sindicato cocalero que regula el acelerado crecimiento de las parcelas agrícolas en la región. 
La estructura de control social es una respuesta política de los sindicatos cocaleros a un contexto nacional.  Las centrales sindicales de productores de hoja de coca del TIPNIS forman parte de las bases de origen del presidente Evo Morales.  El control social tiene que ver con un mensaje a la sociedad boliviana: es el intento de desprender al gobierno de Evo Morales del significante que le persigue como gobierno cocalero.  Aún así, los procesos de avasallamiento y de crecimiento de la frontera agrícola para producir hoja de coca siguen siendo parte de la dinámica sur del TIPNIS.  En 2009 surgió un nuevo conflicto en la frontera de la línea roja, familias de productores de hoja de coca no sindicalizadas, rebasaron los mojones fronterizos del polígono 7 a la altura del río Lojojouta e ingresaron a la TCO para habilitar nuevas parcelas de hoja de coca.  Hoy día si visitamos la zona, al frente de la comunidad indígena de Mercedes del Lojojouta, encontraremos un letrero que dice “Coca o Muerte”.  Además, el crecimiento de la dinámica agrícola de la hoja de coca ha alcanzado a las comunidades indígenas que se encuentran en la frontera, conviviendo con la colonización.  Aproximadamente 10 comunidades indígenas se encuentran dentro del polígono 7 y  otras 9 comunidades indígenas reciben la influencia de la economía de hoja de coca, ya sea porque producen hoja de coca o porque cosechan hoja de coca para los colonizadores, siendo un total de 19 comunidades indígenas que han quedado influenciadas por la producción de hoja de coca.  En total son 64 comunidades indígenas en el TIPNIS.  Las familias indígenas que han empezado a desplazarse a la producción de hoja de coca, se encuentran sindicalizadas, son miembros de los sindicatos cocaleros[12].  Esas comunidades hoy día marchan para que se abrogue la Ley de Protección al TIPNIS (180) y se construya la carretera.
El desarrollo visto desde la gestión de gobierno de Evo Morales.-
¿Cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales? Si bien el gobierno de Evo Morales se desenvolvió en el contexto de la agenda de octubre[13] marcada por los movimientos sociales, lo cual implicaba, además de una convocatoria a la Asamblea Constituyente, el desarrollo de un modelo económico que suponga la industrialización de los hidrocarburos; en los hechos el desencadenamiento del modelo económico que terminó empujando el gobierno boliviano fue más bien de profundizar la tendencia secular y hegemónica del Estado; esto es, incentivar y apostar por salidas económicas que se basan en un modelo extractivista primario exportador.  Tal condición en la esfera de la economía tiene varias implicancias.  No es que se nieguen otras formas de desarrollo, de hecho el plan de gobierno presentado el 2006 asume una visión plural en cuanto a las formas económicas que el Estado debe apoyar, sin embargo, priorizar como fuente central de producción de riqueza la explotación de los recursos naturales y comercializarlos en su condición de materia prima, implica centralizar la política de Estado alrededor de las iniciativas extractivas.  Éstas se vuelven prioritarias y, en muchos casos, razones de Estado.  Ciertamente, una estructuración de la política económica en los términos mencionados supone la subordinación de otros modelos de desarrollo, los cuales pueden desenvolverse y hasta recibir incentivo de la política pública, siempre y cuando no afecten los planes centrales de la política económica extractiva.  El conflicto del TIPNIS expresa exactamente un hecho de tal naturaleza: poblaciones indígenas que no están de acuerdo con los planes centrales de la política económica extractiva.
Dialogando con el debate de modelos económicos extractivos desarrollado en los últimos años en América del Sur, hoy como en un pasado, las bases y criterios de definición del modelo extractivo no se han modificado demasiado.  Se trata de una forma de desarrollo económico que basa la producción de riqueza en la apropiación de la naturaleza, bajo un formato productivo escasamente diversificado, recursos naturales que no son procesados o lo son limitadamente y que de su venta depende la inserción del país productor de materias primas al mercado internacional.  La similitud con el pasado nos muestra, sin embargo, algunos elementos nuevos que es necesario destacarlos.  El más importante es que en el nuevo contexto el Estado juega un rol más protagónico, de intervención y definición de unas reglas de juego que permite una mejor redistribución de la riqueza.  Como detallan los trabajos de Gudynas (2009) y Acosta (2011), la redistribución de la riqueza producida por las iniciativas extractivas en los gobierno progresistas como Bolivia y Ecuador, se desenvuelve mediante programas sociales de atención a poblaciones vulnerables, en muchos casos de gran pobreza y que se convierten en el mayor dispositivo de legitimación de los modelos económicos extractivos y de los gobiernos que los impulsan.
