La coyuntura en el ojo de la
tormenta
Raúl Prada Alcoreza
¿Cómo comenzar este análisis
sobre la coyuntura? Primero, obviamente, recordar que se trata de esta
coyuntura y no de otra; no se trata de un análisis general sobre la
problemática de la coyuntura, sobre sus desafíos a su comprensión, desafíos temporales y
espaciales. Esta coyuntura tiene su huella; ¿cómo leerla? ¿Por la
caracterización de la coyuntura? ¿Cuál pues la caracterización de esta
coyuntura? Comencemos con dos descripciones inmediatas de sus itinerarios; por
una parte, la IX marcha indígena en defensa de la madre tierra y del TIPNIS ha
venido dibujando el contenido de la coyuntura, el contenido de la contradicción
profunda de la coyuntura: El develamiento del sentido político de un gobierno
que está contra el proceso, la Constitución, la madre tierra, las naciones y
pueblos indígenas originarios. Por otra parte, un motín policial que pide
nivelación de sueldos, de la misma manera que ocurre en las fuerzas armadas,
además de la abrogación de la ley 101, ley de disciplina de la policía, a la
que consideran draconiana y sin apelación.
La IX marcha indígena llegó a
la ciudad de La Paz, entro a la urbe y se concentra en el coliseo de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), también se tiene una vigilia en la
Plaza San Francisco. No quiere que se confunda el movimiento indígena con la
asonada policial, sobre todo cuando el gobierno ha blandido la acusación de golpe
de Estado tanto contra los policías como contra los indígenas. La marcha se
propone asentarse en esta plaza, llamada también la plaza de los héroes, como
vigilia permanente, marchar cotidianamente hacia la Plaza Murillo, intentando
ingresar, hasta conseguir la atención del gobierno a los nueve puntos
planteados en la plataforma de demandas. Básicamente se trata de la abrogación
de la ley 222, ley que irónicamente llama el gobierno de “consulta” a la
imposición de un cuestionario que induce a aceptar la construcción de la
carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. El gobierno, como atrapado en
un guión repetitivo y desgastado, insiste en lo mismo; el presidente desaparece
del escenario, huye a la Argentina a una reunión del MERCOSUR, el ministro de
la presidencia se propone seleccionar a los dirigentes con los que se va a
dialogar, queriendo incrustar a dirigentes con los que ha llegado a un acuerdo,
quebrando la independencia y autonomía de las organizaciones indígenas, sin
respetar a su representación orgánica y legitima.
Una primera apreciación sobre
la coyuntura nos muestra que el momento político parece repetir la apariencia
de otros escenarios ya vistos, ya vividos. Esto sobre todo por la conducta
mecánica del gobierno. Pero no es así, ninguna coyuntura es la misma, cada una
lleva su identidad inscrita en el desenvolvimiento de los acontecimientos. Esto
lo decimos no sólo por qué se trata de otro escenario, ahora cuando interviene
el motín policial en el desarrollo de los eventos, sino también porque aunque el gobierno haga algo parecido, se
comporte mecánicamente, como un robot, el sentido de sus actos no es el mismo.
Ciertamente hay desgaste, desgaste de su propia argumentación y también
desgaste notorio en el efecto de credibilidad de sus discursos, ya erosionados en
conflictos anteriores. Empero el sentido de sus comportamientos adquiere otras
tonalidades, debido al momento, el aquí y ahora, el tiempo y el espacio en el
que concurren, además del cambio de escenario. Su insistencia en desconocer a
las organizaciones indígenas, su insistencia en mantener un cuestionario
llamada “consulta”, su insistencia en descalificar a la dirigencia, su
insistencia en la guerra sucia, acusando de un supuesto plan TIPNIS para
derrocar al gobierno, adquieren tonalidades dramáticas, pues muestran, no
solamente la falta de ingenio y de ocurrencia de los funcionarios de gobierno,
sino también porque el efecto inmediato en la opinión pública, en la manera de
interpretación de la gente ante estas alocuciones gubernamentales no tiene las
consecuencias esperadas por sus voceros.
Se ha querido aprovecha la
circunstancia del golpe de Estado en el Paraguay contra el presidente electo Fernando Armindo Lugo Méndez,
después de una masacre, perpetrada por terratenientes, donde está detrás la
trasnacional MONSANTO, golpe legislativo perpetrado por la mayoría derechista
del Congreso paraguayo. Se ha querido aprovechar la memoria reciente de lo
acontecido en Venezuela el 2002. Ciertamente está en la cabeza la heroica
defensa del gobierno de Hugo Chávez por parte del pueblo venezolano, contra el
golpe militar, preparado por la oligarquía venezolana, en la cual apare la
conspiración de los servicios de inteligencia norteamericanos. Sin embargo, las
circunstancias en Bolivia no son las mismas; la conducta paranoica, el recurso
a la tesis de la conspiración, más se parece al anhelo de un caudillo
desprestigiado, al deseo de querer reivindicarse mediante una movilización
popular en defensa del proceso. Empero, estas son las figuras dramáticas de la
intención, del deseo que así ocurra, pero no se puede confundir deseos con
realidad. El problema es que el escenario paraguayo es distinto al escenario
boliviano, tampoco el escenario venezolano es análogo. Hablamos de no sólo de
contextos histórico-políticos propios, particulares, con su propia
singularidades, por lo tanto diferenciados, sino de campos políticos, campos
sociales y campos burocráticos diferentes. Las luchas sociales y políticas no
son exactamente las mismas. El confundir los escenarios lleva a un aplanamiento
de las perspectivas, quitándoles profundidad.
La correlación de fuerzas con
las que llega al gobierno el presidente Lugo responde a una especie de
concertación fáctica entre los partidos de la derecha, particularmente el
llamado partido colorado, y la nueva fuerza progresista que obtuvo la mayoría.
Quizás la derecha desde un principio empezó su conspiración contra el gobierno,
teniendo a mano el control del Congreso. Encontró la oportunidad de efectuar su
plan una vez desatados los acontecimientos sangrientos de la masacre a
campesinos, quienes exigen reforma agraria en un país donde los latifundistas
han mantenido el dominio de la tierra y el monopolio del gobierno, dejando en
la marginalidad y en la exclusión a poblaciones indígenas guaraníes y guayakis.
