viernes, 27 de abril de 2012

Novena Marcha: “Las bases están ahorita con nosotros”


Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena

Novena Marcha: “Las bases están ahorita con nosotros”

Anoche, luego de que se definieran las comisiones para la Novena Marcha Indígena, las y los marchistas concentrados en Caritas caminaron algunas cuadras en la oscuridad hasta la sede de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), donde cenaron masaco de charque y plátano con dos pancitos por plato. Luego se fueron a dormir a una cama por última vez hasta nadie sabe cuándo. Porque mañana posiblemente descansarán en el suelo, cerca del río Mamoré, como había sucedido el 15 de agosto del año pasado. Otros indígenas fueron a entrevistas en programas televisivos, donde discutieron al aire con algunos de los políticos más fieles al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales. La movilización partirá de Trinidad hoy viernes a las 14 horas.
“Muy buenas noches, queremos dar a conocer que la regional CPEMB está firme junto al TIPNIS en esta Novena Marcha. Otras regionales más se están incorporando y van a seguir sumándose. Mañana sí o sí la marcha va a salir. A primera hora están llegando más hermanos de las comunidades del TIPNIS, entonces ya con eso la marcha no tendría ningún problema para partir rumbo a la ciudad de La Paz. Pese a las dificultades que hay en el tramo de San Ignacio de Moxos, donde supuestamente hay un bloqueo. No creemos nada al Gobierno cuando dice que el bloqueo se ha suspendido. Cuando sepan que la marcha está cerca de San Ignacio de Moxos, pueden nuevamente bloquear. Pero no por eso vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a continuar. Tenemos una sola posición: seguir adelante y llegar a la ciudad de La Paz”, dijo Rafael Guarena, secretario de Organización de la CPEMB.
En septiembre del año pasado, cuando la Octava Marcha se encontró con el bloqueo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) en Chaparina, las familias indígenas quedaron detenidas en una zona muy seca, lejos de poblaciones cercanas que pudieran ayudar con algo de agua para no desfallecer. Pero en el bloqueo de San Ignacio estarían en otro panorama, porque aún no acabó la temporada de lluvias en esta región.
“Cuando lleguemos al punto de bloqueo buscaremos alguna estrategia para pasar. No habrá nada imposible para nosotros como movimiento indígena. Vamos a seguir firmes porque es una decisión que hemos tomado. Por más que nos bloqueen en tres o cuatro puntos, no nos van a afectar en nada. Porque nosotros somos indígenas y uno de los apoyos que tenemos ahorita está en bajíos, curichis, lagos, arroyos. Hay bastante agua para proveernos y vamos a seguir adelante”, aseguró Guarena.
“Algunas regionales, algunos hermanos, algunos dirigentes han firmado acuerdos con el Gobierno nacional para no venir a marchar. Pero hay todavía dirigentes rescatables, no todos han firmado esos convenios. Y en el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), las bases ya están ahorita con nosotros. El pueblo Sirionó, que está afiliado a la CPIB, está acá. Agradecemos, felicitamos, aplaudimos a este pueblo valiente, que se reconoce excluido y marginado. Ellos están saliendo nuevamente por la carretera y lo mismo se van a plegar las bases de otras regionales”, dijo el dirigente de la CPEMB.
Durante la Octava Marcha, varios líderes lanzaban discursos implacables contra el gobierno de Morales. Pero en estos días organizan celebraciones para firmar papeles con el Órgano Ejecutivo. “Es algo doloroso ver a los hermanos que andaban con la misma camiseta que nosotros y ahora se dejan utilizar. Pero al margen de todo eso, las bases son lo importante. Y ellas siguen poniendo firme al movimiento indígena, y con las bases la CPEMB va a seguir luchando hasta donde llegue la fuerza. Agradecemos a quienes nos apoyan, jóvenes, jovencitas, señoras, ancianos, a todos, porque este es un solo equipo, esto ya no es sobre el TIPNIS, sino que esta Novena Marcha es a nivel nacional e internacional”, sostuvo Guarena.


“Una movilización ordinaria”
En el programa “No mentirás”, de PAT, se presentaron anoche tata Rafael Quispe, uno de los voceros de la marcha, y el plurifuncionario del MAS Carlos Romero, en este trance a cargo del Ministerio de Gobierno. Palabras más, palabras menos, reconoció que en el Órgano Ejecutivo habían encontrado rendijas para intentar desbaratar al movimiento indígena el año pasado, mientras negociaban en el Palacio Quemado la plataforma de demandas de la Octava Marcha.
“Habíamos advertido que esa ley (la 180, de protección del TIPNIS) no iba a resolver el problema, porque la ley propuesta presentada por legisladores de la CIDOB declaraba al TIPNIS intangible. Para hacer eso no habían consultado a sus bases, por eso ha habido resistencia de la Subcentral Sécure (actualmente dividida por el “Gobierno del Cambio”) y del CONISUR (Consejo Indígena del Sur del TIPNIS). Los indígenas, a través de sus organizaciones, se han acercado al Gobierno y se han establecido agendas programáticas. Días atrás, se ha hecho en el TIPNIS una consulta sobre el proyecto de protocolo de la ley 222, en el que han participado 40 corregidores, que representan a dos tercios del TIPNIS. Se ha querido posicionar que un sector (el indígena) iba a desarrollar una movilización estructural para generar una crisis de Estado. Pero en lugar de ello tenemos una movilización ordinaria, respetable para quienes la hayan promovido, pero que no tiene las características de las del año pasado”, dijo Romero satisfecho y algo nostálgico, como si él realmente hubiera apoyado la realización de la Octava Marcha Indígena.
Para Romero, la consulta en el TIPNIS según la ley 222 “se trata de un diálogo intercultural. Las comunidades van a ir expresando sus puntos de vista sobre esta problemática. Pueden elegir un posible camino para su vida colectiva, la construcción de un plan de vida colectiva, elegir si una carretera favorece o perjudica la vida colectiva de los indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que la consulta debe realizarse ‘respetando normas y procedimientos propios’, respetando la dinámica que quieren imprimir las comunidades. La consulta no es una encuesta, es un gran consenso, un gran acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas del TIPNIS. Desde ese punto de vista, es una concertación intercultural”.
En su alocución edulcorada, el ministro Romero hizo gala de desconocer la historia reciente, más precisamente la de seis meses atrás. Cuando el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, dijo en conferencia de prensa que –según la Constitución boliviana- la consulta a los pueblos indígenas no se aplica si se trata de obras carreteras. Con menos argumentos pero más claridad, días antes el presidente Morales había asegurado ante medios de comunicación que la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construiría “sí o sí”.
A su turno, tata Rafael Quispe dijo que aún persisten los bloqueos tramados por Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia) y otros destacados operadores del MAS en Quiquibey, La Embocada, San Borja y San Ignacio.
“No hay ningún bloqueo, la carretera Trinidad-La Paz está expedita. No hay bloqueo en San Borja, ni en Quiquibey ni cerca de Yucumo. Está despejada la ruta, lista, esperando al dirigente Quispe para que pueda con seguridad realizar su movilización”, dijo Romero.
Luego de aclararle que es exautoridad del CONAMAQ, Quispe dijo que el protocolo de consulta de la ley 222 “es neoliberal, está a favor del imperio. El ministro dijo que ha consultado sobre este protocolo a 40 corregidores, que serían dos tercios del TIPNIS. Así el Gobierno vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Porque en los pueblos indígenas no se manejan los dos tercios ni la mayoría. Se maneja el consenso, sin consenso no se toma ninguna decisión. El Gobierno también vulnera los derechos de los pueblos indígenas al determinar un tiempo para la realización de la consulta; la jurisprudencia internacional señala que esa conversación con los pueblos indígenas no debe tener una limitación de tiempo. Hay casos en que la consulta se realiza en una semana, hay casos en los que toma seis años. Por ello, entre otros motivos, pedimos la anulación de la ley 222 y del protocolo de consulta. Aclaro una vez más que nadie está en contra de la carretera, nadie está en contra de la consulta, solamente pedimos que la carretera pase por fuera del TIPNIS y que la consulta vuelva a foja cero.
El vocero del CONAMAQ dijo que había visto imágenes de los bloqueos desde San Ignacio hasta Quiquibey. Romero le respondió que “tal vez le han mostrado imágenes pasadas. Puede consultar el dirigente de la CIDOB (sic) que la carretera La Paz-Trinidad está absolutamente expedita, en eso soy categórico”.
El ministro continuó: “La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que les permite definir su vida colectiva. Es paradójico que acusen al Gobierno de tener una actitud neoliberal o proimperialista, cuando lo único neoliberal aquí es que alguien se oponga a que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos, tomen una definición sobre el proyecto carretero, eso me parece neoliberal, inverosímil, paradójico, que el señor Quispe haga esfuerzos para evitar que los indígenas hablen por sí mismos, que los indígenas del TIPNIS definan un futuro colectivo en el TIPNIS. Tienen derecho a la Libre Determinación, a expresarse”.
Según la idea de Romero sobre lo que es “neoliberal”, el Presidente y Vicepresidente de este país dieron muestras de serlo con sus declaraciones públicas de meses atrás (y muy sinceras) renuentes a respetar el derecho a la Consulta.
Al final de la entrevista, Romero hizo de cuenta que no le interesaba la Novena Marcha Indígena. “Somos muy respetuosos de la movilización, de los dirigentes, de los marchistas. Vamos a garantizar esa movilización, la respetamos, tienen derecho a hacerlo. Pero el tema del TIPNIS se va a resolver en el TIPNIS”, concluyó.
En el programa conducido por Jimena Antelo le pasaron el micrófono al tata Rafael. “Primero: el artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice que todo ciudadano debe conocer, cumplir y hacer cumplir la CPE. En función a ello, los pueblos indígenas de las tierras altas nos sumamos a esta movilización, porque usted sabe que si esta Consulta se realizara violaría estos principios constitucionales y generaría jurisprudencia en el país. Y sobre lo que dijo que ‘garantiza’ la marcha, eso mismo nos dijo el sábado 24 de septiembre y el 25 masacraron a los pueblos indígenas en Chaparina. Si dice que garantiza la movilización, nos está diciendo que nos van a masacrar nuevamente”.
Como despedida, el aymara usó las cámaras para convocar a la población: “Hay que sumarse a la marcha. No es de pueblos indígenas, sino de todos los bolivianos, porque están en riesgo los derechos colectivos, está en riesgo la aplicación de la CPE, la construcción del Estado Plurinacional”. Para cerrar este segmento, la presentadora del programa mostró los resultados de una pregunta hecha al público: “¿Está usted de acuerdo con la realización de la Novena Marcha?”. Según su conteo, el 80 por ciento de los televidentes dijo que apoya la marcha, mientras el 20 por ciento la rechaza.