Los datos elocuentes de la CEPAL para el 2009 sobre exportación de bienes primarios en las economías extractivas sudamericanas, muestran la tendencia en países como Bolivia.  En Sudamérica, sin ser la mejor situación, Colombia y Brasil muestran una tendencia de menor dependencia de las exportaciones de bienes primarios, en cambio, Venezuela, Bolivia y Ecuador muestran una casi total dependencia de la exportación de bienes primarios respecto de las exportaciones totales de estos países.  La exportación de bienes primarios como hidrocarburos y minerales en Venezuela alcanzan al 92.7% de las exportaciones que se dan en dicho país.  En el caso de Bolivia la cifra asciende a 91.9% y en el caso de Ecuador el porcentaje es de 91.3% (Gudynas, 2009 con base a los datos de la CEPAL).   Según el estudio de Christian Ferreyra, en Bolivia entre el 2004 y el 2007 se ha desarrollado un incremento sostenido de la minería pero entre el 2007 y el 2009 podemos detectar un gran salto en las exportaciones mineras de 1 222 984 millones de bolivianos a 2 100 161 millones de bolivianos.  El mismo estudio nos muestra que en el caso del gas la producción entre los años 2000 y 2005 pasó de 8.8 MMmcd. a 33.3 MMmcd. y entre el 2006 y el 2008 la producción de gas natural aumentó a 38.7 MMmcd (2011: 11-12)[14].
Podríamos alegar que el crecimiento en las exportaciones de materia prima demuestra no solo la profundización del modelo extractivo y la ineludible importancia del extractivismo minero e hidrocarburífero en la estructura económica boliviana, sino también las nuevas oportunidades del Estado boliviano para obtener mayores ganancias y lograr inversiones en posibles procesos de industrialización, como plantearon los movimientos sociales en la agenda de octubre.  No obstante ello, la tendencia muestra que no hay esfuerzos concretos que caminen en un nuevo tipo de desarrollo, la dependencia del gasto público que proviene de la renta hidrocarburífera se ha ahondado en los últimos años, así como, se han generado condiciones más favorables para la intervención de la Inversión Extranjera Directa en el sector extractivo (Fundación Milenio, 2010).  También la base y fundamento de la nacionalización en hidrocarburos muestra sus límites.  Si con el Decreto de Nacionalización de mayo del 2006 se aplicó al criterio de renta petrolera que alcanzaba a 50%, un 32% más aplicable a los megacampos de producción de gas, para con ello crear un fondo de capital que permita el desarrollo de la industria petrolera nacional, el 2007, al protocolizar los nuevos contratos con las empresas petroleras, se quitó este 32% volviendo a la situación inicial de antes de la nacionalización (Fernández 2011: 131).
Las políticas del gobierno de Evo Morales muestran mayor interés por abrir nuevas áreas de exploración y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) antes que generar políticas que permitan el desarrollo de una industria energética en Bolivia.  Seguramente, de manera similar razonan las transnacionales petroleras que operan en Bolivia.  Desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 en mayo del 2005[15], el gobierno de Evo Morales ha ampliado el número de áreas de interés hidrocarburífero destinadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).  Lo que interesa resaltar en dicha política no es, por supuesto, que YPFB tenga más áreas de aprovechamiento hidrocarburífero, sino que dichas áreas tradicionales y no tradicionales han empezado a implicar a las áreas protegidas y territorios indígenas; además que dichas áreas que empiezan a ser destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, están siendo concesionadas a YPFB pero bajo la figura de sociedad mixta con empresas transnacionales.  Por tanto, no son áreas de operación exclusiva de la empresa petrolera boliviana.