Por lo tanto, la situación del Lugo ha sido vulnerable desde un principio, vale
decir desde abril del 2008, hasta su destitución por el Congreso, efectuada el
15 de junio del 2012. El pueblo paraguayo no acepta este golpe de Estado
legislativo, tampoco los gobiernos progresistas del continente, así como los
organismos internacionales; empero lo hizo el vaticano, mostrando no sólo su
desprecio a la democracia sino la descalificación a un ex-sacerdote
contestatario y vinculado a la teología de la liberación.
El golpe de Estado contra Hugo
Chávez perpetrado el 11 de abril de 2002, tiene como protagonistas a una
estructurada oligarquía y burguesía, vinculada a la apropiación privada de la
renta del petróleo. Una huelga general convocada por la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), que
dura tres días, deriva en un golpe de Estado militar y la renuncia obligada del
presidente. Sin embargo, la respuesta popular no se dejó esperar,
multitudinarias concentraciones sociales acudieron a Miraflores, donde se
encuentra el palacio de gobierno, en apoyo del presidente derrocado. La
movilización y los enfrentamientos, que dejaron un saldo de muertos, obligaron
al apócrifo presidente de FEDECAMARAS impuesto, Pedro Carmona Estanga, a retroceder.
Los golpistas arrinconados tuvieron que ceder ante la sostenida defensa de Hugo
Chavéz por parte del inmenso desplazamiento popular. Hugo Chávez fue repuesto
por los militares leales.
No se puede comparar este
escenario acaecido en Venezuela el 2002 con lo que ocurre ahora en Bolivia en
junio del 2012, como pretende el delirio de los gobernantes, sobre todo del
vicepresidente. No sólo por razones de tiempo y de contexto, sino sobre todo
debido a la estructura misma del conflicto, además de la caracterización que
podemos hacer de la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma, opuesta a
la primera gestión de gobierno, cuando por lo menos se cumplió parcialmente con
la Agenda de Octubre. La derecha clásica en Bolivia tuvo fuerza y capacidad de
resistencia al proceso constituyente hasta el septiembre del 2008, cuando llevó
al máximo la intensidad de violencia con la masacre a campesinos en la
localidad de Porvenir, incluso capacidad de incidir en los eventos políticos,
incursionando en una espiral de violencia, tomando las capitales
departamentales de la llamada “media luna”, tomando instituciones y efectuando
movilizaciones callejeras, sobre todo de jóvenes y estudiantes afines. La
derrota de la derecha fue contundente, la masacre la llevó a la tumba; no pudo
reponerse hasta ahora. Las repercusiones electorales de su derrota política y
militar se hicieron sentir en las elecciones del 2009; no obtuvo la derecha ni
la cuarta parte de los escaños del Congreso. No se la puede considerar una
fuerza política de influencia y repercusiones políticas en los eventos que se
desatan desde entonces. Es posible que le quedara el control de los medios de comunicación empresariales,
empero este control no hace partido, como pretende la hipótesis del
vicepresidente, usando descontextuadamente a Antonio Gramsci. No hace partido,
pues para producir esta efectuación orgánica se requiere no sólo una
articulación mayor de instituciones, instrumentos, organizaciones, que vinculan
medios de comunicación y aparatos ideológicos, sino de incidencia efectiva
política en los acontecimientos. No la tiene, a pesar de las elucubraciones del
gobierno que ve en toda marcha, en todo conflicto social, la mano oscura de la
derecha y de la conspiración internacional. Pueden las cabezas descabelladas de
algunos derechistas pretender intervenir, pueden incluso conspirar
solitariamente, empero sus esfuerzos no tienen consecuencia, pues, salvo sus
representantes en el Congreso, no son una fuerza política con capacidad de incidir
en los acontecimientos, aunque lo intenten hacer. Su acción concurre en pequeña
escala y deriva en desesperados esfuerzo por influenciar en el desenvolvimiento
de los conflictos. Esto no quiere decir que su actuación no se la tenga que
tomar en cuenta como una de las variables y factores de la coyuntura. Empero,
lo que no hay que perder de vista es la percepción, la lectura y la
interpretación de la coyuntura, de acuerdo a su estructura y composición
evidentes.
No se puede perder de vista que
la segunda gestión de gobierno es distinta a la primera gestión; que desde la
medida del gasolinazo hasta la coyuntura actual, el gobierno viene
enfrentándose con el pueblo. Sobre todo se desenmascara su posición
extractivista en el caso del conflicto del TIPNIS, cuando se apuesta a la
ampliación de la frontera agrícola, sobre todo del cultivo de la hoja de coca
excedentaria, además de haber develado sus compromisos con el gobierno
brasilero, el IIRSA, las empresas trasnacionales constructoras, las empresas
trasnacionales del petróleo, incumpliendo con la Constitución y con las normas
de contratación de bienes y servicios.
La coyuntura de referencia, su
actualidad, radica en presentar en escena dos itinerarios diferentes; primero,
un conflicto estratégico, en lo que respecta a la defensa de la Constitución,
del proceso, de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos
indígenas originarios; después, un conflicto al interior del Estado mismo, un
conflicto que vuelve a presentar una guerra intestina dentro del Estado, entre
policías y militares, como aconteció en febrero de 2003, cuando se enfrentaron
bélicamente militares y policías en plena plaza de armas. En aquél entonces el
hecho mostraba la intensidad y la profundidad de la crisis múltiple del Estado,
pues el Estado se enfrentaba consigo mismo; un dispositivo de emergencia del
Estado, como es la policía, se enfrentaba a otro dispositivo de emergencia del
Estado, como es el ejército. Una guerra intestina al interior del mismo Estado.