“Que no me pierda”
Pasando canales, en la Red Uno (“Que no me pierda”) confrontaron el diputado Pedro Nuny y la presidenta del Senado, la masista Gabriela Montaño. Era casi la medianoche.

“Mañana se inicia la Novena Marcha con la participación de varios sectores sociales. Esperamos la llegada a primera hora de varios hermanos del TIPNIS. Tuvimos serias dificultades para reunirnos porque no tenemos la logística del Gobierno. De todas maneras, nuestros hermanos de base están saliendo para poder ensolarse en esta Novena Marcha. Prácticamente ya todo está preparado. Se han conformado las comisiones, a la cabeza del Comité de Marcha; a la plataforma de demandas la estamos trabajando con los hermanos del CONAMAQ, y mañana estará todo listo para salir los kilómetros que correspondan a la primera jornada”, dijo Nuny, del pueblo Mojeño.
“Lamentablemente, cuando el ministro Romero anunció que se habían levantado los bloqueos a la marcha, gente en San Ignacio insistía con seguir haciendo bloqueos. Nos hemos enterado de que estos bloqueos han sido levantados con presencia policial. Sin embargo, sabemos que cuando la marcha se aproxime a San Ignacio nuevamente entrarán en bloqueo. Si los hermanos ignacianos no quieren que la marcha pase por sus calles o avenidas, vamos a ver la manera de pasar, pero no debería haber intento de persuadirnos, de fusilarnos y amenazarnos. Las carreteras en este país deben estar expeditas, es un derecho constitucional transitar, no debería pasar eso”, dijo Nuny.
Se apoderó de la palabra la senadora Montaño. “No creo que haya justificativo de fondo que impulse una Novena Marcha. Hay contradicciones difíciles de entender porque dicen que no están en contra de la Consulta, pero piden la anulación de la ley 222, que habla de la Consulta en el TIPNIS”. Para la asambleísta, la ley 222 es sinónimo de Consulta Previa, Libre e Informada. “Si no se está contra la Consulta Previa, Libre e Informada no se puede estar contra esta ley, que establece una Consulta en el TIPNIS. Es una primera contradicción”.
“Segundo: antes de la aprobación de la ley 180, que defiende el diputado Pedro Nuny, se aprobó en la Asamblea esta otra ley (una muy similar a la 222), que hablaba en su artículo 3 de la suspensión del tramo 2 de la carretera y el inicio de la Consulta Previa. Si no se hubieran opuesto dirigentes de la CIDOB, ya hubiéramos concluido la Consulta. El 27 de septiembre del año pasado (dos días luego de que el Estado Plurinacional reprimiera con total impunidad a la Octava Marcha), llegó un comunicado de prensa del relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Indígenas, James Anaya, en el que exhortó a que se inicie a la mayor brevedad una Consulta de buena fe con los pueblos indígenas, a fin de conseguir una salida pacífica y tratar temas de fondo, como la carretera que atraviesa el TIPNIS (que en verdad hasta ahora no lo atraviesa) ¿Por qué oponerse a un proceso democrático, constitucional, que es la única salida pacífica y democrática al conflicto del TIPNIS? No lo comprendo”, dijo la senadora.
“Un último detalle más: hace una semana se anunció la anulación del contrato de construcción de los tramos uno y tres ¿Qué podríamos agregar? Si los pueblos indígenas del TIPNIS acudieran a cualquier organismo internacional sobre este tema, probablemente la respuesta sería: ‘vayan a la Consulta’, ‘el Estado boliviano garantiza la Consulta’. En toda la jurisprudencia internacional, cada vez que un pueblo indígena ha sentido afectado su derecho a la Consulta se le dice al Estado ‘pare el proyecto y vaya a la Consulta’. En el caso del TIPNIS, las obras ni siquiera se han iniciado (lo cual no es completamente cierto), se ha anulado el contrato (que en verdad hasta ahora no se anuló) ¿Cuál es el argumento para no ir a la Consulta?”, se preguntó Montaño.
“¿Qué de buena fe tiene este proceso llevado por el Gobierno nacional, ratificado por la señora senadora? ¿Es de buena fe llevar a comunidades regalos, prebendas, con cooptación de dirigentes, presión con militares, policías, persiguiendo? ¿Esto es buena fe para el Gobierno? La ley 222 ha sido promovida por el Gobierno inventándose la marcha del CONISUR, que no representa a la estructura del movimiento indígena. El resultado de la Octava Marcha había sido bastante claro al conseguir que el territorio se blinde y no vaya a ser afectado por este proyecto ni otro más. Respaldamos esto que se ha consolidado, que se haga un registro de todas las especies de fauna piscícola, forestal, la gran diversidad de este territorio. Pero ¿al Estado le interesa registrar todas las potencialidades de esta área protegida? Más le interesa hacer la carretera, deforestar, comenzar una nueva colonización. El Gobierno no quiere desviar a la carretera por los humedales, porque allí no van a poder plantar coca los colonizadores”, dijo Nuny.
Le tocó el turno a Montaño. “¿Cómo puedo yo creer que la marcha no tiene ninguna otra preocupación, si hace pocos meses veíamos a dirigentes de la CIDOB haciendo acuerdos con quienes en el pasado les pegaron, destruyeron la sede de la CIDOB? Ahora firmaron Adolfo Chávez con Rubén Costas, Justa Cabrera con Percy Fernández. Lo que no se puede es no decir la verdad ¿Qué otros intereses existen por detrás?”, se preguntó.
De acuerdo con el razonamiento de esta senadora, los indígenas de las regionales de la CIDOB tampoco deberían haber firmado acuerdos con el mismo Gobierno que seis meses atrás reprimió vilmente a una marcha pacífica cerca de Yucumo. Represión por la cual no hay señalado ni un responsable por la Justicia, actualmente obsecuente con el MAS.
Y además, el Gobierno nacional ha suscrito hartos acuerdos con el Gobernador de Santa Cruz y con el Alcalde de la capital cruceña. Actualmente en Beni, el MAS regentea el departamento asociado con Haisen Rivera, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Ciertamente, la alianza MAS-MNR no desagrada al expresidente por ahora prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada.
El presentador del programa ofreció a Nuny “30 segundos” para cerrar el debate. “¿No es cierto, senadora, que antes de que empiece la discusión por el TIPNIS el MAS se había aliado con la Unión Juvenil Cruceñista (un entidad cuya actividad predilecta consistía en apalear indígenas), ahora el MAS se ha aliado con grandes empresarios de Santa Cruz, de La Paz. Ahora el Presidente defiende a la Repsol. Cambió su discurso, antes el Presidente fustigaba a las grandes transnacionales ¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué ese cambio radical, de 180 grados? Este Gobierno ya no defiende a los pueblos indígenas, ahora los castiga, los quiere liquidar. Alguien en este Estado plur”. En ese momento, dando muestras de poca educación, la senadora Montaño comenzó a hablar encima del diputado Nuny y ya nada se entendió de lo que intentaba decir el Mojeño.
Mañana comenzará la marcha a las 14 horas frente a la Catedral de la capital beniana, con la participación de la Organización de Mujeres Indígenas de Trinidad (OMIT), el Consejo Sirionó, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la Federación Universitaria de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba), Territorios en Resistencia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, entre otras decenas de organizaciones indígenas y urbanas de Bolivia.

Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena

Los conflictos irresueltos contaminan


Vamos a andar Rafael Puente
Los conflictos irresueltos contaminan
- 26/04/2012
Los conflictos son parte de la vida -a fin de cuentas una enfermedad es una forma de conflicto, sólo que biológico-, incluyendo la vida social y política. 

Los conflictos expresan las inevitables tensiones que son parte de la realidad, de esa realidad que sabemos que es dialéctica, y no hay que asustarse de que ocurran. La historia está llena de conflictos sociales y políticos constructivos; es decir, conflictos a partir de los cuales se produjeron cambios saludables; y esto vale para nuestro país y para el mundo entero.

El problema es cuando el conflicto se queda estancado, no se resuelve y empieza a podrirse, porque entonces crea un ambiente de contaminación social que daña al conjunto de la población y de la propia estructura social. Y es lo que en este momento está empezando a pasar en nuestro país. Los conflictos se acumulan, se suman, empiezan a contaminarse mutuamente, y es cada vez más la gente para la cual la vida se va volviendo irrespirable.

El más antiguo es el del TIPNIS, donde por una parte el Gobierno no sólo pasa por encima de anteriores compromisos, y de su propia ley llamada “corta”, sino que pretende una falsa solución por la vía de una “consulta” que a nadie convence, y de una visible manipulación de las comunidades a consultar; y donde por otra parte los protagonistas de la IX marcha indígena ya no parecen tan preocupados de defender a la Madre Tierra como de atacar al Gobierno; y así el conflicto empieza a descomponerse, para mal de todas y todos (incluida por supuesto la Madre Tierra).

El segundo en antigüedad es el conflicto de los médicos (y médicas) y demás trabajadores y trabajadoras en salud, donde por una parte este sector aparece más preocupado de sus privilegios que de su misión -que es atender a las personas enfermas, aunque sea en condiciones precarias- y tiene a millares de esas personas al borde de la desesperación; y donde por otra parte el Gobierno no sólo no da señales de querer transformar un sistema de salud que es a todas luces deficiente, insuficiente y contradictorio con el Vivir Bien, sino que tampoco cumple la amenaza de resolver el conflicto por la vía expeditiva (sustituir a los médicos huelguistas). Además de que promulgó un decreto que vulnera la ley que regula el ejercicio de la medicina sin haber abrogado previamente dicha ley.

Y ahora se suman el conflicto del magisterio y el conflicto de la COB (que van juntos, pero que son dos), además de diferentes conflictos con diferentes sectores del autotransporte, y en la mayor parte de los casos predomina la misma tónica: grandes declaraciones afirmando la voluntad de diálogo, pero muy poca disposición a encontrar soluciones concertadas. ¿Y el país? Cada vez más contaminado.

Además se observa de parte del Gobierno una consternadora incapacidad para prever conflictos; y peor aún, para prever si se los va a poder resolver en la línea del Gobierno -que debería ser la línea del cambio-; haciendo que la Policía actúe de manera contradictoria, reprimiendo unas movilizaciones y bloqueos y tolerando otras, o bien pasándose de la raya a la hora de reprimir, o bien apareciendo débil e insuficiente e incluso reprimida. Y con esta combinación de vacilaciones se acaba de perder el principio de autoridad. ¿Dónde está la acción combinada del Ministerio de Gobierno, del Viceministerio de Coordinación con Organizaciones Sociales y de los respectivos ministerios de cada ramo?

Y se observa, por parte de los sectores movilizados, el mismo contraste entre un discurso concertador y una práctica cerrada. Pero además ahí está toda esa escenografía macabra de seres humanos que, no contentos con declararse en huelga de hambre -una medida suficientemente dramática-, se tapian en un pequeño recinto, se crucifican en plena calle o colgados de un puente, y amenazan con coserse los labios' De gente que utiliza ese tipo de argumentos, ¿podemos esperar que asuma el nuevo paradigma del Vivir Bien?

Con estos conflictos no construimos nada, sólo nos vamos deteriorando cada vez más, como sociedad y como país.



Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio de Cochabamba.

jueves, 26 de abril de 2012

17 claves para entender la marcha en defensa del Isiboro Sécure


17 claves para entender la marcha en defensa del Isiboro Sécure
ERBOL : 20:46

Andrés Gómez Vela

1. La idea de la carretera comenzó a cristalizarse en los primeros meses de 2008, cuando en la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) corrió una instrucción para acelerar el proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por “una orden superior”. Casi de inmediato se lanzó la licitación pública internacional LPI No 001/2008.

2. El 23 de Julio de 2008, el ingeniero consultor Andrés Kukoc entregó a la ABC una propuesta -sin haber hecho estudio técnico en el terreno- para la estimación de un precio de referencia del tramo “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. “Tomando en cuenta los tres factores (costos de obra, servicios de consultoria y factores de riesgo por llave en mano) la propuesta de precio estimado para el proyecto es de $us436.229.820”, señaló en su informe.

3. El 1 de agosto de 2008, la ABC adjudicó la construcción de la carretera a la empresa OAS Ltda., mediante una resolución administrativa por un monto total de 415.1 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”. Fue la única empresa que presentó su propuesta. 

4. El contrato No 218/08 GCT-OBR-BNDES fue suscrito por la presidente interina de ABC de ese entonces, Patricia Ballivián, y el representante legal de la OAS, Geraldo Pereira Santa. 

5. El 22 de agosto de 2009, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Luis Inacio Lula da Silva, firmaron en Villa Tunari el protocolo para financiar la carretera. El 7 de abril de 2010 la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una ley, homologó el convenio suscrito entre el Estado Boliviano y la República Federativa del Brasil. El 15 de febrero de 2011 se firmó el convenio correspondiente entre Bolivia, BNDES, la ABC y OAS. El 20 de mayo de 2011 el Presidente Morales promulgó la Ley No. 112, que ordenó la construcción de la carretera. La ABC no esperó que acabe este trámite legal, ordenó ejecutar la obra dos años antes.

6. En junio de 2009, el presidente Evo Morales entregó el título ejecutorial del TIPNIS a los pueblos trinitario-mojeño, yuracaré y tsiman, con el siguiente mensaje: Desde ahora los dueños legítimos de este territorio son ustedes, los tres pueblos; están a cargo de la defensa de este territorio. Desde entonces, esa parte del territorio boliviano tiene doble protección, pues, fue declarado Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 , precisamente, para que no sea destruido por una carretera y sea preservado como un centro de recreo, turismo, estudio e investigación. 25 años después de aquel decreto de Barrientos, el 24 de septiembre 1990, el Parque Nacional Isiboro Sécure fue reconocido como territorio indígena en respuesta a la marcha que arribó esa vez de Trinidad, desde entonces se denomina Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

7. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó en su revista anual en agosto de 2008, con el rótulo de “obra estrella”, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 kilómetros y una inversión de $us415 millones. En ese mismo documento anuncia que la empresa que construirá la carretera, en un plazo de 40 meses, es la brasileña OAS bajo la modalidad de llave en mano y con el financiamiento del banco también brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ya en ese entonces, la ABC aseguró que la carretera “pasará por las poblaciones Eterezama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos”. Es decir, ya estaba el trazo por el corazón del TIPNIS.

8. La OAS recibió la orden de proceder el 28 de agosto de 2009 como consta en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Según el contrato, la obra debía ser entregada en cuarenta meses, es decir, en diciembre de 2012  (en ocho meses más tomando en cuenta abril de 2012).

9. Entre 2008 y 2012, los pueblos indígenas que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), tsiman, mojeño-trinitario, yuracaré, no fueron consultados de manera previa, libre e informada para la construcción de la carretera como establecen la Constitución Política del Estado, en sus artículos 30, 352 y 403; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificados por Bolivia en 1989 y 2007, respectivamente. 

10. La Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se PREVEAN medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. La palabra PREVER, que deriva del latín praevidere, significa, según el diccionario de la academia de la lengua española, “ver con anticipación; conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder; disponer o preparar medios contra futuras contingencias”. A este término se suma el concepto consulta previa, que quiere decir: Anticipado, que va delante o que sucede primero. En otras palabras, la consulta a los pueblos indígenas debe ser realizada al concebir o comenzar a pensar en cualquier proyecto. Vale decir, cuando está naciendo el proyecto en la mente de la autoridad del Estado a fin de  informar a los pueblos indígenas sobre posibles consecuencias y tomar previsiones para mitigar posibles efectos o suspender definitivamente la obra.