Basándose en el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada el año 2005, el gobierno de Evo Morales mediante Decreto Supremo Nº 29130 de mayo del 2007, propone reservar 21 áreas tradicionales y no tradicionales de interés hidrocarburífero a favor de YPFB y, en el mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 29226 promulgado en el mes de agosto, el gobierno de Morales modifica las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 33 Bloques que son susceptibles de ser aprovechados bajo la figura de sociedad mixta.  Tres años después, en octubre del 2010, el gobierno de Evo Morales promulga el Decreto Supremo Nº 676 donde no solo se amplían las áreas de interés hidrocarburíferas  a favor de YPFB en un número de 56 sino que se propone de manera directa permitir excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, postulando en el parágrafo II del art. 2 del mencionado Decreto que las áreas reservadas a favor de YPFB, si se encuentran en áreas protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de emplear adecuadas tecnologías que permitan mitigar los daños socioambientales y culturales.  En el Decreto Supremo Nº 29130 de mayo 2007 encontramos el Bloque Sécure 19 y 20 como área no tradicional de interés hidrocarburífero reservado para YPFB.
En razón de lo mencionado, el gobierno de Evo Morales tiene una política de desarrollo económico que prioriza los modelos extractivos energéticos, convirtiéndolos en política de Estado, en el eje económico de la política pública.  Para el caso concreto del TIPNIS el gobierno de Evo Morales ha otorgado dos concesiones petroleras para exploración y explotación, desconociendo la normativa ambiental que hay en áreas protegidas y violando la decisión construida por miembros del SERNAP y las organizaciones indígenas el año 2001 cuando se re categoriza el TIPNIS y se menciona que no podrá haber actividad petrolera en el territorio indígena y área protegida (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).  Dos concesiones han sido otorgadas: la primera mediante la Ley Nº 3672 de abril del 2007 que aprueba el Contrato de Operaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con PETROBRAS BOLIVIA S. A. y la TOTAL E&P BOLIVIE en el área de Río Hondo (bloque Ichoa) y la segunda mediante Ley Nº 3911 de abril del 2008 con su adendum en julio del mismo año que aprueba el contrato de exploración y explotación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y YPFB PETROANDINA S.A.M. (Evaluación Ambiental Estratégica-SERNAP 2011)[16].  Roberto Fernández (2011) nos hace ver en su estudio sobre los hidrocarburos en Bolivia que la gestión de gobierno de Evo Morales se está acercando a la máxima de “exportar o morir” y por ello está urgido de abrir nuevos bloques a la explotación hidrocarburífera.  Es claro que el tramo carretero Villa Tunari San Ignacio de Moxos brindará condiciones para las operaciones petroleras de ambas concesiones.  En la comprensión del negocio de hidrocarburos que manejan las transnacionales, las carreteras son ítems de inversión del Estado.
Construir infraestructura para que los modelos extractivo exportadores operen con costos relativamente razonables, forma parte de la lógica de gobiernos y Estados ampliamente comprometidos con los modelos primario exportadores.  Y cuando se piensa en los modelos extractivos, no solo debemos referirnos a los que extraen materias primas sino también forman parte de ello, según la propuesta de Gudynas (2009), los modelos agroexportadores que funcionan en base al mono cultivo y la expoliación extrema de la tierra.  Proyectando el razonamiento a una dinámica más regional, los circuitos comerciales que garantizan la circulación de bienes primarios entre los que se suman los producidos por la agroindustria, deben ser consolidados en función al mercado global.  Los retos no son menores, la década que iniciamos supone una relación muy dinámica de los productos que ofrece América del Sur hacia los mercados de la China.  La creciente demanda de productos mineralógicos que tiene dicho país, hace que América del Sur se convierta en un lugar de presiones estratégicas y que el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) cobre más sentido en función a la comunicación interoceánica que producirá.