Ahora parece concurrir lo mismo. El motín policial reclama contra lo que considera
una injusta ley disciplinaria, en la elaboración de la cual no participó la
policía, además de reclamar un trato equivalente al del ejército en lo que
respecta a la escala de sueldos. La revuelta policial comenzó con la protesta
de las mujeres de policías, continuó con el amotinamiento de la tropa,
incorporándose después oficiales, incluso oficiales de alto rango. El conflicto
parece haber llegado a su culminación, después de firmado un acuerdo entre la dirigencia
de los policías y el gobierno, una vez consultadas las bases amotinadas. Un
acuerdo anterior fracasó debido a la inconsulta a las bases policiales, además
de no haber cumplido con las demandas de los amotinados, a pesar de las
maniobras y propaganda del gobierno, que pretendían convencer de lo contrario.
¿Qué enseñanza nos deja el
amotinamiento policial? Si el Estado ha llegado a este nivel de desgajamiento
es que ya no se encuentra suficientemente cohesionado ni articulado. Aunque no
es la primera vez que pasa esto, un amotinamiento y una disidencia policial,
pues en el pasado se ha dado, no sólo en el pasado inmediato. Estos hechos
muestran manifiestamente fisuras profundas en la arquitectura estatal. Durante
la revolución de 1952 la policía se puso del lado de la insurrección popular en
contra del ejército, que defendía al Estado oligárquico. Este enfrentamiento ha
quedado en la memoria de los oficiales de las fuerzas armadas, a pesar de que
el ejército que se reconstruye es otro después de la revolución nacional, restablecido
bajo presión de los norteamericanos, del Departamento de Estado y del
Pentágono. Este es el ejército que se enfrenta a las milicias mineras en Sora Sora en 1963, defendiendo al
gobierno de Paz Estensoro. También es el ejército que se va enfrentar a la
guerrilla del Che durante los años de 1966 a 1967; más tarde, cuanto se da
lugar la incipiente e improvisada guerrilla de Teoponte (1970), es el mismo
ejército que hace las tareas de sitio, de rastreo y ejecución. Es también el ejército
que defiende el proyecto neoliberal durante los 20 años de gobierno
(1985-2005), que incluso interviene en la masacre de la Ciudad de el Alto en
Octubre de 2003. ¿Después del proceso constituyente y de la promulgación de la
Constitución han cambiado las fuerzas armadas? No. Hubo la oportunidad de
hacerlo, de transformar a las fuerzas armadas y a la policía durante la
constituyente, empero el presidente dio la orden de no cambiar nada, mantener
la condición de la policía y las fuerzas armadas de acuerdo a la anterior
Constitución. Tampoco quisieron los miembros de la policía y de las fuerzas
armadas discutir las transformaciones institucionales requeridas en la
construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Las fuerzas
armadas y la policía presentaron dos propuestas sesgadas, que favorecían a cada
una de las instituciones. Estas propuestas no prosperaron a pesar de las
amenazas de amotinamiento de unos y otros en Sucre. Por lo tanto en la
constituyente no hubo transformaciones institucionales, ni de la policía ni de
las fuerzas armadas. No puede tomarse en serio que por que se pega la wipala en el uniforme y se grita ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Las
transformaciones se producen por acto de magia. Estas simulaciones forman parte
de las anécdotas que muestran el juego de oropeles en los que está atrapado el
gobierno. Nunca tomó en serio las transformaciones estructurales e
institucionales que requiere la construcción del Estado plurinacional
comunitario y autonómico.
Llama la atención que esta pugna interna del Estado, entre
fuerzas armadas y policía, haya sido un referente primordial y un eje de
conductas y comportamientos de los oficiales de ambas instituciones; incluso se
puede observar esta guerra intestina diferida en el mapa de las edificaciones
de cuarteles. Donde hay un cuartel policial, en las cercanías, hay un cuartel
de las fuerzas armadas. También se puede notar el rastro de esta pugna en
publicaciones de investigaciones sobre el tema; las investigaciones consideran
esta pugna policial-militar como explicación del ejercicio de una estrategia.
Durante el despliegue de la lucha de interdicción de la coca
excedentaria, de la que tenía en gran parte la responsabilidad la policía y sus
unidades especiales, las fuerzas armadas reclamaron participar en esta lucha.
Hay pues una competencia interinstitucional que ha condicionado las políticas y
las administraciones institucionales de estos dos dispositivos de emergencia
del Estado. La policía ha buscado parecerse a los militares, en los uniformes,
en las paradas policiales, que más parecían ser militares que policiales,
incluso en la dotación de armas. ¿Habrá algo parecido en lo que respecta a los
militares, como cumplir tareas policiales? En la lucha contra el narcotráfico
lo han hecho varias veces, así como en las tareas de interdicción y
erradicación de la coca excedentaria. Hay la pretensión de lograr incursiones
del ejército por los barrios de las ciudades por el tema de la seguridad
ciudadana. Estas mezclas nos hablan de
funciones y atribuciones no
suficientemente delimitadas; sin embargo, estas yuxtaposiciones no se
explican por problemas administrativos. Hay que tomar en cuenta esta historia
del antagonismo interno al Estado que dura más de medio siglo.
Cuando se instaló el gobierno del MAS, después de las
elecciones nacionales de 2005, la pugna interinstitucional no desapareció, sino
parece haberse avivado. El gobierno del MAS decidió apostar a las fuerzas
armadas como dispositivo de defensa del proceso de cambio, dejando relegada a
la policía. Es más, en la medida que se hizo manifiesto la múltiple corrupción
de la policía, se decidió una especie de velada intervención, buscando
reorientarla, además de quitarle algunas atribuciones institucionales, como las
de identificación. El malestar de la policía fue creciendo, sobre todo debido a
la notoria diferencia de sueldos, también de tratos diferenciales del gobierno
respecto a la policía y las fuerzas armadas. A esto debemos sumar la
acumulación de conflictos menores, los que supuestamente se resolvieron con
acuerdos, empero que no se cumplieron. Cuando estalló el conflicto policial, el
gobierno minimizó la rebelión, sólo reaccionó abiertamente cuando se expandió
por todo el país. Lo primero que hizo es acusarlos de golpistas, para luego
verse obligado a dialogar y acordar con los amotinados, por lo menos dos veces
consecutivas.