11. Ante el desconocimiento de la Constitución y una media docena de normas que protegen ese territorio, los pueblos indígenas del oriente boliviano anuncian en junio de 2011,  la VIII Marcha en defensa del TIPNIS y exigiendo el cumplimiento de la Constitución, en particular de la consulta previa. El presidente Evo Morales respondió al anunció que se hará la carretera “quieran o no quieran”. El vicepresidente Álvaro García Linera y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguraron en septiembre de 2011 que no procede la consulta previa. En tanto, el ex dirigente cocalero del Chapare, David Herrera, señaló en agosto de 2011 que el Presidente Evo Morales les prometió la construcción de esa carretera.

12. La VIII marcha partió de Trinidad, Beni, el 15 de agosto, respaldado por la CIDOB y Conamaq. Desde el primer día sufrió una campaña de desprestigio por parte de autoridades del gobierno. El 25 de septiembre el gobierno instruyó la represión policial a la VIII Marcha, que descansaba aquel domingo en Chaparina. Esta acción no logró su objetivo de desmovilizar a los marchistas, quienes llegaron el 25 de octubre a La Paz, donde fueron recibidos apoteósicamente por la población. 

13. Ante el apoyo masivo de miles de personas a los marchistas, el presidente Evo Morales firmó la Ley 180 que prohíbe la construcción de una carretera por el corazón del TIPNIS y garantiza su preservación. En ese momento, el gobierno se propuso con miras al futuro trastocar el significado de la palabra “intangible”, que figuraba en la propuesta de Ley de los marchistas pero en otro sentido. La intención gubernamental era impedir el aprovechamiento de los recursos naturales por los indígenas de la zona y presionarlos luego para que cedan en la construcción de la carretera. Esta disposición va en contraflecha a la Constitución, que en su artículo 403 reconoce a los pueblos indígenas “el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables”. 

14. El 30 de enero de este año llegó a La Paz la Marcha de Conisur y fue ignorada por la misma población, que en octubre de 2012 recibió como a héroes a los marchistas indígenas del TIPNIS. Sin embargo, los representantes de Conisur lograron la aprobación de la ley 222, que impone la consulta a los pueblos que habitan el parque en los siguientes términos: “Definir si el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure debe ser intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chimane y yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. El gobierno que había dicho que no procedía la consulta previa, aprobó meses después una ley de consulta. 

15. Los pueblos indígenas del TIPNIS expresaron de inmediato su desacuerdo con la consulta posterior sobre la carretera y acusaron al gobierno de violar otra vez la Constitución. El gobierno aplicó una estrategia de acercamiento con las regionales de la CIDOB para debilitar el movimiento indígena. En ese sentido, firmó acuerdos con algunas organizaciones indígenas y el presidente Morales visitó algunos pueblos del TIPNIS y regaló motores, antenas y otras cosas. Sin embargo, no logró frenar la IX Marcha que había sido anunciada en un primer momento para el 25 de abril desde Chaparina, donde se produjo la represión el pasado 25 de septiembre.

16. Debido al bloqueo de grupos afines al MAS en San Ignacio de Moxos para evitar el paso de los marchistas a Chaparina y exigir la construcción de la carretera, la CIDOB decidió que la IX Marcha parta de Trinidad este viernes 27 de abril. Paralelamente, el gobierno decidió proponer un proyecto de ley para postergar por 120 días la consulta establecida en la Ley 222. 

17. Los pueblos indígenas reiteraron que están de acuerdo con la carretera, pero no por el corazón del TIPNIS, sino por otro lado “porque el trazo defendido por el presidente Evo Morales sólo beneficiará a los sindicatos cocaleros asentados en el polígono 7 del TIPNIS, debido a que la mayoría de las comunidades indígenas no están en el centro del Parque” . También expresaron su acuerdo con la consulta previa, pero siempre y cuando el gobierno anule el contrato con OAS, pare las obras y comience todo de nuevo. El gobierno expresó su predisposición al diálogo, “pero sin condiciones”.

La paz, 26 abril 2012

Tags: Tipnis

Novena Marcha: “Estamos de ida”




Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena


Novena Marcha: “Estamos de ida”


La Novena Marcha Indígena comenzará mañana en la ciudad de Trinidad con destino a La Paz. Más de 500 marchistas de todas las edades y pueblos deberán recorrer un camino que ya tiene cinco puntos de bloqueo funcionales al gobierno de Evo Morales, interesado en construir una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los cortes de ruta, patrocinados por entidades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pretenden no dejar pasar a la nueva movilización en defensa de los territorios y los derechos colectivos. Son parte de una amplia estrategia desplegada durante los últimos meses por el Gobierno nacional para atacar a los indígenas por todos los flancos. Pese a los obstáculos, comunarias y comunarios de Bolivia lograron reunirse en la capital de Beni para juntar fuerzas y salir a enfrentar los 600 kilómetros de adversidades hasta la plaza Murillo. 

“Esta tarde vamos a revisar la plataforma de demandas para incluir las del CONAMAQ, además vamos a trabajar en las comisiones de la Novena Marcha”, dijo el exmallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu Rafael Quispe Flores, quien también había participado junto a su familia de la Octava Marcha Indígena, hace nada más que seis meses.

El líder del pueblo Aymara contó que algunos hermanos han llegado hasta este mediodía por la vía de tierra que une a Trinidad con la ciudad de La Paz. “Han tenido que hacer transbordo y caminar por kilómetros en varias ocasiones, porque está cortado en Quiquibey, en La Embocada y en San Ignacio de Moxos –dijo Quispe-. Son cinco zanjas que hay cavadas alo largo de esta la carretera, iguales a las que habían hecho en Yucumo”, en agosto de 2011, cuando comenzó la Octava Marcha.

El Gobierno nacional se empeña en decir públicamente que está garantizado el paso de la Novena Marcha y como prueba de ello esgrime un papel con los sellos de goma de algunos acólitos ignacianos del MAS. Dice que han ordenado a la Policía Nacional intervenir los bloqueos para permitir el paso de los indígenas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y del CONAMAQ, además de las organizaciones urbanas comprometidas en la defensa del TIPNIS. Pero las y los marchistas reunidos en Trinidad ya no pueden creer en las palabras del Gobierno nacional ni en su Policía, porque los conocen a ellos, a sus cintas masking, a sus garrotes, a sus aviones. 

“Pese al acoso, pese al amedrentamiento, pese al chantaje del Estado estamos firmes en la lucha. Pese al acuerdo del Gobierno nacional con las regionales de las organizaciones indígenas, las bases han rebasado a sus dirigentes. Esta lucha no es solamente de los pueblos indígenas, es de todas las bolivianas y bolivianos que no están satisfechas con la forma de gobierno de Evo Morales. Esta lucha va más allá de la defensa del TIPNIS”, dijo el tata Rafael. Anoche llegaron a la terminal de buses de Trinidad 50 integrantes del CONAMAQ, más algunas y algunos jóvenes paceños aliados de los originarios. Descargaron bolsas de yute con papas, garrafas, campings. Se alojaron en la sede de Caritas, adonde se reúnen quienes llegan. Hoy vinieron otras delegaciones que se suman a las de guarayos, guaraníes y quechuas que, entre otros, ya están listos para empezar la movilización. Tendrían que estar marchando desde ayer y desde Chaparina, cerca de Yucumo, donde el Gobierno nacional reprimió brutalmente a la Octava Marcha, el 25 de septiembre de 2011. Por este caso, que judicialmente no avanza, no hay acusados ni responsables ni interés gubernamental en señalar quiénes son.

Mañana la marcha se dirigirá hacia San Ignacio de Moxos, donde recalaría una de las puntas de la carretera que iría hasta Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Este pueblo mojeño está a 90 kilómetros de Trinidad. Quienes integran la Novena Marcha esperan que hasta llegar allí (en cuatro o cinco días) “acumulemos más fuerza para poder pasar. Es un trayecto largo y hay tiempo”, se mostró confiado el exmallku del CONAMAQ.

El CODELCAM (Consejo Nacional del Cambio, un avatar del MAS) realizó el martes pasado una marcha con cuatro cuadras de gente supuestamente a favor de la carretera. Debía haber alguna gente convencida de querer la carretera, también había empleados de la gobernación que arreaban a vecinos, mototaxistas que –según declararon- habían cobrado 150 bolivianos para desfilar por la avenida Pedro Ignacio Muiba, saludar a la modelo /funcionaria del Estado Plurinacional Jessica Jordan y, para los pocos que quedaron, escuchar unos discursos cargados de sinsentidos y regionalismos avinagrados.