Según Mónica Bruckmann desde 1990 la China se ha convertido en un país que produce y demanda gran cantidad de minerales.  En la última década la China se ha convertido en el principal productor de un número importante de minerales, aún así, no logra cubrir su demanda interna, registrando cifras muy altas de importación en cobre, hierro y otros minerales.  La información organizada por la investigación de Bruckmann nos muestra que en la China el horizonte intensivo de consumo de mineral para consolidar su industria ligera, se proyecta 20 años más y que desde el 2000 la manufactura pesada de dicho país crece sistemáticamente.  El  primer destino de las exportaciones mineras de Chile y Brasil va hacia la China, el segundo destino de las exportaciones mineras de Perú y Argentina va hacia la China y el primer producto de exportación de Bolivia hacia la China es estaño (2011).  En ese contexto, ¿cuál será el destino de productos agroindustriales que se están desenvolviendo en América del Sur?.  El circuito comercial a consolidarse muestra desplazamientos de materia prima como mineral y agroproductos como la soya hacia los mercados de la China y el Asia[17].  En otro sentido, la industria manufacturada de estas regiones observa con buenos ojos conquistar plenamente el mercado de Sudamérica.  Este es el contexto donde la comunicación interoceánica potenciada por el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), alza vuelo y despliega sus raíces en función de procesos productivos basados en modelos extractivos.
El reto fundamental de la comunicación interoceánica es justamente atravesar la cordillera de los Andes y para países como Brasil que se ubican plenamente en el Atlántico, resulta hasta estratégico la consolidación de infraestructura caminera que atraviese los Andes.  Atravesar los Andes desde el Atlántico, es para un país como el Brasil, atravesar los Andes desde la Amazonía, para lo cual las regiones de selva alta o las regiones de selvas tropicales tienen una doble importancia: 1º geográficamente se rompen fronteras naturales poco asequibles hace 30 años, 2º son regiones que contienen energía fósil.  Atravesar con caminos la región de los yungas orientales implica no sólo comunicación interoceánica sino también la posibilidad de obtener energía fósil de la formación Subandina.  Este es un proyecto apetecido por Petrobras y, en el horizonte inmediato, países como Perú y Bolivia, adquieren su importancia específica  puesto que ambos poseen dos patas en el modelo extractivo primario exportador, minería e hidrocarburos, siendo el rubro petróleo el que puede adquirir un mayor desarrollo en la faja Subandina de estos países, a diferencia de Ecuador que posee iniciativas petroleras ampliamente desarrolladas en la faja Subandina. 
La carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos y su importancia estratégica en la región debe entenderse en el contexto arriba mencionado, forma parte de la iniciativa de romper con las fronteras naturales de la selva alta que nos dan acceso a los Andes y luego al Pacífico, pero también forma parte de la faja Subandina donde podemos obtener energía fósil.  No por nada las concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras.  Para el Brasil y sus proyectos energéticos hasta el 2020 donde corre el riesgo de tener un déficit de energía, nuevos campos de exploración petrolera resultan atractivos, mucho más si éstos poseen la infraestructura necesaria para operaciones de exploración y explotación.  La comunicación interoceánica sirve también para el creciente desarrollo de la agroindustria que se está desencadenando en estados como Acre, Rondonia o Mato Grosso do Norte, estados frontera con Bolivia y Perú que ven en la vinculación caminera que atraviesa los yungas orientales una oportunidad para bajar costos de operación llegando hacia el Pacífico con sus productos.  Ciertamente, en el escenario de los modelos extractivos primario exportadores, no todos los países estamos en las mismas condiciones.  Aunque como lo demuestran los estudios de Gudynas (2009), Acosta (2011), Svampa (2009), Verdum (2010), América del Sur está consolidando su condición secular de seguir siendo abastecedora de materias primas al mercado global, internamente hay países como Bolivia que tienen una pequeña estructura industrial respecto de países como Brasil que combinan su estructura primario exportadora con una considerable estructura industrial que favorece a un posicionamiento geopolítico en el flujo de relaciones de modelos extractivos primario exportadores[18].  La condición geopolítica del Brasil permite entender porque BNDES que es un consorcio público/privado que actúa en infraestructura y extracción, es la entidad que otorga el crédito para la carretera y OAS una empresa brasilera que se adjudica la construcción.
Volviendo a nuestra pregunta inicial ¿cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo del gobierno de Evo Morales y la dinámica económica regional que plantea varios retos geopolíticos en cuanto al desarrollo económico para América del Sur? Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales.  Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19].  La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento.  Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores.  En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente.  Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas.