Es difícil sostener empíricamente que había un golpe en
gestación; más parece ser la historia de un conflicto anunciado, al que no se
acudió a tiempo a resolverlo. El conflicto policial es un indicador del estado
de situación del Estado; está en crisis. Pero se trata de una crisis interna,
en este caso, una crisis institucional, una crisis de cohesión y articulación
interna. Empero, también una crisis de la administración del presupuesto. Si a
esta crisis institucional le sumamos la crisis múltiple del Estado-nación,
crisis que no se ha resuelto, que se ha ahondado debido a la decisión del
gobierno de restaurar el Estado-nación, incumpliendo con la Constitución, que
exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico,
entonces estamos ante una crisis orgánica, de la que no se va a salir con
simplonas interpretaciones construidas a partir de una desgastada hipótesis de
la conspiración y una anacrónica lectura del golpe de Estado.
Entonces una de las lecciones del motín policial tiene que ver
con la evaluación del Estado, la condición en la que se encuentra. Desde el
punto de vista las teorías del Estado, vemos a un Estado que no ha logrado su
totalización, su articulación y su cohesión; estas teorías suponen la
existencia del Estado, por lo tanto de una esencia del Estado. Se trata de
teorías basadas en el principio de la razón de Estado. Desde este punto de
vista tendríamos en Bolivia a un Estado incompleto, además fisurado y hasta
fragmentado, cuyas fracturas se hacen manifiestas en plena crisis de autoridad
y de legitimidad. Sin embargo, distanciándonos de estas teorías generales del
Estado, debemos decir que estas tesis suponen una teoría deductiva del Estado.
Cuando se enfrentan a la crisis de esta entidad buscan la explicación en el
modelo teórico y en la racionalidad supuesta, que debería contener el Estado.
Estos problemas metodológicos nos llevan a la pregunta de ¿qué es el Estado?
¿Una realidad o una ficción jurídica? Sobre todo cuando se contrastan estas
teorías con el efectivo funcionamiento de estos aparatos políticos.
Recogiendo los cursos impartidos por Pierre Bourdieu en el
Collège de France (1989-1992), cursos publicados en un sugerente y polémico
libro Sur L’État, nos encontramos con
una crítica epistemológica de estas teorías del Estado y con el
desenvolvimiento analítico de una sociología del Estado. Vamos a recurrir a las
lecciones de Bourdieu pues nos ayudan a evaluar desde otra perspectiva la
crisis del Estado en Bolivia[1].
En el curso del Collège de France Pierre Bourdieu pone en consideración puntos críticos a
abordar, desde los que se cuestionan las teorías generales del Estado; uno de
esos puntos cuestiona la existencia misma del Estado, el suponer que existe
algo, como una realidad, que llamamos Estado. En este punto es donde se pone en
mesa la posibilidad de que el Estado sea
una invención de los teóricos del Estado, también sea una invención jurídica, sea
sobre todo un producto efectuado en el campo burocrático y administrativo. Los
principales productores del Estado son los teóricos del Estado, también los
historiadores, del mismo modo los sociólogos, así como los políticos, de la
misma manera los juristas, los abogados y particularmente los burócratas. Empero
todo esto concurre en el campo social, en las transformaciones y variaciones de
las relaciones sociales en el campo social. Concurre esto en la medida que se
inscriben relaciones sociales que posibilitan estructuras que dibujan un campo
político, desplazamientos que se dan en procesos de universalizalización de lo
particular dominante, en el sentido de la reapropiación de lo local en
beneficio de la estatalización. Desde
esta perspectiva es aconsejable abordar la problemática política desde la visión
de la genética del Estado y desde la evaluación histórica de la formación del
Estado. Todo esto tiene que ver con la formación del campo político y del campo
burocrático, sobre todo con el repliegue de estos campos, si podemos hablar
así, en el habitus, en la
constitución de sujetos y subjetividades, por lo tanto también de imaginarios
estatales.
La tarea abordada entonces no es competir con las teorías
generales del Estado, sino construir explicaciones singulares y diferenciales
de los estados, de sus genéticas, de sus formaciones, de sus campos sociales,
políticos y burocráticos. No se trata sólo de comprender el Estado como
relación o ámbito de relaciones, sino visualizar varios niveles articulados. El
relativo al desplazamiento de relaciones burocráticas y administrativas, acoplado
a la función normativa del derecho, también a la función jurídica, que
interpreta y reglamente el funcionamiento estatal; enlazados ambos niveles al
papel de las políticas públicas, posibilitadas por los mecanismos financieros;
todos estos niveles atravesados por los lenguajes especializados, también por
instrumentos y dispositivos documentales. Todo esto tiene que ver con el papel
de las instituciones, con las prácticas, con los sentidos dados a las
prácticas, por lo tanto con la formación del habitus, así como con la constitución de la subjetividad estatal.
Sin necesidad de exponer exhaustivamente el contenido de los
cursos citados, tampoco de sacar todas las consecuencias de los cursos, en este
ensayo nos interesa buscar una interpretación sociológica del conflicto en
cuestión. Nos haremos algunas preguntas al respecto: ¿Cuál es el campo político
boliviano en la actualidad? ¿Cuál es el campo burocrático, es decir el Estado?
¿Por qué han entrado en crisis las reproducciones de estos campos?
Para responder a estas preguntas se requiere hacer
investigaciones en profundidad, empero, por el momento sólo se pueden lanzar
hipótesis de interpretación, que deben ser contrastadas posteriormente por las
investigaciones. Se supone que hay un nuevo campo político desde el 2006. Un
gobierno progresista es gravitante en las distribuciones políticas en este
campo; a partir de esta presencia gravitante se redefinen las relaciones de las
instituciones, organizaciones, empresas, otros gobiernos autónomos y regiones
con el gobierno central. Hay como una nueva configuración en el campo político;
las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales aparecen como
instancias y lugares de influencia en el desenvolvimiento político,
particularmente las organizaciones que estuvieron conformando el Pacto de
Unidad, las tres organizaciones campesinas, CSUTCB, CNMCIOB “BS” y CSCIB, además
de las dos organizaciones indígenas, CONAMAQ y CIDOB.