Desde la tarima, los que marcharon a favor de la carretera y contra el TIPNIS exigieron “identificar a quienes se oponen al desarrollo”, como si alguna persona tuviera la vocación de “oponerse al desarrollo” porque sí. Los “malos benianos”, como si uno debiera tener una determinada moral por pertenecer a un pueblo X. Si existiera tal cosa, los “enemigos del progreso” estaban ahí a media cuadra de ellos, con sus banderas del Patujú, frente a la Catedral, donde algunos “malos benianos” dejaban paquetes de arroz y plátanos para que se vayan de marcha otra vez a La Paz. Se irían de nuevo “a hacer turismo”, como les dijo el Presidente el año pasado. Y al fin para los indígenas había sido un tour de garrotazos y secuestros estatales.

“Las carreteras son como la sangre que fluye por las venas”, salieron por los enormes parlantes las palabras imbuidas de lirismo obsceno, dichas por un dirigente vecinal del MAS. “Beni ya no quiere retraso”, como si alguna vez Beni hubiera decidido ser “retrasado”.

La mayoría de las regionales de la CIDOB prefirió no participar de la Novena Marcha, en atención a los papeles firmados con el Gobierno para desarticular al movimiento indígena. De todos modos, las bases, subcentrales y representantes de TCO (territorios comunitarios de origen) de todo el país siguen llegando a Trinidad. Mientras esperan a la hora de partida, algunos que estuvieron en la Octava Marcha recuerdan los discursos fogosos de ciertos dirigentes contra el Gobierno del MAS. Esos mismos dirigentes ahora se ponen sus vestidos típicos para compartir escenario con el presidente Morales ataviado con sombrero de saó.


Del TIPNIS

“Vengo de la comunidad Villa Fátima del Sécure, en el TIPNIS. Estamos por acá ahorita para continuar la marcha para defender nuestros territorios. Estamos de ida a buscar cómo solucionar los problemas con nuestro territorio, para que nos escuche el Gobierno y que la carretera no pase por el corazón del TIPNIS. Pedimos que respete la ley, no queremos la ley 222 de Consulta, queremos que se respete nuestro territorio”, dijo don Hilario Noe, con su caneco y su plato en mano, cerca de la olla común organizada en la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).

“No he ido a la Octava Marcha, pero en la Novena voy a participar. A la Octava no vine porque estaba enferma mi señora, igual de mi comunidad ninguno ha ido a la Octava Marcha. Ahora nos hemos venido unas cinco personas. Sí estuve en la primera marcha, la del 90, cuando fuimos a La Paz y conseguimos el título de nuestro territorio”, dijo el comunario, que viajó tres días por ríos hasta llegar a Trinidad.

“El Presidente no respeta la ley 180 (de Protección del TIPNIS, lograda por la Octava Marcha). Él mismo aprobó la ley y ahora, como se dice, está violando esa ley. Estamos de ida pa’ que respete lo que hizo primero”, dijo el mojeño.

Fernando Román es corregidor de Nueva Lacea, junto al río Sécure del TIPNIS. Estaba con su familia bajo un bibosi en puerto Varador, a diez kilómetros de Trinidad, esperando a vender algunas canoas de palo maría. “Hemos venido en dos días y medio, medio a motor, medio a remo, con mi esposa y estos son mis hijos que tengo”, dijo la autoridad. Y comentó que no había venido a la Octava Marcha porque en su comunidad no llegaron a tener conocimiento de que se iba a hacer.

El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas Mosúa, quien lideró la Octava Marcha, se encuentra en reposo por una enfermedad que podría ser Dengue. Por este motivo no participaría del inicio de la movilización, sino que se sumaría cuando su salud se lo permitiera. Laida Núñez, vicepresidenta de esta subcentral, dijo que hasta mañana al mediodía llegarían 100 originarios del TIPNIS. Y más allá del bloqueo de Quiquibey habría indígenas de la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) que venían a marchar y todavía no pudieron pasar. Sin embargo, mañana a las 9 los que están comenzarán a concentrarse frente a la Catedral de Trinidad para asistir a una misa, realizar un ritual de los pueblos y de una vez partir.


Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena

Continuidades de San Ignacio de Moxos


Flechas yurakares Alejandro Almaraz
Continuidades de San Ignacio
Hace algo más de diez años, en San Ignacio de Moxos, grupos de matones asaltaron, saquearon e incendiaron las oficinas de CIPCA (ONG de apoyo a las organizaciones indígenas), agredieron y persiguieron a los dirigentes indígenas y golpearon brutalmente al anciano sacerdote Enrique Giordá. 

Ésa era la respuesta de los grupos de poder local, conformados por terratenientes, traficantes de tierras, cuartoneros, comerciantes y clientela provincial de la administración pública, a la movilización indígena en demanda del pleno reconocimiento y respeto a los territorios indígenas mojeños: el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
 

Cuando las movilizaciones indígenas y populares derrotaron a los poderes tradicionales y al Estado neoliberal, abriendo el proceso de cambio e instalando a Evo Morales en el Gobierno, el matonaje anti-indígena de San Ignacio se articuló, fluida y naturalmente, a la acción violenta y sediciosa que las oligarquías de la “media luna” desplegaron ampliamente en sus dominios territoriales para detener y derrotar las inminentes transformaciones revolucionarias. Los matones ignacianos fueron parte del movimiento cívico “autonomista”, participaron de la cotidiana profesión de odio contra la “raza maldita”, bloquearon carreteras y aeropuertos para que el Presidente no pise su departamento, y, por supuesto, intensificaron la persecución y las agresiones a las organizaciones indígenas mojeñas, culpables de sus males.

Quien desde entonces se haya perdido los acontecimientos políticos del país, daría por hecho que todo aquello quedó definitivamente en el pasado. Pero se equivocaría radicalmente. El pasado domingo, los mismos grupos de poder de San Ignacio, con algunos insubstanciales agregados sindicales, han vuelto a agredir brutalmente al movimiento indígena mojeño. Esta vez, el ataque y el saqueo han sido sufridos por la radio indígena Arrairu Sache; la golpiza ha sido recibida por los comunicadores indígenas que trabajan en ella, y la persecución y agresión a los indígenas se ha justificado con el propósito, orgullosamente declarado, de “devolver a sus comunidades a los indígenas que pretendían sumarse a la IX marcha”.

La imperdonable culpa de los mojeños sigue siendo la defensa de sus territorios que, en este caso, ha impedido el loteamiento del TIM y rechaza la destrucción del TIPNIS con la carretera “quieran o no quieran”, frustrando así las expectativas mercantiles que en un amplio abanico de rubros, lícitos e ilícitos, animan a los pretendidos dueños de San Ignacio. Sin embargo, por sobre su continuidad fundamental, la agresión al movimiento indígena tiene un significativo elemento nuevo: su decisiva promoción desde el aparato político oficialista, mediante la abierta y total participación institucional de los órganos públicos locales, y la muy poco disimulada conducción de los operadores del Gobierno central.

La estrecha vinculación de estos grupos con el MAS y su Gobierno, no tendría que sorprender a estas alturas del proceso político, pues es perfectamente congruente con la creciente concertación ideológica, política y programática del Gobierno de “los movimientos sociales” con una parte importante de los tradicionales grupos de poder del oriente, y con la consecuente asimilación gubernamental de su clientela política. En efecto, hace ya un buen tiempo que Evo Morales ha pasado a gobernar para ellos, tan abierta y eficazmente como lo revela la pausa en el proceso de redistribución de la tierra, la legalización de la soya transgénica, la manutención del régimen forestal de excluyente beneficio empresarial dejado por Sánchez de Lozada, o la concreción de negocios con las obras públicas, de beneficios tan jugosos como oscuros para esos privilegiados de ayer y hoy.
 

Los grupos de poder del oriente, hoy comprueban con alivio que lo que sus intereses requerían no era combatir ni derrocar al Gobierno de Morales, sino, simplemente, ocuparlo transponiendo las puertas abiertas por el vacío ético y la ambigüedad ideológica de su núcleo de poder. Algunos, como el gobernador de Beni, ni siquiera han tenido que cambiar la militancia que comparten con Goni, para recibir del MAS el gobierno departamental capturado con la precipitada y torpe manipulación de la justicia. Por lo demás, nunca como ahora pudieron medrar del poder político al cobijo redentor del “cambio” y “la sublevación de la plebe”, y, más importante aun, nunca tuvieron un operador tan abnegado, eficiente, enérgico y digno de ellos como el inefable Juan Ramón Quintana.
 



Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.

miércoles, 25 de abril de 2012

Perfiles de la crisis del proceso


Perfiles de la crisis del proceso
Contrastaciones entre imaginarios y realidades
Raúl Prada Alcoreza

Las coyunturas que atraviesan los procesos en Sud América ameritan un análisis genealógico, sobre todo que tenga en cuenta la acumulación de las experiencias históricas, esta tarea exige que se debe agudizar la mirada escrutadora ante la emergencia de las contradicciones profundas de sus procesos. No se pueden ocultar estas contradicciones cambiándole de nombre, llamándolas por ejemplo tensiones creativas, lo que suena a una descarnada ironía;  tampoco se puede esconder la intensidad de las contradicciones acudiendo al uso sin crítica de las teorías recurrentes, por eso mismo desgastadas. Las crisis ponen en tela de juicio las teorías, así como también a los discursos de justificación. Estos comportamientos conformistas son inútiles tanto para comprender los procesos en curso como para actuar políticamente, ya sea para defender los procesos o los gobiernos, que no son lo mismo, o se trate, de modo distinto y consecuentemente, profundizar los procesos mismos. Ante este anacronismo, podríamos decir que ocurre como que cada época, incluso cada proceso, exige una teoría adecuada que le ayude a comprenderse. Hay de alguna manera una interpretación  actualizada que se construye en concordancia con su época, su periodo, incluso su coyuntura. En lo que respecta a la época que vivimos, pues así la llamaremos debido a su novedad y desplazamientos evidentes en los fenómenos y acontecimientos; época entonces abierta por la guerrilla zapatista en la selva lacandona y desplazada hasta los Andes y la Amazonia, expresada en las conquistas de autonomías indígenas y en la apertura hacia el Estado plurinacional; por lo tanto a esta época no se la puede comprender si es que repetimos los mismos aparatos conceptuales y formaciones enunciativas utilizadas para abordar otras revoluciones y otros procesos, sobre todo dados durante el siglo XX.
Las crisis en cuestión, los contextos y las coyunturas experimentadas no solamente que no son las mismas, sino que pertenecen a otra época, la de por lo menos los tres siglos pasados. Esto es particularmente importante anotar, pues se hacen denodados esfuerzos para descifrar lo que ocurre en Sudamérica recurriendo a tesis e hipótesis usadas para describir y explicar contextos compuestos por protagonistas y actores sociales conocidos. Los protagonistas y actores sociales del presente, sujetos y subjetividades inherentes a la dinámica de los procesos, son otros. No estamos ante un proletariado organizado en grandes sindicatos, tampoco estamos ante partidos marxistas que asumieron la lucha anticapitalista en las condiciones de la guerra imperialista, por lo tanto que enfrentaron las transformaciones del capitalismo en su imbricación profunda con el capital financiero y los Estado-nación imperialistas. No estamos ante partidos marxistas que tuvieron que presenciar la derrota del movimiento obrero en la Europa occidental y la victoria de las revoluciones antiimperialista en la cercana periferia, la Europa oriental, y en la lejana periferia, la China. Victoria revolucionaria que tuvo que vivir las consecuencias de su aislamiento y el dramatismo de la construcción del socialismo en un solo país; tarea por cierto imposible. Tampoco estamos, en el caso de las revoluciones nacionalistas del Asia, del África y América Latina, ante las emergencias nacional-populares, que aglutinan a proletariados más o menos organizados, a campesinos que luchan por la reforma agraria y a sectores populares urbanos que se plantean la recuperación soberana de los recursos naturales. Estas experiencias han sido intensan y dibujaron un siglo XX envuelto en la pasión de grandes proyectos revolucionarios, expresados en figuras mas o menos homogéneas como proletariado, campesino, pueblo; incluso en protagonistas como partido de clase, incluso frentes de clase, pensados como construcción de hegemonías. Fue un siglo ultimatista, a decir de Alain Badiou[1]. Los movimientos de liberación nacional recorrieron las periferias del sistema-mundo capitalista y lo sometieron a un gran desafío. Las revoluciones del siglo XX, socialistas y nacionalistas, cambiaron el mundo, pero no pudieron transformarlo. Asistieron a una mutación del capitalismo y sus formas de dominación mundial; como parte de la finalización de la guerra fría, los grandes proyectos y las grandes narrativas quedaron descolocadas, los Estados socialistas de la Europa oriental se hundieron estrepitosamente y los Estado-nación, construidos por los nacionalismos, fueron invadidos despiadadamente por el proyecto neoliberal cuyo objetivo era la desposesión y despojamiento.
Ante el nuevo orden mundial de la dominación capitalista y la reorganización misma de su propia estructura, de sus ritmos y circuitos, de sus formas de producción y administración, era menester desplegar nuevas miradas, por lo tanto nuevas teorías. Sin embargo, ante los intentos de hacerlo, la costumbre de las viejas teorías resintió las posibilidades de una nueva forma de pensar. Atacaron inquisidoramente a las nuevas propuestas y a los intentos de desplazamiento teórico[2]. Sin embargo, la emergencia de las nuevas contradicciones se abrió paso develando los espesores, las cartografías y las luchas de las realidades del presente. La constitución de nuevos sujetos, nuevas subjetividades, nuevas narratividades en curso, se abrieron paso a través de luchas inéditas. A estas alturas, las viejas teorías y las viejas formas de organización quedaron puestas en evidencia en su anacronismo político. Sin embargo, de alguna manera persisten intentando usar fragmentos de las grandes narratividades y  de las viejas teorías. Lo que se convierte en un obstáculo epistemológico en el recorrido de la elaboración de una nueva interpretación y comprensión de la época y de sus procesos.
Uno de los sujetos y subjetividades interpeladoras en el presente, interpeladoras de las formas actuales del capitalismo, de sus formas de control y dominio, es la subjetividad indígena, que recurriendo a su memoria larga, interpela al sistema capitalista como sistema destructor de la naturaleza. Estos sujetos y estas subjetividades indígenas se han convertido, desde el cuestionamiento a los tratados de libre comercio, en los desplazamientos y movilizaciones más conmovedoras de lucha contra el dominio y el control del capital en sus formas actuales. Sus formas de organización no son sindicales ni conforman partidos, son formas de organización comunitarias y conforman confederaciones y alianzas territoriales. Son como conjuntos dinámicos sustentados en lo común, en la propiedad común, en la herencia común, en los saberes y en las deliberaciones colectivas. Efectúan reconocimientos de los recorridos territoriales, desmontan las cartografías estatales y reterritorializan en la cultura el espacio ecológico. El planteamiento nuclear es la autonomía indígena, el autogobierno y la libre determinación, en tanto que el horizonte abierto es el desmontaje del Estado-nación en esa transición del llamado Estado plurinacional.
Hay otros sujetos y subjetividades, constituidas en el desplazamiento de las luchas contemporáneas contra el capitalismo. En las ciudades tumultuosas, espaciadas por la ocupación migratoria, devenida del campo o de los pueblos y ciudades intermedias, ciudades donde el proyecto neoliberal ha desencadenado su dogmatismo monetarista, transfiriendo la crisis al costo social, se han formado perfiles de resistencia basados en la auto-convocatoria y la autogestión, proyectándose en formas de organización de coordinación de lo múltiple, de las plurales demandas, politizando la defensa de la vida y del agua. Se podría hablar de la figura movediza y mutable del proletariado nómada, pero también de la figura espinosista de multitud, que permite comprender la dinámica molecular de estos movimientos anti-sistémicos contemporáneos. En las movilizaciones de estas coordinadoras y coordinaciones de las múltiples organizaciones auto-convocadas se ha gestado la idea renovada de la Asamblea Constituyente.
Inherentes a estas constituciones subjetivas y de subjetividades, de resistencias, de proyectos emancipatorios y de liberación, se han articulado subjetividades y discursos interpeladores que han coadyuvado a la formación de las nuevas discursividades críticas. Estas subjetividades interpelan a las dominaciones desde la perspectiva feminista, cuestionan el Estado en su condición patriarcal, develando los más antiguos imaginarios, relaciones y estructuras que hacen de cimiento al mismo Estado y a la genealogía de las dominaciones, cuyo eje tiene que ver con la dominación masculina y las formas de fraternidad cómplices. El feminismo radical de-colonizador cuestiona el dominio del cuerpo, su modulación y manipulación; cuestiona también la configuración de la política como identificación del enemigo. Base de toda la genealogía del Estado moderno.
Otras subjetividades y afectividades abiertas tienen que ver con la defensa de la ecología y de los ecosistemas, de la biodiversidad y los ciclos vitales. Ante la evidencia de los desastres ecológicos provocados por el sistema capitalista, su compulsión extractivista, su desenfreno industrial, su compulsión consumista, generando depredaciones incontenibles y destrucciones irreversibles de naturaleza, la consciencia ecológica, apoyada por el conocimiento científico y las teorías de la complejidad, se han generado movimientos ecologistas en defensa de la naturaleza que interpelan directamente el sistema capitalista, su desarrollo depredador y su consumismo virtual.
Todas estas subjetividades y sujetos, todos estos movimientos anti-sistémicos contemporáneos, todas estas luchas sociales e interpelaciones colectivas han puesto en la mesa la cuestión del Estado como tema central. Se plantea una transformación profunda de la forma, del contenido, de la expresión y de la praxis de esta instrumentalidad política, que también puede entenderse como heurística política, así como espaciamiento encadenado de maquinarias y aparatos articulados en función de poder. Ciertamente, se podría entender esta interpelación al Estado como una reminiscencia de la crítica marxista al Estado; empero, no es así. La lucidez del marxismo crítico, que se remonta a Marx, sobre esta cuestión se expresa cuando se llega a la conclusión dialéctica de la destrucción del Estado. Esto lo hizo Marx desde su Crítica a la filosofía del Estado de Hegel; esto lo recogieron y lo profundizaron los marxistas críticos y anti-estatalistas. En cambio los marxistas estatalistas derivaron en una matización de estas tesis, incluso su ocultamiento, dejándose seducir por la fabulosa maquinaria del Estado, apostando a su uso para la transformación. Lo que ocurrió después, todos lo conocemos, los revolucionarios fueron transformados y usados por la razón y las lógicas del Estado, restaurando al capitalismo por las vías burocráticas y las formas del capitalismo de Estado. 
La interpelación y el cuestionamiento contemporáneo del Estado son distintos. Se visualiza al Estado desde la lectura de las relaciones, estructuras, diagramas, cartografías del poder, en tanto materialidades de fuerza que atraviesan los cuerpos. Entonces la crítica es a estas lógicas, estrategias, mapas de poder, agenciamientos y dispositivos de fuerza que afectan a los cuerpos. Desde esta perspectiva es ineludible el desmantelamiento del Estado como parte del desmontaje de las múltiples formas de dominación, la deconstrucción de los diagramas de fuerza, es decir, del biopoder. No es posible pensar un uso reformista del Estado para transformar la sociedad; este proyecto no es posible. Es indispensable la sustitución de este instrumento político por las formas de la democracia participativa, directa y comunitaria, por las formas de asociación productivas y producentes, por las formas de gobierno de las multitudes. La autogestión, la autonomía, la autodeterminación, son las formas de la política más allá de la política, circunscrita a la estrategia de identificación del enemigo.
La radicalidad de los desafíos de estos movimientos anti-sistémicos contemporáneos no es de ninguna manera bien apreciada por las interpretaciones heredadas y fosilizadas. Primero, por los grupos de decisión que llegan al gobierno; segundo, por la intelectualidad que recurre a las teorías testamentarias, atemorizada ante la posibilidad de los desbordes de las multitudes; tercero, por políticos de izquierda y nacionalistas que comparan lo que ocurre con dilemas de experiencias pasadas.
Los grupos de decisión del gobierno tienen ante sí obviamente una gran responsabilidad, también tienen hacia atrás la experiencia de gobiernos de izquierda y progresistas que cayeron por no gobernar y ser destrozados por los frentes abiertos, con la derecha y con la izquierda esencialista. Ante esta responsabilidad histórica y teniendo en cuenta la experiencia pasada, los grupos de decisión del gobierno optan por lo cauteloso, por el pragmatismo y el realismo político. ¿Esta es la solución? ¿Es la mejor solución al problema de gobierno? Lo primero que hay que decir al respecto, es que no se pueden confundir los contextos históricos, son claramente diferentes; estos gobiernos no se enfrentan ante la posibilidad de una dictadura militar, como en el periodo de la guerra fría; tampoco se enfrentan al retorno del proyecto neoliberal, porque efectivamente no terminaron de salir de esta órbita. Se enfrentan a algo muy grave, a su propia incapacidad para transformar las estructuras de poder y las estructuras económicas. El pragmatismo político ha conducido a los gobiernos progresistas actuales a su propia capitulación ante las fuerzas dominantes en el mundo, en la región y en el país. De manera extraña, después de las primeras confrontaciones, terminaron de conformar nuevas alianzas con las burguesías o fragmentos de las burguesías y con los nuevos ricos. Terminaron atrapados en la exigencia de continuar con el modelo extractivista, incluso de una manera expansiva, renunciando en la práctica a la industrialización, al mercado interno y a la soberanía alimentaria. Comprometidos con las empresas trasnacionales que decían combatir, repitiendo los circuitos comerciales de los recursos naturales, incluso con el imperio contra el que dicen luchar. Sus economías rentistas generaron el apego a políticas cortoplacistas, como la de los bonos, que si bien redistribuyen parte del ingreso, no resuelven para nada la problemática de la desigualdad social, de la explotación y de la discriminación.
La justificación de estas políticas públicas es patética. Se trata de conflictos por la redistribución, se trata de tensiones creativas que nos enseñan, no de contradicciones – vaya a saber uno qué quiere decir esto -, se trata de confrontaciones que se pueden resolver en el marco del diálogo. Lo que ocurre es lo contrario, el gobierno al defenderse de los conflictos termina enfrentándose a las movilizaciones, reprimiendo, atacando y criminalizando la protesta; descartando por lo tanto el diálogo. La demostración de que estamos ante la explosión contradicciones profundas, en su devenir antagónico, es la distancia abismal entre lo que hacen los gobiernos en la práctica y lo que mandan sus constituciones. El modelo real efectivo optado es diametralmente opuesto al modelo ideal de sus constituciones. La contradicción más fuerte es la que se da cuando se constata que mantienen la misma administración pública, la misma normativa de la administración pública, las mismas prácticas gubernamentales liberales, restaurando el viejo Estado cuando deberían haber transformado la administración, las normas administrativas, las practicas de gobierno y al propio Estado.
Llama la atención que la intelectualidad de izquierda se detenga ante los mismos dilemas. Prefiera los lugares comunes; reconocer el papel del Estado, pensar transiciones suaves y diferidas, criticar las violencias, empero no llegar a la crítica de la matriz de estas violencias que son la estructuras de poder. Criticar al extractivismo, empero desentendiéndose de su vínculo con los Estado-nación subalternos, por lo tanto sin llegar a realizar una crítica política. Por eso terminan proponiendo reformas, nuevas políticas públicas ejecutables desde el gobierno, manteniendo la forma Estado, pues desconfían de que se puedan encontrar alternativas de gestión en las comunidades y las multitudes movilizadas. La burbuja de la academia los atrapa en esa distancia confortable de la reiteración enunciativa, alejados de la producción de saberes colectivos de los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos. Prefieren lo conocido, el apoyo crítico a los gobiernos progresistas, que apostar a lo desconocido, la aventura desbordante de los movilizados. Esta es la razón por la que los intelectuales se quedaron hurgando en la utilidad de viejos conceptos y viejas teorías, sin atreverse a la aventura creativa de nuevas miradas teóricas y nuevas experiencias enunciativas.
En todo caso, se entiende más a los políticos experimentados, que al evaluar los problemas del presente recurren a su experiencia. Entonces prefieren optar por la defensa del gobierno frente a la conspiración de la derecha, aunque esa derecha haya desaparecido por ser derrotada o porque se ha acoplado al carro o por que no es ya ningún peligro efectivo, pues la derechización se da en el gobierno progresista. Ciertamente no se pueden descartar de esa experiencia la contingencia de los peligros; por ejemplo, no se puede caer en confundir estos gobiernos con los gobiernos neoliberales, como si fueran exactamente lo mismo, como hace cierta izquierda tradicional. Sin embargo, no se puede aceptar la visión estática, como si no se tratara de la dinámica de los procesos y sobre todo de identificar las posiciones ante los problemas, posiciones alteradas por la propia evolución de los problemas. Por eso estos políticos experimentados, de izquierda y nacionalistas, no logran visualizar la derechización del propio gobierno. No logran ver que la salida política a las contradicciones del proceso no se encuentran en un gobierno atrapado en la lógica del poder, sino en las movilizaciones de las resistencias a la restauración, en la continuidad de  las luchas emancipatorias, en el proyecto descolonizador de las constituciones. El proceso sólo se puede profundizar con la movilización general y la participación de los colectivos y comunidades.