Con sustancial diferencia, el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca engrana con las dinámicas extractivas primario exportadoras.  De hecho como enclave productor de materia prima para el negocio regional de cocaína, reproduce una buena parte de las características que tiene el negocio de la agroindustria que ha sido tipificado como parte de los modelos extractivos.  Primero, es monoproductor del bien a exportarse (hoja de coca-pasta base), segundo, usa intensivamente la tierra en desmedro del bosque, causando daños irreversibles para la composición biovegetativa de la zona sur del TIPNIS, tercero, produce el bien agrícola (hoja de coca) en función exclusiva a las necesidades del mercado global.  La única gran diferencia con los modelos extractivos agroindustriales es que la mono producción no está en manos de empresarios que controlan la tierra y el proceso productivo sino más bien en manos de campesinos que buscan optimizar la producción de hoja de coca abriendo cada año nuevas fronteras agrícolas.  Para ello, un tramo carretero resulta estratégico en la ampliación de nuevas fronteras agrícolas y, por el comportamiento de los poblados de colonos en la zona, la saturación de las áreas agrícolas con cultivo de hoja de coca está empezando a pronunciarse.  En ese contexto, el avasallamiento a nuevas áreas agrícolas sobre el bosque de la TCO del TIPNIS se muestra como una estrategia útil y necesaria para la dinámica de producción y comercialización de la materia prima de la cocaína.  Un esquema productivo de tal naturaleza puede convivir con relativa sintonía con la exploración y explotación petrolera.
Lanzando algunas conclusiones.-
Las situaciones de contradicción/constatación que nos muestra el conflicto del TIPNIS nos debe llevar a analizar algunos elementos críticos que está viviendo el proceso boliviano. El primer elemento a considerarse es que los pueblos indígenas en Bolivia no necesariamente comparten la misma visión de desarrollo, la misma comprensión acerca de lo que significa “vivir bien” y, además, no necesariamente los indígenas se distancian social y económicamente de un modelo extractivo primario exportador.  El caso del TIPNIS en Bolivia muestra con mucha claridad que los pueblos indígenas portan miradas de desarrollo que son producto de sus procesos histórico estructurales y no así, como lecturas primordialistas lo quieren ver, producto de comprensiones esenciales en el ser indígena.  Los pueblos amazónicos en Bolivia han vivido procesos económicos muy distintos de los pueblos quechuas y aymaras, y si bien ambos comparten la experiencia estructural de haber sido colonizados y subalternizados en la dinámica del Estado colonial republicano, lo cierto es que las distintas iniciativas de desarrollo que están empujando dentro del TIPNIS obedece a sus distintos nexos con los circuitos de capital global.  Básicamente, la proyección de la política étnica en Bolivia ha encontrado su límite en la proyección de la política económica estructural.  Para entender la problemática, por tanto, necesitamos integrar en el análisis las dos variables. 
En ese contexto, el Estado vuelve a una condición inicial en el análisis estructural; esto es, no es una institución que está por encima de las clases y los sectores sociales, más bien expresa las luchas internas de las clases y los sectores sociales.  En el conflicto del TIPNIS el Estado, mediado por el gobierno de Evo Morales, expresa un posicionamiento que refleja la composición de poder dentro de las nuevas lógicas del Estado boliviano.  No es casualidad que los productores de hoja de coca hayan logrado un presidente, es más bien una estrategia de poder construida a lo largo de varios años y que refleja los cambios sociales y económicos que se han venido gestando hace más de 30 años en el conglomerado quechua y aymara que colonizó el TIPNIS.  Los sujetos andinos colonizadores de los años 1960, 1970, 1980, hoy en día se ubican en un espacio distinto en la estructura social boliviana.  En otras palabras, detrás del conflicto del TIPNIS hay procesos orgánicos de recomposición de clases en Bolivia y los modelos extractivos primario exportadores que se desenvuelven con características seculares en su matriz económica, están intentando reacomodarse en la sísmica social que se viene produciendo en Bolivia. 