El MAS como instrumento electoral, como partido en formación o
movimiento político, es como una extensa red de representaciones
departamentales y de las circunscripciones, donde concurren presiones,
negociaciones y acuerdos entre distintas organizaciones, con el objeto de
influenciar en el gobierno y ocupar espacios. Esta distribución y disposición política
descrita podría ser el ámbito gravitacional y de irradiación del nuevo campo
político. Empero, hay que tener en cuenta que fuera de este ámbito
gravitacional descrito, hallamos otros espacios colindantes donde se encuentran
otras organizaciones sindicales que han cobrado independencia y han manifestado
un comportamiento autónomo, defendiendo intereses más bien del sector o del estrato
social correspondiente. Hablamos de los sindicatos mineros y de las organizaciones
de cooperativas mineras, que le han hecho planteamientos independientes y
propios al gobierno, generándole conflictos. En esta dispersión podemos citar a
las organizaciones sindicales de la salud y de los maestros, que también han
hecho conocer sus propias demandas. También tenemos que ubicar en esta
distribución a los gremialistas y a los sindicatos de transportistas, aunque
con otros perfiles, otras particularidades, otros intereses y otras
reivindicaciones. Ubicados en una
extensión más amplia, un poco más alejados de la región gravitacional, podemos
situar a determinadas juntas de vecinos con capacidad organizativa, también con
posibilidades de influencia, como es la Federación de Juntas de Vecinos de la Ciudad
de El Alto, FEJUVE. A todo este ámbito y sus espacios colindantes descritos del
campo político llamaremos espacio popular.
Siguiendo con la descripción del campo político, moviéndonos
hacia otro lado, al espacio de disposición de lo que podríamos llamar la
distribución de los dispositivos políticos del ámbito de lo no-popular, tenemos la dispersión de los partidos
políticos y de las agrupaciones ciudadanas ligadas a lo que fueron los partidos
de la gestión del proyecto neoliberal, de la llamada mega- coalición. Se trata
de representaciones políticas disminuidas, incluso regionalizadas, en algunos
casos localizadas y circunscritas a un municipio. Parte de estas
representaciones estuvieron enfrascadas en una resistencia tenaz al proceso
constituyente y a la primera gestión de gobierno del MAS; se involucraron en
convocatorias y movilizaciones ciudadanas en contra del proceso político en
curso, llegando a tomar las ciudades capitales de los departamentos de la
llamada “media luna”, incluso optando en la espiral ascendente de violencia por
toma de instituciones estatales. El desenlace de toda esta operación derivó en
la llamada masacre de campesinos en la localidad de el Porvenir, en el
departamento de Pando. A partir de ese momento los desenlaces del conflicto se
desataron; las representaciones políticas de las oligarquías regionales no
pudieron ir más lejos, se derrumbaron. Perdieron convocatoria ante la evidencia
de la masacre, llegaron al límite de la violencia que podían efectuar. El
gobierno optó por el Estado de sitio en el departamento de Pando; estas
representaciones políticas perdieron el control de la gobernación de Pando,
gobernación que fue intervenida militarmente. A partir de entonces estas
representaciones políticas irán perdiendo el control de las gobernaciones de la
“media luna”. Sólo les queda la gobernación del departamento de Santa cruz. Como
se puede ver, se tiene en este ámbito no-popular del campo político a una
derecha tradicional disminuida, a la que le queda el control de una gobernación
y de los escaños obtenidos del Congreso, cuya magnitud no llega a un cuarto de
la representación.
Entre el ámbito popular y el ámbito no-popular del campo
político se encuentra la ubicación de un conjunto de dispositivos políticos,
que conforman un tercer ámbito en el campo político, que hace como de centro de
concurrencia entre ambas ámbitos confrontados, el popular y el no-popular. En
este espacio político se encuentra el Movimiento sin Miedo (MSM), que controla
varios municipios, siendo el más importante y de influencia el municipio de la
ciudad de La Paz. No se entienda este centro
de concurrencia como centro entre una izquierda y derecha, pues esto del
posicionamiento político depende de la posición efectuada respecto a la
Constitución y a los objetivos del proceso, respecto a los cuales el MAS ha
quedado a la derecha. Tampoco se habla de centro gravitacional del campo
político, este centro gravitacional viene configurado por el gobierno y los
órganos de poder del Estado copados por el MAS. Hablamos de un centro entre dos
ámbitos del mismo campo político, entre el ámbito popular y el ámbito
no-popular. El MSM se desprende de la alianza con el MAS para iniciar una labor
crítica e institucional.
Entonces el campo político viene dibujado por dos ámbitos, uno
popular y el otro no popular, un centro gravitacional del campo donde se sitúan
los aparatos y órganos del Estado, una distribución de organizaciones sociales
que incluso se sitúan a la izquierda del MAS, una distribución de
organizaciones políticas donde se encuentra el MAS; junto a esta descripción, se
tiene colateralmente, como proximidad, al MSM, con una posición
institucionalista; de este modo, otras organizaciones políticas, se van
distanciando y distribuyendo colocándose a la derecha del MAS.
Ahora hablaremos del campo burocrático, que es el campo donde
se realiza efectivamente el Estado. El campo político no es el campo
burocrático, aunque el campo burocrático suponga y se efectúe desde el campo
político; de todas maneras, no hay que olvidar que todos estos campos se
efectúan desde la matriz del campo social. El campo burocrático es el que
produce el efecto de Estado. Al respecto
hay que distinguir dos conceptos del Estado, el Estado en sentido restringido y
el Estado en sentido amplio. El Estado en sentido restringido es el conjunto
institucional que permite el ejercicio de gobierno; el Estado en sentido amplio
es el territorio que comprende al conjunto de los ciudadanos y sus relaciones,
prácticas, estructuras condicionantes[2]. El Estado se construye a partir de sus
aparatos, sus engranajes, sus mecanismos, sus agenciamientos, utilizados por la
gama heterogénea de funcionarios; el Estado se extiende y ocupa el territorio,
lo demarca, realiza un espacio estriado, una cartografía estatal. El Estado
impone la lengua nacional, produciendo la homogeneización lingüística, la forma normalizada de hablar, la ortografía, la sintaxis y la redacción, la
forma de hablar, mediante las instituciones educativas conformadas en el campo
educativo. De esta manera el Estado constituye a los ciudadanos; el Estado se
internaliza en los sujetos, en las estructuras mentales, plasmándose como habitus, conductas y comportamientos. El Estado se repite en las representaciones y
conforma imaginarios. Entonces el Estado se construye, se repite de manera
diferencial en distintos niveles y planos, se concibe a si mismo desde la
construcción misma de la concepción de Estado. El Estado se piensa a sí mismo
como Estado. Esto parece ser el círculo envolvente del Estado, más bien la
espiral generativa del Estado. Las mismas posiciones anti-estatalistas parecen reproducirlo,
pues conciben al Estado como algo, como una esencia, incluso como mal.