El conflicto en Bolivia
Después de la movilización prolongada que dura seis años de lucha (2000-2006), se dan dos gestiones de gobierno (2006-2008, 2009-2012); entre ambos periodos podemos observar contradicciones y dualismo. El periodo de las luchas es creativo e intenso, debido al despliegue de la potencia social; el periodo de las gestiones es, al contrario, poco creativo y escasamente ingenioso, debido a que la actividad se relega al ejecutivo, deteniéndose la movilización de las organizaciones sociales involucradas en el proceso. Entre las dos gestiones, una es más conservadora que la otra o, incluso, podríamos decir que una gestión se opone a la otra. La primera gestión cumple parcialmente la Agenda de Octubre, impuesta por la guerra del gas (octubre de 2003), la segunda gestión se opone a la Agenda de Octubre y a la Constitución aprobada. La opción que se toma es claramente por la continuidad expansiva del modelo extractivista, siguiendo las consecuencias de una política monetarista, obsesionada por el equilibrio macroeconómico, trayendo como consecuencia compromisos con las empresas trasnacionales y el capital financiero, además de establecer alianzas con las burguesías y los nuevos ricos. El gasolinazo (diciembre de 2010) y el conflicto del TIPNIS (2011-2012) muestran el desplazamiento del gobierno hacia una política anti-popular y anti-indígena, contraviniendo a la misma Constitución. La crisis y la deriva del proceso son evidentes e ineludibles.
Los problemas inherentes a la crisis del proceso se pueden resumir en el perfil y la composición del conflicto. Al respecto podemos decir que los conflictos mayores tienen que ver primero, con el enfrentamiento del gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, centrados en la defensa de la madre tierra en el TIPNIS; segundo con el costo social de la política monetarista y de equilibrio macro-económico, descuidando la inversión productiva. Como consecuencias de esta política conservadora se tiene un estancamiento del proceso de nacionalización, incluso podríamos decir que se habría entrado a la regresión de la desnacionalización en el mismo proceso; también se vive la gravitación del estancamiento en la economía rentista, que funciona apropiándose de los ingresos devenidos de la exportación de recursos naturales y destinados al gasto, no a la inversión productiva. Se está entonces lejos de políticas que apuntan a la industrialización de las materias primas, así como al cambio de modelo económico, buscando el modelo productivo. No hay inversión productiva, tampoco una inversión en la formación de recursos humanos, en la masa crítica de científicos, que podrían sostener un proyecto industrial. Por lo tanto estamos mucho más lejos de una discusión efectiva de cómo se aborda una industrialización ecológica. Estas reminiscencias sólo se podrían explicar por imaginarios de antiguos deseo de discusiones olvidadas o por recursos retóricos de justificaciones imposibles.
La política monetarista también lleva a otros problemas. La inversión  en la estructura y logística de salud ha quedado detenida en las transformaciones y construcciones del periodo de la revolución nacional (1952-1964), se puede decir incluso que se hicieron algunas inversiones con apoyo internacional en la infraestructura de salud hace medio siglo. Estos problemas se agudizan en la medida que crece la población, sobre todo la población que requiere atención médica. Estos problemas no se pueden resolver ampliando el horario de trabajo de los médicos de seis a ocho horas. Esta medida no es más que demagógica y oculta los problemas de fondo de la salud; muestra además los límites estrechos de la política coyuntural de los bonos. El conflicto con los médicos ha develado las profundas debilidades del sistema de salud, además de una mentalidad de funcionarios que comprende a la labor médica y de salud como parte de las tareas burocráticas del empleado público. Estos empleados públicos no gozan de los beneficios de la ley del trabajo.
La falta de inversión productiva, la falta en la inversión de la estructura y logística de la calidad de vida, por lo tanto el ahorro monetarista, inciden también en las condiciones salariales de los trabajadores. Bolivia tiene los salarios más bajos del continente; la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios es una demanda básica y elemental de los trabajadores. El gobierno no puede responder ante esta demanda, en periodos de paulatina sostenida inflación, recurriendo a índices de precios al consumidor de estructuras de la canasta familiar no realistas, que esconden la verdadera inflación en los precios de la alimentación y la vestimenta. El conflicto de la COB se ha venido agudizadizando  en los últimos años, ante una doble demanda de los trabajadores; por un lado nivelación de los salarios, por otro lado el interés de los obreros y trabajadores en un modelo productivo. Las respuestas del gobierno han sido evasivas y centradas en argumentos monetaristas. Sin embargo, el gobierno tiene como espejo propagandístico el incremento de las reservas internacionales.
Otro conflicto periódico, anual, es el tenido constantemente con los maestros. Esto tiene que ver con por lo menos cuatro aspectos; el tema salarial y de sueldos, el tema de la jerarquización e institucionalización, también el tema de la infraestructura y logística educativa y el complicado tema de la transformación educativa.  Comenzando por lo último, el conflicto con los maestros debido a la reforma educativa, desde el periodo de las reformas neoliberales, y debido a la revolución educativa, desde el desarrollo y promulgación de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en el gobierno de Evo Morales Ayma, viene arrastrándose desde hace años. ¿Por qué no se ha incorporado a los maestros a este proceso, abriendo espacios de discusión, pero sobre todo de participación?  ¿Por qué esta discusión entre el magisterio y el gobierno parece un diálogo entre sordos y mudos? ¿Por qué se invita a muchas organizaciones sociales a debatir la ley, se las escucha, se anota, pero no se incorpora nada de lo que proponen, pues ya se tenía una ley preparada por el ejecutivo, que incluso amortigua la concepción descolonizadora? ¿Cómo se puede hacer una revolución educativa sin la participación de los profesores? Dejemos estas preguntas pendientes. Lo que se constata, como en otros casos y en otras leyes, es la falta de participación y la falta de voluntad del gobierno y la Asamblea Legislativa por abrir espacios de participación en la construcción colectiva de la ley, como establece la Constitución.
Por otra parte, en la coyuntura, han vuelto a aparecer múltiples conflictos regionales y locales, vinculados a demandas de departamentos, provincias, municipios y poblaciones limítrofes. También hay que anotar las demandas por la distribución de regalías hidrocarburíferas; este es el caso del conflicto entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita. Estos conflictos son como síntomas del atraso de la descentralización administrativa y política y de las autonomías. La concepción centralista preponderante en el gobierno, en el Estado y en la Ley Marco de Autonomías, ocasiona la repetición de los problemas debidos a la pesadez de un Estado centralista y de un sistema financiero del país también centralizado. No se quisieron sacar las consecuencias del entramado de las competencias autonómicas, tampoco de las trasformaciones estructurales que exige la Constitución en lo que respecta a la condición autonómica del Estado. No se asume las potestades legislativa y de gobierno de las autonomías. Por lo tanto estos conflictos regionales y locales son recurrentes y derivados de los problemas que acarrea el centralismo.
Como se puede ver, el conflicto en Bolivia es consecuencia de profundas contradicciones inherentes a las paradojas del proceso. Estas contradicciones no solo muestran dilemas existenciales y políticos, sino también devela las tendencias políticas de las fuerzas involucradas, la encrucijada en la que se encuentra el proceso mismo. No se puede soslayar la crisis del proceso y el dramatismo de la coyuntura minimizando las contradicciones. Esta retórica política de la minimización de los problemas ya muestra la desconexión de los gobernantes respecto de la realidad. Asombran no solo los argumentos que se emplean, que tratan de expresar un desesperado optimismo, cuando los conflictos tienden a extenderse e incrementar su intensidad; también asombran en lo que respecta a la tarea primordial política, tarea que tiene que ver con la aplicación de la Constitución, con las transformaciones estructurales e institucionales necesarias en la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Los gobernantes creen que ya estamos en el Estado plurinacional sencillamente porque ya se ha aprobado la Constitución y se han cambiado los símbolos y los nombres. Aparentemente no se dan cuenta que este sólo es el barniz, mientras no se efectúen las transformaciones institucionales y estructurales, en el sentido del pluralismo institucional que requiere el Estado plurinacional. Esta confusión no hace otra cosa que expresar que nunca tuvieron una concepción del Estado plurinacional, siempre creyeron que era el mismo Estado-nación con aditivos alegóricos a la plurinacionalidad. La colonialidad continúa y está cristalizada en el gobierno.      