Esa sísmica social en Bolivia nos muestra que, entre los programas estatales orientados por modelos extractivistas primario exportadores y sectores sociales no tradicionales de la estructura económica boliviana, pueden desarrollarse complicidades que permiten el despegue de ambos, necesarios para el desarrollo del capital, y muy necesarios en sociedades donde la estructura social y económica estuvo profundamente anclada en élites y oligarquías que portan visiones pasadas de la economía y la sociedad.  Es muy probable que situaciones similares se estén desarrollando en un país como Brasil donde sectores convencionales de fazendeiros en estados como Rondonia o Acre, se convierten en una traba al flujo de circuitos sociales y económicos que permiten una circulación más ampliada del capital. Visto desde otra perspectiva, los modelos extractivos primario exportadores se están desarrollando, en países como Bolivia, en un contexto de procesos de movimiento y democratización de la estructura social boliviana que terminará cambiando la composición de clases sociales y su relación con el movimiento de capital global.  En ese sentido, las características del extractivismo y/o el neo extractivismo de América del Sur tienen que analizarse más allá de la política de redistribución de riquezas que caracteriza a los gobiernos progresistas, porque pueden estar produciendo una estructuración social  distinta a la conocida y manejada por la matriz inicial.
El desafío más grande que nos ha puesto el conflicto del TIPNIS en Bolivia es, sin embargo, el referido a la posibilidad de que la forma política del Estado Plurinacional pueda albergar modos y procedimientos del modelo extractivo primario exportador, sin caer en una agotadora contradicción que la puede destinar a su propio destierro.  El modus operandis de las iniciativas extractivas requiere no solo de un Estado fuerte sino de un Estado mono nacionalista, o por lo menos, así han operado dichas iniciativas por varios siglos.  La condición de plurinacionalidad puede convertirse en su talón de Aquiles puesto que implica discutir decisiones que desde el mono nacionalismo son tratadas como: “asuntos de bien común”, “asuntos de Estado”, “decisiones que no se discuten”.  En ese sentido, tanto en Bolivia como Ecuador que son países altamente dependientes de estructuras económicas basadas en modelos extractivos primario exportadores, se está restituyendo a una velocidad no esperada modos y prácticas de nacionalismos pasados, con retoricas nuevas como “movimiento ciudadano” o “movimiento indígena” pero que finalmente anclan formas y maneras de decidir la política pública sobre economía, como en las décadas pasadas del siglo XX.  La plurinacionalidad en ambos países no es producto de la magia que pudo haberse producido en el proceso constituyente, es fruto de razonamientos políticos de sus movimientos sociales marcadamente indígenas en ambos países.  En ese sentido, el potencial conflicto que se proyecta en ambos países, puede ser altamente crítico, sobre todo cuando sectores del movimiento indígena, como aconteció en Bolivia, no están dispuestos a negociar su condición de plurinacionalidad que implica básicamente no negociar su derecho a la libre determinación.










MAPA 1º – PROYECTO DE CARRETERA 1 Y 4 COCHABAMBA VILLA TUNARI PUERTO VILLARROEL Y VILLA TUNARI RÍO ISIBORO PLANIFICADO POR EL GOBIERNO BOLIVIANO Y APOYADO POR U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  (USAID)  -   AÑO 1966






MAPA 2º - ZONIFICACIÓN DEL TIPNIS TRABAJADA POR EL SERNAP Y LA SUBCENTRAL INDÍGENA TIPNIS EN EL AÑO 2001
zonificación











MAPA 3º – CONCESIONES PETROLERAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE EVO MORALES EN LOS AÑOS DE 2007 Y 2008 A PETROBRAS Y PETROANDINA QUE COMPROMETEN EN GRAN PARTE EL ÁREA NÚCLEO DEL TIPNIS














BIBLIOGRAFÍA
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[1] Doctora en antropología, docente de posgrado en universidades bolivianas e investigadora sobre temas referidos a territorios indígenas, recursos naturales, interculturalidad y gestión política del territorio.  Trabajó en varias ocasiones en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, coordinó el primer plan de manejo para la zona en los años 1992-1993 CIDDEBENI, formó parte del equipo de Evaluación Ambiental Estrategia del TIPNIS en el 2011.  La investigación más significativa que realizó en la zona está referida a entender cómo la llegada de los productores de hoja de coca a la zona modificó la vida de las comunidades indígenas en un trabajo titulado Hombres de río, hombres de camino: relaciones interétnicas en las nacientes del río Mamoré, UMSS, 1991.