El campo burocrático es el campo institucional, pero no sólo
de las instituciones que se remiten al ejercicio de gobierno, sino también de
las instituciones que abarcan el ejercicio económico, el ejercicio cultural,
otras prácticas que se encuentran normadas y reglamentadas estatalmente. Un
tejido cohesionador de este campo es el discurso jurídico, el discurso del
derecho, los distintos derechos, normas, leyes y reglamentos que codifican al
conjunto de relaciones y prácticas de este mapa institucional. Los agentes
realizadores de este campo burocrático son los burócratas, en el sentido
weberiano del término, y como eje
organizador, como referente de acciones normativas, se encuentra una casta
especial de funcionarios, los juristas. Como parte de esta demografía
burocrática, de esta estratificación burocrática, se encuentran también los
agentes financieros, que aunque pertenezcan a los bancos, sus funciones y
actividades producen efecto de Estado. También tenemos que contar con una gama
de agentes sociales, de trabajadores sociales, incluso de defensores de todo
tipo, por ejemplo defensores del pueblo, que forman parte de las expansiones de
las decodificaciones, normativas e interpelaciones de efecto estatal. El centro
gravitacional de este campo burocrático parece ser el sistema legal, normativo
y de reglamentaciones, todo el conjunto institucional ligado el ejercicio
jurídico y normativo, todas las unidades jurídicas; dispositivos jurídicos
usados por los agentes jurídicos diversos. Toda esta institucionalidad
jurídica, acompañada por las hermenéuticas de los derechos, viene apoyada por
toda la organización administrativa, por todas las divisiones administrativas,
por todas las técnicas administrativas. A partir de estas centralidades
jurídicas y administrativas se puede configurar el campo burocrático, dibujar
la expansión de formas institucionales diversas que hacen al conjunto de los
dispositivos y agenciamientos del Estado.
Algo digno de anotar es la diferencia que se da entre el campo
político y el campo burocrático en lo que respecta a sus variaciones y
transformaciones. Si se puede observar modificaciones y desplazamientos en el
campo político, como hemos descrito, no ocurre los mismo con el campo
burocrático; éste campo es más conservador y resistente a las modificaciones. Se
puede decir que en Bolivia si bien el campo político ha cambiado el campo
burocrático ha permanecido siendo prácticamente el mismo.
En este campo burocrático, ¿qué clase de instituciones son las
fuerzas armadas y la policía? Se puede también definir al Estado como la
instancia de los múltiples monopolios de la violencia, la violencia simbólica,
la violencia psíquica, además de la violencia física. A groso modo el ejército
está encargado de la defensa de las fronteras del Estado, de la seguridad
externa, en tanto que la policía está encargada del cuidado de las ciudades, de
los poblados, de los asentamientos, de la seguridad interna. En cierto sentido
se trata de instituciones con una larga historia, particularmente en lo que
respecta a la historia del ejército, que de alguna manera antecede al Estado
mismo, si tenemos en cuenta a los destacamentos guerrilleros y al ejército de
la independencia. En la medida que forma parte indispensable del Estado, como
zona de emergencia estatal, las fuerzas
armadas van a vivir también la institucionalización, por lo tanto van a ser
atravesados por una normativa y una administración. También, en la medida que
la república atraviese sus distintos periodos, las funciones del ejército
adquieren una mayor definición e incluso especialización, sobre todo en el
periodo de la guerra fría, cuando los bloques socialista y capitalista se
enfrentan, dando lugar, en las periferias dominadas por el imperialismo
norteamericano, a la llamada estrategia de seguridad del Estado, que forma
parte la guerra contra el comunismo.
La policía es una institución de orden interno, de seguridad
interna, de cuidado de la ciudadanía, de control interno y de mantención del
orden. También esta institución ha venido redefiniendo sus funciones y creando
tareas de especialización, por ejemplo, la que tiene que ver con el control,
contención, represión a las movilizaciones sociales y la protesta social.
Convirtiéndose estas tareas entre las más importantes en la medida que el
conflicto social se vuelve constante y forma parte del orden del día. También
se han creado tareas, funciones y unidades especiales en lo que respecta a la
lucha de los tráficos ilícitos, particularmente el narcotráfico y el
contrabando.
En Bolivia las fuerzas armadas obedecen nominalmente al
capitán general, que es el presidente; se encuentran administrativamente
ligadas al Ministerio de Defensa y en términos de mando al Estado Mayor y a los
altos mandos. La policía se encuentra ligada administrativamente al Ministerio
de Gobierno, en términos de mando al comandante general de la policía y a los
mandos respectivos. Aparentemente no podría haber colisión entre el ejército y
la policía, tampoco entre estas instituciones de emergencia del Estado y el
Estado mismo, empero la historia efectiva y la contingencia política que
atraviesa la génesis de los mismos estados lleva a contradicciones y
antagonismos. Los conocidos golpes de Estado han sido los procedimientos expeditos
para la toma del poder en periodos de aguda crisis o de intervención
imperialista, como en el caso de la historia de las dictaduras militares en
América Latina, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.