[1] Revisar de Alain Badiou: Siglo XX. México2003; Siglo XXI. En una conferencia sobre el mismo tema, siglo XX, el 24 de abril del 2000 dijo también: Finalmente, entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué es la política? El siglo XX fue un gran siglo para la política. El escritor francés André Malraux decía que en nuestro siglo la política fue lo que reemplazó al destino. Entonces el destino del siglo es la política, y la tragedia del siglo es la política. Pero se acabó el siglo. Y ahora ya no sabemos lo que es la política. Somos ignorantes y estamos ciegos. Y como somos ignorantes y ciegos, nos vemos librados a las fuerzas materiales más poderosas, entonces hoy somos todos esclavos, esclavos del mercado y de la Bolsa. Porque el poder actualmente es el poder de las Finanzas y el poder del mercado., Y como no sabemos lo que es la política, somos esclavos del poder. Inclusive los propios gobiernos son esclavos de la Bolsa y del mercado. Entonces, cuando votamos sabemos que estamos reemplazando a un esclavo del capital por otro esclavo del capital.
[2] Esto se puede observar en la furibunda respuesta de académicos celosos y de izquierdistas ortodoxos a las propuestas de Antonio Negri y Michael Hardt en su trilogía, Imperio, Multitud y Commonwealth. En la mayoría de los casos de la polémica que ya dura años lo que se nota es más el esfuerzo en la descalificación que el intento de debate, análisis y reflexión.