[2] Mapa elaborado por el Ministerio de la Economía Nacional de Bolivia con apoyo de U.S. Agency  for International Development, Proyectos Viales 1 y 4.  El proyecto 1 suponía la comunicación Villa Tunari – Puerto Villarroel con 85.970 km, el proyecto 4 suponía Cochabamba – Villa Tunari con 156.132 km.  El mismo proyecto 4 suponía Villa Tunari – río Isiboro con 43.719 km.  Dicha iniciativa apoyada por U.S. Agency for International Development fue licitada el  5 de mayo de 1966 con enmiendas fechadas al 5 de  julio de 1966.  Ver mapa 1º.
[3] Un balance sobre el Derecho a la Consulta y los procedimientos institucionales que contempla la Constitución boliviana encontraremos en el artículo escrito por Sarela Paz, “El conflicto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS): sus consecuencias para el Estado Plurinacional de Bolivia”, en Estado Plurinacional: balances y perspectivas, La Paz, PNUD-Embajada de Suecia, boletín # 3 y 4, enero, 2012.
[4] Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social  del Brasil que invierte en iniciativas de infraestructura y extracción.  En el campo económico suele actuar con la figura de sociedad mixta público/privado en coordinación con Banco do Brasil.
[5] El trabajo fue realizado por la consultora Rumbol – Sociedad y Naturaleza, y estuvo compuesto por un equipo de 10 especialistas más 7 miembros del equipo técnico indígena del TIPNIS.
[6] En el TIPNIS existen tres grandes ecosistemas.  El primero que es el Subandino o serranía con bosque, el segundo que es el Pie de Monte o selva alta y el tercero que es el ecosistema de Bosques y Sabanas Inundables.  En los tres ecosistemas existen especies endémicas de un alto valor para la reproducción de la biodiversidad en flora y fauna.  Ver: Evaluación Ambiental Estratégica, La Paz, SERNAP, 2011.
[7] Ver mapa 2º
[8] Es importante aclarar que en el caso de  los planes de manejo forestal son las comunidades las que manejan y controlan el aprovechamiento, según lo programado en el plan de manejo.  En ese sentido es inapropiado hablar de concesiones forestales dentro el TIPNIS, lo que hay son contratos de venta de producto forestal con empresas madereras.  Los planes de manejo forestal fueron aprobados por la ABT en los años de 2007-2009 y contaron con el apoyo del SERNAP-MAPZA.  Para el caso de aprovechamiento de cuero de saurio los planes de manejo fueron aprobados entre el 2005-2007 bajo el apoyo institucional de SERNAP-MAPZA.  En el caso del chocolate estamos hablando de la expansión y crecimiento de las prácticas agroforestales tan presentes en la economía étnica.  Finalmente, en el caso del proyecto de ecoturismo Pesca Deportiva, estamos hablando de una iniciativa que se desenvuelve en el alto Sécure y que reporta una ganancia de 200 $us para las comunidades por cada turista que entra a la zona.  En el periodo que va de abril a octubre, ingresan aproximadamente 420 turistas, por lo que las comunidades obtienen una ganancia líquida de 84 000 $us que es repartida entre las comunidades beneficiarias del proyecto.  Quien conduce la iniciativa es una empresa Argentina que ha firmado un contrato de servicios de ecoturismo con miembros de la subcentral Sécure y asigna, además de los 200 $us por turista que entra a la zona, una cifra de 60 $us por cada turista que llega a la región para fortalecimiento organizativo de la subcentral Sécure y subcentral TIPNIS, siendo un total de 25 200 $us que son destinados a fortalecimiento organizativo.  La ficha ambiental de dicho proyecto fue aprobada por el SERNAP el año 2009 (datos de campo EAE,  abril/julio 2011).
[9] La designación del polígono 7 es fruto del proceso de saneamiento y titulación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).  Si en 1990 el territorio indígena fue reconocido mediante un Decreto Supremo, en 1997 se entregó a las comunidades indígenas del TIPNIS un título ejecutorial provisional sujeto a saneamiento; esto es, sujeto a un procedimiento que resuelva la sobre posición de derechos.  El 2009, el presidente Evo Morales les entregó el título ejecutorial definitivo pues la zona ya ha sido saneada.  Toda la región sur del TIPNIS que fue invadida por la colonización de quechuas y aymaras para producir hoja de coca, fue titulada como propiedad de terceros, es decir, que no pertenecen a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).  El INRA designó esta zona como polígono 7 para proceder al saneamiento y la entrega de títulos.