En Bolivia se enfrentaron la policía y el ejército en la revolución de 1952, volvieron
a hacerlo en el 2003; siguiendo esta secuencia, la policía se vuelve a amotinar en todo el
país recientemente, en junio del 2012. ¿Qué nos dicen estos eventos? Que a
pesar del orden legal, el ordenamiento administrativo, del orden institucional,
las colisiones se dan, las contradicciones se producen, las rupturas del orden
legal, administrativo e institucional ocurren como fenómenos efectivos y
contingencias en el campo social y en el campo político. ¿Por qué se dan? Hay
distintas condicionantes y determinantes, dependiendo de los periodos del
Estado y de la historia política de los países. Debilidad institucional,
asociada a esta, vulnerabilidad del mismo Estado, pero también momentos de
crisis política intensa, dependencia extranjera, intervención foránea, así como
crisis económica. Debemos contar también con las consecuencias de las políticas
públicas, sobre todo las que tienen que ver con el presupuesto, la distribución
del presupuesto, la administración y el manejo institucional del mismo.
Lo que ha saltado a la vista en el último motín policial es la
baja escala de sueldos de la tropa, de los suboficiales y hasta de los oficiales. Lo que ha molestado a
los policías es el trato diferencial económico entre el ejército y la policía. El
conflicto policial ha culminado con un acuerdo entre gobierno y policías,
logrando un pequeño aumento al sueldo básico, además de poner en suspenso la
ley 101, de disciplina de la policía. Seguramente
los problemas estructurales de la policía no están resueltos, menos la
necesaria transformación institucional desde la perspectiva de la exigencia de
las transformaciones estructurales e institucionales establecidas por la
Constitución. Empero, este conflicto, así como otros dados en una secuencia
sinuosa, nos muestran también otra cosa, que el Estado es del tamaño del
presupuesto.
En cuanto la policía arregló su conflicto con el gobierno, de
nuevo se puso al servicio pleno del gobierno y del Estado, mostrando mucho celo
en la represión de la novena marcha a su ingreso al centro de la ciudad de La
Paz y en las entradas a la Plaza Murillo. Con esto se termina cerrando la historieta
de la conspiración y de un golpe de Estado. También muestra que eran ilusorias algunas
expectativas de alguna gente que esperaba de que de la asonada policial podía
derivarse en una crisis de mayor escala. La IX marcha quedó al margen del motín
policial, contando con el apoyo de los paceños, que salieron a recibirla y a
defenderla de una agresiva contramarcha organizada por el MAS.
La llegada de la IX
marcha
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por destrozar la
marcha indígena, a pesar de haber usado descomunalmente el monopolio de su
violencia múltiple, violencia simbólica, violencia psíquica, violencia física,
a pesar de intervenir militarmente el TIPNIS, presionando, regalando motores
fuera de borda, haciendo obsequios, obligando a firmar compromisos de no
asistir a la marcha, a pesar de que altos funcionarios del gobierno cooptaron
dirigentes medios y de base, la marcha siguió adelante, sumo marchistas y llegó
a la sede de gobierno. Contó con el apoyo de la ciudad de La Paz; los paceños
salieron a recibir a los marchistas, a quienes los volvieron a recibir como
héroes. También salieron a defender a la IX marcha de la contramarcha
organizada por el gobierno, que bajó de la Ciudad de El Alto, agregando a campesinos
traídos apresuradamente del Altiplano y a funcionarios obligados de la
alcaldía; una contra-marcha agresiva buscando enfrentamiento y repartiendo
chicotazos a diestra y siniestra.
La llegada de la novena marcha es una victoria política de las
comunidades del TIPNIS y de las dirigencias matriciales de las organizaciones
indígenas. Es una derrota al permanente asedio del gobierno, a su guerra sucia,
que persiste y aumenta de intensidad en las últimas horas. Es una gran muestra
de dignidad ante la desesperación de un gobierno autoritario y represivo, ante
su ruptura moral, que acude a todo los mecanismos más insólitos para desactivar
la lucha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de sus territorios.
Las últimas argumentaciones del gobierno asombran por su
bochornosa violencia y desborde de furia; se descalifica a la dirigencia de la
marcha con acusaciones desempolvadas, como la acusación a la dirigente Berta
Bejarano de haber estado comprometida en narcotráfico, incluso sentenciada y
perdonada. Estas acusaciones caen por su anacronismo y desacierto. María
Galindo, de Mujeres Creando, contestó en un excelente artículo a esta
desatinada descalificación, defendiendo a la mujer popular e indígena, recordando
la defensa que se hizo en otro tiempo de la lucha de las cocaleras[3].
Con esta acusación el gobierno hace de inquisidor y de verdugo. Tampoco tiene
la moral para blandir esta espada, escondiendo la expansión de la economía
política de la cocaína en el polígono siete, en el Chapare, en las fronteras
del país, y prácticamente en una extensa geografía comprometida, exponiendo la
cohesión social de la sociedad a un deterioro indetenible. También se ha
acusado a Adolfo Chávez, dirigente máximo de la CIDOB de haber estado
comprometido con una participación en los juegos de azar, sacando de la manga
un recibo supuestamente firmado por el dirigente. Esta actuación del gobierno
es de novela policial. Ya nada ruboriza a los altos personeros del gobierno, al
vicepresidente y al propio presidente. Una evidente bronca desborda en sus
expresiones.
El gobierno ha hecho conocer su posición, dice que va a
dialogar con todos los dirigentes, con los caciques del TIPNIS, con los del
CONISUR, que llegaron para dialogar, que incluso contaron con el escenario de
la Asamblea Legislativa para dar una conferencia de prensa, mientras no se
dejaba pasar a la IX marcha indígena a la Plaza Murillo. Dice también que de
todas maneras va la “consulta” pues es
constitucional y cuenta con la sentencia del Tribunal Constitucional. No
ha respondido a la crítica vertida por uno de los artífices del convenio 169 de
la OIT, Bartolomé Clavero, en el sentido de que eso, lo que hace el gobierno,
con la promulgación de la ley 222, no es una consulta, pues no cumple con la
estructura normativa y conceptual de la consulta establecida en los convenios internacionales.
Tampoco ha contestado a las críticas vertidas desde la interpretación de la
Constitución, que invalida la actuación del gobierno por pretender efectuar un
cuestionario, pues no es una consulta, cuestionario
que no es previo, no cuenta con el
consentimiento de los pueblos indígenas, no es libre e informado, tampoco es de
buena fe. El gobierno sigue adelante con su estrategia destructiva, sin ningún
miramiento ante nada, violando sistemáticamente la Constitución, los derechos
de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos fundamentales y
ciertamente las condiciones de posibilidad requeridas para una consulta
verdadera.