[10] Sin embargo, la relación de quechuas y aymaras con los yungas tropicales tiene origen en el criterio espacial andino de ocupación de diversos pisos ecológicos.  El mayor control de nichos ecológicos garantizaba el acceso a mayor diversidad de productos agrícolas.  La región de los yungas o de los Andes orientales se caracterizó, en este esquema de ocupación territorial de los Andes, por ser un espacio destinado a la siembra de hoja de coca cuyo destino era sustancialmente el consumo tradicional que realizaba de ella la mano de obra en el mundo andino.  Hoy en día, el destino es sustancialmente otro. Ver: John V. Murra, El mundo andino: población, medio ambiente y economía, Lima, IEP-Universidad Católica, 2009.
[11] Comenzando de la frontera con el Perú está Ixiamas-Tumupasa, San Buena Ventura-Rurrenabaque, Yucumo-San Borja.  En esa ruta el TIPNIS es una frontera natural no abierta.  Más al sur-este se encuentra Isinuta-Eterasama, Villa Tunari-Chimore, Ivirgarsama-Yapacani, todo ello para ingresar al norte integrado donde se ha consolidado la agroindustria de Santa Cruz.
[12] La investigación de Sarela Paz realizada en el 2006 muestra que las familias indígenas de la zona de frontera se desplazan a la producción de hoja de coca por los beneficios económicos que ésta reporta, dejando de lado actividades forestales (aprovechamiento de madera) que les producen ingresos menores (SERNAP 2006).
[13] La agenda de octubre estuvo marcada por la movilización de movimientos sociales urbano/rurales en Bolivia, desde la Guerra del Agua en el año 2000 hasta la Guerra del Gas en el año 2003, las movilizaciones articularon una agenda política conocida como la agenda de octubre.  Convocatoria a la Asamblea Constituyente, industrialización del gas, representación política sin el monopolio de los partidos, nacionalización de los rubros estratégicos en recursos naturales, fueron parte de las aspiraciones políticas que proponían los movimientos sociales.
[14] En la segundo semana del mes de marzo del 2012, el presidente Evo Morales ha anunciado que la producción de gas en Bolivia deberá llegar a la cifra de 50.0 MMmcd hasta el 2015.
[15] La Ley de Hidrocarburos Nº 3058 fue aprobada el 17 de mayo del 2005 durante la gestión de gobierno de Carlos de Mesa.  La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, realizada por el gobierno de Evo Morales, no implicó modificación de la mencionada ley.  Por tanto, en Bolivia está vigente una ley de hidrocarburos que fue promulgada antes de que Evo Morales llegue a la presidencia.
[16] Ver mapa 3º sobre concesiones petroleras en el TIPNIS.  Importante resulta señalar que las concesiones petroleras se ubican sobre todo en el Subandino del territorio indígena – área protegida, comprometiendo la zona núcleo del TIPNIS.  También aclarar que PETROANDINA es un consorcio entre YPFB y PDVSA.
[17] Los principales productos de exportación de los países de América del Sur hacia la China, claramente se marcan en el rubro de minerales y soya.  El primer producto de exportación de Brasil a China es hierro, el segundo producto es soya.  En el caso de Argentina el primer producto de exportación a China es soya. Para el caso de Bolivia el primer producto de exportación a China es estaño.  Chile tiene al cobre como primer producto de exportación a China y para Uruguay el primer producto de exportación a China es la soya (Bruckmann 2011).
[18] Según Ricardo Verdum, en América del Sur Brasil es un país que tiene una política clara para el sector industrial, le sigue Argentina y por detrás Uruguay.  Chile en cambio, en su canasta de productos de exportación se parece a Perú y Bolivia con más del 70 % de sus exportaciones comprometidas en el rubro de la minería (Verdum 2010).
[19] Bono Juancito Pinto que es para los estudiantes de la escuela pública en ciclo básico, bono Juana Azurduy de Padilla para las mujeres en estado de gestación y lactancia, Renta Dignidad para las personas de tercera edad en el campo y la ciudad, forman parte de los programas sociales que son financiados con la renta hidrocarburífera.