¿Cómo evaluar estos sucesos? Una primera apreciación tiene que
ver con la historia reciente de todos los conflictos que tuvo que atender el
gobierno. Resolvió todos, para quedarse enfrente con el conflicto del TIPNIS.
¿Por qué no resuelve de la misma manera este conflicto? ¿Por qué es tan importante
mantener su postura en relación al TIPNIS, incluso arriesgándose políticamente?
¿Ha perdido la cabeza? ¿Ya no tiene instinto de sobrevivencia? ¿Qué se juega en
el TIPNIS? Al respecto, entre muchas cosas, lo que también se juega en el
TIPNIS es precisamente la consulta, la consulta verdadera. Que el gobierno
imponga un cuestionario fuera de tiempo, posterior, que induce a votar por la
carretera del “progreso”, es cuestión de vida o muerte para los territorios y
pueblos indígenas. El gobierno, que ha apostado por la continuidad del modelo
extractivista del capitalismo dependiente, requiere resolver tramposamente este
problema, que afecta a las concesiones hidrocarburíferas, mineras y demás
recursos naturales. También requiere resolver este problema ahora, cuanto
antes, cuando ha decidido apostar a la ampliación de la frontera agrícola, con
la complicidad de la dirigencia campesina, que han renunciado a la reforma
agraria, y se cuenta con el acuerdo implícito con los terratenientes y
agroindustriales. El modelo extractivista se expresa tanto en la continuidad de
la explotación minera e hidrocarburífera, en condición de comercialización y
exportación de materias primas, así como ampliando el mismo modelo a otros
recursos naturales como el hierro y el litio, acompañando todo esto con la
agricultura extensiva destinada a la exportación, incluyendo la utilización de
transgénicos.
Por otra parte, la presión en el TIPNIS y en otros territorios
indígenas y parques viene de la expansión del cultivo de la hoja de coca
excedentaria. La expansión de la economía política de la cocaína redefine el
perfil del capitalismo dependiente de nuestra periferia en el sentido de darle
los rasgos más perversos de los circuitos comerciales, esta vez ligados a los
tráficos ilícitos, con el beneplácito del sistema financiero. Interpretando
este boceto, hay pues un compromiso electoral con las bases de las
organizaciones sindicales del cultivo excedentario de la hoja de coca. De esta
forma el TIPNIS estaría destinado a desaparecer como territorio indígena y
parque a nombre de la ilusión de progreso, que lo único que tiene como “desarrollo”
es repetir la triste historia de las comunidades por donde pasan carreteras, el
dominio de los monopolios comerciales, la depredación, la contaminación y
obviamente el despliegue de las desigualdades, que son de las consecuencias
estructurales de la expansión capitalista.
Otra apreciación tiene que ver con las poses del gobierno
extractivista. El gobierno ha blandido contra la lucha indígena del TIPNIS el
argumento de que el colonialismo ahora es ambientalista. Este argumento
contrasta con su propio modelo extractivista, modelo impuesto colonialmente. La
lucha concreta hoy contra el capitalismo es una lucha contra el extractivismo;
esta es una lucha continental. No sólo por los efectos contaminantes y
depredadores, sino también porque la forma actual del capitalismo es precisamente
esta expansión extractivista desatada; un capitalismo que quiere resolver su
crisis estructural mediante el procedimiento del despojamiento y la desposesión
de recursos naturales, mediante la reiteración de la acumulación originaria del
capital, optando por la expansión de las mega-empresas extractivistas. Con esto
no sólo se transfiere los costos a la naturaleza, costos que no se contabilizan
y no se reponen, sino se transfiere los costos a los países periféricos,
nuevamente condenados a la cesión de sus recursos naturales, mientras la
acumulación ampliada de capital se produce en los centros del sistema mundo
capitalista, incluyendo a su nuevo centro emergente que es la potencia
industrial de China. Esta opción, la extractivista, convierte al gobierno en
agente de este capitalismo de desposesión y despojamiento, en agente de las
formas de dominación del sistema financiero internacional. Por lo tanto, su
postura anti-imperialista es eso, una pose que oculta su complicidad con las
formas perversas del capitalismo y del orden capitalista mundial.
Otra apreciación tiene que ver con las redes de complicidad
del gobierno, con el régimen de cooptaciones de dirigencias, sobre todo
campesinas, con la expansión desbordante de las redes clientelares y los
circuitos de influencia. Tiene que ver entonces con la expansión del diagrama
de poder de la corrupción. Uno de estos aspectos tiene que ver con la
maleabilidad de las dirigencias, las complicidades perversas que se construyen y,
por lo tanto, con la destrucción del sentido social y político de las
organizaciones sociales. Las dirigencias comprometidas con estas cooptaciones
son responsables de la desestructuración de sus organizaciones y la adherencia
a una forma política que restaura el Estado-nación liberal y colonial, en
contra de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Con lo que las bases han quedado solas y desamparadas mientras sus dirigencias
se benefician.
Una última apreciación tiene que ver con la fuerza de la
marcha indígena. La fuerza radica primordialmente en la potencia ética de su
lucha, en la dignidad de los marchistas, particularmente de las mujeres, que
expresan integralmente la comprensión del valor de la lucha por la vida, que es
la lucha por la madre tierra. El
gobierno no ha podido enfrentar esta potencia ética, una vez que se ha roto
moralmente. Todo el aparataje de los monopolios de la violencia múltiple, todos
los discursos falsos anti-imperialistas, todas las descalificaciones que pueda
inventar, son inútiles ante la fuerza de esta convicción moral y esta entrega
apasionada, que podemos entender como gasto heroico. Pase lo que pasé los indígenas en esta lucha
ya han vencido a un gobierno corrupto.
[1] Pierre Bourdieu : Sur L’État. Cours au Collège de France
1989-1992. Édition Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris.
[2] Revisar de PierreBourdieu: Sur L’État. Cours au Collége de France
1989-1992. Éditions Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris. Sobre
todo el Course du 17 janvier 1991.
[3]
María Galindo: Berta Bejarano.
Artículo publicado en Página Siete.
